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Denuncian organizaciones que el gobernador abandonó molesto una reunión y piden garantías de seguridad

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.

El encuentro se tornó ríspido

Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.

En Atoyac exigen seguridad

En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.

Los gobiernos federal y estatal son omisos con las víctimas de la masacre de El Charco, dice el relator de la CIDH

 

El relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Enrique Gil Botero, señaló que los gobiernos de México y de Guerrero son omisos e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas contra las víctimas de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla.
Ayer en un diálogo con representantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, durante las audiencias del organismo en Panamá, la organización civil que solicitó la apertura del caso ante el organismo internacional, informó del acercamiento con el comisionado en el 159 periodo de sesiones públicas de la CIDH, mediante un breve comunicado.
En este diálogo la sobreviviente de la masacre, Ericka Zamora Pardo habló de la tortura a la que fue sometida por el Ejército, luego del ataque de militares a una escuela en donde ejecutaron a 10 indígenas na savi y al estudiante Ricardo Zavala, el 7 de junio de 1988.
Recordó que hay una petición de justicia ante la CIDH que interpusieron los sobrevivientes, y el señor Gil Botero reconoció la importancia de que el caso “tenga un informe de fondo, ya que han pasado más de 16 años de los hechos y los sobrevivientes de la masacre se encuentran en total desprotección y con las secuelas de la tortura que sufrieron”.
Agregó que “tanto el gobierno del estado de Guerrero como el gobierno federal son omisos a esta masacre, e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas de las que fueron víctimas la y los sobrevivientes de esta masacre”.
Los abogados de los sobrevivientes, Ernesto Rodríguez y Magdalena López, denunciaron que la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, el acoso a las y los activistas y las ejecuciones son continuas.
Aseguraron que la admisibilidad de este caso en la CIDH será un precedente que frenará la violencia que se vive día a día, porque es necesario frenar ya las ejecuciones.
Antes, la Red informó que había vencido el plazo para que el gobierno mexicano respondiera ante la CIDH sobre lo ocurrido el 7 de junio de 1988 en El Charco, Ayutla.
En otras comunicaciones reveló algunos aspectos de la respuesta de los militares, que no reconocen los 11 asesinatos, a pesar de que las víctimas tenían tres y hasta 10 tiros de bala, y justifica la matanza porque al final de la agresión encontraron cuatro armas largas, cartuchos de diferentes calibres, cobertores, vestimentas verdes y libros insurgentes.

 

Siguen impunes los asesinos de los normalistas en el desalojo a la autopista, denuncia Felipe de la Cruz

 

El plan de acción de fin de año de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos comienza el próximo sábado, en la Asamblea Nacional Popular que se reúne en la Normal Rural en Tixtla, y continúa con la conmemoración del desalojo a balazos de una manifestación de normalistas en la Autopista del Sol ocurrida el 12 de diciembre de 2011, informó el vocero Felipe de la Cruz.
En Chilpancingo a donde acudió a invitar a organizaciones magisteriales y sociales a que vuelvan a participar en la ANP de Ayotzinapa, el activista añadió que el 20 de diciembre comenzará una caravana que llegará el 26 de diciembre a la basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y ahí los padres participarán en una misa de 27 meses de los crímenes de Iguala.
Señaló que algunos de los puntos de la caravana serán Taxco y Cuernavaca, y que se tiene previsto un mitin en la caseta de cuota de Tlalpan el día que lleguen a la Ciudad de México, y de ahí ir a la basílica.
Como de costumbre el día 27 llevarán una ofrenda floral a los sitios donde fueron asesinados los normalistas César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo en los ataques de la fuerza pública en Iguala.
De los hechos del 12 de diciembre donde policías estatales, federales y ministeriales desalojaron a balazos el bloqueo de los normalistas, asesinaron a dos estudiantes, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexander Herrera Pino e hirieron a tres más de bala, De la Cruz denunció que sigue la impunidad y los perpetradores materiales e intelectuales siguen “como si nada paseando por las calles, como si no hubieran matado, sigue el encubrimiento (de los políticos) entre ellos mismos”.
Mencionó que Ángel Aguirre Rivero era gobernador cuando ocurrió la agresión a los estudiantes, así como la noche en que fueron atacados, asesinados y desaparecidos los normalistas en Iguala, en 2014.
Agregó que con los padres de los desaparecidos están visitando las regiones para llamar a la unidad el 12 de diciembre, para que las muertes de Gabriel y Alexis no queden impunes, aunque es una fecha dolorosa para sus padres, consideró que debe ser también un día de dignidad y de rabia.

Encubrimiento político y militar

Por otro lado, informó que el mecanismo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisa las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) antes de salir del país, particularmente de la participación de los policías de Huitzuco y del personaje identificado como El Patrón, a quien se presume fueron llevados un grupo de los 43 normalistas desaparecidos.
También la participación de los militares, que se negaron a ser entrevistados por los expertos independientes, y que nuevas investigaciones periodísticas los colocan en los ataques a estudiantes, así como en los escenarios de la desaparición.
Aclaró que aún mantienen la posición de no reunirse con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), mientras no sean investigados y sancionados los funcionarios responsables de graves irregularidades cometidas durante la primera fase de la investigación, principalmente, el anterior director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio
Desde que los padres se levantaron de la mesa ha habido rotaciones en los cargos federales relacionados con el caso Iguala. De entrada Zerón de Lucio fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad nacional. En octubre la procuradora Arely Gómez se fue presidir la Secretaría de la Función Pública y fue sustituida en la PGR por Raúl Cervantes Andrade. Hace un mes el subprocurador de Derechos Humanos, y responsable de la oficina de investigación del caso Iguala, Eder Omar Betanzos, fue nombrado subsecretario de la Función Pública, y en su lugar en la PGR quedó Sara Irene Herrerías Guerra.
De las actuaciones de la Oficina de Investigación, De la Cruz aclaró que no están de acuerdo en que todos los esfuerzos están dirigidos a buscar a los 43 normalistas muertos, “son dos años y meses de los crímenes y la PGR no pueden demostrar que están fallecidos. Por eso la insistencia nuestra de que los busquen en vida”.
Insistió en que se abran los cuarteles, ya que los militares también son protegidos, dijo en relación con el nombramiento del exjefe militar de Iguala, Alejandro Saavedra Hernández, que fue nombrado inspector y Contralor General de la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Chilpancingo, Chilapa y Tixtla requieren mayor atención, dice el nuevo jefe de la 35 Zona Militar

El problema de inseguridad en la región Tierra Caliente es por la pugna entre dos grupos que se secuestran familiares unos a otros, dijo el general José Francisco Terán Valle después de rendir protesta como comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo.
El general brigadier diplomado del Estado Mayor, José Francisco Terán asumió ayer de manera formal como comandante la 35 Zona Militar, le tomó protesta el jefe de la Novena Región Militar, el general Germán Javier Jiménez Mendoza.
Al término del acto protocolario se le preguntó cuáles son las prioridades que tiene, a lo que respondió que trabaja con los grupos de coordinación y seguridad para mantener la vigilancia en las diferentes zonas conflictivas.
Se refirió a Chilpancingo, Chilapa y Tixtla como las zonas que requieren mayor atención por el repunte de violencia de las últimas semanas que ha dejado decenas de asesinatos.
Recordó que la cobertura de la 35 Zona Militar abarca la Tierra Caliente, dy dijo que “la problemática ahí se debe a dos grupos en pugna prácticamente, que se secuestran familiares unos a otros”.
Dijo que a partir de los secuestros “seguramente hay reconocimientos intensos, se libera pero es muy característico de ahí, de esos dos grupos en pugna”.
–¿El secuestro colectivo?–, preguntó un reportero, “pues así es, es un modus vivendi de grupos que bajan de la sierra”, expuso pero no habló más del tema.
De la región Centro en Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, en los que hubo un repunte de la violencia, dijo que se debe a una pugna entre dos grupos criminales, principalmente en la zona Norte del último municipio, que se disputan el control del territorio en referencia a Los Rojos y Los Ardillos, que tienen su bastión en el municipio vecino de Quechultenango en la comunidad de Tlanicuilulco.
En el caso de Chilpancingo dijo que no existe el problema de la disputa del territorio “aquí estamos viendo trabajos conjuntos para mejorar la seguridad”, y agregó que tendrán una reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero.
Dijo que su misión es seguir coordinando “intensamente” a las autoridades federales estatales y municipales, no sólo en seguridad sino en labor social, de participación en la educación y en actos cívicos, además de obras sociales.
De las policías ciudadanas de diferentes municipios y las que se disputan el control de territorios: el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), dijo que el gobierno del estado es el que se encarga de las pláticas y que la intervención del Ejército es únicamente evitar enfrentamientos en el área.
Cuando se le preguntó de la presunta participación del Ejército en los ataques contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, donde estaba en septiembre de 2014, dijo que no podía dar declaraciones de ese tema.
A la ceremonia militar de toma de posesión y protesta de bandera, que se realizó minutos después de las 9 de la mañana de ayer en una explanada de la zona militar, fueron el rector de la Universidad Autónoma de Guerreo (UAG) Javier Saldaña Almazán y el alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena.

La delincuencia disminuye y “los números ahí están”, dice también Héctor Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores confió que con la llegada del general Germán Javier Jiménez Mendoza como nuevo comandante de la Novena Región Militar habrá la misma coordinación que con el general Alejandro Saavedra Hernández.
Sobre la reducción de la delincuencia, como lo dijo el nuevo mando militar, el gobernador coincidió en que “los números ahí están”.
Astudillo cortó ayer el listón de los proyectos de condominios Velera y Península, en la exclusiva zona Diamante, con una inversión de 2 mil millones de pesos y allí reiteró que las cosas negativas no pueden parar el desarrollo de Guerrero.
Este viernes el general Germán Javier Jiménez Mendoza tomó protesta como nuevo comandante de la Novena Región Militar en sustitución de Alejandro Saavedra Hernández, quien ahora es inspector y contralor general del Ejército y la Fuerza Aérea.
Al gobernador se le pidió su opinión sobre el cambio de mando y dijo que ya lo había platicado con el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, en su reciente visita a Guerrero, y que expresaba su bienvenida al nuevo comandante, con quien seguramente se reunirá en los próximos días.
Explicó que no estuvo en la toma de protesta para recibirlo porque su agenda se complicó, pero reiteró que espera verlo en los próximos días.
Astudillo Flores indicó que su gobierno mantiene una gran coordinación con el Ejército para enfrentar la inseguridad en el estado.
Dijo que está “convencido que trabajaremos de la misma manera, con una gran coordinación como lo hicimos con el general Alejandro Saavedra, y por supuesto le decimos al general Saavedra que le vaya bien y le damos la bienvenida a quien ha llegado”.
Sobre las primeras declaraciones del general Germán Javier Jiménez, de que hay resultados en la lucha contra la delincuencia y que el problema en parte es de percepción, el gobernador respondió: “Los números ahí están”.
Añadió que hay hechos mediáticos que pegan mucho y “yo creo que los hechos que sucedieron hace algunos días, como el secuestro colectivo en Ajuchitlán, el caso de las policías comunitarias, las balaceras que se dieron en Tierra Colorada y por supuesto también los acontecimientos de Teloloapan, más los homicidios dolosos que hay, que normalmente se dan entre grupos de la delincuencia, eso hace que se haga mucho ruido, en algunos lugares del país hay violencia similar o más, no se comenta mucho, pero estamos en Acapulco, estamos en Guerrero”.
Al gobernador se le preguntó sobre el hecho de que los maestros insisten en irse antes de lo que marca el calendario escolar y nada más respondió: “sin comentarios”.
Sobre el tema de la desaparición del dirigente transportista Juan Mendoza Tapia y tres personas, más el gobernador indicó que “hay toda una operación para buscarlos, se ha ido haciendo, hay algunos elementos que la Fiscalía ha proporcionado y nos ha dicho, por supuesto no ha sido suficiente para saber dónde está, hay que seguir buscándolo de manera tal que podamos saber qué es lo que sucedió con su desaparición”.
El gobernador Héctor Astudillo se congratuló de la inversión en los condominios Velera y Península, donde la inversión fue casi de 2 mil millones de pesos, y dijo que ante el arranque de las fechas navideñas es muy apropiado, “es un mensaje de confianza para Acapulco, para que Guerrero camine”.
Ante el presidente del consejo grupo Península, Felipe Tomé Velázquez e invitados, el gobernador Héctor Astudillo manifestó que es buen momento para presentar los proyectos, que cada vez que hay una acción como esa “a nosotros nos da mucho entusiasmo, porque es muestra de confianza en Acapulco y Guerrero”.
Indicó que espera que ese proyecto sirva para “estimularnos y pensar que Guerrero tiene cosas muy importantes por las cuales luchar”.
Reiteró que Guerrero no se puede parar, “las cosas negativas no pueden pararnos, esas hay que acomodarlas en su exacta dimensión, pero hay cosas muy importantes de inversiones que generan empleo y muchas otras cosas más, especialmente en una temporada tan importante”.
Mientras que el empresario y presidente del Grupo Península, Felipe Tomé Velázquez, indicó que en Acapulco se siente en casa y “no hay ningún lugar en el país donde hayamos tenido una acogida tan cercana como esta”.
Aseguró que esas obras son de vanguardia y con la mejor calidad de construcción.
El empresario señaló que a ellos no les gusta poner las primeras piedras sino mostrar lo que saben hacer.
Por su parte, el alcalde Evodio Velázquez agradeció a los empresarios de Península porque desde hace muchos han confiado en Acapulco. Dijo que con ese acto se manda el mensaje de que en Acapulco hay una gran condición para poder invertir, para poder fortalecer la economía del país, para poder atraer las inversiones ante las circunstancias que se presentan a nivel internacional.
Señaló que Acapulco es una opción real para invertir, una opción real para demostrar que es un paraíso y para ello se ha hecho un trabajo conjunto con el gobierno del estado y el gobierno federal.

Atacan a la Tecampanera, secuestran a dos y hieren a dos en Teloloapan; señalan a La Familia Michoacana

Civiles armados presuntos miembros del grupo criminal La Familia Michoacana atacaron la tarde de ayer de forma simultánea dos bases de vigilancia de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, lo que dejó a dos lesionados.
Una hora después del ataque en el centro de la cabecera municipal dos personas fueron secuestradas.
En la tarde vía telefónica el alcalde perredista de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño confirmó los ataques y a los dos comunitarios heridos que dijo no son de gravedad, dio a conocer que hombres desconocidos intentaron levantar a una persona pero la comunitaria intervino y el plagio no ocurrió.
Asimismo informó que hasta ayer a Teloloapan no habían sido enviados policías federales ni soldados del Ejército, como prometió el gobierno del estado para reforzar la seguridad en el municipio.
A las 3:32 de la tarde de ayer, integrantes de la comunitaria Tecampanera informaron a El Sur que en ese momento había balaceras en distintos puntos de Teloloapan, que se oyeron más de 200 detonaciones de armas de grueso calibre.
Minutos después confirmaron el ataque a dos bases de seguridad, vigilancia y revisión, uno en el punto conocido como Blanca, que se ubica al oriente de la cabecera municipal y que está en el camino de terracería que va a la comunidad de Tierra Blanca y el municipio de Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco).
El otro ataque fue a la base Hornos, ubicada al poniente de Teloloapan en un camino pavimentado que comunica a la cabecera municipal con el poblado de Tianquizolco, municipio de Cuetzala, en este punto dos comunitarios fueron lesionados, al lugar llegó una ambulancia que los trasladó a un hospital de ese municipio.
Se informó que tras el ataque grupos de comunitarios de la Tecampanera salieron a los cerros a perseguir a los sicarios, quienes huyeron hacia la comunidad de Río Zayulapa, asentada en los límites del municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente, donde antes ya se había denunciado la presencia de hombres armados con vestimenta tipo militar, de una célula de La Familia Michoacana.
Cerca de la zona en la que fue el ataque a la base Hornos, comunitarios localizaron decenas de casquillos percutidos calibre .223 y 7.62 para fusiles AR-15 y AK-47.
Poco más de una hora después de los ataques, a las 5:15 de la tarde uno de los comunitarios dio a conocer que dos personas habían sido levantadas en el Zócalo de la cabecera municipal, uno de ellos un cartero y el propietario de una casa de alimento para ganado por el cual los delincuentes ya estaban exigiendo el pago de un rescate a sus familiares, para su liberación.

El gobierno no cumplió los acuerdos, se queja la Tecampanera

Por separado, otro de los comunitarios consultado sobre los hechos reclamó la falta de cumplimiento de los acuerdos del gobierno del estado para dar seguridad al municipio, luego de la reunión que sostuvieron el viernes de la semana pasada con el secretario de gobierno, Florencio Salazar Adame.
Entre el miércoles y jueves de la semana pasada los comunitarios de la Tecampanera tomaron el Palacio Municipal, cerraron tiendas de autoservicio y de cadenas comerciales, posteriormente retuvieron más de 24 horas unos 200 camiones y tráileres de carga de empresas trasnacionales y de empresas de servicios para presionar a las autoridades.
Ayer la fuente lamentó que los policías estatales que enviaron a la cabecera municipal y las bases de Totoltepec y Alahuixtlán, “se la pasan encerrados”, no hacen recorridos ni retenes.
Hasta minutos antes de las 8 de la noche los comunitarios no habían dado a conocer nuevos hechos ni resultados de la persecución y búsqueda de los delincuentes que atacaron sus bases.

Atacan a balazos 12 sicarios a un hombre en Chilpancingo; hay una mujer herida

Al menos 12 civiles que portaban armas de grueso calibre atacaron a balazos a un hombre que circulaba por el bulevar en la colonia Galeana en esta ciudad.
Fuentes policiacas informaron que a las 6:25 de la tarde de este sábado se reportó un enfrentamiento a balazos entre civiles en esa colonia, frente a la tienda comercial Aurrerá y a la unidad deportiva.
Al lugar acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), agentes de la Policía Federal y del Ejército, quienes encontraron abandonado un vehículo modelo Seat Toledo con placas HCW-58-77 con cuatro impactos de armas AK-47 o Cuerno de Chivo y AR-15.
Según reportes policiacos, el conductor del Seat se encontraba en el carril de norte a sur del bulevar, frente a la unidad deportiva de la colonia Galeana, cuando al menos 12 civiles fuertemente armados le dispararon desde el otro carril.
El conductor huyó a pie en dirección a la colonia PPS, que colinda con la Galeana, luego de abandonar su vehículo frente a un puesto de tacos ubicado en la esquina de la unidad deportiva, donde resultó herida en una pierna una mujer identificada como María de la Luz, de 43 años, quien estaba cenando cuando ocurrió la balacera y fue trasladada a la clínica del ISSSTE.
Las detonaciones provocaron zozobra en los vecinos y que los clientes de Aurrerá pidieran a los trabajadores que los dejaran salir por las puertas de emergencia, una mujer embarazada a quien se identificó como Sandra Hernández Gómez y se encontraba en la tienda tuvo una crisis nerviosa que le provocó un parto prematuro, según fuentes policiacas que no precisaron a qué hospital fue trasladada para su atención médica.
Pese a que los hechos provocaron la movilización del Ejército y la Policía Federal, cuyos agentes instalaron retenes de vigilancia en distintos puntos del bulevar, una hora después se observó que frente a la unidad deportiva de la colonia Galeana, unos siete hombres estaban tomando cerveza a pocos metros de los agentes que acudieron a resguardar la zona.
Los trabajadores de la taquería se disponían a continuar el montaje de su puesto para seguir vendiendo.

Hay escuelas cerradas y falta de médicos debido a la violencia en Ajuchitlán, dice el alcalde

 

 

En Ajuchitlán hay calma debido a la presencia del Ejército y de la Policía del Estado que llegó después del secuestro masivo en la comunidad de San Jerónimo el Grande, aseguró el presidente municipal Onofre Santana Ramírez.
En Coyuca de Catalán dijo que por el momento hay calma en el municipio y que mucho tiene que ver la llegada de los militares a reforzar la seguridad.
“La situación es igual que en otros municipios, desafortunadamente nos han tocado los secuestros masivos en Ajuchitlán, el miedo es latente entre la gente, sabemos que la inseguridad no bajará de manera inmediata ni el miedo de la gente, hay una tensa calma en el municipio que espero yo que se prolongue por mucho tiempo”, expuso.
“En San Jerónimo sí hay reportes de escuelas cerradas pero ya se está atendiendo, sí hay (falta de) médico también se está atendiendo este tema y estamos esperando que todo vuelva la calma”, señaló el alcalde.
En Ajuchitlán se han reportado dos secuestros masivos en los últimos cuatro meses. En uno de ellos se llevaron a 10 vecinos de San Marcos y en San Cristóbal y después a 10 más en San Jerónimo el Grande, que luego la cifra se redujo a siete.
Onofre Santana dijo que para Ajuchitlán es importante atender a la gente, pues confirmó que llegaron vecinos del pueblo a solicitar diversos servicios.
Por otro lado reportó que no tendrá problemas para el pago de los aguinaldos y que no pedirá prestado, sin embargo dejará de pagar los laudos laborales. La deuda por las demandas es de más de 50 millones de pesos.

Si las autoridades prometen dar seguridad, regresan a clases las tres escuelas de Acapulco, dice el SUSPEG

El secretario general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que aglutina a los maestros estatales, Robespierre Moreno Benicio, subrayó que las tres escuelas que suspendieron clases por la inseguridad no cuentan con resguardo ni del Ejército ni de policía del estado, pero si las autoridades se comprometen a dárselo, los docentes volverán a las aulas. Añadió que como son escuelas que están en la zona rural no se les ha dado, que los maestros piden seguridad de militares y “regresan a las aulas, pero sí se da seguridad”.
Moreno Benicio señaló que entienden la postura del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien insinuó que los maestros nada más quieren adelantar vacaciones, pero “nosotros tenemos una experiencia amarga, hemos sufrido secuestros de maestros”.
Indicó que han aguantado lo más posible en las aulas en los últimos dos años, pero “desgraciadamente en ese entonces tuvimos varios secuestros y no vamos a pasar por la misma situación. Estamos guardando todas las providencias, todos los mecanismos posibles, hemos entablado una negociación directa con el fiscal Xavier Olea, con la parte castrense y los comunitarios en la zona rural”.
El dirigente sindical reconoció que en algunos espacios la seguridad se ha dado bien, en otros no tan bien. Las escuelas estatales cerradas son tres y se encuentran en las comunidades El Quemado, Leyes de Reforma y Río Papagayo, pues fueron amenazados por delincuentes, quienes les pidieron su aguinaldo, pero en dólares. El martes el secretario de Acción Política, Juan Alberto Rodríguez Rendón, dijo que individuos pidieron a la directora de una escuela de El Quemado 20 mil dólares, pero este jueves Moreno Benicio indicó que fueron 2 mil.
El dirigente del SUSPEG dijo que los maestros no están físicamente en las escuelas, pero se están comunicando por distintas maneras con sus alumnos.
Señaló que la extorsión a los maestros es en dólares y “no estamos en condiciones de caer en ese juego”.
Afirmó el dirigente que nada más son esas tres escuelas que han suspendido clases, pero que hay la petición de otras de adelantar el periodo de vacaciones, pero les han pedido que aguanten y que tengan la seguridad de que “vamos estar atentos y vamos a tomar todos los cuidados posibles para salvaguardar su integridad”.
En las tres escuelas cerradas laboran cerca de 55 maestros y hay alrededor de 800 alumnos, pero precisó el dirigente Robespierre Moreno que los docentes además de contar con el apoyo del sindicato, el cierre fue sugerencia de un comisario y de padres de familia que “conocen la situación”, pues esas escuelas no tienen seguridad de militares, “es lo que piden y se regresa, pero si se da seguridad, pero es el área rural y nunca la han dado”.

En dos meses han asesinado a 20 transportistas de la capital, denuncian

 

El Consejo del Autotransporte del Estado de Guerrero denunció que de octubre a la fecha han sido asesinados 20 transportistas en la capital, y exigió al alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena que no se justifique y atienda el problema de inseguridad que impera en el municipio.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), el presidente del consejo, Servando de Jesús Salgado Guzmán, informó que por segunda ocasión entregarían un oficio para que el gobernador Héctor Astudillo Flores les dé una audiencia y puedan dialogar pacíficamente sobre temas de inseguridad, además de proyectos para la sierra.
Recordó que a principios de octubre le entregaron el primer oficio, pero no tuvieron respuesta. Dijo que este miércoles en el zócalo harán una concentración pacífica de choferes, líderes y permisionarios, y que se harán presentes de 500 a mil personas, para solicitar audiencia con el alcalde y exigirle que le entre al problema de seguridad.
“Hemos tenido muchos decesos ya en estas últimas fechas, como es el día de ayer, que hubo un asesinato de un compañero del autotransporte, y vamos a pedir que de una vez le entre con el tema de seguridad Marco Leyva, es la única autoridad que no le ha apostado a la seguridad y le estamos exigiendo categóricamente que nos brinde seguridad, no tan sólo al autotransporte, también a la ciudadanía”, expuso.
Indicó que anteriormente ya se habían reunido con Leyva Mena, pero evade el problema de seguridad con el argumento de que no tiene dinero o policías suficientes. Además de que le pedirán sea parte de los proyectos que propone, pues dijo que han sido víctimas de robos de vehículos, asaltos y asesinatos.
Detalló que de octubre a la fecha van cerca de 20 asesinatos de transportistas y que el robo de vehículos es innumerable, pues dijo que prácticamente a diario se roban uno.
“Necesitamos entrarle todos, ciudadanía, asociaciones, pero también el gobierno del estado y si no quiere los proyectos sobre seguridad, pues que le entre el estado, entre el gobierno, pero que le entre bien, ya no queremos más muertes, más robos y ya no queremos más asaltos en Chilpancingo, ni en el estado de Guerrero”, reiteró Salgado Guzmán.
Recordó que entre los proyectos que proponen está el de Choferes Vigilantes, parecido al esquema de Vecino Vigilante, para que en el momento que observen que se comete un delito lo reporten de inmediato.
Dijo que en el caso del gobernador, creen que van a tener buen acercamiento; que en el caso del director de la Comisión Técnica de Transportes del estado, Miguel Ángel Piña Garibay, ya les informó que el 11 de diciembre les entregarán su cédula de identificación.
De esto, manifestó que “el requisito más importante es la carta de antecedentes no penales, para identificar cualquier situación que se pueda estar dando en el autotransporte, estar excluyendo y tener un autotransporte totalmente limpio. Cerrarle con esto las puertas a la delincuencia organizada y a cualquier otro tipo de delitos que se pueda cometer en el transporte público”.
Añadió que la delincuencia está en todo el estado, pero cree que está más en la capital.
La vicepresidenta María Eugenia Salgado Guzmán señaló que “estamos consientes y estamos certeros en que la seguridad le corresponde al estado y es el estado en sus tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, el que tiene que brindarla. Independientemente de que el Consejo del Autotransporte no ha tenido eco en el tema de seguridad, por cuanto corresponde al municipio, en la prevención del delito, hemos tocado puertas estatales y de la delegación”, explicó.
Contó que el lunes se reunieron con el coronel Aragón, quien es el encargado de las Bases de Operaciones Múltiples, y les externó su apoyo y que se harán recorridos.
Sostuvo que en el caso del presidente municipal, su deber es gestionar los proyectos que sean necesarios, y los recursos económicos que se requieran para dotar y capacitar, para tener todas las herramientas para la prevención del delito y que ahí es donde también resalta que el alcalde está fallando en las comunidades, “no se está ocupando de su municipio”.