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La Procuraduría Agraria no interviene en Ahuetlixpa porque no se lo pidieron, dice el delegado

 

El delegado de la Procuraduría Agraria (PA) en Guerrero, Ezequiel Zúñiga Galeana afirmó que esa dependencia no ha intervenido en el conflicto entre San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco y Ahuetlixpa, municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), porque no fue solicitado por los pobladores “ante los intereses de abogados particulares que han llevado el caso”.
Desde el 22 de mayo, más de 400 indígenas nahuas de Ahuetlixpa están incomunicados luego de que sus vecinos de San Francisco Ozomatlán cerraron la carretera con una cerca de postes y alambre de púas, debido a un conflicto por 89 hectáreas de tierra.
Según los comuneros del núcleo agrario de San Juan Totolcintla, al que pertenece Ahuetlixpa, el conflicto es por 89 hectáreas de tierra, pero los de San Francisco Ozomatlán aseguran que es por más de 600 hectáreas.
Vía telefónica el delegado de la Procuraduría Agraria informó que el conflicto está a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de Asuntos Políticos del gobierno estatal y del Tribunal Unitario Agrario (TUA).
Detalló que la dependencia federal intervino con algunas asesorías en el TUA, sin embargo, las comunidades en conflicto tienen abogados particulares.
“Cuando los ejidos no tienen quién los represente en el Tribunal, el mismo Tribunal ordena asesorar a un sujeto agrario o a un ejido, pero cuando se presentan con abogados particulares nosotros ya no somos parte en el litigio, que es lo que sucede en esta ocasión”, expuso.
Agregó que si los pobladores hubieran requerido el apoyo de esa Procuraduría para resolver el conflicto, “tal vez ya se hubiera arreglado, pero en este caso la dependencia no interviene, pues lo no pedido es lo no concedido… y si no te buscan es porque no te necesitan”.
El delegado enfatizó que de momento no tienen una vía conciliatoria para resolver ese conflicto porque no forman parte del mismo, y dijo que los abogados particulares alejan a los pobladores de la Procuraduría Agraria, “por una simple razón: ellos cobran y nosotros no”.
Zúñiga mencionó que el TUA sabe que la Procuraduría no interviene en el problema, y que “en el momento de que nos presentemos a una audiencia nos rechazarían; entonces para qué voy”, dijo.
Por otro lado, se dio a conocer que la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez reconoció que sigue sin resolverse el conflicto agrario por el que habitantes de San Francisco Ozomatlán mantienen bloqueado al pueblo de Ahuetlixpa.
La alcaldesa refirió que la situación es grave, pues los habitantes nahuas de Ahuetlixpa siguen incomunicados, y actualmente la única salida que tienen es por el río Balsas, el cual se encuentra muy crecido.

La Procuraduría Agraria ya cumplió en el conflicto de Alpoyeca, asegura el delegado estatal

El delegado de la Procuraduría Agraria (PA) en el estado, Ezequiel Zúñiga Galeana manifestó que la dependencia ya cumplió con su responsabilidad en el conflicto agrario de los comuneros de Alpoyeca.
Desde enero pasado, los comuneros denunciaron que el alcalde militante del Partido del Trabajo (PT), Osiel Humberto González Almazán, la síndica Rosaura Moreno Ríos y el ex presidente de Bienes Comunales, Rigoberto Almazo González comenzaron a vender ilegalmente las tierras que le pertenecen a los comuneros.
Consultado vía telefónica, Zúñiga Galeana sostuvo que la PA ya cumplió con atender el problema que se presentó, en referencia a la elección del comisariado.
“Nosotros hicimos ya la asamblea para el cambio de comisario, lo hicimos en paz”, agregó.
El pasado 4 de marzo se llevó a cabo una asamblea para cambiar al presidente del comisariado de Bienes Comunales de Alpoyeca, la cual se celebró en el salón de reuniones de la cabecera municipal, en el primer piso de la comisaría comunal.
Entre gritos y golpes se llevó a cabo la elección, y luego de conocerse los resultados, el grupo perdedor, que es el que pretende cambiar el uso de suelo para lotificarlo, encerró al grupo de comuneros ganador.
A pesar de eso, Ezequiel Zúñiga asegura que la asamblea se realizó en paz.
El funcionario insistió que su dependencia únicamente se encargó de la elección del nuevo comisariado de Bienes Comunales, y al concluir con esa tarea se retiraron del conflicto agrario por el que se han registrado hechos violentos.
También se le preguntó sobre las acusaciones hechas por el comunero Florentino González Ayala, quien dijo que pese a las constantes denuncias ante la PA no han tenido una respuesta favorable para evitar la venta de lotes.
“De esos asuntos nosotros no nos encargamos, nosotros nos encargamos del problema con el anterior comisario y hasta ahí llega nuestra competencia”, expresó.
Sobre los hechos de violencia que se han registrado, como la amenaza por parte del grupo de Rigoberto Almazo, a quien acusan de intentar quemar sus casas, así como de hostigarlos, comentó que le corresponde a otras áreas atenderlo.
Explicó que la Procuraduría Agraria sólo podrá intervenir en el caso hasta que los comuneros lo busquen en su oficina y presenten una queja formal sobre algún problema con el nuevo comisario de Bienes Comunales.
Reiteró que la Procuraduría sólo podía intervenir en el proceso de elección de los comisarios, y además sólo si había una denuncia formal que pidiera su intervención.

Piden vecinos de Axoxuca, Tlapa, al gobierno estatal que intervenga en un conflicto agrario

Habitantes de San Miguel Axoxuca, municipio de Tlapa, se reunieron con el subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaime Ferrer, para tratar de solucionar un conflicto agrario de 158 hectáreas en esa comunidad.
A las 12 del día vecinos de esa localidad llegaron a la Secretaría General de Gobierno para solicitar que se atendieran sus peticiones.
El secretario de  asuntos jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Campesina Independiente, Juvenal Olivares informó que el problema entre dos grupos de comuneros de la localidad tiene ya 34 años, y que no ha sido atendido por el gobierno estatal.
Comentó que el comisario ejidal, Manuel Bello Navarrete e Isidoro Sergio Orea son los que encabezan los dos grupos en conflicto.
Asimismo, otra de las demandas es un terreno para la construcción de la comisaría municipal.
Juvenal Olivares informó también que en la reunión con el subsecretario de Asuntos Agrarios, acordaron que el 13 de enero próximo se reunirán con las dos partes en conflicto en Tlapa para evitar que ocurra alguna confrontación entre los pobladores.
A las 3:30 de la tarde los pobladores de San Miguel Axoxuca se retiraron del Palacio de Gobierno.

Exigen autoridades de Tlacoapa que intervenga el gobernador en un conflicto que tienen con Ocoapa

Autoridades de los Bienes Comunales de Tlacoapa exigieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores en el conflicto agrario que tienen con los comuneros de Ocoapa, municipio de Copanatoyac.
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa en Chilpancingo, el presidente de los Bienes Comunales de Tlacoapa, Hilario Vicario Mejica dijo que han solicitado mediante oficios al gobierno estatal que atienda el conflicto agrario, pero no han tenido respuesta.
“Se cumplen 30 días desde que solicitamos una audiencia y no hacen caso, porque los comuneros de Ocoapa no respetan un acuerdo de 2008, de que el predio no lo tocarían ninguna de las partes, pero ellos talan los bosques que nosotros cuidamos”, declaró.
Dijo que han sido intimidados por los comuneros de Ocoapa, los han amenazado con secuestrarlos, violar a sus mujeres y sacar las armas para tener un enfrentamiento.
Informó que están en disputa 456 hectáreas, ubicada al norte de Tlacoapa, y en 2005 acudieron al gobierno del estado, pero no han tenido solución.
Dijo que el 18 de noviembre acudieron a la subsecretaria de Asuntos Agrarios del gobierno del estado pero la audiencia se canceló.
Advirtió que en caso de no tener una solución a sus peticiones realizarán movilizaciones en la capital.
El 17 de junio de 2007 ocurrió un enfrentamiento que dejó tres indígenas muertos de la comunidad de Moyotepec, y según las investigaciones policiacas, quienes iniciaron las agresiones fueron los pobladores de Tlacoapa, ambos pueblos se disputan 456 hectáreas desde 1986.
El 26 de febrero hombres armados de Tlacoapa invadieron los Bienes Comunales y detuvieron a seis comuneros de Ocoapa, municipio de Copanatoyac, lo que puso fin a seis años de tregua por el conflicto agrario.
A la conferencia de prensa asistió también el secretario general del núcleo agrario, Pedro Juárez.

Comuneros de Acatepec culpan a Mosso y al gobierno de que vuelva el conflicto agrario

* Promueve el alcalde de Zapotitlán desconocer el convenio, dicen;

 * Se pone en riesgo la ejecución del convenio del 10 de diciembre, promovido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el gobierno estatal, para resolver el conflicto por las mil 700 hectáreas comunales

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo *

El asesor jurídico y el comisionado de los Bienes Comunales de Acatepec, Reymundo Castro Aparicio y Demetrio Cayetano Santos, responsabilizaron al gobierno estatal y al alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Moso Porfirio de que pueda a reactivarse el conflicto agrario, luego de que el segundo encabeza el desconocimiento de las autoridades que firmaron el convenjio que daba fin a la disputa que comenzó a principios del siglo pasado.

La declaración de los representantes de Acatepec se da luego de que el lunes pasado comisarios municipales de 30 localidades de Zapotitlán Tablas encabezados por el alcalde Moso Porfirio, informaron que los campesinos desconocieron el convenio y a los representantes comunales que lo avalaron, en tanto que el director de Gobernación, Rey Hilario Serrano, admitió que hay riesgo de que se reavive el asunto.

La tarde del jueves, los representantes municipales y comunales de los 12 anexos de Acatepec se reunieron con sus similares de Zapotitlán Tablas, en el Tribunal Unitario Agrario, donde acordarían la ejecución de dicho convenio.

Pero Castro Aparicio y Cayetano Santos dijeron que en esa reunión los comuneros de Zapotitlán, encabezados por el comisionado Enedino Sánchez Villar, se negaron. “Él advirtió que no aceptarán el convenio y que el conflicto continúa”.

Castro Aparicio señaló que esto implica una negativa de comuneros de Zapotitlán, con lo que se pone en riesgo la ejecución del convenio del 10 de diciembre, promovido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el gobierno estatal, para resolver el conflicto por las mil 700 hectáreas comunales de los municipios de Acatepec y Zapotitlán Tablas.

En la reunión en el Tribunal Unitario Agrario asistió como representante de los comuneros de Zapotitlán Tablas, Vicente Espinobarros Candia, quien ya fue destituido por campesinos de las 30 localidades que pertenecen a los Bienes Comunales de Zapotitlán, acusado de incurrir en irregularidades al aceptar el convenio que soluciona el conflicto.

Pero el asesor de los comuneros de Acatepec, Castro Aparicio, dijo que para nosotros “legalmente él es presidente de Bienes Comunales, pues sigue reconocido por la Procuraduría Agraria”.

En dicha reunión no hubo acuerdos debido a que también acudió un representante del grupo inconforme con el convenio representado por Enedino Sánchez Villar, quien advirtió que no lo reconocen.

Castro Aparicio indicó que a pesar de las diferencias entre los comuneros de Zapotitlán, los de Acatepec reafirman su disposición de respetar dicho convenio y resolver el conflicto por la vía del diálogo.

Indicó que a pesar de que quienes más han perdido son los comuneros de Acatepec, pues han cedido tierras a los de Zapotitlán, pues el problema ya ha dejado medio centenar de muertos en los 90 años que lleva.

Castro Aparicio y el comisionado de los comuneros de Acatepec, Demetrio Cayetano Santos, responsabilizaron al gobierno estatal y al presidente municipal Silvino Moso Porfirio de fomentar la inconformidad en Zapotitlán.

Dijeron que el gobierno estatal –a través del director de Gobernación, Rey Hilario Serrano– “en vez de llamar a las partes para que sigan el diálogo y se resuelva de manera definitiva el conflicto, admite que existen riesgos de que una de las dos partes, este caso los de Zapotitlán, desconozcan el convenio y el conflicto continúe”.

Niega Modesto Brito que impidiera la medición de predios de comuneros

* Querían invadir terrenos privados, dice

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El alcalde de Teloloapan, Modesto Brito González, se deslindó del conflicto agrario entre pequeños propietarios y comuneros de la cabecera de su municipio, y aseguró que su única intervención ha sido para evitar la violencia entre ambos grupos.

El deslinde del alcalde obedece a la acusación que le hizo la semana pasada, a través de El Sur, la representante de Bienes Comunales, Margarita Corrales Quezada, quien denunció que por la intervención del alcalde ante el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), se suspendió la medición del Polígono para delimitar lo que es propiedad comunal y lo que es pequeña propiedad, con lo que se resolvería el conflicto que lleva más de 50 años.

Entrevistado ayer en Chilpancingo, Brito González dijo que efectivamente existe un decreto emitido durante el periodo del presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, en el cual se reconoce la posesión de tierras por el régimen de Bienes Comunales en Teloloapan en lo que hoy es la Colonia Emiliano Zapata, sin embargo dijo que también en ese decreto se menciona que serán respetados los derechos de la pequeña propiedad que quedaron dentro del polígono comunal.

Modesto Brito informó que dentro del área comunal existen cuando menos 30 pequeños propietarios que son despojados de sus bienes inmuebles por quienes actualmente representan los Bienes Comunales, entre ellos la propia Corrales Quezada.

Incluso señaló que en la misma área comunal hay un terreno del Ayuntamiento, de 60 hectáreas, que fue donado para reserva ecológica, mismo que fue tomado por un grupo de personas que recibieron constancias como comuneros por parte de la representante de Bienes Comunales, para impedir que puedan ser desalojados por las autoridades municipales.

Brito González informó que por este despojo la comuna que preside ya presentó una demanda penal ante la Agencia del Ministerio Público.

Agregó que recurrió a al INEGI no para impedir que se realizara la medición del polígono, sino para advertir a las autoridades del Instituto de que había inconformidad de los pequeños propietarios y que se podrían generar hechos de violencia. Explicó que debido a ello se suspendió la medición que se llevaría a cabo el martes de la semana pasada.

Indicó que para la solución del conflicto deben intervenir tanto la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, así como las autoridades estatales, porque admitió que existen riesgos de violencia, “los pequeños propietarios están muy molestos porque los despojan”.