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En 2015 Guerrero tuvo el índice más alto de asesinatos en el país, informa el Inegi

Guerrero ocupaba el cuarto lugar nacional en número de homicidios en 2008 pero en 2015 se colocó en el segundo sólo por debajo del Estado de México, que tiene una población de más de 16 millones de habitantes mientras que la entidad suriana cuenta con 3.5 millones y por tanto tiene el índice más alto de homicidios, con 67 por cada 100 mil habitantes.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los datos preliminares del país y por entidad federativa de los homicidios en 2015, y en Guerrero se ha incrementado en mil 395 asesinatos en los últimos ocho años, de mil 5 en 2008 a 2 mil 402 en 2015.
El primer año del recuento que publicó Inegi es de 2008 cuando en Guerrero se cometieron mil 5 asesinatos, en 2009 la cifra aumentó a mil 855, en 2010 hubo mil 555, en 2011 llegaron a 2 mil 416, en 2012 la cifra alcanzó 2 mil 646, que es considerado el año más violento debido a la alta cifra de asesinatos registrados.
Para 2013 los asesinatos tuvieron un ligero descenso a 2 mil 283 casos, en 2014 la cifra bajó a mil 729 homicidios, y en 2015 nuevamente repuntó y llegó a 2 mil 402.
Si los asesinatos en la entidad se comparan con los de Chihuahua, que es el estado que ha tenido mayor número de asesinatos anuales en todo el país, Guerrero lo rebasó en 861 casos durante 2015.
Chihuahua alcanzó récord en homicidios en el 2010 cuando se cometieron 6 mil 407, pero la entidad fronteriza logró una reducción y en 2015 bajó hasta mil 541.
Guerrero ocupa el primer lugar en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes con 67, seguido de Chihuahua y Sinaloa, el promedio nacional es de 17.

Las cifras de Inegi y Segob varían en 15 mil 644 casos

En el país, el Inegi informó que en 2015 se registraron 20 mil 525 homicidios, y que las cifras se derivan de la información sobre las estadísticas vitales captadas de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas generados por cada estado, contiene registros de mil 243 oficialías del Registro Civil, 308 agencias del Ministerio Público (MP) y de 106 Servicios Médicos Forenses (Semefo).
Además de captar datos en las oficialías del Registro Civil sobre homicidios por medio de actas y certificados de defunción complementaron la información con la que proporcionan las agencias del MP mediante cuadernos estadísticos.
Las cifras del Inegi varían mucho de las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob) que tienen un registro de 36 mil 169 homicidios en 2015 basado en el reporte mensual del número de víctimas de homicidio en averiguaciones previas y carpetas de investigación del MP.
En el caso de Guerrero el Inegi tiene el dato de que se cometieron 2 mil 402 en 2015 y el SESNSP dice que fueron 2 mil 721 casos, 319 homicidios de diferencia.

En el primer semestre, mil 77 ejecuciones, 256 más que en 2015; el aumento es 31 por ciento

En el primer semestre de este año se han contabilizado mil 77 asesinatos en el estado donde presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, 256 más que en el mismo periodo de 2015, lo que representa un aumento del 31 por ciento.
En junio hubo 206 ejecutados en el estado, 27 más que en mayo cuando se contabilizaron 179, lo que significa un incremento de 15 por ciento.
Con base en un recuento de la información publicada en El Sur, en junio hubo 77 ejecuciones en Acapulco, que tiene el 37.8 por ciento del total del estado, y 129 en otros 27 municipios de la entidad.
De las 129 muertes que ocurrieron en 27 municipios del estado en junio, sin contar Acapulco, 16 fueron mujeres, y las regiones en que se cometieron más hechos de violencia son la región Centro, Norte, Costa Grande y Costa Chica.
Los municipios donde ocurrieron más asesinatos en junio son Chilpancingo con 33, después le sigue Iguala con 22, Chilapa con 15, Zihuatanejo con nueve, San Luis Acatlán, Coyuca de Benítez con cinco, Copanatoyac con cuatro, Buenavista de Cuellar, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac y Copalillo con tres, La Unión, Teloloapan, Tlapa de Comonfort, Taxco, Ometepec, Igualapa con dos, Tepecoacuilco, Huamuxtitlán, Coyuca de Catalán, Tecpan de Galeana, Zapotitlán Tablas, Pilcaya, Alcozahuaca, Ciudad Altamirano, Cuajinicuilapa y Huitzuco con uno.
Las víctimas en su mayoría fueron ejecutadas a balazos, otras por arma blanca, a golpes, degolladas, desmembradas, en fosas clandestinas. En algunos casos les fue dejado un narcomensaje.
En el conteo se sumaron 16 jóvenes de entre 18 a 26 años y las demás víctimas tenían entre 28, 30, 40, 60 y 81 años de edad.
Las ocupaciones de las víctimas son dos maestros, tres taxistas, un ingeniero, un trabajador de la Instituto de Bachillerato del Estado de Guerrero (Ibegro), un trabajador de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), una vendedora de pollos, un travesti, y el subdirector de Registro Público Vehicular (Repuve).
Además dos choferes de transporte, un médico del IMSS, un vendedor de tacos, dos comisarios,  un indígena na savi, una adulta mayor, tres campesinos, un hojalatero y dos trabajadores de reparación de autos, un vecino del estado de Morelos, un ex policía ministerial, un comerciante, un empresario de construcción, tres agentes de la policía federales y un policía municipal.

Acapulco

Con 77 homicidios Acapulco cerró junio, dos asesinatos menos que el año pasado en el mismo mes, y cuatro menos que en mayo donde se contabilizaron 81 víctimas en Acapulco, según un recuento de las notas publicadas en El Sur.
El promedio diario en junio es de 2.6 muertes; entre las víctimas se contabilizaron 70 hombres y siete mujeres; 46 víctimas fueron identificados por sus familiares.
Entre las víctimas están 12 taxistas, tres comerciantes, dos choferes de camiones urbanos, un chofer de camioneta alimentadora, un trabajador de tortillería, el administrador de la Central de Abasto, un abogado, un guardia de Jobamex.
Además de un policía vial, un mesero, un herrero, un mecánico, un vendedor de discos, una trabajadora de un hotel, y uno de rancho, así como el dueño de un bar, y una mujer dueña de un negocio de grúas.
Según el recuento, en enero se cometieron 70 ejecuciones, en febrero aumentó tres con 73; en marzo incrementó a 98 y en abril a 101.
En mayo bajó a 81 homicidios, y en junio 77 asesinatos, cuatro menos que el mes anterior, y es el cuarto mes con el mayor número de asesinatos en lo que va del año.
Con respecto a las edades de las víctimas entre 14 a 25 años hubo 18 personas asesinadas, de 26 a 35 se registraron 10 asesinatos, de 36 a 45 hubo siete, de 46 a 60 años se contabilizaron siete homicidios.
Entre las víctimas hubo dos decapitados, dos cuerpos desmembrados, dos lapidados, una mujer entre estas dos y uno con arma blanca. El resto de las ejecuciones ocurrieron a balazos.
Según el recuento de El Sur, el mayor número de homicidios se dio en las colonias Ciudad Renacimiento y Emiliano Zapata, así como en las jurisdicciones de ambas como Vacacional, Dos de Febrero, atrás de la Central de Abasto, Las Parotas.
Además de la vigilada Costera en fraccionamiento Hornos, el barrio de Petaquillas, la colonia Barranca de La Laja, Bella Vista, El Roble, Centro, Miramar, Progreso, Hogar Moderno.
También en las unidades habitacionales El Coloso, San Agustín, Real Hacienda, el poblado de Llano Largo, San Isidro y Sabana.
En lo que va del año en Acapulco se han contabilizado 509 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada.
Entre los homicidios de junio el día primero, donde tres taxistas, un mecánico fueron ejecutados a balazos, así como un decapitado en la colonia Centro, Bella Vista, y La Máquina.
Cuatro días después, una adolecente fue acribillada en la colonia Hogar Moderno, otro hombre fue asesinado en la Dos de Febrero ubicada atrás de la Central de Abasto y una mujer más fue lapidada en la unidad habitacional El Coloso.
Un día después hombres armados atacaron a balazos el sitio de taxis de la tienda Bodega Aurrerá ubicada en la Costera, donde dos taxistas murieron ante la mirada de clientes y turistas que circulaban por la zona.
El 10 de junio, otros dos sitios de taxis ubicados en la avenida Cuauhtémoc y Las Cruces fueron atacados a balazos, además ese mismo día ocurrió el asesinato de un chofer de un urbano.
Tan sólo dos días después, cuatro hombres fueron ejecutados a balazos y uno más herido en distintos ataques en la unidad habitacional Real Hacienda y la colonia Lázaro Cárdenas; 10 días después otros cuatro hombres fueron acribillados, en la colonia Progreso, Petaquillas y en el poblado San Pedro Las Playas, a dos de ellos les dejaron narcomensajes.
El 23 hubo cinco hombres asesinados, además en la colonia Ciudad Renacimiento hombres armados incendiaron una casa y un taxi. Un día después, otros hombres armados irrumpieron en una casa en la colonia Icacos y asesinaron a tres integrantes de una familia entre ellos un menor.
El 25 de junio hubo cinco ejecutados y un desmembrado en las colonias Loma Bonita, Morelos, Primero de Mayo y el poblado de El Salto. Y un día antes de terminar junio, una mujer y tres hombres más fueron asesinados a balazos en las colonias La Laja,  la avenida Cuauhtémoc y en el barrio Petaquillas.

Iguala

En Iguala hubo 22 ejecuciones en junio, siete de en contra de mujeres; esta cifra coincide con la salida de los policías federales que fueron retirados del municipio el 2 de junio para contener las protestas de maestros.
En lo que va del año en Iguala se han registrado 76 asesinatos, 14 han sido mujeres.
En enero se han contabilizado, cinco personas, en febrero cuatro, en marzo aumentó significativamente a 20, en abril disminuyó a seis, pero en mayo incrementó de nuevo a 19 ejecuciones.

Hechos de violencia en  27 municipios

El 1º de junio, hombres armados irrumpieron en el bar Player’s Sport en Chilpancingo, ejecutaron a cuatro hombres e hirieron a siete más. El bar se ubica a un lado de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), frente al Instituto Tecnológico de Chilpancingo (Itech) al sur de la capital.
El 8 de junio fueron encontrados tres cuerpos, dos hombres y una mujer, en una fosa clandestina en un cerro en la colonia Nuevo Orleans rumbo a la comunidad de Ajacayán, en el municipio de Chilapa.
Un día después, hombres armados, presuntos miembros de la organización delictiva La Familia Michoacana, ejecutaron a balazos a un joven transportista integrante de la Policía Comunitaria Tecampanera en la comunidad Río Zayulapa, municipio de Teloloapan.
El sábado 11 de junio, tres jóvenes fueron ejecutados y una mujer resultó herida de gravedad en tres hechos distintos en Chilpancingo, en los que aparentemente intervino la delincuencia organizada. Ese día dos mujeres fueron asesinadas a balazos adentro de su vehículo, cerca de la colonia California al sur de Iguala. El automóvil fue localizado en una huerta de mangos.
En las primeras horas del domingo 19 de junio, una mujer y un hombre que circulaban en una motocicleta fueron ejecutados a balazos en el bulevar Eucaria Apreza de Chilapa.
La madrugada del lunes 21, hombres armados ingresaron a las comunidades de San Cristóbal, San Gabriel y San Marcos, del municipio de Ajuchitlán, levantaron al menos a 10 personas y asesinaron a otra a balazos. Después de ocho días cinco de ellos originarios de San Marcos fueron liberados de sus captores. Días después fueron liberados tres de ellos originarios de San Cristóbal.
El 22, en la capital tres hombres originarios de Jaleaca de Catalán fueron ejecutados a balazos y hallados con las manos atadas hacia atrás en la orilla de la carretera federal México-Acapulco, en Tierras Prietas, cerca del hospital general Raymundo Abarca Alarcón, al norte de esta ciudad.
Ese día, tres hombres fueron ejecutados en la carretera serrana de El Paraíso que conduce a Puerto del Gallo, en los límites de la sierra de Atoyac.
El 25 de junio tres policías federales fueron asesinados a tiros cuando comían en una fonda del mercado de Chilapa.
Esee mismo día, la supuesta disputa de la plaza entre bandas rivales del crimen organizado, dejó cuatro hombres y dos mujeres ejecutadas, todos con el tiro de gracia y huellas de tortura, en tres hechos diferentes, uno de ellos en la comunidad de Zacacoyuca, cerca de la carretera federal México-Acapulco, tramo Iguala-Chilpancingo.
El 28, tres cuerpos desmembrados fueron dejados en cinco bolsas negras cerca del puente peatonal de la colonia López Portillo, a un lado del bulevar Vicente Guerrero frente a la terminal de autobuses en la capital. Encima de las bolsas había dos narcomensajes.
El 29 de junio, los cuerpos de cuatro hombres decapitados, dos de ellos mutilados de los pies, fueron localizados en una de las entradas al auto lavado El Peque, en la calle 10 de Abril de la colonia Juan Álvarez, al norte de la ciudad de Iguala.

De 76 ejecuciones que van en el año en Iguala 14 son mujeres; la PF se fue hace casi un mes

 

La escalada de la violencia en Iguala que es provocada por presuntas bandas rivales del crimen organizado que se disputan el control del territorio, ha dejado en el primer semestre del año 76 personas ejecutadas, de las cuales 14 han sido mujeres.
Con base en un recuento y la cobertura que se ha dado a los diferentes hechos, junio fue el más violento del primer semestre de este año con 22 ejecuciones, siete de ellas en contra de mujeres.
La violencia de ese mes que terminó coincide con la salida de los policías federales que fueron retirados del municipio el 2 de junio para contener las protestas de maestros, y que hasta ayer, a casi un mes, no habían regresado.
Transportistas, políticos, comerciantes, empleados y menores de edad han sido las víctimas de los diferentes ataques armados por presuntos grupos de la delincuencia organizada.
En enero fueron ejecutadas cinco personas, dos de ellas mujeres, en febrero fueron cuatro homicidios, tres hombres y una mujer, y en marzo hubo 20 asesinatos, dos contra mujeres, entre ellas la ex regidora del PVEM en el periodo del ex alcalde del PRD, José Luis Abarca Velázquez, Esther Orea Vargas, quien fue ejecutada a balazos el 30 de marzo en la colonia La Floresta, cuando bajaba en su camioneta en la colonia Acatempan.
El día 14 de ese mes fue ejecutado el líder del sindicato de camiones materialistas, el transportista Gustavo Bahena García, y el 29 de marzo fue asesinado a balazos adentro de su casa de la colonia Fermín Rabadán, el dirigente Armando Milián Rosales de 57 años.
En abril hubo seis ejecutados y en mayo aumentó a 19 ejecuciones, entre éstas dos cometidas en contra de mujeres.
El 29 de mayo fue ejecutado a balazos afuera del bar El Encanto de la zona de tolerancia el empresario joyero, Otoniel León Mojica.
El 24 y el 29 de junio, nueve personas fueron asesinadas con el tiro de gracia y halladas con huellas de tortura, los asesinatos se los adjudicó el grupo delincuencial La Gente Nueva, el mismo que la mañana de este miércoles dejó cuatro hombres decapitados, dos de ellos mutilados de los pies, en la entrada del autolavado El Peque, en la colonia Juan Álvarez al norte de la ciudad.
Ayer en la mañana, el grupo La Gente Nueva se adjudicó la ejecución de dos jóvenes, al parecer menores de edad, de los cuales sus cuerpos fueron hallados con disparos de arma de fuego en la cabeza y amordazados a orilla del Periférico Poniente, entre la zona de tolerancia y la unidad habitacional magisterial Paseos del Valle de Iguala.

Hay una célula de La Familia Michoacana en San Felipe del Ocote, Apaxtla, denuncia el MAAC

Integrantes del Movimiento Apaxtlense Adrián Castejón (MAAC) denunciaron la presencia de gente armada con vestimenta tipo militar, presuntos miembros de la organización delictiva La Familia Michoacana, en la comunidad de San Felipe del Ocote, a los que responsabilizan de las amenazas, ejecuciones, secuestros, extorsiones y levantones de pobladores de los municipio de Apaxtla, Teloloapan y Arcelia.
Vía telefónica, uno de los coordinadores del MAAC, de quien se guarda el anonimato, reportó ayer la presencia de unos 20 hombres con vestimenta camuflada tipo militar con fusiles de alto poder, en cerros y caminos de terracería del poblado de San Felipe del Ocote, donde en septiembre pasado sometieron a pobladores y secuestraron maestros.
El policía comunitario informó que, a través de un teléfono celular que halló un vecino de la comunidad de San Felipe del Ocote, y que al parecer se le había caído a uno de los hombres armados en una de las irrupciones al pueblo, se confirmó la presencia de los pistoleros que opera en esa zona, y hasta los límites con el Estado de México.
De acuerdo con el integrante del MAAC, este grupo al que identifica con La Familia Michoacana, instala retenes en las carreteras y caminos de terracería, en donde secuestran, roban y extorsionan a transeúntes.
El 5 de marzo, los policías comunitarios del MAAC habían reportado la presencia de un grupo de hombres armados con fusiles AR-15, G-3 y AK-47 en un camino de terracería de la comunidad de San Felipe del Ocote, que instalaban retenes donde robaban, amenazaban y extorsionaban a los pobladores que pasaban por el lugar, y que también evidenciaron a través de la fotografía de uno de los retenes instalados.
De acuerdo con el integrante del MAAC, los pistoleros, que se desplazan en camionetas particulares que le han robado a vecinos, es una célula de la organización delictiva La Familia Michoacana liderada por Ramiro Bahena Urieta, El Güero Pelayo, quien tiene bajo su mando a unos 40 hombres fuertemente armados, y que son los mismos de las fotografías halladas en el teléfono celular.
Ayer, el integrante del MAAC informó que del teléfono hallado por un vecino de San Felipe, obtuvieron fotografías en las que se ve a El Güero Pelayo con vestimenta tipo militar y armas sofisticadas de alto poder, como AK-47 conocidos como cuerno de chivo, AR-15 y G-3, como los usados por el Ejército.
Bahena Urieta aparece en varias gráficas con gorras deportivas, en algunas con vestimenta y botas tipo militar, y junto a él, otros hombres fuertemente armados, algunos con los rostros cubiertos, otros con vestimenta camuflada tipo militar, con rifles de asalto, radios de comunicación y chalecos tácticos con varios cargadores.
También, dijo, ubicaron entre las fotografías a mujeres y adolescentes de unos 16 años, quienes también portan armas y a los que el comunitario del MAAC identifica como vecinos de la cabecera municipal de Apaxtla, de los que había sospecha que operan para el grupo armado, “y con las fotografías sólo corroboramos que sí están con ellos”.
Dijo que han ido a los cerros en búsqueda del grupo armado para detenerlo y entregarlo a las autoridades, pero no han tenido resultados positivos.
Señaló que, hasta ayer no había policías federales en la cabecera municipal de Apaxtla, y criticó que soldados del Ejército no vayan a esas comunidades, a los cerros y los caminos donde opera el grupo armado, a pesar de que les han hecho la petición.
La fuente consultada del MAAC dijo que este grupo de la Familia Michoacana es el mismo que amenazó, en una carta, al comisario y a pobladores de la comunidad de Cacalotepec, Apaxtla, el 18 de junio, a los que les piden que no anden en su territorio con armas y que vayan desarmados a sus tierras de cultivo o de lo contrario los emboscarán y los asesinarán.
También responsabilizó a este grupo del ataque y la ejecución de un policía comunitario de la Tecampanera, la noche del 7 de junio, en la comunidad de Río Zayulapa, municipio de Teloloapan, ocurrido cerca de la base de Las Antenas, donde dejaron a otros tres comunitarios heridos en un enfrentamiento que se produjo cuando los guardias comunitarios repelieron el ataque de los sicarios.

Aumentaron 25.6% los homicidios este año respecto de 2015; suman 871 en cinco meses

En mayo en Guerrero ocurrieron 179 homicidios con características de los crímenes de la delincuencia organizada, casos que en los cinco meses que van del año suman 871 asesinatos, 178 más que en el 2015, lo que representa un aumento del 25.6 por ciento.
De acuerdo con un recuento de la información publicada en El Sur, en el mes pasado 81 ejecuciones ocurrieron en Acapulco, que tiene el 45.2 por ciento del total del estado, y 98 en otros 25 municipios de la entidad.
En los 31 días de mayo hubo 14 asesinatos más que en los 30 días de abril de este año en los que ocurrieron 165 asesinatos, lo que significa un aumento del 8. 4 por ciento.
De las 96 muertes que ocurrieron en los 25 municipios en mayo, sin contar Acapulco, 10 fueron mujeres. Las regiones en las que ocurrieron más asesinatos fueron la Norte, Centro y la Costa Grande.
Los municipios con mayor número de homicidios en este mes son Iguala con 22, Chilpancingo con 20, Zihuatanejo con 11, Heliodoro Castillo (Tlacotepec) con seis, Cocula con cuatro, Buenavista, La Unión, Tepecoacuilco y Zirándaro con tres, Atoyac, Ayutla de los Libres, Chilapa, Tlapa, San Luis Acatlán, Coyuca de Benítez y Taxco con dos, San Jerónimo, Tecpan, Teloloapan, Huitzuco, Cutzamala de Pinzón, Ahuehuepan, Ciudad Altamirano, Tixtla y Apaxtla de Castrejón tuvieron uno.
Las víctimas fueron ejecutadas a balazos, golpes, con navaja, machete, piedras, degolladas y un hombre fue desmembrado y depositado en bolsas negras. En algunos casos les dejaron narcomensajes.
En el recuento se contaron 17 jóvenes de entre 20 y 30 años,  dos menores de edad, uno de 11 y otro de 14 años y las demás víctimas tenían entre 30 y 80 años.
Entre las víctimas hay una policía municipal, un músico, siete taxistas, la trabajadora de una fonda, un líder transportista y su esposa, un trabajador de la Coca-Cola, dos estudiantes, cuatro campesinos, el jefe de seguridad de un bar, dos albañiles, un líder transportista de la COSTEG, un ex agente ministerial, una comerciante de oro, un urbanero, una policía estatal y un hombre con su hijo.
Además un trabajador de Bodega Aurrera, un guardia de seguridad del Instituto Tecnológico de Zihuatanejo, dos choferes de Urvan, un trabajador del Instituto Nacional Electoral (INE),  el dueño de un taller de reparación de celulares, un médico, un joyero, un comandante del Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), un comerciante y una empresaria.

La violencia en 25 municipios

El 3 de mayo una mujer policía municipal de Tecpan fue asesinada a balazos por su pareja adentro de su casa. El sospechoso es agente activo de la Policía Federal (PF) del sector caminos.
Un día después dos taxistas asesinados fueron encontrados en Ayutla y un feto en San Luis Acatlán. Uno de los choferes fue reportado desaparecido a la Policía Ciudadana de la UPOEG.
El 5 de  mayo dos jóvenes ejecutados a balazos y con huellas de tortura fueron encontrados en un camino de terracería de la comunidad de Tecuescontitlán, municipio de Tepecoacuilco.
La noche de ese día hombres armados ejecutaron a balazos al líder de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD) y ex dirigente de la Coordinadora del Transporte Organizado de la Zona Norte, Victórico Martínez López, en el estacionamiento de su casa en la calle Altamirano frente al mercado municipal en Iguala, también mataron a su esposa que lo esperaba en su automóvil.
Al siguiente día dos jóvenes  ejecutados a balazos, atados de las manos y con los ojos vendados fueron encontrados en el encauzamiento del río Huacapa, cerca del restaurante Señorial y del Congreso local en la capital. A un lado de los cuerpos había dos narcomensajes.
El 9 de mayo en la región Tierra Caliente tres hombres murieron en un enfrentamiento que ocurrió entre civiles armados y policías federales, en la comunidad  El Bajío y Cupuán, en la sierra de Zirándaro de Los Chávez.
Después de nueve días tres hombres ejecutados a balazos y con huellas de tortura fueron hallados en la orilla de la carretera Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, en El Mirador, en Zihuatanejo.
El 19 de mayo en hechos distintos fueron localizados los cuerpos de dos hombres ejecutados en Iguala, uno estaba desmembrado. Uno es un joven de 22 años que fue hallado ejecutado a balazos, con huellas de tortura y las manos atadas a la espalda en un camino de terracería de la colonia California, al sur de la ciudad.
En otro hecho ese día fue hallado un cuerpo desmembrado de un hombre adentro de dos bolsas negras, en un canal de riego de la colonia Juan Álvarez de Iguala.
El día 22 ocurrió un enfrentamiento a balazos entre policías estatales y presuntos delincuentes que dejó dos muertos, entre ellos una policía del estado, cuando revisaba una Urvan del  servicio público de Chilapa  en la carretera en el crucero a Atliaca, en Tixtla.
Tres días después una mujer y un hombre fueron ejecutados a balazos en distintos hechos en Zihuatanejo. Un caso ocurrió cuando una guardia de seguridad del Instituto Tecnológico de Zihuatanejo fue sacada de su casa y ejecutada a balazos en la vía pública, en la colonia Las Pozas de ese municipio.
El 27 de mayo los cuerpos de tres jóvenes ejecutados a balazos y con huellas de tortura fueron hallados cerca de la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, en una brecha que comunica con Agua Zarca, municipio de La Unión. A un lado de los cuerpos había una narcomanta.
La tarde del sábado dos campesinos y un niño de 11 años fueron fusilados en la carretera Chilpancingo-La Cieneguita, a la altura de la colonia Santo Domingo al norte de Chilpancingo.
Un menor de 14 años, un comandante de la recién creada Policía Ciudadana, su hijo y dos de sus sobrinos fueron emboscados y ejecutados el 24 de mayo en el Crucero del Jilguero, entre las comunidades de Los Bajos y Vuelta del Sur, del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
La mañana del lunes la conocida empresaria restaurantera y también dedicada a la venta de bienes raíces, María de Lourdes Maldonado de la Cruz fue ejecutada en la calle Gonzalo N. Ramírez de la colonia Tribuna Nacional de Chilpancingo, a unos 100 metros de la casa del gobernador Héctor Astudillo Flores.

81 homicidios en Acapulco

La violencia en mayo en Acapulco cerró con 81 homicidios: 24 asesinatos menos que el año pasado en el mismo mes y 20 menos que en abril donde se contabilizaron 101 víctimas, según un recuento de lo publicado en El Sur.
Las zonas con el mayor número de homicidios fueron la colonia Ciudad Renacimiento con 11, la Primero de Mayo (parte alta de La Cima) con cuatro, y el fraccionamiento Las Playas con tres.
Con 81 muertos en mayo se dio un promedio de 2.7 homicidios dolosos al día. Entre las víctimas se contabilizaron 66 hombres y 8 mujeres,  de los cuales 54 fueron identificados por sus familiares.
Entre las víctimas están seis taxistas, siete comerciantes, dos choferes de camiones urbanos, cuatro trabajadores de tortillerías, cuatro meseros, dos mecánicos, un repartidor de pizzas, un trabajador del restaurante 100% Natural y un estudiante de preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Además de un asesor inmobiliario, una empleada doméstica, un abogado, un policía auxiliar comisionado como escolta, un cargador de la central de abasto, un trabajador del IMSS, un chofer de camioneta de la ruta alimentadora de San Agustín, un albañil y un trabajador de lavandería.
Según el recuento de este diario, en enero se contabilizaron 70 homicidios, en febrero 73, en marzo 98 y en abril 101.
En mayo se registraron 81 homicidios, 24 menos que año pasado en el mismo mes en el que hubo 105.
Respecto a las edades de las víctimas, entre 14 a 24 años hubo 21 asesinados, de 25 a 34 hubo 14, de 35 a 44 fueron 15, de 45 a 54 años se contabilizaron dos homicidios. En el rango de edad de 55 a 64 años y de 65 a 74 hubo un muerto por cada uno.
En la colonia La Mira y en la unidad habitacional se contabilizaron dos asesinatos. El resto de los homicidios ocurrieron en las colonias La Mira, La Laja, Llano Largo, La Quebradora, La Garita, la céntrica Progreso y Loma Bonita.
Asimismo las colonias Emiliano Zapata, Alborada, Seis de Enero, Coloso, playa Icacos, Costa Azul, el fraccionamiento Hornos, José López Portillo y los poblados de El Quemado, Tres Palos, La Venta y San Isidro. También hubo uno en Sinfonía del Mar, en la zona turística del puerto.
En lo que va del año en Acapulco se han contabilizado 423 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada.

Bajo el control de la Gendarmería, en un año en Iguala hubo 105 ejecuciones y ocho levantados

 

A un año de que llegaron a Iguala efectivos de la Gendarmería Nacional, luego del caso Ayotzinapa, y asumieron el control de la seguridad del municipio, la escalada de la violencia y de inseguridad por la presunta disputa de la plaza entre bandas antagónicas del crimen organizado, dejó una ola de 105 ejecuciones, ocho levantones y 23 personas resultaron heridas de bala en los diferentes ataques.
Según los registros de El Sur, de los hechos a los que este reportero ha dado cobertura, en un año se dieron 105 ejecuciones, 14 de ellas contra mujeres y tres menores de edad, 23 personas fueron heridas a balazos en diferentes ataques y ocho personas más fueron levantadas por presuntos delincuentes.
Desde el 21 de octubre de 2014, luego del caso Ayotzinapa, la Gendarmería Nacional asumió el control de la seguridad del municipio y el 3 de diciembre, con la puesta en marcha del operativo especial Tierra Caliente, la seguridad fue aún más reforzada en el municipio.
La escalada de la violencia en este municipio a pesar de la fuerte presencia policiaca de fuerzas federales, estatales y militares, dejó en el primer trimestre de 2015 al menos 44 ejecuciones con violencia, cinco de ellas de mujeres, así como tres hombres levantados y 13 personas heridas por arma de fuego.
La ola de violencia en esta cabecera municipal que ha evidenciado la falta de coordinación entre las corporaciones estatales, federales y militares, se incrementó en febrero, a cinco meses de los hechos del 26 y 27 de septiembre, mes en el que se registraron 17 ejecuciones, tres de ellas mujeres, cinco hombres heridos, un levantado y un soldado muerto en un accidente durante una acción.
La violencia se agudizó en marzo donde al saldo fue de 18 personas ejecutadas con violencia, dos de ellas mujeres, tres hombres fueron heridos por arma de fuego y dos más fueron levantados por presuntos miembros de la delincuencia. En este mes también se registró la muerte de un policía federal en el estacionamiento del hotel Plaza Esmeralda en el que se hospedaban y que presuntamente se suicidó de un disparo en la cabeza.
En enero se registraron siete ejecuciones y cinco personas heridas durante ataques a balazos, principalmente a inmediaciones del mercado municipal Adrián Castrejón.
En abril, según los registros de El Sur, 12 personas fueron ejecutadas, tres de ellas mujeres y dos menores de edad, además de seis personas que salieron heridas de bala en los diferentes ataques armados.
Entre junio y el 12 de septiembre, se registraron 35 ejecuciones con violencia, cuatro de ellas contra mujeres y un menor de edad, y hubo cinco levantados.
El 9 de junio, fue ejecutado a balazos luego de una persecución el dirigente perredista Francisco López Liborio, quien según la dirigencia de su partido había recibido amenazas para no apoyar a los candidatos de su partido.
Según los registros, entre el 16 de septiembre y el 24 de octubre, 14 personas fueron ejecutadas a balazos, algunos fueron hallados con huellas de tortura y tres resultaron heridos de bala durante los ataques.
El hermetismo de las propias autoridades ha obstaculizado para tener acceso a la información de las acciones o resultados que han dado a un año de su intervención y llegada a Iguala.
En su llegada a Iguala por parte de la Gendarmería, en el primer semestre, con el arribo del noveno destacamento se perdió la confianza a la corporación, la cual generó marchas de protesta en su contra para exigir su salida de la ciudad por presuntos abusos de autoridad y hasta casos de corrupción.
Este 21 de octubre, hubo rotación de los agrupamientos y el séptimo que estaba en Iguala fue transferido a Acapulco y del puerto fue enviado a esta ciudad el 11 destacamento.

No hay avances sobre las ejecuciones en Coyuquilla Norte, dice Chavarría



Karenine Trigo San Marcos

El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, dijo ayer en esta cabecera municipal que sobre las ejecutados el domingo no tiene ninguna avance sólo lo que los medios informativos publicaron este lunes.
El funcionario visitó ayer esta ciudad donde inauguró la Oficina de Atención y Apoyo al Migrante, que es una dependencia del Ayuntamiento.
Al preguntarle sobre las ejecuciones en Coyuquilla Norte dijo: “lo que se ha manifestado es que seis personas que se encontraban en Petatlán, vendiendo aparatos electrónicos fueron detenidas por la policía preventiva de Petatlan, y luego, como se presumía que había delito de mercancía pirata, fueron consignados al Ministerio Público federal de Zihuatanejo, quedaron allí detenidos, después fueron liberados”.
Dijo que “el procurador, anda recabando la información para saber cuáles fueron los motivos, los fundamentos por los cuales los dejaron en libertad, después sucedió este acontecimiento violento de la ejecución de cinco de ellos”.
Señaló que familiares de alguno de los ejecutados ya había hecho contacto con las autoridades y sin decir el nombre de la víctima “tenemos conocimiento también de que ya unos familiares hicieron contacto sobre alguno de los que están ahí en el Semefo”.
“Necesitamos saber cuáles fueron los motivos o las causas, por los cuales fueron puestos en libertad”, indicó.
“En este momento no cuento con la información del Ministerio Público federal; espero que en el transcurso del día, o seguramente el procurador ya la tiene, él ya nos dirá cuáles fueron los motivos para que quedaran en libertad ese mismo día”.
–¿En caso de que se demostrara una vinculación, el gobernador le pediría al presidente Fox que se depure la PGR?
–No hay que adelantar juicios, si la investigación resultara de esa naturaleza, pues ya veríamos qué se hace, pero no hay que adelantar juicios, hasta no conocer la versión oficial de la agencia del Ministerio Público federal.

Vincula la PGR a la policía de Petatlán con las ejecuciones de Coyuquilla


Zacarías Cervantes Chilpancingo

En un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR) que circuló ayer por la tarde en el que se recogen declaraciones de algunos de los familiares de los detenidos, se responsabiliza a los policías municipales de Petatlán en el caso de los cinco ejecutados de Coyuquilla Norte de este municipio, al señalar que uno de los detenidos, cuando hablaba con un familiar, le informó que acababan de salir de la cárcel pero después, antes de que se cortara la comunicación, dijo: “ahí vienen otra vez y nos vienen siguiendo”, al parecer en referencia al grupo policiaco que los detuvo.
En tanto, el delegado de la PGR en Guerrero, José Martín Godoy Castro, confirmó que los ejecutados la madrugada del domingo 30 de abril, habían sido liberados a las 7 de la noche del sábado 29 porque el Ministerio Público federal no obtuvo la querella de la Secretaría de Hacienda por la mercancía ilegal que poseían.
Entrevistado ayer en sus oficinas de la dependencia federal, informó que los seis comerciantes, quienes vendían bocinas de procedencia extranjera y que carecían de los documentos correspondientes, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal a las 11 de la noche del viernes 28 de abril por la policía municipal de Petatlán, que los había detenido.
Explicó que como la Secretaría de Hacienda no emitió la querella en su contra y que como en este tipo de delitos se procede sólo con denuncia de por medio por parte de esta dependencia, el Ministerio Público federal resolvió ponerlos en libertad; sin embargo, informó que las 44 cajas de bocinas que tenían en su poder sí quedaron a disposición del Ministerio Público.
Dijo que los seis detenidos se retiraron a las 7 de la noche de las instalaciones de la PGR en donde estuvieron sólo en calidad de presentados “y posteriormente, al día siguiente, a las 6 o 7 de la mañana, se tuvo conocimiento de la existencia de los cuerpos de estas personas en Coyuquilla y el Ministerio Público acudió al lugar y se percató que correspondían a las personas que un día antes habían estado puestas a disposición del Ministerio Público de la federación”.
Agregó que con respecto a las investigaciones de la ejecución de estas cinco personas corresponde investigar a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Informó que a partir de ayer los familiares de los cinco ejecutados comenzaron a reconocer los cuerpos y que confirmaron que éstos corresponden a los de José Guadalupe Salazar de 37 años de edad, Miguel Ángel Huerta Castrejón de 34 años, Salvador Medina Olivares de 32 años, José Luis Valenzuela Barrón de 34 años y Jorge Salazar Rodríguez de 44 años de edad. En tanto que la sexta persona que logró escapar del grupo de hombres armados es Eduardo Rocha López.
–En algunos medios se destaca que es mucha casualidad que el Ministerio Público liberara a estas personas y en menos de 12 horas aparecieran ejecutadas, ¿que opinión le merece?
–El único comentario que le puedo hacer es que simple y sencillamente fueron liberadas porque se les resolvió su situación jurídica en términos de lo que la ley marca, y así ocurrió a las 7 de la noche y extraoficialmente tenemos conocimiento que después de que estas personas se retiraron del lugar, incluso se comunicaron con sus familiares.
“Ya los familiares han estado declarando ante algunos medios de comunicación en Zihuatanejo, que después de que estas personas estuvieron con nosotros ellos se estuvieron comunicando con sus familiares”, indicó.
–¿Ustedes no investigaron si tenían antecedentes penales?
–A nivel nacional los checamos, nosotros tenemos un sistema que nos da la información a nivel nacional y por lo que respecta a competencia federal no encontramos ningún mandamiento judicial pendiente de cumplimentar.
“De tal forma que contrario a lo que refirieron los medios de comunicación en el sentido de que existe ahí algo inexplicable, quiero hacer referencia de que tenemos un expediente y una resolución jurídicamente bien resuelta y hasta ahí lo que compete a la intervención de la PGR”, indicó el funcionario federal.
Mientras tanto por la tarde la delegación de la PGR circuló un boletín que señala que este 2 de mayo, a las 2 de la mañana “se presentaron ante el Ministerio Público del fuero común familiares de los ejecutados quienes los identificaron”.
Agrega que en el caso de Miguel Ángel Huerta Soto, de 21 años, hijo de Miguel Ángel Huerta Castrellón, señaló que por dicho del hijo de Eduardo Rocha López –sobreviviente– su papá le comentó que él se había retirado del grupo y que observó cuando gente armada los detuvo y se los llevó a bordo de una camioneta blanca.
En tanto que Marta Angélica Pérez Salazar, de 40 años, hermana de José Guadalupe Salazar, afirmó que habló por teléfono con Salvador Medina Olivares “en donde le comentó que habían salido de la cárcel ya que los habían detenido elementos de la policía preventiva municipal de Petatlán, Guerrero y que volvió a decir: ‘ahí vienen otra vez’, posiblemente refiriéndose a los que los habían detenido anteriormente, desconociendo quiénes fueron los probables responsables de su muerte”.
El comunicado señala que por su parte Blanca Patricia Salas Rodríguez, de 36 años de edad, hermana de Jorge Salas Rodríguez, dijo que tenía conocimiento, por comentarios de José Luis González Puentes, hijastro del único sobreviviente, que habían salido de la cárcel, ya que los habían detenido elementos de la policía preventiva municipal de Petatlán, Guerrero, por vender supuestamente “fayuca”.
El comunicado oficial agrega también que antes de que se cortara la llamada, escuchó que dijo que iban saliendo de la cárcel al mismo tiempo que decía: “ahí vienen otra vez y nos vienen siguiendo” y que supone que posiblemente se trataba de los mismos elementos quienes anteriormente lo habían detenido.

Actos de provocación, las ejecuciones de Coyuquilla y Chilpancingo: Chavarría



Teresa de la Cruz Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, consideró ayer que la jornada violenta de este domingo en la entidad está caracterizada por “actos de provocación” para el gobierno del estado y colocan además a Guerrero en una situación “difícil”.
Pidió a los ciudadanos “conservar la calma”, porque estos hechos no están vinculados “con el grueso de la sociedad”, sino que son acciones “focalizadas y dirigidas entre personas que se encuentran ligadas a la delincuencia organizada”.
Entrevistado luego del acto oficial del 93 aniversario del Día Internacional del Trabajo, a preguntas insistentes de reporteros, Chavarría reconoció: “tuvimos un fin de semana difícil en materia de seguridad, este fin de semana fue muy violento, ya que tuvimos dos hechos importantes en términos de violencia y que han aumentado la preocupación de la gente”.
Precisó que uno de los hechos ocurrió en la capital que se había mantenido alejada de esos actos “tuvimos una balacera en una presunta narcotienda y luego el ejecutado de la agencia del Ministerio Público en Chilpancingo, además de los ejecutados en Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán”, recordó.
Dijo que no podía abundar en detalles, debido que se estaba investigando, “hasta donde sabemos estas personas (los ejecutados) que habían sido seis, habían sido remitidos y consignados a la agencia del Ministerio Público Federal de Zihuatanejo y después habían sido dejados en libertad”.
“No sabemos todavía los motivos, los elementos que influyeron para que el MP los haya dejado en libertad y luego posteriormente el hallazgo de estos cinco cadáveres que tienen huellas de tortura y de características de ejecución. Yo creo que esto viene a complicar más el asunto, viene a aumentar el número de ejecuciones que ya se están dando en el estado y seguramente va a generar una mayor preocupación entre la población”, aceptó.
Dijo que espera que en Chilpancingo se puedan frenar “estas circunstancias, porque nos ha sido común que se den este tipo de acontecimientos; ojalá que lo podamos frenar y que no pase igual que en las demás partes del estado”.
A pregunta expresa abundó que los ejecutados “fueron consignados supuestamente por el asunto de piratería, andaban vendiendo artículos electrónicos; parece que fue el viernes por la mañana habían sido remitidos a la agencia del MP federal de Zihuatanejo”.
Dijo que existe la posibilidad de que el cuerpo que fue arrojado a unos metros de la agencia del MP de esta capital, “esté relacionado con lo de la Costa Grande, porque eran seis los detenidos y solamente se encontraron cinco cuerpos, entonces cabe la posibilidad de que éste sea el sexto”.
Después afirmó que el hecho de que hayan arrojado a un ejecutado afuera de la agencia del MP “puede tener distintas interpretaciones, puede ser un acto de provocación o puede ser que a lo mejor desconocían que estaba ahí la agencia y lo tiraron; no lo sé pero pudiera caber la posibilidad de que pudiera ser un acto de provocación al gobierno”.
En respuesta a otro reportero indicó que no tenía la certeza de que existiera relación entre éste y la balacera de la colonia Vista Hermosa en esta capital.
Dijo que se está haciendo la investigación, aunque destacó que “un dato importante es que se dieron más o menos a la misma hora, pero no tenemos la certeza de que estén relacionados, yo espero que mañana ya tengamos mayores elementos de la PGJE, para mencionar si estos hechos violentos están relacionados o no”.
Mencionó que se presume que en el caso de la colonia Vista Hermosa “había un expendio de venta de agua purificada, pero hay evidencias de que también se vendía droga en ese lugar”.
Chavarría aseguró que aún no sabía qué medidas emergentes se tomarían, sólo indicó que está conciente de que “estamos viviendo una situación difícil” y que “nos vamos a reunir pasado mañana el grupo Coordinación Guerrero, ya lo anunció el gobernador, Zeferino Torreblanca, vamos a hacer la evaluación correspondiente y vamos a tomar medidas, sin duda alguna que una de ellas será la redefinición de la estrategia del programa México Seguro”.
Descartó que por el momento se haya tomado algún tipo de acciones urgentes: “se ha seguido con lo normal, el fortalecimiento de los operativos, los filtros, los retenes, la vigilancia, y a pesar de eso se ha tenido ese tipo de acontecimientos, entonces tal vez el día 3 de mayo se puedan tomar algunas medidas complementarias”.
El funcionario rechazó que no funcionen los filtros del México Seguro “funcionan hasta donde es posible, hacen su trabajo, de revisar a la gente sobre todo los vehículos que presentan ciertas sospechas, vehículos sin placas, con vidrios polarizados y a pesar de todos los esfuerzos y medidas no se ha podido detener esta expresión de la violencia, producto de la delincuencia organizada”.
Indicó que a pesar de que “nos preocupa que Chilpancingo vaya a ser presa de la delincuencia organizada” la presencia del Ejército en la capital tampoco se ha valorado.
Al recordarle que si no era contradictoria la postura que fijó el gobernador en Acapulco el viernes pasado con relación a que aunque la mayoría lo pida el Ejército no estará en las calles, Chavarría expuso: “Yo mencioné que hasta este momento el gobierno no ha tomado la decisión de que patrulle las calles el Ejército mexicano; mencioné que el Ejército ha tenido una gran disposición de apoyarnos en acciones específicas, cuando se lo hemos solicitado lo ha hecho”.
Sostuvo: “en mi opinión creo que vale la pena analizar el tema independientemente de cuál sea la decisión; hay voces de ciudadanos, de organizaciones de la sociedad, de algunos diputados que lo han mencionado, entonces no podemos soslayar esta situación, seguramente se tocará el tema (el 3 de mayo), se tomará una decisión. También ya comenté que el hecho de que pudiera, como lo plantean algunos, que el Ejército patrulle las calles, no significa que automáticamente se va a parar la violencia”.
Cuando se le preguntó a qué están expuestos los ciudadanos cuando no hay nada que contenga estos hechos violentos, el funcionarios respondió: “Yo insisto mucho en que la ciudadanía debe conservar la calma, y digo debe conservar la calma porque no es un asunto que esté vinculado con el grueso de la sociedad”.
“Ha habido hechos lamentables que de alguna manera involucraron a ciudadanos comunes, uno fue la balacera de La Garita, el pasado 27 de enero, y otro la granada que estalló en la feria de Petatlán, donde había ciudadanos comunes; pero en general han sido acciones focalizadas y dirigidas entre personas que se encuentran vinculadas a la delincuencia organizada”, resaltó.
Sobre la amenaza de quitar a Chilpancingo el 20 por ciento de los policías que asignó el gobierno estatal, a raíz de la denuncia que se ventiló en algunos medios informativos respecto al adeudo del predial y del agua por parte de la actual administración, Chavarría indicó que no se trata de “un desquite”.
Precisó que “las cosas tienen que manejarse con mucha claridad y si hay adeudos por concepto de agua, el gobierno debería hacer un esfuerzo por pagar, finalmente es fortalecer y apoyar al Ayuntamiento”.
Rechazó que haya rispidez con el Ayuntamiento, “al contrario, hay una buena relación con él, estamos tratando de hacer cosas positivas para Chilpancingo, estamos viendo los resultados en los próximos seis meses”.

PRD: que Zeferino exija a la PGR resultados de las investigaciones sobre las ejecuciones

Hugo Pacheco León Chilpancingo

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez pidió al gobernador Zeferino Torreblanca que exija a la Procuraduría General de la República (PGR) que presente resultados sobre las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el estado

Además dijo que se le hace “sospechoso” que los ataques y asesinatos por el narcotráfico ocurran en municipios perredistas, como afirmó el alcalde porteño Félix Salgado y luego que el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca afirmara que el narcotráfico pretende desestabilizar y crear conflictos en las campañas políticas.

Sobre el ataque del lunes en contra de Antonio, hermano del diputado local de su partido, Bernardo Ortega Jiménez, aseguró que no existe ninguna relación del PRD con el agredido, porque no es militante de ese partido.

Entrevistado antes de la conferencia de prensa del candidato a senador, David Jiménez Rumbo, el dirigente perredista dijo que en su partido hay preocupación porque “la violencia está rebasando la tolerancia y es importante que el gobierno de estado asuma la responsabilidad de una exigencia al gobierno federal para frenar los actos de violencia”.

Se refirió a los asesinatos en Pungarabato, Teloloapan, Zihuatanejo, Tecpan y Acapulco, “se hace necesario que el gobierno del estado tome el asunto en sus manos y exija a la PGR resultados en las investigaciones y contrarrestar las acciones de violencia en Guerrero, porque es una situación que preocupa”.

Afirmó que se debe promover una estrategia de denuncia en contra de los actos de violencia, “porque se puede dar el caso de que quienes opinamos sobre el asunto podemos ser blanco de agresiones, y estas agresiones pueden llegar a nuestros candidatos en Guerrero”.

No obstante, consideró que no es necesario que el gobierno de estado les asigne seguridad, porque implica un gasto y en ese sentido es mejor que se ahorre para combate a la pobreza.

–Pero el gobernador sigue insistiendo que Guerrero es seguro ¿Es incongruente con los hechos?

–Creo que debe reconocer que hay un grave problema de violencia en Guerrero, para poder exigir que haya una participación del gobierno federal, aunque creo que no es necesario que haya patrullajes en las calles de parte de Ejército Mexicano, como diferentes opiniones los señalan, pero sí creo que debe verse el papel que está jugando el programa México Seguro, porque no se le ve futuro porque sigo viendo muertes, acribillados con armas de alto poder de fuego y no veo los resultados de México Seguro.

–El atentado contra el hermano del diputado Bernardo Ortega de nombre Antonio, donde murió su hijo de tres años ¿Tiene algo que ver con el PRD?

–En absoluto, es un asunto totalmente deslindado del partido, fuera del partido, porque (Antonio Ortega Jiménez) es un ciudadano que tiene que responder por sus acciones y no es un miembro de este partido, no es político, no hace política, el político es su hermano el ex alcalde de Quechultenango y ahora diputado local, Bernardo Ortega, y no creo que se tenga que estar relacionando e involucrando a su hermano con el partido.

–El alcalde de Acapulco Félix Salgado Macedonio dijo que le parece sospechoso que todos los hechos de violencia sean en municipios gobernados por el PRD ¿Así se percibe en el partido?

–He dicho en declaraciones que me preocupa que hay un mensaje un poco difícil cuando el procurador general de la República señala que las campañas pueden estar infiltradas por el narcotráfico para financiarlas y deja el mensaje allí, de manera muy irresponsable, y atando cabos en Guerrero donde han ocurrido estos hechos de violencia, fundamentalmente ha sido en municipios gobernados por el PRD, el procurador deja ese mensaje a medias es irresponsable y se me hace sospechoso.

“Por eso encuentro mensajes muy difíciles, mensajes sospechosos en ese sentido, lo quiero dejar en ese nivel porque sí esta ocurriendo, esta situación sólo en municipios gobernados por el PRD, excepto lo de ayer en esta ciudad (donde gobierna el PRI)”.

En respuesta a opiniones como la del diputado federal panista, Ángel Pasta de que se debe pactar con el narcotráfico para acabar con la violencia, De la Rosa dijo que se opone a ello, “porque pactar con ellos es establecer una paz ficticia, como ya ocurría con el renejuarismo, quienes por declaraciones del ex procurador y de ex agentes judiciales detenidos, denunciaron la infiltración de las policías por parte de los narcotraficantes, y eso lo denuncié en su momento cuando era diputado local”.

Descartó que los hechos de violencia repercutan en la elección del 2 de julio, “porque la gente acudirá a votar porque con eso se demuestra que no quiere violencia de ninguna índole en Guerrero”.