Repudia el Centro Morelos la intención de AMLO de exculpar a militares por la guerra sucia

Exige justicia por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Llama a los familiares de desaparecidos y asesinados a unirse en una sola lucha

 

El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) manifestó su rechazo a la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de exculpar a militares por los desapariciones y asesinatos de la guerra sucia y culpar a las víctimas por los soldados caídos.
En un comunicado, exigió justicia por el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en la sierra Tarahumara de Chihuahua, así como por todos los muertos y desaparecidos en Guerrero y el país a “causa de este Estado fallido”.
La organización llamó a los familiares de más de 350 mil asesinados y 100 mil desaparecidos a unirse a una sola lucha para exigir justicia, reparación del daño y garantías de no repetición.
El Centro Morelos cuestionó por qué para protestar deben morir personas como los sacerdotes jesuitas, quienes asumieron un compromiso con la gente que sufre todos los males sociales en los lugares más apartados, como la sierra Tarahumara, en Chihuahua.
Argumentó que México vive una situación peor que otros países en guerra, “el gobierno sigue apostándole a los abrazos y no a los balazos, al fin y al cabo el pueblo es el que pone los muertos”.
El Centro Morelos destacó que el Estado mexicano intentó distraer al ofrecer facilidades para conocer la verdad acerca de las responsabilidades del Ejército y otros actores al servicio del Estado, durante tres décadas de terror que vivió gran parte del pueblo mexicano, en especial en entidades donde hubo “grupos insurreccionales”, que tuvieron decenas de desaparecidos por parte de los militares y paramilitares, pero el gobierno mexicano anunció “que se va a honrar a los militares muertos en la misma época”.
“Tratando de responsabilizar a las víctimas de desaparición forzada, a los asesinados y a los guerrilleros caídos en combate de lo que les sucedió e incluso de la muerte de los militares como si hubieran muerto en los cuarteles, como sí sucedió con decenas de desaparecidos, o sea, que los militares son inocentes”, reprochó.
Expuso que es necesario conocer la verdad y conquistar la justicia, la reparación del daño, así como las garantías de no repetición.
Mencionó que no se debe esperar a que pasen 50 o 70 años para que el gobierno ofrezca “facilidades para conocer la verdad, es necesario incorporarse a la lucha que otros han iniciado desde hace varios años”.
Este miércoles 21 de junio, en un acto en el Campo Militar número 1, en la Ciudad de México, y ante familiares de desaparecidos durante la guerra sucia, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la responsabilidad última de actos realizados por el Ejército en la guerra sucia es de las autoridades civiles, pues los soldados sólo recibieron órdenes.
Además, el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, manifestó que el Ejército tuvo sus propias bajas y que es justo que se les recordara, inscribiendo su nombre en el mural de los caídos.
Informó que el presidente López Obrador autorizó que se haga homenaje a los soldados que cumplieron con su deber a costa de su vida.

Respalda Evelyn la posición de AMLO sobre la actuación de los militares en la guerra sucia

En un acto en Chichihualco, parte de una gira por la sierra, la gobernadora adelantó que cuando vea al presidente hoy, le dirá que también a los pueblos en la Sierra les faltan caminos artesanales para sacar sus productos. Artesanos le piden que se haga realidad la cuarta transformación en esta región

Lourdes Chávez

Leonardo Bravo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda se negó a opinar del tributo que el Ejército hará a soldados caídos por hechos de la guerra sucia, donde un indefinido número de civiles fueron ejecutados o desaparecidos por militares en varios estados del país; sólo validó el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Consultada después de un acto de entrega de bastones, sillas de ruedas y trámites de Registro Civil, en Chichihualco, respondió que “el presidente ya declaró, tuvo una posición oficial que los medios retomaron el día de hoy (jueves), y bueno, respaldamos lo declarado por el presidente”.
Tampoco se refirió de manera expresa a lo que dijo el mandatario federal en referencia a las atrocidades de la guerra sucia, de que “la responsabilidad última de los actos realizados por el Ejército es de autoridades civiles, pues los soldados sólo recibieron órdenes”.
En la actividad en el campo militar número uno, este miércoles, que serviría para destacar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permitiría a la Comisión de Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento y el Impulso a la Justicia de los Hechos ocurridos entre 1965 y 1990, el acceso a sus archivos sobre la llamada guerra sucia, el titular de la dependencia, Luis Crescencio Sandoval, dio un giro a la noticia.
Señaló que el Ejército tuvo sus propias bajas y que es justo que se les recordara, inscribiendo sus nombres en el mural de los caídos. Aseguró que López Obrador ya había autorizado inscribir los nombres de los militares fallecidos por los hechos del pasado, en el monumento de los caídos de las fuerzas armadas, de la plaza del Servicio Patria, “como un sentido tributo y un sentido homenaje”.
Al insistir con la gobernadora, sobre si considera que tienen la misma posición las víctimas del pasado con los militares, que son perpetradores de los crímenes de Estado en la guerra sucia, reiteró brevemente que “el presidente fue muy preciso en ese punto y respaldamos lo dicho por él”.
En sus discursos, la gobernadora regularmente ha destacado su participación en marchas y plantones, acompañando a su papá, el senador Félix Salgado Macedonio, su referente ideológico del movimiento popular.

Artesano pide Cuarta Transformación en la Sierra

La entrega simbólica, de equipo a personas con algún tipo de discapacidad, se realizó en la unidad deportiva de la cabecera municipal de Leonardo Bravo, también hubo una exposición de productos artesanales, mezcales y frutas de la sierra. Algunos artesanos baloneros instalaron ahí un taller provisional, donde cosían a mano los trazos de pelotas de fútbol.
En el acto, el artesano de balones Manuel Castañón Ortiz pidió a la autoridades que se impulsen los productos de la sierra y se pronunció porque se haga realidad la Cuarta Transformación.
La gobernadora respondió que hay mucho trabajo para hacerla realidad en Chichihualco.
Informó que ya está terminado el proyecto de creación de la octava región, Sierra, que se tiene el corazón y la voluntad de hacerlo posible.
A la petición del alcalde por el PAN, Saúl Villa Adame, dijo que cuando vea al presidente en su gira de hoy en la Montaña, le dirá que a los pueblos en la Sierra les faltan caminos artesanales y programa de conectividad para sacar los productos “y los caminos no ayudan mucho”.
En el estado, aseguró que “hay austeridad republicana para tener ahorros, para ser generosos afuera”.
De las solicitudes de reparación y construcción de caminos que recibió, afirmó que las canaliza a las dependencias para dar respuesta inmediata, “porque pueden pasar años, sin resolver cosas que se pueden atender de inmediato”.
Destacó que el Ayuntamiento y la Secretaría de Fomento Desarrollo Económico firmaron un convenio para fortalecer el proceso de comercialización nacional e internacional.
Al respecto, la secretaria Teodora Ramírez Vega señaló que habrá programas de apoyo de certificación del mezcal guerrerense, de etiquetas de marcas de frutas envasadas y del fondo de garantías para salvaguardar los negocios, sin intermediarios.
“Bajo ninguna circunstancia dejará solo a Leonardo Bravo, tenemos riqueza gastronómica, y no es posible que tengamos este desarrollo y bienestar que necesitamos. Hay con qué, hay coordinación, y mucho mucho trabajo, para que sea una realidad la cuarta en Chichihualco”.

En Apango, tercera jornada nacional de Sembrando vidas

En Apango, cabecera de Mártir de Cuilapan, Salgado Pineda con el delegado federal, Iván Hernández Díaz, y el subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, de la Secretaría de Bienestar, Raúl Paulín Hernández, lanzaron la Tercera Jornada Nacional de Siembra Sembrando Vida, Cosechando Futuro.
De acuerdo con la transmisión en vivo, Paulín Hernández informó que en esta etapa, la meta es sembrar 380 millones de árboles en 21 estados.
Añadió que la meta anterior, de un millones de árboles, ya se logró y sembradores contribuyeron al programa nacional reforestación. Estimó que con ese trabajo, un alcance 700 mil árboles vivos sembrados en parcelas
“Podemos decir al presidente que en enero de 2023 tendremos mil 100 millones de árboles sembrados en el programa”.
En el caso de Guerrero, destacó que la contribución es de 44 millones de plantas, desde el Centro de Capacitación y Aprendizaje Campesino en Apango.
Destacó que este programa tiene procesos de capacitación para generar riqueza y nuevas oportunidades, así se contrarrestan las causas de la pobreza y de la violencia, se reconstruye el tejido social, se fortalece la vida comunitaria, construyendo fraternidad, expresadas en tareas comunitarias colectivas.
En Apango estuvieron la alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Jenny González Ocampo; el coordinador territorial del Programa Sembrando Vida en Guerrero, Alejandro Cepeda Castorena; el presidente de las Comunidades de Aprendizaje Campesino Apango, Leonel Nava Rodríguez; así como las diputadas Yoloczin Domínguez Serna, Citlali Calixto, Jacinto González y Bernardo Ortega.

Preocupa que se pretenda equiparar a víctimas con soldados que cometieron violaciones: CNDH

Redacción

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de la Defensa Nacional pretendan equiparar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en la época de la guerra sucia con los soldados que cometieron esas violaciones.
Dijo que “si bien pudieron haber caído en esas acciones, de modo alguno pueden tener el mismo tratamiento de quienes sufrieron vejaciones, detenciones arbitrarias, violaciones graves, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, etc. Desde nuestro punto de vista, un acto de reconocimiento de estos hechos honraría a las Fuerzas Armadas, reafirmaría su esencia popular y reforzaría su compromiso con la transformación que vive actualmente el país, y ellas mismas”.
En un boletín de prensa sobre el anuncio hacho un día anterior por el titular de la Sedena, Luis Cresencio Saldoval, de que el presidente había autorizado honrar a los militares muertos en la guerra sucia, y que ellos sólo actuaron por órdenes de los civiles, la CNDH indicó que “en el mes de enero de 2020 se instaló en esta Comisión, la Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente con el objeto de documentar las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el período 1951-2016, la cual no sólo ha estado recibiendo quejas y atendiéndolas hasta su resolución en el marco de sus atribuciones, sino que ha venido participando con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, en algunas acciones, siempre procurando apoyar una lucha que data de hace, al menos, 35 años”.
Informa que en ese contexto, “la CNDH aportó incluso el plan para la intervención del Campo Militar No. 1 y la apertura de archivos, por lo que está comprometida en su cumplimiento”.
Finalmente, el organismo nacional “reitera la necesidad de que las autoridades del Estado tomen las medidas necesarias para el pleno esclarecimiento de los hechos acaecidos entre 1965 y 1990, construyendo una relación cercana y empática con las víctimas y colectivos de víctimas, donde se adopten decisiones realmente por consenso porque sólo así, mediante el consenso y la unidad de acciones, podremos vencer inercias y resistencias naturales a todo proceso de justicia y de verdad”.
Plantea que “el esclarecimiento pleno del pasado y la garantía de no repetición es la única manera de ir resarciendo las heridas de las víctimas y así poder iniciar la necesaria reconciliación nacional”.

Es “una ofensa” poner a militares en el muro de los caídos, dicen familiares de desaparecidos

Representantes de grupos y colectivos cuestionan cómo y qué se les va a reconocer si para ellos los militares son “los perpetradores”, quienes persiguieron, asesinaron, torturaron, desaparecieron y violaron

Emiliano Tizapa Lucena / Francisco Magaña

Chilpancingo / Atoyac

Los familiares de desaparecidos por el Ejército durante la guerra sucia, Tita Radilla y Octaviano Gervasio, consideraron que lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, de que tuvieron sus “propias bajas” y es justo que se les recuerde, poniendo su nombre en el muro de los caídos, es una “provocación, una ofensa”.
También cuestionaron cómo se les va a reconocer y qué se les va a reconocer, si para ellos los militares son “los perpetradores”, quienes persiguieron, asesinaron, torturaron, desaparecieron y violaron.
Además, el integrante de la desaparecida Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes García, dijo que si el Ejército obedecía a un poder civil, amerita un análisis a profundidad del grado de responsabilidad de las fuerzas armadas, porque “el pueblo fue el que padeció” represión y muchos “sin deberla ni temerla” fueron desaparecidos.
Este miércoles, en un acto en el Campo Militar número 1, en Ciudad de México, ante familiares de desaparecidos durante la llamada guerra sucia, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permitirá que se revisen sus instalaciones y accedan a sus archivos, relacionados con los asesinatos y desapariciones ocurridas entre 1964 y 1990.
El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval sostuvo que el Ejército tuvo sus propias bajas y que es justo que se les recordara, inscribiendo su nombre en el mural de los caídos. Detalló que ya había sido autorizado por el mandatario federal; además, el presidente y el jefe militar argumentaron que el Ejército siempre se ha subordinado al poder civil.
Consultados vía telefónica al respecto, la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, contó que fue invitada para la apertura de ese campo, para la investigación de expertos y sobrevivientes, porque los familiares piensan que probablemente haya personas sepultadas ahí.
Dijo que era un acto protocolario, para la apertura de los archivos que sirvan a la investigación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, “suponemos que ahí debe de haber información, sobre todo de lo que hicieron los militares”.
“Jamás esperamos que se hablara de ese tema, de estas personas que fueron víctimas según. Para nosotros fueron los perpetradores, fueron quienes persiguieron y si cayeron, era por el trabajo que les mandaron hacer, un trabajo indigno: el asesinar, el torturar, el desaparecer, el violar, o sea, todos los horrores que hicieron”, argumentó. Mencionó que a ellos no los sacaron de sus casas como hicieron con sus familiares desaparecidos, “no estamos de acuerdo en eso ¿cómo se les va a reconocer? ¿Qué se les va a reconocer? Si se les va a reconocer, que se reconozca lo que hicieron, toda la barbarie que ocurrió en aquel tiempo y que nuestros familiares aún están desaparecidos. Si ellos cayeron, murieron en su trabajo, fueron sepultados por sus familiares, ¿y nosotros qué, nuestros familiares qué? Entonces, en eso no estamos de acuerdo”.
De acuerdo con Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla, desaparecido el 25 de agosto de 1974 por el Ejército, las palabras del titular de la Sedena y del presidente sorprendieron a los familiares, “cómo es posible que haya pasado eso ayer (el miércoles), la verdad ese evento era algo que nosotros habíamos esperado durante muchísimo tiempo, pedido durante mucho tiempo, y para que nos salieran con eso”.
Expuso que la mayoría de los familiares llegó al campo con el sentimiento de ir a un lugar donde fueron desaparecidos sus familiares, “donde quizás algunos estén allí sepultados. En esas paredes que escucharon el dolor, el sufrimiento de ellos, quizás el último suspiro. Entonces, ya íbamos con ese sentimiento y nos salen con eso, creo que no pudimos reaccionar muchos en ese momento”.
Tita Radilla, quien para muchas organizaciones en el país fue quien trazó una coordenada en lucha por la justicia nacional, por los desaparecidos de la guerra sucia, comentó que los militares se defenderán, “pero los hechos están allí, lo que ocurrió, la barbarie, delitos de lesa humanidad, delitos gravísimos y todavía nuestras familias están padeciendo. Tenemos ese dolor y esa herida abierta que no cierra y que con esto, la verdad es como si te la removieran más”.
Manifestó que al encuentro asistieron dos representantes de 45 colectivos del país, y expresó que aún no han dialogado con otras organizaciones, pero lo harán para exponer una postura.
El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac, Octaviano Gervasio Serrano, opinó que lo dicho por el titular de la Sedena es una “provocación, una ofensa, una nueva agresión por parte de los militares hacia los familiares de los desaparecidos y hacia los desaparecidos mismos, hacia su memoria”.
Lamentó que si el titular de la Sedena no acepte la responsabilidad de manera pública, “mucho menos van a coadyuvar para llegar a la verdad de los hechos, mediante una investigación ministerial”.
Expuso que la intención del Estado mexicano y que se confirma con el acto del miércoles, es llevar los casos a “una impunidad y una simulación perfecta. Quieren perpetuar su simulación y no lo vamos a permitir, lo que queremos es que se realicen las diligencias de investigación correspondientes, conforme con la norma penal”.
Afirmó que tras lo ocurrido, no les queda más que acudir a instancias internacionales, y reprochó que “no se trata nada más de inspeccionar algunas instalaciones o hacer un trabajo de memoria académica. Aquí se trata de que se tienen que llevar las investigaciones conforme las normas penales correspondientes y tiene que haber castigo de los responsables” y al esclarecimiento de los hechos.
Reiteró que no aceptarán como organización, que se pretenda simular y sea un trabajo de memoria conforme a la que ellos van a construir, “es un cinismo y un agravio terrible, más hacia nosotros”.
Exigió al Estado mexicano que recapacite, porque se trata de personas terriblemente agraviadas y que como familiares continúan siéndolo, “el Ejército mexicano tiene en sus archivos, la verdad, y se niega a decírnoslo. Esta generación de familiares, hijos agraviados, no vamos a permitir y vamos a llegar a las últimas consecuencias, tope donde tope”.
El integrante de la desaparecida Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes, opinó que el presidente de la República “le dio una concesión fuerte al Ejército, a las fuerzas armadas, y que genera una situación de equilibrio que no hubo nunca”.
Aseguró que “precisamente el movimiento armado surgió debido a la gran represión que se instalaba en todos los tiempos, el asesinato de líderes sociales pacíficos, los movimientos sociales pacíficos de aquella época y llegó el momento en que no queda más que el recurso de tomar las armas”.
Contó que en aquellos años, los grupos fueron dirigidos por los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, entre otros compañeros, “nunca hubo una situación de equilibrio. El gobierno siempre tiene la potestad de la ley, de la Constitución, y nunca se aplicaron las leyes. A los luchadores sociales se les detuvo y se les desapareció, es un delito de lesa humanidad, no fueron detenidos, no fueron juzgados conforme a derecho, puestos en una cárcel pública y sometidos al proceso que la ley establece, no hubo esa situación, entonces no hay ningún equilibrio”.
Agregó que el gobierno federal “sigue debiendo algo al pueblo mexicano: verdad, justicia, medidas de no repetición y rescate de la memoria de nuestros familiares y compañeros. No eran delincuentes, eran personas de bien, que querían un país mejor”.
Acerca de que el Ejército obedecía a un poder civil, comentó que eso “amerita un análisis a profundidad, del grado de responsabilidad de las fuerzas armadas. El pueblo fue el que padeció, el pueblo, en las comunidades fueron reprimidos y muchos de ellos, sin deberla ni temerla fueron desaparecidos”.
Manifestó que en su visita al Campo Militar número 1, la que calificó como la ex “cárcel clandestina más grande de México”, en su discurso el titular de la Sedena “no se refirió a la apertura de los archivos” para que la comisión tenga acceso pleno a los documentos.
Expuso que el presidente puede tener una intención genuina, pero no confían “en las fuerzas armadas, porque su historia ha sido eso, de represión a los movimientos sociales”.
Afirmó que seguirá apoyando a la nueva Comisión de la Verdad y llamó a las personas que fueron agraviadas, que tienen familiares desaparecidos, fueron violentados sus derechos humanos en esa época y que no se han acercado a ninguna institución de las precedentes, a contactar esta comisión, “es una buena oportunidad para que se acerquen, porque va a iniciar sus trabajos próximamente”.

Los militares tienen la verdad de los desaparecidos, dicen en Atoyac

Familiares de desaparecidos del municipio de Atoyac, víctimas de lo que se vivió en los años de 1970, consideraron un avance la apertura de los archivos militares, anunciado por el gobierno federal para dar con el paradero y conocer el destino que tuvieron su familiares detenidos y desaparecidos.
La presidente de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades y Víctima de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vunerables (Arecovvidhgv), Estela Arroyo Castro, dijo vía telefónica que confían en que esto no sea una simulación y volverán a creer.
Señaló que se le ha dado largas al tema de investigación, cuando la verdad está en manos de los militares y son ellos los que debe de declarar y decir qué pasó con sus familiares.
Dijo que han esperado 49 años y a este hecho lo consideran una simulación, “queremos creer que esto avance, pero dudas también ,por tanto engaño papeleo y burocratismo sin ver avances y que esto camine”.
Insistió en que se debe avanzar y atender “porque ir al campo número 1 sólo nos abre las heridas, porque ahí hubo mucha tortura, y lo que debe de ser es que digan la verdad los militares, porque ahí está todo. No queremos más simulaciones y se haga justicia a los sobrevivientes que no tienen recursos para ir con un especialista y se están muriendo”.
La activista de derechos humanos insistió en que ya no quieren más comisiones “pedimos que actúen, porque desde los gobiernos anteriores es los mismo y éste vamos a ver, no queremos simulación”.
Agregó que darán un plazo de aproximadamente dos meses para ver resultados y saber si estos avances son importantes para las investigaciones, sobre todo la reparación del daño de las víctimas y sus familiares.