La pobreza de su familia y la muerte temprana de su papá Justino obligaron a Ubaldo a trabajar en la Ciudad de México al terminar la primaria. Llegó con su primo Rosalío que se dedicaba a la venta de frutas en la colonia Gómez Farías. De día le ayudaba a vender y a cargar las cajas y los bultos, y por la noche dormía en la camioneta para cuidar la mercancía en Anillo de Circunvalación. Fueron años arduos y extenuantes. No tuvo oportunidad de estudiar, mucho menos de convivir con amigos. Con el tiempo consiguió un trabajo en la Marina, pero su raquítico sueldo nunca le permitió solventar sus necesidades más apremiantes. Tenía la responsabilidad de apoyar a doña Guadalupe, para sostener a 4 de los 7 hermanos.
Con la idea de poner un negocio de frutas que cosechaban en la Cañada, Ubaldo ya no regresó a Tlaquiltepec, su tierra natal. Con dos hermanos mayores rentaron un local en el centro de Tlapa. A pesar de que las ventas eran buenas, el mayor interés de Ubaldo era estudiar la secundaria. Se inscribió en la escuela nocturna Antonia Nava de Catalán, donde se reencontró con lo que más le gustaba: leer y escribir cuentos.
En marzo de 1979 el presidente de la República José López Portillo inauguró la primera radiodifusora indigenista en la ciudad de Tlapa conocida como La Voz de la Montaña. Fue una iniciativa importante que tuvo un gran impacto en la región por el secular abandono y la incomunicación que imperaba en la región. Ubaldo fue parte de los jóvenes fundadores de la radio que le dieron un gran impulso con la creación de programas que atrajeron la atención de las comunidades indígenas. “Nuestras bandas”, “Resonancias”, “El correo de los amigos” y la sección de avisos marcaron el sello distintivo de la Voz. Ubaldo con sus compañeros y compañeras escribieron la época dorada de la radio porque acercaron los micrófonos a los pueblos, le dieron voz a la gente, la cabina se abrió para que llegara la gente y se expresara en sus propios idiomas. Sin pretenderlo se fueron identificando con sus luchas, empezaron a hacer suyas las demandas sociales, asumieron el compromiso de difundir los problemas relacionados con la tierra; los abusos de las autoridades, las acciones represivas de las corporaciones policíacas, las detenciones y casos de tortura cometidos por el Ejército.
Durante 15 años la voz de la Montaña se transformó en la principal tribuna de los pueblos. Encontraron cabida las voces disidentes y críticas como la del maestro Othón Salazar. Su oratoria y sus denuncias forman parte del archivo histórico de la Voz. El movimiento democratizador que se vivió en la Montaña, con la lucha del Partido Comunista Mexicano fue registrado por los jóvenes que trabajaban en la radio. No fue casual que en 1996 el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer haya ordenado el robo de los aparatos de la Voz de la Montaña, para que silenciara la efervescencia política que se gestaba en las comunidades indígenas con la Montaña Roja. Había el temor de que a lucha armada resurgiera y que el PRI tuviera una derrota estrepitosa.
Ubaldo no solo fue una persona apasionada para hacer radio, también componía cuentos y los escenificaba para la radio. En su acercamiento con los actores sociales de la Montaña se fue imbuyendo en la lucha social. Junto con su esposa María López establecieron vínculos con las organizaciones de la región. Al interior de sus centros de trabajo, como la radiodifusora y el Hospital General, tanto Ubaldo como doña Mari hacían causa común con los trabajadores para denunciar los abusos de los directivos. Esta compatibilidad de causas y luchas afianzó su matrimonio y les abrió nuevos horizontes en la lucha por la justicia y los derechos humanos.
Su militancia en las organizaciones sociales Ubaldo las ha pagado con cárcel. En mayo de 1992 lo detuvieron y trasladaron al penal de Chilpancingo. Con la presión de las organizaciones sociales de inmediato lo liberaron. A los 5 años de nueva cuenta le giraron otra orden de aprehensión. Su hijo Francisco estuvo presente cuando los policías judiciales subieron en una camioneta a empujones a su papá. Al reclamar por qué se lo llevaban, un policía le puso en su frente la pistola para que enmudeciera. A Francisco hasta la fecha se le revela la escena imaginando un disparo. Ubaldo permaneció 3 meses recluido en el penal de Atlamajac. Al final demostró que le habían fabricado el delito de privación ilegal de la libertad.
Con la participación de varias familias nahuas de Ahuatepec Pueblo formó la organización Zihuame con el fin de demandar apoyos y proyectos para mujeres indígenas. A nivel nacional se vinculó con el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN) por medio de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur en 1996. Fue parte del Frente Popular Revolucionario al lado del dirigente nacional Omar Garibay. Ubaldo siempre se ha identificado con los movimientos populares que reivindican los derechos de los pueblos, siempre con una perspectiva anticapitalista.
El miércoles 18 de marzo, Ubaldo Segura Pantoja fue detenido a la una de la tarde saliendo de su casa en la colonia El Tepeyac. Sus familiares se preocuparon porque tres hombres lo habían abordado de manera abrupta. A unos pasos de su casa no le permitieron avisar a su esposa que está enferma. Sus compañeros del Frente Popular de la Montaña (FPM) de inmediato empezaron la búsqueda. Fueron a la Fiscalía Regional de Tlapa, pero no les dieron información porque requerían la presencia de los familiares.
El abogado Simón Alejandro León de la Ibero Puebla presentó un amparo por incomunicación. Los familiares imaginaron lo peor, porque la Fiscalía de Puebla le negó información a su hijo por el paradero de Ubaldo. En lugar de trasladarlo a Chilpancingo donde está su caso, Gobernación federal buscó un lugar lejano para hacer más cruenta su detención. De la Fiscalía de Puebla lo trasladaron al Cefereso de Villa Aldama, Veracruz.
El jueves 19 lo pusieron a disposición del Juzgado Décimo de Distrito por una orden de aprehensión del 2015, acusado de secuestro de cinco periodistas en 2014, en plena ebullición política por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. En octubre de 2014 el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) tomó el Ayuntamiento de Tlapa, como parte del acuerdo tomado por la Asamblea Nacional Popular (ANP). En esa fecha el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) tuvo conocimiento de una premiación de periodistas donde asistirán algunas autoridades. Ante la consigna de no permitir actos del gobierno, llegaron al lugar para informarles que no podían seguir con el evento. Al intentar trasladar a los cinco periodistas se dio una trifulca donde resultaron lesionados maestras, campesinos y estudiantes del movimiento popular. Al final lograron llevárselos al Palacio Municipal donde les piden una disculpa pública y que se hagan cargo de las curaciones de los lesionados.
El 13 de diciembre de 2014 los periodistas presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Guerrero por el delito de secuestro, pero declinó su competencia y la turnó a la Fiscalía General de la República (FGR) que la consigna al Juzgado Décimo por el delito de secuestro. En el 2015 salieron órdenes de aprehensión contra sus dirigentes como Antonio Vivar Díaz, asesinado por la Policía Federal el 7 de junio de 2015; Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido y asesinado en octubre de 2019; Alfonso García, Primo Álvarez, Iván Salomón, Evodio Pérez, María Flores y Ubaldo Segura Pantoja.
Contra viento y marea, Ubaldo Segura y otros líderes impulsaron el boicot electoral del 2015 en Tlapa como protesta por la desaparición de los 43 normalistas, y que terminó con una fuerte represión por parte de las autoridades municipales y estatales. El dirigente denunció que un grupo de choque conformado por taxistas y policía estatal desalojaron con lujo de violencia a los manifestantes que se encontraban en el Zócalo de la ciudad. Las represiones continuaron hasta el 7 de julio, cuando la Policía Federal asesinó a sangre fría a Antonio Vivar Díaz, dirigente del MPG y compañero de lucha de Ubaldo.
El 30 de enero del 2016 nació el Frente Popular de la Montaña (FPM). Su nuevo propósito es ayudar a las comunidades de la Montaña para demandar obras sociales en las comunidades más olvidadas.
El FPM ha adquirido presencia y fuerza en la región por abanderar las causas más sentidas de las comunidades. Conformaron una dirección colectiva para diversificar sus voces y asumir diferentes comisiones. Ubaldo asumió la comisión de salud. En esos años empezó a destacar el compañero Arnulfo Cerón, que mostró grandes habilidades para encabezar las protestas y asumir un nuevo liderazgo. Para Ubaldo “Arnulfo tenía un temple audaz”.
A principios de este año Ubaldo acompañó a su última morada al luchador social Saúl Morán, compañero del FPR. Ahí exigió justicia por los asesinatos de Antonio Vivar y de Arnulfo Cerón. También recordó al luchador social Gregorio Alvarado, desaparecido el 26 de diciembre de 1996.
Ubaldo es un defensor nato. A sus 73 años su pasión por la justicia y los derechos humanos es una llama que no se apaga. Ha pagado cara su osadía de ser fiel a sus convicciones políticas y de nunca ser lacayo del poder. Su exigencia por la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos es inamovible y forma parte del grito amoroso de las madres y padres que demandan verdad y justicia. Es muy grave que el gobierno morenista persiga y encarcele a un defensor de derechos humanos. Que la FGR y Segob reproduzcan prácticas funestas del PRI y del PRD al confinar a los luchadores sociales a penales de alta seguridad para darles un trato de delincuentes peligrosos. Con gran perversidad le niegan el derecho a una defensa adecuada, lo separan de su familia y denigran su trayectoria y la dignidad como persona. Este miércoles 26 de marzo se cumple el plazo constitucional para que el juez deje en libertad a Ubaldo Segura. El Poder Judicial tiene la gran responsabilidad de juzgar sin sesgos políticos y reivindicar la trayectoria de un gran defensor.

En noviembre de 2021, la asamblea de La Candelaria, comunidad indígena del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, decidió establecer el Jlumaltik (el autogobierno comunitario), sin embargo, las autoridades del estado le negaron este derecho. La comunidad se rebeló contra esta decisión unilateral y desde esa fecha buscó el apoyo de la clínica jurídica Minerva Calderón, de la Universidad Iberoamericana, Puebla. Su acompañamiento fue clave para que el caso lo atrajera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En febrero de 2026, los ministros y ministras de la SCJN acudieron a la comunidad de Tenejapa, Chiapas, donde sesionaron por primera vez fuera de su sede, en presencia de las autoridades indígenas. Lo más significativo fue la resolución favorable del amparo en revisión 344/2025: se emitieron 9 votos a favor del proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que determinó que el Congreso del estado de Chiapas debe elaborar una ley reglamentaria para el ejercicio de los derechos autónomos de los pueblos y comunidades indígenas, tomando como punto de referencia la reforma del artículo 2 constitucional de 2024.
Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña presentamos un amicus curiae en favor de la comunidad La Candelaria. En la audiencia de Tenejapa la ministra Loretta comentó “el día de ayer se recibió un amicus curie presentado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan mediante el cual solicita que este alto tribunal considere que el derecho a la libre determinación y autonomía indígena sustenta el derecho a la identidad, que está reconocido en el proyecto, sin embargo, vamos a reforzarlo como lo solicita este Centro”.
Argumentamos que el cuarto orden de gobierno constituye una forma de organización política y administrativa legitima y válida. En México, las experiencias de comunidades indígenas como San Francisco Pichátaro o Cherán han impulsado diferentes procesos para el desarrollo del autogobierno.
Autores como Aragón Andrade, Trejo Grivellaro o Cervera Leonetti han planteado que el autogobierno indígena ha dejado de ser una aspiración ideológica y se ha convertido en un modelo político concreto, del cual se desprenden arreglos institucionales donde las comunidades indígenas asumen funciones públicas, redefinen la autoridad local y establecen mecanismos propios de decisión colectiva, en su mayoría como respuesta a la crisis de los niveles de gobierno tradicional y al centralismo fiscal que ha excluido históricamente a las comunidades indígenas en sus posibilidades de desarrollo.
La conceptualización del autogobierno, particularmente dentro de su formalización en el ámbito jurídico y administrativo como cuarto orden, implica entender que estas manifestaciones van más allá de reivindicaciones identitarias o culturales. Se trata de un profundo cambio institucional que implica repensar la estructura tradicional del Estado moderno. La idea del autogobierno no puede entenderse sin contemplar el derecho a la libre determinación, el cual permite a las comunidades ejercer formas propias de gobierno para el desarrollo con base en su cosmovisión y necesidades.
La Constitución Mexicana, en su artículo 2, reconoce la composición pluricultural y multiétnica del país, principalmente sustentada en los pueblos indígenas. Este mismo artículo reconoce la libre determinación, un concepto que Victoria Tauli-Corpuz, entonces Relatora Especial sobre pueblos indígenas, ha definido como el derecho de los pueblos indígenas “a controlar su pasado, su presente y su futuro”.
La autonomía debe entenderse como el marco general de derechos que faculta a las comunidades para decidir sus formas internas de convivencia y organización política sin interferencias externas; es decir, es la capacidad política de definir el propio destino. El derecho al autogobierno, por su parte, está ligado de manera más específica a la capacidad de las comunidades para ejercer el control de sus territorios, aplicar sus propias leyes o administrar sus mecanismos de gobierno y justicia.
La materialización del autogobierno –sobre todo en regiones como Michoacán, Guerrero o Chiapas– ha dado lugar al desarrollo de la categoría del cuarto orden de gobierno. Este concepto, desarrollado por autores como Aragón Andrade o Cervera Leonetti, describe una realidad jurídica emergente que contrasta con la tríada clásica del federalismo mexicano compuesta por la federación, el estado y el municipio. El cuarto orden de gobierno se define como la institucionalización del autogobierno en una escala más acotada del municipio, es decir, en las comunidades, tenencias o agencias que históricamente han estado subordinadas —administrativa y políticamente— a las cabeceras municipales.
Este cuarto nivel busca dotar a estas entidades de personalidad jurídica y capacidad de administración hacendaria directa, equiparándolas en funciones y atribuciones a un ayuntamiento, pero operando bajo lógicas comunitarias distintas a las de la democracia liberal representativa. Además, busca reconocer que los pueblos y comunidades indígenas tienen la capacidad de regular sus vidas de manera autónoma, implementando incluso sus propios sistemas de policía y justicia.
Cervera Leonetti argumenta que el municipio ha funcionado como un instrumento donde las cabeceras municipales concentran el poder político y los recursos económicos, marginando sistemáticamente a las comunidades periféricas, lo que ha perpetuado un rezago material y una vulnerabilidad política en las localidades rurales. Además, las delimitaciones territoriales del municipio tienen que ver más con una lógica colonial que con una propuesta coherente con las formas de vida indígenas. En este sentido, la propuesta del cuarto orden de gobierno es una apuesta por la democratización de la gestión pública que busca revertir el centralismo que caracteriza al Estado mexicano.
Esta figura permite que las comunidades gestionen sus recursos bajo principios de transparencia y control asambleario que, en casos documentados como el de San Felipe de los Herreros, han demostrado ser más eficientes y menos corruptos que los ayuntamientos tradicionales, logrando ejecutar más obra pública con los mismos recursos gracias a la eliminación de intermediarios y la vigilancia de consejos comunales como el Consejo Mayor de K’eris.
Según el análisis de Luis Tapia, mientras que el Estado se caracteriza por la centralización, el monopolio de la decisión política y la separación entre gobernantes y gobernados, la forma comunitaria de gobierno opera bajo principios de horizontalidad, rotación de cargos y la centralidad de la asamblea como órgano supremo de deliberación. El autogobierno indígena, al institucionalizarse como cuarto orden de gobierno, busca insertar la comunidad dentro de la arquitectura del Estado sin ser absorbida por ésta. Esto conlleva la sustitución de la autoridad unipersonal y vertical, típica del presidente municipal o jefe de tenencia, por autoridades comunitarias, generalmente controladas por cuerpos colegiados bajo una lógica paritaria y rotativa. En este esquema, la autoridad no se configura como un privilegio de mando, sino como un servicio, donde el cargo es rotativo y revocable, impidiendo la formación de una estructura burocrática separada del cuerpo social.
Este proceso se funda en una “constitución comunitaria” o pacto político fundamental que reactiva instituciones propias. La toma de decisiones en este diseño institucional reside generalmente en una asamblea, la cual funciona como el órgano supremo de deliberación y fiscalización. La política comunal se gestiona a partir de la deliberación sobre el bien común, produciendo decisiones políticas donde el sujeto no es el individuo aislado, sino la trama comunitaria. De esta forma, la asamblea no solo elige, sino que mandata y vigila, teniendo la facultad de destituir a los consejeros en cualquier momento si éstos incumplen los principios de transparencia o los acuerdos colectivos.
El derecho directo al presupuesto es fundamental para reducir la violencia y la desigualdad, ya que empodera a las naciones indígenas para gestionar y asignar recursos de acuerdo con sus necesidades reales, fortaleciendo la participación en la toma de decisiones y rompiendo con las redes clientelares de los partidos políticos. Un precedente importante fue la resolución judicial de la comunidad de Pichátaro, donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó, por primera vez, la transferencia directa de recursos a una comunidad submunicipal, estableciendo que el derecho al autogobierno no puede concretarse si las comunidades carecen de los medios materiales para su ejercicio.
En el ámbito de la eficiencia administrativa y la infraestructura, el caso de la comunidad de San Felipe de los Herreros, municipio de Charapan, Michoacán, ofrece datos sobre la maximización de los recursos públicos bajo el esquema de presupuesto directo. Según documenta Cervera Leonetti, mediante la instauración de su consejo administrativo y la eliminación de la intermediación del ayuntamiento, la comunidad logró ejecutar entre seis y catorce veces más obras públicas al año que las realizadas por la administración municipal anterior, disponiendo del mismo monto proporcional de recursos. Este incremento exponencial en la capacidad de respuesta estatal se explica por el desmantelamiento de las redes de corrupción: al suprimir los “diezmos” (sobornos) exigidos por funcionarios municipales a contratistas y al priorizar la contratación de mano de obra local y la compra de materiales en la región. El autogobierno logra que el presupuesto rinda más y dinamice la economía interna, sometiendo cada peso gastado a una triple vigilancia: la de la Asamblea General, la del Consejo Mayor de K’eris y la de la Auditoría Superior del Estado.
En materia de seguridad pública y pacificación, el autogobierno ha llenado el vacío dejado por un Estado rebasado o coludido con el crimen organizado. La experiencia de Cherán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Guerrero y, más recientemente, la comunidad mazahua de Donaciano Ojeda, Zitácuaro, demuestran que la seguridad comunitaria es cualitativamente superior a la policial. Trejo Grivellaro detalla cómo, ante la ineficacia estatal para frenar la extorsión y la tala ilegal, la administración directa del presupuesto permitió a Donaciano Ojeda financiar, equipar y certificar su propia Guardia Comunal, logrando una reducción drástica de la violencia y recuperando el control territorial que había sido cedido a grupos delincuenciales. De manera similar, en Cherán, la estructura de las “rondas comunales” y la vigilancia vecinal (“fogatas”), articuladas bajo el principio de que la seguridad es una responsabilidad colectiva y no solo un servicio externo, ha logrado mantener índices de paz social excepcionales en una región azotada por la violencia, demostrando que la legitimidad local es el componente más efectivo de la seguridad pública.
En Guerrero, los pueblos indígenas y afromexicano se rebelan contra la partidocracia que los sojuzga y los trata como súbditos y clientela cautiva, a la usanza colonial.
La resolución de la SCJN es el preludio de un nuevo amanecer para las comunidades olvidadas.

A las comunidades en resistencia del Cecop. Toda nuestra solidaridad y acompañamiento.

El agua dulce en el planeta está distribuida de manera desigual. La cifra de la sobreexplotación de los mantos acuíferos es increíble: menos de 10 países controlan el 60 por ciento de los recursos de agua dulce globales. La concentración de este líquido vital se expresa en cifras desquiciantes: cerca de 260 cuencas hidrográficas y un gran número de acuíferos son compartidos por dos países. Por eso para el investigador Doctor José Esteban Castro, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina “la crisis del agua (es)una fuente creciente de conflictos a nivel internacional”.
Para estudiar los conflictos hidrológicos, el investigador nos dice que la crisis del agua es de carácter esencialmente político, porque está relacionada con la desigualdad, la pobreza estructural y los procesos de democratización. Estas cuestiones no se reducen al plano técnico, tampoco al plano físico-natural. Los problemas socio-ecológicos, abordados desde la perspectiva de la ecología política crítica no pueden reducirse a la dimensión tecnológica, el gran desafío es abordarlo desde la dimensión social y política. Las autoridades federales siguen tomando decisiones técnicas y políticas, lo más grave es que siguen priorizando los grandes negocios, los centros turísticos, a costa de la pobreza de los pueblos donde están los manantiales y los pozos que abastecen las ciudades.
El grave problema del abandono de los pueblos de la ribera río Papagayo es ancestral. Los comuneros y comuneras de Cacahuatepec han sobrevivido a las sequías y la aridez de la tierra. Las parvadas de zopilotes eran la señal funesta del hambre, de un ambiente inmundo. Aún se respira entre los terregales y aguas negras ese aire lúgubre. Las familias nunca han sucumbido, al contrario, siempre se han organizado para hacer sus pequeños pozos de agua. Tenía que alcanzar para tomar, lavar los trastes, la ropa y para dar a los animales de corral. En temporadas de secas la gente se arremolinaba en los escasos pozos que quedaban como charcos de lodo.
Sólo en tiempo de lluvias los comuneros pueden sembrar maíz, calabaza y jamaica. Quienes tienen tierras a orilla de río riegan con mangueras sus cultivos. El ganado vacuno y el caprino comen el pasto seco y la basura que encuentran en su camino. Algunas familias tienen que hervir el agua del río porque no tienen agua potable para tomar. La situación es más difícil en las comunidades alejadas del río. La tierra y los árboles parecen arder con el sol quemante.
En la asamblea de este domingo se pudo constatar la gravedad del problema que enfrentan las comunidades de Cacahuatepec, El Cantón, Huamuchitos, El Campanario, Apalani, Cruces Cacahuatepec, El Rincón, El Carrizo, Parotas, Rancho las Marías, Ilamos, Parotillas, Salsipuedes, La Concepción, Amatillo, Cabeza de Tigre, Garrapatas, Aguas Calientes, El Bejuco y Chanecas, que a pesar de estar asentadas en la ribera del río Papagayo no tienen agua.
Para llegar a la asamblea varias mujeres caminaron dos horas. Otros se desplazaron en camionetas de redilas (como es común en el Acapulco de los pobres) provenientes de Aguas Calientes, donde están construyendo los pozos radiales que cuentan con un presupuesto de 700 millones de pesos. También llegaron comuneros de la ruta Cacahuatepec, Huamuchitos y Apalani. La mayoría cruzó el río en las rudimentarias “pangas” del pueblo.
En la asamblea dominical estuvo presente el espíritu combativo de Marco Antonio Suástegui, “el tigre” del Cecop. Reavivaron su grito de batalla: “la tierra no se vende, se ama y se defiende”. Hasta después de medio día llegó el personal de CAPAMA y Conagua. El ambiente ya estaba candente: “No queremos promesas, queremos palabras firmadas en papel. Mentirosos, mentirosos”.
Las autoridades informaron sobre los proyectos aprobados para las comunidades de Bellavista Papagayo; Cacahuatepec que incluye El Cantón, Espinalillo y Huamuchitos; Los Ilamos, Rancho las Marías, Parotas, Parotillas, Barrio Nuevo de los Muertos, Garrapartas, Cruces de Cacahuatepec, Apalani, El Campanario y El Carrizo. Los comuneros de Salsipuedes junto con otras comunidades se molestaron porque no los tomaron en cuenta. Increparon a los funcionarios federales.
Los comuneros y comuneras exigieron que en marzo inicien los trabajos de los pozos que van a distribuir agua a las comunidades. Las autoridades respondieron que no era posible porque tenían que subir los proyectos a una plataforma de la Secretaría de Bienestar federal “donde les asignarán un folio y se licitarían, para iniciar los trabajos el 15 de junio”. Los reclamos afloraron: “llevamos más de 50 años sin agua y todo el tiempo alargan las fechas para que al final no hagan nada”. Sentenciaron “si no inician en marzo vamos a cerrar los pozos radiales”.
La asamblea acordó que para el próximo domingo los funcionarios llevarán una propuesta de fecha para iniciar la construcción de los pozos que beneficiarán a decenas de comunidades, además se van agregar las comunidades que están fuera de los cuatro proyectos presupuestados. Las comuneras y comuneros mostraron nuevamente la casta del Cecop: “Viva Marco Antonio”, “Zapata y Marco Viven”, “Si no hay solución habrá revolución” y “La tierra no se vende, se ama y se defiende”.
Martha Hernández Estrada comunera de El Cantón, rememoró que el problema del agua viene desde hace varias décadas, por la falta de este líquido nos hemos organizado y peleado con todos los gobiernos que nos discriminan y engañan. Antes del huracán Otis y John contábamos con una red que nos llevaba el agua del río Papagayo a las comunidades de Cacahuatepec, El Cantón, Espinalillo y Huamuchitos, pero con los huracanes se echó a perder porque la corriente se la llevó. Hace un año nos organizamos e hicimos un plantón en los pozos de la comunidad de El Rincón durante 8 días. No nos hacían caso, pero Marco Antonio nos ayudó. Con su intervención nos atendieron en las oficinas de la Promotora Turística de Guerrero (Protur). Estuvo la gobernadora Evelyn Salgado, la presidenta municipal Abelina, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg). También estuvo un representante de derechos humanos, otro de obras públicas y de Bienestar. Hicieron una rehabilitación muy pequeña, pero seguimos teniendo el mismo problema, porque es una red antigua que está muy deteriorada. A veces conectan un tubo que dura tres días, hay muchas fugas y no tenemos agua para satisfacer nuestras necesidades.
Desde el 2003, cuando surgió el Cecop con Marco Antonio, cada domingo hacemos asamblea para abordar los problemas que las comunidades enfrentamos. En varias reuniones hemos hablado sobre los pozos radiales que se pretenden construir en Agua Caliente. Acordamos que era necesario ir para ver por qué estaban trabajando sin el permiso de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Nos informaron que Conagua estaba llevando a cabo ese proyecto, pero dijimos que todas las comunidades necesitamos el agua, no nada más el puerto de Acapulco.
No es justo que se lleven el agua para la ciudad, mientras nosotras, que cuidamos el río, nos estamos muriendo de sed. Acordamos organizarnos porque el agua es un derecho de todos. No nos oponemos a que Acapulco tenga agua, pero nuestras comunidades también la necesitan. Vamos a continuar esta lucha hasta que Conagua cumpla sus compromisos de llevarnos el agua. Queremos pozos con capacidad para abastecer todos nuestros pueblos. Si no cumplen, tomaremos acuerdos de volver con los plantones.
Durante mi niñez sufrí la falta de agua, la acarreábamos cargando los baldes en nuestra cabeza, yo tenía 8 años. No podíamos dormir tranquilas, porque nos despertábamos a las 4 de la mañana para ir por el agua a los pozos. Había años en que no llovía mucho y los pozos escaseaban. Teníamos que madrugar para juntar 60 litros para toda la familia, pero había quienes no alcanzaban. Todo el día el pozo permanecía lleno de gente, hacíamos fila para tener un poco de agua; atardecía, anochecía y la gente seguía en la fila. Los que se iban a las 10 de la noche tenían que velar, luego llegaban otros a las 2 de la mañana y así durante todo el día, porque necesitábamos agua.
En 1990 se hizo una organización, el señor Abel Salgado nos apoyó, no recuerdo si tenía un cargo en el gobierno o era luchador social. Se hacían reuniones en Oaxaquillas y Amatillo y acudía gente de Espinalillo, El Cantón, Huamuchitos. Con ellos logramos que se hiciera la red de agua. Mi papá planteó este problema y buscó con otros señores un lugar para que se hiciera un pozo y hasta la fecha es el que nos surte de agua, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) nos ayudó.
En ese tiempo varias comunidades luchamos para que se construyera la red de agua. Hicimos una mega marcha que inició desde la vereda de Amatillo, a las 8 de la mañana, con el respaldo de todas las colonias, no se le vía fin a la marcha. Caminamos hasta Acapulco, tomamos un receso en el Ayuntamiento a las 3 de tarde y continuamos hasta llegar al Zócalo. En ese tiempo era presidente René Juárez Cisneros. No le gustó que nos manifestáramos porque había muchos turistas, por eso nos mandó a decir que nos quitáramos. “No nos vamos a quitar de aquí hasta que nos den una solución favorable a nuestras peticiones”, fue nuestra respuesta. Como nos vio decididos el presidente vio que no iba a ser fácil hacernos a un lado. Envió a una persona de su confianza para llamar a un representante de cada comunidad para atendernos en la Presidencia. Así logramos que se metiera esta red de agua potable. Fueron tres etapas, no fue rápido, nos mantuvimos firmes en nuestra demanda y con muchas dificultades se terminaron los trabajos.
A las comunidades que se encuentran en la parte alta nunca les llega el agua, por más que han luchado ninguna autoridad ha atendido su principal demanda. Sobreviven gracias al río Papagayo. En El Cantón sembramos maíz, frijol, jamaica, ajonjolí, calabaza, y algunas familias crían chivos, vacas, puercos, pero le sufrimos por el agua. Así estamos todos los pueblos, tenemos río pero no tenemos agua en nuestras parcelas y en nuestras casas. En Acapulco y en muchas regiones del estado, la escasez del agua no es un problema técnico, ni de la naturaleza, es un problema político y de grandes intereses económicos.

Para Jesús Plácido Galindo luchador incansable del Cipog-EZ, a quien le fueron retiradas las medidas cautelares
por parte del Mecanismo de Protección
de Personas Defensoras de la Secretaría de Gobernación, a solicitud del gobierno del estado.

El auge de la criminalidad tiene su arraigo en el sistema-mundo que propala la libre circulación de mercancías y enarbola un sistema financiero que lava el dinero de la economía criminal. Las empresas del crimen organizado se integran a escala global al grado que logran unificar su dinero en el mercado financiero internacional. Con su interconexión en todo el orbe diseminan la narcocultura y, donde impera la corrupción, toman por asalto el poder político.
En el plano nacional las bandas criminales que se dedicaban a la siembra, distribución y trasiego de drogas, han incursionado en la economía formal lavando su dinero en las instituciones bancarias y en los negocios inmobiliarios. Su presencia en el territorio nacional se ha expandido y diversificado al punto de tener una gran presencia en las bolsas de valores y en inversiones financieras.
En Guerrero las organizaciones criminales disputan territorios, pelean a muerte las rutas terrestres, incursionan en giros comerciales de mayor demanda, y con su poder económico y bélico establecen alianzas con los grupos políticos y líderes partidistas, para financiar campañas y apoyar candidaturas afines a sus intereses delincuenciales. El fin principal es incidir en las decisiones que se toman en los ayuntamientos.
Las ocho regiones de nuestro estado tienen un supra poder que mueve los hilos de la economía y de la obra pública. Los jefes de las plazas consolidan su poder con una amplia red de emisarios que comandan varios grupos armados que se encargan de someter a la población con el pago de la cuota o la extorsión. Cuentan con personajes idóneos dentro de la administración municipal que facilita las transacciones económicas y la asignación de los recursos públicos a las empresas del crimen que se encargarán de realizar las obras del gobierno municipal. A nivel estado, la mayoría de las concesiones del transporte público están en sus manos. Esta actividad es estratégica para la movilidad de personas y de unidades cuando las circunstancias lo requieran: para ejercer presión a las autoridades, para el bloqueo de carreteras, el trasiego de mercancías ilícitas y para confrontarse con organizaciones sociales que pongan en riesgo sus intereses.
En nuestra entidad no hay excepción a la regla; los 85 ayuntamientos están coludidos de una forma o de otra con los grupos de la delincuencia que pululan en las ocho regiones. Establecen pactos secretos a contrapelo de los intereses de la población. De manera facciosa se reparten los cargos públicos que son más redituables. Se concesionan ciertos servicios a cambio de prebendas y protección. Estos acuerdos subrepticios han colapsado nuestro endeble sistema democrático. La porosidad de las instituciones públicas ha propiciado que los intereses delincuenciales se coloquen por encima de los intereses de la sociedad que lucha por la justicia, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la rendición de cuentas, el manejo transparente de los recursos públicos. Ante este escenario adverso todo se vuelve opaco y peligroso. Ciertos temas no se abordan públicamente y ya no hay garantías para que los ciudadanos y ciudadanas se manifiesten con libertad sin temor a ser fichados por los grupos que delinquen.
El manejo de los fondos públicos federales se hace con discrecionalidad, los funcionarios aprovechan esta situación porque la mayoría de las personas no sabe cómo obtener información a través de los canales institucionales. El destino final de los fondos llega a manos de quienes manejan las empresas del jefe de la plaza. Sin respetar las reglas de operación se asignan obras públicas, con el argumento que son las idóneas al poseer maquinaria pesada para extraer grava, arena, para construir carreteras y pavimentar calles. En los municipios donde tienen el control total, las leyes y las instituciones han sido remplazadas por las reglas y formas de convivencia que ellos imponen.
Además de este entramado delincuencial que aparentemente funciona sin grandes obstáculos, existe una honda preocupación entre la población por el gran poder que han adquirido las organizaciones delincuenciales y su gran influencia que tienen en las diferentes regiones, pero sobre todo en comunidades rurales que han estado abandonadas por las autoridades municipales y estatales. Han demostrado una gran capacidad para movilizar tanto autoridades comunitarias como municipales por el arraigo que tienen. La ausencia de los gobiernos estatal y federal le ha hecho el gran favor a estos grupos porque ha crecido su legitimidad y ascendencia entre la gente que vive en medio de la precariedad y el miedo.
Se ha llegado al extremo de que la población perciba que es un mal menor aliarse con un grupo delictivo porque ya conocen como actúa, su popularidad genera arraigo y mayor aceptación. Ante un escenario hostil aparece como el menos malo y el más condescendiente con las necesidades de la población. Se resignan a aceptarlo porque es de la región, es conocido por mucha gente y sus familiares tienen una gran red de compadrazgo.
En contexto de violencia y ante ausencia de las instituciones de seguridad, la gente que se siente inerme, considera como muy necesario que algún grupo de la delincuencia los proteja, a cambio de que ellos impongan su ley y que asuman el control de la vida económica y política de las comunidades. Es un mal necesario ante la inoperancia de las instituciones y la ausencia de la justicia. No hay manera de asirse de una autoridad que vele por los derechos de la población, ante este desamparo optan por aliarse con quien se ha erigido en el jefe de la plaza.
Ante la ausencia del Estado de derecho reaparecen grupos delictivos que se disputan territorios a sangre y fuego. Al interior de las regiones emergen luchas internas lideradas por otro grupo que promete liberar del yugo delincuencial a su contrincante. La población queda atrapada entre dos fuegos, vive en la incertidumbre y el miedo, porque sabe que no puede mantenerse al margen. Tiene que optar por alguien. Una forma de liberarse de ese yugo es buscar apoyo o establecer una alianza con los grupos de autodefensa. Sin embargo, la narrativa que prevalece es que también las autodefensas pertenecen a algún grupo de la delincuencia o que son también la misma delincuencia.
Ante este turbio panorama las comunidades tratan de organizarse de manera autónoma con el riesgo de sufrir una agresión mayor. Se incorporan a la policía comunitaria o al grupo de autodefensa, el problema es que nadie garantiza seguridad. Varias comunidades asumen el riesgo de incorporarse a los grupos comunitarios o de autodefensa para no quedar a la deriva y sin un aliado que las proteja. Ante la falta de alternativas con la ausencia de las autoridades queda una salida peligrosa: la paz narca.
Las autoridades parecen ceder ante esta avalancha delincuencial, han dejado expandirse a los grupos que están en la disputa territorial y no hay un dique que los frene y que los obligue a replegarse. Su silencio tiene varias interpretaciones, sin embargo es más grave su inacción, como que han dejado que las bandas delincuenciales se repartan el territorio, con tal de que no haya más violencia y que lleven la fiesta en paz. Lo inadmisible es que la gobernabilidad en nuestro estado pase por los acuerdos bajo la mesa, por los pactos secretos, las complicidades, la corrupción, la impunidad y la no aplicación del Estado de derecho.
Ahora vemos que hay demandas sociales que son enarboladas por los grupos de la delincuencia, ante la desatención a las demandas básicas que plantea la población a las autoridades, los grupos delictivos le dan cabida a sus peticiones y también arman su agenda social. Con el aval de las comunidades que están abandonadas los liderazgos del grupo delincuencial se mezclan con las autoridades locales. Para ser escuchados promueven la movilización a la capital del estado para levantar el perfil de las comunidades y ejercer mayor presión con el fin de obtener mayor presupuesto. Esta estrategia ha dado buenos resultados porque además de arrancar más presupuesto se granjean la amistad de las familias pobres y se materializan sus demandas en obras. Las demandas más sentidas como la construcción de caminos, de tanques de agua, salones de clase o fertilizante tienen el respaldo del grupo delincuencial. Este vacío les permite aparecer como actores políticos que tienen incidencia en las regiones donde no hay dinero ni alimentos para comer. Emergen actores político-delincuenciales que suplantan a las autoridades y a los partidos políticos por estar dentro de los territorios que son parte de sus negocios.
Lo más grave que nos ha pasado es que la delincuencia ha cimbrado las estructuras caducas de un gobierno que solo trae un nuevo discurso, que reproduce los vicios añejos. La corrupción sigue como antes, el nepotismo es calca fiel del cacicazgo ágrafo, la impunidad sigue siendo el lastre que arrastran todos los gobiernos que se coluden con los que cometen delitos y violan los derechos humanos. La violencia en el estado sigue imparable. Predomina la ley de las balas. El más fuerte sobrevive al sofocamiento de la macrocriminalidad. La disputa territorial es parte del botín de esta confrontación armada que no tiene final. La Autopista del Sol también está dentro de la estrategia de los grupos para obligar a las autoridades a negociar y a plantear su agenda orientada a proteger sus intereses facciosos. La Autopista del Sol se ha convertido en el termómetro que mide el grado de confrontación que se da entre los grupos de la delincuencia y que pone a prueba a un gobierno que parece estar contra la pared, que solo busca sobrellevar esta espiral de violencia.

Todo nuestro apoyo a Sergio Ocampo Arista. Nuestra solidaridad y reconocimiento al trabajo profesional de la compañera Jessica Torres. Nuestro aprecio al valioso trabajo del padre Filiberto, su desplazamiento forzado devela las condiciones adversas para defender los derechos humanos en Guerrero. Loas para el camarada y luchador social Saúl Morán, de la Ciénega, municipio de Malinaltepec. En memoria de Vicente Estrada Vega, enlace principal entre la guerrilla de Lucio Cabañas y la base de apoyo en las ciudades.

A nueve meses del infame asesinato del defensor del territorio Marco Antonio Suátegui Muñoz, las investigaciones siguen estancadas a pesar de la información y los datos de prueba que se han proporcionado a la Fiscalía. Hay serios indicios de la ubicación y detención del agresor material, pero las maniobras truculentas que se manejan dentro de la Fiscalía ocultaron su detención y lo dejaron en libertad. El patrón de impunidad se mantiene intacto en una institución que se resiste a proporcionar información veraz a las víctimas y cuyas actuaciones van en detrimento del Estado de derecho y la negación de la justicia a las familias agraviadas. Es común que en nuestro estado los crímenes cometidos contra defensoras y defensores no se investiguen y mucho menos que se judicialicen. Dejan que la violencia trunque de tajo cualquier esfuerzo por mantener vivo el movimiento que impulsó Marco Antonio, por el contrario, genera un efecto devastador porque desarticula y debilita al Cecop, la gente se muestra temerosa de volver a reactivar la lucha ante la violencia que impera en la región. Es común que los delincuentes no sean perseguidos ni investigados, más bien son los que gozan de protección porque se vuelven necesarios en esta cadena de la industria criminal.
La Fiscalía no tiene mayores avances en la investigación, más bien, ha dejado el caso de Marco Antonio como un expediente rezagado. Para los ministerios públicos se trata de un asesinato más entre tantos hechos violentos que suceden diariamente. Es irrelevante la trayectoria de Marco Antonio como defensor del territorio y nada les dice que haya tenido medidas cautelares de la Comisión Interamericana por la desaparición de su hermano Vicente Suástegui. El grito de “la tierra no se vende, se ama y se defiende” se convirtió en “la arena es de quien la trabaja”. Sin embargo, las batallas por la limpieza de las playas y contra los grandes empresarios, se tornaron en una amenaza para los empresarios gravilleros que extraen la arena y la grava del río Papagayo de manera irregular. Para mantener sus intereses intocados se han aliado con la delincuencia que ha tomado el control de las comunidades rurales cobrando cuota y ajustando cuentas con los que se resisten.
Son las comunidades pobres del Acapulco olvidado las que junto con su familia honran la memoria de Marco Antonio. En medio de tantas afectaciones a sus tierras y viviendas por los huracanes, las familias se sobreponen a las amenazas y riesgos que corren. Resisten y se mantienen firmes en el Cecop. Continúan con sus asambleas dominicales para que no decaiga el ánimo. El espíritu de Marco Antonio siempre está presente.
Persiste entre la gente mucho enojo y reclamo porque no fueron tomadas en cuenta las comunidades damnificadas, quedaron fuera de los censos y no recibieron los apoyos económicos para reparar sus techos ni rehabilitar sus terrenos y huertas. Con sus manos y sus precarios recursos se han levantado. Marco Antonio dio la pelea para que los censaran y buscó opciones con fundaciones y organizaciones solidarias que atendieron sus demandas básicas. Con ellas siguen trabajando para rehabilitar sus viviendas, para sanear el agua que consumen, construir letrinas, recuperar sus parcelas y sus huertas. A pesar de que Marco Antonio ya no está continúa la mística del trabajo comunitario, el cooperativismo y la ayuda mutua. Afortunadamente la solidaridad continúa impulsando proyectos y motivando a las familias que perdieron todo.
Como Cecop luchan contra los que quieren repetir la historia del colonizador de imponer proyectos extractivos sin consultarlos, de alentar la división interna para minar su resistencia y utilizar a los empresarios y a los grupos delictivos para socavar la organización comunitaria. Con Marco Antonio al frente aprendieron a defenderse contra los depredadores y usureros, a alzar la voz y desenfundar el machete para defender los bienes comunes. Por eso su batalla está en dos frentes: defender su territorio y exigir justicia por su líder Marco Antonio.
Entre la población hay fundados temores de que en la Fiscalía pesen más los intereses económicos de los grupos que delinquen y que por lo mismo haya encubrimiento y complicidad para no dar con los responsables. No hay una pizca de voluntad para garantizar justicia a las víctimas y combatir frontalmente el flagelo de la impunidad.
Dejar en el olvido el asesinato de Marco Antonio es apostarle a que la violencia nos arrastre como las olas del mar, es ahogar cualquier esfuerzo de las familias que depositaron su confianza en los ministerios públicos y entregaron pruebas que desecharon o que fueron borradas. No hay transparencia en su actuar y más bien infunden temor y animadversión. Tampoco funcionan los órganos internos que vigilen la actuación de los agentes que realizan las investigaciones. Esta inacción deja entrever la red delincuencial que se teje al interior de la Fiscalía General.
En este clima de violencia que impera en el estado no hay visos de que en el gobierno de Evelyn Salgado se logre dilucidar el móvil del asesinato de un gran defensor, mucho menos que se detenga a los responsables materiales e intelectuales. No hay acciones contundentes que reviertan esta espiral de violencia, que resquebraje este andamiaje delincuencial que se robustece con la inacción de los operadores de justicia del estado.
En el inicio del presente año persiste la inercia burocrática, los vicios añejos de archivar los casos que nadie reclama, de pisotear la memoria de un defensor cuyo asesinato agrava la penalidad de los responsables porque truncaron procesos de reivindicación de derechos, destruyeron proyectos de desarrollo comunitario y cortaron de tajo la organización comunitaria, en aras de mejorar las condiciones de vida de comunidades abandonadas y empobrecidas.
Marco Antonio condensó los sueños de comunidades rurales que luchan por dignificar su vida. Asesinaron no solo a un defensor, sino que cortaron los vasos comunicantes de su lucha, desfondaron los esfuerzos colectivos para mejorar el hábitat y colocaron en el desfiladero de la muerte a su familia que se vio obligada a desplazarse para ponerse a salvo. Para la Fiscalía, estos agravios no son relevantes para impulsar las investigaciones y ejecutar las órdenes de aprehensión.
En esta misma fecha dolorosa las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos cumplen 136 meses en una lucha sin cuartel, pagando altos costos de vidas humanas y soportando graves daños a su salud física y mental. Como los grandes robles han resistido todo: mentiras, escarnio, vituperios, maltratos, reuniones infructuosas, búsquedas fallidas, negativas para acceder a expedientes militares, acciones malévolas para dividirlos, desgastes económicos y emocionales, procesos penales engorrosos y sin resultados, nulo apoyo en su propuesta del retorno del GIEI. En medio de tantas tormentas se mantienen firmes, lúcidos y con mucha esperanza.
Como madres no dejamos de aprender. No hay una palabra exacta para decir lo que sentimos en el corazón porque no sabemos cómo explicarlo. Llevamos un dolor inmenso porque nuestros hijos no están con nosotros. Eso duele mucho, pero nos hacemos fuertes, caminamos como si nada nos pasara. Antes se me llenaba de lágrimas mi rostro por ese dolor tan intenso. Ahora no puedo decir que no me duele, aprendí a poner una barrera. Nos ponemos firmes, nos hacemos más duras por todo lo que estamos viviendo, por no tener los avances en la investigación. Solo así podemos soportar todo lo que nos pasa.
Cuando me viene el pensamiento de dónde están los muchachos, siempre me imagino que mi hijo llegará a la escuela o a mi casa. Me ilusiono que toca la puerta. Es la fe que tengo, por eso le pido a Dios que nos ayude a encontrar a nuestros hijos, que estén bien y que pronto sepamos de ellos. Me preguntó siempre ¿por qué esa necedad de los gobernantes de no querer abrir el camino para que vengan los expertos y nos ayuden a encontrar a nuestros hijos? En los 11 años solo con los del GIEI hemos tenido avances. Con los gobiernos hemos tenido más mentiras hasta la fecha.
Necesitamos salud para poder continuar. Pienso en las madres y padres que se quedaron en el camino y que nunca supieron de sus hijos. Nosotras vamos a seguir luchando por sus hijos, aunque nos estén matando en vida. Si la presidenta Claudia Sheinbaum tuviera voluntad de llegar a la verdad, no pondría tantos pretextos ni obstáculos. En las reuniones siempre hablamos de los mismos puntos: los 800 folios, las líneas telefónicas, las extradiciones. No se ha avanzado en nada. Nos dice que ya mandó cartas, pero no nos ha demostrado nada. Maneja el tiempo diciendo que están trabajando, pero nos mantiene en lo mismo. Ya regresaron con lo del basurero, que ya fueron a las funerarias y que han agarrado a personas que no sabemos si tienen que ver con la desaparición de nuestros hijos. No nos han favorecido sus supuestos avances. La presidenta dizque trata de escuchar, pero quiere que se haga a su modo, y no se puede avanzar, seguimos estancados.
La exigencia ahora es que vengan los expertos porque a más de un año no se tiene nada. Los fiscales tampoco nos han ayudado, no nos han favorecido. Se necesita que vengan los expertos para que puedan avanzar en las investigaciones, para que se pueda saber de los 800 folios. La presidenta dice que está usando una nueva metodología, pero no vemos nada nuevo, nada más le cambiaron los nombres, pero es lo mismo.
Estamos como en un túnel. Esperemos que en la reunión de febrero haya algo más concreto, ya no podemos esperar más fechas, todas sabemos que el tiempo no se detiene y nos va llevando una por una. No queremos que la presidenta nos vaya a salir con que los expertos no quieren venir. Ellos sí quieren, pero necesitan dejarlos trabajar. La presidenta no se presta mucho para que sigamos caminando, por eso es necesario que vengan los expertos, para que nosotras como madres y padres sigamos adelante. Siempre nos informan de las detenciones, de los puntos de búsqueda, de las diligencias, de las llamadas en la noche del 26, pero no hay una noticia que nos dé un alivio, que nos diga dónde están nuestros hijos.

Las autoridades del estado no solo han minimizado la violencia que se recrudece en la entidad al presentar cifras alegres de que ha mejorado la seguridad, sino que se mantienen alejadas de las tragedias que a diario suceden en Guerrero. En nada les afecta el número de homicidios ni que los dolientes levanten los cuerpos de sus familiares asesinados. Ante la inacción de las autoridades ministeriales las familias agraviadas se resisten a denunciar los crímenes por la desconfianza en el órgano investigador. Saben que no hay garantías de confidencialidad, tampoco sensibilidad ni protección a las víctimas. A pesar de que la gente lucha con mucha entereza y pone en riesgo su vida, la justicia es exigua.
En la lógica gubernamental el problema no es la autoridad sino las víctimas que no interponen las denuncias. Si no hay carpetas de investigación las autoridades deducen que vamos bien, porque no hay registros de los delitos que se cometen. Los crímenes de alto impacto se banalizan por parte de la burocracia gubernamental con el argumento soez de que “andaban en malos pasos”. Justifican los crímenes atroces responsabilizando a las víctimas de su muerte: “se lo buscaron” es el comentario que se transforma en vox populi. Se exculpa a la autoridad de la violencia que nos aterra, se le absuelve por no aplicar el Estado de derecho y se le coloca en un nicho por enfocar su trabajo en eventos suntuosos. Su inoperancia y complicidad con la criminalidad la tuercen con el argumento de que también son víctimas de las campañas de desprestigio que se propalan en las redes sociales. Para colmo de males la autoridad ministerial se encarga de denigrar a las víctimas del delito, para favorecer a los perpetradores.
Los familiares padecen todo tipo de maltratos y desaires, cargan con la pena de la pérdida de sus seres queridos que resquebrajan su vida familiar y personal. Son arrojados al abismo del olvido. Los huérfanos sufren el desprecio al ser tratados como personas arrimadas, sin dignidad ni derechos. Las viudas sienten el cerco de la muerte ante la imposibilidad de proteger a sus hijos. Cada día es una batalla que libran con esta ley de la selva. No hay escudos humanos que las protejan ni dependencia pública que las atiendan y las pongan a salvo. El miedo, la indefensión y la pobreza son como los remolinos que las arrastran sin rumbo. Resisten como heroínas, por esa capacidad de resiliencia, por ese amor infranqueable de sus vástagos. No existe un lugar donde asirse para tomar respiro. La compañía de los vecinos y familiares es efímera y frágil, la única alternativa es huir del lugar y deambular por lugares desconocidos. Salir en busca de un refugio para reposar un poco.
Esta amarga realidad la han padecido decenas de familias que son víctimas de desplazamiento forzado por la violencia irrefrenable y la impunidad imperante. Las esposas y los hijos que perdieron a sus esposos se ven obligadas a salir de sus comunidades porque saben que el Estado de derecho no funciona. La ley del revolver es la que impone la paz de los sepulcros y el silencio de los inocentes.
En Guerrero el desplazamiento forzado es un problema creciente que sigue invisibilizado por las autoridades. Hay reticencias a reconocerlo con el argumento falaz de que no hay denuncias penales y porque no hay amenazas directas a las familias desplazadas, presentando el panorama como una movilidad voluntaria de la población.
Los enfrentamientos armados que se han dado en nuestro estado provocan estos desplazamientos como ha sucedido en la zona serrana, en la Montaña alta, la Montaña baja, zona Norte, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande, región Centro y Acapulco. Son grupos de familias que se organizan para salir de manera sigilosa, como ha pasado en los municipios de Chichihualco, Zapotitlán Tablas, Chilapa, Zitlala, Acapulco, Cochoapa el Grande, Tlapa, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso, Cuajinicuilapa, solo por enumerar los más representativos. La disputa territorial protagonizada por los grupos de la delincuencia ha desplazado violentamente a las familias. Su temor es tan grande que la mayoría prefiere mantenerse en el anonimato y sobrevivir en la clandestinidad.
Las familias de los defensores comunitarios son ejemplos emblemáticos de este quiebre del Estado de derecho. En los casos de Ranferi Hernández Acevedo, Arnulfo Cerón y Marco Antonio Suástegui, que fueron arteramente asesinados por defender los derechos de los pueblos, sus familiares se encuentran desplazados, en condiciones sumamente riesgosas, porque los perpetradores siguen libres y porque cuentan con una red delincuencial que los protege. Las investigaciones no avanzan a pesar de que las denuncias se enmarcan dentro de un contexto de alta criminalidad. Tampoco toman en consideración que se trata de defensores de derechos humanos, que la violencia que sufrieron fue a consecuencia del compromiso que asumieron públicamente. Las autoridades los ignoraron y tampoco tomaron en serio las amenazas que recibían. Con el burocratismo que caracteriza a los funcionarios a lo más que llegaron fue emplazar a los defensores para que interpusieran las denuncias. Por tratarse de personas incómodas los dejaron a su suerte, pagaron muy cara la osadía por mantenerse fieles a su lucha y a sus convicciones.
El caso de Arnulfo Cerón Soriano es representativo de esta violencia mezclada con intereses delincuenciales y gubernamentales. Fue parte de la dirección colectiva del Frente Popular de la Montaña. Asumió el liderazgo para gestionar obras sociales en favor de las comunidades indígenas. A finales de 2018 y principios del 2019, el Frente organizó varias protestas para demandar al Ayuntamiento morenista de Tlapa la construccio?n de obras pactadas con la administracio?n anterior. En sus protestas eran vigilados y amenazados por personajes del crimen organizado.
Arnulfo recibio? amenazas de manera constante. En febrero de 2019, ante el anuncio de un bloqueo carretero y la toma del Ayuntamiento de Tlapa, Arnulfo fue advertido de que si realizaba las protestas lo matari?an junto con su familia. Su respuesta fue que la decisión la tomaba de común acuerdo con las autoridades comunitarias. Arnulfo no se dejaba amedrentar, por el contrario fijaba posturas claras: “sabemos que esta?n coludidas las autoridades con el crimen organizado, por eso todos los compan?eros hacemos responsable al presidente municipal y al jefe de gabinete de lo que nos pueda pasar”.
La desaparicio?n de Arnulfo Cero?n se fraguo? el 10 de octubre de 2019, cuando un grupo de hombres armados ingreso? a una casa habitada por mujeres en la colonia Contlalco de Tlapa. Ahi?, preguntaron por una mujer que llevaban grabada en un video y que protagonizo? una discusio?n entre agentes de tra?nsito municipal y comerciantes ambulantes en el centro de Tlapa.
Uno de los hombres ubicó a la mujer e hizo una llamada: “jefe ya la encontramos, ¿que? hacemos con ella?” La mujer escuchó por el auricular la voz del jefe: “se? que esta?s en el Frente Popular y eres compan?era de Arnulfo. Quiero que me lo entregues porque ya se cansaron de que ustedes a cada rato están bloqueando las calles y que tomen el Ayuntamiento. Quiero que tu? me lo entregues, porque si no mis muchachos van a matar a toda tu familia”.
Ella obedecio? y logro? que Arnulfo aceptara platicar con ella en la noche del 11 de octubre. A la hora acordada Arnulfo paso? a recogerla en su camioneta, durante el trayecto reci?bi?a indicaciones sobre el lugar donde se quedarían. La persona cumplió con su cometido. En ese instante llegaron cuatro hombres armados que lo sometieron con cachazos en la cabeza. De inmediato lo trasladaron a una casa de seguridad.
Segu?n los peritajes en materia de informa?tica forense y del ana?lisis te?cnico de los nu?meros telefo?nicos del personal del Ayuntamiento, el jefe de la banda criminal mantenía el control de la polici?a y de las obras en el Ayuntamiento. La investigación da cuenta de que la desaparicio?n de Arnulfo se planeó con el consentimiento del gobierno municipal de Tlapa.
Sus captores provocaron la muerte por sofocamiento meca?nico, es decir, perdio? la vida por asfixia. Fue enterrado en una fosa clandestina en la colonia Aguaje de Tlapa. Su cuerpo se localizó por las detenciones de los autores materiales y por la presio?n que ejercieron a nivel internacional organizaciones de derechos humanos. A 40 días de intensas búsquedas se dio con el cuerpo de Arnulfo en una fosa clandestina de más de 3 metros de profundidad.
Para su familia, desde que tuvo noticias de su desaparición, cada minuto que pasaba era un aguijón en el corazón. Las noches se transformaron en pesadillas ante el temor de que también los desaparecieran. El miedo se instaló en sus vidas, la incertidumbre cimbraba como un martillo en su mente. El ruido de las motocicletas que pasaban por su domicilio era una amenaza constante de quienes tenían el control de la ciudad. El temor los inmovilizó y los confinó a esconderse dentro de su domicilio. Los riesgos eran inminentes porque los autores del crimen andaban libres y se sentían intocables. El silencio cómplice de las autoridades municipales favoreció este clima de inseguridad y miedo. Su familia tuvo que salir de Tlapa y del estado porque vislumbró los grandes riesgos que corría. Truncaron sus vidas y les negaron la posibilidad de desarrollarse como personas libres y seguras.
El pasado 14 de enero la jueza Mariela Soraya Alfaro emitió el fallo condenatorio contra Jorge N., el jefe del grupo delincuencial que ordenó la desaparición y asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano. La condena que dictó fue mínima, porque dejó de lado todo el contexto de criminalidad que se vivió en Tlapa y que aparece registrado en varias carpetas de investigación sobre desapariciones y homicidios, donde se encuentran involucrados estos personajes. La jueza tampoco tomó en consideración la agravante de que Arnulfo Cerón fue un defensor de derechos humanos. La sentencia quedó corta ante la gravedad de los crímenes atroces.