Llegan 80 soldados a Tierra Caliente; van a Ajuchitlán tras el secuestro masivo

Cerca de 80 soldados de la Policía Militar llegaron este lunes a Tierra Caliente para incorporarse al municipio de Ajuchitlán del Progreso, y reforzar la seguridad tras la petición del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Ayer al mediodía se pudo ver un convoy militar que llegó a Ciudad Altamirano y dos horas los soldados hicieron compras.
Llegaron en aproximadamente 20 unidades, se estima que se establezcan en Ajuchitlán del Progreso para hacer recorridos en las zonas de conflicto, sobre todo en las colindancias con San Miguel Totolapan.
Se espera también que este grupo ingrese a la comunidad San Jerónimo el Grande, donde secuestraron a 10 personas el jueves 17 de noviembre, y que siguen sin aparecer siete de ellos, raptados por el grupo criminal Los Tequileros.
La Policía Militar estuvo en Altamirano dos horas recorriendo los centros comerciales para comprar insumos personales, los soldados también fueron a los bancos y después se retiraron a Ajuchitlán sobre la carretera de Coyuca de Catalán. San Jerónimo se ubica del otro lado del río, por el lado de Tlapehuala.
Este grupo viene a reforzar la seguridad en el municipio de Ajuchitlán del Progreso donde ya opera la Policía del Estado con un grupo en San San Jerónimo el Grande, y la Policía Federal comenzó a incrementar sus rondines en las zonas rurales en las cercanías de esa comunidad.
El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que aunado a los trabajos de seguridad de la Policía del Estado, la Policía Federal y ahora el Ejército también hay un grupo de investigación antisecuestros apoyado por efectivos de la Procuraduría de Michoacán, para localizar a los siete secuestrados.
Esta operación de búsqueda se da después de que los vecinos de este poblado se levantaron en armas para organizar una autodefensa, que se mantiene de manera discreta vigilando desde algunos cerros y cerca del poblado, pero no dentro donde hay policías estatales.

PF, la corporación con más quejas de violación a los derechos humanos; 18 son por tortura

De 175 quejas contra autoridades federales presentadas en Guerrero de enero a octubre en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 47 por ciento son a la Policía Federal, en las que destacan 18 casos de tortura.
Según los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, disponibles en su portal web, la Policía Federal es la que más quejas por violación de derechos humanos tiene en el estado. Destaca con dos quejas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En 2015 en Guerrero fueron presentadas 109 quejas contra la Policía Federal, que está un lugar debajo de Tamaulipas con 127 casos, en Michoacán hubo 83, en el Estado de México 82 y en la Ciudad de México 53.
Guerrero está en el lugar 16 nacional con 175 quejas contra autoridades federales, en 2015 hubo un total de 250 quejas y ocupó el lugar 14. En los primero cinco peldaños aparecen Ciudad de México con mil 947 quejas, Estado de México con 636, Chiapas con 465, Tamaulipas con 402 y Veracruz con 391.
Guerrero es el estado que más quejas tiene contra la Policía Federal con 82 de las que 66 siguen en trámite. Destacan 34 quejas por detenciones arbitrarias, 18 por casos de tortura, 11 por trato cruel, inhumano y degradante y nueve por emplear arbitrariamente la fuerza pública.
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene 20 quejas (el 11.42%) de las que 19 siguen en trámite. Siete son por integrar mal la averiguación previa y el mismo número por prestar indebidamente el servicio, además de 4 por detenciones arbitrarias.
La Secretaría de la Defensa Nacional tiene 19 (10.85%) de las que 16 siguen en trámite. Ocho son por detenciones arbitrarias, 2 por trato cruel, una por apoderarse de un bien mueble sin consentimiento, y una más por desaparición forzada o involuntaria de persona.
La Secretaría de Marina aparece con cinco quejas, todas en trámite, dos por omitir notificar a la familia del arresto, una por privación de la vida, y una por imputar indebidamente hechos.
Otras dependencias que tienen quejas son el Instituto Mexicano del Seguro Social con 13, el ISSSTE con 10, la Comisión Federal de Electricidad con ocho, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con cinco, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene cuatro, al igual que la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Con dos quejas cada una en el estado están Caminos y Puentes Federales, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Nacional de Antropología, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, el Registro Agrario Nacional, la SAGARPA y la Sedesol.
Con una queja cada una aparecen la Comisión para la regularización de la tenencia de la Tierra de la Sedesol, el Fondo de Vivienda del ISSSTE, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el Instituto de Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Junta Especial 43 de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Agraria, la SCT, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y la de Salud.
El total de la suma de las quejas es 193, y 175 corresponden a autoridades federales.

Está paralizada la construcción del cuartel en Teloloapan y aún no llega la PF, informa el alcalde

 


El proyecto para la construcción del cuartel del 41 Batallón de Infantería del Ejército en Teloloapan, anunciado en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, está “paralizado” y sólo se cuenta con la donación de un terrero de 60 hectáreas donde está proyectada su construcción, informó ayer el alcalde perredista Robell Urióstegui Patiño.
Vía telefónica ayer en la mañana el alcalde de Teloloapan explicó que en la administración del alcalde Jesús Valladares Salgado el municipio donó el terreno de 60 hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante un notario público, “ya se hizo y estamos en espera de que se puedan etiquetar recursos para que se dé la construcción del cuartel en Teloloapan”.
Dijo que ha estado pidiendo información de cuándo inicia su construcción pero le han dicho que se espera que se etiqueten recursos, aunque por el momento no hay.
Agregó que hace unos días platicó al respecto con el gobernador Héctor Astudillo Flores y éste le respondió que también insiste ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para que inicie la construcción de los cuarteles de Teloloapan y de Chilapa.
Mencionó que el municipio donó 30 hectáreas de terreno y se compraron 30 más con el apoyo del gobierno del estado que aportó tres millones de pesos, y otra parte el municipio. El predio está ubicado al oriente de la cabecera municipal en la carretera Teloloapan-Apaxtla, antes de llegar a la comunidad de Acatempan.
En febrero de 2014 cuando el ex mandatario Ángel Aguirre entregó el terreno a mandos militares de la Sedena, anunció la entrega de un cheque de 10 millones de pesos para el inicio de su construcción y que se habrían dado al ex alcalde Ignacio Valladares Salgado.
Al respecto el alcalde, quien fue tesorero en la pasada administración, dijo que “no se entregó nada, hicieron la entrega simbólica de un cheque pero el recurso nunca pudo llegar a las cuentas (del municipio) porque se tenían que esperar a que la Sedena pusiera su parte. Fue un cheque que se entregó de manera simbólica por 10 millones de pesos pero nunca se hizo efectivo, hasta donde yo sé”.
El 13 de febrero de 2014 tras una sesión del Grupo Coordinación Guerrero que sesionó en Teloloapan, el ex gobernador Ángel Aguirre entregó a mandos militares el predio de 60 hectáreas en el que se construiría el 41 Batallón de Infantería, el cual daría seguridad a los municipios de Teloloapan, Apaxtla, Ixcapuzalco, Cuetzala y parte de Tierra Caliente.
El lunes de la semana pasada y de la misma manera tras una sesión del Grupo de Coordinación Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informaron del reforzamiento de la seguridad en cinco municipios del estado, entre estos Teloloapan.
“El titular del Ejecutivo del estado dará seguimiento con el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Gobernación el compromiso de instalar cuarteles militares en Teloloapan y Chilapa”, decía el boletín del gobierno estatal.
En otro tema ante la pregunta, el alcalde Robell Urióstegui informó que hasta la tarde de ayer la Policía Federal no había llegado a Teloloapan como anunció la semana pasada el vocero de seguridad.
Dijo que el municipio estaba en calma y en espera del arribo de los agentes, “no han llegado a Teloloapan y desconocemos el motivo por el cual no han hecho acto de presencia”, pero confió que en los próximos días lo hagan.
Se le preguntó si es por la petición del gobierno de que se repliegue la comunitaria Tecampanera, y respondió que no porque quien hace la petición de que la comunitaria se repliegue es la Policía Militar.

Recriminan padres de los 43 a diputados que no exijan su búsqueda y castigo a los culpables

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos recriminaron a diputados federales de distintos partidos políticos que no hacen uso de sus facultades, para exigir al gobierno federal que localice a los jóvenes y castigue a los responsables.
Al hacer uso de la tribuna del Salón Legisladores de San Lázaro, demandaron a la Cámara de Diputados que reconozca la legitimidad de su lucha, y que exhorte a la Procuraduría General de la República (PGR) a que cumpla todas las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa.
“Ustedes están puestos por el pueblo y deben de ayudar al pueblo, pero desgraciadamente son personas que al llegar al poder pensamos que todo lo tenemos, y lo peor de todo es que se amparan en el fuero federal, que se creen intocables por tener ese fuero”, reprochó Mario César González Contreras.
“Ojalá y como me gustaría que la mayoría de ustedes tuviera conciencia que ese fuero les hace daño, porque tienen mucha hambre de poder, mucha hambre de dinero, pero para nosotros los 43 padres de familia, el hambre es encontrar a nuestro hijos”, expuso.
Cristina Bautista Salvador indicó que las familias de los normalistas desaparecidos no han recibido ningún gesto de apoyo de los legisladores y que por el contrario, algunos diputados han puesto en duda la legitimidad de su movimiento.
“Jamás recibimos de ustedes ninguna palabra de apoyo durante todo el tiempo que han sido diputados no han movido ni un dedo para ayudarnos a exigir justicia, mientras nosotros hemos marchado por todo el país para denunciar la impunidad de los desaparecidos, miles y miles que están desaparecidos en nuestro país”, señaló.
El sobreviviente de los ataques en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando la Policía Municipal disparó contra los jóvenes y se llevó a 43 de ellos, Ernesto Guerrero Cano exigió que los diputados actúen para que el caso sea resuelto.
“Cada uno desde sus respectivas atribuciones aporte algo, lo que pueda, lo que esté en sus manos para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala. No queremos más mentiras, no queremos que a los padres de familia se les intente comprar, se les intente callar de una u otra forma”, dijo.
Los padres entregaron a los diputados los dos tomos con las recomendaciones del GIEI.
En la reunión en la que los padres colocaron mantas con las fotografías de sus hijos desaparecidos estuvieron integrantes de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y la Especial para el caso Ayotzinapa.
La sesión fue difundida en el canal del Congreso por televisión de paga e Internet. Por los 43 desparecidos subieron a estrado madres y padres, un sobreviviente de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales Sierra en una primera intervención.
Continuó la participación de los representantes de ocho parlamentarias y un diputado independiente y concluyó la sesión con dos padres del movimiento y los familiares del normalista herido de bala en la cabeza el 26 de septiembre, Aldo Gutiérrez Solano, que se mantiene en estado vegetativo. Todas las participaciones fueron escuchadas en silencio, y al final los activistas gritaron la consigna de lucha: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

“Venimos a emplazar a que hagan algo”

La señora Cristina Bautista Salvador, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Salvador saludó en náhua, su lengua materna, y recriminó que no haya habido una palabra de apoyo de la Cámara de Diputados para exigir justicia por los 43, salvo en los tiempos de campañas electorales.
Aclaró que los padres que continuarán exigieron presentación con vida de los estudiantes como la de todos los desaparecidos en todo el país, y a modo de pregunta demandó:
El señor Emiliano Navarrete, papá de José Ángel Navarrete González ratificó que los estudiantes “fueron privados de su libertad por el gobierno de México”, que envió policías con “armitas de grueso calibre para demostrar cobardía… Me duele lo que le hicieron a mi hijo y a sus compañeros, no tiene perdón ni olvido”.
Ayer solicitó el apoyo de los diputados para que la PGR siga las recomendaciones que dejó el GIEI: “no queremos que salgan a hacer investigaciones, sino que vigilen que todo eso se cumpla, que exhorten a la PGR a seguir todas las líneas de investigación, que identifiquen quién es El Caminante y quién es El Patrón, a la fecha la PGR no da respuesta ni tiene a todos los policías federales que dijeron que se llevaban a los estudiantes al Patrón”.
Aseguró que sólo con presión se podrá conocer la identidad de estos personajes, de quienes hay testimonios y evidencia de su intervinieron en la desaparición de los 43 estudiantes
Abiertamente el señor Mario César González, papá de César Manuel González, señaló la desatención que algunos diputados frente a las primeras participaciones, “desgraciadamente veo que no les interesa, que en las intervenciones están volteando a otro lado”.
Lamentó que algunos diputados participaron en la campaña de desprestigio contra el GIEI que terminó en su salida del país. Un caso es el del priista Víctor Manuel Silva que desestimó la intervención de los expertos internacionales para resolver el caso, así como el rechazo a puntos de acuerdo para pedir que los expertos independientes entrevistaran a los militares sobre los hechos de Iguala y la permanencia del GIEI en México.
No obstante subrayó que el único interés de los padres es que por ética y profesionalismo los diputados den todo el apoyo al nuevo mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin desprestigiar su labor, ni al movimiento de los padres.
Muy enojado espetó que los diputados no representan a la izquierda, a la derecha ni al centro “son puros chapulines que brincan a los partidos que les convienen, y tampoco van a llegar a la verdad a través de comisiones especiales, queremos que dejen de jugar al investigador, si sabemos perfectamente bien que no los van investigar (a los culpables), queremos que le digan a la PGR que siga las recomendaciones del GIEI”.
Luego recriminó que toleren nombramientos como el de Omar Hamid García Harfuch en la Dirección de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, a quien se señala de posibles vínculos con los narcotraficantes de Guerreros Unidos, que sólo se explica por la complicidad entre políticos, y que hayan premiado a Tomás Zeron de Lucio con otro cargo federal, después de diseñar la verdad histórica.
Al bajar de la tribuna en el salón Verde, dejó en la mesa los dos informes del GIEI, “lo único que nunca pudieron desprestigiar fueron estos dos libros, espero que los lean porque es importantísimo para el caso Ayotzinapa”.
El abogado de los padres, Rosales Sierra señaló que a dos años de los ataques no hay indicios del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, a pesar de los 200 tomos de la investigación y más de 130 personas en prisión. Lo que hay son irregularidades y versiones falsas que han dado dolor adicional a los padres.
Aclaró que la investigación de PGR era un caos antes de la intervención del GIEI, que estableció todos escenarios de los ataques, la intervención coordinada de todas las corporaciones y distintas rutas sobre la desaparición forzada que llevan a Huitzuco, a la comunidad de Tijerillas y a una casa blanca en la cabecera municipal que señalaron los propios detenidos y choferes de los autobuses del servicio público donde iban los estudiantes.
Pero la PGR mantuvo vigente la versión de que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula, “una mentira total que lo único que provoca es la revictimización. Aún así muchas voces que piden a los padres que regresen a sus casas, que dejen de movilizarse, que no hagan marchas, pero ¿cómo van a regresar si la premisa fundamental que es la verdad no está establecida?, lo único que tenemos son nubarrones en las investigaciones”.
Subrayó que la versión del basurero de Cocula, aunque ofrece un buen debate político, fue desechada con pruebas científicas, por eso exigen el cambio de la narrativa de los hechos en la investigación.

“Nadie quiere decir la verdad, porque estos hechos van a evidenciar una realidad que se ha preferido negar”, dice el diputado Manuel Clouthier

El diputado independiente Manuel Jesús Clouthier Carrillo destacó dos temas que dan cuenta del caso Ayotzinapa: que la verdad oficial no coincide con la realidad porque algo se trata de ocultar, y da cuenta de la violación sistemática a los derechos humanos que se viven en el país.
Coincidió con la diputada de Morena en que tales hechos evidencian la transgresión a los derechos humanos de las policías municipales, estatales, federales y de las fuerzas armadas, “por eso nadie quiere decir la verdad, porque estos hechos van a evidenciar una realidad que se ha preferido negar. El Estado mexicano tiene que dar respuesta veraz a estos padres de familia y tienen que hacerlo las autoridades con un criterio fundamental de justicia”.
De Encuentro Social, José Alfredo Ferreriro Velazco, se dijo indignado por los hechos de Iguala y señaló sólo la posible responsabilidad del gobierno estatal, que fue descartada al comienzo de la investigación. Aclaró que este conflicto no es un tema de partidos, sino de justicia, y nadie estará conforme hasta conocer la verdad y aparezcan los desaparecidos.
Siguieron en turno dos diputados de Morena, y la presentante del Partido Verde Ecologista, Sofía González Torres que dijo que admira la lucha de los padres y señaló la responsabilidad de los hechos de Iguala en las policías de Iguala y Cocula.
Del PAN, la diputada Karina Padilla Ávila reconoció que la PGR no ha ofrecido una respuesta creíble, “solo infiere que el narcotráfico destapó la violencia esa madrugada” y es necesario que se agoten todas las líneas de investigación, en forma particular los vínculos del crimen organizado y actores estatales.
Concluyó la ronda de los partidos el representante del PRI, que destacó las acciones del Estado señaladas en 288 tomos.

Se retrasa hasta tres meses la atención al normalista en coma, denuncian en la Cámara

Familiares del normalista Aldo Gutiérrez Solano, quien está en coma debido a que recibió un balazo en la cabeza durante los ataques en Iguala, denunciaron en la Cámara de Diputados el retraso de dos y hasta tres meses de atención al estudiante internado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en la Ciudad de México.
Revelaron que la instrucción de los médicos es que se lo lleven a su casa, y eso implicaría desahuciarlo.
En la comparecencia de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos Ulises Gutiérrez Solano, hermano del estudiante herido en el primer ataque en la avenida Juan Álvarez de Iguala, subió al estrado del salón Verde, contiguo a la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, con una joven.
Se presentaron como familiares del normalista y mostraron dos pancartas con fotografías del joven de la Normal Rural, con una sonrisa y el uniforme de fin se cursos de bachillerato, y otra del mismo joven inconsciente, cubierto hasta la cintura con sábanas blancas y entubado.
Fue la última participación en la comparecencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos con diputados federales, donde también las fracciones parlamentarias fijaron una postura sobre el caso, que se trasmitió por el Canal del Congreso.
El joven recordó el entusiasmo de su hermano cuando ingresó a la Normal Rural de Ayotzinapa y la agresión del 26 de septiembre de 2014, cuando intentaban salir de Iguala rumbo a Tixtla y una patrulla de la Policía Municipal les obstruyó el paso. “En el primer ataque (a balazos) hieren a mi hermano Aldo”.
Informó que día y noche durante dos años, un mes y días han estado en el hospital de la Ciudad de México, y tolera esta forma de vida “por amor y por exigir justicia y verdad”.
Expuso que para los jóvenes que fueron asesinados el daño es irreparable, así como para su familia. Mostrando la fotografía en el hospital añadió “es su estado actual, es un estado vegetativo, los médicos dicen que lo podemos llevar a casa, llevarlo es desahuciarlo, él ahí está con vida”.
Insistió en que las instituciones de salud sean responsables de la atención que necesita ahora y en el futuro, así como para el normalista Edgar Andrés Vargas, que recibió un balazo en la cara que le destrozó la boca en el segundo ataque de la avenida Álvarez.
Exigió que cesen los trámites burocráticos que retrasan la atención médica de dos a tres meses.
Como los padres, demandó el esclarecimiento de los hechos “sabemos que participaron los policías municipales, estatales, queremos verdad y justicia”.
Antes, el sobreviviente Ernesto Guerrero Cano, denunció la saña con que fueron atacados los estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, no obstante que la Policía Federal y el Ejército sabían que los normalistas llegaron a Iguala a tomar camiones no a generar problemas al Ayuntamiento ni a la esposa del alcalde que rindió por la tarde su informe como presidenta del DIF.
“El compañero Aldo de un balazo cayó a nuestro lado, por más que queríamos ayudar a los caídos eran más las balas que las personas que nos encontrábamos ahí. La petición (a los diputados) es que en cada uno de aporte algo, lo que pueda para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala, ya no queremos más mentiras”, llamó.
El saldo de los ataques fue de seis asesinados, 15 heridos de bala y 43 normalistas desaparecidos de los que aún no hay indicios de su paradero.

A siete años de la sentencia del caso Radilla el Estado protege al Ejército, denuncia la Afadem

A siete años de la sentencia del caso Rosendo Radilla vs el Estado mexicano dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), el gobierno sigue protegiendo al Ejército, pues no reformó como debería el artículo 47 sobre el fuero militar.
En conferencia de prensa en sus oficinas en la ciudad de los servicios de Atoyac la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), en voz de su vicepresidenta Tita Radilla Martínez denunció que la desaparición forzada siga siendo una práctica en la actualidad.
Recordó que existe el antecedente de más de 500 desaparecidos durante la guerra sucia y de cientos de familias desplazadas por militares, que hoy demandan la reparación integral del daño.
Radilla Martínez, hija del campesino Atoyaquense Rosendo Radilla Pacheco, detenido-desaparecido por militares, manifestó que desaparición forzada ha sido una práctica del Estado mexicano para eliminar a los que considera sus enemigos “principalmente a quienes se organizan para exigir sus demandas económicas, políticas y sociales”.
Reseñó que fue así como a finales de la década de 1960 cientos de jóvenes se organizaron y tomaron las armas para luchar por la justicia, trabajo y educación después de ver cerradas las opciones democráticas.
Indico que después de años de “pedir, exigir a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de estos lamentables hechos la Afadem, la Confederación Mexicana de Defensa por los Derechos Humanos y la familia Radilla decidimos llevar a instancias internacionales el caso de Rosendo Radilla Pacheco detenido-desaparecido por el Ejército mexicano el 25 de agosto de 1974 junto con cientos de personas que también corrieron con la misma suerte”.
Abundó que a siete años de emitida la histórica sentencia contra el Estado mexicano no ha habido cumplimiento en los puntos principales, como la investigación, búsqueda y reparación.
Demandó que se cumplan las modificaciones constitucionales ordenadas por la Corte Interamericana, además de que se investigue con carácter científico para dar con la ubicación de Rosendo Radilla y de todos los desaparecidos en México.
Agregó que la reparación integral del daño para todos los familiares de los detenidos desaparecidos es procurando verdad, justicia y garantías de no repetición.
Insistió en que “desafortunadamente el Ejército ha gozado de impunidad, la autoridad siempre lo ha protegido no se ha podido llegar, hubo precisamente por la sentencia una reforma al artículo 47 constitucional para la acotación del fuero militar que no se dio como debería de darse, como lo ordenó la Corte”.
Lamentó que se hizo una modificación que es insuficiente, ya que los militares que hayan tenido participación en violación a los derechos humanos con civiles “van a determinar si el fuero civil o militar será quien lo vea”.
Abundó que parte de la lucha constante es que sean los militares que estuvieron en las acciones de “terrorismo de Estado” los que digan qué pasó con todos los desaparecidos, ya que no se trata sólo del caso de Rosendo Radilla, sino que son cientos los que están luchando.
El secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata mencionó que los organismos internacionales son los que han estado exigiendo justicia en los casos de violaciones de derecho humanos en México, como el caso de los 43 normalistas que el Estado se niega a reconocer que es una desaparición forzada.
Dijo que el Estado mexicano nunca ha hecho una investigación real, “simula ante la comunidad internacional que investiga y lleva el proceso, es bien sabido que firma y ratifica tratados internacionales pero les pone candados y declaraciones interpretativas para que no se cumpla”.
Uno de esos tratados fue el de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada que no ha ratificado el comité de seguimiento, “igualmente está la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que tiene una reserva y declaración interpretativa que afortunadamente en el caso Radilla, esas se echaron abajo y la Corte determinó que no funcionaban esos candados como los querían aplicar en México”.
Indico que si no es por la presión internacional al interior del país no pasa nada, pero en el caso Rosendo Radilla ya no lo pudo negar el Ejército ni el Estado mexicano que lo reconoció, “pero aún así no hacen la investigación, deberían de estar citando a militares a declarar y decir ‘nosotros los tenemos’ porque igual a todos los bajaron de la sierra y trajeron a lo que es hoy la Ciudad de los Servicios, ellos saben donde los tienen”.
Reprochó el Ministerio Público no tenga la capacidad para obligar al Estado mexicano, que no quiere que se sepa la verdad porque los criminales son sus agentes militares.
Agregó que hay varios casos donde militares se han inmiscuido en casos de civiles como Rosenda Cantú y las jóvenes que fueron violadas por soldados, “pero no se ha hecho nada, los están protegiendo, es un contubernio de impunidad y actitud criminal del Ejército en contra de la población, no hay voluntad política para que se conozca la verdad”.
Señalo que los mismos militares que han sido responsables de desapariciones “hoy están reciclados en diferentes instituciones, grupos paramilitares, grupos de policías bancarios e incluso después del Ejército mexicano se convirtieron en Zetas, y ahora después son muchos de ellos los que están desapareciendo, masacrando y desmembrado”.

Reforzarán las autoridades la seguridad en cinco municipios tras el “desafío” de criminales al Estado, dice el vocero

 

 

Ante el “desafío” de la delincuencia al Estado que hizo repuntar la violencia en la entidad, el Grupo de Coordinación Guerrero acordó la tarde de este lunes en una reunión urgente, “reforzar” y “fortalecer” el esquema de seguridad en Teloloapan, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tixtla y Chilapa, informó el vocero único en materia de Seguridad y delegado de la Secretaría de Gobernación, Roberto Álvarez Heredia.
El funcionario reconoció, consultado vía telefónica, que la violencia repuntó en algunas partes de la entidad, por lo que el Grupo de Coordinación Guerrero “revisará lo que tenga que revisar, fortalecerá lo que se tenga que fortalecer y corregirá lo que se tenga que corregir”.
Cuando menos dos ciudades en donde ha repuntado la violencia en los últimos días, Acapulco y Chilpancingo, están dentro de los cinco municipios con más violencia en el estado y en donde se supone que existe una operación especial del gobierno federal, para disminuir el índice delictivo en las 50 ciudades más violentas del país.
Mientras que Tixtla, en donde fueron encontrados 9 cuerpos desmembrados la noche del domingo, es un punto cercano a Chilpancingo e intermedio con Chilapa, que también es considerada una ciudad de alta incidencia delictiva y con una operación especial del gobierno federal.
–¿Cuál es la visión de los gobiernos federal y estatal cuando se supone que en Chilpancingo y Acapulco existe un operativo especial porque son de los cinco municipios considerados con más violencia, y, sin embargo, siguen ocurriendo casos extremos de violencia?– se le preguntó.
–La delincuencia desafía la acción que realiza la autoridad. Esta es una lucha que se libra todos los días y de manera constante. Hay días en donde el propio interés de los delincuentes por el control de su territorio, el trasiego y la venta de drogas genera un desafío constante a la autoridad. La autoridad realiza su trabajo de coordinación entre las dependencias federales y estatales, pero el desafío de la delincuencia continúa–, respondió.
Del caso del secuestro masivo en San Jerónimo El Grande, municipio de Ajuchitlán, Álvarez Heredia precisó que fueron 10 los plagiados.
Explicó que en las primeras horas de cometido el secuestro, cuando llegaron los agentes de la Policía Ministerial adscritos a la agencia del Ministerio Público de Arcelia, recibieron la información de vecinos que fueron entre 12 y 14 las personas secuestradas pero que cuando tuvieron contacto directo con los familiares de las víctimas precisaron que son 10.
El funcionario informó que la mayoría de las víctimas son de San Jerónimo el Grande y de condición humilde. La mayoría de ellos campesinos y los dos menores de edad son estudiantes. Afirmó que ya regresaron tres.
–¿Se confirma que los responsables son integrantes del grupo de Los Tequileros?
–Todo hace indicar que sí, se trata del grupo de Los Tequileros, de acuerdo a los testimonios de los propios familiares de las víctimas que están detenidas.
En la noche el gobierno del estado informó de los acuerdos asumidos por el Grupo de Coordinación Guerrero la tarde de ayer en el puerto de Acapulco.
“Ante los acontecimientos violentos del fin de semana, el Grupo de Coordinación Guerrero, en reunión convocada de carácter urgente acordó reforzar la intervención de la federación para fortalecer el esquema de seguridad en Teloloapan, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tixtla y Chilapa”, se dijo en el comunicado.
Agregó que las acciones de reforzamiento de la seguridad en esos lugares, acordadas con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores y el coordinador de la estrategia de seguridad en el estado, el general Alejandro Saavedra comandante de la Novena Región Militar, son para los municipios de Teloloapan y Arcelia en donde se acordó reforzar los operativos de vigilancia y la instalación de tres bases de operaciones mixtas, integradas por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Asimismo se informó que se instalarán tres puestos de control en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano para la revisión de personas, vehículos y el transporte público.
De los municipios de Tixtla y Chilapa, se acordó la instalación de tres bases de operaciones mixtas integradas por 150 elementos, reforzar las acciones de inteligencia para detectar a los grupos delictivos y lograr la consignación de los criminales.
“El titular del Ejecutivo del estado dará seguimiento con el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Gobernación el compromiso de instalar cuarteles militares en Teloloapan y Chilapa”, dice el boletín del gobierno estatal.
Informó que continuará la búsqueda de los secuestrados en el municipio de Ajuchitlán del Progreso y que se hizo el compromiso de “cerrar filas con los instrumentos de la ley de las instituciones para detener a los responsables”.

Son nueve, no ocho los desmembrados en Tixtla precisa Álvarez Heredia; ninguno tenía cabeza

 

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó que son nueve y no ocho los hombres descuartizados, quienes no han sido identificados, que fueron encontrados la noche del domingo en un paraje que lleva de Tixtla al poblado de Atliaca.
En un recorrido en esta cabecera municipal no se observó vigilancia de las policías Municipal, Estatal, Federal ni Ministerial, de militares o algún retén cerca de la zona donde encontraron a los nueve cuerpos, en la orilla del puente del distribuidor vial a Atliaca, Mártir de Cuilapan (Apango), Chilapa y Chilpancingo ubicado a 10 minutos del centro de Tixtla.
El lugar está en las inmediaciones de la colonia San Miguelito y el hotel Rancho Tixtla al sur de la cabecera municipal, ahí sólo había restos de cintas amarillas que ocupan los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para acordonar la escena del crimen.
Los vecinos fueron herméticos y caminaban tranquilamente en las principales calles, el mercado municipal Antonia Nava de Catalán en el centro de Tixtla abrió de manera normal, los negocios como tiendas de abarrotes, ropa, calzado, odontología y fondas de comida ofrecieron sus servicios, los locales que no laboraron fue debido al puente del 20 de noviembre, el Día de la Revolución Mexicana.
En la calle frente a la iglesia de San Martín de Tours se observó una patrulla de la Policía Municipal. El servicio de transporte público hacia Atliaca, Apango, Chilapa y Chilpancingo operó normalmente.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó en un comunicado de prensa que al recibir el reporte, agentes de la Fiscalía se trasladaron a ese paraje, donde encontraron cuatro cuerpos atados de pies y manos y cinco bolsas de plástico negras que contenían los restos de cinco personas más.
Ante estos hechos la FGE inició la carpeta de investigación 12010200200187201116 para dar con los responsables del asesinato de los nueve hombres, además de las diligencias necesarias para identificar los cuerpos.
En declaraciones telefónicas el funcionario mencionó que llama la atención que en los asesinatos se usó “extrema violencia” e indicó que las primeras investigaciones indican que podría tratarse de “pugnas entre grupos de la delincuencia organizada”.
Álvarez Heredia precisó que todos los cuerpos son de hombres, que todavía no se sabe qué fue lo que pasó, pero recordó que el caso ocurrió en una zona en donde existe una fuerte disputa de dos bandas del crimen organizado (Los Rojos y Los Ardillos).
“Todavía es muy temprano para tener una idea de lo que pasó allí, pero para el Grupo de Coordinación Guerrero todo ese territorio está siendo utilizado para el uso de la violencia extrema por el control del territorio entre dos grupos y esta es una situación que alerta a las dependencias estatales y federales para poder tomar decisiones al respecto”, advirtió el vocero.

No encontraron las cabezas en el lugar, informan fuentes de la Fiscalía FGE

Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron que los nueve cuerpos de las víctimas fueron decapitados, que uno no tenía brazos ni piernas, y que en la zona no encontraron las cabezas.
La fuente comentó que las víctimas fueron asesinadas entre el viernes en la noche y el sábado en la madrugada porque estaban en estado de descomposición, además no se pudieron precisar las edades.
Por otro lado fuentes del Servicio Médico Forense (Semefo) señalaron que hasta las 7 de la noche no habían sido identificados los nueve muertos, pero han acudido familiares de personas desaparecidas para reconocerlos.
Una trabajadora comentó que para reconocer a las nueve víctimas se les aplicará la prueba de ADN debido a las condiciones que se encuentran los cuerpos.
La fuente informó que el mensaje hallado junto a los cadáveres era, “Ahí te va tu basura pinche bola de secuestradores, a la berga le pelan la riata ja ja ja ja Jr”.
“Tu y tu mallate el fantasmita me la maman junto con los de Tepos, a ver si le topan, no es lo mismo andar matando gente q no la debe, conmigo se la pelan hijos de perra, tengo gente lista digan donde y cuando nos topamos Ate la Mera Riata”, concluye el narcomensaje.
En un primer momento se informó que la noche del domingo los cuerpos de ocho hombres desmembrados y con huellas de tortura fueron encontrados en la orilla del puente del distribuidor vial de las carreteras a Atliaca, Chilapa y Chilpancingo, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Tixtla pero ayer el vocero precisó que fueron nueve las víctimas.

Niegan FUSDEG y UPOEG que utilicen armas de alto poder ante la amenaza de desarme

 

 

El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) aseguraron que portan armas de bajo calibre y legales, ante la advertencia de un posible desarme a quienes utilicen armas de uso exclusivo del Ejército.
El miércoles el director regional de delegaciones de la Secretaría de Gobernación Juan Salgado Brito advirtió que puede darse un desarme de las policías comunitarias en el estado, si usan armas exclusivas del Ejército o si salen de sus territorios.
Al respecto la promotora de desarrollo comunitario del FUSDEG, Ruth Delgado señaló que la organización no tiene ningún inconveniente en que la Secretaría de Gobernación (Segob) tenga entre sus planes el desarme.
“Nos amparamos en la Ley 701, porque dice que esa ley es para pueblos originarios. Nos adjudicamos y es una cuestión de identidad, no es una cuestión de que alguien va a venir y decir ustedes son esto, pertenecen a esta etnia, no pertenecen a esta otra, entonces eso no lo determina nadie, lo determinamos nosotros, los pueblos. No tenemos ningún inconveniente en que ellos hagan lo que tengan que hacer”.
Agregó que también hay acuerdos a nivel internacional que defienden y amparan a la organización y a todas las policías comunitarias que operan en el estado.
Resaltó que con las armas de alto poder no tienen inconveniente, además que si el estado o Gobernación les garantiza la seguridad se replegarán sin necesidad de que haya un desarme con violencia y sangre.
La promotora subrayó, “nosotros aceptamos el desarme, aceptamos replegarnos pero que primero pudieran  quitarle todas las armas de alto poder que traen  los grupos delincuenciales que operan a nuestro alrededor, si hacen eso, felices nosotros”.
Aseguró que las armas que utiliza FUSDEG no son las exclusivas de las fuerzas armadas.
Indicó que las autoridades han aceptado que hay ingobernabilidad en Guerrero porque el narcotráfico ha sobrepasado los límites, y que entonces en este contexto es entendible que el pueblo haya tomado la decisión de defender la vida.
“Es absurdo que venga (Gobernación) a decir que habrá un desarme cuando no están garantizando nada, al contrario, con esto están provocando que en otras zonas también se levanten las autodefensas, también se levante la gente armada y ahí sí ya no con armas de bajo calibre”, sostuvo Ruth.
Consultado telefónicamente el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio respecto del anuncio de Salgado Brito recalcó que esa organización trabaja mediante asambleas en coordinación con los municipios.
Refirió que mientras la UPOEG esté cumpliendo con el objetivo de dar seguridad a la población con base en un protocolo de legitimidad ante la asamblea comunitaria, no hay ningún problema.
Sostuvo que “el señor Juan está hablando que aquellos que utilizan el nombre de policía comunitaria no están cumpliendo el objetivo de policía comunitaria, ellos hablan de ese tipo de grupos”.
–¿Se refiere al FUSDEG?
–No sé a quién se refieran ellos pero están hablando de gente que se posicionan como policía ciudadano o comunitario, pero que no están cumpliendo el objetivo de cuidar a los pueblos, pero se escudan en la membresía de policía comunitario o policía ciudadano, de eso están hablando ellos.
Aseguró que su organización no tiene conflicto porque hay un respaldo de la población y cumplen su objetivo de dar seguridad.
–¿Qué tipo de armas utiliza UPOEG?
–La básica, las que son permitidas por  la ley.

Toman el Palacio de Teloloapan comunitarios de la Tecampanera en su segundo día de protestas

En su segundo día de protestas y el bloqueo de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, policías comunitarios y autodefensas cerraron la tarde de ayer el Palacio municipal de Teloloapan, para presionar a las autoridades estatales a que atiendan sus exigencias de seguridad de la Marina y la Policía Federal, el rescate de los tres herreros secuestrados y permitir que las comunitarios sigan operando armados.
En el segundo día de protestas, los comunitarios de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala cumplieron más de 33 horas del cierre de los accesos a Teloloapan con los dos bloqueos a la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano, en las salidas hacia Arcelia e Iguala, en el primer bloqueo total que se mantuvo desde la 1:30 de la tarde del jueves, y el segundo intermitente, que se abría cada dos horas para dar paso a algunos automovilistas.
A las 3:30 de la tarde y ante la desatención del gobierno estatal, unos 100 comunitarios armados tomaron la sede del Ayuntamiento de Teloloapan, el cual ya había sido desalojado por trabajadores y funcionarios, y al llegar ya estaba cerrado.
Afuera del Palacio, comunitarios en su mayoría armados, se quedaron en plantón, en tanto que los otros grupos en los que participan integrantes del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) y la autodefensa de Cuetzala, se mantuvieron en los bloqueos de la carretera.
En la tarde, uno de los coordinadores de la Tecampanera informó de la integración de una comisión que había salido a las 7 de la noche de Teloloapan para reunirse en Chilpancingo con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame. Minutos antes de las 10 de la noche, informó que ya habían entrado a la mesa de negociaciones en la que también estaba el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño y otros funcionarios del gabinete estatal.
En el segundo día de protestas, las calles quedaron vacías, casi dos mil negocios cerrados, las clases suspendidas en 30 escuelas de diferentes niveles y el transporte paralizado.
El jueves, unos 3 mil comunitarios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan, marcharon en esa cabecera municipal, hicieron un mitin y bloquearon la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que también es la entrada desde la región Norte a la Tierra Caliente, lo que dejó varios vehículos varados.

El pliego de peticiones

En su pliego de peticiones, los comunitarios exigen el recate con vida de los tres herreros secuestrados hace una semana en Totoltepec, a manos de un grupo armado de la organización La Familia Michoacana. Piden también la captura de los principales líderes de la organización criminal y la investigación al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de proteger a la organización.
En las demandas también exigen que brinden seguridad la Marina y la Policía Federal, ante la falta de resultados del Ejército.
En declaraciones por teléfono ofrecidas la mañana de ayer, uno de los comunitarios advirtió que no dejarán las armas, y dijo que entre sus exigencia está que el gobierno deje trabajando a los comunitarios, ante la exigencia y la amenaza del gobernador Héctor Astudillo Flores de desarmarlos.
En ese momento, había advertido que no levantarían sus protestas hasta que se firme un acuerdo en el que el gobierno se comprometa a dejar a los comunitarios seguir trabajando.
Por la tarde, después de la toma del Palacio otro comunitario dijo, también vía telefónica, que esa determinación fue porque, “el señor gobernador no ha resuelto nada de nuestras peticiones, no ha tomado cartas en el asunto y ayer (jueves) quedó que mandaría a alguien para hablar con nosotros, su secretario no llegó y hoy nos mandó un comunicado que en una hora estaba en Teloloapan, y volvió a pasar lo mismo, no llegó nadie”, dijo molesto.
Dijo que su lucha no es contra el gobierno ni la ciudadanía, “queremos que nos entiendan, que la desesperación en Teloloapan es grande, nuestros tres compañeros herreros son personas que salieron a buscar la vida, fueron a buscar el pan de cada día para su familia y fueron secuestrados por la Familia Michoacana”.
Señaló que, “creemos justo que el gobernador tome cartas en el asunto, que ya busque a estas personas que se dedican a secuestrar y a hacerle daño a muchas personas. Como vecinos de Teloloapan hemos vivido años de terror a causa de esa gente”.
Dijo al gobernador Astudillo y a la población que, “nosotros nos hemos visto en la necesidad de levantarnos en armas porque los que somos parte de la Policía Comunitaria somos comerciantes, campesinos, maestros o transportistas, y todos tenemos familia que han sido víctimas del crimen organizado con secuestros, extorsiones, desapariciones o asesinatos”.
“Hoy lo estamos haciendo por nuestros tres hermanos herreros, y después si hay necesidad, lo haremos por cualquier ciudadano de Teloloapan, aquí ya no se le va a dejar solo a ningún ciudadano de Teloloapan”, sostuvo.
A las 12 de la noche, aún no concluía la reunión de integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera, en Palacio de Gobierno, con el secretario general, Florencio Salazar Adame, y con el fiscal general de estado, Xavier Olea Peláez.
Tampoco se daban a conocer todavía los acuerdos entre la organización que exige que se respete su derecho a usar armas.