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Capacitará la Fiscalía a la UPOEG en Costa Chica; sólo atenderá delitos menores, acuerdan

 

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) coordinación con su estructura de seguridad comunitaria, capacitación, la creación de una oficina para la investigación del abigeato y dos morgues para la región Costa Chica, porque la inseguridad “desplazó” a las instituciones y a los ciudadanos, según el dirigente Bruno Plácido Valerio.
Ayer en la tarde la Fiscalía informó en un boletín de la reunión de representantes de la UPOEG con el fiscal Xavier Olea Peláez, para establecer los lineamientos de coordinación entre la dependencia y “un grupo importante de comisarios municipales”, pero no se precisó cuántos ni de qué comunidades ni municipios.
Dijo que acordaron mantener una capacitación permanente de los comisarios, policías, comandantes, promotores y defensores comunitarios en el nuevo Sistema de Justicia Penal y en el combate al abigeato.
Además, mantener reuniones de coordinación, evaluación de comisarios con fiscales regionales en seguridad y dar seguimiento a los hechos delictivos, así como la habilitación de una funeraria como Servicio Médico Forense en la región Costa Chica.
Al respecto se consultó vía telefónica al dirigente de la UPOEG, quien informó que la inseguridad desplazó a las instituciones y a los ciudadanos en esa región, por eso la UPOEG busca coordinación con las autoridades.
Por ejemplo, cuando la Policía Ciudadana detenga a delincuentes que no son la región pero fueron a extorsionar a sus comunidades, serán entregados a la FGE. Asimismo, se notificará de personas que se encuentren desaparecidas o se estime que se fueron del estado por su cuenta, y que se denuncian como secuestros, para que la Fiscalía trate de localizarlos en otras entidades de la República.
Agregó que los delitos menores se pueden resolver en las comunidades pero los secuestros y homicidios que ocurran en las comunidades serán turnados a la FGE.
Confirmó que la UPOEG va a entrar a una etapa de capacitación en juicios orales, sólo como información, y solicitó la creación de una Fiscalía para investigar el robo de ganado.
También solicitó una reunión con autoridades del sector salud y de la FGE para la creación de rastros porque en la región se introduce ganado robado o enfermo, no apto para el consumo humano, y el tema compete a las dos instituciones de gobierno.
Dijo que se pidió la creación de dos morgues para que la gente que muere en un accidente o por homicidio no sea trasladada al Semefo de Acapulco. Indicó que es muy costoso para las familias el traslado del cuerpo de vuelta a las comunidades.
Subrayó que es necesario el diálogo y coordinación de autoridades comunitarias con el gobierno estatal, pero “que nadie suplante a nadie, por ejercer una acción en su función que no lo persigan”.
Informó que hay más de 100 carpetas de investigación contra integrantes del sistema comunitario de seguridad que están atendiendo legalmente, presentando pruebas para agotar los procesos penales.
Adelantó que entre hoy y mañana continuará la mesa de trabajo con la Fiscalía para diseñar una agenda de reuniones y capacitaciones en municipios de Costa Chica.
De la denuncia de un desaparecido el 26 de noviembre en la carretera Ayutla-Tierra Colorada en el entronque de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, en un acto público el domingo, en las acciones contra el alza al precio de la gasolina donde se culpó a la UPOEG, dijo que no le han informado al respecto.
Se trata de un comerciante de la comunidad de El Pericón, Ayutla de Libres, quien fue privado de su libertad y señaló a grupos de la región. Su hermana aseguró que la policía de la UPOEG se lo llevó porque tenía tres grupos operando en la zona, aunque presentó la denuncia en la oficina antisecuestros indicó que las autoridades les exigen que ellos lleven las pruebas.

 

Hallan en distintos sitios de la capital los cuerpos de dos hombres ejecutados con signos de tortura

La mañana de este sábado, los cuerpos de dos hombres ejecutados y con signos de tortura, fueron hallados en dos lugares distintos en la capital del estado, con los que suman en las dos primeras semanas de 2017 siete ejecuciones aparentemente relacionadas con hechos del crimen organizado.
El primer cuerpo fue hallado a las 7 de la mañana en el retorno del Parador de Marqués, al sur de la ciudad; el cuerpo presentaba huellas de tortura e impactos de bala; estaba boca abajo, vestía un pantalón de mezclilla y una playera tipo polo color blanco; tenía los ojos vendados y estaba tendido en el carril de retorno de la carretera federal Acapulco-México.
El segundo cuerpo fue hallado media hora después, en la colonia Francisco Figueroa Mata, al poniente de Chilpancingo; también tenía marcas de tortura, además de disparos de arma de fuego.
El reporte policiaco detalla que la víctima fue encontrada en la esquina de la calle Sur y circuito Universidad de ese fraccionamiento que se ubica cerca de la Zona Militar.
Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servició de Médico Forense (Semefo) se ocuparon de las primeras pesquisas y del traslado de los dos cadáveres a sus instalaciones.

Marchan activistas en Chilpancingo en el noveno aniversario del asesinato de un normalista

Unos 100 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales marcharon en esta ciudad en el noveno aniversario luctuoso del egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y activista Fidel Benítez Rodríguez, y protestaron en contra al aumento al precio de las gasolinas.
A las 11:25 de la mañana los manifestantes marcharon del museo La Avispa a la cruz que se colocó en el carril de norte a sur de la Autopista del Sol, a unos metros de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se encontró el cadáver de Benítez Rodríguez el 26 de diciembre de 2008, ahí hicieron un mitin y luego tomaron de manera simbólica la gasolinería Eva III, donde el 12 de diciembre de 2011 fueron reprimidos normalistas de Ayotzinapa.
En las acciones participaron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y otras organizaciones.
En el recorrido los manifestantes corearon consignas como “Ayotzi vive, la lucha sigue”, “Gobierno asesino que mata campesinos, gobierno fascista que mata normalistas”, “Fidel, caíste, pero nunca te vendiste” y otras.
Al frente del contingente activistas portaban rosas blancas y cadenas se cempasúchil que colocaron en la cruz de Benítez Rodríguez, también llevaban una pancarta en la que se leyó: “Aguirre Rivero: ¿Verdad que duele la muerte de un hijo? 43 ¿Cómo te la estás pasando hoy?”, en referencia a la muerte de Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador perredista a quien los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos responsabilizan de los ataques en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Frente a la cruz de Benítez Rodríguez el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame recordó al integrante de la generación Lucio Cabañas como un buen compañero y activista, responsabilizó de su muerte al ex gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo, al secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero y al secretario Técnico de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Jorge Sotomayor Landeta, funcionarios que en el 2008 “amenazaron a los egresados de Ayotzinapa” porque no toleraban sus constantes protestas.
Dijo que las organizaciones sociales y magisteriales continuarán conmemorando a los caídos en la lucha social, calificó esa zona de la Autopista del Sol como “el tramo de la muerte”, ya que kilómetros más adelante del punto donde se localizó el cuerpo de Benítez Rodríguez fueron asesinados por policías los normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011.
Los manifestantes lamentaron que la violencia en el estado siga en aumento y condenaron el asesinato de la maestra de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jeany Rosado Peña, su ex esposo el médico internista del IMSS Nicéforo Cabrera Rojas y de su hijo de 13 años Isaac Daniel, para quienes exigieron justicia.
El secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García dijo que los manifestantes “estamos aquí para conmemorar y rendir el merecido homenaje a Fidel Benítez, solamente muere a quien se le olvida, pero el compañero fue ejemplo de lucha”.
Se solidarizó con la normal de Ayotzinapa y los universitarios que lamentaron el asesinato de la familia Cabrera Rosado, y exigió a la Fiscalía que esclarezca los hechos.
El secretario general de la sección 17 del Sindicato de Mineros de Taxco, Roberto Hernández Mojica dijo que los tres niveles de gobierno “quieren acabar con la lucha social” porque quienes protestan para exigir justicia, una vida digna y seguridad, incomodan a las autoridades, pero eso no impedirá que sigan manifestándose.
El secretario de Relaciones y Solidaridad del STAUAG, Alberto García Mendoza dijo que el gobierno sólo cambia de personajes, pero que continúa la línea de represión en contra de los luchadores sociales. Acusó a las autoridades de no resolver los problemas del estado y de proteger a los delincuentes.
Manifestó que por la situación violenta en Guerrero, “diferentes sectores” han sido atacados y han caído por las balas de la delincuencia organizada, ante lo que exigió a las autoridades que “hagan que les corresponde”. Advirtió que este 2017 será un año de protestas y que las organizaciones no cederán.
El integrante de la CETEG y subsecretario de Educación de Pueblos Originarios, Taurino Rojas González dijo que “desgraciadamente a lo largo de la lucha nos hemos encontrado con muchos obstáculos, la muerte de Fidel es una muestra de que al sistema no le conviene que la gente proteste y luche, exigimos justicia para todos los compañeros”.
Recordó que desde que las empresas trasnacionales se apoderaron de los recursos naturales del país, los pueblos originarios han sido afectados, pero decidieron organizarse para exigir sus derechos constitucionales y continuarán protestando este año.
Al concluir el mitin los manifestantes entonaron el himno Venceremos y luego marcharon a la gasolinera Eva III, la cual tomaron de manera simbólica en contra del aumento al precio de los combustibles, aseguraron que la reforma energética es una más que atenta en contra del pueblo.
Puntualizaron que ante el gasolinazo, los mexicanos en distintos estados exigen la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, pero en Guerrero las organizaciones también exigen la renuncia del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, quien pidió un año para acabar con la violencia y no ha logrado disminuirla. Del presidente municipal de Chilpancingo, el también priista Marco Antonio Leyva Mena, dijeron que ambos “son títeres” del gobierno federal.

Una investigación seria del asesinato de la maestra y su familia, exigen universitarios

La viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, la activista Roberta Campos Adame y el maestro Antonio García Quiroz exigieron a los tres niveles de gobierno y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investiguen de manera seria el asesinato de la maestra e integrante del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Jeany Rosado Peña, el de su hijo Isaac Daniel Cabrera y de su esposo Nicéforo Cabrera Rojas, ocurridos la noche del domingo en esta ciudad.
Mientras esperaban la llegada de los cuerpos de Rosado Peña y de su hijo a las oficinas del STAUAG en la capital, donde hubo una ceremonia de despedida, varios universitarios se quejaron de la omisión del rector, Javier Saldaña Almazán ante el asesinato múltiple y criticaron su ausencia en la actividad a la que acudieron más de 200 Universitarios acompañados de activistas y familiares de la maestra asesinada.
Obeso Cázares expresó que estaba “muy impactada, muy consternada”, pero convencida de que los “crímenes atroces” que ocurren en Guerrero “son producto de una violencia estructural que se viene generando desde el Estado”.
Dijo que aunque “quizá” el asesinato de Rosado Peña y su familia no fue ordenado por alguien de alguna institución gubernamental, “si tienen que ver con el abandono en que el Estado tiene a los ciudadanos, el Estado que debe ser garante de la vida de los ciudadanos, del patrimonio, ha renunciado a eso y a permitido o ha generado de alguna manera esa violencia”.
Afirmó que “indiscutiblemente” el gobierno de Héctor Astudillo Flores y el fiscal general Xavier Olea Peláez deben de investigar los hechos y castigar a los responsables.
Campos Adame dijo que la situación actual es delicada porque “tanto la lucha social como la violencia” se relacionan con la delincuencia organizada. El de la familia de Rosado Peña fue un crimen horrendo en el que fue asesinado un niño de tan sólo 13 años de edad, “es triste lo que vivimos los guerrerenses porque estamos expuestos a este tipo de situaciones”.
Campos Adame dijo que escuchó a los dirigentes sindicales de la Universidad “hasta tibios, hasta con miedo”, sin exigir de manera contundente a la Rectoría que Saldaña Almazán proteste por estos actos, y aseguró que los ex rectores Rosalío Wences Reza, Enrique González Ruiz y Arquímedes Morales Carranza, “ya estarían en la calle diciéndole a la gente que se organice para parar la ola de delincuencia”.
Señaló a Saldaña Almazán de que le apuesta a que las autoridades cumplan su papel a pesar de que los asesinatos siguen, lo que es prueba de su ineptitud.
Mencionó que la lucha de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, fue correcta porque hubo organización y solidaridad, pero en el caso de la UAG los universitarios están dispersos y deben de unirse.
García Quiroz pidió a Olea Peláez “que no vaya a salir con su batea de babas, con sus falsas especulaciones y sus erróneas hipótesis”, respecto del asesinato de Rosado Peña y su familia, como ocurrió en el caso de la doctora del IMSS Adela Rivas Obé.

 

Una maestra de la UAG, su esposo y su hijo menor de edad son las víctimas de la noche del domingo en Chilpancingo

Los dos hombres y la mujer asesinados la noche del domingo son una integrante del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Jeany Rosado Peña, el médico internista del IMSS de Ciudad Altamirano Nicéforo Cabrera Rojas y su hijo de 13 años, quienes vivían en la colonia Recursos Hidráulicos de esta ciudad.
Esa noche fuentes policiacas informaron que los tres cuerpos fueron hallados en su casa, pero ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó que el cuerpo de la mujer fue encontrado a un costado de la Autopista del Sol, entre Tierra Colorada y Chilpancingo cerca del puente de río Papagayo.
En el reporte de la Fiscalía se informó que a las 11 de la noche del domingo familiares de las tres víctimas no tenían comunicación con ellos y fueron a buscarlos a su casa. En la sala encontraron al médico envuelto con una colchoneta, había rastros de sangre en el piso y en las paredes.
Después llegaron policías ministeriales y peritos de la Fiscalía, en el primer piso de la vivienda en un cuarto hallaron el cuerpo el menor de 13 años asesinado a balazos, estaba acostado en su cama.
Testigos informaron que la tarde del domingo un grupo de hombres entró a la casa ubicada en la colonia Recursos Hidráulicos, atrás del Palacio de Gobierno y tras cometer el doble asesinato se llevaron a Rosado Peña y tres vehículos de la familia.
Fuentes de la Fiscalía informaron que a las 6:30 de la tarde del domingo fue encontrada la maestra de la UAG a un costado de la Autopista del Sol, en el kilómetro 341 entre Tierra Colorada y Chilpancingo cerca del puente del río Papagayo.
La fuente comentó que a esa hora fueron asesinados Cabrera Rojas y su hijo Daniel de 13 años dentro de su casa, y a las 11 de la noche familiares de la víctima avisaron a las autoridades policiacas, y dijeron que el ataque pudiera ser una venganza.
En la casa de las víctimas policías ministeriales hallaron tres casquillos percutidos calibre .380 milímetros y un cúter que el médico internista usó para defenderse.
Vecinos de la colonia Recursos Hidráulicos dijeron que cuando ocurrió el asesinato no se escucharon detonaciones de arma de fuego.
Fuentes del Servicio Médico Forense (Semefo) informaron que las tres víctimas tenían impactos de bala en la cabeza, y en el caso de la trabajadora de la UAG tenía heridas de arma blanca en las dos mejillas y en el cuello.
En este homicidio se integró la carpeta de investigación 12020090600034080117 para dar con los presuntos responsables.
Por otro lado, sindicalizados del STAUAG informaron que Rosado Peña era maestra de la Unidad Académica de Enfermería de Coyuca de Catalán, que debido a la inseguridad huyó hace siete años de ese municipio y se refugió en Chilpancingo.
Comentaron que hace tres años se integró al Comité Ejecutivo Central del STAUAG donde trabajaba, su pareja era de Tlapehuala y ella de Mérida, Yucatán.

Muere en el hospital un campesino baleado afuera de la feria de la capital

Un campesino de 35 años murió la noche del domingo en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, luego de que fue atacado balazos afuera de las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, en la colonia Los Ángeles de esta ciudad.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 10 de la noche del domingo recibieron el reporte de que había fallecido un hombre en el hospital.
En el reporte indicó que a las 8 de la noche la víctima fue agredida a balazos afuera de las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, y por sus propios medios se trasladó al hospital general para recibir atención médica.
A las 10 de la noche del domingo el hombre murió a consecuencia de las heridas de bala. La víctima se llamaba Francisco, era un campesino originario de la comunidad de, del municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Protestan defraudados por una constructora en la capital; piden que intervenga el gobernador

Unos 30 vecinos del fraccionamiento Club Residencial Palo Dulce protestaron en Casa Guerrero y en Palacio de Gobierno, para exigir que el gobernador priista, Héctor Astudillo Flores intervenga ante el fraude a 200 familias que compraron ahí sus casas en 2010.
Los vecinos, en su mayoría mujeres, se reunieron con pancartas en la puerta 2 de Casa Guerrero para exigir una audiencia con el gobernados en la que plantearían el problema que enfrentan desde 2010.
Ante la llegada de los manifestantes, que permanecieron afuera de Casa Guerrero 30 minutos, policías antimotines se plantaron en la entrada principal de la residencia.
En el lugar, una de las vecinas defraudadas, Gabriela Benítez Rodríguez explicó que los contratos establecían que les entregarían las casas 18 meses después de la firma, pero al llegar la fecha, la empresa Bode Constructora no había construido todas las casas y abandonó la obra.
En octubre de 2012, los vecinos ocuparon las pocas viviendas que estaban construidas, mientras que otros se apoderaron de los terrenos, y demandaron por la vía civil a la empresa Bode Constructora. Por su parte, la empresa también demandó a seis vecinos, para ponerlos como “incumplidos”, denunciaron. “Ahora, para que resulte más grave esta situación nos esta demandando por despojo a quienes estamos en posesión de nuestras casas”, agregó.
Indicó que los vecinos que están ocupando sus casas pagaron puntualmente sus mensualidades como las estableció la empresa, e incluso algunos que pagaron de contado su casa.
“Parece que la Fiscalía (General del Estado) se está prestando al juego de la empresa, aun cuando se trata de una situación civil; a grandes rasgos, esto es por lo que pedimos la intervención del gobernador”, explicó.
La propuesta de los vecinos es que la empresa se desista del ataque directo y que cumpla la construcción completa de las casas para las 200 familias afectadas.
El fraccionamiento Club Residencial Palo Dulce se ubica en la parte sur de la ciudad, en un predio detrás del Palacio de Gobierno, y en el viven médicos, abogados, maestros, enfermeras y burócratas, entre otros sectores de profesionistas.
Tras protestar en Casa Guerrero, los inconformes se trasladaron a Palacio de Gobierno, luego de que los policías antimotines les indicaron que ahí no serían atendidos.
En Palacio de Gobierno iniciaron su protesta a las 5:30 de la tarde, que duró más de 25 minutos, ya que los recibió en la puerta principal el director de Gobernación, Jesús Vargas Vargas, con quien se estableció una mesa de diálogo para darle seguimiento al caso.

Torturan y ejecutan a un joven; lo hallan en una barranca de Zotoltitlán, Apango

Un joven de 25 años fue asesinado con el tiro de gracia y su cuerpo encontrado envuelto con bolsas de plástico, en la barranca del Tigre en la comunidad de Zotoltitlán municipio de Mártir de Cuilapan (Apango).
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública informaron que a las 9:22 de la noche de ayer hallaron el cuerpo de un joven atado con las manos hacia atrás y los ojos vendados, en la barranca ubicada entre esta localidad y Apango, la cabecera municipal.
La víctima de unos 25 años estaba envuelta con tres bolsas de plástico y tenía un impacto de bala en la cabeza, además había dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros.
La zona fue acordonada por policías estatales y militares y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias de ley.
El cuerpo sin ser identificado fue trasladado al Servicio Médico Forense de Chilpancingo para la necropsia de ley.

Encuentra la CNDH que en cárceles de Guerrero los presos tienen funciones de autoridad y cobran

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló 189 situaciones de riesgo, para prevenir la tortura y el maltrato en lugares de detención e internamiento (cárceles y albergues) que dependen del gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en su informe de anual de actividades 2016.
Además señaló 150 situaciones riesgo en cárceles municipales de Acapulco, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de Los Bravo, Coyuca de Benítez, Huitzuco de Los Figueroa, Mochitlán, San Marcos, Taxco de Alarcón, Tepecoacuilco de Trujano y Tixtla de Guerrero.
Entre las irregularidades señaló que las instalaciones son inadecuadas, que no tienen áreas exclusivas para alojar a las mujeres y que los internos tienen funciones de autoridad, cobran y gozan de distintos privilegios.
En un comunicado la CNDH informó que hizo más de 4 mil visitas a las 32 entidades del país, y el Mecanismo emitió 17 informes, nueve para cuatro entidades estatales, entre ellas Guerrero, así como para autoridades municipales y tres para al gobierno federal: uno para el Comisionado del Instituto Nacional de Migración y dos para el Comisionado Nacional de Seguridad.
En 44 visitas iniciales a Guerrero y cuatro de seguimiento, encontró 110 “incidencias” (situaciones irregulares) que violentan la legalidad y seguridad jurídica de personas privadas de su libertad, 80 relativas al derecho a un trato humano y digno, 33 por el derecho a la protección a la salud, 93 por el derecho a la integridad personal y 23 situaciones de grupos en situación de vulnerabilidad.
En el informe del 18 de agosto de 2016 para Guerrero y la FGE, indicó que en la entidad las instalaciones de detención y reclusión son inadecuadas, que la alimentación es deficiente, que hay sobrepoblación, hacinamiento y falta de lugares de recreación.
También faltan áreas exclusivas para alojar a las mujeres, personal especializado para la atención de menores de edad, la restricción de actividades de reinserción social, y los internos tienen “funciones de autoridad, cobros y privilegios”.
El mes pasado una mujer presa en la cárcel de Chilpancingo denunció que se separó a hombres y mujeres debido a que lo recomendó la CNDH, y que las instalaciones son inadecuadas porque las madres que viven con sus hijos tienen espacios de trabajo en el área general, donde están los hombres.
La CNDH denunció que en Guerrero hay restricción de comunicación del detenido con un defensor, hasta que éste acepta el cargo que se le imputa, falta de privacidad durante las entrevistas de las personas detenidas con su defensor y la comunicación telefónica, insuficientes aparatos telefónicos para la comunicación con personas del exterior, deficiencias en los registros de personas privadas de la libertad, inadecuada separación y clasificación de personas privadas de la libertad (procesadas y sentenciadas), e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias a los internos.
Señala que los funcionarios públicos son omisos ante actos de tortura o maltrato y frente a las anomalías del personal médico, por prestación del servicio, y abasto de medicamentos, donde no hay condiciones para hacer los exámenes en privacidad.
Para la atención de mujeres señaló que no hay personal femenino para su custodia, y falta capacitación a servidores públicos adscritos a los lugares de detención e internamiento en materia de prevención de la tortura.
Tampoco programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos en los lugares de detención, contra las adicciones ni accesos para las personas con capacidades físicas diferentes.
Recomienda mejorar la higiene y que se den tres alimentos al día en las prisiones

A fin de promover medidas para mejorar el trato y las condiciones de detención, recomendó mejorar las condiciones de habitabilidad y de higiene para garantizar una estancia digna y segura.
Asimismo, que se distribuyan tres alimentos al día en un horario establecido, con valor nutritivo para el mantenimiento de su salud, y se procure una distribución equitativa de los espacios que no exceda la capacidad instalada, y que las mujeres en los centros de reclusión y en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes cuenten con instalaciones adecuadas para garantizarles el acceso a los servicios y actividades, en igualdad de condiciones que la población varonil y totalmente separadas de las que éstos utilizan, así como contar con el personal especializado que se requiera para tal efecto.
Propuso que los centros de adaptación, tengan áreas de aseguramiento de las agencias del Ministerio Público que alojen exclusivamente a las mujeres, completamente separadas de las que ocupan los hombres, y se implementen programas para prevenir y en su caso y atender situaciones de peligro, emergencia o eventos violentos.
Del Centro Estatal Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad Casa Hogar DIF Guerrero, pidió personal de trabajo social suficiente para la debida atención de los menores.
En el informe 6/2016 el 26 de agosto de 2016 el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura notificó a los alcaldes de los 12 municipios de Guerrero que tienen cárceles, 150 situaciones de riesgo, situaciones similares a los centros de readaptación estatal: inadecuadas instalaciones, deficiencias en la alimentación y falta de áreas para alojar a mujeres.
Señala irregularidades en la imposición de sanciones administrativas, deficiencias en los registros de personas privadas de la libertad, restricción de la comunicación telefónica y la omisión de denuncia sobre actos de tortura o maltrato.
En prevención de la tortura resalta la inexistencia de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos, deficiente supervisión de los lugares de detención y carencia de accesos para personas con capacidades diferentes.

Ejecutan a balazos a un hombre de 30 años cerca del centro de Zihuatanejo

 

Un hombre de unos 30 años fue ejecutado a balazos cerca del parque Extremo ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar, cerca del centro de Zihuatanejo.
Fuentes policiacas informaron que a las 12:40 de ayer recibieron el reporte de que un hombre asesinado a balazos estaba atrás de ese parque.
El cuerpo de la víctima quedó sentado en una banqueta y recargado en un muro, vestía una playera roja, una bermuda beige, huaraches negros y una gorra negra.
Al lugar acudieron policías municipales, estatales y ministeriales quienes acordonaron la zona. Peritos de la Fiscalía General del Estado hicieron las diligencias correspondientes y encontraron casquillos percutidos para rifles de asalto AR-15 y AK-47 o cuernos de chivo.
El cuerpo fue trasladado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.