Etiqueta: Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos

El nuevo fiscal no representa a las víctimas, sino a intereses del gobernador, advierten colectivos

La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País (Colectivo Chilpancingo), Guadalupe Rodríguez Narciso opinó que el nuevo fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, nombrado por el Congreso local el martes, no representa a las víctimas, sino a los intereses del gobernador Héctor Astudillo y del secretario de gobierno, Florencio Salazar.
El director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández dijo que otra vez se perdió la oportunidad de contar con una Fiscalía que realmente sirva a la sociedad, y no al gobernador en turno.
Consultada por teléfono Rodríguez Narciso dijo que los familiares de las víctimas otra vez se sienten desprotegidos con el nombramiento de un fiscal a modo del gobernador y del secretario de gobierno, “el nuevo fiscal es gente del secretario de gobierno y del gobernador, ellos lo pusieron para que se sigan cubriendo sus fechorías y para que todo siga igual”.
Añadió que quienes propusieron a nuevo fiscal no tienen un compromiso con las víctimas ni con la sociedad, “y así no van a dar buenos resultados porque no va a resolver los problemas”.
Agregó que las víctimas y sus familiares siguen igual: “no hay avances en la identificación de los cuerpos depositados en los semefos, no se cuenta con los perfiles genéticos, tampoco se integran los expedientes básicos, y lo más grave es que no hay avance en las averiguaciones, ni en la investigación”.
El director del Centro Morelos señaló que es “indignante cómo se doblega el Congreso local ante el poder Ejecutivo para avalar y ratificar al recomendado de la Secretaría General de Gobierno”, respecto del nombramiento del fiscal de los Santos Barrila.
“Para nosotros ésta era una oportunidad de que pudiera recomponerse la forma de cómo se eligen a los titulares de la Fiscalía General del Estado, era una oportunidad de que se tomara en cuenta la voz de las víctimas y poner a alguien allí que realmente planteara una estrategia de ataque a la corrupción y a la impunidad, que hace mucha falta en el estado”, dijo Olivares.
“Lo que nosotros vemos es que pasó lo mismo que el nombramiento de la fiscal especial de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, Eloína Sánchez Zamora, “una persona de 30 años sin una trayectoria, sin una carrera dentro de esta responsabilidad, y ahora allí están las consecuencias, todavía se siente asesora jurídica (de la Secretaría General de Gobierno donde laboraba antes de ser designada) y no ha hecho nada”.
Añadió que igual de los Santos Barrilla no tiene en su currículum ninguna prueba de experiencia o de que haya tenido alguna responsabilidad que le permita actuar en beneficio de las víctimas.

Buscarán al fiscal para que dé seguimiento al trabajo de Los Otros Desaparecidos

La tarde de ayer en sus oficinas en el centro de Iguala la secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz dijo al nuevo titular de la FGE que tienen trabajo de casi cuatro años, y confió en que se le dé continuidad.
Expuso que no les sorprende la designación de Jorge Zuriel de los Santos Barrila como nuevo fiscal, y que buscará una reunión con él para pedir que se le dé seguimiento a los trabajos de las víctimas de desaparición y la Procuraduría General de la República.
Hace dos semanas, tras la renuncia de Javier Olea Peláez el colectivo de familiares de desaparecidos de Iguala advirtió la posibilidad de la imposición de Zuriel de los Santos en la Fiscalía General al ser recomendado del secretario Florencio Salazar.

 

 

Entregan los restos de un hombre hallados en 2015 entre 70 cuerpos en Chichihualco

Familiares de José Luis Hernández Gaspar, desaparecido desde noviembre de 2014, identificaron su cuerpo entre los 70 restos humanos hallados a finales de 2015 cerca de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Hernández Gaspar era de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, y tras el reconocimiento de sus restos que fueron reclamados al Servicio Médico Forense (Semefo), fue velado la noche del sábado en la funeraria Santa Cruz, y el domingo fue sepultado en el panteón de Xochipala.
La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País (Colectivo Chilpancingo), Guadalupe Rodríguez Narciso denunció que el retraso de 2 años y medio en la identificación del cuerpo se debe a la negligencia de las autoridades federales y estatales para los peritajes con oportunidad.
Informó que de los 70 cuerpos encontrados en ese lugar solamente han sido identificados cuatro, tres que fueron reclamados por otros colectivos del estado y el de Hernández Gaspar cuyos familiares están en el Colectivo Chilpancingo.
Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2016 fueron hallados y rescatados 70 cadáveres de una barranca cerca de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo, una zona que se encuentra en disputa entre los grupos criminales Cártel del Sur que encabezan Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I, y el de Juan Castillo Jaimes, El Teniente.
La presidenta del Colectivo Chilpancingo dijo que entre esos 60 cuerpos fue identificado el de José Luis Hernández Gaspar, que fue denunciado como desaparecido desde noviembre de 2014.
Agregó que los restos fueron identificados mediante la confronta de las muestras del ADN que le tomaron a los restos y a su madre e hija por la Procuraduría General de la República (PGR).
Lamentó que los resultados de los estudios se hayan dado a conocer después de casi 2 años y medio, pues dijo que esos restos fueron de los primeros hallados en diciembre de 2015 y trasladados a la PGR, “no se trabaja con toda la responsabilidad por parte de servicios periciales de la PGR, hay muchas irregularidades”.
Rodríguez Narciso denunció que en la averiguación previa que se integró por el caso de José Luis hubo muchas deficiencias, por ejemplo el Ministerio Público federal que se llevó los cuerpos no integró la denuncia correspondiente, y le “colgó” el caso a otro de Iguala que nada tenía que ver uno con el otro.
Informó que como consecuencia quienes llevaban el caso de Iguala no tenían conocimiento del hallazgo de cuerpos en Leonardo Bravo. El cuerpo lo entregaron pero los médicos de la PGR que autorizaron su salida no quisieron entregar el certificado de defunción a sus familiares.
Agregó que agentes de la PGR dijeron a los familiares que no estaban seguros de que José Luis estuviera muerto, debido a que no se encontraron todas las partes de su cuerpo, y denunció que esa fue otra irregularidad, pues cuando fueron hallados los primeros 20 cuerpos en la barranca de El Naranjo, el 15 de diciembre de 2015, el Ministerio Público no pudo rescatarlos el mismo día y se retiró sin dejar seguridad para su resguardo.
Añadió que al día siguiente que las autoridaes regresaron con el equipo necesario para el levantamiento de los cuerpos los encontraron incinerados, algunos seguían consumiéndose.
“Un día antes abandonaron los cuerpos que estaban todavía reconocibles, y como fue un operativo grande de policías federales y elementos de la Marina solamente calentaron la zona, por eso cuando se retiraron fueron a quemar los cadáveres”.
Informó que del cuerpo de José Luis solamente se encontraron enteras las piernas “y se recibió el cuerpo porque uno de sus familiares lo identificó bien, y dijo que efectivamente los restos eran los de José Luis, pero en realidad los peritos no realizaron un trabajo como debía de ser”, reprochó.
Dijo que son muchas las irregularidades del gobierno con las víctimas y sus familiares, “a pesar de que hay protocolos para tratar los cadáveres nadie los aplica, y se siguen cometiendo irregularidades”.
Añadió que estas irregularidades son la causa de que se retarde la identificación de los cuerpos. Por ejemplo dijo que de los 70 cadáveres que fueron hallados y rescatados a finales del 2015 y en el transcurso del 2016 cerca de El Naranjo, solamente han sido identificados cuatro, tres que reclamaron otros colectivos y el de José Luis, cuyos familiares participan en el Colectivo Chilpancingo.
Los restos humanos que resultaron de 70 personas fueron rescatados en tres ocasiones, la primera vez fue en diciembre de 2015, la segunda en enero de 2016 y la tercera en septiembre del 2016.

 

.

Sufren de ansiedad, déficit de atención y hay casos de drogadicción en familiares de desaparecidos

En los expedientes judiciales sólo hay datos proporcionados por los parientes, reprocha una madre en una posada para los menores de edad víctimas de la violencia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Ansiedad, déficit de atención y en algunos casos involucramiento con grupos de drogadictos para tratar de indagar sobre el paradero de su familiar desaparecido, son algunas de las secuelas de niños del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el estado de Guerrero y el País.
Ayer los familiares hicieron una posada para los menores de edad en una salón, y una joven de 17 años compartió su experiencia a cinco años de la desaparición de su papá, José Vázquez Colebrina de 34 años, empleado del Ayuntamiento.
Mencionó que el ultimo día que habló con él fue como a las 9 de la mañana y le dijo por teléfono que tenía hambre, que le dijera a su mamá que preparara la comida. Cuando regresó de la secundaria su madre la recibió en casa y le dijo que tenía que ser muy fuerte, “porque mi papá había desaparecido”.
Aclaró que pidieron ayuda a las autoridades para encontrarlo sin respuesta ni resultados.
Una de las madres de familia aclaró que la información en los expedientes judiciales sólo hay datos proporcionados por los familiares, y la Policía Ministerial les dice abiertamente que les digan lo que sepan o escuchen sobre los desaparecidos.
La hija de José Vázquez, la mayor de cuatro hermanos de 17, 12, 9 y seis años dijo que, “siempre fui muy unida a mi papá, fue algo traumático, incluso traté de conocer amistades malas para saber algo de mi papá, por eso también estuve en peligro y tuve que irme. Un tiempo caí en depresión, probé las drogas y decidí salir adelante para ayudar a mis hermanos”.
La joven abandonó sus estudios de preparatoria y su mamá la envió con familiares al Estado de México porque puso su vida en peligro. Indicó que su mamá también intentó buscar información de su esposo hasta que recibió una llamada de amenaza, y sus hermanos “el más pequeño (ahora de 12 años) estuvo en el hospital, tuvo depresión y dejó de comer de tristeza, mi hermana (de 9) lloraba por las noches decía que los extrañaba, y el más pequeño piensa que está trabajando fuera. No le hemos podido decir”.
Agregó que el Ayuntamiento estuvo liberando el salario de su papá para su familia hasta el año pasado, y ahora la mamá debe trabajar de tiempo completo, “me hice cargo de mis hermanos, los ayudo a hacer tareas, les doy de comer”.
Otro menor de 13 años habló de la desaparición de su tío de 29, capitán de meseros del restaurante El Tecuán, hace seis años, hasta donde llegaron unas personas y se lo llevaron.
Mencionó que veían juntos la lucha libre en televisión y una de las consecuencias de esta desgracia familiar fue la separación de sus papás, “y de mis primas que se pusieron más tristes”.
La presidenta del colectivo, Guadalupe Rodríguez dijo que a pesar de las circunstancias esperan que los niños se olviden un momento de los problemas, que traten que de tener una vida normal.
Señaló que los adultos como los niños son víctimas de la desaparición forzada de sus familiares, no rinden en la escuela, comienzan a tener lento aprendizaje, sufren ansiedad y necesitan atención constante. Los padres o abuelos evitan llorar frente a ellos, “tenemos que mostrarles que la vida sigue, hay que sacar fuerzas de Dios para salir adelante, y luchar para que ellos sepan que hay una esperanza”.
Estimó que el colectivo en Chilpancingo tiene alrededor de 80 niños, hijos y familiares cercanos de personas desparecidas, la cifra se incrementó respecto al año pasado porque las familias se siguen integrando a la organización, para exigir verdad y justicia a las autoridades.
Exigió que el gobierno estatal “deje de aparentar que en Guerrero no pasa nada, cuando a diario hay muertos, muchachas desapareciendo y la autoridad no hace nada por abatir este problema tan grave que tenemos”.

En enero o febrero se reanudará la búsqueda de cuerpos en fosas: Los Otros Desaparecidos

La secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz informó que el Plan de Búsqueda de fosas clandestinas se reanudará en enero o febrero tras las mesas de trabajo con los nuevos encargados de la Fiscalía Especial para Víctimas de Desaparición.
Ayer como cada martes más de 100 familiares de desaparecidos se reunieron en el predio en el que está contemplada la construcción de Ciudad Víctima, ahí se dio a conocer la suspensión de estas reuniones hasta el 9 de enero por las fiestas de fin de año. Después del mediodía los miembros del colectivo concluyeron la reunión informativa e hicieron una sencilla posada que organizaron ellos mismos, compartieron alimentos y los niños quebraron una piñata y les repartieron aguinaldos.
Adriana Bahena dio a conocer que tienen un registro de 176 niños, niñas y adolescentes que son hijos de desaparecidos, muchos de ellos son cuidados por su madre o por sus abuelos. Dijo que solicitarán a la Comisión Ejecutiva de Atención  Víctimas (CEAV) y a la Procuraduría General de la República (PGR) una atención especial de psicólogos para los niños y adolescentes para afrontar esa situación y evitar que sean presa de la delincuencia.
Del Plan de Búsqueda que se tenía contemplado en puntos señalados por testigos anónimos como posibles entierros, Bahena Cruz dijo que afectaron los cambios que hubo dentro de PGR durante este año y que ahora con el nombramiento de un nuevo fiscal especial para la Atención de Víctimas de Desaparición deberán tener nuevas mesas de trabajo para reprogramar las acciones en 2018.
Agregó que en algunos casos como Iguala ya tienen señalados algunos puntos por testigos anónimos. También dijo que faltan trabajos por hacer en Taxco y Cocula.
De un recuento de los trabajos hechos a tres años de existencia del colectivo Los Otros Desaparecidos, dijo que en su padrón cuentan con 960 víctimas directas (desaparecidos) e indirectas (familiares) en el Registro Nacional de Víctimas, de las cuales se han presentado 325 denuncias por desaparición ante la PGR.
En tres años el colectivo ha recuperado 165 cuerpos de fosas clandestinas, los peritos y antropólogos de la PGR sólo han identificado 32 cuerpos, 22 eran de víctimas que estaban dentro del padrón del colectivo y otros 10 cuerpos de personas externas que entregaron muestras de ADN a la procuraduría.
Bahena Cruz informó que de esos cuerpos identificados se entregaron 26 a sus familiares y sólo seis están en espera de ser entregados.
Asimismo dio a conocer que en enero harán entrega de las primeras 36 constancias de presunción de muerte a igual número de familiares de víctimas, lo cual les servirá para hacer trámites que tienen pendientes.(Alejandro Guerrero / Iguala).

Sufren de ansiedad, déficit de atención y hay casos de drogadicción en familiares de desaparecidos

Ansiedad, déficit de atención y en algunos casos involucramiento con grupos de drogadictos para tratar de indagar sobre el paradero de su familiar desaparecido, son algunas de las secuelas de niños del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el estado de Guerrero y el País.
Ayer los familiares hicieron una posada para los menores de edad en una salón, y una joven de 17 años compartió su experiencia a cinco años de la desaparición de su papá, José Vázquez Colebrina de 34 años, empleado del Ayuntamiento.
Mencionó que el ultimo día que habló con él fue como a las 9 de la mañana y le dijo por teléfono que tenía hambre, que le dijera a su mamá que preparara la comida. Cuando regresó de la secundaria su madre la recibió en casa y le dijo que tenía que ser muy fuerte, “porque mi papá había desaparecido”.
Aclaró que pidieron ayuda a las autoridades para encontrarlo sin respuesta ni resultados.
Una de las madres de familia aclaró que la información en los expedientes judiciales sólo hay datos proporcionados por los familiares, y la Policía Ministerial les dice abiertamente que les digan lo que sepan o escuchen sobre los desaparecidos.
La hija de José Vázquez, la mayor de cuatro hermanos de 17, 12, 9 y seis años dijo que, “siempre fui muy unida a mi papá, fue algo traumático, incluso traté de conocer amistades malas para saber algo de mi papá, por eso también estuve en peligro y tuve que irme. Un tiempo caí en depresión, probé las drogas y decidí salir adelante para ayudar a mis hermanos”.
La joven abandonó sus estudios de preparatoria y su mamá la envió con familiares al Estado de México porque puso su vida en peligro. Indicó que su mamá también intentó buscar información de su esposo hasta que recibió una llamada de amenaza, y sus hermanos “el más pequeño (ahora de 12 años) estuvo en el hospital, tuvo depresión y dejó de comer de tristeza, mi hermana (de 9) lloraba por las noches decía que los extrañaba, y el más pequeño piensa que está trabajando fuera. No le hemos podido decir”.
Agregó que el Ayuntamiento estuvo liberando el salario de su papá para su familia hasta el año pasado, y ahora la mamá debe trabajar de tiempo completo, “me hice cargo de mis hermanos, los ayudo a hacer tareas, les doy de comer”.
Otro menor de 13 años habló de la desaparición de su tío de 29, capitán de meseros del restaurante El Tecuán, hace seis años, hasta donde llegaron unas personas y se lo llevaron.
Mencionó que veían juntos la lucha libre en televisión y una de las consecuencias de esta desgracia familiar fue la separación de sus papás, “y de mis primas que se pusieron más tristes”.
La presidenta del colectivo, Guadalupe Rodríguez dijo que a pesar de las circunstancias esperan que los niños se olviden un momento de los problemas, que traten que de tener una vida normal.
Señaló que los adultos como los niños son víctimas de la desaparición forzada de sus familiares, no rinden en la escuela, comienzan a tener lento aprendizaje, sufren ansiedad y necesitan atención constante. Los padres o abuelos evitan llorar frente a ellos, “tenemos que mostrarles que la vida sigue, hay que sacar fuerzas de Dios para salir adelante, y luchar para que ellos sepan que hay una esperanza”.
Estimó que el colectivo en Chilpancingo tiene alrededor de 80 niños, hijos y familiares cercanos de personas desparecidas, la cifra se incrementó respecto al año pasado porque las familias se siguen integrando a la organización, para exigir verdad y justicia a las autoridades.
Exigió que el gobierno estatal “deje de aparentar que en Guerrero no pasa nada, cuando a diario hay muertos, muchachas desapareciendo y la autoridad no hace nada por abatir este problema tan grave que tenemos”.

Llaman colectivos a parar la crisis humanitaria que asola Chilapa; registran 173 homicidios en el año

Colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados en el estado anunciaron el inicio de la campaña Chilapa se levanta, para exigir un alto a los asesinatos y desapariciones de ese municipio, y hacer un llamado a instancias nacionales y organizaciones internacionales para que se solidaricen y ayuden a terminar con “la crisis humanitaria” que asola la región.
El representante del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro señaló que del 1 de enero al 1 de septiembre de este año en ese municipio la organización ha registrado 173 homicidios, en Tixtla 19 y en Zitlala 16, lo que denomina “el corredor de la muerte”.
En conferencia de prensa ayer en Chilpancingo, el representante del Colectivo de Familias en Búsqueda de sus Desaparecidos en Acapulco, Ciro Fuentes Urióstegui, integrantes del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero y en el País, María Guadalupe Rodríguez Narciso, Lamberto Castro y Gema Antúnez Flores y Díaz Navarro expusieron el motivo de la campaña y la unión de los colectivos.
“Chilapa tiene una crisis humanitaria muy profunda de la cual el gobierno federal, el gobierno estatal y por su puesto el gobierno municipal han sido omisos en atender, aún con todos los reclamos que hacemos los ciudadanos, las víctimas, los desplazados, todos los que hemos sido víctimas de un hecho delictivo. Pero también hay mucha gente que está a punto de sufrir esta situación, en este momento hemos decidido empezar una campaña Chilapa se levanta”.
Dijo que los colectivos exigen ya un alto a la violencia, a los crímenes, a los homicidios que día a día se tienen en esa ciudad, “también se levanta para pedir ayuda nacional e internacional y convocar a organizaciones civiles, no gubernamentales, y todo aquel que tenga sentido humanitario para ayudarlos a salir de la crisis que tienen”.
Abundó que según un estudio Acapulco es la capital del crimen, pero esa ciudad tiene una tasa, según el Consejo de Seguridad, Justicia y Paz en un reporte del 2016, de 113 homicidios por cada 100 mil habitantes, y Chilapa tiene 191 por cada 100 mil habitantes, y por tanto sería “la mega capital del crimen”.
Refirió Chilapa no es turístico, habitan indígenas, campesinos, sectores más vulnerables y desprotegidos y por eso no se destaca.
“Todo Chilapa ya es una escena del crimen, justamente ahorita que veníamos en el trayecto alcanzamos a ver en la carretera (Chilapa-Tixtla) un cuerpo maniatado, con visibles huellas de tortura, se habla de que es de uno a tres cuerpos”, expuso.
Tienen registrados 173 homicidios del 1 de enero al 1 de septiembre, con el que encontraron en la carretera sumarían 174, mientras que en Tixtla saben de 19 en el mismo lapso, pero aclaró que son engañosos los datos porque hay gente que capturan en esta ciudad y los dejan en la capital, y que en Zitlala se han registrado 16 asesinatos en el mismo tiempo.
Dijo que la violencia fue a la alza en Chilapa de 2012 al 2014 y que en ese tiempo dominaba el grupo criminal Los Rojos liderado por Zenén Nava Sánchez, como una célula del cártel de los Beltrán Leyva, pero que tras una ruptura una parte se pasó al grupo delictivo Los Ardillos.
Dijo que principalmente un hombre que fungía como policía municipal, (era el brazo derecho del ex secretario de Seguridad Pública, Silvestre Carreto González preso en Nayarit por delincuencia organizada), Constantino Chino, y que quien los encabeza son Celso e Iván Ortega Jiménez, hermanos del ex presidente de la comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez.
Díaz Navarro agregó que en 2015 son desplazados Los Rojos de Chilapa y comienzan a tomar el control Los Ardillos, de ahí se habla de una “limpia” y ahora hicieron creer que llegaba otro grupo llamado Los Jefes, pero son los Ortega Jiménez.
Reiteró como en declaraciones pasadas que los Ortega son los que también lideran el grupo de civiles armados Paz y Justicia, al que Siempre Vivos acusa de la desaparición de 30 vecinos durante una irrupción armada del 9 al 14 de mayo de 2015 a la cabecera municipal.
Dijo que la Ley 701 de derecho y cultura indígena no debe seguir cobijando a la formación de policías comunitarias que están al servicio de cárteles.
Afirmó que estos criminales también lideran a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, en Chilapa, y a la policía municipal de Quechultenango y de Mochitlán.
Abundó que lo sabe Bernardo Ortega, y señaló que un 90 por ciento de los homicidios perpetrados en Chilapa han sido por estos hermanos.
Los más sanguinarios en la historia de Guerrero

De los hermanos Ortega Jiménez, Díaz Navarro dijo, “yo creo que en la historia de Guerrero son los más sanguinarios, los más violentos, los más crueles que hemos tenido y que siguen operando impunemente en Chilapa y toda esa región”.
“El viernes tuvimos ocho homicidios porque se rumoró que había regresado el jefe de plaza de Chilapa, entonces Celso mandó a sus sicarios a calentar la plaza, hubo ocho homicidios porque su estrategia es que llegue el Ejército, llegue la Marina, la Policía Federal y capture a su acérrimo enemigo que es Zenén Nava Sánchez”.
Reiteró que se emprendió esta campaña para poner un alto a las graves violaciones de derechos humanos, “que curiosamente ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han hecho ningún pronunciamiento, no han solicitado medidas cautelares para Chilapa, que está en un total abandono”.
Señaló que de hoy en adelante cada muerto que haya será responsabilidad del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia y del gobierno del estado, porque no detiene a los delincuentes a pesar de que están identificados.
“Si no sabían quiénes son los que nos están masacrando, quiénes están exterminando al pueblo de Chilapa se los acabo de decir, hay muchas órdenes de aprehensión contra estos delincuentes, ya tiene como un año que se emitieron esas órdenes de aprehensión y hasta el día de hoy sólo capturaron a un sicario de más bajo nivel”, expuso.
El gobernador no hace nada ante la masacre, reprochan

Díaz Navarro informó que el 3 de septiembre habrá una manifestación en Chilapa para visibilizar el problema que se vive y se invitará a colectivos de otros estados.
La representante del Colectivo de Chilpancingo, Rodríguez Narciso expuso que se suma a la campaña que está emprendiendo Siempre Vivos, porque no puede ser posible que sigan las masacres, que sigan las violaciones a los derechos humanos, “no es posible que el gobernador Héctor Astudillo Flores no haga nada y mejor le dé protección a los delincuentes”.
“¡Ya basta!, ya es un alto, también le exigimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la federal, a la estatal, que hagan algo por las víctimas, esas instituciones se crearon para eso, para dar apoyo a las víctimas y todo el estado de Guerrero está bañado en sangre”, expuso.
Agregó que Chilapa es el municipio más sanguinario, que por eso exigen a las autoridades no solamente que se paren el cuello hablando de democracia y de justicia, cuando en la realidad no existe.
Dijo que con sus compañeros exigen al gobernador el presupuesto que tiene la CEAV en el estado, porque no puede seguir trabajando sin presupuesto, que cuando se acercan a la Comisión a pedir apoyos no tienen, los tienen que conseguir en el DIF y en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y eso es una vergüenza para Astudillo Flores.
Reprochó que el gobernador se jacta de regalar dinero al Teletón, cuando las familias de las víctimas en Guerrero se están muriendo de hambre, los hijos han dejado de estudiar porque no hay apoyo, porque al que daba el sustento a la familia lo levantaron o lo asesinaron.
Abundó que las familias necesitan atención psicológica, médica y educativa, e insistió al gobernador que “¡ya basta!”, que no sólo se esté tomando fotos y ponga los ojos en Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, en la sierra y si no puede que renuncie al cargo, para que se quede una persona sensible que los atienda.
Fuentes Urióstegui dijo que en Guerrero hace falta una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas por Desaparición Forzada, que en el estado hay leyes congeladas en el Congreso local que no se han promulgado como la Ley de Desaparición de Personas.
Añadió que les dicen que la Ley General de Víctimas es un arma que pueden utilizar y que les va a beneficiar de alguna manera, y que él preguntaba que si de verdad ha beneficiado a alguien porque para acceder a esos derechos les ponen una serie de trabas que difícilmente cumplen.
“De por sí la búsqueda de nuestros familiares es difícil, si no tenemos el apoyo de la autoridad, si no tenemos el apoyo de algún sustento económico para las familias pues va a ser mucho más difícil la búsqueda. La falta de voluntad política de los gobernantes va a dirigida al cansancio, a que las familias nos agotemos, porque esto no es fácil, nos agotamos económicamente, físicamente, moralmente, psicológicamente, quieren que tengamos ese degaste para ya no seguir exigiendo”, expuso.
Dijo que quieren que las instancias internacionales los volteen a ver porque en el estado hay deficiencias en investigación, hay en dictámenes forenses, todos los expedientes, las carpetas de investigación están paradas y no hay quien exija a las autoridades que den respuesta de lo que se investiga.
Llamó a los reporteros a unirse porque el gremio también ha sido violentado, que no se luche de forma aislada porque el problema es nacional.
Lamentó que muchos se quedan callados y no alzan la voz mientras los siguen asesinando poco a poco, y no se ve que vaya a parar.
Lamberto Castro hizo alusión a “las víctimas invisibles”, los niños y niñas que son hijos de víctimas y que instancias municipales, estatales y federales no los atienden, y que por el testimonio de cada familia que ni el DIF ni la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) toman cartas en el asunto, para ver el destino de estos niños.
“El llamado que hacemos a través del colectivo Chilpancingo es que intervengan instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la UNICEF, o a través de otros organismos que pueden ser de defensa y protección a menores, en este caso pudiendo organizar alguna campaña de productos que puedan ser en centros de acopio, para hacer llegar a las madres que tienen niños lactantes o padecimientos de alguna enfermedad”.

Piden familiares de las víctimas el regreso de sus desaparecidos en un convivio en Chilpancingo

En medio de la tragedia que viven con sus padres ausentes, hijos de desaparecidos y asesinados ante la violencia que se padece en Guerrero, festejaron este viernes el Día de Reyes, en un convivio que organizó el Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, en Chilpancingo.
Los hijos de las víctimas de la violencia recibieron regalos, partieron la rosca de Reyes, y tomaron agua y refrescos, pero los reyes no les cumplieron el mayor deseo que muchos de ellos pidieron para este día, el regreso de sus padres.
Como José, un niño siete años, hijo de Josué Molina Rodríguez, desaparecido desde el 14 de junio de 2014, que llegó acompañado de dos de sus hermanitos, nietos de Guadalupe Rodríguez Narciso, presidenta del  Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País.
Guadalupe Rodríguez comenzó la lucha por la presentación de los desaparecidos luego de que hombres armados levantaron a su hijo, Josué Molina, cerca de la Secundaria Técnica número 30 de Chilpancingo, y ninguna autoridad estatal o federal quiso ayudarla, hasta que sumó fuerzas con familiares de otros desaparecidos y asesinados para constituir el colectivo, el año pasado.
Al festejo asistieron la tarde de este viernes más de 30 niños de distintas edades acompañados por sus madres o padres, que llenaron un local ubicado en el bulevar Vicente Guerrero, en la colonia Progreso, de la capital.
En el festejo, cada niño recibió un regalo de los que fueron recolectados por el colectivo. Los menores tuvieron derecho a escoger su regalo bajo la condición de responder una pregunta escrita en un pedazo de papel que sacaban al azar de una improvisada urna.
La primera niña sacó una papeleta que decía: “¿Si fueras gobernador qué harías?”, no pensó mucho su respuesta, “ordenaría que buscaran a mi papá y a los otros desaparecidos”.
Después, algunos de los menores platicaron con los reporteros. Los hijos de Josué Molina eran los menos tímidos. José recordó a su padre, “grandote”, su hermano mayor recordó que con él tenía “amor”, y el más pequeño de los tres recordó que a su padre le “gustaba comer mucho”, pero que ya quiere que regrese.
Por su parte, Mariana, hija de Miguel Ángel Nava, desaparecido hace siete años, pidió que el  gobierno busque a su padre y que se lo regrese. “Él era una persona buena”, dijo antes de que la tristeza la embargara y se le cerrara la garganta.
A su vez, Paola dijo que su padre tiene ocho meses desaparecido, y recordó que cuando él vivía con ellos, ella era muy feliz, porque su padre era, “amable conmigo y me compraba todas las cosas que yo quería, por eso quiero que regrese”, dijo.
Alexandra, hija de Juan Álvarez Gil, un policía ministerial que desapareció hace tres años, exigió que el gobierno le ayude a buscar y encontrar a su padre, y se quejó de que no haya hecho nada para devolverlo.
Junto con las exigencias de los menores, hubo también de los adultos.
Jesús Castrejón Santana, padre del agente de Tránsito de Chilpancingo, Moisés Castrejón Serrano de 32 años, que desapareció hace nueve meses, denunció que a pesar de que su hijo era servidor público, los gobiernos estatal y municipal no han investigado su paradero.
“No hemos tenido nada de parte del gobierno. Al contrario, he pedido informes y lo único que me dicen es que ya pidieron informes a las diferentes presidencias  municipales para saber si fue detenido. Es lo único que han investigado”, se quejó.
Declaró que, en cambio él, sin recursos, se ha ido a buscarlo a las barrancas, a los cerros, “en los lugares donde tiran cadáveres, he ido a hospitales, a las prisiones, a diferentes partes, lo que el gobierno no ha hecho”.
Dijo que, desgraciadamente los familiares de los desaparecidos no tienen los medios para buscar en todas partes, “y el gobierno sí los tiene, pero lo que no tiene es voluntad. Yo le pido que hagan algo por nosotros”, exigió.
Reprochó que, en cambio, cuando a un funcionario le desaparecen a un familiar “pagan los millones y al segundo o tercer día aparecen, ¿y eso por qué?, por el dinero.
Desgraciadamente nosotros no tenemos el recurso para pagar y para que nuestros desaparecidos regresen, aunque sea como sea”.
Recordó que su hijo estaba laborando el 8 de febrero de 2016 en la avenida Guerrero, a la salida del paso a desnivel, aproximadamente a la 1 y media de la tarde, cuando avisó por radio a sus superiores que lo apoyaran porque unas personas estaban discutiendo con él, pero que nunca llegó el apoyo que pidió.
Dijo que, cuando varias horas después fueron a buscarlo sus compañeros, solamente encontraron la motocicleta que utilizaba en el servicio. Denunció que a casi un año de su desaparición, las autoridades no han investigado para localizarlo.
“No existe ningún reporte en el expediente que diga qué actividades han hecho para encontrarlo, y ni siquiera a sus familiares les han pedido informes, menos a sus vecinos les han ido a preguntar en qué trabajaba o cómo se portaba, que es lo mínimo que se debe hacer en una investigación, nomás nos han ido sobrellevando”, protestó.
Contó que Moisés tiene tres hijos, de  nueve, siete y cuatro años, y que durante el tiempo que lleva desaparecido ninguna autoridad ha querido apoyarlos, por el contrario, denunció que el Ayuntamiento hasta el mes pasado sólo le pagó a su mujer el salario que venía recibiendo, pero que le suprimió el aguinaldo y un bono que recibieron el resto de los policías de Tránsito en activo.
Informó que el presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena, le dijo que posiblemente en enero van a valorar si es que le dan el apoyo a sus familiares, a pesar de que él estaba en labores cuando se lo llevaron, “por falta de atención de la autoridad, por no cuidar de nosotros”, reclamó.

Tiene registradas más de 100 víctimas, 80 de ellas desaparecidas y el resto asesinadas

El Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, tiene registradas más de 100 víctimas de la violencia; 80 de ellos son casos de desaparecidos y el resto de asesinados.
La representante del grupo, Guadalupe Rodríguez dijo que algunos casos fueron denunciados desde hace ocho años, pero que ninguno ha sido esclarecido.
A nombre del Colectivo, demandó una audiencia al gobernador Héctor Astudillo Flores para solicitarle atención a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y asesinados ante la violencia que se vive en la entidad.
La representante de la agrupación se quejó de que mientras sigue el baño de sangre en Guerrero y continúan las desapariciones de personas, no haya atención para las víctimas y sus familiares, que quedan en el desamparo.
“Ojala este año si nos reciba, porque el año pasado nos dejó plantados tres veces a los familiares de las víctimas de desaparición y de los asesinados”.
La representante declaró que el gobierno del estado tiene la obligación de velar por el bienestar y por los intereses de los familiares de las víctimas, porque se encuentran en ésta a situación debido a que el gobierno no ha sabido o podido resolver el problema de la violencia, y por consiguiente no garantiza la integridad física y de sus bienes, como es su obligación.
Dijo que hasta ahora, sólo han sido apoyados medianamente por la Comisión Estatal de Atención  a Víctimas (CEAV), pero que el organismo no cuenta con los recursos necesarios para brindar la ayuda integral que establece la ley.