Las bodas por dinero violan derechos de las niñas y no tienen simbolismo comunitario: Tlachinollan

El director Abel Barrera ubica los matrimonios forzados por acuerdo de los padres con un pago en poblaciones na savi de Cochoapa el Grande y Metlatónoc donde la migración a EU es un factor para el aumento de costos y tarifas. También prevalece la práctica de uniones tempranas en Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca y Xalpatláhuac

 

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, informó que la práctica de los matrimonios tempranos se focaliza en los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca y Xalpatláhuac con población na savi.
Dijo que, antes de pretender desacreditar cómo viven los pueblos indígenas, es necesario contextualizar que en las comunidades se vive muy temprano en responsabilidades en el campo, la casa y, por lo tanto, los matrimonios por acuerdo de los papás, que resultan preocupantes porque atenta contra los derechos de la infancia.
Eso deja ver que se conviertan en padres a edad temprana donde sus hijos se convierten en apoyo para el trabajo gratuito en la familia o en ingresos cuando se van como jornaleros agrícolas.
Remarcó que las prácticas de los matrimonios tempranos se deben ver en la lógica en que los pueblos nahuas, me’phaa, na savi y ñomnda ven la vida.
Además del rezago social y la falta de oportunidades de educación porque en las comunidades no hay primarias completas, mucho menos secundarias para que las niñas acudan, socialicen y desarrollen su libertad de elegir.
Barrera Hernández focalizó los matrimonios forzados por acuerdo de padres con un pago económico en las poblaciones na savi mayoritarias en los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc donde la migración de sus habitantes a Estados Unidos ha sido un factor del “aumento de costos de los matrimonios con el establecimiento de tarifas”.
Agregó que han detectado casos en Xilotepec y Cahuatache de Xalpatláhuac y en municipios de Alcozacua y Atlamajalcingo del Monte en donde el intercambio de bienes por la familia que iba a pedir a una mujer dejó su esencia simbólica con la entrega de presentes y se mercantilizó con la petición de efectivo.
Dijo que en esas acciones no hay nada comunitario, que se han individualizado porque ya no participa el pedidor, el comisario que al final se convertían en mediadores si había conflictos y ahora “las transacciones” las hace el jefe de familia sin pedir opinión deteriorando el tejido comunitario.
Al existir dinero de por medio las mujeres se convierten en las criadas de la familia del hombre que es donde se va a vivir y ahí tiene que moler, lavar, hacer comida y atender a todos porque le dicen que la compraron y se tiene que aguantar a vivir con eso porque no conocen otra forma de hacerlo al ver que así vivió su abuela, su madre y si migran se convierten en generadoras de ingresos.
Explicó que el dinero que envían los migrantes en Estados Unidos que antes era para las fiestas religiosas ahora lo usan para casarse o para que un hermano lo haga lo que deriva en abusos por parte de la familia del novio.
Intervención de autoridades comunitarias con visión patriarcal machista

Barrera Hernández dijo que otro factor que atropella los derechos de las niñas es que los jefes de familia acuden al comisario, quien es padre y en los planteamientos que le hacen sobre mujeres actúa con esa lógica machista de “respaldar al hombre en su petición de meter en cintura a la mujer rebelde donde no hay cabida para el respeto de los derechos humanos”.

Las niñas están rompiendo con la estructura patriarcal

Barrera Hernández celebró las denuncias que hacen las mujeres, en especial de la menor de 15 años, Angélica quien estuvo 11 días encarcelada por elementos de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Dos Ríos en Cochoapa el Grande al haber sido corrida de la casa de su suegro porque se resistió a ser abusada sexualmente en cuatro ocasiones por él ante la ausencia del marido que lleva más de un año en Estados Unidos y no se comunica con ella.
“Esa niña rompió con la estructura patriarcal de sometimiento enmarcada en el concepto de usos y costumbres que se imponen en la comunidad al denunciar y pedir ayuda” y que cada vez hay más casos en que se pide la intervención de autoridades como las sindicaturas, derechos humanos y en las instituciones de gobierno, aunque muchas veces no tienen la sensibilidad para protegerlas.

La CRAC–PC, sin facultades para intervenir

De la actuación de la Policía Comunitaria de Dos Ríos dijo que debió ayudar a la menor que señaló abusos del suegro, pero se vuelve al punto de que actúan bajo una lógica patriarcal que se erigieron como un tribunal que encarcela sin estar establecido en su reglamento, sólo porque se lo pidieron.
Recordó que en la Casa de Justicia de Zitlaltepec se habló de un documento para atender los derechos de las mujeres para que no sean violentadas y no hay nada por lo que consideró que deben capacitarse y conocer los principios básicos de la PC para que no se inmiscuyan en temas que no les competen.
Y que no hagan eco de las peticiones de los padres de que obliguen a la familia de la mujer a devolver el dinero que dieron al juntarla en matrimonio y lo peor, que actúen con criterios fuera de proporción como encarcelar privándola de manera ilegal de su libertad y criminalizando.
Dijo que la CRAC-PC desde el momento que se presta a estas acciones atenta contra los derechos de las niñas porque usan la cárcel como una manera de castigarlas.

Se debe investigar a los coordinadores de Dos Ríos

Barrera Hernández consideró que en caso de Angélica se debe investigar el actuar de los coordinadores de Dos Ríos, que expliquen porqué intervinieron en el asunto que derivó en la violación de los derechos de la menor y sus familiares y que el caso debe tratarse en una asamblea y replantear cómo se atenderán.
El director de Tlachinollan expresó que los usos y costumbres no deben ser usados para violentar derechos y que éstos tampoco deben ser estáticos en la vida comunitaria de los pueblos indígenas porque ahora se han convertido en un problema con los matrimonios a temprana edad en que se da dinero.
“No todo lo que yo hago debe ser costumbre y ser aceptado si lacera la dignidad humana” y en este caso al existir dinero se desvirtuó la esencia de la matriz cultural en que, en los matrimonios, se aportaba con lo que se contaba, no se hablaba de números ni de qué grupos musicales van a tocar”.

Pide Añorve una campaña de difusión sobre penalidades a matrimonios forzados

Destaca el senador priista el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado de combatir esa práctica que se justifica con el argumento de usos y costumbres indígenas y que se ha dado no solo en Guerrero sino en otros estados

Karina Contreras

El senador Manuel Añorve Baños se pronunció en contra de los matrimonios infantiles y las uniones forzadas y urgió al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes así como al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que haya una campaña de difusión e inclusive en los dialectos, sobre la reforma del 2019 que hizo el Senado al Código Civil federal y la pena que se imponen si se incurre en esa práctica.
Indicó que la reforma prohíbe el matrimonio de menores por eso se necesita una gran difusión y prevención de lo que no se debe hacer porque podrían alcanzar de cuatro a seis años de pena.
El senador se refirió al caso más reciente en Cochoapa el Grande, el de Angélica, una menor de 15 años, que fue encarcelada por 11 días por la Policía Comunitaria de Dos Ríos para que sus padres devolvieran el dinero que recibieron al comprometerla en matrimonio por acuerdo entre familias.
Subrayó que dichas dependencias deben reforzar las acciones tendientes a prevenir, erradicar y sancionas esas uniones porque en México muchas niñas todavía son vendidas y obligadas a casarse por usos y costumbres.
Añadió que de acuerdo con los datos del gobierno federal el 68 por ciento de las mujeres indígenas contrajo matrimonio entre los 9 y 19 años.
Sobre los matrimonios forzados, dijo que en el 2019 se legisló para que se prohíba el Código Civil federal el matrimonio infantil por usos o costumbres por cualquier tema que lo provoque, pues es hasta después de los 18 años cuando pueden contraer matrimonio y quien “provoque un matrimonio infantil forzosos tiene penas de 4 a 10 años de prisión”.
Indicó que en agosto presentó puntos de acuerdo para “exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que exista una campaña de difusión agresiva e inclusive, en los dialectos para que pueda llegar directamente a las casa de las zonas indígenas y sepan cuál es la penalidad y, obviamente, no se quiere sancionar, sino actuar antes que se realice un matrimonio infantil y las uniones forzadas; lo que queremos es que acelere la prevención, la difusión, la información de que es un delito en ese usos y costumbres que desgraciadamente acostumbra en las zonas indígenas del país”.
Indicó que es importante que la gente en esas comunidades tomen conciencia de que no es posible estar fomentado matrimonios infantiles o uniones forzadas, que es “una práctica que debe desaparecer, que entiendan que hay sanciones graves en caso de así suceda. No estamos de acuerdo en en esos usos y costumbres, tan es así que ya legislamos. Por eso estamos pidiendo a estas dos instituciones federales en coordinación con las estatales una campaña de difusión y prevención para que sepan quienes quieran caer en estos usos y costumbres que pueden estar cometiendo un delito que ya está tipificado desde el 2019”.
En conferencia de prensa en el restaurant 100 % de la Condesa, Añorve Baños deseó “mucho éxito” a la gobernador Evelyn Salgado Pineda y que cumpla con todas sus metas y objetivos que expresó en su toma de protesta el pasado viernes. Dijo que como senador siempre construye acuerdos por Guerrero, “no somos una oposición irresponsable, somos unas oposición sería”.
Subrayó que acudió a la toma de protesta invitado por la ahora gobernadora “y me dio mucho gusto el discurso que dio, un discurso muy puntual”.
Destacó el compromiso de fortalecer la educación así como el apoyo a las niñas, niños y adolescentes en el tema del matrimonio forzado con el argumento de usos y costumbres que se ha dado no solo en Guerrero sino en otros lados del país.
Adelanto que en la discusión del presupuesto de egresos del 2022 se requiere el apoyo de todos y todas los legisladores para más recursos en el presupuesto de egresos porque es la única forma de hacerle frente a muchas de las necesidades que se tienen en cada una de las regiones del estado.
Añorve Baños adelantó que hoy presentará un punto de acuerdo para que el secretario de Bienestar reconsidere los 10 mil pesos que están dando a los afectados del sismo del 7 de septiembre porque “si bien es cierto que puede haber un sector que le puede hacer frente con ese dinero al daño patrimonial que sufrió el sismo, pero también debe haber recursos suficientes para diferenciar de acuerdo al daño que se tiene dar los recursos que se requiere”.

 

Denuncian persecución y cancelan actividades en la capital para exigir justicia para Ayelín

Desconocidos a bordo de una camioneta intimidaron a las representantes de la mamá de la niña, Flora Marcelo Rojas. Ésta informa que pretendían solicitar que la Fiscalía reactive las investigaciones a un año del feminicidio

Las representantes de la mamá de la niña Ayelín Iczae Gutiérrez Marcelo, asesinada en Tixtla hace un año, Flora Marcelo Rojas, denunciaron que la noche del domingo en la capital fueron perseguidas por personas desconocidas a bordo de una camioneta, para intimidarlas e impedirles realizar actividades en la capital para dar seguimiento al feminicidio de la menor.
Vía telefónica, Flora Marcelo Rojas comentó que las tres representantes le relataron que después de participar en la marcha de Tixtla, se dirigieron en un carro particular a la capital, minutos después de las 9 de la noche cuando buscaban un hotel para pasar la noche y este lunes ofrecer una conferencia de prensa, pero fueron perseguidas por personas que iban en una camioneta.
Dijo que para resguardar su integridad física, las representantes cancelaron la actividad que tenían este lunes en Chilpancingo para exigir justicia y solicitar que la Fiscalía General del Estado reactive las investigaciones, ya que a un año del feminicidio de la menor Ayelín no hay avances.
Comentó que sospechan que la camioneta las siguió desde Tixtla para intimidarlas y agregó que las mujeres que viajaban en un auto particular, pasaron la noche en Chilpancingo y ayer por la mañana se retiraron hacia la Ciudad de México.
La madre de Ayelín Iczae Gutiérrez Marcelo se quejó que no hay avances de las investigaciones, porque los cuatro detenidos no han declarado y se reservan su derecho, “a ellos se les respeta y a mí no, me informan que hay avances, que están en la etapa final y no me informan nada, la fiscalía me ha tratado de la peor manera”.
En un pronunciamiento de las representantes señala, “ante la persecución de activistas, se cancela conferencia de prensa sobre el caso de Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, debido a que la comitiva que venía en representación de su madre, Flora Marcelo, fueron intimidadas por personas de las cuales se desconoce su identidad, se vieron orilladas a resguardar integridad física y seguridad”.
Indica que la comitiva llegó el domingo a Tixtla, Gro, para la marcha convocada en exigencia de justicia a un año del feminicidio de la menor Ayelín.
“En el marco de esta jornada de lucha, se había programado una conferencia en el Sindicato de Redactores de la Prensa en Chilpancingo de los Bravo, para el lunes 18 de octubre a las 11 AM con el objetivo de hacer la exigencia de justicia, y solicitar a la Fiscalía General del Estado de Guerrero se reactiven las investigaciones debidas ya que el caso sigue impune y a Flora Marcelo no se le ha dado el debido seguimiento en el proceso, al contrario, ha sido víctima de amenazas en su contra por querer exigir justicia para su hija. Exigimos justicia y alto a la persecución de activistas”, concluye el documento.
El domingo, mujeres, niñas, jóvenes feministas, activistas y representantes de la mamá de la niña Ayelín Iczae Gutiérrez Marcelo marcharon en la cabecera municipal de Tixtla, para exigir justicia a un año de su asesinato, que cesen las amenazas de muerte para su familia, que la Fiscalía General del Estado (FGE) atienda el caso como feminicidio, que se esclarezca el crimen y se castigue a los responsables.
La mañana del 19 de octubre de 2020, luego de que el jueves 15 había desaparecido, a las 8 de la mañana familiares de Ayelín localizaron sus restos a un lado de un arroyo en la barranca Chichipico, en la colonia Candelaria de Tixtla, a 350 metros de su casa. (Luis Blancas / Chilpancingo).