Agentes de la Guardia Nacional resguardan el área del Mercado Central en donde se encontró una cabeza humana dentro de una hielera Foto: El Sur
Redacción
Siete hombres fueron asesinados, cinco de ellos desmembrados, en una jornada de violencia extrema ayer en Acapulco.
Por la tarde, la cabeza de un hombre fue encontrada en el estacionamiento del Mercado Central.
El hallazgo fue reportado minutos antes de las 5 de la tarde, frente a la nave mayor a un costado de la avenida Diego Hurtado de Mendoza y la Vía Rápida, informaron policías municipales.
El reporte policiaco indica que hombres armados dejaron una hielera de unicel y encima de la tapa, una cabeza de un hombre que tenía colocado unos lentes de sol.
Además, la cabeza humana también estaba desollada y se encontró un narcomensaje, cuyo contenido no fue proporcionado por las autoridades policiacas.
Policías no encontraron el resto del cuerpo en el lugar mencionado. Las autoridades cerraron la vialidad durante las diligencias.
Otro hombre desmembrado fue encontrado en el poblado de San Isidro Gallinero, ubicado en la zona rural de Acapulco.
El hallazgo fue reportado a la 1:22 de la tarde, en la carretera que conecta Las Plazuelas y El Salto, informaron policías ministeriales.
El reporte policiaco establece que hombres armados arrojaron los restos humanos desde un automóvil en movimiento.
Los restos humanos tenía cinco narcomensajes, que refiere la disputa entre los grupos delictivos Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Rusos.
Los cinco narcomensajes van firmados por el Señor de los gallos (CJNG), y en una dice “ya estamos aquí, no son rumores, estamos por todo Acapulco, empieza la limpia Rusos y el gobierno”.
En otra se lee: “José Miguel Bernal León ya sabemos que tienes el celular en el penal de Chilpancingo y desde allá le giras órdenes a tu mujer a la famosa licenciada, muerta de hambre, que manda a matar a los transportistas y comerciantes del Zócalo y alrededores hasta Chilpancingo”.
Los peritos no encontraron la cabeza del hombre en la zona, a pesar de la búsqueda de las autoridades.
Más tarde, policías ministeriales confirmaron que los restos humanos de San Isidro Gallinero, y la cabeza del hombre hallada, en el Mercado Central corresponden a la misma persona.
En la mañana, cuatro hombres desmembrados fueron encontrados adentro de una camioneta, en la colonia Fidel Velázquez, ubicada en las inmediaciones de Ciudad Renacimiento.
El múltiple hallazgo fue reportado después de la medianoche de este martes en la calle Cerrada de la Luz, de acuerdo con el expediente de la Policía Estatal.
Mediante una llamada de emergencia, agentes fueron alertados de una camioneta abandonada.
Policías durante la revisión encontraron cuatro hombres desmembrados adentro de bolsas negras, tapados con una lona en la batea de la camioneta Ford blanca.
Los cuatro cadáveres en calidad de desconocidos fueron trasladados a las instalaciones del Semefo.
Por otro lado, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Miguel de la Madrid, ubicada en la parte alta de la Emiliano Zapata.
El crimen fue reportado después de la medianoche de este martes entre las calles Silvestre Castro y Aldama, informaron policías ministeriales.
El reporte policiaco indica que hombres armados persiguieron a su víctima y al darle alcance le dispararon.
El cadáver quedó adentro de un canal pluvial, al parecer brincó para tratar de huir de sus agresores.
El Ministerio Público sector Zapata, abrió una carpeta de investigación por el crimen.
En otro caso, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Centro, atrás del Ayuntamiento.
El hecho violento fue reportado a las 5 de la madrugada de este martes entre las calles Rayón y Guinea, informaron policías municipales.
El reporte policiaco indica que hombres armados irrumpieron en un hotel de razón social Rocío y sin mediar palabras mataron a su víctima.
Peritos localizaron en la escena del crimen varios casquillos percutidos de diferentes calibres.
El hecho violento generó un fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de gobierno, encabezado por fuerzas federales.
En el mes van 46 asesinatos, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un conteo de El Sur.
Asistentes a la presentación del libro Mujer indómita, imagen y símbolo, Benita Galeana, en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado, Yoloczin Domínguez Serna, lamentó la ejecución del delegado en Guerrero de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández.
Añadió que es importante que los representantes de partidos que conforman la Junta, vuelvan a revisar el llamado a comparecer a la fiscal general del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, o que la convoquen a una mesa de trabajo, para que les informe de las investigaciones de distintos hechos en la entidad.
Desde agosto, la presidenta del órgano de gobierno mencionaba esta posibilidad, luego que autoridades electas encabezaron bloqueos en diferentes puntos de Tierra Caliente por el acoso de grupos criminales; en mayo, por la difusión de un video de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con un presunto líder de narcotraficantes, y diversos ataques de alto impacto.
Consultada después de la presentación del libro Mujer indómita, imagen y símbolo, Benita Galeana, respondió que “por supuesto que vamos a tocar nuevamente el tema con la Jucopo, que es con los diputados que tenemos que ver el tema de las comparecencias, y de ser posible, llevarlo a cabo, y sino, pues en una mesa de trabajo para que nos pueda informar la situación que prevalece en el estado”. También expresó un voto de confianza a la institución.
Lamentó el crimen del delegado de la FGR, y añadió que esperaba que las instancias correspondientes informen cómo avanzan las investigaciones: “les damos esa confianza para que, por parte de la Fiscalía puedan informarnos sobre los lamentables hechos que ocurrieron hoy (martes)”.
Sobre la comparecencia, aclaró que no se ha desechado la idea, al contrario, pero dieron la oportunidad a la fiscal para avanzar en sus investigaciones.
Afirmó que es importante saber qué está realizando la Fiscalía en “las diferentes situaciones que se han presentado en el estado, pues sí, es importante que se mande a traer a la fiscal”.
De la amenaza que implica los asesinatos a funcionarios encargados de la impartición de justicia, en este caso del delegado federal, ayer, como del fiscal regional de Tierra Caliente de la FGE, Víctor Manuel Salas Cuadras, hace tres días, respondió que celebra que la fiscal, Sandra Luz Valdovinos haya manifestado que no se dejará intimidar, ya que es parte de su labor.
Añadió que espera, que en otro momento entregue cuentas claras, “estamos dando la oportunidad de que puedan ellos darnos resultados”.
Norma Mesino, Martha Obezo y Diana Hernández –hija del luchador social asesinado Ranferi Hernández– alzan sus puños frente al próximo subsecretario Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas en el Foro Escucha Acapulco. Por La Pacificación y Reconciliación Nacional celebrado con la asistencia de mil 200 víctimas, familiares de víctimas, defensores de derechos humanos e integrantes de organizaciones sociales de Guerrero ayer en el Centro de Convenciones Foto: Carlos Alberto Carbajal
“Ya ni sabemos quiénes son los sicarios y quiénes los gobernantes”, dicen víctimas
Las autoridades están ligadas al crimen organizado, señalan y esperan que López Obrador no les defraude en su demanda de justicia. Afirman que si ganó la Presidencia fue “por el dolor y el baño de sangre” que ha dejado la violencia en el país
Karina Contreras
Durante el Foro Escucha Acapulco. Por la pacificación y reconciliación nacional. el futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, escuchó los reclamos de justicia para las víctimas de asesinato y desaparición forzada en Guerrero.
En un ambiente de dolor y con voz llorosa, las madres de los desaparecidos o viudas pasaron al micrófono para pedir justicia directamente al futuro funcionario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y dijeron que si habían llegado ahora al poder, era en gran parte por el dolor de las víctimas. Mientras que la señora Margarita López Pérez dijo que ya están hartos y hasta la madre y quieren justicia para sus hijos.
Durante la plenaria, que se dio antes del inicio de las mesas de trabajo, la presidenta del colectivo de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso, madre del abogado desaparecido el 4 de junio del 2014 en Chilpancingo, Josué Molina Rodríguez, pidió que el gobierno de López Obrador no los defraude “porque si llegaron al poder es por este dolor” y porque creen que habrá justicia.
“Si llegaron al poder fue por todo el dolor, este baño de sangre que hay en toda la República. Por eso decidimos apoyarlos porque ya no tenemos otra esperanza, porque el gobierno en turno ha sido de impunidad, ha sido corrupto y ligados al crimen organizado, ya no sabemos quiénes son los sicarios y quiénes son nuestros gobernantes”. Dijo que son cuatro años que le han cerrado el acceso a la justicia, que “me han negado una denuncia en todos los lugares”.
Aseguró que ha sido revictimizada porque “no tan solo he tenido que investigar y aportar lo que yo he investigado acerca de mi hijo, sino que me han amenazado, me han seguido y me han querido levantar, pero el dolor que llevó se ha convertido en un coraje al grado de exponer mi vida y la de mi familia, pero el grito de dolor y de coraje no lo podemos ocultar”.
Añadió con sollozos que hay mucho padres y madres a quienes les negaron el acceso a la justicia y que llevamos años esperando que “nos reciban la investigación, porque nosotros somos los que investigamos y estamos hasta la madre y por eso le pedimos a este nuevo gobierno que no nos defraude”.
Señaló que están enfermos por tanto coraje y dolor “he luchado cuatro años para encontrar a mi hijos y aún cuando he aportado todas las pruebas no he encontrado justicia”. Dice que salen a investigar pero no saben si van a regresar. Al nuevo gobierno les demandan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Acusó al gobernador Héctor Astudillo de criminalizarlo y no darles resultados, pero además los hizo a un lado de identificación de cadáveres que están en la Semefo, “solo aceptó dos grupos de colectivos y a cuatro o cinco nos invitaron”.
Aseguró que mientras no encuentre a su hijo nadie la va callar y con un llanto desgarrador expresó: “Al mundo entero le grito que quiero justicia para mí, para los 43 de estudiantes y los miles y miles de desaparecidos. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. Hijo, escucha, tu madre esta en la lucha”.
Mientras que la viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obezo, aseguró que toda esa descomposición social no estuviera la nivel que está si no hubiera ocurrido el descabezamiento de uno de los tres poderes en el estado, en referencia al asesinato de su esposo hace nueve años. Le dijo a Alejandro Encinas que estuvo presente en las exequias y que los abrazo. Le recordó que él ha visto como el expediente ha sido mutilado y cómo ha sido revuelto.
Indicó que todos son crímenes de altísimo impacto social y donde el 99 por ciento quedan impunes y la Fiscalía se debería llamar “Fiscalía de carpeteria por los miles de casos sin resolver”. Pidió a Alejandro Encinas que ese asesinato no quede en la impunidad así como la desaparición de los 43 y los miles de casos porque Guerrero necesita justicia, es un reclamo generalizado.
“Pido justicia no solo para mi esposo asesinado sino para quien tenía la representación del poder popular, no era un diputado más o político más. En Guerrero no se toca a los poderosos, Zeferino Torreblanca Galindo goza de total impunidad, nadie quiere tocarlo, ha habido nueve fiscales y no pasada nada”, dijo.
Indicó que al nuevo gobierno no le van a entregar un cheque en blanco sino que van exigir justicia.
Mientras que Norma Mesino pidió justicia para sus dos hermanos, Miguel y Rocío Mesino, porque ya no quieren que los casos de impunidad se acumulen todos los días, pues esa impunidad que hay en el país ha permitido que muchos hogares haya luto y muchos no encuentren a sus familia, por eso exigen justicia. Que la federación investigue y castigue a los culpables, “queremos justicia, pero con la verdad, ni perdón ni olvido”.
Mientras que Margarita López Pérez preguntó que dónde estaban las garantías que todas las madres deben tener y narró que su hija fue secuestrada en Oaxaca, donde fue torturada, violada y decapitada. Aseguró que están cansadas de todas las organizaciones y colectivos vividos que viven a costillas del dolor, “queremos ser atendidos de manera personal”. Se quejó de que si no se pertenece a un colectivo no son atendidas y lo que quieren es justicia para sus hijos.
Mientras que la hija de Ranferi Hernández también pidió justicia y verdad así como castigo caiga quien caiga, pues “ya basta de simulación y queremos las cosas bien”.
Por su parte, el vocero del colectivo Siempre vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, expuso el caso de sus hermanos asesinados en noviembre del 2014 en municipio de Quechultenango, donde criticó que Néstora Salgado ha sido postulada para senadora porque dijo que sus hermanos eran delincuentes.
Señaló que son víctimas del crimen organizado y “aquí están unos paisanos de Marcos Matías que se ostentan como indígenas, pero son los peores asesinos, porque ellos les cortaron las manos a mis hermanos vivos, los decapitaron, los torturaron, los quemaron y las cabezas están en Quechultenango, a tres cuadras del Ayuntamiento”. Dijo que si no hay justicia no puede haber perdón ni olvido.
El viejo régimen, vigente y busca impunidad, dice el próximo subsecretario de Gobernación
Inaugura Alejandro Encinas el Foro Escucha Acapulco. Por la pacificación y reconciliación nacional. Subraya que en el próximo gobierno no habrá simulación y que será prioridad la atención a las víctimas y “garantizar su derecho a la memoria, a la verdad y la justicia, a la reparación del daño y la garantía de no repetición”. Renunciará si no da resultados, dice el encargado del proyecto de formar comisiones de la verdad para casos emblemáticos como el de Ayotzinapa en el que, reiteró, “vamos a ir a fondo” para castigar a los responsables sean militares o políticos
Karina Contreras
El senador electo y futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inicia el 1 de diciembre, “no vamos incurrir en simulación, va a ser un compromiso real”.
Al inaugurar el Foro Escucha Acapulco. Por la pacificación y reconciliación nacional, ante familiares de desaparecidos y asesinados y organizaciones y activistas de derechos humanos, y que se llevó a cabo en el salón Teotihuacan del Centro Internacional Acapulco, Encinas Rodríguez subrayó que en esa dependencia no va a estar “de florero” porque “mi compromiso es dar resultados, si no dejaré el cargo”.
El encargado de organizar comisiones de la verdad en el país para casos emblemáticos como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa reclacó que se va a necesitar de la sociedad para pacificar el país, pues aunque la izquieda con Andrés Manuel López Obrador y Morena ganó las elecciones “el viejo régimen sigue vigente, hay intereses y esos van a querer permanecer ahí”.
Antes de que Encinas empezará hablar los presentes comenzaron a corear la palabra “Justicia”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y pasaron lista del uno al 43, en referencia a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi cuatro años en Iguala. Desde la entrada al Centro Internacional Acapulco fueron colocadas mantas con imágenes de guerrerenses desaparecidos y asesinados y lo mismo sucedió en el presídium y a los costados de éste.
En su mensaje, Encinas señaló que estaban ahí para recuperar uno de los principios fundamentales de lo que debe ser un buen gobierno, el de “volver a escucharnos y escucharnos para construir entendimientos, en ellos asumir compromisos para poder superar las adversidades que hoy venimos arrastrando durante muchas décadas”.
Sobre los testimonios de madres de víctimas que escuchó durante la plenaria, Encinas Rodríguez señaló que es “indudable el nivel de agravios personales, familiares, colectivos que hemos sumado no sólo en Guerrero sino en todo el país, y quiero decir de principio con toda claridad, vamos a romper con el pasado, vamos a acabar con la simulación”.
Aseguró que en el centro de las preocupaciones del nuevo gobierno están las víctimas y “el reclamo de las víctimas es justicia, pues si queremos paz tiene que haber justicia y tenemos que acabar con la impunidad”
Añadió que esa tiene que ser una tarea colectiva porque no es un asunto que nada más atañe al gobierno, aunque es su principal responsabilidad”. Señaló que el deber del estado es dar las garantías para vivir en paz y tranquilidad donde la gente se sienta segura y tenga la tranquilidad de preservar su familia y su patrimonio, y esos son los enormes retos que se tienen.
Señaló que el cambio requiere de una transformación profunda y de la participación de la sociedad, y por eso el objetivo de los foros es ir construyendo las bases en cómo la comunidad también asumirá sus responsabilidades para que con el apoyo pleno del gobierno “vayamos a emprender no solo una nueva estrategia en materia de seguridad pública sino una nueva visión de la comunidad en nuestro país”.
Encinas Rodríguez precisó que no solo es un asunto de seguridad pública ni de policías, pillos y ladrones o de gobernantes corruptos o autoritarios, sino de reconstruir la base de la convivencia social, de que se pueda recuperar la esperanza con una visión de futuro. El futuro funcionario indicó que la seguridad la tienen que enfrentar con una visión distinta y “que dé respuesta a los agravios que se han cometido a decenas de miles de guerrerenses y mexicanos en el país”.
Indicó que por eso la prioridad deben ser las víctimas y “garantizar su derecho a la memoria, a la verdad y la justicia, que no haya impunidad y que el gobierno actúe en cumplimiento de su responsabilidad y velar y garantizar los derechos humanos fundamentales, el derechos a la verdad, a la reparación del daño y a la garantía de no repetición. Queremos acabar con la impunidad y tener memoria para que todos estos hechos lamentables no se repitan”.
Subrayó que este nuevo gobierno tiene que constituir una nueva relación de confianza con la población y esa relación solamente podrá construirse con hechos, “con resultados, por eso estamos aquí, no vamos a incurrir en simulación, en la responsabilidad que voy asumir como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en el próximo gobierno a partir del 1 de diciembre. Va ser un compromiso real, no voy a estar de florero, vamos a asumir compromisos para tener resultados y si no hay resultados tendré que separarme de este encargo”.
Pero añadió que se necesita del apoyo porque “sí ganamos las elecciones, pero el viejo régimen sigue vigente y vamos a enfrentar resistencia y vamos a afectar intereses; y esos intereses van a querer prevalecer en la impunidad, pero nosotros vamos hacer nuestro esfuerzo para que no suceda”.
Añadió que tienen que asumir que con el pueblo de Guerrero hay “una deuda histórica, porque la violencia y la pobreza en este estado es un proceso sistemático y continuo, que los vivimos desde hace muchas décadas con las desapariciones en la Guerra Sucia, que lo seguimos viviendo en estos momentos de desapariciones y de homicidios extrajudiciales o por particulares donde la famosa guerra contra el narcotráfico se convirtió una guerra contra el pueblo de México y aquí en Guerrero contra los dirigentes sociales, políticos, contra los jóvenes estudiantes”.
Subrayó que como ha asumido el compromiso con las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa “vamos a ir al fondo, no sólo a abrir la investigación, vamos a deslindar las responsabilidades para que sea quien sea el responsable de las atrocidades, homicidios o desapariciones en este estado sean castigados, sean un militar, armada, sea un servidor público, un gobernador. No puede haber impunidad y ese es el compromiso de nuestro presidente electo y del equipo de gobierno, y espero que entre todos y todas hagamos realidad este cambio para la vida digna y con paz en todo Guerrero y todo el país”.
Hay una grave situación en Guerrero
Ya en conferencia de prensa, en el salón Dolores Olmedo, a Encinas se le preguntó sobre la reacción de víctimas y ONG de que el foro para el Plan de Pacificación del cual consideran que se le ve poca perspectivas ante la actitud asumida de “olvido no, perdón sí” y dijo que se tiene que asumir que primero el país ha vivido una ausencia enorme de espacios de discusión y reflexión y que “evidentemente cuando se abre un espacio, luego de años de vacío enorme donde el gobierno dejó de escuchar a la población viene esta situación”.
Indicó que el valor de los foros es que lo están haciendo las víctimas y eso es de gran valía, e insistió que quieren tener un dialogo real que construya acuerdos y compromiso que se conviertan en políticas públicas, porque “no solo son foros de denuncia, son foros para identificar dónde están los problemas e identificarlos, ya se va pasar de la denuncia a la protesta”. Añadió que lo que se escuchó en la plenaria es el “reflejo de la gravísima situación que vive Guerrero”.
Indicó que desde hace tiempo se han dado violaciones sistemáticas a los derechos humanos y mucha violencia y sobre las denuncias que recibió las divide en tres aspectos: “violaciones graves a derechos humanos provenientes de instituciones del Estado mexicano y el ejemplo más claro es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzina-pa; en segundo lugar niveles de violencia que provienen de particulares, específico, de la delincuencia organizada y ejemplos lo que ha pasado en Chilapa, son muy claros, y en tercer lugar lo que tiene que ver con la descomposición del tejido social”.
Señaló que esto habla de una ausencia de estado, no solo de Guerrero sino del gobierno federal, donde muchas están ocupadas o “están bajo el control de otros poderes distintos a los constitucionalmente establecidos y es un reto para revertir esta situación”. Agregó que hay la necesidad de que el “estado vuelva a recuperar el control del territorio, mientras que la autoridad legítimamente constituida no se establezca de nueva plena en cada centímetro cuadrado esos problemas van a desaparecer”.
Encinas Rodríguez dijo que conocen la situación de Iguala y la gestión del ex alcalde José Luis Abarca y su relación con la delincuencia organizada. Adelantó que se va hacer el análisis especifico de lo que sucede en Iguala y que tendrán un foro similar específicamente con la problemática de ese municipio. Sobre qué falta para pacificar el país, respondió que aplicar la justicia, ese es el primer paso y “acabar con la impunidad y aplicar plenamente la justicia así como castigo a los irresponsables”.
En Acapulco no hay autoridad
En el acto estuvo el arzobispo Leopoldo González González y sobre la violencia en Acapulco, el cual es gobernado por el perredista Evodio Velázquez Aguirre, Encinas dijo que es muy claro que en muchas comunidades del municipio no hay autoridad, quien tiene el control de las zonas son los grupos fácticos vinculados con la delincuencia organizada.
Indicó que lamentablemente Acapulco se ha convertido en el municipio más violento del país y paradójicamente han pasado por aquí todos los operativos: han estado la Marina, el Ejército, la Policía Federal y “ha sido un fracaso, hay evidencias de ello, no han funcionado, es evidente que la presencia policiaca por si mismo no resuelve los problemas”.
Encinas Rodríguez dijo que se tiene que ir a atender las causas que originan este nivel de violencia, pues “aquí con las fuerzas de seguridad estatal y locales no se ha resuelto la violencia de manera significativa”. Aseguró que la impunidad que hay en Acapulco ha llevado a estos niveles. Sobre si la situación no se resuelve con más policías, entonces por qué el presidente electo Andrés Manuel López Obrador va dejar al Ejército y la Marina en las calles, Encinas Rodríguez precisó que el objetivo de la seguridad ciudadana es que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, pero lo harán cuando el Estado mexicano tenga las capacidades institucionales suficientes para que la federación, los estados y municipios puedan cumplir con la vigilancia de las personas y su patrimonio.
Subrayó que no se tiene las capacidades para garantizar la seguridad en muchos estados y municipios del país por lo que “estamos hablando que aquí falló la estrategia, lo cual implica rediseñar la forma en la que incluso las fuerzas armadas participan en este operativo que constitucionalmente debe atender lo civil”. Agregó que es urgente restituir la presencia de la autoridad en el territorio.
La pacificación del país, la encomienda más importante del próximo gobierno: Loretta Ortiz
La coordinadora del proceso dice que en tres años comenzará el regreso de soldados y marinos a sus cuarteles. Creará López Obrador Tribunal Penal para la Paz y fiscalías especializadas en desapariciones, anuncia
Karina Contreras
La coordinadora del proceso de pacificación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Loretta Ortiz Ahlf, adelantó la creación del Tribunal Penal para la Paz, con el objetivo de “juzgar a todos”, así como de las fiscalías especializadas.
Adelantó que el nuevo tribunal va tener adscritos a jueces especializados en desapariciones forzadas, las cuales se van a complementar con la Comisión de la Verdad así como una Comisión de Investigación. Sobre la continuidad del Ejército y la Marina en las calles dijo que van a estar tres años y de ahí van a proceder a retirarlo a sus cuarteles, pues se debe tener policías capacitados e integrados que puedan dar seguridad a los ciudadanos.
Aseguró que la encomienda más importante del próximo gobierno es lograr la pacificación del país y adelantó que el 24 de octubre se van a dar a conocer las propuestas sintetizadas de los foros que se están haciendo para dar las líneas de gobierno y lanzar el “plan de pacificación”.
En conferencia de prensa en el salón Dolores Olmedo, en el Centro Internacional Acapulco (CIA) la futura funcionaria federal adelantó que el 24 de octubre López Obrador va recibir todas las propuestas y ese será el último foro.
Indicó que cuando inicien el gobierno el 1 de diciembre tienen que tener claro las líneas de gobierno y también lanzar el plan de pacificación en el país. Dijo que los foros son exitosos porque la gente ha acudido y las han escuchado, así “nosotros nos damos cuenta cuál es el reclamo de la sociedad”.
Calificó como inédito porque nunca se habían “tomado la molestia y menos un gobierno entrante de escucharlos” y muchos han dicho que ya no quieren perder a un hijo más por lo que les piden que busquen las vías de pacificación porque no desean que siga la violencia.
Indicó que la pacificación es una proceso de todos y que las propuesta que se den en los foros van a servir para formular un plan de pacificación del país y además “salgan las futuras leyes para lograr este propósito, por eso la importancia de recabar todo esta información”. Indicó que en los foros sobresale el problema de las policías comunitarias y es un problema que se tendrá que revisar.
Señaló que hay varias víctimas de las Policías Comunitarias y “vamos a tener que dialogar con las autoridades, si es el caso hacer una reforma a la Constitución de Guerrero para poder adecuar a que en ningún caso se violen derechos humanos y eso no puede estar permitido en ningún lado; hay instrumentos internacionales que nos obligan al respeto de los derechos humanos, independientemente que sea una policía comunitaria”.
Señaló que debe estar desde la Constitución y si se cometen esos excesos que se han cometido por lo que “vamos a dialogar para que se hagan las reformas constitucionales”.
Se le dijo que el 27 de julio el pleno del Congreso local aprobó la reforma que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores al artículo 14 constitucional en material de reconocimiento de los pueblos originarios.
El texto aprobado por 42 diputados, votó en contra la diputada de Morena, se eliminó las palabras “policías comunitarias y rurales” del artículo constitucional, que rige a la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena.
Y el argumento del gobernador Héctor Astudillo para esas reformas es para que no se haga mal uso de esa figura y que la fracción de Morena, que tendrá mayoría, ha dicho que hará una controversia constitucional y si va hablar con éstos para analizarla primero, tomando en cuenta los problemas que han encontrado por la violación a los derechos humanos, y respondió: “Sí, el diálogo va ser plural obviamente porque no podemos aceptar que una policía comunitaria viole derechos humanos, no puede ser, la Constitución del estado esta por debajo de la constitución política y se establece en el Artículo 1 que tiene que haber respeto a los derechos humanos”.
Ortiz Ahlf subrayó: “No podemos tener una policía comunitaria que no esté sujeta al respeto de la vida y de los derechos fundamentales de los demás”. Sobre el perdón que se ha pedido a las víctimas y dijo que es personal para reconciliarse internamente, pero “no el perdón jurídico, primero habrá justicia”. Sobre la amnistía señaló que no se va dar en un delito donde haya habido violencia lo que son crímenes de lesa humanidad, feminicidos, desapariciones, ejecuciones, tortura, “no va proceder y en estos casos no hay perdón ni hay olvido”.
Indicó que lo que exigen los afectados es justicia y de manera adecuada por lo que se va contemplar en un proyecto de ley, cuando terminen los foros y recabando toda la información para hacer las políticas públicas. Aseguró que se van a revisar todas las propuestas, incluyendo la propuesta de la iglesia de dialogar con los responsables de la violencia.
Sobre las policías, dijo que se tiene que dar una capacitación verdadera, pues aunque se dice que ya están certificados hay una “simulación, hay algunos que están bien preparados, aspiramos a tener una de las mejores policías que ha tenido el país”. Indicó que en México hay 300 cárteles y la guerra contra el narcotráfico no ha servido porque “matas a uno y salen más o detienes a uno y se reparten el pastel, esto se combate de esta manera sino con inteligencia de Estado”.
Aseguró que no habrá impunidad y se va castigar a los responsables de la violencia, pero además habrá cero tolerancia con la corrupción. Advirtió la futura funcionaria que se va atender toda el problema de los desaparecidos, incluyendo a los de la Guerra Sucia. Finalmente, sobre si habrá operativo especial para Guerrero, respondió que no podría decirlo así, pero que si se tendrá cubierto todo el país. Van más de mil 200 al foro por la paz; instalan más de 90 mesas de trabajo
Discuten plan de seguridad pública, feminicidios, la desaparición de personas, extorsiones, el rompimiento del tejido social y sus propuestas para restituirlo, hasta la legalización de la amapola
Karla Galarce Sosa
Luchadores sociales, habitantes de comunidades de diversas regiones de Guerrero, líderes y integrantes de colectivos de víctimas de la violencia, promotores de la legalización del cultivo de amapola, académicos, médicos, integrantes del sector salud, asistentes sociales, agricultores, representantes religiosos, miembros del CECOP, las policías comunitarias e interesados en el tema de construcción de paz participaron en el foro de consulta para trazar la ruta hacia el Pacto de Reconciliación Nacional convocado por el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador.
En la planta baja del Centro Internacional Acapulco (CIA), fueron dispuestos cuatro grandes salones para albergar a los poco más de mil 200 asistentes, quienes en grupos de hasta 15 personas, conformaron unas 90 mesas, en las cuales se discutieron temáticas que iban desde las propuestas sobre un plan de Seguridad Pública, feminicidios, la desaparición de personas, extorsiones, el rompimiento del tejido social y sus propuestas para restituirlo, hasta la legalización de la amapola con miras a disminuir los índices de violencia en comunidades productoras.
Aunque se estimó que el foro concluiría a las 3 de la tarde, algunas mesas de los salones, identificados con las letras de la A a la C, concluyeron hasta hora y media después.
El organizador del foro Escucha Acapulco, Javier Morlet Macho informó que la mesa de víctimas “bajo condiciones de aislamiento”, fue una de las de mayor atención.
A dicha mesa, identificada con la letra C, acudieron el próximo subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Ahí, los participantes expusieron sus dolorosas experiencias ante los moderadores y demás participantes, quienes dijeron posteriormente que imperaba un ambiente de profundo dolor, enojo, impotencia y en ocasiones de resignación por las pérdidas de familiares e incluso por el desplazamiento del que fueron víctimas por la inseguridad. No obstante expectativa con la entrada de un nuevo gobierno.
Las conclusiones serán enviadas a Loretta Ortiz Ahif, designada para coordinar los foros donde se reunirá la información mediante un proceso de sistematización para el plan de gobierno y para el proceso de construcción de la paz.
El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González dijo antes de llegar a las mesas, que el espacio permitiría el conocimiento de la realidad desde un punto de vista “más cercano y detallado”, además de que se vislumbraba la ratificación de “medidas para reconstruir la paz que todos anhelan y se escucharían nuevas propuestas”.
La guía del diálogo
La guía o cuestionario base para reunir las participaciones al foro, fue el eje medular del desarrollo de las escuchas.
Dicho cuestionario está constituido por seis bloques que fueron los temas a abordar por los asistentes: problemas sociales, violencias, víctimas, pacificación y construcción de paz, y reconciliación.
En el primero bloque se plantean tres preguntas: la primera el participante identificó los tres principales problemas sociales de su comunidad, municipio o región. En la segunda se pide identificar “lo que más preocupa del problema de las drogas” y “cuál considera que debiera ser la política sobre drogas”.
En el bloque de violencia se les pide identificar las formas de violencia que mas preocupan en su comunidad, cómo se manifiestan y se propone destacar cinco de 24 “más importantes”, entre las que se destacan los homicidios, las ejecuciones, la violencia escolar, la violencia de las autoridades, el desplazamiento, el tráfico de migrantes, entre otras. En una cuarta pregunta del segundo bloque, también se preguntó al participante cuáles son los factores que contribuyen a las violencias de su comunidad y se pide marcar solo cinco de 26 sugeridas.
De dichas sugerencias estuvieron: la falta de educación familiar y valores, falta de salario digno, falta de trabajo y empleo, falta de apoyo a las actividades productivas, falta de programas, presupuesto o interés de las autoridades; discriminación contra los grupos por ser pueblos originarios, apariencia o condición social u otras; programas en medios de comunicación con contenido violento; violaciones a los derechos humanos, ejercicio de la violencia por parte de la autoridad, presencia de caciques, corrupción, impunidad, conflictos delincuenciales, conflictos por tierras, territorios, insuficiente presencia de fuerzas armadas y otros.
En el tercer bloque dedicado a las víctimas se plantearon tres preguntas. La primera si se había sido víctima de violencia directamente o en su familia. La segunda cuestionó quiénes son las principales víctimas de las violencias y cuáles son los grupos que el participante identificó como los que requieren más apoyo si se quiere construir la paz y cómo hacerlo.
En el bloque cuatro de la guía, identificado como “pacificación y construcción de paz” estuvo conformado por cuatro preguntas que pidieron definir los conceptos de paz, las acciones para su construcción, las propuestas para evitar que se repitan las situaciones de violencia y el papel del gobierno, empresarios, iglesias, para construir la paz.
El quinto bloque de la guía, acerca de las acciones de gobierno, estuvo conformada por siete preguntas, las cuales cuestionan acerca del papel del gobierno, lo que se requiere para fortalecer la pacificación, sugerencia de actores en dicho proceso, y se pregunta la opinión de la despenalización de la marihuana y otras drogas.
En una de las preguntas de ese bloque hay “acciones prioritarias” sugeridas de un listado de 15 que el participante considere más importantes, en ellas están “encarcelar con procesos justos a quienes cometen delitos; legalización del consumo de algunas drogas; legalización de la producción de algunas drogas; liberar a jóvenes, mujeres, campesinos con delitos menores; alternativas para reinsertar a quienes infrinjan la ley; sacando a la luz pública la verdad de los hechos; promoción de mensajes en medios de comunicación; negociar o dialogar con todos los antores, incluidos aquellos que hayan cometido algún delito; reuniones de diálogo entre los ciudadanos y reencuentro entre grupos; acciones sociales de apoyo a las víctimas; atención integral; reconocer los derechos humanos por las autoridades y sociedades en general”.
En el sexto y último bloque titulado “reconciliación” se pregunta para qué, así como las propuestas para que la haya en el municipio, comunidad o región del participante.
Al final de la guía o cuestionario se anotó: “las preguntas anteriores han sido formuladas por un grupo de expertos y no reflejan los puntos de vista de las/los responsables del proceso de Foros Escucha”.
Asisten familiares de víctimas emblemáticas de la violencia en Guerrero
Entre los asistentes se vio a la líder de la OCSS, Norma Mesino, cuya hermana Rocío de los mismos apellidos fue asesinada hace casi cinco años; Ernestina Aguilera, hermana del periodista Leodegario Aguilera Lucas, desaparecido hace 14 años; la viuda del presidente de la Comisión de Gobierno, del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, Martha Obezo; la vicepresidenta de la Asociación de Familiares Detenidos desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en agosto de 1974.
El luchador social preso político de fines de los 1970, Eloy Cisneros Guillén; el integrante de la Comisión de la Verdad que se formó en el segundo gobierno de Ángel Aguirre, Nicomedes Fuentes; el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández; Obtilia Eugenio y Cuauhtémoc Ramírez de la OPIM; Rodolfo Chávez del Cecop, representantes de la CRAC, de Raíz Zubia y del Colectivo Guerrero es Primero,.
También estuvieron el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, el coordinador de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Guerrero, el sacerdote Octavio Gutiérrez Pantoja, las feministas Rosa María Gómez Saavedra y María Luisa Garfias; universitarios que han sido víctimas de la delincuencia como una maestra que fue secuestrada en el 2012 en una colonia de las más violentas de la ciudad.
También llegaron al foro la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, los diputados locales electos de Morena, encabezados por el futuro delegado en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, Arturo Martínez Núñez, Zeferino Gómez Valdovinos, Mariana Guillén, regidores electos de Acapulco, el enlace nacional de Morena, César Núñez Ramos y el secretario general Marcial Rodríguez Saldaña, además de varios ex perredistas y ahora morenistas.
El secretario de Finanzas en el gobierno de Rogelio Ortega, Eliseo Moyao Morales, Norberto Refugio Chamú, el ahora integrante del grupo Pro AMLO, Apolinar Segueda Dorantes y Misael Medrano Baza.
Además del ex alcalde de San Luis Acatlán, , Genaro Vázquez Solís, hijo del ex guerrillero Genaro Vázquez Rojas, y el ex diputado federal Marcos Matías Alonso.
La gira Juntos contra la Impunidad será del 2 al 12 de marzo en las ciudades de Washington y Nueva York, Estados Unidos (EU), para exponer y denunciar distintos casos de ejecuciones y de tortura en Guerrero, entre ellos el del estudiante de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes asesinado el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en los ataques que dejaron 43 normalistas desaparecidos.
Miembros de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad presidida por el obispo Raúl Vera, indicaron en conferencia de prensa este martes que en la gira difundirán casos que han litigado más de 10 años y, de ser posible harán peticiones de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya sede está en Washington.
Así será, por ejemplo, el caso de Julio César, pero también el de la masacre en la comunidad de El Charco, Ayutla, donde soldados del Ejército ejecutaron a 11 jóvenes hace 20 años. Además el expediente del activista Arturo Hernández Cardona, asesinado por el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
“Son hechos desgarradores que reflejan que el Estado mexicano usa a las fuerzas armadas para desaparecer, torturar, ejecutar. Muestras son Aguas Blancas, Tlatlaya, los 43”, expresó Elsa Avilés de la Red.
“En Guerrero hay más de 650 desaparecidos por el Ejército, es terrorismo de Estado que no para. Tenemos más de 100 mil desaparecidos en el país”, dijo en su intervención el activista Julio Mata.
“La impunidad en Guerrero ha aumentado. Ya son dos décadas de la matanza en El Charco y con la Ley de Seguridad Interior tendremos más casos similares por parte del Ejército”, alertó Julián Cruzalta.
“Es increíble que en Iguala se puede detener y asesinar a una persona que va transitando. Como familiares y víctimas de los atropellos del Estado mexicano hemos decidido iniciar la petición de admisibilidad ante la CIDH”, secundó Soledad Hernández Mena, hija de Arturo Hernández Cardona.
Los normalistas asesinados
En entrevista con El Sur Afrodita Mondragón Fontes, mamá de Julio César –el joven normalista cuyo cadáver fue hallado con el rostro desollado–, exigió que el caso sea atraído por la PGR y reclasificado.
“Se trató de una ejecución extrajudicial en la que hubo tortura, pero se calificó como homicidio doloso”, denunció con voz enérgica.
“Julio César ingresó a Ayotzinapa y, a los dos meses en la represión a los estudiantes le cortaron el rostro. No es lo mismo un balazo a ser asesinado con tanta saña. Deben ser encontrados los asesinos reales, no cualquier policía. Su muerte fue tremenda, ¿qué hizo para que lo mataran así?”.
Por su parte Cuauhtémoc y Cuitláhuac Mondragón, tíos de Julio César, condenaron “la omisión de las autoridades, ¿por qué la PGR separó los casos de los 43 desaparecidos y el de los estudiantes asesinados: Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez, debe de ser una sola investigación”.
Solicitaron que sean tipificadas la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones, “tras el tema de los 43 sabemos que no son delitos graves. Con Julio César en la segunda necropsia que efectuaron intervinieron los antropólogos-forenses argentinos y ya tenemos las pruebas de que fue torturado, y eso no se tomó en cuenta. En la investigación oficial del caso declararon personas que ni siquiera estuvieron presentes. Es plan con maña”, lamentó Cuauhtémoc Mondragón.
Tras casi cuatro años los familiares del estudiante saben lo que implica perseverar para que un caso sea esclarecido.
“Queremos que Década lo difunda en la gira porque ha sido descuidado, jurídicamente hablando. La autoridad le apuesta al olvido, te hacen perder tiempo y los trámites cansan, aunque seas familiar, es un desgaste físico y económico que te cambia la vida”, dijo Cuitláhuac. (De la corresponsalía, Ciudad de México).
Crecen 26% los cultivos de amapola y disminuyen los de mariguana: Sedena
Benito Jiménez / Agencia Reforma
Ciudad de México
En 2017, los cultivos de amapola en México ganaron terreno frente a los de mariguana.
El hallazgo de la flor precursora de la goma de opio, que a su vez se utiliza para producir heroína, creció 26 por ciento respecto de 2016, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En sus operaciones de erradicación de cultivos de enervantes, los militares reportaron en 2017 el hallazgo de 28 mil 221 hectáreas sembradas con amapola, contra las 22 mil 235 hectáreas de 2016.
Tras detectar el repunte anual, en abril de 2017 el Departamento de Estado reconoció que Estados Unidos buscaba financiar un esfuerzo más amplio de erradicación de amapola. En 2011 habían sido destruidas sólo 12 mil hectáreas de ese cultivo.
Además, las muertes por sobredosis de drogas están en los máximos niveles de los últimos 20 años en ese país, con 54 mil 404 casos en 2015, un promedio de 149 al día.
Sólo detrás de Afganistán y Myanmar, México es el tercer productor de heroína en el mundo, según el Informe Mundial sobre Drogas 2017 de la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito.
“El que los soldados hallen más amapola que mariguana es una lógica de mercado; la legalización de la mariguana hizo que ya no fuera un negocio”, advirtió el académico de la UAM, Gui-llermo Garduño, experto en temas de narcotráfico y seguridad.
Los estados que lideran en los hallazgos son Guerrero, pero también Durango, Sinaloa y Chihuahua, estados que conforman el Triángulo Dorado, controlado por el Cártel de Sinaloa.
Por el contrario, la mariguana perdió terreno.
Los militares reportaron 24 por ciento menos cultivos de mariguana localizados, al pasar de 5 mil 395 en 2016 a 4 mil 86 hectáreas en 2017.
Del total de 32 mil 307 hectáreas con sembradíos de enervantes, sólo el 14 por ciento fueron de mariguana.
Fuentes militares atribuyeron el desbordamiento de amapola a las altas ganancias que le generan a los cárteles de la droga.
Datos de la PGR establecen que mientras un kilo de mariguana le genera al narcotráfico una ganancia estimada de 80 dólares, el de un kilo de heroína puede llegar a los 35 mil dólares.
“La droga sintética lidera ahora el mercado. En la zona de Durango y Chihuahua ahora hay hectáreas cubiertas de amapola”, indicó un mando de la Sedena que coordina tareas de erradicación.
Cuatro municipios encabezan la producción de amapola: Mez-quital y Tamazula, en Durango; Guadalupe y Calvo, en Chihua-hua, y Heliodoro Castillo, en Guerrero.
La milicia también considera a Sinaloa, Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Jalisco y Sonora como focos rojos por el crecimiento de cultivos de amapola en los últimos tres años.
Levantan a nueve miembros de una familia en Ahuacuotzingo; liberan siete y dos no aparecen
Siete hombres armados vestidos de militares se llevaron al grupo la tarde del sábado, incluyendo a dos niños de 10 y 12 años en la camioneta en que viajaban, que fueron localizados el mismo día. Sigue la búsqueda de dos hombres entre ese municipio y Chilapa, informa el vocero de seguridad
Luis Blancas
Chilpancingo
La tarde del sábado siete hombres vestidos con ropa militar levantaron a nueve integrantes de una familia en las inmediaciones en la comunidad de Trapiche Viejo municipio de Ahuacotzingo; siete fueron liberados ese día, entre ellos dos menores de 10 y 12 años y dos hombres siguen desaparecidos.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, difundió la mañana de ayer en un comunicado, que a las 2:30 de la tarde del sábado la Policía Municipal encontró a una mujer en el lugar conocido como Barranca Honda que se dirigía caminando a Chilapa, y denunció que hombres armados se habían “llevado a varias personas” y la camioneta en que iban los 10 pasajeros.
En el parte de Policía Estatal se informó que la mujer contó que iba con su familia a bordo de una camioneta roja procedente de Estados Unidos y que en la comunidad Trapiche Viejo se les emparejó una camioneta blanca marca Toyota Hilux, de la que descendieron siete hombres armados vestidos de militar y se llevaron a sus familiares y después se robaron su camioneta.
Agrega que este hecho pudiera ser en contra de la familia, porque “ayer (viernes) tuvieron problemas por que fueron a jugar un torneo de gallos a Alpoyecancingo de Tlapa (en el) que ellos se llevaron el primer lugar”.
El vocero de seguridad señaló que después de la denuncia, la Policía del Estado y el Ejército con un helicóptero realizaron un intenso operativo en la zona entre Chilapa y Ahuacuotzingo, “ el sábado se localizó sanos y salvos a siete personas, y apareció la camioneta”.
El funcionario estatal dijo que las personas halladas son dos menores de 10 y 12 años, dos jóvenes de 18 y 19, una mujer de 48 años y dos hombres de 42 años, mientras que dos hombres continúan privados de su libertad y la operación de búsqueda se reanudó ayer.
Álvarez Heredia comentó que la tarde de ayer terminó el operativo de buscar a un hombre y un joven en la que no hubo resultados y agregó que hoy continuará los recorridos en Chilapa y Ahuacuotzingo para dar con el paradero de ellos.
Asesinan a balazos a dos hombres, uno en Tuncingo y otro en Renacimiento
Dos hombres fueron asesinados ayer, uno de ellos un chofer de una Urvan en el poblado de Tuncingo, en la zona rural, mientras que otro hombre en Ciudad Renacimiento.
El primer crimen se reportó a las 4:30 de la tarde, a un costado de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, se indica en el reporte ministerial.
Los policías encontraron a un hombre muerto a balazos y a unos 10 metros una Urvan de la ruta Vacacional-Aeropuerto, mal estacionada en la vía federal.
La versión policiaca es que dos hombres armados persiguieron a su víctima y éste al tratar de huir se salió del vehículo, pero los agresores le dispararon por la espalda.
El Ministerio Público de El Coloso abrió una carpeta de investigación por el crimen, mientras que la víctima, en calidad de desconocida, fue trasladada al Semefo.
En otro caso, un hombre fue asesinado a balazos en Ciudad Renacimiento.
El crimen se reportó a las 8 de la noche, en el bulevar Vicente Guerrero, frente a la estación de transferencia del Acabús, se indica en el reporte policaco.
Según testigos, dos hombres armados persiguieron a balazos a su víctima hasta matarla. El hombre tenía unos 30 años y vestía una camisa azul, pantalón de mezclilla y tenis blancos.
Los peritos localizaron al menos 10 casquillos percutidos de un arma calibre .9 milímetros dispersos en toda la vialidad.
En lo que va del mes van seis víctimas, y en el año suman ya 86 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.
Minutos después, un camión urbano fue incendiado en la colonia Nopalitos, ubicada cerca del Retorno.
El siniestro se reportó a las 8:15 de la noche en calle Fundador, se indica en el reporte de Bomberos.
La versión policiaca es que hombres desconocidos rociaron gasolina al vehículo y después le prendieron fuego.
Los bomberos sofocaron el fuego del camión de la ruta Hospital-Vacacional; no se reportaron víctimas solamente daños materiales. (Redacción).
Matan a balazos a tres hombres en Iguala, Zihuatanejo y Taxco; uno tenía el tiro de gracia
Un hombre de unos 30 años fue asesinado de un disparo en la cabeza cerca del plantel 3 del Colegio de Bachilleres en la colonia Heberto Castillo en Iguala, otro de 19 años fue ejecutado en Agua de Correa en Zihuatanejo y uno más fue acribillado mientras caminaba con su pareja en la cabecera municipal de Taxco.
En lo que va del año en Iguala van 15 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, según el recuento de El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que minutos antes de las 8 de la mañana les reportaron un asesinato en la calle Ciudad Industrial en Iguala.
Policías municipales y estatales confirmaron que había un cuerpo boca abajo y con un disparo en la cabeza. El hombre vestía pantalón de mezclilla gris, playera azul y estaba descalzo.
Zihuatanejo
La tarde de ayer un joven asesinado a balazos fue hallado en una terracería cerca del panteón de Loros en Agua de Correa, Zihuatanejo.
Con este hecho en lo que va del año en este puerto suman siete homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, indica el recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes de la SSP estatal informaron que a las 2:50 de la tarde les reportaron que había una persona asesinada a balazos en este asentamiento.
El cuerpo estaba boca arriba y vestía una playera blanca, short azul y estaba descalzo,
fue identificado como Daniel de 19 años vecino de Zihuatanejo.
Taxco
Un joven de 28 años fue ejecutado a balazos en el Barrio de los Tajos en Taxco de Alarcón.
Fuentes de la SSP estatal informaron que a las 7:26 de la noche de ayer recibieron el reporte sobre una persona herida de bala en la calle del Consuelo en este asentamiento.
Según testigos el hombre iba acompañado por su pareja y fue interceptado por un civil armado quien lo atacó a balazos, el cuerpo quedó boca arriba en medio de la calle y fue identificado como Martín. La mujer quedó ilesa.
Detienen a dos hombres con 250 kilos de mariguana entre Zumpango y la capital
Agentes de la Policía Federal (PF) sector Caminos detuvieron la noche del sábado a dos hombres a bordo de una camioneta de redilas que transportaba mariguana en la Autopista del Sol entre Chilpancingo y Eduardo Neri (Zumpango).
Fuentes de la PF informaron que a las 7:30 de la noche del sábado en una operación en la autopista en los límites de Chilpancingo y Zumpango pararon a dos hombres y en del área de carga de una camioneta se hallaron unos paquetes con mariguana con un peso de más de 250 kilogramos. Los dos detenidos, la camioneta y la droga fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. (Luis Blancas / Chilpancingo).
Pese a cinco operaciones militares desde 2016, Chilapa es de las tres ciudades con más ejecutados en el estado
Terminó 2017 con 223 asesinatos atribuidos a los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos y en este año van 23 víctimas
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Con cinco operaciones militares, que mantienen prácticamente sitiada a Chilapa desde 2016, esa ciudad sigue siendo una de las más violentas en el estado, como consecuencia de la disputa por el cultivo, el trasiego y la distribución de la droga que mantienen los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos.
La violencia atribuida por las autoridades estatales y federales a la confrontación entre esos grupos dejó el año pasado, según un recuento de El Sur, 223 asesinatos, y en lo que va de este año se han contabilizado 23.
Sólo la semana pasada sucedieron dos de los episodios de violencia más cruentos; el hallazgo de siete cuerpos desmembrados distribuidos en 15 bolsas de plástico, que habían sido reportados como desaparecidos. Mientras que la semana anterior se dio el caso de otras cuatro personas asesinadas en la misma cabecera municipal y sus alrededores, que también habían sido reportadas como desaparecidas: una de ellas decapitada, dos calcinadas y una mujer degollada.
Como consecuencia de la violencia, entre septiembre y octubre, también se suspendió el servicio de transporte en la ruta Chilpancingo-Chilapa, así como en las de varias comunidades de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo. Asimismo, entre septiembre, octubre y noviembre, los maestros cerraron las escuelas de cinco municipios de la región educativa Montaña Baja ante las amenazas del crimen organizado.
La violencia continúa, a pesar de que desde 2016 se han desplegado al menos cinco operaciones militares en Chilapa y en los municipios vecinos.
En enero de ese año, el gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció una operación de 3 mil 500 soldados y 500 policías estatales para frenar la violencia en Chilapa y municipios vecinos. También se anunció entonces la detención de los líderes de las agrupaciones criminales que operan en la zona y responsables de las ejecuciones, levantones y enfrentamientos.
A partir de entonces se han anunciado otras cuatro operaciones para detener la violencia, pero ésta sigue incontrolable.
El 18 de marzo del 2017, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que más de 600 soldados y policías del estado garantizarían la seguridad de pobladores y visitantes en Chilapa, durante el puente vacacional de Semana Santa.
El 4 de octubre del 2017, el gobernador Astudillo Flores y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron en un boletín que la Policía del Estado “intensificará” sus patrullajes en la ruta Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, a raíz de la suspensión del servicio de transporte ante los asesinatos de los choferes.
El 12 de octubre, nuevamente el vocero informó en un boletín de prensa que policías estatales, ministeriales y militares harían una operación conjunta para encontrar vehículos robados, y personas armadas y con ello garantizar la seguridad y disuadir el delito en Chilapa.
El 13 de noviembre, el gobernador Héctor Astudillo anunció una nueva operación militar para reforzar la seguridad en las escuelas de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, para garantizar la seguridad de alumnos y maestros que habían suspendido sus labores por las amenazas del crimen organizado.
Desde el 2016, los militares mantienen retenes en todos los accesos a la cabecera municipal; uno se encuentra en el entronque de la carretera hacia Ayahualulco y que comunica con el municipio de Quechultenango; otro en el punto conocido como Los Ajos, en el entronque de la carretera que comunica con el municipio de Quechultenango, y otro a la salida hacia el municipio de Zitlala.
Sin embargo, a partir de ese año, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con base en registros periodísticos, contabilizó 146 asesinatos: 23 de las víctimas fueron decapitadas, 68 simplemente ejecutadas, seis fueron halladas, 16 desmembradas y 33 murieron en enfrentamientos y 26 resultaron heridas.
Además, el organismo registró 42 personas desaparecidas y el hallazgo de 56 restos humanos en cuatro fosas clandestinas.
Mientras tanto, en el 2017 el Centro Morelos registró los homicidios solamente de enero a septiembre, pues en octubre entregó su informe al Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert. F. Kennedy.
En esos nueve meses registró 175 asesinatos y ejecuciones; en enero fueron 17; 15 ejecutados y dos desmembrados; en febrero fueron 15, 14 ejecutados y un desmembrado; en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 30 víctimas, 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado; en abril registró 17 víctimas, 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados.
En mayo fueron 27 homicidios, cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados y 15 decapitados; en junio registró un total de 26 muertes violentas, 24 ejecutados, un decapitado, y un lapidado; en julio fueron 23, 15 ejecutados, cinco desmembrados y tres decapitados; en agosto fueron 12 víctimas, seis de ellas ejecutadas, tres desmembradas, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza humana; en septiembre fueron ocho asesinatos.
Mientras tanto, en el recuento de El Sur se registró un total de 223 homicidios durante ese 2017.
El Centro Morelos expuso en su diagnóstico (que cerró antes de que terminara el 2017) que las cifras de asesinatos superaban en mucho a las del 2016 y que a las ejecuciones se sumaron los desplazamientos masivos de familias de comunidades como Ahuiyuco, Tepozcoahutla y Tetitlán de la Lima.
“Desde los primeros meses del 2017 pudimos notar cómo el índice de criminalidad respecto a los años anteriores fue en aumento, sobre todo en el mes de marzo que fue uno de los más violentos”, destacó en su informe el organismo.
También destacó que muchos de los hechos de violencia ocurridos en ese año, fueron cerca de instalaciones militares. El Centro Morelos documentó, por ejemplo, que 18 de las víctimas cayeron (en distintas fechas) cerca del retén que está en la entrada de la carretera que llega de Chilpancingo, otros 11 cerca del retén ubicado rumbo a Tlapa, mientras que cerca de la salida rumbo a Zitlala ocurrieron tres asesinatos.
Precisó que el 12 de septiembre de ese año, aproximadamente a las 19 horas a sólo 150 metros del arco de la salida hacia la capital, donde se encuentra el retén militar, un taxi fue incendiado y dentro de él fueron hallados cuatro cuerpos, “este hecho sucedió un día después de que llegaron 500 militares y 100 policías estatales a reforzar la seguridad”, según registró el organismo en su documento denominado Contexto Violento de Chilapa y Zitlala.
Asimismo, relató que los episodios violentos se ampliaron a partir del 2016 a comunidades cercanas a la cabecera municipal como Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa.
En lo que va del año, nuevamente Chilapa repunta en el número de asesinatos después de Acapulco y Chilpancingo, que son ciudades con mucha más población. De acuerdo con el recuento de El Sur, en Acapulco van 79, Chilpancingo 29 y en Chilapa iban 23 hasta este sábado cuando se encontró una joven de 18 años con huellas de haber sido violada, torturada y estrangulada, en el barrio de El Calvario de esa cabecera municipal.
El caso de la joven está relacionado con el de los siete cadáveres que fueron encontrados desmembrados en 15 bolsas negras de plástico el 30 de enero. Dos de ellos correspondían al de sus padres que habían desaparecido junto con la joven una semana antes.
Los otros cinco de los siete cuerpos fueron de los indígenas artesanos del estado de Veracruz que llegaron a vender muebles al mercado de esa ciudad el 23 de enero y que también habían sido reportados como desaparecidos.
El vocero en materia de Seguridad del Gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, declaró mediante un boletín que las siete víctimas (ahora 8 con la hija de la pareja) están vinculadas con el crimen organizado y que fueron ejecutadas en el contexto de la disputa de la plaza entre los llamados Ardillos y Rojos.
Asimismo, el 25 de enero fueron encontrados en distintos puntos de esa ciudad, cuatro personas asesinadas; un decapitado, dos calcinados y una mujer degollada dentro de una camioneta, cerca del cuerpo de ésta estaba dentro de una hielera su bebé de una semana de nacida.
Azucena Abarca, una mujer de 17 años, había sido levantada un día antes con su esposo Luis Gustavo Rodríguez y su bebé de una semana por presuntos policías estatales. El cadáver de Luis Gustavo fue uno de los dos hallados calcinados en el barrio de San José de esa cabecera municipal.
El 1º de febrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que a ese municipio “se le tiene que dar un seguimiento muy especial” y que se debe reforzar la seguridad porque “ya se ha convertido en una situación de un foco no de amarillo sino de muy rojo derivado de los asesinatos, de los crímenes que se están dando en forma más que salvaje”.
El presidente del Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Chilapa, José Díaz Navarro, quien ha venido dando seguimiento a los casos de violencia en ese municipio, declaró el 31 de enero que mientras no se detenga a los líderes de los dos grupos que se disputan la plaza no se va a terminar la violencia en ese municipio y sus alrededores.
Con cinco operaciones militares, que mantienen prácticamente sitiada a Chilapa desde 2016, esa ciudad sigue siendo una de las más violentas en el estado, como consecuencia de la disputa por el cultivo, el trasiego y la distribución de la droga que mantienen los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos.
La violencia atribuida por las autoridades estatales y federales a la confrontación entre esos grupos dejó el año pasado, según un recuento de El Sur, 223 asesinatos, y en lo que va de este año se han contabilizado 23.
Sólo la semana pasada sucedieron dos de los episodios de violencia más cruentos; el hallazgo de siete cuerpos desmembrados distribuidos en 15 bolsas de plástico, que habían sido reportados como desaparecidos. Mientras que la semana anterior se dio el caso de otras cuatro personas asesinadas en la misma cabecera municipal y sus alrededores, que también habían sido reportadas como desaparecidas: una de ellas decapitada, dos calcinadas y una mujer degollada.
Como consecuencia de la violencia, entre septiembre y octubre, también se suspendió el servicio de transporte en la ruta Chilpancingo-Chilapa, así como en las de varias comunidades de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo. Asimismo, entre septiembre, octubre y noviembre, los maestros cerraron las escuelas de cinco municipios de la región educativa Montaña Baja ante las amenazas del crimen organizado.
La violencia continúa, a pesar de que desde 2016 se han desplegado al menos cinco operaciones militares en Chilapa y en los municipios vecinos.
En enero de ese año, el gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció una operación de 3 mil 500 soldados y 500 policías estatales para frenar la violencia en Chilapa y municipios vecinos. También se anunció entonces la detención de los líderes de las agrupaciones criminales que operan en la zona y responsables de las ejecuciones, levantones y enfrentamientos.
A partir de entonces se han anunciado otras cuatro operaciones para detener la violencia, pero ésta sigue incontrolable.
El 18 de marzo del 2017, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que más de 600 soldados y policías del estado garantizarían la seguridad de pobladores y visitantes en Chilapa, durante el puente vacacional de Semana Santa.
El 4 de octubre del 2017, el gobernador Astudillo Flores y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron en un boletín que la Policía del Estado “intensificará” sus patrullajes en la ruta Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, a raíz de la suspensión del servicio de transporte ante los asesinatos de los choferes.
El 12 de octubre, nuevamente el vocero informó en un boletín de prensa que policías estatales, ministeriales y militares harían una operación conjunta para encontrar vehículos robados, y personas armadas y con ello garantizar la seguridad y disuadir el delito en Chilapa.
El 13 de noviembre, el gobernador Héctor Astudillo anunció una nueva operación militar para reforzar la seguridad en las escuelas de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, para garantizar la seguridad de alumnos y maestros que habían suspendido sus labores por las amenazas del crimen organizado.
Desde el 2016, los militares mantienen retenes en todos los accesos a la cabecera municipal; uno se encuentra en el entronque de la carretera hacia Ayahualulco y que comunica con el municipio de Quechultenango; otro en el punto conocido como Los Ajos, en el entronque de la carretera que comunica con el municipio de Quechultenango, y otro a la salida hacia el municipio de Zitlala.
Sin embargo, a partir de ese año, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con base en registros periodísticos, contabilizó 146 asesinatos: 23 de las víctimas fueron decapitadas, 68 simplemente ejecutadas, seis fueron halladas, 16 desmembradas y 33 murieron en enfrentamientos y 26 resultaron heridas.
Además, el organismo registró 42 personas desaparecidas y el hallazgo de 56 restos humanos en cuatro fosas clandestinas.
Mientras tanto, en el 2017 el Centro Morelos registró los homicidios solamente de enero a septiembre, pues en octubre entregó su informe al Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert. F. Kennedy.
En esos nueve meses registró 175 asesinatos y ejecuciones; en enero fueron 17; 15 ejecutados y dos desmembrados; en febrero fueron 15, 14 ejecutados y un desmembrado; en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 30 víctimas, 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado; en abril registró 17 víctimas, 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados.
En mayo fueron 27 homicidios, cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados y 15 decapitados; en junio registró un total de 26 muertes violentas, 24 ejecutados, un decapitado, y un lapidado; en julio fueron 23, 15 ejecutados, cinco desmembrados y tres decapitados; en agosto fueron 12 víctimas, seis de ellas ejecutadas, tres desmembradas, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza humana; en septiembre fueron ocho asesinatos.
Mientras tanto, en el recuento de El Sur se registró un total de 223 homicidios durante ese 2017.
El Centro Morelos expuso en su diagnóstico (que cerró antes de que terminara el 2017) que las cifras de asesinatos superaban en mucho a las del 2016 y que a las ejecuciones se sumaron los desplazamientos masivos de familias de comunidades como Ahuiyuco, Tepozcoahutla y Tetitlán de la Lima.
“Desde los primeros meses del 2017 pudimos notar cómo el índice de criminalidad respecto a los años anteriores fue en aumento, sobre todo en el mes de marzo que fue uno de los más violentos”, destacó en su informe el organismo.
También destacó que muchos de los hechos de violencia ocurridos en ese año, fueron cerca de instalaciones militares. El Centro Morelos documentó, por ejemplo, que 18 de las víctimas cayeron (en distintas fechas) cerca del retén que está en la entrada de la carretera que llega de Chilpancingo, otros 11 cerca del retén ubicado rumbo a Tlapa, mientras que cerca de la salida rumbo a Zitlala ocurrieron tres asesinatos.
Precisó que el 12 de septiembre de ese año, aproximadamente a las 19 horas a sólo 150 metros del arco de la salida hacia la capital, donde se encuentra el retén militar, un taxi fue incendiado y dentro de él fueron hallados cuatro cuerpos, “este hecho sucedió un día después de que llegaron 500 militares y 100 policías estatales a reforzar la seguridad”, según registró el organismo en su documento denominado Contexto Violento de Chilapa y Zitlala.
Asimismo, relató que los episodios violentos se ampliaron a partir del 2016 a comunidades cercanas a la cabecera municipal como Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa.
En lo que va del año, nuevamente Chilapa repunta en el número de asesinatos después de Acapulco y Chilpancingo, que son ciudades con mucha más población. De acuerdo con el recuento de El Sur, en Acapulco van 79, Chilpancingo 29 y en Chilapa iban 23 hasta este sábado cuando se encontró una joven de 18 años con huellas de haber sido violada, torturada y estrangulada, en el barrio de El Calvario de esa cabecera municipal.
El caso de la joven está relacionado con el de los siete cadáveres que fueron encontrados desmembrados en 15 bolsas negras de plástico el 30 de enero. Dos de ellos correspondían al de sus padres que habían desaparecido junto con la joven una semana antes.
Los otros cinco de los siete cuerpos fueron de los indígenas artesanos del estado de Veracruz que llegaron a vender muebles al mercado de esa ciudad el 23 de enero y que también habían sido reportados como desaparecidos.
El vocero en materia de Seguridad del Gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, declaró mediante un boletín que las siete víctimas (ahora 8 con la hija de la pareja) están vinculadas con el crimen organizado y que fueron ejecutadas en el contexto de la disputa de la plaza entre los llamados Ardillos y Rojos.
Asimismo, el 25 de enero fueron encontrados en distintos puntos de esa ciudad, cuatro personas asesinadas; un decapitado, dos calcinados y una mujer degollada dentro de una camioneta, cerca del cuerpo de ésta estaba dentro de una hielera su bebé de una semana de nacida.
Azucena Abarca, una mujer de 17 años, había sido levantada un día antes con su esposo Luis Gustavo Rodríguez y su bebé de una semana por presuntos policías estatales. El cadáver de Luis Gustavo fue uno de los dos hallados calcinados en el barrio de San José de esa cabecera municipal.
El 1º de febrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que a ese municipio “se le tiene que dar un seguimiento muy especial” y que se debe reforzar la seguridad porque “ya se ha convertido en una situación de un foco no de amarillo sino de muy rojo derivado de los asesinatos, de los crímenes que se están dando en forma más que salvaje”.
El presidente del Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Chilapa, José Díaz Navarro, quien ha venido dando seguimiento a los casos de violencia en ese municipio, declaró el 31 de enero que mientras no se detenga a los líderes de los dos grupos que se disputan la plaza no se va a terminar la violencia en ese municipio y sus alrededores.
Hubo 2 mil 318 denuncias por asesinatos el año pasado en el estado; fue el más violento del país
La cifra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta de las carpetas de investigación iniciadas por la ejecución de 2 mil 529 personas. El 2017 fue el más sangriento en dos décadas, superando las 2 mil 310 denuncias por homicidio que hubo en 2012
Lourdes Chávez
Chilpancingo
En Guerrero se abrieron 2 mil 318 carpetas de investigación por denuncias de homicidios de 2 mil 529 personas en 2017, 316 más que en 2016 cuando hubo 2 mil 213 denuncias, según la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) obtenida de la incidencia delictiva del fuero común de estados. Las fuentes del SESNSP son únicamente las denuncias presentadas ante las fiscalías y procuradurías de los estados de la República.
La cifras presentadas ayer en internet indicaron que en Guerrero hubo 6.9 asesinatos por cada día del año pasado, Guerrero se mantuvo en primer lugar con más homicidios en el país en 2017, seguido de Estado de México, después Baja California, Chihuahua, Veracruz y Jalisco.
Los cinco estados más violentos abarcan el 38.2 por ciento de los 29 mil 168 crímenes registrados en las 32 entidades de la República. Sólo Guerrero alcanza el 8.6 por ciento del total de las víctimas.
En otra de la gráficas con el desglose de los homicidios por mes y modalidad, incluidos feminicidios de los últimos tres años, se informó que en tres años consecutivos los homicidios en Guerrero han aumentado.
En 2015 se indicó que hubo 2 mil 17 asesinatos, entre ellos un feminicidio en febrero, en 2016 ocurrieron 2 mil 234 homicidios que incluyen 22 feminicidios y en 2017 se señaló que 2 mil 331 personas fueron ejecutadas, incluyendo 13 feminicidios, sin embargo en una gráfica general de estados se informó que son 2 mil 529 víctimas en Guerrero.
En 2015 el porcentaje de asesinatos por población fue de 56.60 por cada 100 mil habitantes y Guerrero ocupó el primer lugar. En 2016 la tasa subió a 61.47 casos pero Colima lo superó con 68.28 por cada 100 mil habitantes .
En 2017 hubo 64.26 homicidios por cada cien mil habitantes en Guerrero y ocupó el tercer lugar nacional, después de Colima y Baja California Sur que tienen una tasa 93.34 y 75.32 respectivamente.
En Guerrero se denunciaron 6 mil 272 delitos contra la vida, de los cuales 45 por ciento corresponden a homicidios (2 mil 873 casos), 53.8 por ciento a lesiones (3 mil 378), 13 casos de feminicidios, cuatro abortos y uno caso clasificado como “otros”.
Las cifras fueron a la alza a pesar de que Guerrero es parte de la estrategia nacional de seguridad para reducir los delitos de alto impacto. Durante la 40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó al gabinete de seguridad que se prepararan acciones inmediatas en 50 municipios donde los homicidios estaban a la alza hasta agosto de 2016.
Hubo 69 denuncias de secuestro en el año pasado
Según la tabla de estadísticas, en 2017 en Guerrero hubo 69 denuncias por secuestro, dando como resultado una tasa de 1.91 secuestros por cada 100 mil habitantes. La media de secuestros en la República fue de 0.93 por cada 100 mil habitantes.
Sobre las extorsiones se dio a conocer que hubo 175 denuncias en el estado en el mismo periodo. La suma de denuncias de extorsión por los 32 estados fue de 5 mil 649 casos. La tasa de este delito fue de 4.85 extorsiones por cada 100 mil guerrerenses.
Respecto al robo de vehículos con violencia, en el 2017 hubo 2 mil 647 denuncias, mientras que en el País se registraron 63 mil 179 denuncias de robo de auto. En promedio se robaron 73.38 autos por cada 100 mil habitantes en el estado. En este delito las entidades con mayor incidencia en 2017 son el estado de México y Jalisco con 26 mil 487 y 5 mil 399 denuncias respectivamente.
Calificaron como feminicidios sólo 13 de los 219 asesinatos de mujeres en 2017: hubo 8 en Acapulco
La ciudad del puerto ocupó el noveno lugar de las 100 ciudades con el mayor número de ese delito, según informe de la Segob. Entre 2015 y 2017 las entidades del país reportaron 6 mil 550 muertes violentas de féminas y el último año la cifra fue la más alta, representa el 39 por ciento del trienio
Lourdes Chávez
Chilpancingo
En 2017 Acapulco ocupó el noveno sitio de las 100 ciudades con mayor número de feminicidios en México, con ocho de 13 delitos investigados como tal en Guerrero, según los datos mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El documento también señala que en Guerrero se registraron 219 “presuntos homicidios dolosos de mujeres” el año pasado, y la entidad ocupó el segundo lugar nacional en este delito, después del Estado de México que sumó 301 casos.
Los datos revelan que los gobiernos estatales reportaron al Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2 mil 585 casos de homicidios dolosas de mujeres el año pasado, y 696 casos de feminicidios.
Sólo 21 por ciento de las muertes violentas de mujeres registradas en México fueron clasificados como feminicidios.
En Guerrero, 5.6 por ciento de las muertes violentas de mujeres (13 casos) fueron clasificados como feminicidios. El 94.3 por ciento restante, 219 muertes violentas de mujeres reportadas por la Fiscalía General del Estado a la federación, son “presuntos homicidios dolosos de mujeres”.
De 13 feminicidios en Guerrero, la estadística oficial con corte el 31 de diciembre de 2017, indica que tres fueron ejecutados con arma de fuego, uno con arma blanca y nueve “con otro elemento”.
En general el Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que entre 2015 y 2017, las entidades del país reportaron 6 mil 550 muertes violentas de mujeres, y el último año la cifra fue la más alta, representa el 39 por ciento del trienio.
Precisa que en la estadística por estados de “presuntos homicidios dolosos de mujeres”, se excluye a Sinaloa, porque en esa entidad las autoridades califican todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio “atendiendo a la perspectiva de género con que se realizan las investigaciones en la entidad y a los criterios jurisprudenciales en la materia”. No así en las demás entidades.
En este tenor, Culiacán, Mazatlán, Novalato y Ahome, Sinaloa, ocupan el primero, segundo, quinto y octavo lugar en feminicidios con 32, 15, 10 y 8 casos, que representan una tasa de 6.53, 6, 13.9 y 3.4 por cada cien mil mujeres en cada ciudad.
Mientras Acapulco, Guerrero, en el noveno sitio con 8 feminicidios reportados, establece que 1.81 mujeres de cada cien mil habitantes del municipio fueron víctimas de feminicidio.
A pesar de que Acapulco en el municipio con más muertes violentas de mujeres en el estado, y en diciembre pasado, en su informe La Violencia Feminicida en México, la ONU indicó que Guerrero era el estado del país donde se cometen más asesinados de mujeres, y Acapulco el primero de los municipios con 107 casos en 2016.
La relación de cien ciudades con el mayor número de feminicidios, antes de Acapulco, ocupan el cuatro y sexto lugar, Veracruz y Xalapa, Veracruz, con 13 y 10 feminicidios, cada uno, y como entidad el estado reportó 137 asesinatos dolosos de mujeres en 2017, ocupando el séptimo sitio nacional.
No hay más ciudades que las de Guerrero que cuentan con una alerta de violencia feminicida en ocho municipios, con una solicitud de ampliación a un noveno.
Para deslindarse de probables inconsistencias en la información el documento indica en pies de página que, “la contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las entidades federativas, la cual se ha venido dando de forma gradual durante los últimos siete años, completándose las 32 entidades federativas en octubre de 2017”.
Para una lectura con perspectiva de género de incidencia delictiva, se informó que del total de víctimas por sexo, reportada en el país, 53.2 por ciento son hombres, 32.1 por ciento son mujeres y 14.7 no fue identificado.
Según los datos del Secretariado, en 2015 en Guerrero se investigó un caso como feminicidio, en 2016 el número subió a 21, siete por arma de fuego, dos por arma blanca, en 12 casos no se especifica la forma en que se cometió el asesinato.
Se disparan 72% los feminicidios en el país; alertan de un subregistro de casos
Muchos expedientes se tipifican como homicidio doloso o culposo, explica la Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada
Antonio Baranda / Agencia Reforma
Ciudad de México
El número de feminicidios en el país se disparó 72 por ciento en los últimos tres años en el país y organizaciones sociales advirtieron que existe un subregistro de expedientes, pues muchos casos que podrían tipificarse como tal son investigados por otras causales.
María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, consideró que el problema es más grave del que reflejan las estadísticas.
Explicó que es común que los casos de muerte de mujeres no sean indagados como feminicidios y se inicien investigaciones por homicidio culposo o doloso, por lo que existe un subregistro.
“La información es limitada, hay estados que tienen una situación grave, pero los datos que dan son mínimos; aún así refleja se una situación grave, preocupante.
“El problema es mucho mayor del que reflejan los datos. El delito se ha mantenido y en muchos de los estados ha aumentado”, advirtió Estrada.
La muerte violenta de mujeres por razones de género está tipificada como feminicidio a nivel estatal y federal, y es considerada la forma más extrema de violencia contra la mujer.
Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en 2017 los estados iniciaron 677 carpetas de investigación por ese delito.
Esta cifra fue 72.2 por ciento superior a la registrada en 2015, cuando las entidades sumaron 389 casos, y 15.6 por ciento mayor a 2016, cuando reportaron 580 expedientes.
Los estados que el año pasado registraron más feminicidios fueron Sinaloa, con 82; delante de Veracruz (79), Oaxaca (58), Estado de México (57) y Nuevo León (43).
Les siguieron Ciudad de México (37), Sonora (32), Chiapas (29) y Tabasco (28), así como Jalisco, Morelos y Puebla, con 27 casos cada uno.
Hubo tres entidades que reportaron cero casos en todo el año pasado: Querétaro, Baja California Sur y Aguascalientes.
En cuanto a la tasa por cada 100 mil habitantes, encabezaron la lista nacional Sinaloa, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Sonora, Veracruz y Nuevo León.
Del total de municipios del país, 327 tuvieron al menos un feminicidio en 2017, aunque 100 registraron las tasas más altas, según el informe oficial.
El municipio con más feminicidios el año pasado fue Culiacán, Sinaloa, con 32 casos, seguido de Mazatlán, del mismo estado, con 15.
“Ahora están asesinando a las mujeres con más saña, con brutalidad, vemos una violencia extrema (contra las mujeres) que es irracional.
“Este tipo de violencia es solapada por la impunidad, por malas investigaciones, porque ¿cuántos criminales (feminicidas) estén en la cárcel?”, cuestionó Estrada.
Es la primera vez que el SESNSP da a conocer cifras desglosadas de feminicidio y otros delitos cometidos contra las mujeres, en un informe que incluye datos de 2015, 2016 y 2017.
La contabilidad se realizó conforme a su tipificación en las entidades, la cual se dio en los últimos siete años y se completó en todo el país apenas en octubre de 2017.
En Guerrero se abrieron 2 mil 318 carpetas de investigación por denuncias de homicidios de 2 mil 529 personas en 2017, 316 más que en 2016 cuando hubo 2 mil 213 denuncias, según la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) obtenida de la incidencia delictiva del fuero común de estados. Las fuentes del SESNSP son únicamente las denuncias presentadas ante las fiscalías y procuradurías de los estados de la República.
La cifras presentadas ayer en internet indicaron que en Guerrero hubo 6.9 asesinatos por cada día del año pasado, Guerrero se mantuvo en primer lugar con más homicidios en el país en 2017, seguido de Estado de México, después Baja California, Chihuahua, Veracruz y Jalisco.
Los cinco estados más violentos abarcan el 38.2 por ciento de los 29 mil 168 crímenes registrados en las 32 entidades de la República. Sólo Guerrero alcanza el 8.6 por ciento del total de las víctimas.
En otra de la gráficas con el desglose de los homicidios por mes y modalidad, incluidos feminicidios de los últimos tres años, se informó que en tres años consecutivos los homicidios en Guerrero han aumentado.
En 2015 se indicó que hubo 2 mil 17 asesinatos, entre ellos un feminicidio en febrero, en 2016 ocurrieron 2 mil 234 homicidios que incluyen 22 feminicidios y en 2017 se señaló que 2 mil 331 personas fueron ejecutadas, incluyendo 13 feminicidios, sin embargo en una gráfica general de estados se informó que son 2 mil 529 víctimas en Guerrero.
En 2015 el porcentaje de asesinatos por población fue de 56.60 por cada 100 mil habitantes y Guerrero ocupó el primer lugar. En 2016 la tasa subió a 61.47 casos pero Colima lo superó con 68.28 por cada 100 mil habitantes .
En 2017 hubo 64.26 homicidios por cada cien mil habitantes en Guerrero y ocupó el tercer lugar nacional, después de Colima y Baja California Sur que tienen una tasa 93.34 y 75.32 respectivamente.
En Guerrero se denunciaron 6 mil 272 delitos contra la vida, de los cuales 45 por ciento corresponden a homicidios (2 mil 873 casos), 53.8 por ciento a lesiones (3 mil 378), 13 casos de feminicidios, cuatro abortos y uno caso clasificado como “otros”.
Las cifras fueron a la alza a pesar de que Guerrero es parte de la estrategia nacional de seguridad para reducir los delitos de alto impacto. Durante la 40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó al gabinete de seguridad que se prepararan acciones inmediatas en 50 municipios donde los homicidios estaban a la alza hasta agosto de 2016.
Hubo 69 denuncias de secuestro en el año pasado
Según la tabla de estadísticas, en 2017 en Guerrero hubo 69 denuncias por secuestro, dando como resultado una tasa de 1.91 secuestros por cada 100 mil habitantes. La media de secuestros en la República fue de 0.93 por cada 100 mil habitantes.
Sobre las extorsiones se dio a conocer que hubo 175 denuncias en el estado en el mismo periodo. La suma de denuncias de extorsión por los 32 estados fue de 5 mil 649 casos. La tasa de este delito fue de 4.85 extorsiones por cada 100 mil guerrerenses.
Respecto al robo de vehículos con violencia, en el 2017 hubo 2 mil 647 denuncias, mientras que en el País se registraron 63 mil 179 denuncias de robo de auto. En promedio se robaron 73.38 autos por cada 100 mil habitantes en el estado. En este delito las entidades con mayor incidencia en 2017 son el estado de México y Jalisco con 26 mil 487 y 5 mil 399 denuncias respectivamente.
Las horas más violentas en Acapulco se sitúan entre las 4 de la tarde y las 12 de la noche, lapso en el que se perpetraron casi el 55 por ciento de las ejecuciones del primer semestre del año, mientras que los taxistas, comerciantes y albañiles son los más atacados al representar el 34.69 por ciento de las víctimas.
Cifras de la Fiscalía General del estado reportan que al menos el 14 por ciento de las víctimas, 58 personas, tenían entre 14 y 30 años de edad al momento de ser asesinadas, entre ellas seis menores de edad y un bebé de un año. Además, las estadísticas indican que 9 de cada 10 ejecuciones son contra hombres.
A pesar de las estrategias para inhibir este delito, la violencia no cesa en el municipio que concentró en los primeros seis meses de 2017, el 35.48 por ciento de los mil 161 homicidios dolosos de todo el estado.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Acapulco 412 personas fueron asesinadas en el primer semestre: 46 en enero, 64 en febrero, 88 en marzo, 64 en abril, 78 en mayo y 72 en junio. El 73.54 por ciento de estos homicidios violentos, 303, se cometieron con armas de fuego.
Cada mes matan a 12 taxistas y una decena de comerciantes
Con base en información solicitada a la Fiscalía mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, entre enero y junio fueron asesinados 170 taxistas, comerciantes, vendedores, albañiles, ayudantes de éstos últimos y peones en Acapulco.
El oficio más afectado por la ola de violencia en la ciudad es el de choferes de taxis, con 73 víctimas en seis meses, un promedio de 12.16 víctimas mensuales, es decir, tres homicidios por semana.
El mes más violento para los taxistas fue junio cuando hubo 21 ejecuciones, seguido de abril con otros 14 asesinatos y enero sumaron 12. En febrero hubo 6 asesinatos contra el gremio, en marzo 11 y 9 en mayo.
La segunda ocupación con mayores ataques la tienen los comerciantes con 65 homicidios en seis meses, un promedio de 10.83 víctimas mensuales. Nueve comerciantes fueron asesinados en enero, nueve más en febrero, 11 en marzo, 9 en abril, 8 en mayo y 12 en junio; 58 víctimas en total.
A estos casos se suman siete que la Fiscalía clasificó por separado como vendedores: una comerciante de ropa y otro de agua purificada ultimados en enero, un vendedor de yates y otro de flores asesinados en febrero, dos más que murieron en marzo y no se especifica qué vendían, y un comerciante ambulante en mayo.
En tercer lugar se encuentran 32 albañiles, ayudantes y peones, 11 de ellos asesinados en abril y 8 más en marzo, mientras que en mayo hubo cuatro homicidios y en enero, febrero y junio se contabilizaron tres asesinatos por mes.
La cuarta estadística más alta la ocupan 17 choferes, uno de ellos de un camión y otro de una Urvan. Tres fueron asesinados en enero, cuatro en febrero, tres en marzo, tres en mayo y cuatro en junio.
Entre 490 homicidios desglosados por oficios por la Fiscalía destacan también las muertes de un estudiante, un trabajador del Ayuntamiento, otro del IMSS y un policía militar en enero; un abogado, un cabo de Infantería, un empleado de gobierno, otro de Zonatur, un empresario, un policía auxiliar y un agente de Tránsito en febrero.
Seis estudiantes, un médico traumatólogo, un arquitecto, un policía y un maestro en marzo; un comandante de la Policía Ministerial, otro maestro, un policía preventivo y un teniente de Corbeta en abril; un gerente, un paramédico, un policía estatal y un radiólogo del IMSS en mayo.
Asimismo, en junio hubo tres homicidios de campesinos y militares retirados, un contratista, un empresario dueño de una funeraria, un policía federal y un trabajador social del penal de Las Cruces.
De otros 87 homicidios la Fiscalía dijo desconocer sus oficios, y reportó 16 desempleados.
Apenas el mes pasado, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) advirtió que el 83.2 por ciento de los acapulqueños tiene miedo de vivir en la ciudad, y que se han cambiado hábitos “por temor a la delincuencia” porque el 15.2 por ciento dijo que ya no camina de noche en los alrededores de su casa y el 19.9 por ciento dejó de visitar a parientes o amigos por la misma causa.
De los horarios en que se cometieron los homicidios dolosos en Acapulco en el primer semestre, la Fiscalía General del estado informó que más de la mitad, el 54.92 por ciento, ocurrió entre las 4 de la tarde y las 12 de la noche.
El segundo periodo del día más violento es de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, con 30.1 por ciento de las víctimas, y las horas con menor incidencia se encuentran entre la medianoche y las 8 de la mañana, periodo que suma el 14.96 por ciento de los casos.
En esta solicitud de información la Fiscalía dividió el día en tres periodos para desglosar 568 homicidios, 156 más de los que reportó en otras en las que suman 412 personas -cifra que también reporta el SESNSP-.
Los datos indican que 312 homicidios dolosos se consumaron entre las 4 de la tarde y la medianoche, 171 más se cometieron entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, y 85 entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana.
Por horario, el mayor número de homicidios del semestre se registró en abril entre las 4 de la tarde y la medianoche con un total de 70 víctimas.
Al menos el 14 por ciento eran jóvenes de 14 a 30 años
De las edades, al menos el 14.07 por ciento de las víctimas (58) eran jóvenes de entre 14 y 30 años de edad. La mayor estadística por edades se concentra en 9 homicidios de personas de 29 años, seguida de 7 personas de 33 años, 7 de 40 años, y 6 de 23.
En el 36.89 por ciento de los homicidios (152 casos) las víctimas estaban en edad productiva al tener entre 15 y 64 años de edad; y el sector de la población de 17 a 40 años (95 asesinatos) representa el 23.05 por ciento.
Entre las personas ejecutadas en el primer semestre hay un bebé de un año, dos adolescentes de 14, otro de 15, uno más de 16 y dos jóvenes de 17 años; además de dos adultos mayores de 62 y 64 años.
La Fiscalía aseguró que en otros 257 homicidios (el 62.37 por ciento de los 412 reportados) no tiene datos de las edades de las personas, entre los que podrían estar más jóvenes.
De cada 10 homicidios 9 de las víctimas son hombres
Según los datos de la Fiscalía, de 412 personas asesinadas el 91.5 por ciento fueron hombres y 8.49 por ciento mujeres. En total hubo 337 hombres asesinados en el primer semestre: 38 en enero, 61 en febrero, 82 en marzo, 61 en abril, 72 en mayo y 63 en junio.
En el mismo periodo fueron víctimas de homicidios dolosos 35 mujeres, 8 de ellas en enero, tres en febrero, 6 en marzo, tres en abril, seis en mayo y 9 en junio, cifras que coinciden con las publicadas por el SESNSP por mes.
A la Fiscalía también se le solicitó desglosar los homicidios ocurridos en Acapulco por colonias, pero respondió que esto podía consultarse en el portal de internet del SESNSP, lo que resulta erróneo porque la dependencia federal solamente los clasifica por municipios.
La tarde de ayer los cuerpos de tres hombres desmembrados, decapitados y dentro de ocho bolsas negras de plástico fueron encontrados en las inmediaciones de la colonia Zapata y a un lado tenían una narcomanta, mientras que un joven golpeado y ejecutado balazos fue encontrado en el camino que conduce a la comunidad Texcal en Chilapa.
En otro hecho un hombre de 60 años fue ejecutado a balazos y otro hombre resultó herido de bala en la comunidad de La Esperanza en Zitlala, éste último también perdió la vida mientras recibía atención médica en Chilapa.
En lo que va del año suman 131 asesinatos en Chilapa en hechos presuntamente cometidos por la delincuencia organizada, según un recuento de lo publicado en El Sur.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 5 de la tarde recibieron un reporte que habían restos humanos en seis bolsas negras y una narcomanta en este asentamiento.
Se confirmó que fueron ocho bolsas negras de plástico que estaban en la orilla de una brecha en la colonia y a lado había una manta blanca con letras rojas que decía, “Esto es para todos los ardillos pedorras digan cuando y donde si dicen estar en Chilapa, jajajajaja pobres culos me pelan la verga con gobierno y sin gobierno. Atte: Los Jefes”.
Una fuente de la FGE informó que había tres dorsos de cuerpos, cuatro manos, seis piernas y no tenían cabeza y fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para ser identificados.
En otro hecho, un joven golpeado y con un disparo en la cabeza fue encontrado en la carretera que conduce a la comunidad Texcal, a este municipio.
Fuentes policiacas informaron que a las 5:11 de la tarde recibieron un reporte que había un hombre asesinado a balazos en un camino de terracería. La víctima vestía una playera negra.
En Chilapa continúan los hechos de violencia por la disputa entre grupos antagónicos.
El martes, un hombre fue ejecutado a balazos y otra joven resultó herido de bala en distintos hechos en esta cabecera municipal.
El viernes el hermano del dirigente municipal del PRI en Chilapa, Manuel Acevedo Rosendo, José Luis fue ejecutado a balazos cerca de su carnicería y dos hombres más resultaron heridos luego de que fueron atacados por hombres armados en el mercado central de esa cabecera municipal.
El ataque en Zitlala fue a un lado del albergue escolar
Por otro lado, un hombre de 60 años fue ejecutado a balazos y otro resultó herido de bala luego de ser atacados a lado del albergue escolar Zitlala en el poblado La Esperanza de ese municipio.
Fuentes de la SSP estatal informaron que a las 4:20 de la tarde recibieron un reporte que había un hombre tirado a lado del albergue escolar en esta comunidad.
Al lugar llegaron policías estatales quienes confirmaron que había un hombre ejecutado a balazos y ahí hallaron cinco casquillos percutidos calibre .22 milímetros.
La Policía Estatal informó que el hombre se llamaba Benigno y era originario de Quetzacoatlán en Zitlala. El cuerpo fue trasladado a un velatorio de Chilapa habilitado como Semefo.
Así mismo se supo que vecinos de esta comunidad y familiares trasladaron a un hombre herido de bala al hospital general de Chilapa pero murió después.
En Zitlala han ocurrido hechos de violencia por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada.
El domingo, un joven de 24 años fue ejecutado a balazos y otro resultó herido luego de que hombres armados los atacaron a balazos en el barrio San Francisco ubicada atrás de la iglesia en la cabecera municipal de Zitlala.
