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Se olvidan diputados de incluir la violencia política en razón de género en la Ley 3 de 3

La Diputada local por Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez durante su participación en tribuna en la sesión del Congreso para presentar el decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado de Guerrero, en materia de violencia ácida conocida como “Ley Malena” Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó un adendum (modificación) de la Comisión de Justicia para agregarse a la reforma de la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, porque en las reformas aprobadas el pasado 8 de junio ninguno de los diputados presentes se percató que no se incluyó la “violencia política en razón de género” como una causal para no tener registro como candidato.
Al inicio de la sesión, el pleno aprobó con 44 votos a favor, cero en contra y una abstención, un adendum de la Comisión de Justicia, el cual fue fechado el viernes 9 de junio pasado; sin embargo, éste se aprobó hasta ayer porque el pleno no había sesionado.
Se trata de un agregado que se realizó al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan de la ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada el 8 de junio pasado.
En la sesión se leyó el documento enviado por la Comisión de Justicia que plantea que “sea agregado el adendum rectificatorio”.
Se detalla que es en materia de la denominada Ley 3 de 3 y que es “en particular la homologación a la reforma constitucional federal… en lo relativo de la violencia política en razón de género y la inconstitucionalidad declarada respecto en la causa de elegibilidad llamada modo honesto de vivir”.
En la lectura no se dan mayores detalles del adendum, por lo que al final de la sesión se consultó a la secretaria de la Comisión de Justicia, la morenista Beatriz Mojica Morga, quien confirmó que en el dictamen aprobado el pasado jueves no se incluyó como causal para no ser postulado a quienes tengan sentencia firme por cometer violencia política en razón de género, y que fue eso lo que se agregó ayer.
La legislación aprobada el jueves y publicada el viernes en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado se plantea que se suspenden los derechos políticos y electorales a agresores que tengan sentencias firmes por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad sexual y el desarrollo sicosexual, contra la libertad personal, ni delitos cometidos en contra de un integrante de la familia, ni por discriminación contra la dignidad de las personas.
También se establece que no deberán estar inscritos en ninguno de los registros nacional, estatal o de otra entidad federativa como deudores alimentarios, ni ser personas sancionadas o inhabilitadas para el servicio público.
Pero no se estableció que quienes tengan sentencia firme por cometer violencia política en razón de género no podrán ser candidatos.
El viernes de la semana pasada se venció el plazo -de 90 días previos al arranque del proceso electoral- que establece la ley para que se realicen y publiquen las reformas en la materia y que estas sean aplicables para el próximo proceso.
La diputada morenista consideró que el incluir hasta ayer como causal el tener sentencia firme por violencia política en razón de género, no tendría que tener repercusiones legales y que debería ser aplicable para el próximo proceso electoral.

Iniciativa sobre la violencia ácida

La morenista Citlali Calixto Jiménez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado para incluir a la violencia ácida como un tipo de violencia que provoca lesiones y causa daño físico irreversible a la mujer.
La priista Flor Añorve Ocampo planteó una reforma a la Constitución del estado para incorporar como requisito la presentación del Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular o fungir como jueces, magistrados, auditor superior, integrante del Consejo de Políticas Públicas, consejo de la Judicatura o defensor general del Instituto de la Defensoría.

La sesión

En la sesión quedaron de primera lectura dictámenes de reforma y adiciones a los Códigos Civil y Penal del Estado y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar en materia de violencia vicaria, y otro por el que se declara improcedente una iniciativa de reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
También se aprobó un punto de acuerdo presentado por el morenista Andrés Guevara Cárdenas por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano federal y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, para que el Programa de Mejoramiento Urbano, en la vertiente de mejoramiento integral de barrios implementado en  Iguala para que se cumpla con los requerimientos de calidad de obra pública en la renovación integral del Centro Histórico.
También se aprobó un exhorto del morenista Antonio Helguera Jiménez a los municipios de la entidad para que de manera oportuna convoquen a elección de comisarios y comisarías de sus respectivas localidades.
Y antes de concluir la sesión se eligió y tomó protesta a las y los diputados propietarios y suplentes que integrarán la Comisión Permanente del segundo periodo de receso del Segundo Año de la actual legislatura, la Mesa Directiva es la misma ya que su periodo concluye el último día de agosto, los vocales propietarios, son Claudia Sierra Pérez, Rafael Navarrete Quezada, Leticia Mosso Hernández, Gabriela Bernal Reséndiz, Jessica Ivette Alejo Rayo, Nora Velázquez Martínez y Bernardo Ortega Jiménez; vocales suplentes, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Héctor Apreza Patrón, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, Esteban Albarrán Mendoza, Angélica Espinoza García, Estrella de la Paz Bernal y Carlos Reyes Torres.

Reprochan en el Parlamento Estudiantil inacción ante la violencia hacia mujeres

La parlamentarista Maylee González Hernández participó con el tema Igualdad de Género, y habló sobre la violencia hacia las mujeres “desaparecidas y muertas” Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Congreso local realizó un protocolario Parlamento Estudiantil en el que sólo nueve de 45 participantes hicieron uso de la palabra, en tribuna con temas específicos; los otros 36 sólo acudieron como espectadores. A una de las parlamentarias no se le dio la palabra a pesar de que la solicitó, lo que generó reclamos por parte de los familiares.
Este fue el parlamento estudiantil número 15 que organiza el Congreso local, al que asistieron jóvenes de secundaria, y lo denominaron Los Adolescentes y la Cultura de la Legalidad.
Las nueve intervenciones de los estudiantes duraron menos de una hora.
Fue más el tiempo en el que diputados y funcionarios hablaron para dar la bienvenida, y después en la entrega de reconocimientos, que el que se permitió intervenir a los estudiantes.
Incluso las intervenciones de los estudiantes fueron moderadas, a excepción de Maylee González Hernández, quien habló de la igualdad de género. Recordó que México es uno de los países más violentos con las mujeres: “gran cantidad de mujeres son agredidas, violadas, secuestradas, y asesinadas, en promedio diez diarias”.
Y la violencia continúa como una constante que pareciera que no se está atacando desde las instituciones de gobierno, “mujeres encontradas muertas en fosas clandestinas, nadie sabe qué sucedió, los casos se cierran sin importar el dolor de la familia, la edad de la víctima”.
Se refirió a los matrimonios forzados: “niñas a las que se siguen vendiendo al mejor postor, me da impotencia y coraje saber que una de esas niñas pudiera ser mi hermana, mi amiga, mi vecina”, y acusó que a pesar de que la prohibición de estas uniones está plasmada en la ley “aún no son ejecutadas como deben ser”.
Antes de que se clausurara la sesión, la estudiante Camila Nájera Ortega Cocula en la región Norte pidió la palabra. Quería presentar tres propuestas, pero no le dieron la palabra porque no tuvo el primer lugar en su región, por lo que de acuerdo con lo establecido en la convocatoria tenía derecho a estar presente pero no a participar.
Vanesa Ortega Jiménez, mamá de la estudiante y la joven demandaron que se le permitiera participar, pero ignoraron la solicitud, “todo esto es una farsa y afecta las emociones de los niños”, reprochó la tutora.
Los parlamentaristas exigieron a los tres niveles de gobierno que no escatimen en recursos humanos ni económicos para mejorar el sistema educativo, con estrategias tendientes a lograr una educación de excelencia, como la única forma de salir de la pobreza y la violencia.
También llamaron a los integrantes de la actual legislatura a que sus propuestas sean tomadas en cuenta y materializadas en iniciativas que se conviertan en leyes. Entre sus principales demandas estuvo la seguridad, porque la falta de esta es uno de los problemas más fuertes a los que se enfrentan.
Otra demanda reiterada fue que en Guerrero faltan infraestructura educativa, y en muchos otros casos no hay maestros suficientes o simplemente no los hay por lo que demandaron al Estado, cumplir con su obligación de garantizar la educación a todos los niños, adolescentes y jóvenes.
Estuvieron la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez; el secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña; el secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Pánfilo Sánchez Almazán, y los diputados Masedonio Mendoza Basurto y Fortunato Hernández Carbajal, y el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña.

 

Diputados también dejaron plantados a comisionados de la ONU y Cruz Roja

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, no sólo dejaron plantados el martes a los representantes de colectivos de víctimas de desaparecidos, sino también al coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Alan García Campos, y al asesor forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, Arturo Gerardo Cervantes Arróniz.
Los representantes de esos organismos internacionales participaron ese día con los colectivos en una mesa técnica con miras a perfeccionar la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición Forzada, que sigue congelada, y también esperaban reunirse con los diputados de la Jucopo, informó el presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro.
El martes, los representantes de los colectivos Los Otros Desaparecidos de Iguala, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, el Colectivo Siempre Vivos de Chilapa y del Colectivo Lupita Rodríguez, de Chilpancingo, denunciaron que los diputados de la Jucopo los dejaron plantados en una reunión agendada para avanzar en la iniciativa de Ley de Desaparición Forzada. No precisaron que también estuvieron esperando en la reunión Alan García Campos y Arturo Gerardo Cervantes Arróniz, con quienes se habían reunido antes en una mesa técnica.
En declaraciones por teléfono, el presidente del colectivo Siempre Vivos, Díaz Navarro, informó que la reunión no se terminó porque cuando fueron a ver a los diputados de la Jucopo que suponían se encontraban sesionando, ya no estaban y decidieron suspender la mesa porque el objetivo era que estuvieran presentes “los diputados que realmente deciden”.
Informó que en la reunión previa con los representantes de la ONU y de la Cruz Roja Internacional propusieron la necesidad de crear en Guerrero un Centro de Identificación Humana como ya existe en algunos estados del país, y tomando en cuenta que Guerrero es una de las entidades con un grave problema de desaparición de personas.
“En ello se avanzó bastante en cuanto a los detalles, pero nuestra prioridad es que se apruebe la ley de desaparición de personas a la que le hemos estado dando seguimiento desde hace un año y que está atorada en el Congreso y ya vemos muy difícil que salga en las próximas sesiones”, dijo Diaz Navarro.
Recriminó que hay renuencia de los diputados, principalmente de los de Morena, para que se apruebe esa ley, “con el argumento de que ‘para que queremos una ley local si ya hay una ley nacional’, pero nosotros decimos que entonces si ya hay un Congreso federal para qué tenemos un Congreso local”.
Diaz Navarro lamentó la postura de los diputados porque Guerrero es uno de los estados que tiene un gran número de desaparecidos y ha sido, para mal, pionero en estas cuestiones desde la guerra sucia, desde la desaparición de Rosendo Radilla en 1974.
Reprochó que a diferencia de la mayoría de los estados que ya tienen su ley armonizada con la federal, en Guerrero no hay voluntad para aprobar esta que sería una herramienta jurídica para las familias que tienen desaparecidos.
Informó que tanto Alan García Campos como Arturo Gerardo Cervantes Arróniz apoyan la propuesta de los colectivos e incluso han venido trabajando con ellos en reuniones anteriores para el perfeccionamiento de la iniciativa de ley, en la que no quieren avanzar los diputados.
“La presencia de Alan García nos ha dado una gran fortaleza, tiene una gran experiencia porque ha dado acompañamiento a varios estados proporcionándoles asesoría técnica para que se legisle en materia de desaparición de personas”, explicó Navarro.
Sin embargo, añadió que fue lamentable que hasta él y Cervantes Arróniz, de la Cruz Roja Internacional, hayan sido plantados por los diputados de la Jucopo: “ellos han estado pendientes del desarrollo de la iniciativa y ellos mismos lamentaron que los diputados no tengan esa sensibilidad para subir a pleno y llevar a votación el proyecto que ya se tiene casi terminado”.
Informó que en la mesa técnica estuvieron también los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, Leticia Castro Díaz, Nora Velázquez Martínez, Osvaldo Ríos Manrique y Alfredo Sánchez Esquivel.

 

Se reintegrarán diputados de Tierra Caliente a sesiones en el Congreso, asegura Yoloczin

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, aseguró que no ha tenido comunicación directa con los tres diputados locales que denunciaron amenazas y se ausentaron de las sesiones del poder legislativo desde principios de mayo.
Sin embargo, informó que los coordinadores de sus fracciones parlamentarias: del PRI, Héctor Apreza Patrón, y del PRD, Raymundo García Gutiérrez, le informaron que están bien, y se incorporarán a las sesiones presenciales este mes de junio.
Consultada al concluir el banderazo de rehabilitación de parques del primer cuadro de la ciudad, en la Alameda, aseguró que no supo que las perredistas Elzy Camacho Pineda del distrito 17 con cabecera en Coyuca de Catalán, Susana Paola Juárez Gómez del distrito 20 con cabecera en Teloloapan, y el priista Adolfo Torales Catalán del distrito 18 con cabecera en Pungarabato (Ciudad Altamirano), hayan recibido amenazas.
Subrayó que los coordinadores del PRI y del PRD no le informaron del problema como tal. “Por el contrario, el diputado coordinador del PRI manifestó que los diputados se encuentran bien, tranquilos, y esa es la información”.
Ante la reciente incorporación de manera virtual a las sesiones de los tres diputados, aceptó que antes no habían podido asistir, sin mencionar la razón de las ausencias que le reportaron. Agregó que no habrá problemas con las faltas, además de que ya iban a retomar las sesiones presenciales este mes.
Este jueves, el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, informó que el gobierno del estado les ofreció seguridad y acompañamiento de ida y vuelta a la región, porque los diputados señalaron riesgos de trasladarse por carretera a la capital, pero no hubo petición de parte de ellos.

Sigue el proceso para instalar nuevos ayuntamientos

En cuanto a la constitución de los ayuntamientos instituyentes de los nuevos municipios de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, aseguró que el proceso no se ha detenido, pese a las inconformidades legales.
Pero “obviamente ha habido una serie de situaciones que son amparos y que han estado presentado de manera constante”. Confirmó que el último fue presentado es de pobladores de Ñuu Savi, como lo reveló el promotor Felipe de la Cruz, de una reunión que sostuvieron con la presidenta de la Jucopo el miércoles.
Domínguez Serna confirmó que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenan al Congreso local la constitución de los ayuntamientos instituyentes; sin embargo, los actores vuelven a impugnar las sentencias, y deben esperar el resultado final.
Insistió en que el Congreso no será irresponsable ni tomará decisiones al vapor, para que no ocurra lo que pasó en Morelos, donde se crearon nuevos municipios y la Suprema Corte de justicia de la Nación los invalidó. Reconoció la postura de los comités promotores de avanzar de manera responsable en este proceso.

 

Se ofreció seguridad a diputados de Tierra Caliente para sesionar en la capital: Ludwig

Daniel Velázquez

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, sostuvo que corresponde al Legislativo tomar las determinaciones que consideren sobre la ausencia de tres diputados a las sesiones presenciales del Congreso.
Reynoso Núñez fue consultado al final de la ceremonia por el Día de la Marina en la 12 Zona Naval, sobre la ausencia de tres diputados que denunciaron amenazas por grupos delictivos y quienes han asumido la modalidad virtual para acreditar su asistencia a las sesiones del Congreso pero no participan. En respuesta el secretario general dijo es el Congreso el que debe fijar la postura al respecto.
A fines de abril, los alcaldes y los diputados locales de las regiones Tierra Caliente y Zona Norte denunciaron amenazas de parte del grupo delictivo denominado Los Tlacos, y el riesgo de trasladarse por carretera a la capital, dado que ese grupo domina el paso en la zona Norte.
Llegaron a acuerdos con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero desde hace un mes, los diputados locales, las perredistas Elzy Camacho Pineda del distrito 17 con cabecera en Coyuca de Catalán, Susana Paola Juárez Gómez del distrito 20 con cabecera en Teloloapan y el priista Adolfo Torales Catalán del distrito 18 con cabecera en Pungarabato, participan de manera virtual a las sesiones del Congreso local.
A pregunta sobre si la ausencia fisica significa que sigue la protesta contra el gobierno, Reynoso Núñez respondió: “significa que el Congreso tendrá que tomar las determinaciones que correspondan, no es un asunto del estado, nosotros ya hemos hecho lo que nos corresponde hacer, nosotros ya hemos ofrecido las medidas de seguridad necesarias para que lo hagan (asistir personalmente), ya si no vienen, no está en nuestras manos”.
El secretario sostuvo que desde finales de abril, cuando autoridades del estado se reunieron con los alcaldes y diputados, se les ofrecieron medidas de seguridad y el acompañamiento en el camino, “sin embargo no hemos recibido ninguna solicitud de parte de ellos para que se les pueda dar acompañamiento”.
“Respetamos su decisión de no asistir de manera personal al Congreso pero no es un tema que tenga que ver con el estado”.
Detalló que el ofrecimiento del gobierno del estado a los diputados fue: “nosotros lo que ofrecimos fue hacer el acompañamiento desde su municipio donde radican habitualmente a la ciudad de Chilpancingo y poderlos acompañar en la vuelta si es que ellos consideraban que al pasar por algunas ciudades pudieran tener o correr algún riesgo, sin embargo no hemos recibido ninguna petición para que se haga este acompañamiento”.
Agregó que en las carreteras hay presencia de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional, del Ejército, con lo que garantizan el tránsito seguro, pero a los diputados se les ofreció “un acompañamiento extra”, y no lo han solicitado.
De las amenazas del grupo delictivo denominado Los Tlacos hacia las autoridades de la Tierra Caliente y la Zona Norte, el secretario general dijo que eso “ya fue superado. Creo que nosotros ya hemos sido suficientemente… lo hemos explicado con la suficiencia necesaria en cuanto a lo que está sucediendo en esta región, habría que ver que otros factores son los que estan impidiendo que los diputados vengan a la capital”.

Caso Abarca, decisión del poder Judicial

De la absolución al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por su presunta responsabilidad en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, el secretario general dijo que el ex alcalde no quedará en libertad y es atribución de los jueces determinar la culpa o no de los acusados.
“Creemos que los jueces hacen sus actuaciones conforme a lo que tienen en los expedientes, en el caso del señor Abarca el tiene otros procesos mas ahí los cuales tiene que enfrentar y bueno, esperemos que en todos haya justicia, nosotros no podemos decir si es inocente o si es culpable, eso lo tiene que determinar la autoridad jurisdiccional”.
De las posibles protestas de normalistas ante el fallo del Tribunal Colegiado de Apelación del 19 circuito con sede en Tamaulipas, dijo que el gobierno del estado ofrece las condiciones para que se manifiesten en los antimonumentos pero en paz. “Tienen derecho a manifestarse pero también la ciudadanía tiene derecho a vivir en paz”.

Retraso en las participaciones

Del retraso en la entrega dinero público al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para el financiamiento de los partidos, el secretario general dijo que se debió a un aplazamiento del gobierno federal en la entrega de las participaciones federales, pero ayer y hoy ya se hicieron depósitos al Instituto.
“Tuvimos un problema durante tres meses que tuvimos saldos en contra por parte de la Federación en las participaciones federales, a eso se debieron los atrasos, ya se están regularizando las entregas al IEPC, ayer (miércoles) se hizo un depósito del recurso ordinario hoy (jueves) se va a hacer otro y vamos a ir normalizándonos poco a poco”.
En la sesión del IEPC de este miércoles los representantes de los partidos políticos PRI, PAN, PRD y Morena se quejaron porque desde hace tres meses no reciben dinero y demandaron al gobierno del estado que entregue al Instituto el presupuesto que le fue etiquetado.

Nuevo hospital

El secretario general acusó a la Comisión Intersindical, de asociaciones y derechohabientes del Instituto de Seguridad Social y de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de tener intereses políticos por sus protestas ante el retraso de la obra. “Es un tema que se ha politizado, ahí hay gente tratando de generar polémica y hacer política con un tema que fue decisión del presidente de la República de hacer el hospital de tercer nivel”.
El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se comprometió a construir un hospital de tercer nivel en Acapulco, el presupuesto de 3 mil 500 millones de pesos ya está autorizado solo falta el predio, el cual debe ser entregado por el estado pero este se mantiene en secreto luego de que sus anteriores propuestas han fracasado.
Ayer, Reynoso Núñez sostuvo que ya está definido el predio donde se construirá el nuevo hospital pero que la información sobre su ubicación lo harán las autoridades del ISSSTE.
Señaló que los inconformes quieren que el hospital se contruya en un predio que tiene condiciones complejas.
Reconoció que al gobierno del estado le ha dado trabajo encontrar un terreno para la construcción del nuevo hospital, pero el gobierno federal ya tiene una propuesta de un predio que ea de su propiedad para evitar señalamientos de corrupción o sobrecostos.
“No es que la gobernadora no quiera, no es que nosotros estemos poniendo trabas en el tema, está muy avanzado y yo espero que en próximos dias lo dará a conocer el ISSSTE pero ya está. Es un tema que está resuelto, no debe prestarse a grilla, a politiquería. Lo están tratando de tergiversar, quiénes están tratando de llevar el tema por otro lado”.
Abundó que se ha buscado que terreno donde se edificará el nuevo hospital cumpla con ciertos estándares porque será de un solo nivel y buscan que no corra riesgo de inundación.

 

Aprueba el Congreso local la Ley 3 de 3; cancelaría cargos a agresores de mujeres

Integrantes de colectivos Lésbicos, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual, protestan durante la sesión del pleno del Congreso local en demanda de un parlamento de este sector Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó con 33 votos a favor, ninguno en contra ni abstenciones, la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público a quienes hayan cometido abuso sexual, ejercido violencia contra mujeres, o sean deudores alimentarios. En la Ley 3 de 3, con Guerrero suman 18 estados que avalaron esas modificaciones.
Al pleno se presentó el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos en el que se señala que la intención es evitar el empoderamiento de las personas que ejercen violencia en contra de otras, y se recordó que la violencia contra las mujeres está presente en todos los ámbitos sociales, económicos y políticos, por lo que se debe evitar que los agresores se constituyan en servidores públicos y autoridades con responsabilidades políticas y legales.
Por el grupo parlamentario del PRD, la diputada Patricia Doroteo Calderón fundamentó el voto a favor de los diputados perredistas. Dijo que estas reformas no son una ocurrencia ni una determinación a ultranza, al fijar en tribuna la postura perredista.
Al razonar el voto a favor de su grupo, expuso que la violencia de género, “incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar no son “casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades”.
Pidió no anteponer intereses partidistas ante la defensa de los derechos y que a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), “se convoque a todas las fuerzas políticas que integramos esta legislatura para que se realicen las reformas que sean necesarias a nuestro marco legal y electoral, cumpliendo los plazos que nos permitan hacer las modificaciones y reformas”.
En el dictamen se plantea que “se trata de que los servidores públicos, en razón de las funciones que llevan a cabo, sean ejemplo para la sociedad y comprueben la idoneidad para desempeñar su labor, ya que el servicio público implica ofrecer un trato digno y respetuoso a todos los usuarios y tiene una connotación profundamente humana, pero también ética”.
Y que toda persona que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión pública cuente con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual de las personas, los derechos político-electorales de las mujeres, y el derecho a los alimentos de los menores.

Reforma a Ley de Acuicultura y pesca

El Pleno del Congreso también aprobó por unanimidad un dictamen de reforma a la Ley de Acuicultura y Pesca Sustentable del Estado de Guerrero para impulsar esta actividad productiva de forma responsable con el medio ambiente, dirigiendo mayores recursos a pescadores y asegurando la inclusión de las mujeres y los grupos vulnerables.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón dijo que la iniciativa tiene la motivación de hacer que cientos de pescadores accedan a una mejor calidad de vida y, asegurar la autosuficiencia alimentaria del estado.
Se aprobó un exhorto al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que indemnicen o, en su caso, tomen acciones en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2021 en la unidad habitacional Pedregal de Cantaluna de Acapulco.
También una reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado para incorporar la Unidad de Evaluación y Control (UEC), como un órgano de apoyo técnico especializado de la comisión legislativa de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, cuya encomienda será vigilar el estricto cumplimiento de las funciones de los servidores públicos de la institución fiscalizadora.
Es decir que la Comisión legislativa tendrá un órgano de apoyo técnico que vigilará el trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) el cual es precisamente el órgano técnico fiscalizador del Poder Legislativo.

Legislar gobiernos de coalición

En la sesión el diputado Ricardo Astudillo Calvo (PRI) presentó iniciativas de adición a la Constitución Política del Estado y a la Ley del Gobierno de Coalición del Estado para que se contemple la figura de los gobiernos de coalición, como un mecanismo que genere mayor gobernabilidad en la entidad.
La petista presidenta de la Comisión de Derechos Humanos presentó iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado para incluir el principio de paridad y el lenguaje incluyente y no sexista en la redacción de este ordenamiento, que permita integrar a mujeres y hombres como sujetos de derechos y visibilizar a unos y otros en igualdad de circunstancias.
De Morena el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos para incentivar el aprovechamiento de residuos producidos por la industria, implementando la cultura del reciclaje, que mitigue las afectaciones al medio ambiente.
La diputada perredista Jennyfer García Lucena (PRD) propuso un punto de acuerdo para crear el Parlamento Incluyente de Personas de la Diversidad Sexual del Estado de Guerrero, que organizará el Congreso del Estado a través de la Comisión de Participación Ciudadana, en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral, la Comisión de los Derechos Humanos y las secretarías de Educación y de la Juventud y la Niñez, propuesta que fue turnada a la Junta de Coordinación Política.
Mientras la diputada presentaba la propuesta, integrantes de colectivos Lésbicos, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual y más (LGBTI+) protestaron durante la sesión del pleno del Congreso local en demanda de un parlamento de este sector.
Los activistas estuvieron en el salón de plenos, en el área de galerías con pancartas en las que demandan que se realice el parlamento, tal como se realiza uno infantil, el juvenil, el de mujeres y de pueblos originarios organizados todos por el Poder Legislativo una vez al año.

Festejan cumpleaños a morenista

La sesión se interrumpió por casi una hora porque la mayoría de los diputados principalmente de Morena acudieron a la sala de los próceres José Francisco Ruiz Massieu a festejar el cumpleaños de la diputada de ese partido Jessica Alejo Rayo. La presidenta de la Mesa Directiva sólo informó al pleno que se declaraba un receso de media hora que finalmente fue de unos 50 minutos.
Después la sesión continuó, pero al final ya en el último punto del orden del día que era una intervención del perredista Ociel García Trujillo, este pidió que se realizará un pase de lista para confirmar que existiera quórum, pero solo estuvieron presentes 16 de los 46 diputados locales por lo que la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez informó que la sesión “se declara concluida”.

 

Piden a diputados apoyar la iniciativa para dar cargos de elección a mayores de 65

Las integrantes de la organización Vamos por la Inclusión, Eudoxia Moctezuma Gutiérrez y María Eugenia Salgado Bernal en la entrevista para El Sur en un restaurante Vips Foto: Jesús Trigo

Karina Contreras

Impulsoras de la iniciativa para que los adultos mayores de 65 años tengan participación para ocupar espacios en el Congreso local y regidurías, pidieron a los diputados respaldar esa iniciativa que fue presentada hace quince días de manera conjunta por los diputados de Morena, Jessica Lisbeth Alejo Rayo y Alfredo Sánchez Esquivel.
En declaraciones a El Sur, las impulsoras María Eugenia Salgado Bernal y la integrante de la asociación civil Vamos por la Inclusión, Eudoxia Moctezuma Gutiérrez, manifestaron que ese proyecto busca la inclusión de los adultos en las diversas actividades económicas sociales y políticas del estado y México.
Salgado Bernal, quien trabaja también con Sánchez Esquivel, dijo que plantearon esa reforma al diputado sobre la creación de una iniciativa en donde se tomarán en cuenta a los adultos mayores para la postulación a diputaciones y regidurías. Añadió que el diputado vio con buenos ojos el tema e invitó a la diputada y presidenta de la comisión para la Atención de Adultos Mayores, Jessica Lisbeth Alejo Rayo, quienes manifestaron que no bastaba con que fueran postulados por los partidos políticos, sino que se tenía que agregar que tenía que estar entre los cinco primeros espacios para que pudieran llegar.
“Es una iniciativa de reforma con proyecto de decreto para adicionar dos artículos a la Ley 483 de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Guerrero” con el objetivo de que los partidos postules a personas mayores de 65 años a cargos y que se cuide la equidad de género, que sean personas que realmente pertenezcan al sector y “sean actores dentro de las gestiones para los beneficios para los adultos mayores, igual las regidurías”.
Subrayó que los adultos mayores representan un poco más del 14 por ciento de la población del estado, “desgraciadamente nuestros adultos mayores están dentro del sector vulnerable porque eso de la ideología de que ya dieron lo que tenían que dar, que deben estar en casa, cuidando a los nietos, eso ha hecho que nuestros adultos tengan miedo a reclamar sus derechos, pero es un sector importante por la experiencia, la sabiduría que traen, pero de repente los hemos invisilizado”.
Indicó que así como se ha empoderado a la mujer, a los pueblos originarios indígenas, a las personas con discapacidad y de diversidad sexual, “cuando veamos a los adultos en esos curules, en las tribunas vamos a rescatar ese carácter, esa fuerza que tenían nuestros adultos mayores”.
En su intervención, la maestra de secundaria jubilada y quien lucha por los derchos de los adultos mayores, Eudoxia Moctezuma, indicó que la iniciativa es el resultado de las necesidades que se palpan dentro de los colectivos de adultos mayores, de las necesidades, aspiraciones y desprotección.
Indicó que es el sustento de donde parte la iniciativa porque como adultos mayores todavía tienen mucho que dar, “considerando que la mayoría de los adultos tienen una preparación académica relevante, que ya participó en el proceso de desarrollo de la comunidad, pero que tiene mucha experiencia”.
Indicó que además una buena cantidad de funcionarios públicos y representantes populares, posicionada en las instancias de dirección son adultos, pero “no han llegado ahí por un derecho, por una vía a la que puedan acceder cualquier otro si no acceden selectivamente porque son amigos, familiares y lo que nosotros queremos es crear el espacio para que cualquier adulto mayor tenga derecho a participar, tenga derecho a aspirar y participar en estos procesos”.
Dijo que confía en que los diputados harán suya la propuesta que es “legítima, necesaria”.

 

Tendrían diputados el 19 de mayo el dictamen de la ley en materia de desaparición forzada

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La cuarta reunión de trabajo en la que participarán colectivos, funcionarios y diputados para revisar la iniciativa de Ley en materia de desaparición forzada de personas, será el próximo 19 de mayo, en la que esperan concluir el dictamen que tendría que ser aprobado y firmado por la Comisión de Derechos Humanos para posteriormente presentarla al pleno.
Ayer se buscó a la diputada de Morena Nora Velázquez Martínez, quien es una de las promoventes de la iniciativa y que la presentó al pleno desde el 10 de noviembre pasado, hace seis meses, y que aún no dictamina la Comisión de Derechos Humanos.
A través de una síntesis del estado de la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada de personas en el estado, Nora Velázquez informó que tienen programada una reunión para el próximo viernes 19 de mayo en la que esperan concluir la revisión de esta iniciativa.
La iniciativa la realizaron diputados locales junto a colectivos de familiares de víctimas de este delito y la Fiscalía General del Estado, la Secretaría General de Gobierno, la Comisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y el Comité Internacional de la Cruz Roja delegación regional para México y América Central.
En la síntesis proporcionada por la diputada morenista, informa que la Comisión de Derechos Humanos, que preside otra de las promoventes, la petista Leticia Mosso Hernández, ha realizado “diversas reuniones de carácter técnico para analizar la viabilidad de la propuesta”.
Y que por la importancia de la iniciativa se han realizado tres reuniones para el análisis de esta iniciativa con diversos actores como la Subsecretaria de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno Anacleta López Vega, el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, diputados locales y colectivos de familiares de personas desaparecidas, principalmente de Chilpancingo, Acapulco e Iguala.
En estas tres reuniones ha participado el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Arturo Pacheco Bedolla en representación de la presidenta de este órgano, Yoloczin Domínguez Serna.
Y a pesar de que de que ha pasado medio año desde que se presentó esta iniciativa ante el pleno y se turnó a comisiones, Velázquez Martínez afirmó que en estas reuniones “todos han coincidido en la disposición de sacar la nueva ley” y que por eso se instaló esta mesa técnica para su análisis.
Informó también que los integrantes de esta mesa recibieron “todos los documentos a analizar” en una reunión virtual que tendrían ayer por la tarde para profundizar en las observaciones de cada una de las partes.
Y que finalmente, el próximo viernes 19 de mayo tienen programada una reunión en la que esperan tener concluido el dictamen para “hacerlo llegar a las y los diputados integrantes de la comisión”.
Este dictamen después de ser aprobado por los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos integrada por la presidenta Leticia Mosso Hernández, el secretario Osbaldo Ríos Manrique, y los vocales Esteban Albarrán Mendoza, Patricia Doroteo Calderón, y Ricardo Astudillo Calvo, tendría que ser enviado a la Mesa Directiva para que se enliste en el orden del día de la sesión del pleno para su discusión y votación.
En la iniciativa original se planteó la creación de una Comisión Estatal de Búsqueda como un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica, administrativa, financiera y de gestión, que será la autoridad encargada de la búsqueda de personas en el territorio estatal, incluyendo, además de la búsqueda en vida, la búsqueda forense con fines de identificación de cuerpos y restos humanos; también se planteaba que “de resultar necesario y en los casos en los que así sea procedente, se efectúen las acciones de revisión en los centros de reclusión militar”.

No van a sesión del Congreso diputados presuntamente amenazados por el crimen

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Nuevamente a la sesión del pleno del Congreso de Guerrero no llegaron las diputadas Elzy Camacho Pineda, Flor Añorve Ocampo y el diputado Adolfo Torales Catalán, quienes participaron en las reuniones con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a partir de las presuntas amenazas de muerte de un grupo criminal.
Ayer fue la tercera sesión consecutiva a la que no asistieron la perredista Elzy Camacho, y los priistas Flor Añorve y Adolfo Torales, sin que sus grupos parlamentarios realizaran ningún pronunciamiento al respecto en tribuna. Del problema de las presuntas amenazas de Los Tlacos a los diputados no se ha hablado en el Congreso local.
En la sesión, la diputada priista Julieta Fernández Márquez presentó un exhorto al titular de la Secretaría de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, para que entregue al Congreso un informe por escrito detallado sobre si existe un programa institucional para atender la deserción escolar en el estado, sus indicadores, metas y alcances.
En tribuna la priista dijo que Guerrero pasó de tener un millón 120 mil estudiantes matriculados a solo 825 mil, de los cuales el 80 por ciento asisten regularmente a la escuela.
Planteó que es urgente y necesaria una política pública integral, un programa gubernamental que atienda “el grave problema de la deserción escolar”.
También del PRI, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Gabriela Bernal Reséndiz, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado para que se suspenda la patria potestad de menores a aquellas personas que estén en un proceso de investigación por feminicidio o intento de feminicidio.
La diputada señaló que Guerrero es el octavo lugar a nivel nacional, respecto a delitos de feminicidios, ya que en el primer bimestre del 2023 se registraron 23 asesinatos de mujeres, 43.7 por ciento más que el año pasado.
“Por ello, es que el Estado además de ejercer su función investigativa y punitiva frente al delito, también debe contemplar a los menores de edad como víctimas colaterales del delito y garantizar programas de contención, apoyo directo, continuos y gratuitos y, desde luego garantizar la protección y ejercicio de sus derechos bajo una patria potestad íntegra”.
De primera lectura quedaron los dictámenes de reformas al Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado y de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
Durante su intervención por el Día Internacional del Trabajo, el perredista Ociel García Trujillo dijo que en Guerrero aún se espera una obra importante del gobierno federal, porque en el estado hay problemas por la falta de empleos.
García Trujillo expuso que no hay obras extraordinarias en los municipios, “donde muchos albañiles podrían al menos, tener la oportunidad de trabajar… y seguimos esperando compañeros, y yo espero de todo corazón, que el Presidente de la República, en este último año que le queda, logre hacer algo por Guerrero”, dijo.

 

Urge el SUSPEG a diputados a aprobar la iniciativa de Evelyn Salgado sobre el ISSSPEG

Karina Contreras

La secretaria general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Adela Hernández Angelito, dijo que es importante que los diputados locales agilicen la iniciativa que mandó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que los municipios y órganos descentralizados estén obligados a entregar las retenciones que hacen a los trabajadores para el ISSSPEG.
En declaraciones al finalizar la inauguración del techado de la cancha de la Casa del Trabajador de CAPAMA, Hernández Angelito indicó que los afectados son los sindicalizados porque se les dificulta sus jubilaciones, y prestaciones que tienen por ley, como los préstamos.
Indicó que por ello celebraba la iniciativa que ha mandado la gobernadora al Congreso local donde los municipios tienen que hacerse responsable y entregar oportunamente la retención que realiza a los trabajadores.
Señaló que con el gobierno del estado se está trabajando para ir resolviendo los rezagos, como las jubilaciones del 2017 al 2021, que son deudas históricas e institucionales.
A la dirigente sindical se le preguntó sobre el adeudo al ISSSPEG. Señaló que hay una deuda “grandísima” de municipios y organismos descentralizados.
Agregó que hay municipios como Acapulco, Taxco e Iguala donde las actuales administraciones han enterado puntualmente las aportaciones de los trabajadores, aunque tienen deudas heredadas, pero tratan de ir al corriente.
Sobre el municipio de Chilpancingo, la dirigente sindical dijo que tiene una deuda histórica y actual, es decir, no está entregando la actual administración el recurso que se genera de la retención de las aportaciones de los trabajadores y se tiene que trabajar “para que esa deuda no sea impagable”.
Por eso, insistió Hernández Angelito, la iniciativa de la gobernadora es importante porque con ello no se generarán todos esos pasivos y hará “obligatorio que todos los responsables enteren oportunamente del recurso que obtienen de los trabajadores y el que les compete a ellos a pagar lo que corresponde”.
La dirigente sindical informó que ya se trabaja en el pliego petitorio con las administraciones con quien tienen el Contrato Colectivo de Trabajo y que espera antes de que concluya abril “tener concluida la negociación con todos los Ayuntamientos y organismos descentralizados”.