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Hay 16 centros de salud cerrados por la inseguridad en el estado, dice el secretario De la Peña Pintos

El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, dijo que en el estado hay 16 centros de salud cerrados debido a la inseguridad, además confirmó que la construcción del nuevo hospital de especialidades en Chilapa está abandonada y que no hay fecha para reiniciar su construcción.
La mañana de ayer, el secretario estatal de Salud visitó en la cabecera municipal de este municipio el hospital general, el centro de salud y la construcción inconclusa del hospital de especialidades desde 2011.
De la Peña Pintos entregó en el hospital general una ambulancia, una lavadora y una secadora, además se comprometió que en el transcurso de la semana llevará un equipo de ultrasonido y otro de rayos X, el lugar no cuenta con éste último equipo desde hace más de un año.
De las condiciones en que encontró el hospital general de Chilapa, el funcionario estatal dijo que hace 18 o 19 años a él, como secretario de Salud, le tocó inaugurar el lugar, “hoy regreso a este hospital comunitario y veo que verdaderamente requiere una sustitución”.
Afirmó que la infraestructura del lugar “ya no está acorde con lo que marca la normatividad actual”.
Del avance en los trabajos del nuevo hospital de especialidades, ubicado en la carretera que conduce al municipio de Zitlala, y que inició su construcción en julio de 2011 por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, el titular de Salud estatal comentó que hay un avance importante pero se deslindó, dijo que por razones ajenas a la administración se dejó abandonada la obra.
Justificó que el dinero destinado a la dependencia de Salud del gobierno federal se ha ido limitando y que en Guerrero se maneja el mismo presupuesto de 2012.
“Así nos la dejaron, una obra abandonada (…) Es interés del gobernador y de la ciudadanía que se termine y que funcione”, agregó.
Sin embargo, no dio una fecha para la conclusión del nuevo hospital ni de cuándo reiniciará su construcción, “el gobernador está gestionando ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos necesarios para terminar la obra”, manifestó.
De los centros de salud que han sido abandonados por el personal médico debido a la inseguridad y la violencia, el secretario informó que en todo el estado hay 16.
Detalló que en La Montaña baja, en las comunidades de El Jaguey y Xiloxuchicán, municipio de Chilapa, así como en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, han cerrado los centros de salud por la violencia.
Informó que implementarán brigadas o jornadas médicas para atender a la población, y analizará que sean más frecuentes.
Agregó que se trabajará con otras instituciones para tener una cobertura completa en zonas de difícil acceso, “tenemos 7 mil 500 localidades con menos de 2 mil habitantes, la dispersión dificulta tener acceso a todos los servicios de salud”.

Esta semana esperan una resolución de libertad para Arturo Campos pero no saldrá de prisión

El jueves o viernes de esta semana la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) deberá dictar una resolución de libertad al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, preso en la cárcel de Ayutla.
El abogado del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz, dijo que el Juzgado de Distrito Sexto el martes pasado envió la notificación a la Cuarta Sala Penal, pero como se atravesaron los días de asueto de Semana Santa,  hoy o mañana será entregada.
Explicó que el Juzgado Sexto ordenó a la Sala Penal dictar una nueva resolución del amparo 746-2016 promovido por Campos Herrera, luego de que ninguna de las partes interpuso un recurso de revisión, y después de que no se acreditó el delito de secuestro de la causa penal 031/2013, promovido por los agraviados Pedro Gil Apreza Salmerón  y Katia Espinoza Bolaños.
Agregó que en 24 horas se  tendrá que dictar una nueva resolución de libertad a Campos Herrera, porque no se acredita el delito de secuestro.
Afirmó que con la resolución del amparo se demostró que la Cuarta Sala Penal actuó de manera dolosa y respondiendo a intereses políticos en la sentencia condenatoria contra Campos Herrera, el 17 de julio pasado, cuando confirmó el auto de formal prisión.
Téliz García afirmó que queda evidenciada la criminalización que hace mediante las instituciones que imparten justicia para mantener a los líderes comunitarios en la cárcel.
El 2 de abril, el abogado  informó que a pesar de que quedara libre en este expediente, Campos no saldrá de la cárcel porque tiene otro proceso en Tlapa”.
De este caso en el Juzgado Penal de Tlapa por el delito de secuestro, promovido por Abraham Ortega Zamora y otros 43 agraviados, del mismo caso que se le siguió a Nestora Salgado y del que fue absuelta en marzo de 2016, el abogado indicó que se solicitó una nueva fecha para que se interrogue a 10 agraviadas.
Añadió que en la nueva fecha también se presentaría una prueba de antropología social para acreditar que Campos Herrera es indígena y que en la comunidad donde nació se rige por usos y costumbres y que está integrada a la CRAC, además de que fue electo como consejero regional en una  asamblea para poder desempeñar un cargo comunitario. ((Jacob Morales Antonio).

Presenta la CRAC de San Luis Acatlán a un joven que sembró mariguana en su casa


La Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Cuanacaxtitlán, San Luis Acatlán detuvo a un adolescente de 17 años con mariguana.
El detenido fue presentado ayer en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán donde fue entregado por autoridades comunitarias de Cuanacaxtitlán el domingo pasado; fue detenido hace dos semanas en el patio de su casa donde se halló la yerba.
Ante reporteros, el detenido aceptó que la mariguana era suya, que la había sembrado luego de hallar una bolsa con semillas en el río de la comunidad, agregó que la usaría para el alcohol que su mamá utiliza para calmar los dolores que sufre en una costilla, desde hace tres años.
Según los policías comunitarios la mamá del adolescente visitó a su hijo y afirmó que él no sabía que era mariguana y que la confundió con la flor de cempasúchil.
En una mesa fue puesta la mariguana decomisada al adolescente, misma que será incinerada por los Policías Comunitarios.

El miércoles es el plazo contra tres adolescentes acusados de robo

Los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, informaron que dieron de plazo hasta el miércoles al comisario de Coyahualco, Huamuxtitlán, y maestro cetegista René Fuentes Acevedo, para presentar pruebas contra tres adolescentes y comprobar que robaron a la comisaría.
Los adolescente José Manuel Romano Gonzaga de 17 años, Alberto Morelos Peral, y José Luis Acevedo Orea de 18 años, fueron detenidos el pasado 15 de febrero por el comisario de Coyahualco, luego de que los acusó de participar en un robo a la comisaría de 5 mil a 9 mil pesos.
Los padres de los jóvenes han indicado que los adolescentes son inocentes y que el comisario de la comunidad no ha mostrado el supuesto video donde demuestra que los jóvenes son los que robaron el dinero.
Los coordinadores indicaron que si el comisario no entrega las pruebas el miércoles, los jóvenes será enviados a la comunidad.

 

Detienen al jefe de permisos vehiculares de Tlacotepec con heroína en Iguala, informa la PGR

El jefe de Licencias y Permisos Vehiculares del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Óscar Delfino fue detenido por policías federales porque portaba heroína, en la comunidad de Santa Teresa, en Iguala.
En un boletín de prensa, la Procuraduría General de la República (PGR) por medio de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) informó que al hacer un recorrido de seguridad en la carretera federal Chilpancingo-Iguala en el kilómetro 136, en el entronque hacia la población de Santa Teresa, sus agentes detuvieron a Óscar Delfino que se identificó como servidor público, como el jefe de Licencias y Permisos Vehiculares del municipio de Heliodoro Castillo.
Al funcionario municipal le decomisaron mil 200 gramos de heroína y el vehículo que manejaba.
El detenido y la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la federación, que inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

La jueza cometió un delito al ordenar que fuera detenido un diputado con fuero, dice el fiscal

El fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, declaró que no se va a subir al ring con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, en respuesta a la declaración del magistrado en el sentido de que no tiene elementos de que el Ministerio Público y la jueza del caso del diputado Saúl Beltrán Orozco fueron presionados para solicitar y librar una orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, insistió que el Ministerio Público aceptó en declaraciones oficiales que fue amenazado, pero que no le dijo por quién. También advirtió que la jueza cometió un delito al emitir la orden de aprehensión sin que antes la Fiscalía haya solicitado el desafuero y adelantó que va a proceder en su contra.
Declaró que hay elementos para proceder penalmente en contra del diputado, pero que se tiene que esperar hasta que se resuelva el amparo que promovió. De lo contrario, dijo que si el Congreso resuelve antes su desafuero, si gana el amparo, le devolverían el fuero y la orden de aprehensión quedará sin efecto.
El fiscal Olea Peláez fue entrevistado este martes en su despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Por qué digo que estuvo mal el MP y la juez, porque el Ministerio Público nunca informó a su superior jerárquico de la existencia de esa averiguación previa en contra del entonces presidente municipal y luego diputado. Sin embargo consignó la averiguación previa con muchos errores”, dijo.
Y agregó que en cuanto a la jueza, libró la orden de aprehensión e incurrió en un delito establecido en el artículo 305 del Código Penal que se refiere a los delitos contra la administración de justicia y que establece que “se impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien teniendo la calidad de servidor público inicie un proceso penal contra un servidor público con fuero constitucional, excepto los casos que así lo permita la ley”.
En este caso, si no había juicio de procedencia en contra del diputado Beltrán Orozco, la juez no podía librar la orden para detenerlo.
Admitió que antes de la resolución de la juez, el MP debió por las propias declaraciones de testigos, “que dicen: ‘parecer ser que es diputado”, haber mandado oficio al Congreso de la Unión y al Congreso local para que le dijeran si era o no diputado. Explicó que el mismo procedimiento debió seguir la juez.
Después, Olea Peláez explicó que declaró que ambos servidores públicos fueron amenazados y les dieron dinero para que actuaran sin aplicar el procedimiento respectivo, “porque el Ministerio Público cuando vino y declaró en Contraloría y ante mí cuando lo regañé, que había sido amenazado pero no me dijo por quién”.
El fiscal recordó que la jueza recibió la consignación del MP el 6 de enero a las 3 de la tarde y tres días después, el 9 de enero, libró la orden de aprehensión.
Olea, argumenta: “cuando yo tengo conocimiento le digo (a la jueza), ‘no puedo ejecutar la orden de aprehensión porque el señor tiene fuero constitucional’ y allí es cuando solicito el juicio de procedencia”.
Pero explicó que ahora que ya se inició el juicio de procedencia, hay un amparo que promovió el diputado en contra de la orden de aprehensión, “entonces imagínate si lo desaforan y gana el amparo, lo tendrían que reinstalar y le tienen que dar fuero otra vez”.

El Congreso debe esperar amparo

La propuesta del fiscal es que ahora el Congreso tiene que esperar que se resuelva la solicitud de amparo y reiniciar un juicio de procedencia sin violentar las garantías individuales del diputado, “darle chance que acredite y darme chance a mí de acreditar su responsabilidad, porque si gana el amparo debe de suspenderse el juicio de procedencia y ya no va a haber orden de aprehensión”.
–Ya se cometió el error, ya el diputado Saúl está pidiendo que se proceda en contra de estos servidores públicos, ¿procede la petición del diputado?
–Sí, no he visto las denuncias, tiene que ratificarlas. Yo ya sancioné administrativamente al Ministerio Público, y si procede el delito lo consigno, igual que a la juez.
–¿Aun cuando sea de un poder distinto?
­–Pues está cometiendo un delito.
–El magistrado presidente (Robespierre Robles Hurtado) dice que no hay elementos de lo que usted dice, que el Tribunal no es una servilleta…
–No me voy a subir al ring, ni quiero subirme al ring.
–Da la impresión que todos estos errores, como usted dice, fueron cometidos adrede, como para prepararle el camino al diputado para su salvación.
–Repito, el superior jerárquico no sabía de la existencia de la averiguación previa, el vicefiscal de investigación no sabía, el director de investigaciones tampoco, el fiscal general tampoco. Yo me entero cuando me la trae la Policía Ministerial y me dice “vea la orden de aprehensión”. Entonces yo le contesté a la juez, “yo no puedo detener al diputado por el delito por el que usted libró su orden de aprehensión porque tiene fuero constitucional y no me voy a ir a la cárcel por andar deteniendo a una gente que no debo por estar protegido por ese fuero”.
–¿Cómo es posible que ocurran estas cosas en el sistema de justicia con servidores públicos que se supone conocen la ley como un Ministerio Público y con mucho más razón una jueza?
­–En mi vida jurídica he visto muchos errores judiciales en los ministerios públicos.
–¿Como estos que son básicos?
–Como estos, en tanto en este país no se tenga un control absoluto de la capacidad jurídica de las gentes, es difícil y pasa en todos los países del mundo, no nada más en Guerrero y en México. Por eso existen los defensores y por eso se ganan los amparos.
–¿Qué sanción le impuso al Ministerio Público?
–Está en la contraloría interna y está por resolver esta situación. No me puedo meter administrativamente en lo que pueda hacer el Tribunal (con la juez). Yo sé que un Ministerio Público hizo mal las cosas.
–El Congreso le está pidiendo la carpeta de investigación para que resuelva
–Ya se envió.
–¿Cuando la envió?
–Mañana (hoy) se envía, perdón, todo por lo que solicité la ampliación del plazo.
–¿En esa información usted sostiene que hay elementos para que proceda el desafuero del diputado?
–Y ofrezco toda la averiguación previa.
–¿Pero en la acusación concreta usted sostiene que el diputado sí cometió el delito de homicidio?
­–Eso es lo que sostengo yo, pero te estoy diciendo que jurídicamente el Congreso debe esperar a que desahoguemos las pruebas.
–¿En el caso del Tequilero, cómo van las investigaciones?.
–Vamos bien, tenemos entre 9 a 15 detenidos que ya están en la cárcel, están vinculados a proceso, tienen asuntos de formal prisión.
–Menos él, ¿por qué? Si ya hay detenidos se supone que hay información que han aportado.
–Relativa, porque tienen derecho a no declarar. Yo no los puedo obligar a declarar.
–El compañero periodista Cecilio Pineda Birto en su último reporte habla de que hay gente que les ha dicho a ustedes donde está, cómo y dónde se mueve pero que sospechosamente no lo detienen…
–A ver, estamos interviniendo la Policía Ministerial, el Ejército y la Policía Estatal. Somos tres instituciones que estamos muy pendientes y en plena investigación para detener a este sujeto. Ustedes tienen que entender como periodistas que estas gentes tienen recursos, tienen amedrentados a ciertos pueblos y ciertos pueblos los protegen.
–Aún así, son tres instituciones con todo el poder del estado, contra un señor que tiene cinco gentes, usted dijo que estaba disminuido en una de las entrevistas.
–Tan es así que ya salió de su zona de influencia que era San Miguel Totolapan y Ajuchitlán. Se han hecho operativos, muchas cosas de inteligencia, no es tan fácil detener a la gente.
­¿No será por las redes de complicidades de las autoridades, como lo dijo el obispo Salvador Rangel?
–No, yo creo que si el obispo lo dice yo con mucho gusto le abro las puertas al señor obispo para que me diga qué servidores públicos están protegiendo e inmiscuidos con el crimen organizado. En este gobierno quien tenga una responsabilidad penal se va a la cárcel.
“Tenemos que hacer bien las cosas, yo encontré una Fiscalía colapsada, desecha, estamos reconstruyendo. El corazón de la fiscalía estaba muy enfermo. Tenemos que capacitar bien a las gentes en el nuevo sistema y terminar con el rezago del antiguo sistema”.

Enfrentamientos y una persecución a balazos en Tixtla deja tres heridos y cinco detenidos

Cinco detenidos y tres heridos, dos de ellos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dejó una persecución a balazos desde el barrio El Santuario en esta cabecera municipal hasta la carretera Atliaca-Apango, luego de que hombres armados atacaron a policías estatales.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó en un boletín de prensa que en esta acción hubo cinco detenidos y se les decomisó una Suburban blindada blanca, adentro tenían 298 cartuchos calibre .223, cuatro cargadores para fusil AR-15, 321 cartuchos calibre 7.62 x 31 para fusil AK-47 o cuerno de chivo y 20 gramos de mariguana.
A los cinco presuntos delincuentes les decomisaron dos cuernos de chivo y dos fusiles AR-15, una pistola calibre 9 milímetros, una granada de mano, 16 cargadores calibre AR-15, 19 cargadores calibre AK-47, y dos chalecos antibalas.
Los agentes estatales hallaron entre la maleza un fusil de asalto AK-47 y otro AR-15 equipado con lanza granadas.
Fuentes policiacas informaron que a la 1 de la tarde la Policía Estatal recibió el reporte de que había gente armada en una camioneta Suburban blanca, en los lavaderos del barrio El Santuario. Al acudir los uniformados para verificar el reporte fueron atacados a balazos.
Antes de que ocurriera el ataque los delincuentes colocaron un retén en el barrio, revisaban a los automovilistas y motociclistas que pasaban por el lugar.
La agresión en contra de los estatales, provocó una persecución desde este barrio en la transitada avenida Insurgentes hacia la gasolinería ubicada a un lado de Los Arcos de la entrada a la ciudad.
Unos 10 hombres armados a bordo de una camioneta Suburban y otro vehículo al llegar a Los Arcos se encontraron con otra patrulla de la corporación, los civiles se regresaron por esa ruta, que los llevó hacia la carretera federal Tixtla-Chilapa.
Según testigos, ahí los agresores dispararon contra las personas que se encontraban en el hospital del ISSSTE y el hospital Comunitario e hirieron a tres hombres, dos de ellos trabajadores de la CFE, además balearon cuatro vehículos que estaban estacionados, uno de la CFE.
En los barrotes y la fachada del hospital Comunitario había impactos de bala. Ante este hecho los dos hospitales cerraron sus puertas, asimismo tiendas de abarrotes, fondas, ferreterías y papelerías que se ubican en la avenida Insurgentes ante el temor de que ocurriera otra balacera. La tienda Bodega Aurrerá suspendió su servicio 3 horas.
Una testigo relató, “fue como a la 1 de la tarde cuando estaba comprando comida, de pronto escuchamos muchos balazos, vimos una Suburban blanca y otro carro, iban abordo unos 10 civiles armados quienes empezaron a disparar como locos a la gente que pasaba por el lugar, y ahí hirieron a tres personas”.
“Nosotros lo que hicimos fue refugiarnos dentro de la fonda para que no nos pasara nada, porque estos locos disparaban donde sea, tuvimos miedo porque pensé que nos iban a matar”, contó.
Los tres hombres heridos fueron trasladados en una ambulancia de la Secretaría de Salud estatal y en otra de la Secretaría de Protección Civil estatal a un hospital de Chilpancingo, para recibir atención médica.
Después de la agresión en contra de los vecinos en el hospital del ISSSTE y Comunitario, los civiles armados se dirigieron a la carretera federal Chilpancingo-Chilapa y se metieron a la carretera que se dirige de Acatempa a Atliaca.
Antes de llegar a Apango los sicarios se dirigieron a una brecha que lleva a un corral de vacas, dejaron la Suburban abandonada y huyeron hacia los cerros.
Al llegar los policías estatales fueron atacados nuevamente, lo provocó un enfrentamiento a balazos. El helicóptero de la corporación que sobrevolaba la zona recibió un balazo. Los agresores se refugiaron entre los cerros y la maleza.
Después llegaron más policías en 11 patrullas junto a policías comunitarios de la Coordinador Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Acatempa, quienes se desplegaron entre los cerros para detener a los delincuentes.
Después de la 1:30 de la tarde los agentes cerraron la carretera entre Atliaca y Apango. A las 5 de la tarde se restableció la circulación vial en esa zona. En la carretera se observaron varios casquillos para AK-47, y los hombres armados lograron huir entre los cerros ubicados a un lado de la carretera.
Asimismo dos patrullas de militares y otras dos patrullas de la Policía Estatal recorrieron las inmediaciones de Atliaca para detener a los presuntos delincuentes.
Además en la persecución entre los uniformados y delincuentes, vecinos de Atliaca salieron de sus casas para saber qué estaba pasando luego de que vieron la movilización policiaca y militar.
En la noche la Secretaría de Seguridad Pública estatal dijo en un comunicado que a la 1 de la tarde hubo un enfrentamiento entre dos grupos delincuenciales en Tixtla, y que la Policía Estatal desplegó policías para atender el llamado de la población.
La dependencia informó que los uniformados y militares llegaron al lugar donde había ocurrido un enfrentamiento, los hombres armados se dirigieron hacia Apango lo que generó una persecución, “los delincuentes desde sus vehículos abrieron fuego en contra de los policías, así como a una aeronave de la corporación logrando impactarle disparos en el fuselaje sin afectar su movilidad”.
En la persecución las autoridades policiacas alcanzaron una Suburban blindada blanca, en la que iban abordo seis hombres armados en las inmediaciones del poblado de Atliaca, agrega.
La SSP dice que junto a militares detuvieron a cinco civiles armados, les decomisaron la Suburban blanca, cartuchos de diferentes calibres y armas largas y que los detenidos se llaman Jesús, Francisco, Jesús Enrique, Omar y José Manuel, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.
“Se tuvo conocimiento que como daño colateral del enfrentamiento que sostuvieron estos delincuentes con otro grupo criminal, resultaron tres personas lesionadas, fueron atendidas en hospitales en Chilpancingo”, concluye el comunicado.

Se enfrentan en Chilapa fuerzas federales y estatales con sicarios que tenían secuestradas a cinco personas

Fuerzas federales y estatales de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) destacamentadas en Chilapa se enfrentaron a balazos la mañana del sábado con dos pistoleros en una popular colonia de esa cabecera municipal.
El vocero único en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, informó que el resultado del tiroteo fue un detenido, un vehículo asegurado en cuyo interior se encontraron dos armas de fuego “de alto poder”, así como diversas cantidades de droga.
Sin embargo, sobre este mismo caso, fuentes extraoficiales de esa ciudad informaron que durante el enfrentamiento ocurrido a las 10 de la mañana, cerca de la colonia Jacarandas, fueron liberadas cinco personas que estaban privadas de su libertad por un grupo de la delincuencia organizada no identificado.
Consultado por teléfono sobre este dato, el vocero Álvarez Heredia, declaró que todavía no le habían proporcionado la tarjeta informativa correspondiente a la región Centro.
La tarde anterior al tiroteo entre las fuerzas de las BOM y los delincuentes, el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, reportó que cuatro hombres armados que circulaban en un Tsuru blanco levantaron a un joven frente al mercado nuevo, (ubicado a orillas del bulevar Eucaria Apreza).
Hubo testigos de que el joven fue subido violentamente al vehículo y en el lugar quedó su motocicleta y el casco.
Ayer, el mismo organismo reportó que las características del vehículo en el que se encontraban los delincuentes que se enfrentaron con los militares y los policías, corresponden al que utilizaron los que se llevaron al joven la tarde del viernes.
El reporte oficial del enfrentamiento proporcionado por el vocero Álvarez Heredia destaca que en el enfrentamiento un “presunto sicario” fue detenido al que se le aseguró un vehículo en cuyo interior se encontraron dos armas de fuego de alto poder, así como diversas cantidades de droga.
El funcionario detalló que durante un recorrido de los elementos de la BOM, “se detectó un vehículo sospechoso, en cuyo interior se encontraban dos personas, quienes dispararon contra las fuerzas de seguridad”.
Agregó que los elementos de la BOM repelieron la agresión y detuvieron a una de las personas que dispararon contra ellos.
“Al revisar el vehículo se encontraron en el interior 2 armas de fuego, así como diversas cantidades de sustancias, al parecer cocaína y piedra, así como hierba con las características de la marihuana”.
En un boletín difundido por la tarde, se informó que el detenido, el vehículo, las armas y la droga fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Fuentes extraoficiales informaron por su parte que el enfrentamiento ocurrió a las 10 de la mañana cerca de la colonia Jacarandas, ubicada en la periferia oriente de la cabecera municipal.
Revelaron que en el tiroteo participaron sólo militares cuando éstos detectaron un vehículo “sospechoso” y que, al aproximarse, notaron que estaban armados y sometían a personas tiradas en el suelo. Al verse descubiertos los delincuentes dispararon contra los militares, originándose el enfrentamiento.
Los testimonios coinciden con la versión oficial en el sentido de que sólo se detuvo a un pistolero y que el resto huyó. También que en el lugar fue asegurado un Tsuru blanco con armas de grueso calibre en su interior, chalecos tácticos, droga y celulares.
Las versiones no oficiales aseguran que en el lugar fueron liberadas cinco personas que estaban privadas de su libertad por los hombres armados. Sin embargo de éstos no informó el vocero, pues dijo que aún no le habían proporcionado la información completa.
El presidente del colectivo Siempre Vivos, informó que las características del vehículo asegurado coinciden con el que fue utilizado un día anterior cerca del mercado en donde fue levantado un joven frente a muchos testigos.
Otras fuentes informaron que la tarde del viernes, fueron levantados tres personas; dos hombres y una mujer.
Informaron que aproximadamente a las 6 de la tarde, afuera del mercado fue levantada una pareja de jóvenes que circulaban en una motocicleta y fueron interceptados por hombres armados.
Más tarde, también frente al mercado central, otro joven fue levantado al parecer por los mismos cuatro hombres armados que antes se habían llevado a la pareja.
Los testigos aseguran que los pistoleros se desplazaban a bordo de un auto tipo Tsuru blanco.

 

 

Confirma el fiscal que hay un detenido por el asesinato de la doctora Adela Rivas; es el único inculpado, afirma

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez confirmó la detención del encargado administrativo de la Unidad Médica del IMSS de Petacalco como único presunto responsable de la desaparición y asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, y ratificó que el crimen fue por el robo de medicamentos controlados que investigaba la directora de micro región en la Costa Grande.
Dijo que probablemente la doctora entrevistó al inculpado y ahí comenzó el conflicto, mientras que la delegación en Guerrero del IMSS envió un breve comunicado en el que no menciona el robo de medicamentos, pero reitera su cooperación en las investigaciones.
En conferencia de prensa al mediodía de ayer en el Centro Internacional Acapulco, Olea Peláez dio una disculpa a los familiares de la víctima por haber declarado que una de las líneas de investigación era pasional, “debo decir y ofrecer una disculpa a la familia de la doctora Rivas, principalmente si existió un mal entendido a las investigaciones que hacíamos, sin embargo afortunadamente una de las líneas de investigación fue la idónea”.
Confirmó que la detención de Edgar Arturo de 30 años fue alrededor de la 1 de la madrugada del sábado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, como se informó en estas páginas.
Precisó que la detención fue en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán con base en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y no “como erróneamente” fue informado de que esa dependencia del estado vecino detuvo al señalado. Dijo que dos grupos de agentes ministeriales de Zihuatanejo y de La Unión entraron a Lázaro Cárdenas y detuvieron al inculpado.
Agregó que hay los “suficientes elementos para que después de la ampliación del término constitucional –que solicitó el abogado del inculpado– el imputado sea vinculado a proceso, tomando en consideración que las pruebas existentes hacen probable su responsabilidad”.
Indicó que de acuerdo con la carpeta de información 121-3057-0301-090-111-016 radicada en la ciudad de Zihuatanejo, el juez de Control y Enjuiciamiento Judicial otorgó una orden de aprehensión por homicidio calificado, en agravio de la doctora Rivas Obé de 52 años, quien investigaba personalmente la falta de medicamentos controlados en la clínica de Petacalco, municipio de La Unión.
El fiscal dijo que según la información que se obtuvo del número de la víctima así como los números telefónicos con los que tuvo comunicación, “se identificó un número con lada 742, con dicho número tenía comunicación constante en los días previos a su desaparición, así como en los días que fue privada de la libertad. Se acreditó con el teléfono 753 fue localizado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sin embargo el día de la desaparición (el 22 de septiembre a las 11:27), a las 14:54 horas este número se localizó en las inmediaciones de la colonia Industrial de Zihuatanejo, aproximadamente a 150 metros de la clínica del Seguro Social”.
“Al lugar al cual acudió la doctora a una reunión de trabajo, retirándose de dicha clínica alrededor de las 12:40 horas, y minutos más tarde la doctora recibió una llamada telefónica con lada 753 teniendo una duración aproximada de dos minutos, es importante destacar que la comunicación entre estos dos números y el teléfono de la doctora Rivas Obé fue constante hasta el día de su desaparición o privación de la libertad”. La doctora fue encontrada el 11 de octubre en la playa La Majahua, donde según la PGJE de Michoacán Edgar Arturo la asesinó.
Olea Peláez, abundó “es decir, existieron llamadas y mensajes entrantes y salientes en tres momentos, además que los números telefónicos que tuvieron comunicación antes y durante el hecho delictivo con la doctora, tuvieron actividad principalmente en las inmediaciones de la localidad de Petacalco, municipio de la Unión, por lo que se realizaron trabajos de campo para corroborar la identidad exacta de los usuarios de los teléfonos antes mencionados, así como los domicilios y rutinas de los mismos”.
Dijo que mediante “testigos se averiguó que uno de los números con lada 753 es propiedad de Edgar Arturo, quien se desempeña como encargado administrativo de la Unidad Médica del IMSS precisamente en Petacalco”. El fiscal informó que el domingo se realizó la audiencia inicial de la carpeta 20/2016, donde el abogado del imputado solicitó la ampliación del proceso, y fue programada para hoy a la 1 de la tarde. El inculpado se encuentra en prisión preventiva.

El robo de medicamentos

En la ronda de preguntas el fiscal dijo que “desde el primer día de la desaparición en presencia del coordinador general de la Policía Ministerial hablé telefónicamente con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social –José Luis Ávila Sánchez–, y le dije muy claramente que nuestra línea de investigación, más clara, independientemente de cualquier otro tipo era precisamente el robo de medicamentos. Él respondió textualmente que no tenía conocimiento del robo de estos medicamentos”.
“Ella era una doctora que administraba la microzona, entonces tenía que saber qué medicamentos se suministraban, qué medicamentos llegaban o se adquirían, y cuántos medicamentos quedaban, y ahí es donde ella se percata de la falta de medicamentos y muy probablemente entonces entrevista a esta persona, quien era el encargado de la custodia de los medicamentos y ahí probablemente inició el conflicto”, supuso.
Olea Peláez dijo que el inculpado robó más de 200 o 300 unidades de medicamentos controlados en los últimos días, “y él los vendía al público, son medicamentos muy caros. Había psicotrópicos, había medicinas para el dolor, etc. Medicamentos verdaderamente caros y él recibía según las pláticas que se tuvieron con él, las entrevistas que se tuvieron con él, recibía por la venta de estos medicamentos alrededor de 15 o 20 mil pesos”.
El fiscal respondió que Edgar Arturo es el único detenido por el asesinato “es muy difícil hablar de un cómplice, tomando en consideración que el único que tenía acceso a ese tipo de medicamentos controlados era precisamente él. Una línea de la investigación son los testigos que compraban el medicamento”, adelantó.
Abundó que el caso no se cierra porque inicia el proceso penal, e insistió en que la Fiscalía tiene suficientes elementos para procesar al presunto responsable, “las pruebas periciales que son muy precisas”.

El comunicado del IMSS

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó en un escueto comunicado que reitera que seguirá cooperando con las autoridades ministeriales en las investigaciones del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé.
La misiva enviada casi cuatro horas después de la declaración del fiscal no menciona el robo de medicamentos.
“Reiteramos que continuaremos colaborando con la autoridad judicial para el desarrollo adecuado del proceso” y “el IMSS reitera su solidaridad y total apoyo a los familiares de la doctora Adela Rivas para el esclarecimiento de su caso”, se lee.
La delegación a cargo de José Luis Ávila Sánchez, emitió un primer comunicado cuatro días después de la desaparición de Adela Rivas, cuando el hijo de la doctora, Bolívar Rojas manifestó que la institución debe velar por la seguridad de sus trabajadores, y lo que sucediera en horario laboral es responsabilidad del IMSS.
Los familiares indicaron que José Luis Ávila se acercó a ellos pero le pedían una posición pública de la institución. El 26 de septiembre en declaraciones a reporteros, Ávila Sánchez pidió el apoyo al gobierno del estado para localizar a la doctora.
El lunes 17 de octubre el fiscal informó que el cuerpo hallado en playa La Majahua seis días antes en Zihuatanejo, correspondía a la doctora Rivas Obé y dentro de las líneas de investigación por el homicidio decía que la directora de la micro zona investigaba la desaparición de fármacos.
Un día después el delegado del IMSS respondió que no había investigaciones internas por robo de medicamento: “puedo decir que de manera oficial y tajante que nosotros no teníamos ninguna carpeta, ningún proceso administrativo, ninguna investigación en curso o algo relativo a ese tema”.
Ávila Sánchez aseguró que en el IMSS hay un control estricto de los medicamentos, “nosotros manejamos algo que se llama Torre de Control en donde están bajo llave y se distribuyen al estado cuando son requeridos bajo estrictas normas de control con el derechohabiente, número de expediente, número de matrícula, todo”. Dos días después, el pasado jueves consultado, reiteró que no había reportes de robo.
Sin embargo ayer la Fiscalía dijo que Edgar Arturo, encargado de la Unidad Médica del IMSS en Petacalco y presunto homicida, traficaba con medicamentos controlados como psicotrópicos y analgésicos.
En otro tema, el fiscal del estado Xavier Olea Peláez llamó a la mamá de la adolescente de 15 años Saira Hernández Chino cuyos restos fueron entregados diez meses después de haber sido encontrados y reconocidos, que diga qué funcionario la trató mal para proceder de forma administrativa.
Dijo que lamentaba el caso de la señora Bellanira Chino Campo y la exhortó a “que me diga qué funcionario la trató mal, y entonces yo procederé administrativamente”.
El viernes después de un año y siete meses desaparecida, y 10 meses después de que encontraron sus restos en una fosa clandestina, la mamá de la joven que trabajaba en una cafetería en Galerías Chilpancingo recibió el cuerpo de su hija.

 

Mata a su hermano y a su cuñada con un picahielo cuando dormían en Renacimiento

 

Un matrimonio fue asesinado a puñaladas dentro de una vivienda en Ciudad Renacimiento ayer por la madrugada.
El agresor, hermano de una de las víctimas, fue detenido por policías ministeriales luego de la denuncia de la madre de una de ellas.
El homicidio se reportó a las autoridades a las 2 de la madrugada en la calle Eduardo Neri, frente a la iglesia San Francisco de Asís.
Las víctimas eran Bernabé Nájera Suástegui, de 50 años, y Lucila Hernández, también de 50, quienes estaban casados y dormían dentro de su casa cuando fueron atacados por Catarino Nájera Suástegui, de 48 años, presuntamente con un cuchillo y un picahielo.
Luego del crimen, el agresor huyó de la casa, construida con madera y láminas de cartón, donde quedaron los cuerpos de su hermano y la esposa, uno en el suelo y el otro encima de dos colchonetas con sábanas blancas.
La madre del agresor y también de Bernabé, el hombre asesinado, denunció ante el Ministerio Público a su hijo Catarino, pues además la amenazó con matarla.
Según las autoridades, la denunciante explicó que Catarino Nájera estaba drogándose afuera de su casa cuando cometió el crimen y después huyó.
Policías ministeriales buscaron al acusado en colonias aledañas y a las 11 de la mañana lo detuvieron en la colonia Frontera, colindante con Ciudad Renacimiento.
Catarino fue aprehendido cuando se refugiaba en su casa y en su declaración ministerial, informó el Ministerio Público, confesó haber cometido el asesinato. Además las autoridades encontraron un cuchillo y un picahielos con rastros de sangre con los que presuntamente asesinó a su hermano y su cuñada, mismos que fueron llevados a la Fiscalía Regional para su revisión.
El agresor fue llevado a los separos de la Policía Ministerial de Renacimiento y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se resolverá su situación jurídica y se presume sea trasladado al penal de Las Cruces por el delito de homicidio.

Protesta de mujeres en la Fiscalía; exigen castigo para el canadiense que besó a una niña

Un grupo de mujeres protestaron afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco para exigir que sea castigado el canadiense Walter Suk, de 68 años, quien fue detenido el domingo en la Costera por besar y tocar a dos niñas, además de que se investigue la responsabilidad de los padres de las agraviadas.
Por separado, el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete, informó que se analizará la situación legal del canadiense Walter Suk para que no se vaya del país y sea procesado. Indicó que se investigará a los padres de las menores para determinar si son cómplices del abuso.
Las 15 integrantes del Grupo de Mujeres Jóvenes Feministas del Estado de Guerrero reclamaron que el DIF municipal entregó a las dos niñas con sus padres, quienes toleraron el abuso sexual del extranjero.
Las estudiantes del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA), que depende de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), exigieron al Ministerio Público consignar al penal de Las Cruces al canadiense y que se haga justicia en todos los casos de abuso a menores.
La manifestación comenzó a las 12:40 de la tarde y allí las inconformes dijeron que solicitarían el expediente del caso a la Agencia del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Acapulco, pero su petición fue rechazada.
Incluso, las mujeres se quejaron de que ayer se presentó en el MP una persona en representación de la madre de la niña agraviada por el canadiense, asimismo reclamaron que el padre de la menor de edad amenazó al ciudadano que grabó el video y lo subió a las redes sociales.
“¿Quién protege a la niñez del estado de Guerrero?”; “No a la prostitución infantil”, “Justicia”M “Ley 812 para la protección de los niños, niñas y adolescentes del estado de Guerrero” e “Investiguen a los padres de las víctimas”, eran las consignas escritas en las pancartas de las manifestantes.
En declaraciones a reporteros, la integrante de la organización de mujeres, Itzel Vargas, exigió que sea castigado el canadiense y que se investigue la responsabilidad de los padres de las niñas.
Pidió al MP enviar al penal de Las Cruces a Walter Suk y señaló que “la explotación infantil es un delito que está regulado en la federación y demandado por los derechos humanos internacionales y el estado el 5 de octubre 2015”.
Criticó que el domingo los trabajadores del DIF municipal dejaron ir a los papás de las niñas, “ellos hubieran retenido a las menores, ¿quién va a proteger a las niñas de sus propios padres?”.
Reclamó que la justificación de los trabajadores del DIF municipal fue que no tenían autorización para hacer nada, “a pesar de que en el video se demuestra el consentimiento del abuso sexual y todo por unas despensas”.
Itzel Vargas manifestó que los casos de abuso sexual de menores de edad se tienen que denunciar para que no se repitan, “que se averigüen a los padres para ver si en realidad están explotando sexualmente a sus hijos”.
Pidió a los tres órdenes de gobierno atender a las dos niñas y no solo a ellas sino a todos los niños que venden en la madrugada diferentes productos en la Costera.
Ejemplificó que México está en los primeros lugares de delitos sexuales contra menores de edad y los principales acosadores son los canadienses y estadunidenses, según datos de la ONU.
Consultado vía telefónica, Navarrete Magdaleno informó que la Codehum intervino porque se enteró de que el canadiense podía ser liberado, por lo que a través de las abogadas de la coordinación regional en Acapulco estuvieron pendientes para el resguardo de las menores y verificar que no haya ninguna irregularidad en el proceso legal contra el extranjero.
Expresó que Walter Suk habla español pero se niega a decir algo y que se encuentra bien físicamente, esto para evitar que reclame que fue torturado o golpeado durante su captura; “está bien de sus facultades, orientado, no habla porque piensa que le puede perjudicar”.
Indicó que en el caso de las niñas, el DIF estatal se hace cargo porque está la sospecha de que los hechos ocurrieron ante la presencia del padre, y que de la madre aún no tienen información que les permita pensar que actúa de manera distinta, “el padre dice que ya tiene tiempo de conocerse con el canadiense”.
Dijo que es responsabilidad del Ministerio Público llevar el caso y determinar la situación legal de los padres,
Por separado, la coordinadora regional de la Codehum en Acapulco, Fany Ruth Lara Figueroa, visitó al canadiense y posteriormente dijo que el organismo buscará que sea consignado al penal de Las Cruces.
Explicó que tras el video difundido en las redes sociales se constató que el extranjero estuviera en los separos, aunque mencionó que ayer se le dio seguimiento al acta circunstanciada 039 para integrar la averiguación previa y se pueda hacer justica para la menor.
Precisó que el canadiense está recluido en los separos de la Fiscalía por el delito de abuso sexual bajo la averiguación previa TAB/EDS/02/0272/2016, y que ya fue visitado dos veces por representantes del consulado de Canadá.

Ya sabe del caso el consulado canadiense

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que Walter Suk, acusado de abuso sexual a menores, será consignado ante un juez penal luego de que se termine el plazo de 48 horas que establece la ley.
En un boletín de prensa se indicó que de acuerdo con lo establecido en el Código Penal de Guerrero, la Fiscalía solicitará a la autoridad judicial medidas para que se analicen y definir la situación jurídica del probable responsable.
En atención a los convenios diplomáticos informó que solicitó la intervención de la oficina del consulado canadiense. (Redac-ción).