Informan al Comité contra las Desapariciones de la ONU de la investigación sobre Ayotzinapa

Funcionarios del gobierno resaltaron los obstáculos y retos del caso, y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala manifestaron que hay avances pero no son suficientes, informó el abogado Vidulfo Rosales

 

En reunión con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 dijeron que, si bien en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha habido avances en indagatorias, éstas no han sido suficientes para resolver el caso.
Este encuentro que se realizó en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, fue encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, y la jefa de esta delegación internacional, Carmen Villa Quintana, informó Vidulfo Rosales, asesor jurídico de los padres de los normalistas.
Indicó que la reunión fue para que los integrantes del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU escucharan junto con los padres de los 43 el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
También estuvo Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
“Fue básicamente una reunión del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre los retos que tiene del caso y los obstáculos que se han presentado en este trayecto”, dijo Rosales Sierra.
“Igual, los padres (de los 43 normalistas desaparecidos) hicieron notar que si bien se reconocen avances en las investigaciones también hay obstáculos y hay limitaciones de esta comisión”, dijo el abogado.
Los integrantes del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU estarán el próximo jueves 18 en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, en donde escucharán los testimonios de los padres de los 43.
Melitón Ortega, vocero de los padres, señaló que seguramente en ese encuentro con esta delegación de la ONU se pedirá que estén atentos y vigilantes de que el actual gobierno cumpla su compromiso de llegar al fondo del caso.
“Los padres dan sus testimonios y les dirán dónde hay problemas en las investigaciones, como es el caso de que no se han integrado carpetas de investigación contra varios actores que son responsables de esos hechos”, dijo Melitón Ortega.
“También se va a plantear en esa reunión de los padres con el Comité (de Desapariciones Forzadas de la ONU) el papel que jugó el Ejército Mexicano de lo que ocurrió en Iguala”, afirmó.
En tanto, Clemente Rodríguez, padre del normalista Christian Alfonso Rodríguez, señaló que va a solicitar a los integrantes del Comité que mantengan más vigilancia al gobierno de México sobre el caso.
En julio de 2020, los integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa le informaron a Clemente Rodríguez que un fragmento de un hueso hallado en la Barranca de la Carnicería, en Cocula, pertenecía a su hijo Chistian Alfonso.
Sin embargo, el padre del normalista desestima esa versión oficial y cree que su hijo está vivo.
“Yo lo que voy a pedir a los de la ONU es que haya justicia”, dijo Clemente Rodríguez.

El Comité de la ONU contra las desapariciones encontrará que hay impunidad total: colectivos

No hay autoridades que hagan valer la ley contra los perpetradores, instancias ni recursos para su localización, mientras los crímenes siguen, señalan Tlachinollan, Siempre Vivos, Centro Morelos y el Centro Minerva Bello

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Impunidad total en los casos de los desaparecidos, sin autoridades que hagan valer la ley contra los perpetradores y sin instancias ni recursos para su localización, mientras los crímenes siguen, es, en opinión de cuatro representantes de colectivos, lo que va a encontrar en Guerrero el Comité contra las desapariciones forzadas (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que ese organismo presentará al Comité casos concretos y documentos internos que motivaron la visita de los integrantes del Comité de la ONU a Guerrero.
“Con base a esos datos ellos quieren escuchar de viva voz de las víctimas algunos casos de los que ya tienen alguna referencia”, explicó.
Aunque Tlachinollan no preparó un diagnóstico que refleje el panorama general del problema de la desaparición forzada en Guerrero, sí, de acuerdo con su director, planteará casos concretos, “sobre todo los más recientes que preocupan mucho”, dijo Barrera Hernández sin precisar de cuales se trata.
Dijo que, “obviamente”, se trata de casos que cuentan con el mismo patrón de impunidad en la práctica de la desaparición de personas, con la participación de agentes del Estado y elementos de la delincuencia que se han venido documentando.
Barrera Hernández dijo que el problema de la desaparición en Guerrero es grave porque ha diluido la responsabilidad de las instituciones y porque el patrón indican las actuaciones de las autoridades, ya sea como cómplices o como parte de esa macro delincuencia que existe “y como personajes omisos que no atienden a tiempo los casos de desapariciones, y, por el contrario, trivializan los testimonios de la gente”.
Agregó que las autoridades tampoco tipifican adecuadamente los delitos de desaparición forzada a pesar de que en Guerrero existe una ley desde hace varios años.
“En fin, hay una serie de inconsistencias y deficiencias de parte de la autoridad que son graves y que propician que las desapariciones sigan consumándose en nuestro estado”.

Siguen las desapariciones en los gobiernos de la 4T, señala Siempre Vivos de Chilapa

Por su parte, el presidente del Colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, anunció que su colectivo presentará una relatoría de la violencia que ha dejado 16 desaparecidos de enero a octubre y mil 500 asesinatos en los últimos 10 años, la mayoría en Chilapa.
Dijo que planteará que lo más grave es que se siguen cometiendo estas desapariciones y asesinatos en los gobiernos de la 4T, que prometió que la búsqueda de los desaparecidos sería prioritario.
Informó que independientemente de las desapariciones de los años anteriores sólo de enero a octubre pasado Siempre Vivos documentó 16 casos de desapariciones: 13 en el municipio de Chilapa, dos en Quechultenango y uno en Olinalá.
Agregó que la violencia en esa zona también dejó en los últimos 10 años mil 500 homicidios y que hay una impunidad total, puesto que no existe ninguna persona detenida ni sujeta a proceso judicial ni por las desapariciones ni por los homicidios.
Admitió que en los últimos meses ha disminuido la violencia pero porque el gobierno “empoderó” al grupo delictivo de Los Ardillos.
“Es decir, la seguridad está en manos de la delincuencia, desmantelaron al grupo de Los Rojos para empoderar a Los Ardillos y son ellos los que controlan en 25 municipios de la zona Centro y la Montaña”.
“En esos municipios los sicarios andan vestidos de policías municipales, policías comunitarios y hasta de ministeriales”, denunció.
Anunció que por eso su planteamiento al Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU será que se recomiende al gobierno federal que cambie su estrategia de abrazos y no balazos, “que termine tanto apapacho a los delincuentes a quienes se les tiene que aplicar la ley”.
Díaz Navarro dijo que no se puede seguir con tanta impunidad. “Creo que si en algo se está caracterizando este gobierno es por la impunidad que estamos viviendo”.
Denunció que las desapariciones y asesinatos se siguen cometiendo porque los delincuentes andan libres.
“Se siguen cometiendo los delitos porque no hay autoridad. No vivimos en un Estado de derecho donde se haga valer la ley, donde se haga valer la autoridad. Hay impunidad total”, se quejó el activista.
A su vez, la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra declaró que la visita de los miembros del Comité contra la desaparición forzada de la ONU es importante porque Guerrero es el primer estado en desapariciones forzadas.
Adelantó que ese organismo pedirá al Comité de la ONU que dé acompañamiento para que se busque a los desaparecidos, y que se pronuncie para que el gobierno aporte los recursos económicos y humanos para dar con el paradero de los desaparecidos.
Informó que el Centro Morelos tiene 68 casos documentados de desaparecidos a partir del 2018 y hasta a principios del 2020.
Se quejó de que, mientras tanto, la Fiscalía no ha hecho nada por investigar para encontrarlos, “incluso no tienen un plan de acción como para atender el problema”.
Informó que el 23 de octubre se reunieron en Acapulco con el fiscal y con personal de la Cruz Roja Internacional y que ahí se dieron cuenta que incluso no tienen ni datos de los desaparecidos.
“Por eso se le tiene que pedir al Comité de la ONU que dé acompañamiento y se pronuncie para que las autoridades hagan su trabajo”.
Dijo que han escuchado de las autoridades de la Fiscalía que este año ya se terminaron los recursos que se presupuestaron para la búsqueda e identificación de cuerpos, “pero en realidad no se buscó, tampoco se terminó de identificar los 761 cuerpos que hay en los Semefos”.
En opinión de Teodomira Rosales, más que recursos económicos y humanos lo que se requiere es que las autoridades sean sensibles ante el problema.
En tanto que el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), José Filiberto Velásquez informó que ese organismo más que casos concretos va a presentar al Comité un diagnóstico del problema en materia de desapariciones forzadas en Guerrero.
“Queremos resaltar la ineficacia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía”.
Informó que quieren resaltar que la impunidad por la ineficacia y el desinterés de las autoridades por atender el problema provoca que los casos de desapariciones sigan incrementándose en todo el estado de Guerrero.

Viene mañana el Comité de la ONU a Ayotzinapa y a reunión con colectivos de víctimas en Chilpancingo

Adelantan que los encuentros con los colectivos, organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos serán cerrados, debido a la gravedad de algunos casos que se tratarán

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en ingles), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reunirá en privado el jueves en Chilpancingo con representantes de colectivos, organismos de derechos humanos y familiares de víctimas.
La reunión está convocada para las 12 del día en la Parroquia Universitaria San Pablo del Obispado de Chilpancingo, pero antes los integrantes del Comité visitarán las instalaciones de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El encargado de la organización, logística y la agenda es el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos, Alan García Campos.
De acuerdo con la agenda que se dio a conocer a los representantes de los colectivos, organismos de derechos humanos y familiares de víctimas, cada colectivo u organización deberá estar representado por no más de cuatro personas.
La cita para el encuentro es a las 11:30 con el objetivo de empezar la reunión en punto de las 12 del día.
Desde el fin de semana pasado cada organización recibió los datos de la logística por parte de García Campos.
En el documento se establece que cada colectivo u organización definirá el contenido de su intervención y su vocería en el tiempo asignado, que no será de más de 4 minutos.
Se advierte que “habrá un control estricto del tiempo por respeto y consideración al resto de los participantes”.
El documento refiere que la estructura de la reunión será: instrucción/presentación del CED; presentación de los colectivos y organizaciones presentes, así como preguntas y respuestas.
Debido al tiempo limitado por cada participación, los representantes de colectivos y organizaciones podrán entregar documentos o cualquier tipo de información por correo electrónico al CED. Los correos han sido entregados con anticipación a los organismos convocados.
Se advierte que debido a la pandemia del coronavirus se adoptarán las medidas de bioseguridad pertinentes como el uso de cubrebocas, lavado de manos, espaciamiento.
Hasta antes del mediodía de ayer algunos de los colectivos y organismos convocados eran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachionollan), el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), el Colectivo Siempre Vivos de Chilapa y el Colectivo Raúl Trujillo, pero las invitaciones continuarían ayer y hoy miércoles, informaron los responsables de la logística.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, informó que antes de la reunión con los colectivos, organismos de derechos humanos y familiares de víctimas, los integrantes del Comité visitarán las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa.
Dijo que hasta ayer se desconocía si también habría una reunión programada con las autoridades, puesto que la agenda la está organizando la Oficina de la ONU y es la que está estableciendo la comunicación directa con las familiares y los colectivos.
Adelantó que las reuniones con los colectivos, organismos de derechos humanos y familiares de víctimas serán cerradas, por la gravedad de algunos casos.
Informó que sabe que al final de la visita a México del Comité ofrecerá una conferencia de prensa para informar de los resultados de su visita, pero que, en tanto no tiene considerado abrir sus reuniones a los medios de comunicación.
“El Comité ha sido muy cauteloso y muy respetuoso de lo que puedan dar como testimonio las familias”, dijo.
Además, agregó que en las reuniones, los familiares de las víctimas o sus representantes, entregarán documentos internos para su valoración y que se trata de casos graves “que tienen que ver con desapariciones forzadas que requieren de la protección de las víctimas, porque si algo ha pasado en Guerrero es que todo se filtra y al final las víctimas vuelven a ser re victimizadas”.
Añadió que por esas razones los familiares o las víctimas tienen miedo a denunciar en público “porque no hay ese sigilo y sobre todo esa garantía de que se va a investigar y habrá castigo en contra de los perpetradores”.