México admite ante la CIDH que atraviesa por
“una crisis de violación de derechos humanos”

En Washington, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas reconoce “el gravísimo problema de desaparición forzada”, que alcanza la “indignante” cifra de casi 38 mil personas. En los últimos 12 años, menciona, se han detectado más de 2 mil fosas clandestinas y hay más 26 mil cuerpos sin identificar. Subraya que si algo ha debilitado a las instituciones “ha sido el encubrimiento de agentes del Estado, que incurriendo en delitos, han dañado a la población civil”

César Martínez, Rolando Herrera y Antonio Baranda / Agencia Reforma

Ciudad de México

El nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, reconoció a nivel internacional que México atraviesa una crisis de derechos humanos, particularmente en materia de desaparición de personas.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, declaró que con la nueva administración se acabará la simulación.
“Tenemos que asumir que México atraviesa por una profunda crisis humanitaria, una crisis de violación de los derechos humanos, y que la tenemos que encarar en muchos de los ámbitos de la vida nacional”, admitió.
“Y uno de estos tiene que ver con el gravísimo problema de desaparición forzada que tenemos en nuestro país, donde, como se hablaba, alcanza cifras indignantes: cerca de 38 mil personas”.
El representante del Estado mexicano acudió a Washington, Estados Unidos, a una audiencia ante la CIDH por la desaparición de al menos 37 personas entre febrero y mayo de este año en Nuevo Laredo, Tamaulipas, perpetradas presuntamente por elementos de la Marina.
En ese contexto, Encinas reveló que actualmente existen alrededor de mil 100 fosas clandestinas, en las que no se ha hecho ningún proceso de exhumación porque no se tienen las capacidades institucionales para ello ni para la identificación de los cadáveres.
En los últimos 12 años, detalló, se han detectado más de 2 mil fosas clandestinas, mientras que en los servicios forenses del país hay más 26 mil cuerpos sin identificar.
“De esta magnitud es el problema y no va a ser negando la existencia de este problema, simulando que se está atendiendo, sino que tiene que asumirse como un compromiso del Estado mexicano para enfrentarlo de raíz”, indicó.

Terminar con el encubrimiento de agentes del Estado

“Si realmente queremos fortalecer al Estado mexicano y a sus instituciones, tiene que terminarse la impunidad; y si algo las ha debilitado ha sido el encubrimiento de agentes del Estado, que incurriendo en delitos, han dañado a la población civil”, manifestó Encinas.
Karla Quintana, titular de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), junto con Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, acompañaron a Jessica Molina, esposa de José Trejo, quien fue sacado de su casa por personal uniformado y cuyo paradero se desconoce.
Quintana reprochó que hasta el momento todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) han sido por orden judicial y ninguna ha producido resultados concretos.
Al respecto, el gobierno mexicano ofreció acceso a las carpetas de investigación y que la CIDH pueda conformar un mecanismo de seguimiento sobre el caso.

Alta expectativa por la nueva administración en México

En la audiencia en Washington por el caso de los desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la relatora de la CIDH para México, Esmeralda Arosemena, expresó que existe una alta expectativa por la transición del gobierno federal.
“Nos coloca en este momento en una posición de la gran expectativa de este momento de transición en la búsqueda, en el acceso directo a los expedientes, asunto que la sociedad civil ha planteado para los casos de desaparición forzada, particularmente en Nuevo Laredo”, comentó.
Arosemena celebró que el nuevo gobierno reconozca la situación en México por los altos niveles de desaparición forzada de personas.

Hacienda anuncia acciones en contra de las estructuras financieras del crimen organizado

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “en ejercicio de sus facultades legales”, presentó a la Procuraduría General de la República la primera denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en contra de miembros de la delincuencia organizada, la cual “permitirá el inicio de las investigaciones judiciales”, informó la dependencia.
En un comunicado, indicó que “la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado como una prioridad el combate a las estructuras financieras del crimen organizado”, por lo que esta acción “es un paso sólido en la pacificación y bienestar de la nación”. (Ciudad de México, Redacción El Sur)