En medio del temor que sufren debido a las amenazas que siguen de sicarios que la noche del lunes irrumpieron y se llevaron a siete personas (cinco hombres y dos mujeres, los primeros asesinados la mañana del miércoles), vecinos de Chacotla, municipio de Mochitlán, denunciaron que la noche del jueves los agresores regresaron y se llevaron a Esteban y Enedino Chino, padre y hermano de Álvaro, uno de los cinco asesinados.
Después de las 3 de la tarde de ayer familiares de Esteban y Enedino informaron que regresaron a la comunidad, pero no quisieron precisar si efectivamente fueron levantados o huyeron al notar la presencia de los delincuentes.
Ante el temor por el riesgo en el que se encuentran, familiares de las dos mujeres que fueron levantadas y liberadas minutos antes de que fueran asesinados los cinco jóvenes la mañana del miércoles, demandaron mediante los medios de comunicación la presencia de policías y del Ejército para que puedan abandonar la comunidad.
Las víctimas que fueron levantadas la noche del lunes y asesinadas la mañana del miércoles son los hermanos Gabriel e Ismael González Cabrera, Isaías y Juan Cabrera Peña (también hermanos) y Álvaro Chino Romero.
Vía telefónica los pobladores informaron que al mediodía del viernes la mayoría de los habitantes se mantenía encerrado en sus casas, luego de que la noche del jueves volvieron algunos de los hombres armados que irrumpieron el lunes y esta vez volvieron a entrar a algunas casas que nuevamente saquearon.
La mañana de este viernes los pobladores notaron la ausencia de Esteban Chino y de su hijo Enedino, el primero padre y el segundo hermano de Álvaro, uno de los jóvenes que fue asesinado el miércoles.
Denunciaron que levantados por los hombres armados pero después de las 3 de la tarde los familiares de los desaparecidos informaron que habían regresado y declararon que no se sabía si se los habían llevado o se escondieron en los cerros.
Mientras el terror se apodera de los habitantes de Chacotla, ayer no había llegado ninguna corporación policiaca ni el Ejército, que están pidiendo desde la noche del lunes cuando se llevaron a los cinco jóvenes y a las dos mujeres. Así como a otro más que pasaron a levantar a Mazatlán.
Uno de los vecinos mencionó que agentes de la Policía Estatal estuvieron en cinco patrullas algunas horas la tarde del miércoles después de que llegaron los cinco cuerpos, pero algunos se retiraron esa misma noche y el resto la mañana del jueves.
Los cinco cadáveres fueron sepultados sin presencia policiaca en el transcurso del jueves, a pesar de que los familiares denunciaron que seguían recibiendo amenazas vía teléfono celular.
La noche del jueves llegaron al pueblo unas ocho patrullas de la Policía Federal pero apenas estuvieron unas 3 horas y se retiraron. Después de su salida volvieron los sicarios y se metieron a algunas casas.
Algunos vecinos, sobre todo los familiares de las víctimas demandaron que los gobiernos federal y estatal les envíen policías y militares para que puedan abandonar su pueblo sin riesgo porque temen que regrese el grupo de sicarios a atacarlos.
Por su parte el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio volvió a rechazar que hayan participado policías ciudadanos del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG, como insistieron los familiares de las víctimas en los funerales.
Informó que ha tenido reuniones con los comandantes de la Policía Ciudadana y que le han asegurado que ninguno de sus elementos participó.
Ante la insistencia de los familiares de los jóvenes levantados la noche del lunes y que fueron encontrados ejecutados la mañana del miércoles, pidió que presenten la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), “porque nosotros no vamos a solapar ni a tolerar a nadie, no es nuestro papel levantar ni asesinar gente, nuestro objetivo es brindarles seguridad”.
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BREVES
Hallan el cadáver de un joven a la orilla del río Jale en Tlapa; se desconocen las causas de su muerte
Alrededor de las 7:30 de la mañana de ayer fue hallado el cuerpo de un vecino la colonia Santa Anita, Juan Erasmo Velázquez López de unos 25 años, a un costado del centro de Salud de la colonia Cuba, en los márgenes del río Jale, en Tlapa.
Las autoridades dijeron desconocer la causa de la muerte, porque no le encontraron lesiones visibles, y agentes del Ministerio Público lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para practicarle la necropsia.
El joven vestía playera con rayas negras y blancas, pantalón de mezclilla azul y tenis rojos.
Muere un albañil atropellado por un taxista que luego escapa en la colonia 5 de Mayo, en Tlapa
Alrededor de las 6 de la tarde del viernes el chofer del taxi número 57 del sitio Astudillo, arrolló al albañil Jorge Solano Carbajal de 40 años, quien viajaba en una motoneta en la colonia 5 de Mayo, en la carretera Tlapa Marquelia.
Horas más tarde, el albañil murió en el lugar ante la falta de atención médica.
El chofer iba acompañado de un copiloto, y tras el accidente ambos salieron huyendo del lugar, abandonando el carro en un terreno baldío.
Ejecutan a un na savi en la carretera cerca de Llano de Tepehuaje
En otros hechos, el miércoles fue asesinado el indígena na savi Rufino Galicia Castillo de 58 años, en la carretera Metlatónoc-Xochistlahuaca, cerca de la comunidad de Llano de Tepehuaje de donde era originario.
Su cuerpo fue hallado por sus familiares y llevado a su hogar, con heridas de arma de fuego en la cabeza. (Carmen González Benicio / Tlapa).
Hiere un joven de dos balazos al dueño de una juguería en Taxco
Un hombre atacó a balazos la mañana de ayer al propietario de una juguería ubicada cerca del tianguis de la plata, en la carretera federal México-Acapulco, en la avenida de los Plateros de la cabecera municipal de Taxco, al que lesiono de dos impactos en el tórax.
El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana de ayer, y comerciantes del lugar reportaron las detonaciones al número de emergencia 911, de acuerdo con la información que dieron a conocer fuentes policiacas de Seguridad Pública del estado.
Minutos después se confirmó que, adentro de la juguería Maricarmen estaba un hombre lesionado de dos balazos en el tórax, quien en el lugar fue identificado por un familiar como Mario Alejandro Bahena de 29 años, quien es propietario del establecimiento.
El comerciante fue trasladado en una ambulancia al Hospital General Adolfo Prieto, de la cabecera municipal de Taxco, donde hasta la tarde de ayer permanecía estable y en observación, según se dio a conocer.
Testigos informaron a las autoridades que hasta ese lugar llegó un joven de unos 25 años, de tez blanca, quien vestía un pantalón de mezclilla, una playera blanca y un chaleco negro, que ingresó al lugar como si fuera un cliente, pero repentinamente sacó una pistola y le disparó en dos ocasiones al propietario, a corta distancia, luego huyó sin que nadie intentara detenerlo.
Hay más indicios de que la PGR encubre a los responsables del caso Ayotzinapa: Centro Morelos
A 28 meses de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), denunció que cada vez hay más indicios de que la Procuraduría General de la República (PGR) oculta información para encubrir la corrupción del sistema y a los responsables de los homicidios de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes, ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Menciona la información que se publicó recientemente sobre una investigación del trasiego de droga en México, anterior a los ataques, que revela los niveles de corrupción de corporaciones policiacas y militares.
Insiste en que el Estado es responsable de la desaparición de los normalistas y que el caso de Iguala es de los más paradigmáticos, porque “el Estado no va a castigarse así mismo”.
Destaca la importancia de que el trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no sea obstaculizado como lo fue el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó en dos periodos de seis meses en las investigaciones con la PGR.
De los padres de los estudiantes advierte que, “la impunidad no ha dejado de cobijar a los responsables intelectuales y materiales, mientras que el paso de 28 meses y la incertidumbre de no conocer su paradero les ha ido dejando estragos en su salud”.
Aunado a los intentos criminalización de los estudiantes desaparecidos tratando de vincularlos con un grupo de la delincuencia organizada, la criminalización al movimiento de los padres con engaños, intentos de corromperlos y dividirlos, y amenazas telefónicas de muerte.
El organismo demanda el cumplimiento cabal a las recomendaciones del GIEI, que se investigue a los militares y se detenga el hostigamiento a los padres de familia.
La violencia en la capital es porque está sitiada por comunitarios y delincuentes, dice el alcalde
Ayer otra narcomanta fue hallada en esta ciudad, ahora en un puente peatonal frente al mercado central, antes de que el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena hiciera un recorrido en el que dijo grupos de la delincuencia organizada y policías comunitarios tienen sitiado a Chilpancingo, lo que aseguró que es el motivo de la violencia en la capital.
Este jueves a las 7:30 de la mañana el alcalde convocó a un recorrido a los comerciantes fijos y ambulantes, quienes bloquearon el lunes la avenida Insurgentes para exigir la destitución del administrador de esta central de abasto, Daniel Bautista González.
El alcalde llegó a las 8 de la mañana, en ese momento policías municipales vieron la narcomanta en el puente del mercado, debajo de un anuncio del primer año de gobierno del priista Leyva Mena y ordenaron que la quitaran.
El texto era el mismo de que que apareció en miércoles en el paso a desnivel en el centro de la ciudad: “Ya no mates inocentes puto Isaac Navarrete Celis roba tráiler aquí estamos esta Plaza no te pertenece se los se los va a cargar (…) junto con Juan Guevara Rodríguez alias El jaliaco Rafael Medina Hurtado alias el gordo y también chóforo también tu perro, charro, Tita, conejo, chillón, pechan los tenemos ubicados putos mata niños topense con nosotros estamos por todos lados Att. los jefes”, se leía en la manta blanca con letras negras y rojas.
Antes de iniciar el recorrido se consultó a Leyva Mena, “yo no soy de la política de esconder lo que sucede en Chilpancingo, hay un repunte de la violencia muy fuerte, este tipo de grupos delincuenciales tiene un lineamiento de carácter federal y estatal, al municipio le corresponde trabajar en la prevención del delito”, expuso.
Se le preguntó si la manta era algún tipo de advertencia o amenaza a él y respondió que no sabe cuál sea la intención, que implicaría “desentrañar” la estrategia de la delincuencia organizada.
De la narcomanta Leyva Mena dijo que es un buen momento para preguntar a la Procuraduría General de la República (PGR), los avances en las investigaciones de la denuncia que interpuso debido a las amenazas que recibió de la delincuencia organizada.
Manifestó que el repunte de la violencia se debe a las batallas de los grupos delincuenciales, que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe de responder con operaciones con el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Ministerial y la Municipal.
“Hay que recordar que Chilpancingo está rodeado de un asunto de este tipo de organizaciones criminales, por el lado de Mochitlán hay un grupo muy conocido, por el lado de Tlacotepec (en la sierra) hay otro grupo conocido, por el lado de Leonardo Bravo (Chichihualco) otro grupo conocido, y luego por si fuera poco las policías comunitarias que también están. No es un asunto fácil de resolver”, afirmó el alcalde.
Aseguró que el municipio no ha sido rebasado porque los criminales usan el factor sorpresa. Consideró que este tipo de amenazas están latentes hacia la autoridad que deberá de responder con la debida aplicación de la ley.
Reclamos de comerciantes en el recorrido
Antes de iniciar el recorrido Marco Antonio Leyva Mena se tomó un café en la nave 4 del mercado, rodeado de sus guardaespaldas, se dirigió a los baños, ahí una comerciante le reclamó que los baños están en malas condiciones, que hace falta agua y casi siempre están sucios.
En el estacionamiento donde se encuentra el basurero había mucha basura y malos olores, y es ahí donde se hacen las cargas y descargas de alimentos.
El presidente municipal dijo que, “estoy sorprendido”, que se deben de colocar contenedores de basura para que no esté tirada en el suelo, mientras se busca un lugar más cercano para tirar los desechos.
No recorrió todo el mercado y acudió porque comerciantes del mercado que bloquearon la avenida le pidieron que acudiera al mercado para que conociera los problemas de la central de abasto. El recorrido fue programado el miércoles pero el presidente municipal los suspendió y se hizo ayer.
El relator de la ONU confirmó que las violaciones a los derechos no son aisladas, afirma el Centro Morelos
Las recomendaciones del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, confirman que esas violaciones en Guerrero no son casos aislados, y que el Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad, denunció el Centro regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado recriminó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se empeñe en decir que los delitos van a la baja, y que las operaciones militares serán la solución del problema.
Estimó que la visita del relator será de suma importancia porque refleja la violencia en cuanto a desapariciones forzadas y por particulares, homicidios dolosos, tortura e impunidad, porque llamó a la protección urgente de los defensores de derechos humanos.
Incluso, llamó “defensores emergentes” a quienes defienden los derechos humanos, incluidos periodistas, porque tienen una actividad de alto riesgo.
Ayer el Centro Morelos demandó que las recomendaciones del relator se tomen en cuenta, particularmente, a la hora de elaborar leyes, porque las que están sólo han servido para la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.
Afirma que desde 2014 en Guerrero existe una crisis de seguridad reflejada en las “cifras alarmantes de desaparición forzada y por particulares, un sinfín de homicidios dolosos, torturas, impunidad y hallazgo de cientos de fosas clandestinas”.
Coincidió con el relator en que el mecanismo de seguridad para defensores debe ser accesible para las personas que corren mayor peligro, pero “no es aceptable que además de la criminalización y estigmatización, los defensores y defensoras tengan que ser hostigados, vigilados, recibir amenazas telefónicas, ser privados de la libertad, torturados e incluso asesinados”.
El organismo respalda las recomendaciones del relator especial de la ONU, dirigidas a “disminuir el riesgo al que todos los defensores del mundo se han enfrentado y que en muchos de los casos han terminado en una muerte impune”.
Concluye que este informe preliminar, confirma que las violaciones de derechos humanos en Guerrero no son un asunto aislado, “y no es un contexto de violencia de baja magnitud como lo ha manifestado en múltiples ocasiones el gobernador Héctor Astudillo, que la presencia del Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad y que la Ley de Seguridad Interior no es la solución para acabar con la violencia”.
El uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”, dijo el relator
En el informe de su visita del 16 al 24 de enero en México el relator Forst, se refirió a las discusiones en las cámaras de diputados y senadores sobre el cambio al artículo 29 de la Constitución y el proyecto de Ley de Seguridad Interna, por el que miembros del Congreso y organizaciones expresaron preocupación, incluyendo esa ley que normalizaría el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
En el informe difundido en Internet, reconoció los retos que implica la geografía del país, las ejecuciones, la tortura y las desapariciones forzadas, la compleja dinámica de los cárteles de la droga y la delincuencia organizada, pero añadió que el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”.
Asimismo recomendó que las leyes y políticas cuya ambigüedad se ha utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos, sean revisadas en su objetivo y su implementación.
Consultado por el diario Reforma, Michel Forst opinó que el gobierno mexicano debe cambiar su narrativa sobre los defensores de derechos humanos, para contrarrestar el vilipendio y las campañas de difamación. Aclaró que los defensores no deben verse como enemigos del Estado, sino como agentes de cambio.
En la visita recorrió cinco estados de la República, entre ellos Guerrero, donde escuchó testimonios sobre la situación que viven los defensores, a familiares de personas desaparecidas en la entidad organizadas en colectivos, y a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
Confirma la Profepa que la Conanp se fue de Guerrero; no hay quien aplique los programas
La delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Marisela Ruiz Massieu confirmó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) desmanteló sus oficinas en Guerrero, por lo que no hay quien aplique los programas destinados a la conservación de dos Áreas Naturales Protegidas (ANP), un parque y un santuario.
Dijo que el Ejército mantendrá vigilancia en el Parque Nacional El Veladero de Acapulco, hasta que la Conanp restituya a los encargados de vigilar esa ANP, pues carece de un encargado desde el 2 de enero pasado, cuando el encargado y guarda del parque, Jorge Flores y Walfre Gaytán, fueron enviados a la regional en Cuernavaca.
“Estoy hablando con el comisionado nacional para explicarle la necesidad de que haya gente en El Veladero, pero que no retire al personal de la Conanp en el estado”, declaró a reporteros brevemente, al concluir la presentación de resultados de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), ayer en el salón Dolores Olmedo del Centro de Convenciones Acapulco.
Indicó que la Conanp se mantiene sólo en la Costa Chica, desde San Marcos hasta Chiapas, no obstante que “falta mucho por hacer. Estamos tratando de hacer cosas con la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional)”.
Se le preguntó si la Policía Ecológica de Guerrero tenía alguna participación en la vigilancia y respondió que, “son pocos en el estado. Hay un grupo Misión Ambiental de la Gendarmería; se ha capacitado a 147 y se debe capacitar a 500; sin embargo, no es suficiente para las necesidades en materia ambiental, sobre todo para los delitos más recurrentes”.
Del exhorto de la Profepa a los gobiernos de Acapulco y de Guerrero para el rescate y saneamiento de la laguna Negra de Puerto Marqués hace dos años, que tiene en custodia el gobierno estatal desde 1988, comentó que, “íbamos a tener una reunión, pero por la agenda de la secretaria (del Medio Ambiente de Guerrero, Semaren, Karen Castrejón Trujillo), se pospuso y espero que sea esta semana”.
Beristain: falta voluntad política para investigar las irregularidades de la PGR en el caso Ayotzinapa
El integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain, lamentó la “falta de voluntad política” para atender las investigaciones internas de la PGR sobre las irregularidades cometidas por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otros funcionarios, en las indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que a la fecha, no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
Al señalar que las resoluciones de las investigaciones sobre la actuación de los funcionarios y sobre la averiguación previa son coincidentes con algunas de las observaciones del GIEI, Beristain consideró que “es importante es que se tomen decisiones con base en ese informe que muestra esas irregularidades, falencias y problemas en la investigación, y eso contribuiría a generar esos puentes de confianza también con los familiares”.
Entrevistado al término de la presentación de su libro El tiempo de Ayotzinapa (Ediciones Akal en su colección Foca, 2017), el experto español insistió en la urgencia en reconstruir el diálogo entre los familiares de los jóvenes desaparecidos y la PGR, roto a partir de la negativa de la dependencia a sancionar a los funcionarios que incurrieron en graves irregularidades.
Tras señalar que “sin un diálogo y confianza con las víctimas no va a haber investigación adecuada”, Beristain lamentó que al “ejercicio honesto” de la Visitaduría General de la PGR de evidenciar las fallas, “no haya pasos consecuentes, eso muestra falta de voluntad sobre la respuesta a esas cuestiones, no se puede actuar como si eso (la investigación interna) no existiera”.
Beristain, uno de los cinco expertos independientes seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar apoyo técnico a México, puntualizó que será el Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa el que determinará el avance de las líneas de investigación que plasmó el GIEI en sus dos informes.
Durante la presentación de El tiempo de Ayotzinapa, Beristain expuso que se trata de un “un mosaico de historias” sobre el camino recorrido por los cinco integrantes del GIEI en busca de contribuir al esclarecimiento del caso.
Beristain, quien para la redacción de su texto regresó a sitios donde se desarrollaron algunas de las experiencias narradas, sostuvo que su libro aborda también “cómo se cerró un camino en un momento, cómo se trató de desviar la investigación, y esas no fueron dificultades propias de una investigación, que las hay en todas las investigaciones, sino que estaban motivadas por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español reconoció que como en otros países en los que ha colaborado en la atención de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, han sido las familias de los normalistas quienes “empujan” para llegar a la verdad.
Beristain retomó la frase que los padres y madres de los estudiantes han repetido infinidad de veces para tratar de sensibilizar a funcionarios de la PGR para que atiendan el caso, “póngase en mi lugar”, lo que para él significa tener empatía con las víctimas, condición indispensable para avanzar.
“Esa empatía es la energía transformadora, sin ella no hay transformación, no hay política frente a la problemática de los desaparecidos y no hay solución para ese círculo de violencia-impunidad-corrupción que desgraciadamente atenaza la experiencia de este país, México”, sostuvo.
El experto en la atención psicosocial a las víctimas estimó que su texto podría contribuir no sólo a la lucha de los familiares de los 43, sino también los de otros desaparecidos, para “que puedan verse identificados (…) o que les pueda representar al menos un espejo de dignidad”.
Carlos Martín Beristain informó que en el segundo periodo que participó como coadyuvante del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encontraron obstáculos motivados “por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español aseguró que la verdad siempre emerge si se le empuja “y son los familiares quienes la empujan, esa verdad tendrá más impacto del que pensamos”.
La presentación se trasmitió en Internet desde el museo de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Allí el doctor en sicología, veterano investigador de violaciones a los derechos humanos, dedicó la publicación a los 43 normalistas y a las familias de los miles de desaparecidos en el país, 26 mil 274 hasta octubre de 2016, según el dato que aportó la politóloga Denise Dresser en su intervención.
También se refirió a los jóvenes del equipo de fútbol Los Avispones. Precisó que “esta historia no es la de El Chuky, La Rana, ni de Abarca”, algunos de los inculpados en quienes la Procuraduría General de la República (PGR) sustentó su principal versión de los hechos, que dice que los jóvenes fueron incinerados en un basurero en Cocula, pero fue descartada científicamente por el GIEI y otros investigadores independientes.
Afirmó que el libro es de los familiares, de Los Avispones, de los normalistas, con quienes tuvo empatía desde la primera visita a Guerrero cuando los cinco extranjeros del grupo llegaron al país.
Mencionó que en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa los padres les pidieron “no se vendan”, y con el paso del tiempo entendió que había varias formas de neutralizar su labor, y cobró sentido la petición de los familiares.
Escribir este libro de vivencias fue otra forma de procesar una historia insólita, dura, que no se podía contar a través de los informes que redactaron, particularmente en su segundo de mandato cuando se trató de desviar la investigación, reveló.
Recordó que a pesar de que no lograron desentrañar dónde están los 43 estudiantes desaparecidos, en la presentación del informe final en Ayotzinapa los padres de familia estaban sonrientes, agradecidos, y uno ellos explicó, “estamos más sonrientes porque se nos ha quitado el peso de la mentira”.
“No sé cuánto pesa la mentira, pero sé que la verdad es sanadora y sé que viene otra comisión a tratar de esclarecer el hecho”, expuso.
Martín Beristain cuestionó el traslado de funcionarios como Tomás Zerón de Lucio a otra institución de gobierno, la negación de que se trataba de un caso de desaparición forzada, peritajes de ínfima calidad, “que describe cómo el gobierno ignora una y otra vez la hipótesis del quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región”.
Dijo que esas actuaciones contadas en el libro, evidencian que en la PGR nadie quiere tomar como línea de investigación el negocio de la droga, el negocio del crimen, y la sociedad sigue esperando una versión creíble “tan ausente como los 43”.
La única respuesta que explique lo anterior, dijo, “es una estrategia de comprar tiempo, para que se olvide por el gasolinazo, por Trump o con la siguiente elección”.
Denunció que Ayotzinapa revela un patrón que ya ocurrió y sigue ocurriendo, “perverso de desapariciones forzadas que nadie investiga, autoridades que no proveen justicia ni reparación del daño”.
Citó, “curiosa la forma en que representantes institucionales le dicen a la gente cómo debe afrontar su pérdida, mientras no le dice lo que necesita: la verdad”.
Recordó que al retirarse de la investigación, los miembros del GIEI dijeron que ojalá pudieran ser una clase de vacuna para que Ayotzinapa no se repitiera en México, que la PGR no siguiera fabricando culpables, para que hubiera una ley de desaparición forzada, sin embargo, “parece que se fueron pidiendo lo imposible, que el Estado se reforme asimismo cuando le ha convenido no hacerlo”.
A la fecha, aseguró que no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
En la presentación participaron el periodista Luis Hernández Navarro, responsable de la sección editorial del diario La Jornada, la politóloga y colaboradora de Proceso, Denise Dresser, y el escritor Juan Villoro.
Solicitan ONG a la CIDH que admita el caso del indígena nahua asesinado por militares en Huamuxtitlán en 2009
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el Centro Regional José María Morelos y Pavón, acompañados del Centro Robert F. Kennedy para la justicia y los derechos humanos solicitaron la admisión del caso del náhuatl Bonfilio Rubio Villegas asesinado por soldados en un retén en Huamuxtitlán en junio de 2009, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La petición se da ahora que se discute la Ley de seguridad interior en el Congreso de la Unión que busca darle un marco jurídico a los militares para estar fuera de sus cuarteles, y en la militarización de Guerrero.
En conferencia de prensa transmitida en línea desde la Ciudad de México, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández mencionó que el único militar acusado de homicidio culposo en este caso fue exonerado “porque los jueces le tienen miedo a los militares”, así como ahora los diputados “se doblegan ante la línea dura del poder” y preparan una ley para regular la impunidad que gozan las fuerzas castrenses.
Aseguró que el Ejército se erige por encima de la autoridad civil, toma el control del territorio y no hay quién le ponga un alto, como ocurrió en la agresión a balazos contra el autobús del servicio público donde viajaba Bonfilio, y el agente del Ministerio Público se supeditó a las decisiones de los militares.
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre acusó a los jueces de actuar de forma tendenciosa cuando los inculpados son militares y no civiles, ya que los asesinatos de civiles por soldados son juzgados sólo como homicidio doloso y no culposo.
dijo que debe considerarse como agravante que funcionarios públicos capacitados para el uso de armas de fuego y de la fuerza letal atenten contra la vida, “si un militar disparó indiscriminadamente contra un autobús lleno de pasajeros debió saber que puede privar de la vida a alguien, así como ocurre en otros países”.
En la conferencia en el Centro Prodh también estuvo el hermano de Bonfilio, José Rubio Villegas para informar que su familia decidió llevar el caso a la CIDH porque no es el único homicidio que han cometido los militares en Guerrero.
También náhua de la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa de Comonfort, relató que durante siete años han exigido castigo para el soldado que disparó a Bonfilio, y a quien dio la orden de que disparara.
“Un soldado no hace nada solo, recibe órdenes para la acción, el Ejército ha hecho cosas que no debe hacer, hace investigaciones pero todo a su favor, cuando a nosotros como víctimas no nos dan esa facultad de presentar pruebas de cómo fue el caso, sino que ellos hacen, plantan enervantes en el autobús donde iba mi hermano, lo que no encontraron antes en una revisión lo encuentran cuando mi hermano ya está muerto”.
Soldados del 93 Batallón de Infantería dispararon al camión, mataron a Bonfilio y después sembraron droga
En una reseña del caso Santiago Aguirre relató que en junio de 2009 Bonfilio Rubio Villegas, originario de Tlatzala abordó el autobús de la línea Sur lleno de pasajeros de Tlapa, y cerca de Huamuxtitlán el camión fue detenido por soldados del 93 Batallón de Infantería que tenían ahí un retén.
Luego de un escrutinio ilegal a los pasajeros y que el chofer reinició la marcha sin que lo autorizaran los soldados, éstos dispararon de manera indiscriminada y desproporcionada contra el camión. Dos balazos pegaron al medallón del vehículo, en el cuello y el cráneo de Bonfilio.
En ese momento el Ejército tomó control de la escena del crimen, manipuló la evidencia al extremo de sembrar enervantes para acusar de los sucesos al chofer del autobús.
Santiago Aguirre dijo que las primeras diligencias recayeron en el Ministerio Público (MP) militar, y tras una larga lucha jurídica el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en una sentencia histórica en agosto de 2012, declaró inconstitucional el fuero militar y ordenó sacar la causa penal por homicidio del juzgado militar y que de ella tomara conocimiento un juzgado de distrito.
Hasta entonces la familia y sus abogados constataron las deficiencias de la actuación militar, no fue posible remontar esas “enormes deficiencias por actuación parcial y tendenciosa”, y el juzgado de Distrito exoneró al único militar acusado de los hechos.
El juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar
De las irregularidades, Abel Barrera indicó que el Ejército tomó el control de la escena y sembró droga, ·estaba armando la investigación para proteger a los perpetradores”.
El MP militar hizo la reconstrucción de los hechos, pidió a los cuatro soldados que dieron positivo en el uso de arma de fuego que se colocaran en la posición en que dispararon, y así determinaron que Valentín Alejo Hilario fue el que mató a Bonfilio.
En lo civil el juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar, pero consideró que las pruebas de balística basadas en declaraciones no eran suficientes para establecer la responsabilidad penal, y exoneró al inculpado.
En ese sentido José Rubio dijo que la injusticia “nos duele como familia y nos da esa fuerza para buscar justicia, la verdadera justicia, se agotaron las instancias con lo militar, ganamos que el caso de mi hermano fuera a un juez civil, desgraciadamente no se pudo lograr nada, la persona que estaba detenida ahora está absuelta, vemos tristemente que no tenemos otra opción más que dar un paso a otra instancia. Tenemos derecho que el gobierno reconozca el delito del Ejército en contra de la sociedad. Espero que este testimonio sirva para que otros levanten la voz. Rechazamos la militarización del país”.
No se garantizó el derecho a la vida, a la integridad personal ni a las garantías judiciales
Vía telefónica desde Washington, Angelita Baeyens del Centro Robert F. Kennedy explicó que en la solicitud de admisión de caso en la CIDH se exponen las violaciones cometidas por el Estado mexicano al no garantizar el derecho a la vida de Bonfilio Rubio Villegas y a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares pactados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dijo que la militarización de la entidad en el marco de la guerra contra el narcotráfico lejos de redundar en un mejoramiento a la situación de inseguridad y violencia, genera un ambiente propicio para la impunidad ante graves violaciones a derechos humanos.
Consideró que la revisión del proceso por la CIDH va a dejar un precedente que ayude a que no vuelvan a ocurrir casos como el de Bonfilio, y a evitar que la impunidad siga reinando en estas situaciones.
Del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares habló de los riesgos de que el Ejército patrulle las calles, como hace en Guerrero desde la época de la guerra sucia, que dejó a más de 500 ciudadanos desaparecidos. Aunque en muchos casos estuvo involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sólo el caso del líder campesino Rosendo Radilla Pacheco fue documentado y concluyó con una sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Desde entonces los militares están en las calles y no han significado mayor seguridad, por el contrario, la violencia se ha incrementado”, expuso, y mencionó que en Chilapa en marzo de 2015 la cabecera municipal estuvo resguardada por militares y aún así 30 vecinos fueron privados de su libertad, y siguen desaparecidos.
Además se ha documentado que el Ejército participó en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Asesinan a balazos en dos hechos distintos a un mecánico y a un taxista en Iguala
Un taxista fue ejecutado la noche de ayer adentro de una tienda Oxxo ubicada en la colonia Villa de Guadalupe, y en distintos hechos un mecánico fue asesinado a balazos en la colonia Loma del Zapatero, las dos al poniente de esta ciudad.
De acuerdo con información de fuentes policiacas de Seguridad Pública estatal, a las 8:50 de la noche de ayer, vecinos de la colonia Villa de Guadalupe reportaron una balacera en la tienda Oxxo ubicada en la entrada a este asentamiento, a orilla del periférico poniente.
Más tarde, policías estatales y soldados del Ejército confirmaron que un hombre había sido ejecutado a balazos, y su cuerpo estaba boca arriba adentro de la tienda. La víctima fue identificada en el lugar como Norato Franco Díaz de 39 años, taxista y vecino de la colonia Loma del Zapatero.
Según la información que testigos dieron a las autoridades, el taxista entró a la tienda y detrás de él entró otro hombre, quien le disparó con una pistola en varias ocasiones, para luego huir sin que nadie intentara detenerlo.
Peritos y agentes del Ministerio Público que se hicieron cargo de las diligencias hallaron 12 casquillos percutidos calibre .9 milímetros. Al término del levantamiento de evidencias, alrededor de las 10:30 de la noche, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad.
Matan a un mecánico en la colonia Loma del Zapatero
Sólo con unos cinco minutos de diferencia, a las 8:55 de la noche fue reportado al número de emergencias 911 la ejecución a balazos de un hombre en la colonia Loma del Zapatero, que colinda con la colonia Villa de Guadalupe.
Minutos después, fuentes de seguridad pública confirmaron el hallazgo del cuerpo de un joven en una calle de terracería, quien fue identificado por sus familiares como Andrés de Jesús Bello Hernández de 26 años, mecánico y vecino de ese asentamiento, el cuerpo tenía varios impactos de bala en distintas partes.
En la zona del ataque, peritos y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) hallaron 13 casquillos percutidos calibre .9 milímetros. El cuerpo fue trasladado al Semefo de Iguala.
Atacan a balazos una casa en la colonia Fovissste
Hombres armados atacaron a balazos la tarde de este domingo una casa del andador Era, de la colonia Fovissste al norte de esta ciudad, pero no se reportaron heridos.
Según información de fuentes policiacas de seguridad pública del estado, minutos después de las 2 de la tarde del domingo a los números de emergencia se informó de una balacera en la unidad habitacional Fovissste.
Se confirmó que una casa de dos pisos color café tenía varios impactos de bala en su fachada y en la chapa de la puerta principal.
Más tarde se dio a conocer que en el lugar fueron decomisados casquillos percutidos calibre .38 súper.
La violencia y las reformas son para justificar la militarización, advierte Cirino Plácido
El delegado en el Congreso Nacional Indígena (CNI), Cirino Plácido Valerio dijo que la violencia generalizada y las reformas que atentan contra el pueblo son estrategias para destruir el tejido social y justificar la militarización del país, para que el actual régimen político se mantenga en el poder.
Sin embargo, el también asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PCPF) expresó en entrevista que el levantamiento armado no es la solución, sino que debe de existir una transición política donde todos los sectores sociales participen, y se pronunció a favor de la creación del Concejo Indígena de Gobierno impulsado por el CNI.
El na’savi asistió al Cuarto Congreso de la creación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Cruz Grande el 4 y 5 de enero. El dirigente a quien no se le había visto en actividades de su hermano Bruno Plácido, llamó a la unidad en su participación.
Abordado, el fundador del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, dijo que ante el escenario del país los indígenas han propuesto un concejo para reconstruir la nación, “para empujar juntos y rescatar este país que está siendo destruido”, ponderando los principios del CNI: servir y no servirse, representar no suplantar, construir no destruir, donde el pueblo manda el gobierno obedece.
Opinó que es mejor apostar por la salida política que la militar, al considerar que “no tiene caso quitar una dictadura y poner otra dictadura. El que toma el poder por las armas no deja de ser una dictadura, pero entonces nosotros tenemos que transitar por la vía política, construir”.
“¿Por qué tenemos que hacer todo esto?, porque 100 años después es la misma política que aplicó Porfirio Díaz, la misma explotación y pobreza, la misma persecución, la misma traición al país, el mismo uso del Ejército para hacer un papel que no le corresponde. Se repite la historia 100 años después, con la misma política represiva”, sostuvo.
Abundó que la violencia generalizada “es propiciada como una estrategia para destruir todo el tejido social, para justificar la militarización y justificar una guerra civil de pobres entre pobres, para que se mantenga este régimen que está destruyendo al país, y estar otros 100 años en el poder, que no está dispuesto a cometer el mismo error que en 1917 cuando la burguesía fue derrotada por los revolucionarios”.
“Hoy –el régimen político– se está preparando a no ceder el poder, mediante la guerra sucia, mediante la represión, mediante la explotación y mediante el uso del Ejército. Nosotros lo que planteamos es el diálogo, respeto y tolerancia y un análisis para reconstruir el país”.
Dijo que inicia un proceso de lucha, de recuperación de pensamiento y forma de gobierno del pueblo originario, “vemos muy bien esa iniciativa del Congreso del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) de incursionar en la vía política para reconstruir este país”, en un concejo de gobierno que estará constituido por una mujer y un hombre de cada región, para que haya equidad, porque es un sistema colectivo que se rige por usos y costumbres.
Recordó que los pueblos indígenas aglutinados al CNI han buscado el reconocimiento real constitucional de los pueblos originarios.
Mencionó que en la segunda sesión del Quinto Congreso celebrado del 29 diciembre al 2 de enero, se acordó que para el 28 de mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, será constituido el Concejo Indígena de Gobierno, y de ahí se definirá la candidata para las elecciones de 2018, quien será vocera del Consejo Indígena que a la vez será subordinada del Congreso Nacional Indígena y éste será subordinado al pueblo de México .
El delegado opinó que la propuesta del Partido Obrero Social de México, de postular como candidata a la esposa del preso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera, Agustina García, fue una “imprudencia”, una estrategia del gobierno para dividir a las organizaciones sociales, “nosotros esperamos que no se sigan cometiendo esos errores, porque tenemos que ser prudentes y no hacerle el juego al gobierno”