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La UPOEG surgió con prácticas contrarias a la Policía Comunitaria indígena: CRAC

 

El ex coordinador y actual consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán Hernández rechazó que haya sido por “celos” de un “grupo radical” que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al gobierno y al Ejército que se dio la separación de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la CRAC, como declaró Bruno Plácido Valerio en entrevista para El Sur el martes pasado.
Guzmán Hernández, quien en el 2013 era coordinador de la Casa de Justicia matriz en San Luis Acatlán, cuando la UPOEG formó una autodefensa que ahora es la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), aclaró que el grupo armado que formó Plácido Valerio en Ayutla, fue desconocido como Policía Comunitaria de la CRAC porque no se apegó a los requisitos, y porque tenían “prácticas inusuales” contrarias a la institución indígena.
El martes Plácido Valerio declaró a El Sur que la separación que se dio con la CRAC el 5 de enero del 2013, cuando surgió lo que ahora es la Policía Ciudadana, fue por “celos” de un grupo “radical” de la CRAC que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al gobierno y al Ejército.
“No es exactamente como él lo dice. La división se dio porque ellos no se apegaron a los procedimientos formales de la CRAC para incorporar comunidades y para el nombramiento de autoridades, cuando se conformó la Casa de Justicia (de Ayutla), respondió Guzmán Hernández.
Entrevistado por teléfono declaró, “no sé a qué grupo radical se refiera” pero recordó que fueron los policías de la UPOEG los que enfrentaron al Ejército en la comunidad El Pericón, municipio de Tecoanapa, en agosto de 2013. Mientras que el Ejército a quienes reprimió fue a los de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, en referencia a las detenciones de Nestora Salgado, Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y más de 30 autoridades y policías comunitarios de esa casa.
Mencionó que uno de los primeros problemas por los que se dio la división fue que el actual comandante de la Policía Ciudadana, Ernesto Gallardo Grande se auto nombró comandante regional, y que sin recibir órdenes de las autoridades, que son los coordinadores, empezó a detener gente.
“Después colocó retenes con encapuchados, que son prácticas inusuales de la CRAC”, dijo el consejero, quien hace cuatro años fungía como vocero de la casa matriz.
Añadió que los de la UPOEG levantaron actas supuestamente de incorporación de las comunidades a la CRAC, pero eran actas que no se levantaban en asambleas públicas, “cuando el requisito es que si una comunidad se incorpora primero se le tiene que dar la suficiente información, las obligaciones y los derechos que tienen al incorporarse a la CRAC, y de manera pública levantar el acta de decisión”.
Informó que usaron formatos que llenaban sin que se cumplieran los requisitos, “ellos traían su propia dinámica”.
Recordó que cuando se pretendía constituir la Casa de Justicia de la CRAC en el municipio de Ayutla, la asamblea estaba programada para la comunidad de Ahuacachahue, pero la gente se dio cuenta que la UPOEG pretendía elegir una dirección “a modo”, con gente nombrada por ellos y no por las comunidades, se cambió la sede a La Concordia, a donde asistieron 23 de 26 comunidades.
Recordó que en esa reunión se nombró a los coordinadores y comandantes de la Casa de Justicia que ahora está en El Paraíso, municipio de Ayutla, y que a partir de entonces, “ellos (los de la UPOEG) tomaron otro rumbo y ya no estuvieron presentes en esa asamblea”.
En la entrevista con Bruno Placido, éste declaró que las entonces autoridades de la CRAC los desconocieron como miembros de esa institución indígena, cuando se armaron el 5 de enero de 2013 en Ayutla.
Al respecto Pablo Guzmán dijo que se trató de un comunicado en el que la CRAC aclaró que la UPOEG no pidió la opinión ni la autorización para surgir y actuar como Policía Comunitaria, y que comenzaron a actuar encapuchados a pesar de que en declaraciones Plácido Valerio aseguró que se trataba de la CRAC.
Añadió que en el comunicado la CRAC aclaró que ante las acciones de la delincuencia los ciudadanos tenían que buscar una salida, y que “estaba bien esa acción, pero que no éramos nosotros”.
Dijo que esa fue otra situación que les molestó y que cree que esa es “la razón fundamental” por la que la gente de la UPOEG se separó definitivamente de la CRAC.
–¿Entonces no es real que existía en la CRAC un grupo radical que pretendía la confrontación con el gobierno y el Ejército?
–Yo no lo ubico, no sé a qué grupo radical se refiera. Salvo que se refiera a Arturo Campos (el promotor de la CRAC en Ayutla actualmente preso). Pero quienes se confrontaron con el Ejército fueron ellos en El Pericón y como represalia el Ejército en lugar de tomar medidas en contra de ellos, lo hizo en contra de la gente de El Paraíso, cuando eran otros los que generaron la confrontación con el Ejército.

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Enfrentamientos y una persecución a balazos en Tixtla deja tres heridos y cinco detenidos

Cinco detenidos y tres heridos, dos de ellos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dejó una persecución a balazos desde el barrio El Santuario en esta cabecera municipal hasta la carretera Atliaca-Apango, luego de que hombres armados atacaron a policías estatales.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó en un boletín de prensa que en esta acción hubo cinco detenidos y se les decomisó una Suburban blindada blanca, adentro tenían 298 cartuchos calibre .223, cuatro cargadores para fusil AR-15, 321 cartuchos calibre 7.62 x 31 para fusil AK-47 o cuerno de chivo y 20 gramos de mariguana.
A los cinco presuntos delincuentes les decomisaron dos cuernos de chivo y dos fusiles AR-15, una pistola calibre 9 milímetros, una granada de mano, 16 cargadores calibre AR-15, 19 cargadores calibre AK-47, y dos chalecos antibalas.
Los agentes estatales hallaron entre la maleza un fusil de asalto AK-47 y otro AR-15 equipado con lanza granadas.
Fuentes policiacas informaron que a la 1 de la tarde la Policía Estatal recibió el reporte de que había gente armada en una camioneta Suburban blanca, en los lavaderos del barrio El Santuario. Al acudir los uniformados para verificar el reporte fueron atacados a balazos.
Antes de que ocurriera el ataque los delincuentes colocaron un retén en el barrio, revisaban a los automovilistas y motociclistas que pasaban por el lugar.
La agresión en contra de los estatales, provocó una persecución desde este barrio en la transitada avenida Insurgentes hacia la gasolinería ubicada a un lado de Los Arcos de la entrada a la ciudad.
Unos 10 hombres armados a bordo de una camioneta Suburban y otro vehículo al llegar a Los Arcos se encontraron con otra patrulla de la corporación, los civiles se regresaron por esa ruta, que los llevó hacia la carretera federal Tixtla-Chilapa.
Según testigos, ahí los agresores dispararon contra las personas que se encontraban en el hospital del ISSSTE y el hospital Comunitario e hirieron a tres hombres, dos de ellos trabajadores de la CFE, además balearon cuatro vehículos que estaban estacionados, uno de la CFE.
En los barrotes y la fachada del hospital Comunitario había impactos de bala. Ante este hecho los dos hospitales cerraron sus puertas, asimismo tiendas de abarrotes, fondas, ferreterías y papelerías que se ubican en la avenida Insurgentes ante el temor de que ocurriera otra balacera. La tienda Bodega Aurrerá suspendió su servicio 3 horas.
Una testigo relató, “fue como a la 1 de la tarde cuando estaba comprando comida, de pronto escuchamos muchos balazos, vimos una Suburban blanca y otro carro, iban abordo unos 10 civiles armados quienes empezaron a disparar como locos a la gente que pasaba por el lugar, y ahí hirieron a tres personas”.
“Nosotros lo que hicimos fue refugiarnos dentro de la fonda para que no nos pasara nada, porque estos locos disparaban donde sea, tuvimos miedo porque pensé que nos iban a matar”, contó.
Los tres hombres heridos fueron trasladados en una ambulancia de la Secretaría de Salud estatal y en otra de la Secretaría de Protección Civil estatal a un hospital de Chilpancingo, para recibir atención médica.
Después de la agresión en contra de los vecinos en el hospital del ISSSTE y Comunitario, los civiles armados se dirigieron a la carretera federal Chilpancingo-Chilapa y se metieron a la carretera que se dirige de Acatempa a Atliaca.
Antes de llegar a Apango los sicarios se dirigieron a una brecha que lleva a un corral de vacas, dejaron la Suburban abandonada y huyeron hacia los cerros.
Al llegar los policías estatales fueron atacados nuevamente, lo provocó un enfrentamiento a balazos. El helicóptero de la corporación que sobrevolaba la zona recibió un balazo. Los agresores se refugiaron entre los cerros y la maleza.
Después llegaron más policías en 11 patrullas junto a policías comunitarios de la Coordinador Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Acatempa, quienes se desplegaron entre los cerros para detener a los delincuentes.
Después de la 1:30 de la tarde los agentes cerraron la carretera entre Atliaca y Apango. A las 5 de la tarde se restableció la circulación vial en esa zona. En la carretera se observaron varios casquillos para AK-47, y los hombres armados lograron huir entre los cerros ubicados a un lado de la carretera.
Asimismo dos patrullas de militares y otras dos patrullas de la Policía Estatal recorrieron las inmediaciones de Atliaca para detener a los presuntos delincuentes.
Además en la persecución entre los uniformados y delincuentes, vecinos de Atliaca salieron de sus casas para saber qué estaba pasando luego de que vieron la movilización policiaca y militar.
En la noche la Secretaría de Seguridad Pública estatal dijo en un comunicado que a la 1 de la tarde hubo un enfrentamiento entre dos grupos delincuenciales en Tixtla, y que la Policía Estatal desplegó policías para atender el llamado de la población.
La dependencia informó que los uniformados y militares llegaron al lugar donde había ocurrido un enfrentamiento, los hombres armados se dirigieron hacia Apango lo que generó una persecución, “los delincuentes desde sus vehículos abrieron fuego en contra de los policías, así como a una aeronave de la corporación logrando impactarle disparos en el fuselaje sin afectar su movilidad”.
En la persecución las autoridades policiacas alcanzaron una Suburban blindada blanca, en la que iban abordo seis hombres armados en las inmediaciones del poblado de Atliaca, agrega.
La SSP dice que junto a militares detuvieron a cinco civiles armados, les decomisaron la Suburban blanca, cartuchos de diferentes calibres y armas largas y que los detenidos se llaman Jesús, Francisco, Jesús Enrique, Omar y José Manuel, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.
“Se tuvo conocimiento que como daño colateral del enfrentamiento que sostuvieron estos delincuentes con otro grupo criminal, resultaron tres personas lesionadas, fueron atendidas en hospitales en Chilpancingo”, concluye el comunicado.

El sistema de seguridad de la UPOEG fue infiltrado por la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

A cuatro años de que se fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) en Ayutla, auspiciado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el dirigente de la agrupación Bruno Plácido Valerio reconoció que ha sufrido la infiltración de la delincuencia organizada, que el proyecto no se está cumpliendo como fue planeado y denunció la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dividir a la organización.
El SSJC surgió el 5 de enero de 2013 en Ayutla, ahora tiene presencia en 600 pueblos de municipios de las regiones Costa Chica, Centro, Acapulco y en la sierra. Cuenta con 5 mil 552 policías ciudadanos.
Ayer el dirigente y promotor Bruno Plácido hizo un recuento de lo que ha pasado en los cuatro años desde que se creó ese sistema, como una alternativa al problema de inseguridad y violencia en el estado.
Fue entrevistado en un restaurante de esta ciudad previo a la asamblea estatal programada para este 4 y 5 de enero en Cruz Grande, con motivo de los cuatro años de que se creó el SSJC.
Dijo que la creación de ese sistema significó una tranquilidad del 80 por ciento en los pueblos donde ahora opera.
Denunció que los conflictos que ha tenido con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en Tierra Colorada (cabecera de Juan R. Escudero) y en el valle de El Ocotito fue porque “se metió” Gobernación federal para confrontar “y vendió la idea de que había un pleito por el territorio”.
“Nosotros no traemos ningún pleito por el territorio, venimos consolidando un proyecto de los pueblos donde la ciudadanía día a día toma decisiones que nunca ha tomado”, dijo.
Explicó que el otro 20 por ciento que le falta por trabajar en materia de seguridad a la UPOEG en los pueblos, es en cuanto al empoderamiento de la gente, para que tome sus propias decisiones, “que decida más, que tengan un concepto de forma de reunirse para tomar una decisión colectiva”.
–¿Cómo vivían los pueblos hace cuatro años, concretamente en Ayutla, donde surgió la Policía Ciudadana, qué motivó la creación de esta policía?,– se preguntó al promotor.
–Vivía una población sometida, a cualquier ciudadano de un pueblo lo humillaban, los extorsionaban. Llegaban hasta los aboneros o empleados de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y abusaban de la población y hoy ya no, porque a un pueblo que tiene seguridad ya no tan fácil lo someten o lo humillan.
“Yo creo que sí ha habido cambios. También ha habido errores porque no se puede cambiar tan fácil en cuatro años, pero esos errores los hemos estado cambiando entre todos. No podemos decir que todo es maravilla”, reflexionó.
–¿Hubo algún hecho que derramó el vaso de agua dentro de toda la violencia e inseguridad que se vivía, para que se constituyera la Policía Ciudadana?, porque existe la versión de que se conformó por divisiones con la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias).
–Nosotros nunca hemos tratado de dividir a la gente, en 1995 cuando se formó la CRAC su objetivo fue la seguridad y la justicia, pero después entre todos analizamos que era necesario crear un organismo de pluralidad, que no necesariamente fuera indígena para ejercer el desarrollo de los pueblos en la cuestión de carreteras, luz, reordenamiento de los pueblos. Y cuando llegamos a Ayutla les pedimos a los de la CRAC que vinieran a conformar la policía pero por celos de un grupo radical que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al Ejército y al gobierno, no se pudo. El objetivo nuestro no era confrontar, sino ejercer el poder que le pertenece a cada pueblo.
“Esa fue la ruptura, pero no fue para la división, sino que nuestra separación fue por el radicalismo, y porque buscamos la estabilidad de las comunidades sin distinción de raza. Fue así que el 4 y 5 de enero surgimos, quisimos llamarnos Policía Comunitaria pero ellos emitieron un pronunciamiento en el que nos desconocieron y dijeron que la Policía Comunitaria no actuaba como nosotros. Era lógico porque cuando fundamos la CRAC eran otros momentos, y hace cuatro años la delincuencia era más sanguinaria y más cruel, por eso teníamos que romperlos de otra forma”, afirmó el también ex consejero de la CRAC.
–¿Estás satisfecho, era esto lo que querías que fuera en materia de seguridad y justicia, se está cumpliendo lo que se pensó que fuera?
–No se está cumpliendo, nos hacen falta muchas cosas. Lo que queríamos era fortalecer cada uno de los pueblos, para que ejercieran su libertad de decisiones sin temor a nada. Creo que el proyecto de la UPOEG no se está cumpliendo porque hemos tenido muchos obstáculos desde que se inició este proceso.
“Solamente se instituyó un sistema de seguridad y se están constituyendo los consejos municipales en cada uno de los municipios, pero aún así nos hace falta que encuentre tranquilidad la gente a un 100 por ciento”, agregó.
–¿Es el proyecto original?
–Sí, porque fue garantizar la seguridad de la población, hay abusos de algunos compañeros pero estamos purificando. También en algún momento algunos delincuentes se infiltraron para escuchar y ver qué hacíamos, pero también en eso se está trabajando para seguir en una segunda etapa. No podemos negar, hay infiltración de otros intereses.
–¿Fue lo que pasó en el valle de El Ocotito?
–Fue lo que pasó en el valle y en algunos otros lugares.
–Pero también hay acusaciones del FUSDEG en el sentido de que ustedes le sirven al cártel de la Sierra del Sur.
–Hay acusaciones pero una cosa es acusar y otra es probar lo que uno dice. Hay gente que acusa por celos, hay gente que acusa por salvar sus intereses, pero si ellos cumplieran el objetivo de sus asamblea nosotros no tuviéramos ningún conflicto con ellos. Si el método es la asamblea nosotros no tenemos ninguna discusión con ninguna otra organización, porque facilita el caminar de los pueblos, pero surgen organizaciones para confrontar a los pueblos, son grupos de choque para obstaculizar a otros.
“En este caso el gobierno federal tuvo que meter la mano para justificar que el proyecto comunitario no sirve, evidenciando que entre nosotros mismos nos estamos matando. Ese fue el objetivo de fondo. Lo que pasó en Michoacán quisieron aplicarlo en Guerrero, aquí no se pudo porque se viven otras condiciones”, dijo Plácido Valerio.
–Tu también has declarado que el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava apoyó la constitución del FUSDEG, ¿tu si tienes pruebas?
–Ellos (el Gobierno federal) quedaron muy resentidos conmigo cuando retuvimos a los militares en El Pericón (municipio de Tecoanapa, en agosto del 2013) y desde allí se dedicaron a perseguirme, buscaban detenerme o matarme. Rompieron el diálogo con nosotros, sin embargo a ellos (a los del FUSDEG) les dieron toda la lana para controlar a la organización. Nosotros siempre cuidamos las formas y las seguiremos cuidando.
“El gobierno federal utilizó a compañeros a quienes los hicieron crecer, lo mismo hicieron con Eliseo Villar (ex coordinador de la CRAC) a quien utilizaron con dinero para que nos obstaculizara. Fue utilizado por Gobernación federal para la detención de Nestora y para romper a la CRAC, y credencializar a la Policía Comunitaria.
–¿El FUSDEG es una organización domesticada por el gobierno federal?
–Inicialmente se separaron (de la UPOEG) como una inconformidad interna, pero después los capitalizó Gobernación para justificar la confrontación.

Hubo diálogo con Ángel Aguirre, pero no fue su palero, asegura

–También se dice que la UPOEG fue apoyada en sus inicios por el ex gobernador Ángel Aguirre, es público que Bruno es amigo de Ángel Aguirre.
–No es tanto por la amistad, todos los conflictos sociales terminan buscando a un diputado, a un presidente municipal o a algún gobierno para resolver la inconformidad. Cuando nosotros surgimos el gobernador se vio obligado a dialogar con nosotros para la liberación de los 57 detenidos, cuando queríamos formar un tribunal popular para sancionarlos, fue por eso que él entabló el diálogo con nosotros pero eso no significa que hayamos sido paleros de Ángel Aguirre.
“Nos buscó porque si no, se venía la destitución de Aguirre antes de la desaparición de los 43 (normalistas de Ayotzinapa), porque hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pedía el desafuero del gobernador si no atendía el caso de los 57 detenidos (por la Policía Ciudadana).
–Ahora el gobernador Héctor Astudillo dice que lo que surgió como una solución para la seguridad de los pueblos, se ha convertido en un problema, en referencia a la UPOEG y al FUSDEG, por los enfrentamientos que tienen, ¿la UPOEG asume esta responsabilidad?
–Nosotros no, porque seguimos con el objetivo original de cuidar a la población. Él no puede irse con una sola versión de lo que se diga en un lado. Un gobierno debe analizar a profundidad qué dice la población, no lo que se dice en el Faccebook. Yo creo que ahorita la zona de Petaquillas y del valle de El Ocotito ya está resuelto, solamente hay un diálogo por Tierra Colorada.
–¿Está mal informado el gobernador?
–No mal informado, se fue con una apreciación en un primer momento.
Para Plácido Valerio el proyecto del SSJC no se ha desviado, “lo desviaron otros para justificar la confrontación, a nosotros nos queda bien claro el proyecto”.
Aseguró que los conflictos con el FUSDEG solamente quedan en Tierra Colorada, “de allí para allá todo está resuelto, estamos dialogando”.
Explicó que en Tierra Colorada solamente se está dialogando en la mesa con el gobierno del estado para destrabar el conflicto mediante asambleas, en las que la gente decida en las comunidades.
Informó que cuatro años después de su constitución la Policía Ciudadana del SSJC cuenta con 5 mil 552 hombres armados en 600 pueblos de la sierra del municipio de Chilpancingo y de San Miguel Totolapan. Así como en comunidades de Chilpancingo y Juan R. Escudero, de la zona Centro, además en la zona rural de Acapulco.
Mientras que en la Costa Chica mantiene su presencia en los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, Cruz Grande, Cuautepec, Copala, Marquelia, Cuajinicuilapa y Ometepec.
Este miércoles y jueves la UPOEG hará su asamblea para celebrar el cuarto aniversario de la fundación del SSJC en Cruz Grande, cabecera del municipio de Florencio Villarreal, en donde la agenda será la toma de decisiones en cuanto al incremento al precio de la gasolina, las elecciones por usos y costumbres en los municipios con población indígena y las candidaturas independientes, informó Plácido Valerio.

El relevo del jefe del 27 batallón busca proteger a quienes desaparecieron a los 43, denuncian los padres

El representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega declaró ayer en esta ciudad que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha informado de la inspección de sus agentes en el paraje Las Parotas, al poniente de Iguala, donde se buscan posibles entierros clandestinos.
En declaraciones a reporteros al término de las actividades del segundo día de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, consideró que el relevo de mandos en el Ejército es para “proteger” a los que participaron en los ataques y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en referencia al cambio de mando en el 27 Batallón de Infantería.
De las exploraciones de posibles entierros clandestinos que iniciaron el martes peritos forenses, antropólogos y agentes de los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) en la zona de Las Parotas, cerca del lugar de hallazgo de fosas clandestinas, dijo que a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos no se les está dando información de estas diligencias.
Informó que apenas se reunirán con sus abogados para saber qué es lo que está haciendo la PGR, porque “nosotros no tenemos conocimiento”.
Recordó que una de las exigencias de los padres es que la PGR tiene que avanzar en las investigaciones con la presencia de sus abogados, lo cual fue un acuerdo.
Sostuvo que “ya no hay confianza en la PGR, en el trabajo que realizan, ni en la investigación ni en la búsqueda”, aunque no descartó que en esa diligencia este alguno de los representantes legales de los padres.
Mencionó los cambios, rotaciones y ascensos en el Ejército y en particular el caso del 27 Batallón de Infantería de Iguala, señalado de operar los ataques contra los normalistas, en donde ya hubo dos cambios de jefe militar, uno fue el coronel José Rodríguez Pérez, quien a finales de julio de 2015 fue relevado en el cargo y ascendido a general brigadier, después de los ataques a los 43 normalistas.
El representante de los padres consideró que estos cambios y ascensos a mandos militares son parte de la “protección” para que nunca se investigue al general José Rodríguez ni a los soldados que tuvieron qué ver, “fue ascendido y lo están premiando, es una manera de proteger a este comandante para que nunca se le investigue y que esta investigación nunca se esclarezca”.
De la investigación de la periodista Anabel Hernández que revela que se usaron armas registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que sólo portan sus soldados, y que fueron utilizadas en los ataques a los normalistas, Melitón Ortega exigió que el gobierno dé una explicación de por qué fueron hallados esos casquillos, “¿acaso las armas del Ejército tienen que estar en manos de otras organizaciones y de otras personas?, o ¿cuántas veces se les han perdido las armas o municiones a los soldados del Ejército, o en qué momento pasó”, fueron algunos de los cuestionamientos que hizo.
Una reportera le preguntó de su próxima reunión con el procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade, y el representante de los padres indicó que en tanto no se les informe de la investigación en contra del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, de la detención de dos policías federales y una línea en la que se investigue a los policías municipales de Huitzuco, “no tenemos nada a qué regresar, porque no hay nada qué platicar, queremos avances y resultados en las líneas de investigación”.

 

Buscarán la creación de una fiscalía internacional para hallar justicia, anuncian los padres de los 43

En el comienzo de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos informaron que buscarán la creación de una fiscalía internacional, porque “los que están en el poder no se van a castigar solos”.
Volvieron a responsabilizar al Ejército de la desaparición forzada de sus hijos, e insistieron en que falta voluntad del gobierno federal para encontrar la verdad desde el principio, a dos años y casi tres meses de la agresión de agentes del Estado contra estudiantes en Iguala.
En conferencia de prensa en el casco de la Normal Rural de Ayotzinapa informaron de las actividades de fin de año que incluyen la Acción Global por Ayotzinapa, el día 26, con una marcha-peregrinación a la basílica de Guadalupe y una misa celebrada por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos y el obispo activista de Saltillo, Raúl Vera López.
La mamá del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador explicó que “van a ver a la virgen de Guadalupe, la reina de México, para que les siga dando fuerzas a nuestros hijos. Tenemos fe y esperanza de que van a regresar con vida”.
El papá del estudiante José Ángel Navarrete, Emiliano Navarrete Victoriano señaló la falta de voluntad de las autoridades para encontrar a los 43 estudiantes, a pesar de que todas las investigaciones independientes señalan a los agentes del gobierno, como las revelaciones de la periodista Anabel Hernández que hace tres días presentó en la escuela su libro La verdadera noche de Iguala.
Subrayó “estamos aquí para seguir adelante, pidiendo que sigan las recomendaciones de los expertos internacionales, por sí solo el gobierno no tiene voluntad, sí tiene facultades y capacidades pero desde un principio no ha querido dar respuestas”.
La caravana comenzó a las 11:30 de la mañana en la Normal Rural con una conferencia de prensa y una actividad cultural a las 5 de la tarde. Hoy se trasladarán a Iguala, donde fueron los ataques la noche del 26 de septiembre, a las 10 de la mañana y regresarán a la escuela para salir muy temprano el jueves a Taxco.
El padre reconoció la labor de los activistas, organizaciones sociales y medios de comunicación que dan cobertura a su demanda de presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para poder continuar esta lucha frente a la simulación de las autoridades responsables de investigar e impartir justicia.
“Este gobierno no tiene corazón, esa voluntad… señala que nuestros jóvenes estaban involucrados con el crimen organizado y no hay un elemento de prueba que incrimine a nuestros hijos”, al contrario, recordó que todas las pruebas de diferentes investigaciones señalan la relación de gobierno y la delincuencia, “es más, ellos (las autoridades) son la delincuencia”, afirmó.
El representante de los padres, tío del normalista desparecido Mauricio Ortega Carlos, Melitón Ortega se refirió a los golpes que desde el gobierno han propinado al movimiento.
“Después de la satanización aquí seguimos, en una alianza de unidad estudiantes, padres y organizaciones sociales para que la llama no se apague, y el próximo año seguir la lucha con una nueva estrategia”, adelantó.
Consideró que el gobierno federal intenta desviar la atención del caso Ayotzinapa y dividir a los actores que los apoyan porque sabe que la Policía Federal y la Ministerial intervinieron en los ataques en Iguala, así como los soldados en la desaparición forzada.

Exigen cárcel para Tomás Zerón y para Enrique Galindo

El vocero Felipe de la Cruz, papá de un alumno sobreviviente de los ataques, señaló que Guerrero está militarizado por una política de terrorismo de Estado para callar las voces de protesta con balas de policías y militares, e imponer las reformas del presidente Enrique Peña Nieto.
Aseguró que eso pasó con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala y mediante documentos oficiales la periodista Anabel Hernández señala una lista nombres con apellidos de los perpetradores, como de los funcionarios que trataron de encubrir los hechos, creando la tesis conocida como “verdad histórica”.
“Definitivamente los que están en el poder no se van a castigar solos. Vamos a buscar los medios para crear una fiscalía internacional que pueda juzgar el caso desde fuera. Los militares no controlan la delincuencia, no frenan los crímenes, al contrario, con ellos en la calle se desata la violencia”.
Como ejemplo mencionó a Acapulco, sede de la Novena Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de una base naval de la Marina de la Armada de México, donde confluyen las autoridades policiacas municipales, estatales y federales, sin embargo se mantiene como un foco rojo de violencia en el país.
Reiteró la demanda de cárcel para el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón De Lucio, ahora secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, porque confabuló para crear la “verdad histórica”, que dice que los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, y que ellos los asesinaron y quemaron hasta la cenizas en un basurero en menos de un día. Así como a Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal separado del cargo el 28 de agosto, porque engañó a los padres simulando la búsqueda de los estudiantes.
Con los padres estuvo un representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gonzalo Martínez Villagrán de la sección 9 de la Ciudad de México, que acompaña la gira.

La bitácora de la caravana

La Caravana por la Memoria y la Esperanza estará el 23 de diciembre en Xoxocotla, Morelos, los integrantes ofrecerán una conferencia a los medios locales y sostendrán una reunión informativa con representantes de organizaciones sociales, y a las 4 de la tarde en Cuernavaca tendrán una marcha procesión de la glorieta Niño Artillero para concluir con un mitin en el Zócalo.
El 24 en Amilcingo, Morelos, habrá una conferencia de prensa y en Tepoztlán una reunión con organizaciones,
A las 10 de la mañana el 25 se prevé un acto de recepción para recibir a la caravana en la Ciudad de México. El día de la acción global de cada mes, el 26 de diciembre, a las 10 de la mañana la peregrinación será de Peralvillo a la basílica de Guadalupe. Cierran la jornada el 27 de este mes con una ofrenda floral en el lugar de los ataques, en Iguala.

El grupo de El Tequilero podría huir a una ranchería pero está cercado, considera la autodefensa

El grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan investiga la posible ruta de escape del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, de La Gavia a la sierra luego de que el Ejército cercó ese poblado sin que lo pueda detener.
Una versión es que pudiera irse a una ranchería que está aproximadamente a 5 kilómetros de distancia rumbo a la sierra, luego de la presión de la Policía Ministerial y de los soldados en La Gavia.
La autodefensa cree que el grupo criminal Los Tequileros están cercados pues por un lado están ellos vigilando la ruta hacia la parte del centro, del otro lado del río en las comunidades El Remance, El Cubo y La Tinaja hay grupos que también se armaron y vigilan que ese grupo no cruce el río Balsas.
En tanto que en la parte alta de la sierra está la policía comunitaria que también bloqueó.
En la ruta de la sierra se encuentran los puntos más importantes de cruce hacia la Costa Grande bloqueados por la policía comunitaria que es contraria al grupo de El Tequilero en la comunidad de Petlacala, en Encino Amarillo y más arriba en la comunidad Lindavista.
En las colindancias con Ajuchitlán se encuentran levantadas en armas las comunidades El Coco y La Laja que son otra de las rutas de escape desde La Gavia. Estos grupos son afines a los civiles armados de San Miguel Totolapan.
La valoración de un posible escape hacia la sierra surgió luego de que el Ejército y la Policía Ministerial prácticamente rodearon el pueblo de La Gavia así como su cerro en donde detuvieron a cinco delincuentes y liberaron a tres secuestrados, pero no se ha informado de que entre los detenidos esté el líder de la banda.
El ejército recorre puntos cercanos a la comunidad, considerando que parte de la célula podría ubicarse en otro de los cerros cercanos, pero la autodefensa tiene la versión de que podrían haber tomado una ruta a pie para escapar.

A Los Tequileros les gusta caminar

Entre los integrantes de la autodefensa de San Miguel Totolapan hay víctimas del grupo criminal de El Tequilero, unos han sufrido de extorsiones y otros han tenido algún familiar secuestrado y consideran que una de las principales características de estos delincuentes es que les gusta caminar largos tramos de terreno.
Según los testimonios de secuestrados de Arcelia en enero cuando ese grupo se llevó a 23 vecinos, entraron a esta ruta caminando y ahí se llevaron una camioneta.
Los maestros que también fueron secuestrados a principios de año en Santana del Águila municipio de Ajuchitlán, también confirmaron que tomaron una ruta a pie por los cerros cercanos y que todos los días cambiaban de un punto a otro caminando largas distancias. El cansancio fue tal que el director de la escuela falleció el primer día ya que tenía una complicación física.
A la comunidad de San Jerónimo el Grande también en Ajuchitlán, donde recientemente secuestraron a 10 vecinos, éstos informaron que el grupo de Los Tequileros entraron caminando por el río y por un camino que va de Santana del Águila. Estiman que pudieron haber caminado más de 15 kilómetros.
Por eso la mayoría de los secuestrados han sido liberados en las faldas de los cerros, principalmente los cercanos a La Gavia. Suben y bajan en poco tiempo sin que puedan ser detenidos.

Más de 50 casas de víctimas de secuestros o asesinatos siguen abandonadas en el centro de San Miguel Totolapan

En el centro de San Miguel Totolapan hay más de 50 casas abandonadas porque las familias fueron desplazadas, los dueños ya no quieren volver porque sufrieron secuestros o les mataron a algún familiar en los últimos tres años.
Según la estimación del grupo de autodefensa, esta semana regresaron cerca de 60 integrantes de familias que estaban viviendo en otros municipios o en comunidades alejadas de Tierra Caliente o en otras partes del estado.
Hay todavía una lista de personas que terminaron en los Estados Unidos o en el Distrito Federal huyendo de la violencia de San Miguel Totolapan.
Se estima que son más de 50 casas sólo en la parte del centro que se encuentran abandonadas, y que la mayoría de ellas representan negocios que fueron cerrados desde hace tres años y no volvieron a funcionar.
Por lo menos tres familias de dueños de comercios grandes de materiales y de abarrotes que estaban en el centro, no han regresado y no lo quieren hacer.

Liberan al hijo y al sobrino de un adulto mayor que se sumó a la autodefensa

El miércoles el señor Abacuc de 77 años se sumó a la autodefensa, a pesar de su avanzada edad llevó víveres con la esperanza de que el movimiento le regresaría con vida a su hijo y a su sobrino secuestrados, quienes fueron liberados la tarde de este lunes.
A casi una semana de sus mensaje de apoyo, el movimiento de autodefensa celebró con el señor Abacuc la libertdad de sus dos parientes y la de un amigo de ellos, quienes fueron secuestrados el 28 de octubre en la carretera de San Francisco a Valle Luz, que son dos pueblos muy cercanos La Gavia.
La familia no quiere hacer declaraciones pero su felicidad no la esconde. Hablan una y otra vez con la gente que mantiene la seguridad en San Miguel Totolapan, porque “de no haberse iniciado esto ellos no estarían libres. Sabemos que el gobierno le entró, pero si ellos no se hubieran movido el gobierno no hubiera hecho nada. Fíjese cuánto tiempo llevaban secuestrados y nadie nos hacía justicia”, dicen.
Habacuc dijo el 14 de diciembre “vengo a sumarme a este movimiento para pedirles su apoyo, porque creo que así podrá regresar mi hijo”.
Su mensaje no quiso ser escuchado por la comisión negociadora que envió el gobierno del estado, pero la presión del grupo de autodefensa hizo crecer el movimiento y la exigiencia de que ingresaran al pueblo de La Gavia en busca de El Tequilero.
“Yo soy de los Guajes, me vine caminando desde haya (14 kilómetros), vine a sumarme a este movimiento porque creo que pueden rescatar a mi hijo Abacuc y mi sobrino Tomás. No sé nada de mi hijo desde esa fecha. Me vine andando porque con la ayuda de todos creo que se puede. Yo no sé porque motivo no hacen nada, hay gente que dice que los mataron pero no aparecen. Las autoridades no han dicho nada, no sé nada de mi hijo y de mi sobrino. Ya no quiero que ande por allá, quiero a mi hijo por favor”, suplicó el señor entre lágrimas el miércoles 14, justo después de la liberación del ingeniero Isauro que fue intercambiado por la mamá de El Tequilero.
El lunes oficialmente se anunció la liberación de tres secuestrados, Pedro, Tomás y Abacuc, y la detención de cinco integrantes del grupo criminal Los Tequileros, que los tenían cautivos en el cerro de La Gavia.

Marchan 2 mil estudiantes y padres en Tlapa; exigen seguridad o crearán su policía comunitaria

 

Estudiantes, profesores, padres de familia y representantes de organizaciones sociales marcharon para exigir seguridad a las autoridades municipales, estatales y federales luego del secuestro y liberación tras el pago de un rescate de un alumno de la escuela Secundaria Técnica 132 Caritino Maldonado Pérez, ocurrido hace dos semanas cuando salió del plantel.
Los padres manifestaron que si no se brinda seguridad del Ejército y la Policía Estatal que cuentan con un cuartel en la ciudad, y la Policía Municipal recurrirán a la Policía Comunitaria o se creará en las colonias.
En la marcha participaron más de 2 mil ciudadanos, estuvieron los alumnos de los dos turnos de la secundaria técnica acompañados de profesores, padres y madres que convocaron a la movilización, se sumaron las escuelas primarias Benito Juárez, la Adolfo López Mateos, el jardín de niños Rafael Rodríguez y la preparatoria Número 11, así como organizaciones y grupos organizados.
El secuestro del alumno según la información oficial ocurrió el viernes 9 de diciembre, circuló en las redes sociales un mensaje en el que se llamaba a los padres de la secundaria a tomar precauciones porque “al parecer habían secuestrado a algunos niños”, ese rumor fue confirmado el martes 13, y el comité de padres de familia y profesores convocaron a una reunión urgente.
El miércoles 14 en la reunión se planteó lo del secuestro y la falta de seguridad, ante lo que se acordó que se marcharía este lunes para exigir atención de las autoridades.
Otras fuentes informaron que el niño estaba afuera de las instalaciones de la secundaria cuando llegó un carro de donde bajaron hombres armados y lo subieron con violencia. Horas después pidieron rescate a su familia que al parecer reunió el dinero y fue liberado la madrugada del sábado muy golpeado.
Ayer al frente la marcha los manifestantes llevaban una lona en la que se leía, “La escuela secundaria Técnica 132 manifiesta su rechazo a todas las formas de violencia contra nuestros hijos y la sociedad en general, y nos pronunciamos a favor de la paz”.
En otra exigían a las autoridades municipales, estatales y federales mayor seguridad, “queremos vivir en una sociedad libre de violencia y caminar en las calles con confianza”.
Los manifestantes llevaban globos blancos, vestían playeras blancas y pancartas pidiendo seguridad y alto al secuestro.
Desde un carro de sonido se escuchó el llamado a las autoridades a dar seguridad y “si se alían con los delincuentes peor les va a ir”. Llamaron al pueblo tlapaneco a organizarse y dejar de ser atemorizados por los robos, extorsiones, secuestros, asesinatos y todo lo que implica la violencia.
Pidieron una sociedad sin miedo, que se pudiera caminar y no saber de desmembrados o secuestrados y para eso se deben de organizar, ya que en la Montaña y en Guerrero hay muchos ejemplos de policías comunitarios. “Padre de familia incorpórate para que no sea tu hijo el secuestrado o desmembrado”.
La marcha salió de la secundaria al este de la ciudad al Ayuntamiento donde hubo un mitin, los manifestantes pidieron hablar con el presidente municipal priista Jesús Noé Abundiz García quien generalmente no se encuentra en el inmueble, y lo mismo pasó ayer.
Antes del mitin hicieron un alto frente a la
Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Ahí el primer reclamo de los padres de estudiantes que tomaron el micrófono fue que las autoridades municipales se comprometieron a participar en la marcha en la reunión que tuvieron en el plantel la semana pasada, pero “no lo hicieron, los esperamos, son cómplices de los delincuentes”.
Ahí un padre mencionó la paradoja de contar con un cuartel militar y de la Policía Estatal en esta ciudad y que no se tenga seguridad, “y ni hablar de la seguridad pública municipal” porque la violencia aumenta y si no se contiene los jóvenes y padres “nos organizaremos para formar policías comunitarias como se hace en los pueblos para no permitir agresiones”.
Dijo que en diversos momentos han pedido audiencias con el alcalde sin que se les dé una respuesta, “ahora el pueblo ya no tiene miedo”.
Exigió el compromiso de las autoridades a que no habrá más atropellos, y precisó lo único que buscan es justicia y respeto a los derechos humanos de los niños.
El secretario general del Ayuntamiento, Julio César Naranjo Jiménez intentó participar para decir que hacen su trabajo, pero no lo dejaron hablar gritando que querían ver al presidente municipal, el grito se extendió y lo obligó a dejar el micrófono visiblemente molesto.
Una profesora reclamó el incumplimiento de los acuerdos con el Ayuntamiento de poner policías municipales y de tránsito para cuidar el plantel, además de colocar luminarias.
Pidieron al alcalde que diera la cara porque la solución no estaba en los trabajadores, pero éste no llegó, más tarde se supo que repartía láminas a integrantes del movimiento antorchista en la unidad deportiva.
Los padres y profesores se reunieron con el secretario para que firmara la minuta de los compromisos que adquirió en la reunión y se retiraron del Ayuntamiento.

En Iguala participaron unos 40 funcionarios del Ejército y policías que pueden ser identificados: Anabel Hernández

 

La periodista Anabel Hernández presentó en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzianapa su libro La verdadera noche de Iguala, donde destaca la participación del Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Ministerial, en los ataques a los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes.
En este crimen participaron unos 40 funcionarios del gobierno que pueden ser claramente identificados y sometidos a procesos, incluso pocas horas después de los hechos, ante los dictámenes periciales de balística, videos, bitácoras del C-4 y testimonios de los sobrevinientes y de ciudadanos que presenciaron los hechos.
De esto dijo que se trata de autoridades de la 35 Zona Militar, del 27 Batallón de Infantería, la PGR, la SSP y la Policía Ministerial del estado, así como policías municipales de Iguala.
La periodista dijo que, durante los dos años que investigó para este libro no encontró ningún indicio de que los estudiantes estuvieran involucrados con el crimen organizado, como quiso mostrar el gobierno.
Anabel Hernández contó que a finales de 2014 inició su investigación, luego de que la PGR integró una averiguación manipulada, porque la intención de la autoridad desde un principio fue esconder la verdad, ocultar las pruebas periciales, forenses, las pruebas de balística que eran fundamentales, para encontrar incluso que soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército dispararon a los autobuses donde se transportaban los normalistas.
Comentó que el ejemplo de amor de los padres que emprendieron esta lucha fue el que la hizo desde el exilio involuntario en el que se encontraba, y al que la obligó el gobierno de México, regresar al país a investigar lo que realmente pasó la noche de ese 26 de septiembre.
Resaltó que durante este tiempo, el mismo gobierno ha querido dividir a la sociedad mexicana, y que entre algunos sectores lo ha logrado, y aunque localizar a los 43 normalistas es asunto de verdad y justicia, lo hace parecer solamente como un asunto ideológico y político.
“Para mí, que he hecho esta investigación durante más de dos años, y que llevo más de 23 siendo periodista de investigación –que he hecho muchas, muchas investigaciones muy complejas–, he dedicado los últimos 11 años de mi vida a investigar el crimen organizado en este país, cómo funciona, cuáles son los botones que lo detonan; les puedo decir que veo con absoluta claridad que el tema de los 43 estudiantes desaparecidos no es sólo un tema de 43 personas o de sus padres o de sus compañeros, es un tema que condena, que sintetiza lo que hoy es México, y nos involucra a todos”, dijo Anabel Hernández.
La periodista les leyó a los padres de los normalistas una reflexión que preparó para ellos, donde expuso que lo único que los normalistas buscaban era la transformación del país a través de la cultura y la democracia, y que, sin embargo, el Estado mexicano intentó criminalizar la protesta y dividió a la sociedad, haciendo ver las exigencias de los estudiantes como un tema de lucha ideológica y no de justicia social.
“Pareciera que el sistema político mexicano prefiere jóvenes sin educación, sin empleo, ni futuro, que engrosen las filas de la miseria y del crimen organizado, a que haya jóvenes educados como ustedes, que luchen por sus derechos y transformen a este país en una verdadera democracia”, leyó.
Agregó que “para comprender lo que pasó en Iguala y la impunidad de los crímenes había que entender que para el gobierno de México los estudiantes de esta escuela eran más peligrosos que los propios carteles de la droga, quizá porque con los carteles de la droga, el Estado mexicano siempre ha encontrado la maneras de convivir y encontrar intereses en común”.
Explicó que los hechos antes, durante y después de esa noche representan dos crímenes deleznables que pusieron a prueba al sistema político y de justicia de México.
El primero, dijo, fue el de los ataques perpetrados en la noche del 26 y 27 de septiembre, del que resultaron muertos seis civiles, entre ellos tres estudiante, 16 normalistas lesionados de armas de fuego y 43 desaparecidos.
El segundo crimen fue el que comenzó en el instante que inició la investigación de las autoridades para encontrar a los 43 y castigar a los responsables.
En este crimen y en su encubrimiento, las instituciones responsables de procurar justicia fabricaron culpables mediante torturas, manipulación y desaparición de pruebas, ejemplificó. Indicó que participaron funcionarios del más alto nivel en México, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Gobernación, la PGR, el Cisen e incluso la Presidencia de la República.
“A todos, periodistas, organizaciones sociales de derechos humanos y a la sociedad en general, nos corresponde que esta tragedia en México no sea una más, que los responsables de los hechos de esa noche y que quienes los han encubierto durante dos años y tres meses sean sometidos a juicio, no sólo por un derecho de los familiares de quienes fueron asesinados, desaparecidos, sino de toda la sociedad mexicana”, subrayó la periodista.
Añadió que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto debería ser el primero en estar presente y honrar a los jóvenes de Ayotzinapa, haciendo que las instituciones encuentren y provean justicia, pero que no ha estado y ni estará.
Anabel Hernández subrayó que, “si el jefe del Ejecutivo no encuentra las condiciones para hallar a los estudiantes desaparecidos, dar verdad y justicia a la sociedad mexicana en este caso, debemos ayudarle y solicitar que se conforme un tribunal internacional especial en este caso que sancione a todos los responsables”.
Ahondó que, como periodista de investigación ha tratado de hacer su contribución, la búsqueda de verdad y justicia. Y que pudo separar la mentira histórica fabricada por el Estado de los hechos reales y que dio visibilidad a las víctimas y a los victimarios en esta historia.
“Hoy, entrego a ustedes el resultado de esta modesta colaboración, esperando sea útil y dé un poco de luz a los hechos que el gobierno de México pretendía ocultar en la obscuridad de la fabricación de la llamada verdad histórica”, dijo.

Hay documentos en los que se considera a los normalistas un problema de seguridad nacional, dice

Anabel Hernández contó que, en esta investigación tuvo acceso a un documento secreto del gobierno mexicano en el que considera a los normalista de Ayotzinapa un problema de seguridad nacional.
De los documentos a los que accedió y que dijo que han incomodado al gobierno, detalló que son investigaciones internas que hizo la Visitaduría General de la PGR. Una focalizada en el antiguo jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Zerón de Lucio, en la que indica que con dolo sembró pruebas de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados, y sus restos tirados al río San Juan.
El otro documento es de una auditoría que se hizo a los cientos de tomos que conforman la averiguación previa de lo que pasó en Iguala, un documento de más de mil páginas.
Dijo que uno de los documentos, de 177 fojas, ya está disponible en la página de internet www.laverdaderanochedeiguala.com, y que hará público el segundo documento en enero.

Los ataques pudieron ser para recuperar los autobuses que llevaban droga, indica

Durante la ronda de preguntas de los asistentes, el padre de uno de los normalistas preguntó si los dos autobuses de la Estrella de Oro que fueron atacados realmente llevaban heroína.
Anabel Hernández respondió que, de acuerdo con documentos que consultó en la investigación, entre ellos la denuncia penal que hizo la empresa tras la toma de los dos autobuses, está la hipótesis que el 22 de septiembre, cuando los normalistas tomaron al azar estos autobuses no se percataron del contenido, y se los llevaron a Iguala el 26 de septiembre; en el trayecto fueron monitoreados por el C-4, y sucede el ataque de soldados y policías para, supuestamente, recuperar los camiones.
Los padres agradecieron a la periodista su investigación y aportación en la búsqueda de la verdad y para poder dar con el paradero de sus hijos.
La editorial Grijalbo donó 43 libros para cada uno de los padres, que fueron dedicados por la periodista, que se comprometió a regresar si los padres se lo piden, después de leer el libro, para seguirle planteando sus dudas.

Reportan un soldado y un policía ministerial heridos en un enfrentamiento contra Los Tequileros

La madrugada de este sábado soldados del Ejército y policías ministeriales se enfrentaron a balazos contra civiles armados del grupo criminal Los Tequileros, en la comunidad La Gavia del municipio de San Miguel Totolapan. Se reportaron un militar y un agente ministerial heridos.
Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la mañana cuando el Ejército y la Policía Ministerial patrullaba cerca de La Gavia, y se dirigía a esa localidad como parte de las acciones para detener al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
Se informó que alrededor de la 1:30 de la mañana se toparon con una camioneta Nissan abandonada en el trayecto, mucho antes de que llegara el convoy, ahí les dispararon y los agentes repelieron la agresión.
No se reportaron detenciones ni heridos de los civiles armados, solamente se informó de que un militar y un policía ministerial fueron lesionados. Al parecer no de gravedad pero fueron trasladados a un médico.
Los disparos se escucharon hasta el centro de San Miguel Totolapan. La autodefensa ya tenía puestos de control en las entradas y en algunos de estos puntos dispararon al aire, porque pensaron que era un ataque a larga distancia contra ellos.
Este sábado en la mañana se confirmó que no hubo muertos, sólo se decomisó la camioneta y ocho armas largas que quedaron en manos del Ejército. El grupo no avanzó más en busca del grupo de Los Tequileros.
El Ejército ha mantenido con hermetismo la estrategia para entrar a la localidad, el camino está lleno de piedras para evitar el ingreso de las fuerzas de seguridad.
No se informó de alguna detención este sábado ni del aumento de medidas del Ejército o la Policía Ministerial luego de este enfrentamiento.
La comunidad La Gavia se ubica a cerca de 5 kilómetros de distancia de la cabecera municipal, es considerada la guarida de El Tequilero.
En esa localidad en el 2010 fueron asesinados tres policías ministeriales en un enfrentamiento contra civiles armados.
En el 2012 mataron a dos policías municipales que intentaron ingresar al pueblo. En noviembre de 2015 hubo un enfrentamiento entre militares y civiles. Se informó del homicidio de un mando militar pero que fue retirado de inmediato de la zona, y no se registró oficialmente, sólo se decomisaron armas y vehículos.
El lunes en San Miguel Totolapan se formó con ciudadanos un movimiento de autodefensa, luego del secuestro el domingo del ingeniero Isauro de Paz Duque, los pobladores retuvieron a la madre de El Tequilero que se encontraba en la iglesia católica como parte de las festividades por el Día de la Virgen de Guadalupe. Junto con ella retuvieron a 24 personas más incluyendo a una regidora priista.
El miércoles intercambiaron al ingeniero por la madre del líder de la banda que lo secuestró pero retuvieron a los demás. Poco a poco fueron liberando a personas, y se quedaron con 20, hasta el viernes, cuando todos fueron liberados pero cuatro, entre ellos la regidora María del Carmen Barrera Navarro, a quien le encontraron una lista con los nombres de 32 vecinos que serían las próximas víctimas de la banda criminal, fueron entregados a la Fiscalía General del Estado.
El resto acordó con sus familiares reivindicarse con la sociedad mediante labores.
Colocan barricadas

El grupo de autodefensa de manera paralela a las labores del Ejército y de las policías del Estado y Ministerial, colocaron barricadas en las entradas de San Miguel Totolapan con más de ocho civiles armados en cada punto, además vigilan los puntos altos y las colindancias con el río Balsas.
Recorren las calles y las diferentes colonias y tienen el control del edificio de la comandancia policiaca, a la que le rotularon Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan. Las camionetas que usa el movimiento son particulares y llevan banderas blancas.
También utilizan una camioneta de Protección Civil y una patrulla que estuvo más de año y medio parada en la calle, cargada de artículos de desecho que tenía la comandancia.
La Policía del Estado mantiene la base tal y como se acordó en la zona, para brindar seguridad en la cabecera municipal y también hay una base del Ejército.

Aumenta el comercio en las calles

Aún cuando todavía hay varios negocios fijos cerrados este sábado se estableció como cada fin de semana el tianguis en las calles del centro, y logró mover a cientos de personas que se fueron a surtir de diversos productos que ya no había.
Se observaron camionetas llegando de diferentes pueblos para hacer compras. Según lo que comentaron los comerciantes, no fue como otros fines de semana. Las ventas fueron bajas pero en comparación con el resto de la semana que se vieron todos los negocios cerrados, este sábado hubo más actividad.
En un boletín el gobierno dijo que “derivado de las investigaciones que la Fiscalía General del Estado realiza con relación al enfrentamiento entre Ejército y tequileros, fueron encontradas ocho armas AK-47 en la zona donde escaparon los agresores”.
El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia señaló que se integró una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades contra quienes se enfrentaron a los militares y policías ministeriales.
Señaló que la operación contra El Tequilero y su banda continuará hasta lograr la detención de los integrantes de este grupo delictivo.

Aumentan robos a casas en la periferia de Chilpancingo pese a Vecino Vigilante, denuncian

Colonos de la periferia de Chilpancingo recriminaron que las policías municipal, estatal y federal no hacen recorridos en las sus colonias, y que a pesar de contar con el programa Vecino Vigilante continúan los robos en las casas.
En un recorrido en las colonias, Anáhuac, Trinchera, La Herradura y Plan de Ayala, los colonos informaron que han aumentado los asaltos a casas habitación.
La colonia Plan de Ayala, en la que se aplica el programa Vecino Vigilante, los vecinos dijeron que han ocurrido robos en las casas y que no interponen denuncias ante la falta de respuesta de las autoridades.
Además, en esa colonia han ocurrido varios asesinatos; en noviembre fueron asesinados en hechos distintos un checador y un chofer de Urvan del transporte público, que fueron ejecutados a balazos.
En la colonia La Herradura, que está lejos del centro de la ciudad, se observó que no hay policías vigilando.
Los vecinos informaron que han ocurrido asaltos, como el de una casa donde los asaltantes se metieron a robar, amarraron a un joven y se llevaron todo lo que tenía.
Dijeron que en varias ocasiones han solicitado el apoyo de las autoridades municipales, quienes sólo les sugieren integrarse al programa Vecino Vigilante.
De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública municipal, Estaban Espinosa Montoya, el municipio tien 114 policías, pero hacen falta 300 para brindar seguridad, en las 300 colonias que han solicitado el programa.
En el primer cuadro de la capital se ha observado que policías municipales, estatales y federal, además de soldados del Ejército, hacen recorridos de vigilancia, pero en las colonias de la periferia no.