Se desplazan 140 familias de Palantla por la ocupación del Cipog-EZ, denuncia el FDP

Policías estatales, agentes de la Guardia Nacional y soldados del Ejército con policías comunitarios de la CRAC-PF y vecinos en San Jerónimo Palantla Foto: El Sur

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

La ocupación de integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, desplazó a unas 140 familias.
El conflicto que inició en 2015 entre el Cipog-EZ y una parte de la población de San Jerónimo Palantla integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) escaló este jueves y desató acusaciones entre los dirigentes de ambas organizaciones.
Mientras, el gobierno del estado encabezado por la morenista Evelyn Salgado, por medio del subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que dialogó con ambas partes y se comprometió a que habrá condiciones de seguridad para que las familias regresen a su comunidad.
El jueves, policías comunitarios del Cipog-EZ irrumpieron en San Jerónimo Palantla. En el enfrentamiento murió uno de sus integrantes.
La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que localizaron en el lugar tres vehículos, tres viviendas y la Comisaría incendiada.
El mismo jueves Rodolfo Colorado Huixteco, líder del FDP aseguró que en la irrupción los agresores quemaron dos vehículos y desplazaron a más de 100 familias.
Por su parte, el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo dijo que los policías comunitarios ocuparon San Jerónimo Palantla porque no han tenido respuesta del gobierno del estado y federal para proteger a la población.
Y justificó que entraron para proteger a las familias que estaban sometidas por el FDP y por el ex comisario de San Jerónimo, Constantino Calvario Merino.
Este viernes, Constantino Calvario informó que las familias se desplazaron a la Casa del Campesino de Chilapa donde fueron resguardadas por la Policía Estatal.
En el campamento de desplazados, una de las víctimas, Rosario Santiago dio su testimonio de los hechos.
Dijo que desde las 10:50 de la noche del miércoles los policías del Cipog-EZ ingresaron desde un cerro por la comunidad de Xochitempa y empezaron a disparar balazos.
“Desde el cerro vi como tirotearon en mi puerta, lo dejaron bien feo, sacaron mi maíz, quemaron mi casa.
“Quemaron mis dos cocinas, hasta mis caballos y dos marranos gordos se los llevaron, como ellos no tienen dinero, son rateros que entraron. Yo digo que son zapatistas porque roban para comer”.
En Chilpancingo, Rodolfo Colorado denunció en conferencia de prensa que el miércoles por la noche unos 200 hombres armados con “rifles de alto poder” ingresaron a la localidad, hirieron a un habitante, quemaron tres vehículos, tres viviendas y la comisaría.
La intención del Cipog-EZ, aseguró, es apoderarse del pueblo y de sus recursos naturales como el agua. Además, señaló que la ubicación de la localidad es un punto importante para el trasiego de drogas.
Afirmó que 180 familias salieron y que 140 se refugiaron en la Casa del Campesino. Del resto dijo que desconoce su paradero.
Por su parte el Cipog-EZ en un comunicado difundido también este viernes por la mañana sostuvo que desde el pasado 30 de abril el gobierno municipal y estatal se comprometieron a vigilar el territorio colindante con San Jerónimo Palantla, Nuevo Amanecer y Xochitempa, que pertenecen al municipio de Chilapa.
Agrega que el gobierno municipal de Chilapa, encabezado por el alcalde priista Aldy Esteban Román, y el gobierno estatal, se comprometieron a instalar un cuartel de la Guardia Nacional para evitar los ataques y detendrían a sus agresores pertenecientes al FDP, “grupo que se vinculó en su momento al grupo narco-paramilitar Los Rojos, y hoy en día a Los Ardillos”.
“Ni se instaló el cuartel, ni se detuvo a nuestros agresores Clemencia Guevara Tejedor, Efraín Torres Fierro, Constantino Calvario Merino y Rodolfo Colorado”, señala la organización.
Agrega que desde el 30 de abril se han registrado 26 ataques armados en contra de las comunidades Nuevo Amanecer y Xochitempa.
“Por eso el jueves 23 de mayo decidimos tomar el control como Sistema Comunitario. Esta acción le corresponde al mal gobierno pero que al no hacer nada nos obliga a hacerlo”.
La organización informó que uno de sus compañeros, Pedro Vázquez Matías, de la comunidad de Zacapexco, perdió la vida porque al ingresar a San Jerónimo, fueron recibidos con fusiles AR-15 y cuernos de chivo.

Interviene el gobierno estatal

En el Ayuntamiento de Chilapa se reunieron la mañana de este viernes los dirigentes del FDP, el alcalde Aldy Esteban Román y el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.
El funcionario informó que también dialogó con integrantes del Cipog-EZ vía telefónica y de manera presencial aunque no detalló en qué lugar ni cuándo.
Luego de la reunión se trasladaron a la colonia La Ciénega donde se encuentra la Casa del Campesino que da alojo a las familias desplazadas de San Jerónimo Palantla.
Rodríguez Cisneros informó que se están generando condiciones de estabilidad para que las familias puedan trasladarse a su localidad.
Aseguró que habrá presencia policiaca estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Hemos trabajado de manera permanente en este corredor Chilapa – Hueycantenango que tiene este ramal que va a San Jerónimo y todas estas localidades, desafortunadamente se dieron estos hechos.
Vecinos de San Jerónimo informaron que podría ser este mismo sábado que suban a su comunidad.

Intercambian acusaciones por la balacera en Palantla

Tras la irrupción de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, el FDP denunció que 140 familias se vieron obligadas a refugiarse en Chilapa y el gobierno del estado dijo que busca condiciones para que regresen al pueblo. El dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido, dijo que fueron recibidos con disparos de AR-15 y cuernos de chivo que causaron la muerte de un compañero y justificó la ocupación porque dos de sus comunidades han sido víctimas de 26 ataques armados desde el 30 de abril. En la imagen, un automóvil incendiado durante la incursión del jueves Foto: El Sur

Se desplazan 140 familias de Palantla por la ocupación del Cipog-EZ, denuncia el FDP

Se refugian en Chilapa, y el gobierno del estado busca condiciones para que regresen, informa el subsecretario Rodríguez Cisneros. El dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido, dice que los policías comunitarios fueron recibidos con disparos de AR-15 y cuernos de chivo y murió su compañero Pedro Vázquez. Justificó la incursión del jueves porque desde el 30 de abril las comunidades Nuevo Amanecer y Xochitempa han sido víctimas de 26 ataques armados

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

La ocupación de integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, desplazó a unas 140 familias.
El conflicto que inició en 2015 entre el Cipog-EZ y una parte de la población de San Jerónimo Palantla integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) escaló este jueves y desató acusaciones entre los dirigentes de ambas organizaciones.
Mientras, el gobierno del estado encabezado por la morenista Evelyn Salgado, por medio del subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que dialogó con ambas partes y se comprometió a que habrá condiciones de seguridad para que las familias regresen a su comunidad.
El jueves, policías comunitarios del Cipog-EZ irrumpieron en San Jerónimo Palantla. En el enfrentamiento murió uno de sus integrantes.
La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que localizaron en el lugar tres vehículos, tres viviendas y la Comisaría incendiada.
El mismo jueves Rodolfo Colorado Huixteco, líder del FDP aseguró que en la irrupción los agresores quemaron dos vehículos y desplazaron a más de 100 familias.
Por su parte, el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo dijo que los policías comunitarios ocuparon San Jerónimo Palantla porque no han tenido respuesta del gobierno del estado y federal para proteger a la población.
Y justificó que entraron para proteger a las familias que estaban sometidas por el FDP y por el ex comisario de San Jerónimo, Constantino Calvario Merino.
Este viernes, Constantino Calvario informó que las familias se desplazaron a la Casa del Campesino de Chilapa donde fueron resguardadas por la Policía Estatal.
En el campamento de desplazados, una de las víctimas, Rosario Santiago dio su testimonio de los hechos.
Dijo que desde las 10:50 de la noche del miércoles los policías del Cipog-EZ ingresaron desde un cerro por la comunidad de Xochitempa y empezaron a disparar balazos.
“Desde el cerro vi como tirotearon en mi puerta, lo dejaron bien feo, sacaron mi maíz, quemaron mi casa.
“Quemaron mis dos cocinas, hasta mis caballos y dos marranos gordos se los llevaron, como ellos no tienen dinero, son rateros que entraron. Yo digo que son zapatistas porque roban para comer”.
En Chilpancingo, Rodolfo Colorado denunció en conferencia de prensa que el miércoles por la noche unos 200 hombres armados con “rifles de alto poder” ingresaron a la localidad, hirieron a un habitante, quemaron tres vehículos, tres viviendas y la comisaría.
La intención del Cipog-EZ, aseguró, es apoderarse del pueblo y de sus recursos naturales como el agua. Además, señaló que la ubicación de la localidad es un punto importante para el trasiego de drogas.
Afirmó que 180 familias salieron y que 140 se refugiaron en la Casa del Campesino. Del resto dijo que desconoce su paradero.
Por su parte el Cipog-EZ en un comunicado difundido también este viernes por la mañana sostuvo que desde el pasado 30 de abril el gobierno municipal y estatal se comprometieron a vigilar el territorio colindante con San Jerónimo Palantla, Nuevo Amanecer y Xochitempa, que pertenecen al municipio de Chilapa.
Agrega que el gobierno municipal de Chilapa, encabezado por el alcalde priista Aldy Esteban Román, y el gobierno estatal, se comprometieron a instalar un cuartel de la Guardia Nacional para evitar los ataques y detendrían a sus agresores pertenecientes al FDP, “grupo que se vinculó en su momento al grupo narco-paramilitar Los Rojos, y hoy en día a Los Ardillos”.
“Ni se instaló el cuartel, ni se detuvo a nuestros agresores Clemencia Guevara Tejedor, Efraín Torres Fierro, Constantino Calvario Merino y Rodolfo Colorado”, señala la organización.
Agrega que desde el 30 de abril se han registrado 26 ataques armados en contra de las comunidades Nuevo Amanecer y Xochitempa.
“Por eso el jueves 23 de mayo decidimos tomar el control como Sistema Comunitario. Esta acción le corresponde al mal gobierno pero que al no hacer nada nos obliga a hacerlo”.
La organización informó que uno de sus compañeros, Pedro Vázquez Matías, de la comunidad de Zacapexco, perdió la vida porque al ingresar a San Jerónimo, fueron recibidos con fusiles AR-15 y cuernos de chivo.

Interviene el gobierno estatal

En el Ayuntamiento de Chilapa se reunieron la mañana de este viernes los dirigentes del FDP, el alcalde Aldy Esteban Román y el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.
El funcionario informó que también dialogó con integrantes del Cipog-EZ vía telefónica y de manera presencial aunque no detalló en qué lugar ni cuándo.
Luego de la reunión se trasladaron a la colonia La Ciénega donde se encuentra la Casa del Campesino que da alojo a las familias desplazadas de San Jerónimo Palantla.
Rodríguez Cisneros informó que se están generando condiciones de estabilidad para que las familias puedan trasladarse a su localidad.
Aseguró que habrá presencia policiaca estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Hemos trabajado de manera permanente en este corredor Chilapa – Hueycantenango que tiene este ramal que va a San Jerónimo y todas estas localidades, desafortunadamente se dieron estos hechos.
Vecinos de San Jerónimo informaron que podría ser este mismo sábado que suban a su comunidad.

Tras el ataque, pactan tregua pueblos del Cipog-EZ con vecinos de Palantla

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En reuniones separadas que tuvieron con autoridades de los tres órdenes de gobierno, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), y habitantes de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa pactaron una tregua a las agresiones, luego de que el martes un ataque a balazos a esta última comunidad dejó un muerto y tres heridos, entre ellos una mujer y un militar.
Los funcionarios, encabezados por el director general de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros y el presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Román acordaron además la instalación de una Base de Operaciones Mixtas (BOM) entre entre los pueblos de San Jerónimo Palantla y Nuevo Amanecer para frenar la violencia.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un boletín de prensa que abrió una carpeta de investigación “en contra de quien, o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio calificado por arma de fuego, cometido en agravio de Vicente “N”, por los hechos ocurridos en la población de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa”.

Investiga FGE homicidio

Vecinos de San Jerónimo Palantla informaron ayer que además del asesinato del indígena Vicente Santiago Villanueva y los dos heridos; una mujer y un hombre, también resultó lesionado de un balazo en la mano un militar , pero ni aun así replegaron a los agresores que este miércoles por la mañana seguían cerca de la comunidad.
Vía telefónica, sostuvieron ayer que los agresores que llegaron a las orillas de la comunidad incendiaron la casa del comandante de la policía del pueblo.
El martes, el ex comisario municipal Constantino Calvario Merino responsabilizó del ataque a los miembros del Cipog-EZ y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que pertenecen a varios pueblos, y aseguró que no habían acudido las autoridades a brindarles protección, a pesar de que lo solicitaron reiteradamente.
Sin embargo, ayer, pobladores del lugar informaron que sí llegaron soldados y policías estatales entre las dos y las tres de la tarde del martes, pero que se quedaron afuera del pueblo en donde una “bala perdida” hirió en un brazo a un militar.
Informaron que sólo así respondieron con disparos a los atacantes, quienes debido a ello suspendieron como a las 4 de la tarde el tiroteo, aunque no se replegaron.
Denunciaron que ayer por la mañana los agresores seguían cerca de la localidad y los soldados y policías se habían retirado desde las 8 de la noche del martes.
Señalaron que ayer funcionarios de los tres órdenes de gobierno, encabezados por el director general de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros y el presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Román se reunieron por separado con pobladores de San Jerónimo Palantla y con los de las localidades que pertenecen a Cipog-EZ y a la la CRAC-PF para establecer una tregua a las agresiones que se han registrado en San Jerónimo Palantla y en Alcozacán.
Indicaron que en las reuniones estuvieron mandos militares, y los vecinos de San Jerónimo Palantla, pidieron su presencia permanente en el pueblo para inhibir la presencia de los agresores.
Asimismo, pidieron la reactivación de 60 órdenes de aprehensión en contra de policías comunitarios de la CRAC-PF a los que acusan de haber participado en una masacre el 8 de febrero del 2015 en San Jerónimo Palantla.
En la reunión, acusaron a las agrupaciones del Cipog-EZ y de la CRAC-PF de ser quienes los han venido atacando en represalia porque no quieren sumarse a ellas.
Los pobladores informaron que desde las cuatro de la tarde del martes ya no habían ocurrido tiroteos.
En un boletín de prensa, la FGE informó que abrió una carpeta de investigación “en contra de quien, o quienes resulten responsables, por el delito de Homicidio Calificado por Arma de Fuego, cometido en agravio de Vicente “N”, por los hechos ocurridos en la población de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa de Álvarez”.
Informó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y de los Servicios Periciales, acudieron al lugar de los hechos, “para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios a fin de esclarecer el ilícito.
“Asimismo, no se localizaron indicios de casas incendiadas”, aseguró la dependencia.

Palantla iba a atacar a Xochitempa y Nuevo Amanecer, dice el Cipog-EZ

Por su parte, los dirigentes Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo y Sixto Mendoza Limpia informaron ayer que el martes sólo fueron a respaldar a los pobladores de la colonia Nuevo Amanecer y Xochitempa Laguna Seca que estaban siendo rodeados para ser atacados por pobladores de San Jerónimo Palantla.
Informaron que, sin embargo, ayer se comprometieron a una tregua con funcionarios de los tres órdenes de gobierno a quienes pidieron que se instale una Base de Operaciones Mixtas (BOM) con militares y policías entre los pueblos en pugna para frenar la violencia.
Los pobladores de San Jerónimo Palantla, denunciaron el martes, que unos 150 pobladores de Xochitempa Laguna Seca, colonia Nuevo Amanecer, Alcozacán, Rincón de Chautla y Xicotlán, atacaron a balazos a ese pueblo, con resultado de un muerto, dos heridos y la casa del comandante de la policía local quemada.
En declaraciones por teléfono ayer, el promotor del Cipog-EZ de Alcozacán, Sixto Mendoza Limpia informó que fueron unos 600 policías comunitarios y pobladores de 11 localidades los que fueron a respaldar a los habitantes de la colonia Nuevo Amanecer y Xochitempa Laguna Seca, debido a que la gente de San Jerónimo Palantla, los había rodeado para atacarlos.
“Nosotros lo que queremos es que haya paz entre esos pueblos, en San Jerónimo, Nuevo Amanecer y Xochitempa, pero fuimos (el martes) porque nos enteramos que habían cercado a los compañeros de Nuevo Amanecer y Xochitempa y que los estaban atacando”, dijo.
Señaló que eran como 300 hombres armados de la comunidad de San Jerónimo que ya tenían rodeados a los de Nuevo Amanecer y Xochitempa. Los pobladores de estos dos lugares pertenecen al Cipog-EZ y a la CRAC-PF.
Según Sixto Mendoza, la gente de San Jerónimo Palantla que pertenece al Frente de Defensa Popular (FDP) que encabeza Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara Tejedor, “tiene pactos con el grupo delictivo de Los Ardillos y quieren someter a los de Nuevo Amanecer y Xochitempa Laguna Seca para que se incorporen con ellos”.
Insistió que por eso ayer (el martes) “tuvimos que subir para respaldar a la gente de esas dos comunidades”.
Informó que en la reunión que se realizó ayer en Alcozacán, encabezada por el director de Gobernación, Rodríguez Cisneros, el alcalde de Chilapa, Esteban Román y mandos militares, les pidieron que se instale un cuartel de soldados o de la Guardia Nacional en el crucero conocido como Dos Vistas y Aguacatlán que es un punto intermedio entre San Jerónimo Palantla y Nuevo Amanecer, para que se garantice la paz.
Por su parte, el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Placido Galindo, informó que ayer en la reunión con las autoridades de los tres órdenes de gobierno que se realizó en Alcozacán, acordaron la instalación de la BOM en la que estará el Ejército y la Policía Estatal entre los pueblos de San Jerónimo Palantla y Nuevo Amanecer.
“Pero también acusamos a Efraín Torres Fierro, Clemencia Guevara, Rodolfo Colorado y Constantino Calvario, de ser los generadores de la violencia junto con el grupo paramilitar Los Ardillos”.
Denunció que mucha gente de los pueblos que pertenecen a la CRAC-PF y el Cipog-EZ “han sido entregados por la gente de esa comunidad, concretamente por Constantino Calvario”.

Denuncia el Cipog-EZ abandono del gobierno a damnificados de Otis en la Montaña Alta

Redacción

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció que los gobiernos municipal, estatal y federal dejaron abandonados a los damnificados del huracán Otis, y que fue la sociedad civil la que llevó alimentos a la población afectada.
Se quejaron de que “los malos gobiernos” “únicamente estaban preocupados por la reconstrucción de la zona hotelera de Acapulco”.
En un comunicado expone, “hermanos, hermanas, el pasado 25 de octubre, el huracán Otis afectó severamente al estado de Guerrero, huracán sin precedentes categoría 5”.
“Sabemos que las causas del huracán son múltiples, entendemos que es un fenómeno natural, sin embargo estamos convencidos de que el capitalismo en su fase neoliberal, es también la causa y que eso que llaman calentamiento global, es una realidad provocada por la sobreexplotación del planeta, por la depredación de los bienes naturales y destrucción de la madre tierra”, agrega.
“Frente a este escenario de destrucción, los malos gobiernos, como de por sí acostumbran, no voltearon a preguntar, a ver, las necesidades de las comunidades de la Montaña de Guerrero, únicamente estaban preocupados por la reconstrucción de la zona hotelera de Acapulco, de tal forma que nuevamente fue la sociedad civil quien recolectó y trasladó alimentos para la población afectada”, informa.
“En nuestro caso, la Montaña Alta de Guerrero resultó afectada, evidentemente ni los malos gobiernos, ni los medios de comunicación se pararon en la zona. Fueron nuestros hermanos y hermanas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del Congreso Nacional Indígena (CNI) así colectivos nacionales e internacionales, quienes desplegaron su corazón, su solidaridad, para las comunidades de la Montaña Alta”, se lee en la misiva.
Dice que “52 familias de Pie de Tierra Blanca, Cruz Alta, Barrio Guadalupe, Amatitlán, son los lugares en donde gracias a la solidaridad de nuestros hermanos y hermanas, pudimos como Cipog-EZ, acompañados de las autoridades comunitarias, hacer reparaciones e instalación de techos”.
“Gracias hermanos, hermanas, por seguir dando luz en medio de la oscuridad, por dejar claro que es sólo la solidaridad entre los pueblos, la unidad de quienes abajo resienten la tormenta, la que nos permitirá sobrevivir y heredar futuro a nuestras hijas, e hijos”, y finaliza: “Gracias, de todo corazón”.
El comunicado es titulado De la solidaridad entre los pueblos, nacerá el mundo que queremos y va dirigido al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, al Concejo Indígena de Gobierno y “a los firmantes de una declaración por la vida a las redes de rebeldía y resistencia, a la sexta nacional e internacional a la misión civil de observación sexta a los medios de comunicación libres a los pueblos de guerrero”.

No paga la CEAV apoyo económico a víctimas de violencia en Chilapa, denuncia el Cipog-EZ

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció a la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), Enedina Medrano Serrano, de negar el apoyo económico al que tienen derecho las víctimas de la violencia de comunidades nahuas de Chilapa.
El dirigente de la agrupación, Jesús Plácido Galindo informó ayer por teléfono que son 40 familias de víctimas de desaparecidos y 20 de asesinados que desde hace cuatro meses no han recibido los apoyos a los que tienen derecho.
En tanto que en un comunicado la agrupación pidió la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; del secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y del director General de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros.
“Las comunidades que conformamos el Cipog-EZ), hacemos una denuncia pública en contra de Enedina Medrano Serrano, encargada de despacho de la CEEAV porque derivado de su falta de ética profesional, no es capaz de resolver, miente y engaña”.
La organización denunció que la comisionada, a pesar de tener la obligación de ayudar a las víctimas indirectas de las comunidades que se organizan en el Cipog-EZ, en el municipio de Chilapa, “ha sido omisa en cumplir su mandato”.
Reprochó que desde hace más de cuatro meses se ha negado a pagar lo que por derecho corresponde a las familias de las víctimas “para garantizar sus necesidades inmediatas, como son la alimentación, que son obligaciones del Estado para el cual trabaja Enedina Medrano Serrano”.
El Cipog-EZ informó en su comunicado que han acudido con la funcionaria para solicitarle información de por qué no ha entregado los apoyos “pero no nos da respuesta, y hasta la niegan en su centro de trabajo, y cuando se logra tener contacto con ella, sólo nos contesta pronto, sin dar motivo alguno de la falta del pago”.
La organización pidió a la gobernadora Salgado Pineda, al secretario de Gobierno Reynoso Núñez y al delegado de Gobernación Rodríguez Cisneros, “que cumplan con garantizar los derechos de las víctimas y se realice el pago retroactivo de los meses adeudados”.
Advirtió que de no tener respuesta, los integrantes de la agrupación realizarán acciones de protesta en los próximos días. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

El crimen se infiltró en las autodefensas, dice AMLO del asesinato de Bruno

Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas

El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.

 

 

La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo

Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.

Investiga el crimen, dice la Fiscalía

La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.

“No podemos tener un policía en cada
esquina”: secretario de seguridad Pública

Jacob Morales Antonio

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.

 

Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD

Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad

Daniel Velázquez

Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.

Informe

El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.

Apareció muerto en Tixtla uno de los tres indígenas desaparecidos, informa Cipog-EZ

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, informó este miércoles que Marcelino Hernández Tecorral, uno de los tres indígenas de Zacapexco desaparecidos desde el jueves de la semana pasada, fue encontrado muerto cerca de la comunidad de Zoquiapa, municipio de Tixtla.
Mientras tanto, el bloqueo de indígenas de varios pueblos que desde el sábado instalaron en la carretera Chilapa- Hueycantenango en la entrada de Alcozacán, continúa para exigir la localización de los otros dos desaparecidos, Ángel Villalba Salvador y Nicolás Rodríguez Díaz.
Plácido Galindo informó ayer por teléfono que el cuerpo de Marcelino Hernández se encuentra en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo desde el viernes de la semana pasada pero que sus familiares apenas se enteraron.
No se informaron las causas de su muerte ni las circunstancias en que fue encontrado y sus familiares están pidiendo que les vayan a entregar el cadáver a Zacapexco, de donde era originario.
De acuerdo a la dirigencia del Cipog-EZ, los tres indígenas Ángel Villalba Salvador, Nicolás Rodríguez Díaz y Marcelino Hernández Tecorral desaparecieron después de que abordaron una Urvan de la base de Chilpancingo hacia Chilapa a donde ya no llegaron.
Según dijo, los tres son jornaleros agrícolas y venían de Sinaloa a donde fueron al corte de uva.
El lunes circuló un video en las redes sociales en el que aparecen sólo Ángel Villalba Salvador y Nicolás Rodríguez Díaz quienes se auto incriminan como miembros del grupo de la delincuencia organizada Los Tlacos y dicen que fueron enviados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y el Cipog-EZ a “pelear” contra la Familia Michoacana en Nuevo Balsas.
La versión ha sido desmentida por las dirigencias de las dos agrupaciones.
En un comunicado que emitió la dirigencia del Cipog-EZ el martes, informó que los tres indígenas fueron detenidos el 17 de agosto por cuatro hombres armados vestidos de policías estatales en el crucero hacia Ayahualulco, antes de llegar a Chilapa y de ahí se los llevaron en una patrulla de la misma corporación con rumbo a Ayahualulco.
Mientras tanto, Plácido Galindo informó ayer que el bloqueo a la carretera que va hacia Hueycantenango, cabecera del municipio de José Joaquín de Herrera, continuó este miércoles por quinto día consecutivo para exigir la búsqueda y presentación de los otros dos indígenas que siguen desaparecidos.
Los que siguen desaparecidos son Ángel Villalba Salvador y Nicolás Rodríguez Díaz que son los que aparecen en el video que circuló el martes.
Plácido Galindo informó que las autoridades del gobierno del estado les prometieron el martes que se va a integrar una fiscalía especial para la investigación y localización de sus dos desaparecidos, pero advirtió que el bloqueo va a continuar hasta que se los entreguen.

 

Dos desaparecidos salen en video, sometidos, y dicen que fueron a pelear contra la FM

Redacción

Chilpancingo

Dos de los tres indígenas nahuas de Zacapexco, municipio de Chilapa que fueron reportados como desaparecidos el jueves pasado, aparecieron en un video que circuló ayer en redes sociales en el que dicen que no venían de Sinaloa, sino de Nuevo Balsas donde fueron a “apoyar” a Los Tlacos para “pelear” contra la Familia Michoacana.
Los indígenas son Ángel Villalba Salvador y Nicolás Rodríguez Díaz, pero no aparece Marcelino Hernández Tecorral, el tercer indígena que según el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) también desapareció el jueves al llegar a Chilapa en una Urvan que abordaron en Chilpancingo.
Los jóvenes aparecen desnudos del torso y atados de las manos hacia atrás, y dicen que fueron enviados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y por el (Cipog-EZ) a “apoyar a los Tlacos” y a “pelear contra la Familia Michoacana”.
“Mi nombre es Ángel Villalba Salvador, soy de Zacapexco. No venimos de Sinaloa, venimos de Río Balsas y somos sicarios de los Tlacos”, expresa el primero en el video.
El segundo dice: “Me llamo Nicolás Rodríguez Díaz, venimos de Nuevo Balsas y no venimos de Sinaloa como dicen aquéllos”.
Los indígenas, que aparentemente leen lo que dicen, aseguran que los coordinadores de la CRAC-PF y el dirigente del Cipog-EZ los mandaron “a apoyar a los Tlacos y a pelear contra la Familia Michoacana”.
Indican que se regresaron “porque nos mataron a un compañero este 8 de agosto”.
Ángel Villalba, agrega: “Venimos rajados, venimos a descansar por cinco días y al regresar de nuevo llevar más gente porque nos están dando en la madre”.
Piden a la gente “que no se dejen engañar” por los coordinadores de la CRAC-PF, “son los que nos dan adiestramiento desde morros, ya cuando estamos grandes nos mandan a pelear contra la Familia Michoacana y pues gente no les hagan caso, nos mandan a la boca de lobo a que nos maten”.
Acusan: “La policía de la CRAC y el Cipog pertenecen a los Tlacos. No son policías como ellos dicen, todo lo que es Tula, Alcozacán, Zacapexco, Ayahualtempa, Xochitempa, todos son Tlacos, pertenecen a ellos”.
Refieren que “ellos toda su vida han sido guerrilleros, pertenecían a un grupo llamado EPR y después se cambiaron de nombre y se pusieron como ERPI, toda su vida se han dedicado a matar gente”.
Refieren que en julio de 1986 emboscaron a los militares en la comunidad del Ahuejote, entre Chilapa y Apipixtla y en 1998 emboscaron a militares en la comunidad de Tepozonalco, entre Chilapa y Atlixtac y en diciembre de 1992 emboscaron a militares en la comunidad de Alcozacán.
Aseguran que “el apoyo que les da el gobierno lo usan para comprar armas y tiros”.
“No se dejen engañar, miren a dónde nos tienen a nosotros por su culpa. Ya no manden a sus niños a que los entrenen porque después que ya les hayan dado entrenamiento los van a mandar a pelar contra la Familia Michoacana y eso no nos conviene a todos, porque nos mandan a la boca del lobo a que nos maten”.
En una breve declaración por teléfono, el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, dijo que “quieren involucrarnos que estamos con los Tlacos, nosotros no tenemos contacto con el crimen organizado, ni con los Tlacos ni con ninguna otra organización”.
Aseguró que su lucha ha sido por la vida no para meternos con el crimen organizado pero nos quieren embarrar junto con ellos”.
Poco antes, Plácido Galindo insistió en que la demanda principal del movimiento que bloquea la carretera en Alcozacán, desde el sábado pasado, es “que nos devuelvan a nuestros compañeros y que se limpie Chilapa de la delincuencia que opera ahí adentro porque ahí fue donde levantaron a nuestros compañeros”.

 

Tercer día de bloqueo a la carretera en Alcozacán; acuden funcionarios a dialogar

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Indígenas nahuas mantuvieron ayer por tercer día el bloqueo a la carretera Chilapa-Hueycantenango, en Alcozacán, con la demanda de la búsqueda y localización de tres de sus compañeros de la comunidad de Zacapexco desaparecidos el jueves pasado.
Además piden el esclarecimiento y la detención de los responsables del asesinato de otros dos indígenas (padre e hijo) ocurrido el 13 de agosto cuando se abastecían de gasolina en un establecimiento del bulevar de Chilapa.
En la protesta participan policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) e integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Después de las 2 de la tarde de ayer acudieron a dialogar con ellos funcionarios del gobierno del estado encabezados por el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros y del Ayuntamiento asistió el síndico Néstor Parra.
A las 3 y media el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, informó por teléfono que ante la falta de acuerdos, los indígenas habían retenido al síndico Néstor Parra y a otro funcionario municipal y que sólo habían permitido la salida del pueblo de Alcozacán al director de Gobernación Rodríguez Cisneros.
Advirtió que mantendrían retenidos a los funcionarios municipales hasta que les entregaran a sus compañeros desaparecidos.
Pero a las 4 y media de la tarde, Rodríguez Cisneros aseguró que ya habían logrado salir todos del pueblo donde los indígenas bloquean la carretera.
Los indígenas de la CRAC-PF y del CIPOG-EZ, que de acuerdo con Plácido Galindo son de 16 pueblos nahuas de Chilapa, exigen la búsqueda, localización y presentación de los indígenas Ángel Villalba Salvador de 29 años; Nicolás Rodríguez Díaz de 22, y Marcelino Hernández Tecorral de 20.
Según la dirigencia del Cipog-EZ, los tres son de la comunidad de Zacapexco y desaparecieron el jueves pasado al llegar a Chilapa en una Urvan que abordaron en Chilpancingo, cuando venían de Sinaloa donde trabajaron como jornaleros.
También piden la investigación y detención de los responsables del asesinato de Esteban Xochitempa Tepexco y de su hijo Juan Xochitempa Macario, asesinados el 13 de agosto cuando cargaban gasolina en un establecimiento de Chilapa.
El director de Gobernación Rodríguez Cisneros informó que ayer dialogaron con comisarios, comisariados y delegados municipales quienes les plantearon sus demandas pero admitió que no llegaron a acuerdos y que este martes volverán a reunirse.
Informó que en la reunión estuvieron el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, Irving de Jesús, un teniente coronel del Ejército, el síndico de Chilapa Néstor Parra y él.
“Nosotros les estamos proponiendo que colaboren con la parte operativa que es la Policía Estatal y que permitan que las fuerzas federales realicen su labor en la zona”, declaró por teléfono el funcionario que encabezó las pláticas.
Rodríguez Cisneros expresó que entienden el sentir de las víctimas pero que es importante que las fuerzas del orden realicen su labor.
Aseguró que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió el sábado las denuncias de los familiares de las víctimas para integrar las carpetas de investigación, y que están en coordinación todos los órdenes de gobierno “para resolver la tan lamentable situación que pasa en esta zona”.
Informó que ayer después de la reunión los inconformes se quedaron dialogando para analizar las propuestas que les hicieron los gobiernos estatal y municipal y que este martes van a volver a reunirse.
Plácido Galindo declaró que plantearon a los funcionarios que la demanda principal de los indígenas que participan en el bloqueo es “que nos devuelvan a nuestros compañeros y que se limpie Chilapa de la delincuencia que opera ahí adentro porque ahí fue donde levantaron a nuestros compañeros”, dijo.

 

Cierra el Cipog-EZ la carretera; exige la presentación de tres indígenas desaparecidos

Indígenas integrantes del Cipog-EZ marcharon a Alcozacán y ahí bloquearon la carretera, y anunciaron que permanecerán para exigir la presentación de sus compañeros desaparecidos Foto: El Sur

María Avilez Rodríguez y Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) cerraron este sábado y domingo la carretera de Chilapa a Hueycantenango en Alcozacán, en la parte baja de la Montaña, para exigir la presentación de tres de sus compañeros desaparecidos.
Por teléfino uno de los dirigentes demandó también apoyo para las viudas y niños huérfanos que han dejado los ataques del grupo criminal que opera en la zona, justicia para los asesinados y seguridad en la zona.
Exigió además que los tres niveles de gobierno reconozcan a la Policía Comunitaria (que en esta zona depende de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla).
Desde el sábado los manifestantes exigen la presentación de Marcelino Hernández de 23 años, Nicolás Rodríguez Díaz de 25 y de Ángel Villalva Salvador de 29, quienes desaparecieron el 17 de agosto.
También pidieron justicia por sus compañeros asesinados en Chilapa hace tres días: Esteban Xochitempa Tepesco y Juan Xochitempa Macario, y exigieron un alto a los asesinatos, desapariciones, desplazamientos, cobro de piso y quema de vehículos ocasionados por los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos.
En un comunicado miembros del Cipog-EZ informaron que exigen a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda una mesa de diálogo o con autoridades que “en verdad tenga la capacidad de resolver la situación de violencia que está rebasando al gobierno de Guerrero”.
También solicitaron a las personas que han sido víctimas de los grupos de la delincuencia organizada, con tácticas paramilitares, que se sumen a su lucha justa y legal, para que las autoridades brinden seguridad en sus localidades.
Por teléfono, uno de los manifestantes, informó que minutos después de las 9 de la mañana, unas 150 personas de pueblos indígenas marcharon rumbo a la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, donde mantuvieron el bloqueo total de la carretera Chilapa-Hueycantenango en Alcozacán y la federal Chilapa-Tlapa.
Manifestó que pese a la movilización que realizaron ninguna autoridad del gobierno estatal los atendió, y dijo que el bloqueo total sería “permanente”, hasta que les dieran una respuesta a sus peticiones.
Ayer acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para levantar la denuncia sobre la múltiple desaparición, informó un integrante del Cipog-EZ, y advirtió que el cierre de la vía se mantendrá si no aparecen sus compañeros.