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Con un mitin en Chilpancingo organizaciones exigen la presentación de los 43 desaparecidos

A 42 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en los ataques en Iguala, el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Arcángel Ramírez Perulero llamó a las organizaciones sociales a activarse todos los días para informar a la sociedad que el caso sigue impune. Unos 100 integrantes de la CETEG, la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), el Frente Magisterial y Ciudadano, la sección 69 del Sindicato de Telefonistas y activistas se reunieron en el antimonumento a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ubicado en el monumento a Las Banderas en la avenida Lázaro Cárdenas. Los manifestantes hicieron un mitin para exigir el esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de los jóvenes, además bloquearon la avenida mientras duró la actividad, poco más de una hora. Antes y en pausas durante las intervenciones de los dirigentes y representantes de las organizaciones sociales, el cantautor Lenin Hernández entonó canciones de protesta sobre la lucha de los padres de los normalistas desaparecidos, quienes lucharon por la educación publica y defender a las escuelas formadoras de docentes, y en contra de la violencia hacia las mujeres. En el mitin el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Hegel Mariano Ramírez dijo que los hechos en Iguala son “lamentables”, y que las autoridades deben saber que los padres de los jóvenes “no están solos” pues desde distintos espacios “seguimos recordando y seguimos exigiendo justicia y verdad”, porque es un derecho no sólo para las familias agraviadas sino para la sociedad. La dirigente del sindicato de Telefonistas, Erika Sevilla Lucas expresó que “el gobierno no nos ha dicho nada y siguen las desapariciones ¿qué está pasando?”, en referencia a que el caso Ayotzinapa no se ha resuelto, expuso que “es necesario que tomemos acciones y despertemos antes de que sea uno de nosotros, uno de nuestros hijos”. La activista Roberta Campos Adame dijo que los padres “han recorrido el mundo para decir que en Guerrero hay impunidad” y buscando a sus hijos, pero el Estado se niega a seguir las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y tampoco es sensible a las desapariciones. El representante de la sección 18 del SUSPEG, Silvestre Solano Ortiz expuso que ahora son 42 madres las que siguen en la lucha por la presentación con vida de los estudiantes, pues debido a las omisiones del Estado, Minerva Bello Guerrero madre de Everardo Rodríguez Bello murió en febrero pasado de cáncer, “no llegó a conocer la verdad histórica, no volvió a ver a su hijo”. El secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García advirtió que no se puede olvidar el 26 de septiembre de 2014, principalmente porque los 43 siguen desaparecidos. Ramírez Perulero fue el último en participar, en su mensaje expresó que cada mes las organizaciones se reúnen en el antimonumento a los 43 en Chilpancingo para exigir el esclarecimiento de los hechos, y para exhortar a las autoridades a que resuelvan el caso, pero es necesario que “empecemos a activarnos más”. “Ya basta, ya basta de seguir soportando a este Estado putrefacto de asesinatos, desapariciones, impunidad, miseria, tenemos que activarnos, no mes con mes, todos los días”, puntualizó. Llamó a los integrantes de las organizaciones a visitar a “los que no se informan, de los que se aprovecha el Estado” para decirles lo que pasa, pues ya no es posible seguir soportando esta situación impune. Al final los manifestantes entonaron el himno Venceremos con el puño izquierdo en alto.

Quien sea que sustituya a Peña, tiene que seguir la búsqueda de justicia, exigen padres de los 43

El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz Sandoval dijo que el presidente Enrique Peña Nieto les ofreció justicia pero no cumplió, demandó que no se cierre el caso y quien lo sustituya siga las investigaciones para encontrar la verdad, ya que esta administración busca cerrar el caso con la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Exigió al gobierno federal que retome las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y que no pretenda cerrar el caso con la versión del basurero, construida a partir de la tortura de los detenidos.
Ayer en conferencia de prensa en el estacionamiento de Comercial Mexicana de la colonia Emiliano Zapata en Acapulco, acompañado de Maximino Hernández, papá del normalista Carlos Lorenzo Hernández Cruz, dijo que la detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, es una estrategia para cerrar el caso y fortalecer la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que el gobierno llamó “la verdad histórica”.
De la Cruz y Maximino Hernández dijeron que la petición al gobierno es que se retomen las cuatro líneas de los expertos del GIEI, que son investigar al Ejército, la telefonía celular de los desaparecidos, el trasiego de droga de Iguala a Chicago y la participación del Ejército y de policías federales y municipales de Huitzuco.
“Vemos que con la detención de Erick el gobierno de México y la PGR quieren cerrar el caso, lo anuncian con bombo y platillo diciendo que es una gran detención, cuando sabemos que la ‘verdad histórica’ no existe y lo reafirmamos con el informe de la ONU que ratifica que hubo tortura a los detenidos, 34 de los detenidos fueron torturados”, señaló el vocero.
De las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores de que las autoridades correspondientes tendrán que atender los señalamientos que hizo la ONU-DH en su informe que indica que 34 de los detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados, Felipe de la Cruz dijo que “dentro de los políticos y el gobierno sigue la insistencia de seguir protegiendo a los responsables, debería de preocuparle al gobernador la falta de resultados”.
Aseguró que las autoridades no han cerrado el caso por la insistencia de los padres y los organismos internacionales, “pero la intención es cerrar el caso con el tema de aprehensión de La Rana, pero por lógica para nosotros eso no es verdad y siguen mintiendo en la cuestión de la verdad histórica, y hoy sabemos que está basada en la tortura”.
“La exigencia de los padres es la verdad, justicia, castigo a los responsables y la presentación de los jóvenes” dijo el vocero.
Se le mencionó que falta poco para que termine el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y se le preguntó qué le pedirán a los candidatos, y respondió, “primeramente deben saber que un crimen como éste de lesa humanidad no tiene término y el gobernante que quede, quien sea que quede, tiene la responsabilidad de continuar la búsqueda de justicia y verdad”.
“Si Peña Nieto se va no lo exime de su responsabilidad y tampoco de formar parte de ese crimen, porque a los primeros meses que sucedió nos reunimos con él como máxima autoridad en el país y se comprometió a dar con los responsables, topara con quien topara, y hoy va a salir y como topó con un pez grande, la política no puede decir quién es, no nos preocupa que se vaya porque donde quiera que esté la justicia va a llegar y él forma parte de ese crimen”, advirtió.
Precisó que el informe de la ONU-DH es una opción para seguir exigiendo a las autoridades, porque confirman que los 43 normalistas “no fueron asesinados como pretenden imponer esa verdad histórica, a nosotros como víctimas y a los mexicanos”.
Mencionó que el grupo de expertos independientes ya ha declarado que los estudiantes no fueron asesinados como dice el gobierno mexicano, que había tortura en los detenidos, la ONU lo confirma pero la PGR desestima la información, “para los familiares es relevante porque en base a tortura quieren dar un resultado y cerrar el caso”.
Maximino Hernández dijo, “lo que nosotros pedimos es que se sigan las cuatro líneas de investigación que dejaron los expertos, que hasta hoy se van a cumplir 42 meses y no han tocado esas cuatro líneas de investigación, la primera es que se investigue a los policías federales de Cocula que participaron, la segunda el trasiego de droga, según esa fue la causa de desaparición de nuestros hijos, la tercera de los celulares, que dice (el ex procurador Jesús) Murillo Karam que nuestros hijos fueron calcinados con todas sus pertenencias y estuvieron activos los celulares”.
“La cuarta línea es que se invstigue a los militares que se dieron cuenta de lo que pasó en Iguala y no hicieron nada”, dijo el papá de uno de los normalistas.
Aclaró que no defienden a nadie de los detenidos, pero criticó que hayan sido torturados para “decir esa verdad histórica del gobierno”.

 

Informa la ONU-DH que 34 detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados

 

El Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos en la Investigación del caso Ayotzinapa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), registra que de los 129 imputados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al menos 34 fueron torturados.
Para este informe se examinaron 63 de los 129 expedientes judiciales de los acusados y lo que se encontró fue que en 51 de los casos había malos tratos y en 34 hubo pruebas de tortura, informó ayer en conferencia de prensa el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.
Entre los elementos de convicción, Jarab enunció los exámenes médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) a los procesados, en los cuales se certifica la compatibilidad de las lesiones que presentaban los detenidos con actos de tortura. También la declaración de los procesados ante jueces o ministerios públicos, donde se detallan golpes, asfixia con bolsas, toques eléctricos, ahogamiento con agua, amenazas de muerte en contra de sus familiares y violencia sexual.
Estas acciones fueron efectuadas por agentes de la PGR, la Policía Federal y en algunos casos de la Secretaría de Marina.
El informe incluye el caso de Manuel Alejandro Blas Patiño, detenido el 24 de octubre de 2014 quien falleció a causa de la tortura infligida por soldados de la Marina.
Se menciona que cuando Tomás Zerón de Lucio fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, el 28 de octubre de 2014 hubo una diligencia que no fue documentada, en la que uno de los inculpados del caso, Agustín García Reyes, El Chéjere, fue sustraído sin la presencia de su defensor y sin que existiera un registro de este hecho, para ser trasladado al río San Juan en Cocula. Ante este hecho, el alto comisionado estableció que cuenta con elementos de convicción para considerar que fue detenido y torturado antes de la diligencia.
Además Zerón de Lucio aseguró que personal del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y de la ONU-DH estuvieron en el lugar, pero eso fue desmentido por ambas organizaciones.
En este análisis también se tomaron en cuenta los partes informativos sobre las demoras de hasta 17 horas que se presentaron entre la detención y la puesta a disposición en el Ministerio Público del imputado.
Asimismo, se documentaron las heridas que presentaban los detenidos. Para justificar ambas situaciones las autoridades dieron explicaciones “no plausibles”.
De las demoras se argumentó que hubo fallas de vehículos de transporte o manifestaciones en las calles. En cuanto a las heridas se dijo que eran consecuencia de riñas anteriores a la detención.
Se revisaron las declaraciones ministeriales de 19 detenidos en las que se confiesan culpables de crímenes como asociación ilícita y delitos contra la salud. En estos casos personal de la ONU-DH pudo confirmar que no tuvieron una defensa adecuada y conocían de manera vaga los delitos de los que se les acusaba.
Jarab reconoció que si bien hubo un esfuerzo de la Visitaduría General de la PGR para investigar la responsabilidad legal de algunos funcionarios en actos de tortura durante la gestión de César Chávez, esta labor se vio truncada cuando fue reemplazado en 2016.
Agregó que en ninguno de los casos de tortura se le imputó responsabilidad alguna a agentes de los ministerios públicos ni a policías, por lo cual permanecen impunes.

La tortura, pilar de una doble injusticia

Jan Jarab insistió en la necesidad de invalidar las pruebas periciales obtenidas bajo tortura y denunció que representan una doble injusticia: la violación del debido proceso, por un lado, y la falta de garantías para el acceso a la verdad.
La exclusión de este tipo de pruebas, puntualizó, no significa un riesgo de que los procesados salgan libres, siempre y cuando se cuente con más elementos de prueba.
“No se resuelve una grave violación a los derechos humanos con otra violación”, afirmó.
Este informe no contribuye a que los procesados sean liberados, insistó Jarab, sino que apela a la búsqueda de la verdad y la justicia, el rechazo a cualquier tipo de tortura y a impulsar la transición de la PGR hacia una fiscalía que verdaderamente cumpla con su deber de manera independiente y transparente, expuso.
“La decisión de liberar a los procesados no es nuestra. Apelamos a que el poder Judicial evalúe esta información. Nosotros instamos a que se respete el proceso penal y el Estado de derecho”.
El informe incluye 15 recomendaciones para el Estado mexicano, la PGR, el poder Judicial y el Legislativo. Además de no usar pruebas obtenidas mediante tortura, el alto comisionado se pronunció porque los legisladores garanticen la existencia de una fiscalía independiente y que se impulse un programa nacional para la prevención y sanción de la tortura.

Fueron torturados 34 de los detenidos por el caso Ayotzinapa: ONU-DH

Informa la ONU-DH que 34 detenidos
por el caso Ayotzinapa fueron torturados

En los exámenes médicos se certifican lesiones, y en declaraciones se detallan golpes, asfixia con bolsas, toques eléctricos, ahogamiento con agua, amenazas de muerte y violencia sexual, dice el representante en México del organismo, Jan Jarab. Las torturas fueron cometidas por agentes de la PGR, la PF y la Marina. En su informe se incluye un caso de un imputado que falleció a causa del tormento

El Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos en la Investigación del caso Ayotzinapa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), registra que de los 129 imputados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al menos 34 fueron torturados.
Para este informe se examinaron 63 de los 129 expedientes judiciales de los acusados y lo que se encontró fue que en 51 de los casos había malos tratos y en 34 hubo pruebas de tortura, informó ayer en conferencia de prensa el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.
Entre los elementos de convicción, Jarab enunció los exámenes médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) a los procesados, en los cuales se certifica la compatibilidad de las lesiones que presentaban los detenidos con actos de tortura. También la declaración de los procesados ante jueces o ministerios públicos, donde se detallan golpes, asfixia con bolsas, toques eléctricos, ahogamiento con agua, amenazas de muerte en contra de sus familiares y violencia sexual.
Estas acciones fueron efectuadas por agentes de la PGR, la Policía Federal y en algunos casos de la Secretaría de Marina.
El informe incluye el caso de Manuel Alejandro Blas Patiño, detenido el 24 de octubre de 2014 quien falleció a causa de la tortura infligida por soldados de la Marina.
Se menciona que cuando Tomás Zerón de Lucio fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, el 28 de octubre de 2014 hubo una diligencia que no fue documentada, en la que uno de los inculpados del caso, Agustín García Reyes, El Chéjere, fue sustraído sin la presencia de su defensor y sin que existiera un registro de este hecho, para ser trasladado al río San Juan en Cocula. Ante este hecho, el alto comisionado estableció que cuenta con elementos de convicción para considerar que fue detenido y torturado antes de la diligencia.
Además Zerón de Lucio aseguró que personal del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y de la ONU-DH estuvieron en el lugar, pero eso fue desmentido por ambas organizaciones.
En este análisis también se tomaron en cuenta los partes informativos sobre las demoras de hasta 17 horas que se presentaron entre la detención y la puesta a disposición en el Ministerio Público del imputado.
Asimismo, se documentaron las heridas que presentaban los detenidos. Para justificar ambas situaciones las autoridades dieron explicaciones “no plausibles”.
De las demoras se argumentó que hubo fallas de vehículos de transporte o manifestaciones en las calles. En cuanto a las heridas se dijo que eran consecuencia de riñas anteriores a la detención.
Se revisaron las declaraciones ministeriales de 19 detenidos en las que se confiesan culpables de crímenes como asociación ilícita y delitos contra la salud. En estos casos personal de la ONU-DH pudo confirmar que no tuvieron una defensa adecuada y conocían de manera vaga los delitos de los que se les acusaba.
Jarab reconoció que si bien hubo un esfuerzo de la Visitaduría General de la PGR para investigar la responsabilidad legal de algunos funcionarios en actos de tortura durante la gestión de César Chávez, esta labor se vio truncada cuando fue reemplazado en 2016.
Agregó que en ninguno de los casos de tortura se le imputó responsabilidad alguna a agentes de los ministerios públicos ni a policías, por lo cual permanecen impunes.

La tortura, pilar de una doble injusticia

Jan Jarab insistió en la necesidad de invalidar las pruebas periciales obtenidas bajo tortura y denunció que representan una doble injusticia: la violación del debido proceso, por un lado, y la falta de garantías para el acceso a la verdad.
La exclusión de este tipo de pruebas, puntualizó, no significa un riesgo de que los procesados salgan libres, siempre y cuando se cuente con más elementos de prueba.
“No se resuelve una grave violación a los derechos humanos con otra violación”, afirmó.
Este informe no contribuye a que los procesados sean liberados, insistó Jarab, sino que apela a la búsqueda de la verdad y la justicia, el rechazo a cualquier tipo de tortura y a impulsar la transición de la PGR hacia una fiscalía que verdaderamente cumpla con su deber de manera independiente y transparente, expuso.
“La decisión de liberar a los procesados no es nuestra. Apelamos a que el poder Judicial evalúe esta información. Nosotros instamos a que se respete el proceso penal y el Estado de derecho”.
El informe incluye 15 recomendaciones para el Estado mexicano, la PGR, el poder Judicial y el Legislativo. Además de no usar pruebas obtenidas mediante tortura, el alto comisionado se pronunció porque los legisladores garanticen la existencia de una fiscalía independiente y que se impulse un programa nacional para la prevención y sanción de la tortura.
 

“Casos excepcionales” la tortura a detenidos por el caso Ayotzinapa, responde el gobierno

 

Tras los señalamientos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), respecto a evidencias de tortura en 34 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno federal aseguró que esa práctica no ha sido acreditada con base en dictámenes del Protocolo de Estambul, “salvo en algunos casos excepcionales”.
En un comunicado conjunto, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Cancillería señalaron que el informe no aporta elementos nuevos para avanzar en la investigación.
Indicaron que el documento aborda aspectos que ya señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al tiempo que se omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales.
La PGR dijo que le preocupa “de manera especial” el informe que señala tortura y otras violaciones a sus garantías fundamentales durante y después de su detención por agentes del gobierno federal.
Tras la difusión del documento, la PGR circuló un boletín donde hace algunas aclaraciones en nombre del “gobierno Mexicano”, “sobre supuestas violaciones de derechos humanos durante la investigación del caso Iguala”, y precisa que las torturas referidas fueron “excepcionales”. “Preocupa de manera especial que el informe de la OACNUDH (la ONU-DH) arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del poder Judicial”, agrega.
Como lo reconoce el órgano de la ONU, añade, este informe se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el GIEI, “cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes”.
Afirma que el informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso.
En su texto, la PGR dice que el caso “es objeto de un trabajo intenso con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por dicha Comisión”.
Destaca que como se informó a la CIDH en su último periodo de sesiones celebrado en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo de 2018, “la investigación de este caso constituye un esfuerzo sin precedentes del Estado mexicano que ha registrado avances importantes recientes, que no se consideran en el informe”.
Sostiene que en las últimas semanas se ha allegado información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas.
“Su informe omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul). Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el informe”.
Al respecto –y como también se informó a la CIDH–, de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente, agrega.
Resalta que continúan las diligencias, aunado a que existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales.
La víspera de la difusión del informe de la ONU-DH, la PGR y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se adelantaron y presumieron que agentes de la Policía Federal (PF) detuvieron el lunes 12 a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, presunto integrante de la organización criminal Guerreros Unidos y quien habría participado en la desaparición de los 43. (Agencia Proceso / Ciudad de México).

Es necesaria la verdad para reparar el daño a familiares de los 43, dice el informe de Fundar

Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa es el informe elaborado por cuatro psicólogas, una antropóloga y médicos coordinado por Fundar Centro de Análisis e Investigación, que recopila decenas de testimonios de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y otras víctimas, además de sobrevivientes de los ataques a estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A más de 41 meses de los ataques contra los estudiantes el documento fue presentado este miércoles en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco (CCUT), donde la directora de Fundar, Haydeé Pérez indicó que el gobierno federal se negó a reconocerlo, a pesar de que fue hecho como una respuesta a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la presentación del texto las madres representantes de las familias de los 43 y organizaciones civiles denunciaron que la autoridad “administra políticamente” el dolor de los deudos, que buscan a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
“Este informe es más que un recuento de agravios y el pasado 2 de marzo el Estado mexicano tuvo la oportunidad de asumir un compromiso real con la dignificación de las víctimas, al comprometerse a tomar como base los hallazgos y recomendaciones de este informe para llevar a cabo planes de atención y, en su caso, de reparación, pero el gobierno ha desdeñado esta nueva oportunidad al negarse a firmar una declaración de intención de cumplimiento de este diagnóstico”, denunció Pérez.
“El Estado evidencia nuevamente su falta de voluntad política para cumplir las recomendaciones del GIEI y confirma que su única intención sigue siendo la de administrar políticamente las demandas de verdad y justicia de las madres y padres de Ayotzinapa”, señaló.
El director del CCUT, Ricardo Raphael de la Madrid invitó a no olvidar el caso: “este texto pone contra la pared a aquellos que quieren que el asunto se deje de lado. Eso significaría matar la semilla que México se merece”.

Todos estamos afectados, dice integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU

En su intervención Hilda Hernández, madre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, indicó que las madres y padres de los estudiantes lloraron, gritaron e imaginaron lo peor cuando escucharon por primera vez la versión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que dice que los jóvenes fueron incinerados y luego fue desacreditada científicamente por expertos internacionales.
“Mucha gente nos juzga y dice que lo único que queremos es no trabajar. Nosotros ya no tenemos una vida, morimos poco a poco porque parece que fue ayer cuando se llevaron a nuestros hijos. Seguimos más firmes que nunca porque amamos a nuestros hijos”, expuso.
La coordinadora del informe, Ximena Antillón detalló que una de las conclusiones es que no puede haber una reparación monetaria si primero no se informa la verdad, y luego se hace justicia, “se dice a los padres que deben enfrentar el duelo, pero ellos no pueden hacer eso porque no tienen certeza de lo que ocurrió a sus hijos”.
Por su parte el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Mario Patrón quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, resumió en cuatro diferentes momentos los casi tres años y medio que han transcurrido desde el 26 de septiembre de 2014.
Un primer momento, indicó, fue el de la “verdad histórica”, en la cual el gobierno pretendía “salir del embrollo político más que llegar a la verdad de los hechos”. Después llegó el “momento de la supervisión internacional”, cuando el GIEI comprobó que no había sustento científico para la teoría del basurero de Cocula.
El tercer momento, continuó Patrón, consistió en proteger a los funcionarios que crearon la versión de que los estudiantes fueron incinerados, y el “último momento está marcado por lo que llamamos la etapa de la administración políticamente correcta, donde se dice que se investiga al Ejército, Policía Federal, al Estado, a otras instituciones de seguridad municipal. En esta etapa de alguna manera se van cayendo algunos argumentos de la teoría del caso inicial, pero no se termina de dar el paso comprometido frente a la verdad”.
El integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rainer Huhle se dijo sorprendido sobre cómo el informe “toma el núcleo de los padres de los desaparecidos para terminar demostrando que el caso Ayotzinapa impactó en muchas personas más. De alguna manera todos estamos afectados”, señaló.

El dolor más grande

Haydeé Pérez detalló a El Sur que el Centro Prodh invitó a Fundar a elaborar el informe en seguimiento a la recomendación del GIEI.
“En su segundo informe sugieren conformar un equipo multidisciplinario, independiente, capaz y que cuente con la confianza de los familiares para llevar a cabo un estudio psicosocial”, expuso.
Aparte, el padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, Mario César González Contreras indicó que el informe contiene testimonios de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos.
“Es muy fuerte el dolor, el más grande. Te acabas, te mueres, revives, ya no sabes quién eres. Para los 43 padres de familia la reparación del daño es el paradero de los muchachos, castigo a los culpables y saber qué pasó ese 26 de septiembre. Nada más”.
“Mi mujer y yo no tuvimos hijos para venderlos. Es impresionante el dolor que se siente ahora al ver a tu esposa pedir la localización de tu hijo cuando lo único que él quería era trabajar. Son sentimientos muy encontrados y ojalá la gente de Guerrero tuviera consciencia un poco más de lo que hemos sufrido los 43 padres”.

El duelo imposible

Entre las conclusiones del informe de 523 cuartillas se indica que para los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “los ataques en Iguala resultaron traumáticos por su carácter violento, inesperado, abrupto y sin sentido”, que sobreviven “con la sensación de que el tiempo se ha detenido”, y viven “un intenso sufrimiento emocional con la necesidad de justicia como posibilidad de dar sentido a los hechos”.
El estudio sobre las secuelas en salud, físicas y psicológicas que dejó la noche de Iguala habla de cómo concuerdan los sobrevivientes y familiares de las víctimas en “la imposibilidad de darle sentido” a los hechos, en la “ruptura de la confianza en las autoridades” y en “la situación de impunidad que obstaculiza conocer la verdad, como soporte del proceso de elaboración psíquica”.
Uno de los hallazgos relevantes es que, al estar involucrados agentes del Estado en los ataques a los normalistas y la desaparición forzada de éstos, los familiares y víctimas “cuestionan la función protectora que hasta entonces le atribuían”, y eso genera “sentimientos de indefensión, desamparo y vulnerabilidad”.
Los investigadores identificaron que la vivencia del tiempo detenido “condensa los impactos traumáticos de la desaparición forzada y la desesperación de que, a pesar de la movilización y búsqueda permanente, los familiares no logran saber de sus hijos”, y por eso “el duelo no tiene lugar, porque no saben si sus hijos están vivos o muertos”.
El informe indica que “la difusión de una versión oficial sin mayor sustento científico sobre los hechos, y los posteriores momentos en que el Estado reitera esa versión pese a los argumentos científicos que la ponen en duda, han generado impactos retraumatizantes en los familiares y ha acentuado la desconfianza en el Estado”.
El estudio elaborado entre noviembre de 2015 y abril de 2016, está basado en 64 entrevistas en más de 40 horas de grabación, así como expedientes médicos de 55 familiares de las víctimas.
De los estudiantes sobrevivientes, dice el documento, “son las víctimas no reconocidas en medio de una tragedia de enormes dimensiones” y presentan “daños graves a nivel psicosocial”.

 

Fue encarcelado en Durango el presunto integrante de Guerreros Unidos, La Rana

La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) internó en la cárcel federal de Gómez Palacio, Durango, a Erick Sandoval Rodríguez, La Rana, acusado de estar implicado en el plagio y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Según fuentes federales, la noche del lunes, el mismo día en que fue detenido en Cocula, la PGR lo trasladó de la Ciudad de México a Durango, en cumplimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro.
Según fuentes allegadas al caso, el presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos rendirá su declaración preparatoria vía exhorto ante un juez federal en Gómez Palacio.
El mandato de captura librado contra La Rana corresponde a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el pliego de consignación original, el juez Primero de Distrito en Procesos Penales de Tamaulipas giró las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro, pero las negó por desaparición forzada.
Un testimonio recabado por la PGR, el de Jonathan Osorio, El Jona, ubica a Sandoval Rodríguez en el basurero de Cocula en el momento de la supuesta incineración de los cuerpos de los estudiantes.
Por su captura la PGR ofrecía una recompensa de 1 millón 500 mil pesos.
Para los padres de los normalistas esta detención sólo demuestra que la Procuraduría está interesada en consolidar su versión que señala que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

 

Es necesaria la verdad para reparar el daño a familiares de los 43, advierten

Es necesaria la verdad para reparar el daño a familiares de los 43, dice el informe de Fundar

Presentan Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, que concluye que los parientes sobreviven “con la sensación de que el tiempo se ha detenido”, y en “un intenso sufrimiento emocional”. El gobierno federal se negó a reconocer el documento a pesar de que lo recomendaron el GIEI y la CNDH, informa la directora del organismo, Haydeé Pérez. Se “administra políticamente” su dolor, señalan los padres

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa es el informe elaborado por cuatro psicólogas, una antropóloga y médicos coordinado por Fundar Centro de Análisis e Investigación, que recopila decenas de testimonios de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y otras víctimas, además de sobrevivientes de los ataques a estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A más de 41 meses de los ataques contra los estudiantes el documento fue presentado este miércoles en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco (CCUT), donde la directora de Fundar, Haydeé Pérez indicó que el gobierno federal se negó a reconocerlo, a pesar de que fue hecho como una respuesta a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la presentación del texto las madres representantes de las familias de los 43 y organizaciones civiles denunciaron que la autoridad “administra políticamente” el dolor de los deudos, que buscan a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
“Este informe es más que un recuento de agravios y el pasado 2 de marzo el Estado mexicano tuvo la oportunidad de asumir un compromiso real con la dignificación de las víctimas, al comprometerse a tomar como base los hallazgos y recomendaciones de este informe para llevar a cabo planes de atención y, en su caso, de reparación, pero el gobierno ha desdeñado esta nueva oportunidad al negarse a firmar una declaración de intención de cumplimiento de este diagnóstico”, denunció Pérez.
“El Estado evidencia nuevamente su falta de voluntad política para cumplir las recomendaciones del GIEI y confirma que su única intención sigue siendo la de administrar políticamente las demandas de verdad y justicia de las madres y padres de Ayotzinapa”, señaló.
El director del CCUT, Ricardo Raphael de la Madrid invitó a no olvidar el caso: “este texto pone contra la pared a aquellos que quieren que el asunto se deje de lado. Eso significaría matar la semilla que México se merece”.

Todos estamos afectados, dice integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU

En su intervención Hilda Hernández, madre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, indicó que las madres y padres de los estudiantes lloraron, gritaron e imaginaron lo peor cuando escucharon por primera vez la versión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que dice que los jóvenes fueron incinerados y luego fue desacreditada científicamente por expertos internacionales.
“Mucha gente nos juzga y dice que lo único que queremos es no trabajar. Nosotros ya no tenemos una vida, morimos poco a poco porque parece que fue ayer cuando se llevaron a nuestros hijos. Seguimos más firmes que nunca porque amamos a nuestros hijos”, expuso.
La coordinadora del informe, Ximena Antillón detalló que una de las conclusiones es que no puede haber una reparación monetaria si primero no se informa la verdad, y luego se hace justicia, “se dice a los padres que deben enfrentar el duelo, pero ellos no pueden hacer eso porque no tienen certeza de lo que ocurrió a sus hijos”.
Por su parte el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Mario Patrón quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, resumió en cuatro diferentes momentos los casi tres años y medio que han transcurrido desde el 26 de septiembre de 2014.
Un primer momento, indicó, fue el de la “verdad histórica”, en la cual el gobierno pretendía “salir del embrollo político más que llegar a la verdad de los hechos”. Después llegó el “momento de la supervisión internacional”, cuando el GIEI comprobó que no había sustento científico para la teoría del basurero de Cocula.
El tercer momento, continuó Patrón, consistió en proteger a los funcionarios que crearon la versión de que los estudiantes fueron incinerados, y el “último momento está marcado por lo que llamamos la etapa de la administración políticamente correcta, donde se dice que se investiga al Ejército, Policía Federal, al Estado, a otras instituciones de seguridad municipal. En esta etapa de alguna manera se van cayendo algunos argumentos de la teoría del caso inicial, pero no se termina de dar el paso comprometido frente a la verdad”.
El integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rainer Huhle se dijo sorprendido sobre cómo el informe “toma el núcleo de los padres de los desaparecidos para terminar demostrando que el caso Ayotzinapa impactó en muchas personas más. De alguna manera todos estamos afectados”, señaló.

El dolor más grande

Haydeé Pérez detalló a El Sur que el Centro Prodh invitó a Fundar a elaborar el informe en seguimiento a la recomendación del GIEI.
“En su segundo informe sugieren conformar un equipo multidisciplinario, independiente, capaz y que cuente con la confianza de los familiares para llevar a cabo un estudio psicosocial”, expuso.
Aparte, el padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, Mario César González Contreras indicó que el informe contiene testimonios de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos.
“Es muy fuerte el dolor, el más grande. Te acabas, te mueres, revives, ya no sabes quién eres. Para los 43 padres de familia la reparación del daño es el paradero de los muchachos, castigo a los culpables y saber qué pasó ese 26 de septiembre. Nada más”.
“Mi mujer y yo no tuvimos hijos para venderlos. Es impresionante el dolor que se siente ahora al ver a tu esposa pedir la localización de tu hijo cuando lo único que él quería era trabajar. Son sentimientos muy encontrados y ojalá la gente de Guerrero tuviera consciencia un poco más de lo que hemos sufrido los 43 padres”.

El duelo imposible

Entre las conclusiones del informe de 523 cuartillas se indica que para los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “los ataques en Iguala resultaron traumáticos por su carácter violento, inesperado, abrupto y sin sentido”, que sobreviven “con la sensación de que el tiempo se ha detenido”, y viven “un intenso sufrimiento emocional con la necesidad de justicia como posibilidad de dar sentido a los hechos”.
El estudio sobre las secuelas en salud, físicas y psicológicas que dejó la noche de Iguala habla de cómo concuerdan los sobrevivientes y familiares de las víctimas en “la imposibilidad de darle sentido” a los hechos, en la “ruptura de la confianza en las autoridades” y en “la situación de impunidad que obstaculiza conocer la verdad, como soporte del proceso de elaboración psíquica”.
Uno de los hallazgos relevantes es que, al estar involucrados agentes del Estado en los ataques a los normalistas y la desaparición forzada de éstos, los familiares y víctimas “cuestionan la función protectora que hasta entonces le atribuían”, y eso genera “sentimientos de indefensión, desamparo y vulnerabilidad”.
Los investigadores identificaron que la vivencia del tiempo detenido “condensa los impactos traumáticos de la desaparición forzada y la desesperación de que, a pesar de la movilización y búsqueda permanente, los familiares no logran saber de sus hijos”, y por eso “el duelo no tiene lugar, porque no saben si sus hijos están vivos o muertos”.
El informe indica que “la difusión de una versión oficial sin mayor sustento científico sobre los hechos, y los posteriores momentos en que el Estado reitera esa versión pese a los argumentos científicos que la ponen en duda, han generado impactos retraumatizantes en los familiares y ha acentuado la desconfianza en el Estado”.
El estudio elaborado entre noviembre de 2015 y abril de 2016, está basado en 64 entrevistas en más de 40 horas de grabación, así como expedientes médicos de 55 familiares de las víctimas.
De los estudiantes sobrevivientes, dice el documento, “son las víctimas no reconocidas en medio de una tragedia de enormes dimensiones” y presentan “daños graves a nivel psicosocial”.

Acude Guillermo del Toro a presentación del  documental sobre la desaparición de los 43

Al finalizar la proyección en el Festival de Cine de Guadalajara los asistentes contaron en voz alta cada número hasta llegar al de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala

Abril Valadez y Jonathan Hernández / Agencia Reforma

Guadalajara

Guillermo del Toro lanzó su nueva producción, el documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).
Antes de la proyección, realizada ayer en la Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas, el director de La Forma del Agua subió al escenario junto con la productora Bertha Navarro y parte del equipo de realizadores del largometraje, sin emitir algún discurso.
Al iniciar la muestra, el director pasó a tomar lugar entre el público.
La película dirigida por Enrique García Meza, que fue vista por algunas personalidades como los actores Ofelia Medina y Damián Alcázar, presenta el caso Ayotzinapa con testimonios de familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en esta población guerrerense en 2014, y expone el proceso de justicia que enfrentan hasta hoy y el sufrimiento por la pérdida e incertidumbre.
Al culminar la proyección, mientras Del Toro salía de la sala, los asistentes se dedicaron a contar en voz alta hasta el 43.

Creará con Karla Castañeda película en stop motion

La realizadora de animación tapatía Karla Castañeda será producida por Guillermo Del Toro.
La historia, abundó la cineasta, será escrita por ambos y aún carece de un nombre definitivo, aunque confirma, será en español.
“Me dijo: ‘Siéntate. Te voy a contar algo, tu corto es un largo’. Abrimos el cuaderno y empezamos a hacer la estructura tal cual, los tres actos, a soltar cosas”, recuerda Castañeda sobre la reunión que sostuvo el sábado pasado con el cineasta ganador del Oscar.
“Él tenía un guión que se parecía mucho y empezamos a tener muchas cosas en común. Me dijo: ‘¿Qué te parece si coescribimos’”.
La temática del largometraje que crearán en la técnica stop motion tendrá como ejes la muerte, los ciclos de la vida, combinados con la influencia del realismo mágico y un poco de terror.
“Siempre tengo algo con la muerte, no sé por qué… mi tercer corto (que ahora será el largometraje que producirá al lado de Guillermo) era mi trilogía de la muerte, las coincidencias con Jacinta y La Noria es que la temática es la pérdida y el género fantástico.
“La primera frase que me dijo fue: ‘El nivel máximo de la amistad es perdonar el éxito’”, cuenta.
Con este tipo de acciones, Del Toro pone de manifiesto lo que expresó en las tres charlas que ofreció en esta ciudad, apoyar a la nueva generación de creadores, apostar por otro tipo de proyectos y géneros, así como descentralizar la producción de filmes en el país.
“Para mí es como un regalo infinito y de una gran humildad”, puntualiza Castañeda.

Toman alumnos de Ayotzinapa la caseta de Huitzuco y organizaciones hacen un mitin en la capital por los 43

 

Como parte de la acción global a 41 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, alumnos de dicha escuela tomaron la mañana de ayer la caseta de Paso Morelos de la Autopista del Sol en el municipio de Huitzuco, y por la tarde organizaciones sindicales hicieron un acto político en Chilpancingo.
Según reportes de fuentes policiacas de Seguridad Pública Federal, a las 10:30 de la mañana unos 40 normalistas llegaron a la caseta en un autobús Costa Line con número 2014, iban cubiertos del rostro con playeras y levantaron las plumas de metal y pidieron cooperación a los automovilistas para continuar con sus actividades de lucha en reclamo de justicia y presentación de sus 43 compañeros desaparecidos en Iguala hace tres años y cinco meses.
Los normalistas mostraron una manta en la protesta donde exigían el cumplimiento a las cuatro líneas de investigación sugeridas por el grupo de expertos independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Demandaron la investigación a los policías de Huitzuco por su probable responsabilidad en uno de los ataques al grupo de estudiantes que iba en el quinto autobús, donde según las investigaciones también participaron policías federales. Además una investigación a soldados del 27 Batallón de Infantería en Iguala, investigar las líneas telefónicas de los estudiantes que siguieron funcionando después de su desaparición y el trasiego de droga en autobuses del servicio público de la ruta Iguala-Chicago.
Se dio a conocer que la protesta de los normalistas concluyó a las 12 del mediodía y después liberaron la carretera y salieron con dirección a la Ciudad de México.

Chilpancingo

Por otra parte en la capital del estado unos 80 trabajadores de diferentes sindicatos y activistas sociales se reunieron como cada 26 de mes en la glorieta de Banderas donde colocaron el número 43 en una placa que denominaron el antimonumento, en solidaridad con los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Ofelio Martínez Llanes calificó los hechos de Iguala como una barbarie de la que el Estado no ha dado respuesta
Asimismo el secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Alfredo Ramírez García también llamó a la movilización de organizaciones en todo el país para impedir la aplicación de la Ley de Seguridad Interior que en estos momentos se encuentra en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Llamó a mantener la unidad en la lucha y anunció que su sindicato convoca a las organizaciones sindicales a una reunión el 3 y 4 de marzo para discutir las acciones por la abrogación de las reformas estructurales.
“No podemos permitir más agravios a comunicadores, detenciones de luchadores sociales, tenemos muchas tareas y estar alerta porque el primero de julio los mexicanos tenemos la oportunidad de cambiar el estado de indefensión”, dijo sobre las elecciones conjuntas de presidente de la República, Congreso de la Unión, así como los comicios locales de Ayuntamientos y diputados.
De la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame recordó que los ataques a los normalistas en Iguala evidenciaron ante el mundo la colusión de autoridades con la delincuencia organizada.
Informó que el primero de marzo en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) están convocando a la discusión de los procesos de lucha del país, sin olvidar los agravios contra los 43 y miles de desaparecidos en el país.
De UPN el profesor, José Luis Ayala subrayó que además de la actividad simbólica que cada mes se hace en ese lugar por la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, todos los días los activistas deben hacer conciencia con los amigos, los vecinos, compañeros de trabajo sobre la barbarie que ocurre todos los días en la entidad.
“Al terminar este evento debemos transmitir este mensaje a las personas receptivas para que sea multiplicado, ese es el mejor mensaje de solidaridad con los padres de los normalistas y con la sociedad”.
Del Frente Magisterial Popular, Aracely Fierro destacó la caravana de los padres de los 43 normalistas en el norte y sureste del país que terminó hoy con la acción global en la Ciudad de México, “recordemos que muchas familias llegan ahí a dar aliento a su lucha. Por esa razón decimos que ellos han sido un ejemplo de lucha para nosotros”.
Asimismo, del Comité de los mártires del 60, Roberta Campos Adame recordó que desde los ataques en Iguala y la desaparición de los 43 se han abierto muchas fosas clandestinas en el país, la primera en Guerrero.
Denunció que el ex procurador, Jesús Murillo Karam presentó un basurero como una fosa para decir que ahí habían sido incinerados los estudiantes, aunque los padres nunca dieron crédito a esa versión y fue necesaria la intervención de expertos internacionales para descartar la versión de las investigaciones.
Señaló que entre las líneas de investigación que los expertos recomendaron está la que involucra al Ejército, el mismo que en el año 1960 masacró a personas que se solidarizaron con el movimiento estudiantil en Chilpancingo.
Insistió en que a los 43 normalistas se los llevaron los soldados, para confirmarlo destacó que la autoridades se niegan a investigar a las fuerzas castrenses.
Por su parte la secretaria de la sección 18 del SUSPEG, María Adelita Radilla agregó que el antimonumento se instaló en ese lugar para que la población vea todos los días que 43 estudiantes se encuentran desaparecidos y que el mismo número de familias comenzaron una lucha que rompió el silencio de miles que salieron a las calles a buscar a sus hijos desaparecidos.
“En este camino, a tres años con cinco meses ha quedado una madre que no supo dónde quedó su hijo”, en referencia a la señora Minerva Bello, mamá del normalista desaparecido Everardo Rodríguez Bello que falleció el 5 de febrero sin conocer el paradero de su hijo.
Cerró el mitin el coordinador de la Comisión Política de la CETEG con el llamado a la unidad, además anunció que el 9 y 10 de marzo habrá un Congreso Político Extraordinario donde también están convocando a organizaciones y movimientos en el estado.

 

Marchan padres de los 43 con víctimas de Nochixtlán, en Oaxaca; acuerdan unir luchas

Padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa acordaron conjuntar esfuerzos con el Comité de Víctimas por la Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic).
El lunes la caravana Rompiendo el silencio y el olvido que recorre el sur del país estuvo en Nochixtlán, Oaxaca, donde hubo un mitin en el monumento a los asesinados el 19 de junio de 2016 durante los desalojos a balazos de la Policía Federal, informó el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
El presidente del Covic, Santiago Ambrosio expresó que “hoy más que nunca los dolores se unen como igual, los movimientos, porque es lo único que puede derrocar al gobierno fascista de Enrique Peña Nieto. Nos queda claro que enfrentamos una embestida del Estado hacia las organizaciones sociales, a los defensores de derechos humanos, a los luchadores sociales, a los estudiantes y al pueblo en general. La única alternativa es la unión de los movimientos sociales, los referentes, los normalistas, el magisterio y las comunidades, porque sabemos que por la vía jurídica la justicia no va a llegar”.
La madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio, Cristina Bautista dijo “para nosotros como madres y padres de familia nos sentimos igual y los entendemos, porque nosotros a más de 40 meses de la desaparición de nuestros hijos seguimos en pie de lucha”.
Mencionó que en Nochixtlán no se olvida el 19 de junio y “estamos aquí para darnos fuerza porque es el mismo dolor, es el mismo enemigo: el gobierno mexicano que asesinó a tres normalistas y a tres civiles, y 43 fueron desaparecidos”.
En la actividad los integrantes del Covic y los padres de los normalistas desaparecidos coincidieron en que tienen que caminar juntos para exigir justicia.
“Fue el estado quien asesinó a los compañeros el 19 de junio y así lo decimos con nuestros hijos. Es necesario unir las voces para frenar al sistema del gobierno, para que no nos sigan desapareciendo. Lucharemos por los presos políticos, por nuestros recursos naturales, el agua, y nosotros lo que más queremos es que nos regresen con vida a nuestros hijos”, expresó Cristina Bautista.
Rosales Sierra conmemoró a las víctimas del 19 de junio, “que fueron asesinados por defender el derecho a la educación”, eran integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Luego del mitin se llevó a cabo una marcha y una reunión en la que se acordó “acudir y conjuntar fuerzas para la sexta convención del 17 y 18 de marzo en la Ciudad de México, participar en la acción global por Ayotzinapa el 26 de febrero a 43 meses de la desaparición de los normalistas, así como la solidaridad de las madres y padres con las familias víctimas de Nochixtlán con el fin de unir las luchas más allá de las demandas y objetivos de cada organización”.
De acuerdo con Rosales Sierra el propósito de las caravanas es la exigencia de presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa, y “denunciar las atrocidades que comete el Estado mexicano mediante la desaparición, los asesinatos, el encarcelamiento de las voces dignas que salen a luchar por mejores condiciones de vida”.

Ocupan maestros y padres de los 43 las casetas de la Autopista del Sol en Acapulco y Chilpancingo

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron las casetas de Palo Blanco y La Venta, en la Autopista del Sol, para exigir a los tres órdenes de gobierno que den con el paradero de los estudiantes.
En Acapulco padres y estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) tomaron 3 horas la caseta de La Venta, para recabar fondos para la gira al centro y norte de México.
A las 11 de la mañana unos 300 manifestantes llegaron a la caseta de cobro en la de Palo Blanco, en Chilpancingo, la tomaron unas cuatro horas y pidieron a los automovilistas una cooperación de 50 pesos, para recaudar fondos para las caravanas informativas que saldrán el 15 de febrero a distintos puntos del país, como parte de la lucha por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador dijo que las rutas de las caravanas que van a salir al sur será en los estado de Chiapas, Oaxaca y Puebla, la ruta del Bajío será en Torreón, Coahuila, Mexicali, Zacatecas y al norte del país en Querétaro, San Luis Potosí y Guadalajara.
Bautista Salvador comentó que las movilizaciones serán porque a más de 40 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los tres niveles de gobierno no han dado avances de las investigaciones ni dan con los responsables de los ataques de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Informó que el 16 y 17 de marzo se celebrará en la Ciudad de México la sexta convención por la desaparición de los normalistas, “porque las autoridades no han dado respuesta de la desaparición de nuestros hijos, por eso vamos a hacer actividades para seguir luchando que atiendan nuestras demandas, seguimos en pie de lucha, que se investigue al Ejército y a los policías municipales de Huitzuco”.
El secretario general de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero dijo que en la reunión del lunes con el secretario de Educación Guerrero, José Luis González de la Vega Otero y el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame sobre sus demandas laborales hubo avances “aceptables” y que continuarán las mesas de diálogo.
Reiteró que las movilizaciones de ayer son parte de las actividades de los tres días de la jornada de lucha en repudio al Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el que fue reelecto Juan Díaz de la Torre, “quien es un charro y nunca representó a la base trabajadora”.
Además rechazó la Ley de Seguridad Interior “porque esa ley no sirve para nada, creemos que no garantiza la seguridad a la población”.
El martes los cetegistas protestaron en la capital del estado para exigir la instalación de mesas de diálogo con el gobierno estatal, al que en mayo del año pasado entregaron su pliego de demandas y aún no tienen una solución.

En Acapulco

A las 12 del día dos camiones llegaron a la caseta de La Venta, de ellos descendieron los normalistas y los padres de los 43 desaparecidos quienes se ubicaron por una hora en los módulos de cobro en dirección a Acapulco, debido a que en la otra parte estaban los estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física, que se retiraron a la 1 de la tarde.
Los normalistas con los rostros cubiertos se colocaron en los costados de las casetas donde solicitaron a cada uno de los automovilistas una cooperación de 50 pesos.
A los usuarios le explicaban que el dinero sería para continuar la lucha de los padres de los estudiantes desaparecidos, que no se detendrá sea quien sea el nuevo presidente del país.
Pero no todos los automovilistas accedieron a dar la cooperación solicitada, y pese a ello los estudiantes les dieron el paso. En la toma de la caseta no se reportaron incidentes, ni siquiera pintas.
En declaraciones el vocero de los padres de los 43 normalistas, Felipe de la Cruz indicó que la actividad era una de tantas a 41 meses de la desaparición de los estudiantes para recaudar fondos y seguir la lucha.
Indicó que el dinero recolectado servirá para la caravana que visitará las estados del centro y norte del país, para recordar a la población que la búsqueda de los estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre sigue y no está apagada, pero sobre todo el empeño de los padres de seguir y no detenerse.
El vocero dijo que la gente debe de saber la negligencia del gobierno respecto a las investigaciones en torno al caso de los normalistas atacados por policías municipales de Iguala y un grupo del crimen.
A las 3 de la tarde unos 80 normalistas y la representación de los padres de los 43 desaparecidos se retiraron de la caseta de La Venta en dos autobuses con dirección a Chilpancingo.