Inicia la CIDH proceso de admisibilidad del caso del asesinato de Armando Chavarría

Se abre un espacio para que sea investigado desde el ámbito internacional, informa la viuda del diputado, Martha Obezo Cázares

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resolvió dar inicio a la admisibilidad del caso del asesinato del diputado y presidente de la Comisión del Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, informó la viuda, Martha Obezo Cázares, quien opinó que se abren las expectativas para que las investigaciones se hagan desde el ámbito internacional.
“La CIDH con sede en Whashington, dio inicio a la etapa de admisibilidad en el Caso de Armando Chavarría, quien murió asesinado por proyectiles de arma de fuego”, informó en un comunicado que envió ayer a los medios de comunicación.
El diputado del PRD Chavarría Barrera, quien antes había sido secretario de Gobierno en el periodo de gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, fue asesinado el 20 de agosto de 2009, cuando salía de su casa al sur de Chilpancingo.
Cuando fue asesinado fungía como presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado. Obezo Cázares denunció que a 12 años del crimen las investigaciones se encuentran estancadas en el ámbito local.
Recordó que ante la ausencia de investigaciones “y el evidente desinterés de las autoridades para esclarecer los hechos”, el 17 de septiembre de 2015 denunció la impunidad y las irregularidades que existen en torno al crimen ante la CIDH que registró la queja con el número de Petición P-1459-15.
Obeso Cázares informó que en diciembre del 2020 remitió información actualizada, notificando a la CIDH que aún con el cambio de gobierno federal no existía interés en esclarecer los hechos en los que fue asesinado Chavarría Barrera.
Agregó que también notificó al organismo internacional que el caso seguía estancado no obstante de las instancias legales a las que había acudido, como como el derecho de petición y el juicio de amparo.
Añadió que el 14 de octubre pasado fue notificada por el organismo internacional, que ante los hechos narrados y la documentación enviada, había dado inicio a la etapa de Admisibilidad del Caso, por lo que se le corrió traslado al Estado Mexicano de su Petición “para que presente sus observaciones”, conforme al reglamento de la CIDH.
Obezo Cázares explicó que dicho reglamento establece: “El Estado presentará su respuesta dentro del plazo de tres meses contados desde la fecha de trasmisión”.
Dijo que de acuerdo al mismo reglamento no se conceden prórrogas que excedan de cuatro meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de información al Estado.
Explicó que una vez recibido el informe del Estado mexicano, la CIDH podrá pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, o bien, antes de hacerlo, podrá invitar a las partes a presentar observaciones adicionales ya sea por escrito o en una audiencia.
De acuerdo con Martha Obezo y el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que la acompaña en el trámite ante el organismo internacional, “esto constituye un paso importante en su lucha por acceder a la justicia y exhibir la impunidad y opacidad en el que han mantenido el caso”.
Martha Obezo agregó que “ojalá en su respuesta, el gobierno mexicano muestre una postura sensible, diferente a la que tuvieron los gobiernos anteriores”.

 

Asesinan a balazos en Tlapa al ex síndico perredista en Cochoapa, Rutilio Ortega

Antonia Ramírez Marcelino

Tlapa

La tarde del lunes fue asesinado a balazos el ex síndico perredista de Cochoapa el Grande, Rutilio Ortega Maldonado, sobre la carretera Tlapa-Metlatónoc, a la altura de la colonia San Isidro de Tlapa.
El cuerpo fue localizado en la tarde, entre las casas de la colonia San Isidro y la carretera que comunica Tlapa y Cochoapa el Grande. Su cuerpo fue llevado por los peritos del Ministerio Público de la Fiscalía. No se conocen más detalles del homicidio.
Ortega Maldonado, de 57 años, fue síndico en el periodo 2015-2018 que presidió la perredista Rosa Lorenzo de la Cruz, cuñada del ex diputado y ex alcalde desaparecido y asesinado, Daniel Esteban González.
El pasado 3 de noviembre fue asesinado a balazos el regidor de Obras, Juan Ignacio Alejo cuando conducía su vehículo Tsuru, en la comunidad de Chilpancinguito cuando regresaba a la cabecera municipal de donde era originario.
Ante ese homicidio el alcalde del PVEM, Bernardo Ponce García solicitó seguridad y recursos al gobierno estatal y federal ante la nueva ola de violencia en su municipio y por temor a su integridad.
El municipio de Cochoapa el Grande ha tenido episodios de violencia con agresiones a balazos y homicidios de líderes, autoridades agrarias y ex presidentes.
La ex alcaldesa del PRD, Edith López Rivera contó son seguridad estatal durante su mandato luego de la desaparición y homicidio de su esposo, Daniel Esteban González y su chofer, Juventino.
Por su parte, la Fiscalía de Guerrero emitió un boletín en que investiga en Tlapa de Comonfort el delito de homicidio por arma de fuego en agravio de Rutilio “N”, quien se desempeñara como ex-sindico en el municipio de Cochoapa el Grande, quedando iniciada la carpeta de investigación 12080440600711151121.
De acuerdo al reporte, en la colonia San Isidro de la ciudad de Tlapa de Comonfort, agentes ministeriales arribaron al lugar localizando a una persona del sexo masculino sin vida y quien presentaba distintas heridas por arma de fuego, encontrando tres casquillos percutidos calibre 22.
El cuerpo de quien fuera síndico de Cochoapa el Grande en el período 2015-2018, fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.
La Fiscalía General del Estado realiza las indagatorias correspondientes para ubicar a él o los probables responsables de este delito ocurrido en la región Montaña.