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Exhortan diputados a no desincorporar a la Policía Vial de la Preventiva

 

Con el voto en contra del PRD, PT y Morena, los diputados del PRI, MC, PAN y PVEM aprobaron, por mayoría, exhortar al Ayuntamiento de Acapulco a modificar el acuerdo que creó la Coordinación General de Movilidad y Transporte y deje sin efecto la desincorporación de la Policía Vial de la Policía Preventiva municipal, además de que la designación del titular y de los mandos de los agrupamientos de la Preventiva sean certificados.
Este punto de acuerdo fue presentado en tribuna por la diputada Magdalena Camacho, a nombre de su fracción parlamentaria del MC y defendida también por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien añadió que no se oponían a la modernización de la Policía Vial, sólo que se adaptara al marco legal y su director fuera certificado.
Mientras por el PRD y PT, el diputado Ocie Hugar García Trujillo, defendió la reforma que aprobó por unanimidad el Cabildo en abril pasado, cuando aun gobernaba el MC, porque señaló que eso dinamizaba el tránsito vehícular.
En ese exhorto al Ayuntamiento, la diputada del MC, Magdalena Camacho, propuso que el Cabildo establezca la adecuada coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública municipal y la Coordinación General de Movilidad y Transporte, para la aplicación en lo que corresponda del Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio.
Además que se mantenga bajo un solo mando la coordinación de los cuerpos de fuerza de la Policía Preventiva municipal y sus agrupamientos (Urbana, Vial, Turística, Auxiliar y Rural).
Y que atendiendo el exhorto emitido por el Congreso, el miércoles 7 de octubre del presente año, que al designar a los mandos medios y superior de la Policía Preventiva se tome en cuenta que debe tratarse de personal debidamente acreditado y certificado, como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, el artículo 14 de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. El actual coordinador de Movilidad y Transporte es el perredista Israel González Nava.
La diputada argumentó que para el debido cumplimiento de los objetivos de la Coordinación General de Movilidad y Transporte que se plantea, no era estrictamente necesario que se suprimiera la Policía Vial de la Policía Preventiva municipal, ya que la experiencia indica que en ninguna entidad federativa o municipios del país, ni en ninguna de las leyes en la materia se han sustituido las unidades de la Policía Vial o de Tránsito, que son una institución de Seguridad Pública, que se están haciendo cargo de regular y operar las nuevas políticas de movilidad sustentable.
Ni tampoco se ha creado, una nueva dirección, como en este caso la Dirección de Movilidad Vial de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, de la que ahora formará parte la Policía Vial.
Tampoco se ha suprimido a la Policía Vial de la Policía Preventiva Municipal, “porque aquella es la directamente encargada de aplicar sanciones a los conductores de vehículos en todas sus modalidades, por violaciones a las normas de tránsito”.
Además, que sin fundamento se eliminan preceptos legales que son vitales para la prestación del servicio de seguridad encomendado a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, tales como la mención de la Policía Vial del párrafo segundo y la supresión integra del párrafo tercero del Artículo 30 del Reglamento Interno de la administración Pública Municipal.
Precisó que el acuerdo del cabildo, transgrede normas constitucionales y legales que regulan la prestación del servicio de seguridad pública a la ciudadanía, que está firmemente regulado dado lo altamente sensible que es la percepción pública en relación con el desempeño de esta área, lo que ha conducido a los tres órdenes de gobierno a implantar severos controles de certificación y confianza para el personal que forma parte de los cuerpos de seguridad pública.
Esto pone a la Policía Vial bajo el mando operativo de una persona que no está certificada ni se le han aplicado los controles de confianza que se establecen para los mandos y elementos de seguridad pública y que, por la naturaleza de las funciones genéricas y específicas que desempeña el área a su cargo, no debe por qué tener mando de cuerpos de tarea como lo es la Policía Vial, ni es necesario que sea sujeto de certificación y controles de confianza porque el cargo no lo requiere.

Otros acuerdos

En esta misma sesión, la diputada de Morena, presentó en tribuna una iniciativa de decreto, para reformar el artículo primero de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado y fue turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas y de Justicia.
Y se leyó un oficio enviado por el alcalde de Zitlala, en el que informa que en la comunidad de Tlaltempanapa y comunidades circunvecinas, todas de habla nahua, han organizado su Policía Comunitaria, y pide la intervención de los diputados locales, para que les den su respaldo y piden que exhorten al gobierno estatal, que brinden seguridad pública para establecer el orden y la paz, ante la ola violenta creciente en la región.
Al terminar esta sesión, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Carlos Reyes del PRD, convocó a una segunda de manera inmediata, para turnar a la Comisión de Hacienda la primera iniciativa de decreto del nuevo gobierno de Héctor Astudillo, para que le autoricen firmas de convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir recursos de Fondo de Aportaciones Múltiples.

Se analiza la posibilidad de que guardias escolten a los diputados, dice Chavarría

 

El secretario de Gobierno Armando Chavarría Barrera informó que se analiza la posibilidad
de proporcionar guardias personales a los 46 diputados locales, tras la ejecución del
panista José Jorge Bajos Valverde.
Entrevistado a su llegada a la funeraria donde fue velado el cuerpo de Bajos, Chavarría
explicó que “después de los acontecimientos se registraron algunas llamadas telefónicas
de diputados, (y) algunos manifestaron su preocupación en términos de seguridad”.
Sin embargo precisó que este tema lo analizarán en conjunto el gobierno del estado y la
Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, “y veremos que haya algún tipo de
seguridad” para los diputados.
Consultado sobre la posibilidad de que el asesinato del diputado Bajos obligue al resto de
sus colegas y a sus hermanos que también se desempeñan como funcionarios a solicitar
a agentes de la PIM como escoltas, el subprocurador Jesús Alemán del Carmen dijo en
Chilpancingo que las leyes locales lo permiten, pero que existe un déficit de elementos que
impide a la Procuraduría cumplir sus funciones sustantivas de investigar y perseguir los
delitos.
Recordó en este sentido que un grupo importante de policías ministeriales participan en
acciones de prevención del delito y que adicionalmente hacen falta por lo menos 100
agentes del Ministerio Público del fuero común y 100 agentes investigadores para cubrir las
necesidades de trabajo de la dependencia.
En otro punto, el secretario Chavarría aseguró que en las próximas semanas comenzará
en el estado una operación militar y policiaca contra el crimen organizado, similar a las de
Michoacán y Tijuana. No obstante, aclaró que “eso dependerá de los resultados” en
aquellos lugares.
El perredista secretario de Gobierno calificó como positivas las acciones en materia de
seguridad que emprende el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa. Celebró las
decisiones que el presidente ha tomado al respecto y lo distinguió de la actuación en la
materia del ex presidente Vicente Fox.
Destacó que “en materia de lucha contra la delincuencia organizada hay una diferencia
notable en la política del presidente Felipe Calderón y la del ex presidente Vicente Fox; el
actual mandatario tomó la decisión de afrontarla”.
Finalmente, Chavarría pidió a la sociedad confiar en las investigaciones de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en el caso de la ejecución del diputado José Jorge Bajos.
Por su parte, el procurador de Justicia del estado, Eduardo Murueta Urrutia admitió por
primera vez públicamente la necesidad de la incursión del Ejército en las calles del puerto
en acciones de vigilancia y seguridad, aunque dijo que eso dependía de la decisión del
presidente Calderón Hinojosa.
“Las condiciones ya las hay, (pero) el mando de los militares lo tiene el presidente de la
República y si nos echan una ayudada, qué bueno”, respondió a pregunta expresa.

El asesinato del diputado Bajos demuestra el fracaso del gobierno en seguridad: PRI


El presidente de Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Marco Antonio Leyva Mena consideró ayer que el asesinato del diputado local del PAN Jorge Bajos Valverde demuestra que hay un “severo fracaso” del gobierno del estado en materia de seguridad pública y procuración de justicia, motivo por el cual se debe de analizar la permanencia de los titulares de esas áreas del Ejecutivo.
Entrevistado la noche de este jueves en torno al asesinato de Bajos Valverde, el dirigente priísta lamentó esa situación y envío sus condolencias a los familiares y amigos del diputado local del PAN, uno de los políticos más cercanos al gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo.
Consideró que el crimen del legislador local panista “refleja el clima de inseguridad que viven los guerrerenses y lo estamos padeciendo; queda evidenciado el grado de debilitamiento en el que queda el ciudadano común por tener una autoridad totalmente ineficiente en la materia”.
Criticó al secretario de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés “que merece todos mis respetos como militar, pero como funcionario es altamente ineficiente”.
De igual forma cuestionó al Procurador de Justicia Eduardo Murueta Urrutia por los “pésimos” resultados en la materia, “la procuración de justicia y seguridad, merecen una revisión e inclusive la posibilidad de analizar si le están cumpliendo a los guerrerenses y que se revise su continuidad de ambos en sus puestos; esto no sólo por la muerte del diputado sino por las muertes violentas o asesinatos de más de 300 personas el año pasado. Son asesinatos impunes, hay un grado de impunidad y lamentablemente afecta al ciudadano guerrerense”.
Leyva hizo una convocatoria a todos los actores políticos y las instituciones “para enfrentar este tema sin visiones partidistas, como una necesidad de coordinar esfuerzos para enfrentar este delicado tema que requiere de la convocatoria de todos y sin tintes partidistas”.
Dijo que los guerrerenses “no merecemos unas autoridades altamente ineficientes, necesitamos de un mínimo de seguridad, si no se combate a fondo estamos obstaculizando el desarrollo de la entidad”.

No pasó la Ley de Ingresos 2007 por falta de “cabildeo” de Félix con diputados, señalan

 

Por la falta de “cabildeo” del alcalde Félix Salgado Macedonio con los diputados locales no se aprobó ninguna propuesta de aumento en la Ley de Ingresos 2007 que presentó el Ayuntamiento ante el Congreso local, aun cuando éstas eran viables, según algunas fuentes del Congreso.
De las iniciativas como el impuesto Proredes, donde se cobraría un 15 por ciento adicional sólo a las empresas que están en la zona Diamante, como el hotel Princess o las nuevas tiendas comerciales, o de homologar el impuesto predial al 13 por ciento al millar fueron rechazadas.
De los rubros que se aprobaron está el concepto de agua potable para uso industrial como autolavados, lavanderías, purificadoras de agua, donde se incrementó a dos salarios mínimos de lo que ya estaba.
En los transitorios los diputados aprobaron la creación de “Fideicomisos” para que los ingresos recaudados este año por concepto de cobros adicionales sean orientados por estos.
Así estarían el Pro-Turismo, que ya fue aprobado el año pasado; Pro-educación, Pro-Caminos y Pro-Ecología, que deberá crear el Cabildo y serán presididos por el alcalde.
Además los recursos serán aplicados a proyectos “específicos” de este rubro y los fideicomisos deben “rendir” cada cuatro meses un informe de la aplicación del dinero.
Hoy antes del mediodía los integrantes de la Comisión de Hacienda, los diputados perredistas Marco Antonio Organis, Germán Farías Silvestre, el priísta René González Justo, el panista Francisco Rodríguez Otero, y el ahora independiente Fernando Pineda Menez informarán al alcalde Félix Salgado Macedonio de lo establecido en la Ley de Ingresos donde se crean estos “fideicomisos”.
Con la creación de estos fideicomisos, de acuerdo con fuentes del Congreso, el alcalde tendrá un presupuesto “acotado” porque antes podía disponer del dinero recaudado en estos conceptos con mayor libertad, pero ahora deberá cumplir con lo que se especifica.
Indicaron que al alcalde le faltó más acercamiento con los diputados para explicarles sus propuestas de la Ley de Ingresos, pues no hubo quién le diera seguimiento como el ex secretario de Administración y Finanzas, Alberto Torreblanca, incluso advirtieron que por esta falta de acercamiento no se aprobaría la autorización de la solicitud de préstamo a Banobras para el proyecto Lomas de Chapultepec, considerado por Salgado como uno de los más importantes de su gestión.
De acuerdo con la propuesta de Ley de Ingresos 2007 aprobada el 28 de diciembre, se tienen planeados ingresos por mil 473 millones 645 mil 653 pesos.
El argumento de la Comisión de Hacienda de no aprobar el impuesto adicional de 15 por ciento Proredes en el pago de servicio de agua potable, que está en la Ley de Hacienda municipal, que no aplica a las tarifas domésticas, es “atendiendo la política fiscal del gobierno del estado en el sentido de no crear nuevos impuestos, la propuesta de antecedentes se considera improcedente”.
Se rechazó también el 13 por ciento al millar del impuesto predial y quedó en el 12 por ciento al millar. En el argumento de la comisión dictaminadora se menciona que han existido diversos juicios de amparo promovidos por los contribuyentes, por eso para que haya “equidad, proporcionalidad y justicia” quedó al 12 por ciento al millar. ‘’
Sobre la propuesta de cobrar a los contribuyentes “80 por ciento” por refrendo de las licencias de establecimientos cuyos giros sean la “enajenación” o prestación de servicios públicos que incluyan la venta de bebidas alcohólicas, el Congreso decidió dejar un porcentaje de 70 por ciento como fue la del año pasado.
También se rechazó el incremento del 2 al 4 por ciento el pago mensual por concepto de derechos de los establecimientos mercantiles por horas extras y quedó el mismo porcentaje.
Sobre el pago de derechos de servicios de agua potable y alcantarillado, la comisión de Hacienda “con el objeto de no vulnerar sobre todo la economía familiar de los sectores más humildes, consideró conveniente no incrementar las cuotas y tarifas de agua potable y dejar vigentes para el ejercicio fiscal de 2007, las cuotas y tarifas aplicables en 2006”.
Se rechazó un aumento de 0.20 salarios mínimos por metro cúbico en la distribución de agua potable en pipas y quedó de 0.40 salarios mínimos, como está actualmente.
Disminuyeron el cobro del 6 por ciento sobre el boletaje vendido en 2006 en el cobro del impuesto sobre espectáculos de jaripeos porque son “eventos populares” y quedó al 2 por ciento.
La ley menciona que para evitar la “proliferación de vendedores ambulantes” y de acuerdo con el reglamento de Vía Pública, se propone que los prestadores de servicios ambulantes tengan la obligación de contar con la autorización de Vía Pública previo el pago de los derechos correspondientes, así quienes estén en puestos semifijos, que no podrá exceder 14 días en las calles del Centro, pagarán un salario mínimo.
Además se indica que se haga el pago de derechos por el uso de la vía pública por la instalación de casetas telefónicas y la instalación de equipos que vendan bebidas refrescantes, lo que permitirá al Ayuntamiento “allegarse de mayores recursos”.
Aprobaron actualizar las tarifas por derechos de concesión y uso en establecimientos de cualquier tipo en mercados municipales o privados.

 

Pretenden diputados dar por concluido el caso del exhorto de Solorio para aclarar gastos de gestoría



Con un informe muy escueto los diputados de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado, pretenden dar por “definitivamente concluido” la polémica generada por el ejercicio de 70 millones de pesos para obras de “gestoría” de los diputados locales y el cual se ha utilizado el 66 por ciento de lo aprobado para el 2006.
El uso “discrecional” de esos recursos públicos los denunció en tribuna del Congreso local el diputado perredista Ramiro Solorio Almazán el 22 de diciembre, en donde presentó un punto de acuerdo para pedir al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo el desglose de la aplicación del recurso etiquetado por 70 millones de pesos bajo el rubro “Programa de Atención a Obras de Gestoría Social”.
La propuesta fue turnada a las Comisiones citadas las que en su dictamen que será discutido la próxima semana y sometido a votación, justifican “que cada diputado será gestor y promotor de pueblo; esto infiere que las y los diputados tienen la posibilidad jurídica de proponer lo que consideren en beneficio de la población”.
La Comisión de Presupuesto la preside un diputado cercano al gobernador, José Jorge Bajos Valverde del PAN y la de Desarrollo Urbano, el perredista, Guadalupe Perea y ambos en el dictamen que da respuesta a la petición de Solorio afirman que el Poder Ejecutivo “debe estar en la mejor disposición (de atender esas solicitudes de información), no sólo responde a las peticiones de información que se formulen, sino además de presentar en sus portales los avances de obras que se hayan etiquetado en el presupuesto de egresos. Las y los diputados tenemos la obligación de cerciorarnos del estado que guardan los programas estatales y vigilar que los recursos públicos se estén aplicando correctamente”.
Indican que a través del oficio número HCE/CDUOP/228/2006 los diputados de ambas comisiones solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas un informe desglosado de la aplicación de 70 millones de pesos etiquetados para el Programa de Atención a Obras de Gestoría Social.
Ante esa petición, Guillermo Torres Madrid, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, envió un informe donde afirma que “se pudo constatar que el destino de los 70 millones fueron etiquetados para el programa de atención a Obra de Gestoría Social; se advierte que se han invertido la cantidad de 43 millones de pesos en 80 obras, lo cual representa un 66 por ciento del presupuesto autorizado, que además se encuentran obras pendientes por ejecutar, debido a que están en proceso de su dictaminación de su viabilidad técnica y financiera, hasta completar la partida autorizada para ese rubro”.
Debido a esa explicación, los diputados de ambas Comisiones “convienen que se encuentra satisfecho el objetivo de la propuesta de acuerdo que nos ocupa, acordando que dicha información sea distribuida a los diputados integrantes de la 58 legislatura al Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos procedentes, de igual manera la información que posteriormente recepcione, deberá ser distribuida a los legisladores para el mismo fin, por lo que procede dejar sin materia el exhorto propuesto al titular del Poder Ejecutivo del estado, en el sentido de que informe a la soberanía sobre el desglose de los 70 millones de los cuales ya se tiene su información”.
Proponen en ese tenor dejar “sin materia el exhorto al titular del poder Ejecutivo de estado, en virtud de que la información ya fue proporcionada por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, solicitando se descargue de la relación de asuntos pendientes y se archive el presente asunto como total y definitivamente concluido”.
Por los integrantes de la Comisión de Presupuesto firman el dictamen José Jorge Bajos Valverde, Fernando Donoso Pérez y Alejandro Luna, del PRD; Socorro Sofío Ramírez del PRI.
Por la Comisión de Desarrollo Urbano firman Guadalupe Perea Pineda y Germán Farías del PRD; Noé Ramos Cabrera del PRI; vocal, Alejando Carabias Icaza del PVEM y Jéssica Eugenia García Rojas del PAN.

Recibió el TEE 115 quejas en la elección de alcaldes y diputados: Olimpia Godínez




La hasta ayer magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Olimpia Godínez Viveros aseguró que ese órgano jurisdiccional se ha consolidado y tiene credibilidad en Guerrero, como quedó demostrado con su actuación “apegada a la imparcialidad” de la elección de 2005 para alcaldes y diputados y donde recibió un total de 115 impugnaciones.
En lo que fue su último acto público como presidenta del TEE, Godínez encabezó la presentación de la Memoria jurisdiccional y administrativa 2005: Elección de Ayuntamientos y Diputados, en el auditorio del TEE, en donde aseveró que la superación jurídico-electoral de los partidos políticos sus candidatos, militantes y la ciudadanía en general de Guerrero, da como consecuencia elecciones apegadas a la normatividad, en un marco de civilidad y sobre todo de armonía social”.
En el evento el representante del gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, Nelson Bello Solís aseveró que el Ejecutivo “tiene un claro compromiso con la imparcialidad en los procesos electorales y ha girado una instrucción a los servidores públicos para que respeten la libertad de los ciudadanos para elegir libremente a sus representantes populares”, aseveró el subsecretario de Asuntos Jurídicos.
La magistrada que este miércoles concluye su período como presidenta del TEE, sostuvo que el fortalecimiento de esta autoridad jurisdiccional, “en gran medida ha dependido de su actividad permanente de capacitación y difusión de la tarea jurídico-electoral, así como de su vinculación interinstitucional con organismos y autoridades que coinciden en considerar a la democracia, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
El documento resume los recursos y resoluciones recibidas durante el último proceso de elección de alcaldes y diputados locales de octubre del año pasado, así como de las actividades realizadas en materia de capacitación y difusión de la cultura jurídico-electoral del año pasado y donde hizo un reconocimiento “al apoyo de los actores políticos y sociales en la realización de elecciones transparentes y pacíficas”.
Informó que en esa elección se interpusieron 115 medios de impugnación que recibió el TEE, “eso demuestra la confianza que los actores políticos y ciudadanos depositaron en el tribunal para dirimir sus conflictos” y agregó que del total de recursos recibidos, 86 fueron resueltos por las salas Central, regionales y de Segunda Instancia del TEE; mientras que fueron turnados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 27 juicios de Revisión Constitucional y dos más para la Protección de los Derechos político-electorales del ciudadano.
Godínez sostuvo que el TEE desarrolló una labor decisiva en la protección del voto ciudadano, “a través de la aplicación del marco jurídico vigente, tarea en la que coadyuvaron con su colaboración institucional y profesionalismo, el Consejo Estatal Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales local”.
Durante su intervención, reconoció al gobierno y al Congreso local por “respetar la autonomía y la independencia de este órgano jurisdiccional”.
Este miércoles por la mañana sesionará el pleno del TEE para elegir al nuevo presidente de ese órgano, en el cual se perfila como nuevo presidente el magistrado, Isaías Sánchez Nájera quien al finalizar el evento no quiso confirmar esa situación “cualquiera de los compañeros puede competir”, dijo.
Sesionarán para elegir al nuevo presidente del TEE por un período de dos años, los magistrados Isaías Sánchez Nájera, Alma Delia Eugenio Alcaraz, Jesús Villanueva Vega, Félix Villafuerte Rebollar y Olimpia Godínez Viveros.
A este acto asistieron en representación Zeferino Torreblanca, el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Nelson Bello Solís y a nombre del Congreso del estado, el diputado Ernesto Payán Cortinas.
En el auditorio estuvieron consejeros electorales, encabezados por su presidente, Emiliano Lozano Cruz; la secretaria de la Juventud, Yolanda Villaseñor Landa; el representante de la Fepade de la PGR, Ricardo Nájera Herrera.

Si ha habido obra públicas con Zeferino, afirma Torres Madrid ante diputados




Reveló que el monto conjunto de recursos asignados inicialmente a la dotación de infraestructura y equipamiento, alcanzó la cantidad de 552.8 millones de pesos y que al término del ejercicio del 2005 se convirtieron en mil 115 millones de pesos, el doble del monto presupuestado que se aplicaron en la ejecución de 686 obras públicas, distribuidas en las siete regiones del estado, y 8 mil 880 acciones de vivienda en los municipios de mayor marginación.
Sobre el monto ejercido, Torres explicó que los incrementos para la construcción y la rehabilitación de la infraestructura del estado se originaron en tres vertientes: le decisión del gobernador de que todas aquellas dependencias y entidades que acostumbraban a ejecutar obra pública concentraran sus programas relativos y sus recursos correspondientes en su Secretaría para unificar criterios de validación, de ejecución y de rendición de cuentas.
Otra vertiente fue la mezcla de recursos con las entidades y dependencias federales, y la tercera vertiente de incremento de recursos para él área fue la disposición de recursos extraordinarios por las excedencias en la venta del petróleo en el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES).
De las 686 obras ejecutadas en el 2005, Torres detalló que 210 fueron responsabilidad directa de su Secretaría, y destacó la terminación del Mercado Municipal de Coyuca de Catalán; la construcción de rellenos sanitarios regionales en Atenango del Río y en Iguala.
Asimismo el puente vehicular y la extensión de bulevar Eucaria Apreza en Chilapa; el encauzamiento del río Huacapa en Chilpancingo y la Plaza Central de Zitlala; la construcción del eje vial La Industria en San Jerónimo; el bulevar urbano en Cuajinicuilapa; y la remodelación de la Vereda Tropical en la Quebrada de Acapulco.
También les informó a los diputados que el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE) ejecutó 135 obras de construcción y rehabilitación de centros educativos en todos los niveles.
Mientras que el Comité de Infraestructura Carretera, Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) emprendió 32 obras de intercomunicación terrestre en el estado, como el puente La Ortiga y Villa Madero en Tlalchapa; las pavimentaciones de los caminos Cocula a Cuetala; Filo de Caballos a Tlacotepec; mojoneras a Atlamajalcingo del Monte; Olinalá a Ixcamilpa; el inicio del eje carretero Costa Grande-Tierra Caliente, entre San Luis San Pedro y Ajuchitlán y la primera etapa del libramiento Chilpancingo-Montaña baja.
Por su parte la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), aportó 309 obras de abastecimiento de agua potable, y resaltó el Sistema Integral de Cacahuatapec en Acapulco, el Saneamiento Integral del Río Balsas, la rehabilitación del Sistema de Agua Potable en Taxco y el Proyecto Integral de Agua Potable y Saneamiento de Chilpancingo.
Y el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) con aportación de los recursos federales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en su vertiente Microregiones y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) por un monto de 91.3 millones de pesos, que mezclados con 16.4 millones de recursos propios del Invisur se ejecutaron 8 mil 802 acciones de vivienda, entre estas 4 mil 570 paquetes de piso firme y fogón en alto en 51 comunidades de los dos municipios más pobre de país, Metlatónoc y Cochoapa El Grande.
Torres reconoció que “no todo son cuentas alegres, al final de este primer periodo de gobierno, se reconoce que no todos los municipios del estado han recibido los beneficios de las políticas para un desarrollo justo y equitativo que promueve este gobierno democrático; así, reconocemos la deuda que existe con ocho municipios que no fueron atendidos con alguna obra, por diversas razones y con otros ocho que alguna pequeña participación recibieron pero que no representa una verdadera aportación en su desarrollo”.
Para culminar la pavimentación de carreteras en Guerrero, Torres informó que hacen falta 19 mil kilómetros, con una inversión de 113 millones de pesos a un costo más o menos de un peso el metro lineal.
Preguntas de Rossana Mora Patiño y Ramiro Solorio, fueron para cuestionar sobre detalles del ejercicio presupuestal que no les quedó claro en el informe. Del resto de los diputados más bien se mostraron preocupados por las obras en sus distritos y municipios.

Propone Salinas Altés a diputados reconocer jurídicamente a la Policía Comunitaria




Ante diputados, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana manifestó su disposición para reconocer jurídicamente a las policías comunitarias de la entidad, e incluso se habló de la posibilidad de que en el presupuesto del próximo año se destine una partida para otorgar un salarios a los miembros de esos cuerpos policiacos.
Al menos esa fue la postura del secretario, Heriberto Salinas Altés, quien se entrevistó en privado con diputados de la Comisión de Seguridad Pública, en un restaurante al sur de esta ciudad.
El priísta Humberto Calvo Memije, quien preside esa comisión, dijo que el secretario les confirmó que buscará el reconocimiento jurídico de la Policía Comunitaria, como auxiliares de los ayuntamientos en la materia, que sus integrantes perciban un salario y que se reforme la Ley de Seguridad Pública para legalizar su armamento.
El ex síndico capitalino dijo que se va a proponer que la Policía Comunitaria pertenezca a los ayuntamientos, “respetando su filosofía, es decir que continúen siendo habitantes del pueblo y voluntarios, pero que tengan un sueldo fijo y buscaremos para el próximo presupuesto que el sueldo sea del ramo 33, haremos la petición correspondiente para que esta policía sea más responsable haya más control y dependan del comisario”.
Informó que levantarán un censo para conocer cuántos ciudadanos son integrantes de la Policía Comunitaria, “porque tenemos conocimiento de que hay varias, incluso en comunidades de Chilpancingo”.
Señaló que en la reunión hablaron de que los policías comunitarios no perciben un salario “solamente propinas y por eso insistimos en que su trabajo debe ser remunerado económicamente”.
Dijo que entre las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública buscarán que su armamento se reglamente, “también hablamos de la policía auxiliar, esa debe pasar también al municipio, vigilada y auditada”.
En tanto, Salinas Altés dijo que en el encuentro de ayer se propusieron mejoras al Sistema de Seguridad Pública para “ir reforzando la seguridad, seguramente lo trataremos en el Congreso el próximo lunes durante las comparecencias”.

Piden diputados a regidores que no se apruebe el plan de desarrollo de Diamante


Hugo Pacheco León Chilpancingo

Por unanimidad y sin discusión, los diputados del Congreso del estado aprobaron ayer un exhorto al Ayuntamiento de Acapulco para que no se apruebe el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Diamante, mientras el Cabildo no autorice el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial de Acapulco (POETA).
Asimismo los diputados solicitan a la Semarnat, al gobierno del estado y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) que establezcan convenios de colaboración técnica y económica para la actualización del POETA.
El diputado del PVEM, Alejandro Carabias Icaza, presentó el punto de acuerdo y luego de leerlo los legisladores lo aprobaron por unanimidad.
Alejandro Carabias argumentó que es necesaria la aprobación del POETA porque el crecimiento de Acapulco no ha sido sustentable, lo que ha provocado el deterioro de medio ambiente y de los recursos naturales.
Agregó que el municipio pierde atractivo y competitividad como centro turístico de primer nivel, además de viabilidad como centro urbano y suburbano que garantice calidad de vida, pues el gobierno no ha sido capaz de proveer servicios públicos con eficacia, eficiencia y cobertura.
Alejandro Carabias adujo que otro problema acumulado es la basura, el abastecimiento de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario y pluvial, por eso, dijo, es el intento de darle orden, viabilidad y sustentabilidad al desarrollo del municipio.
Enseguida vino la votación y se aprobó su punto de acuerdo.

Anuncian alcaldes y diputados del PRD un frente de apoyo a López Obrador

El 30 de mayo, una representación participará en un acto en el Zócalo del Distrito Federal, anuncia Martín Mora. Trasciende que rechazaron la propuesta del alcalde López Rosas de pedir licencia si se da el desafuero

 Adalberto Valle Sánchez

El Comité Ejecutivo Estatal del PRD, que encabeza Martín Mora Aguirre, se reunió en Acapulco con alcaldes y diputados locales de ese partido, donde anunciaron la conformación de un frente de apoyo para el jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

El encuentro fue privado en un hotel y duró cerca de dos horas y media. Al finalizar, Martín Mora dijo ante los reporteros que el 30 de mayo, una representación de perredistas de Guerrero participará en el acto de apoyo a López Obrador, a efectuarse al mediodía en el zócalo del Distrito Federal, tras la convocatoria del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Leonel Godoy Rangel.

“Vamos a cerrar filas con nuestros gobiernos municipales y diputados por la serie de agresiones contra el PRD y contra Andrés Manuel López Obrador, por parte del gobierno federal, que pretende frenar al jefe de Gobierno (de la ciudad de México) hacia el 2006”, comentó Martín Mora.

Agregó que están dispuestos a movilizarse en cuanto lo indique Leonel Godoy. “Vamos a dar la batalla política y legal para que sepan que no están solos”, agregó.

Informó que para el 27 de junio, los perredistas marcharán en Acapulco, del parque Papagayo al Zócalo, en un acto al que invitarán a Andrés Manuel, a Cuauhtémoc Cárdenas y al dirigente nacional, Leonel Godoy.

La reunión fue encabezada por el secretario general del PRD en Guerrero, Hermilo Mejía, y también estuvieron el coordinador de la fracción perredista en el Congreso local, David Jiménez Rumbo; el presidente del Consejo Estatal del PRD, Adolfo Plancarte; el alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas –quien se retiró a la mitad del acto– y el coordinador de los presidentes municipales del PRD en Guerrero, Modesto Brito González.

Entre otros alcaldes que asistieron Lázaro Mazón, de Iguala; Rafael Ariza, de Coyuca de Benítez; Francisco Rodríguez, de Petatlán; Raymundo García, de Acatepec; Bolívar Salazar, de Alcozauca; Pánfilo Solano, de Copanatoyac; Fortunato Sánchez, de Cualac; Oscar Bonilla, de Copala; Ignacio Luna, de Tecoanapa; Marcial Cárdenas, de Zirándaro, y Bernardo Ortega, de Quechultenango. No acudieron Modesto Brito, de Teloloapan, y Genaro Vázquez Solís. de San Luis Acatlán. “Ya se extraña a Genaro en las reuniones”, le expresó Martín Mora a los representantes de Genaro Vázquez.

Entre los diputados asistentes estaban Mauro García Medina, Adela Román, Yolanda Villaseñor, Gloria Sierra, Alfredo Jerónimo, Ramiro Alonso, Luis Solano

y Rómulo Reza.

Sobre la reunión trascendió que se rechazó la propuesta del alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, de pedir licencia a los cargos si procede el juicio de desafuero contra López Obrador.

Se dijo que sólo el coordinador de los diputados, David Jiménez Rumbo, apoyó al presidente municipal en esta estrategia. Por el contrario, el coordinador de los alcaldes, Modesto Brito, desechó la postura y ésta no fue sometida a análisis.

La salida del alcalde de Acapulco

Pocos minutos más tarde, López Rosas dejó la reunión argumentando que tenía otras actividades ya agendadas con anterioridad. Entre los asistentes se acordó que evitarían dar a conocer lo sucedido en este punto.

Al retirarse del lugar, López Rosas declaró a los reporteros que no le llamaron la atención a los alcaldes por asistir a los actos de los aspirantes, como él lo hizo el domingo en la marcha con Armando Chavarría en Acapulco.

“Me tengo que retirar en estos momentos, pero lo que determine aquí habremos de analizarlo y acatarlo”.

Al preguntarle al término de la reunión a Martín Mora sobre la insistencia de López Rosas ante los alcaldes y diputados de pedir licencia, sólo comentó que valoran la sensibilidad.

“El dijo que se sostiene en lo que ha dicho, pero en este caso tendrá que acatar la línea del partido. Ese es un punto que no está a discusión. La línea es que no renuncie nadie y se quedó en analizarlo posteriormente en otra sesión”.

Acerca de la participación de los alcaldes en los actos públicos de los aspirantes, Martín Mora expresó en la conferencia de prensa posterior al encuentro, que tienen la libertad de hacerlo, esto a pesar del llamado que les hizo el dirigente nacional, Leonel Godoy a no hacerlo.

“Cada quien tiene sus preferencias, pero estamos seguros que saldremos unidos”.

Mora Aguirre aseguró que el Comité Ejecutivo Estatal ha mantenido la distancia para no incidir en el proceso interno.

–Han mencionado que nunca se ha reunido con los cuatro aspirantes.

–Lo hemos hecho junto al Comité Nacional en la ciudad de México. En el Comité Estatal hemos estado bien cerquita.

Informó además que la reunión programada para este viernes 28 con Leonel Godoy quedó aplazada para la siguiente semana.

Descartada la alianza con el PAN

En la conferencia en la que se quedaron la mayoría de los participantes de la reunión, Martín Mora anunció que quedó totalmente descartada una posible alianza con el PAN, y acusó al senador Diego Fernández de Cevallos de ser el principal culpable de que se haya logrado la coalición. “Ni siquiera es una actitud de (Luis Felipe) Bravo Mena (presidente nacional del blanquiazul).

Comentó que influyó mucho la división entre ambos partidos en el plano nacional, así como el distanciamiento del PRD con el gobierno federal.

Señaló que el presidente del PAN en Guerrero, Francisco Rodríguez Otero, “está desconocido”. “Antes era más tolerante, pero ahora es un acérrimo enemigo del PRD”.

Aseguró que la postura del PAN obedece a la lealtad que le ha tenido siempre al gobierno estatal y al PRI.

–¿Qué le parece la alianza contra el PRI que anunciaron Félix Salgado y el diputado independiente Carlos Sánchez Barrios?

–Nos parece muy importante. También estamos platicando con Carlos Sánchez Barrios, quien ha manifestado su disposición de unificarse con el PRD. Nos pone como requisito que ya tengamos candidato.

–¿Se sumaría a quien resulte candidato del PRD?

–No lo ha manifestado en ese sentido.

Buscarán otro aercamiento con Juárez Cisneros

Otro de los anuncios luego de la reunión entre los perredistas, fue que buscarán un nuevo acercamiento con el gobernador del estado, René Juárez Cisneros, debido a que los recursos que prometió entregar a los 29 ayuntamientos que dirige el PRD, “no han fluido adecuadamente”.

El viernes 19 de marzo, al reunirse con los alcaldes en Protur, Juárez Cisneros acordó entregar 50 millones de pesos para proyectos de desarrollo social, además de otros 10 para problemas de endeudamiento.

“Queremos retomar el asunto y buscar una solución adecuada. A partir de ahora buscaremos una nueva reunión con el gobernador”, dijo Martín Mora.

–¿Qué argumentos les da el gobernador para no entregar el dinero?

–Dice que ahorita no hay lana. Vamos a pedir una fecha de acuerdo con su agenda para que nos explique qué sucede, sin querer entrar en una etapa de confrontación. Queremos llevar la fiesta en paz, pero que se cumplan los acuerdos.

Por último, tras manifestar su solidaridad con el alcalde de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo, a quien se le comenzó un proceso de juicio político, Martín Mora exigió castigo para quienes participaron y ordenaron el desalojo de los normalistas en Chilpancingo.

“Al presidente de Chilapa lo acusan de golpeador. Ayer el gobierno del estado golpeó a maestros y estudiantes. Queremos ver si los diputados priístas son congruentes para sancionar al gobernador por esta represión. La ley debe ser igual para todos. El PRD está en contra de esa represión”.