No votará hoy el Congreso el dictamen que restringe el aborto; el PRI, por modificarlo

Dice el coordinador de esa fracción, Héctor Apreza Patrón, que está a favor de eliminar el requisito de que las víctimas de violación tengan que presentar denuncia penal para acceder a la interrupción del embarazo, y por sancionar a los médicos que limiten el derecho de las víctimas a ese procedimiento

El dictamen de la Comisión de Justicia para reformar el artículo 159 del Código Penal en el que restringe aún más el acceso de las mujeres víctimas de violación a la interrupción del embarazo, no se llevará al pleno en ninguna de las dos sesiones programadas para este jueves.
En declaraciones telefónicas, el coordinador de los diputados del PRI Héctor Apreza Patrón afirmó que a pesar de que no conoce de manera formal el dictamen para homologar la Norma de Salud 046, estará a favor y votará por eliminar el requisito de que las víctimas de violación tengan que presentar denuncia penal para acceder a la interrupción del embarazo y que el plazo para hacerlo sea hasta las 12 semanas y no ocho como se propone, y se sancione a los médicos que limiten ese derecho de las víctimas negándose a realizar el procedimiento.
El martes se publicó que Apreza Patrón afirmó que hay una “versión final” del dictamen aprobado por la Comisión de Justicia para la homologación de la norma 046 distinta a la que criticaron las organizaciones de mujeres y algunos diputados de Morena, por restringir aún más el acceso de las víctimas a la interrupción del embarazo. Sin embargo, integrantes de la Comisión de Justicia (que es la dictaminadora) negaron dichas modificaciones y confirmaron que se propone mantener la obligatoriedad de la denuncia, un plazo máximo de ocho semanas, y sanciones a médicos si estos realizan un aborto sin informar a las autoridades.
Apreza Patrón dijo está “en la tónica que nos explicó el diputado Omar” Flores Majul quien les presentó en la bancada priista el supuesta versión final del dictamen sin las restricciones contemplados en el dictamen.
Se refirió a que estará a favor de la reforma al artículo 159 del Código Penal del estado para que se establezca que no es necesario presentar de manera previa la denuncia ante el Ministerio Público para poder acceder a la interrupción del embarazo en caso de violación, y no sean las ocho semanas el plazo máximo para solicitar dicho procedimiento “que nos atengamos a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, de las doce
semanas, no podemos estar por encima de la autoridad sanitaria, lo que recomiendan porque no somos (los diputados) especialistas en el tema”.
De las responsabilidades que se pueden fincar contra los médicos, dijo que estas deben ser en caso de que estos se nieguen a atender y practicar la interrupción del embarazo a una víctima de violación. Eso consideró que sí debe ser sancionado.
Y será responsabilidad de los médicos el informar al Ministerio Público, a la Secretaría de la Mujer y el DIF para que en caso de que la víctima lo requiera y acepte entonces se les pueda brindar atención psicológica y legal.
La postura del priista se sumó las de los coordinadores de Morena y PRD, Jesús Villanueva Vega y Bernardo Ortega Jiménez, quienes dijeron que apoyan que se haga la homologación de la Norma 046 que garantiza el acceso a las víctimas de violación a la interrupción legal del embarazo sin la condicionante de la denuncia penal.
Hoy se realizarán dos sesiones del pleno del Congreso local después de que los diputados determinaron no realizar plenaria el pasado martes. Sin embargo, en ninguna de estas se prevé que se presente el dictamen de la Comisión de Justicia, porque hasta ayer este no había sido distribuido a los diputados, quienes tendrían que conocerla al menos 48 horas antes.
Las sesiones de este jueves se realizarán en la explanada del Congreso local en donde se colocarán toldos para que los diputados y trabajadores del Congreso estén en un lugar abierto y con ventilación natural.

Quitar “candados” al derecho al aborto por violación, piden organizaciones a diputados

Sostienen que hay desinterés en los MP para atender a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual, y el que los legisladores impongan como obligatoria la denuncia permite la impunidad, porque en muchos casos los agresores pertenecen al entorno familiar e impiden la investigación

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Blanca de Jesús Candia, de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) en la Montaña, advirtió del riesgo de que la causal de aborto por violación incluya el acompañamiento de padres o tutores para que menores de 18 años puedan acceder a una interrupción del embarazo, porque los padres que solicitaban este procedimiento también era los agresores.
Asimismo, la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, informó que en la pandemia documentaron 30 agresiones sexuales, y siete de éstas eran niñas de 9, 12,13, 15 y 16 años atacadas por sus padres.
Lo anterior se dijo en la conferencia virtual Congreso de Guerrero debe rechazar reforma constitucional que violenta el derecho a la salud reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes.
Ahí presentaron referencias y casos de agresiones sexuales a niñas y mujeres en la Montaña ocurridas año pasado y en los meses de la pandemia, a fin de que los diputados locales conozcan las realidades que padecen las mujeres, y regulen la interrupción del embarazo de acuerdo con la norma 046 y la Ley General de Víctimas.
Es decir, que desistan de los “candados” que plantea la Comisión de Justicia en una iniciativa y mantiene como requisito la denuncia penal para que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo producto de una violación, el agravio contra las mujeres de Guerrero que señaló la Conavim en la segunda Alerta de Violencia de Género.
Según esta ley el procedimiento debe tener el aval de padres o tutores para la intervención en el sector salud; la limitante de que sólo se aplicará hasta las ocho semanas de gestación (dos meses), y una sanción para que los médicos que se nieguen a aplicar los protocolos de interrupción.
Para explicar la violencia contra las mujeres que los diputados no tomaron en cuenta en el dictamen, la abogada de Tlachinollan Arias Vitinio informó que en el monitoreo de casos, ubicaron al menos 70 violaciones archivadas en el Ministerio Público de la región, porque no realizan los actos de investigación para llevar a los perpetradores a la cárcel.
Asimismo, dijo que de enero a la fecha, la asociación civil registró 30 abusos en agravio de niñas de 9 a 16 años.
Como referencia, presentó dos casos. Una niña Me’pha, menor de 16 años, originaria de Xochitepec, municipio de Ecatepec, el año pasado, agredida por tres hombres que eran autoridades comunitarias de su localidad.
Aseguró que los familiares presentaron la denuncia en la agencia especializada del MP en Tlapa, a seis horas de camino en transporte público, y a la fecha no hay ningún resultado.
La niña recibió atención en el Centro de salud por las lesiones en la agresión, y no tuvo más acompañamiento.
En septiembre en Tlaquilzingo, a 40 minutos de la Tlapa, padres de familia denunciaron la agresión a una una niña que estaba sola en su domicilio, por un vecino, y la agente del Ministerio Público de delitos sexuales cuestionó a la infante por no haberse defendido, gritado o pedido ayuda.
La defensora aclaró que en la Agencia no le creen en los dichos de las víctimas, “y si ahora insisten en mantener el requisito de la demanda penal sólo como trámite para que las embarazadas por violación acceda a la interrupción, nunca van a investigar ni van a castigar al violador”.
Subrayó que en la Montaña, en muchas ocasiones los agresores son los padres, y las madres que sufren violencia doméstica, física y patrimonial, no quieren enfrentar esta realidad y se quedan calladas.
Aseguró que han ocurrido muertes maternas que están registradas en el sector salud, porque las mujeres víctimas de violación no le dicen a sus padres: “si es una agresión en su domicilio, la víctima siempre es amenazada, ‘si le dices a ti mamá, le voy a hacer daño, a tus hermanitas le va a pasar lo mismo’”.
Consideró aberrante establecer un periodo para la interrupción del embarazo de una niña, “lo primero que vive la víctima de violación es un shock, se cohiben, es como una vergüenza, en su inconscientes piensan que ellas provocaron esto, que lo consintieron y no es así”.
Recordó que desde hace siete años en la Montaña sólo hay una agencia especializada de violencia sexual y familiar, sin personal suficiente. Si la víctima quiere iniciar un procedimiento debe llevar un traductor o una abogado, si no deben volver con ellos.
Precisó que la violencia sexual y moral de una violación debe ser acreditada por un médico legista. Urgió que personal femenino sea quien las revise.
Recordó que en los casos de Inés y Valentina, el MP no les creyó cuando denunciaron que fueron denunciaron por militares, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la voz de las víctimas es preponderante.
De los problemas en la Montaña, la activista De Jesús Candia de Mexfam, relató una violación a madre e hija por cinco hombres en venganza por un conflicto por terrenos en los alrededores de Pueblo Hidalgo, Iliatenco, que data de hace 30 años.
Señaló que el problema agrario ya había sido resuelto a favor de unas de las partes, y la que perdió decidió vengarse antes de la muerte del abuelo machista que se sentía agraviado.
“Entraron a una de las casas cinco hombres, entre abuelos, hijos y nietos, violaron y golpearon a madre e hija”.
La familia de las mujeres violadas decidió no presentar denuncia para evitar más problemas y que pare de correr sangre.
Sin embargo, del ataque la niña resultó embarazada, y la familia se percató a los dos dos meses, y recurrieron a Mexfam por acompañamiento en la interrupción.
El procedimiento no se pudo hacer en Tlapa porque la niña estaba anémica y se trasladó a una clínica de la Ciudad de México, donde el aborto es legal. Al final madre e hija se fueron de la comunidad.
En este acompañamiento a niñas y mujeres violadas hay personas que dicen que sus hijas resultaron embarazadas y piden la interrupción. Aclaró que ahí se aplica un protocolo para identificar el origen de la agresión “y resulta que la violación de la chica era de su propio padre y sólo quería interrumpir el embarazo para evitarse problemas”.

Consideró “injusto y hasta ignorante que los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso del estado quieran retroceder en los derechos que tenemos. Me parece hasta increíble, siento coraje, tristeza, ganas de abandonarlo todo, y ahora seguir luchando”.
Señaló que son más de 10 años de Mexfam en la Montaña y han documentado la violencia física, la venta de mujeres en matrimonios arreglados, y a no tener derecho a heredar la tierras de nuestros padres, estamos muy vulneradas”.
La feminista Marina Reyna Aguilar recordó que antes de las de las declaratorias de Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida (2017) y por Agravio Comparado (2020), acompañadas con organizaciones de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, incluso articulado con la Secretaría de Salud, pero cuando veían el riesgo de retrocesos se detenían.
Estimó que este es otro momento para luchar juntas, para no heredar una ley regresiva. Insistió en que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, las secretarias de Salud, de la Mujer y la Fiscalía General del Estado se pronuncien sobre la regulación del aborto por violación en Guerrero.
Recordó que esas instancias tienen obligación de garantizar el ejercicio pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos que hoy están en riesgo.

Protestan en la Montaña contra el dictamen que limita el derecho al aborto por violación

Organizaciones de mujeres demandan al Congreso local que frene esa ley que califican de regresiva

Carmen González

Tlapa

Integrantes de organizaciones de mujeres de la región de la Montaña realizaron un mitin frente al ayuntamiento de Tlapa para manifestarse contra el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso local que impone retricciones al aborto por violación.
Las manifestantes, que llegaron a las 11 del día leyeron un posicionamiento en torno a la discusión y contenido del dictamen que aprobó la Comisión de Justicia del Congreso, a la que pidieron que frene ese dictamen que atenta contra los derechos de las mujeres y es regresivo.
Y que realice un parlamento abierto para discutir la problemática con las voces de las víctimas, de las organizaciones y personas interesadas, por lo que demandaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que garantice la atención a las víctimas.
Por la mañana colocaron lonas y mantas en el Hospital de La Madre y el Niño, el Hospital General, la Jurisdicción Sanitaria, y la Fiscalía Regional en las que se leyó: “Las niñas somos todas”, “Aborto por violación es un derecho”.
Las representantes de las organizaciones remarcaron que al trabajar con víctimas de violencia sexual en la Montaña reprobaban el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guerrero para reformar el artículo 159 porque suman más obstáculos al aborto por violación, es regresiva y violenta la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes al poner más candados para que no accedan a un derecho ganado.
Lamentaron que condicionen la causal de interrupción por violación a las 8 semanas, cuando los estándares internacionales establecen que en el caso de violación no puede restringirse el tiempo porque es difícil que las mujeres, adolescentes y niñas acudan a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por temor, por estar en lugares lejanos, no contar con los recursos por vivir en contextos de pobreza como en la Montaña y no presentar denuncias por el estigma o desconfianza en las autoridades.
Y que condicione a que las niñas y adolescentes vayan acompañadas por sus padres, extendiendo la edad no solo para las menores sino a las jóvenes de hasta los 18 años, sin tomar en cuenta que la mayoría de las violaciones sexuales cometidas contra menores de edad los agresores son sus propios familiares.
Además de que sanciona y criminaliza al personal de salud que sea progresista y garantista de los derechos reproductivos de las mujeres; estableciendo que deberán dar vista al DIF y a la Secretaría de la Mujer cuando se presente un caso.
Pidieron al Congreso a emitir un voto en contra de esta reforma y ponerse del lado de los derechos de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia; atienda el compromiso de cumplir con las medidas de las alertas declaradas para Guerrero, la de violencia feminicida y la de agravio comparado y legislen bajo el principio de que los derechos humanos deben ser progresivos y no en retroceso tal como lo plantea la comisión de justicia y le den prioridad a la agenda de la erradicación de la violencia contra las mujeres, instando a los gobiernos locales en la medida de sus atribuciones a cumplir con su obligación de prevenir y atender la violencia.
Los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, conformada por: Omar Jalil Flores Majul (PRI), Guadalupe González Suástegui (PAN), Servando de Jesús Salgado Guzmán (Sin grupo parlamentario) y Ossiel Pacheco Salas (Morena) quienes votaron a favor, y Moisés Reyes Sandoval (Morena) quien se opuso a esta reforma.