Según datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) hasta julio en Guerrero había mil 47 desaparecidos, con base en el reporte que la Fiscalía General del Estado (FGE) entrega al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 84 más que en abril pasado.
En el país según las estadísticas había 27 mil 428 personas desaparecidas hasta el 31 de julio del 2016. Los datos que el secretariado comenzó a registrar desde el 2014 corresponden a desapariciones anteriores a 2007.
Para abril se registraron 27 mil 162 personas desaparecidas, y sólo tres meses después la cantidad aumentó en 266 casos.
Guerrero pasó del décimo lugar al noveno nacional en casos de desaparecidos, en abril había un registro de 963 y para julio de este año hubo 84 nuevos casos que suman mil 47 desapariciones.
Del total de las desapariciones en el país hasta julio 20 mil 636 son hombres, 559 más que en abril, 6 mil 792 son mujeres, aquí hay una disminución de 293 casos, pero en el reporte no precisa si las desaparecidas fueron encontradas con o sin vida. En abril eran 7 mil 85 reportadas.
A pesar de que Tamaulipas registró 23 casos menos se mantiene en primer lugar nacional con 5 mil 560. El Estado de México también se mantuvo en segundo lugar a pesar de que disminuyó la cifra en 181 casos reportados, en abril eran 2 mil 830 y para julio fueron 2 mil 649.
En el tercer está Jalisco que acumuló 86 casos más y pasó de 2 mil 390 en abril a 2 mil 476 en julio. En el cuarto sitio se mantuvo Nuevo León con 2 mil 247, en abril tenía 2 mil 311 desaparecidos.
En quinto lugar se mantuvo Sinaloa con 2 mil 220 registros aunque aumentó 204 casos más a los 2 mil 16 registrados en abril.
En el sexto sitio está Chihuahua con mil 799, en el lugar séptimo Coahuila con mil 586 registros, le siguen Sonora con mil 88 casos, Guerrero con mil 47 y en el décimo lugar está Michoacán con mil 23 casos.
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Van dos muertos de la UPOEG y 26 del FUSDEG tras casi 19 meses de enfrentamientos
El 23 de enero de 2014, la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) entró al valle de El Ocotito con la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia del Estado de Guerrero y, en menos de año una escisión conformó el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que aglutinó comunidades que pertenecían al movimiento que encabeza el dirigente indígena Bruno Plácido Valerio.
Pese a la tensión de la división, agravada por la confrontación política del año electoral (2015) y a las acusaciones mutuas de dar apoyo a grupos delictivos, la UPOEG mantuvo su presencia en algunas localidades del valle, de donde extendió su influencia a la Sierra.
El primer hecho violento conocido entre las organizaciones extendidas en comunidades rurales de Chilpancingo y Acapulco, ocurrió el 30 de marzo de 2015, en el crucero de San Juan el Reparo, de la carretera nacional Tierra Colorada-Cruz Grande, en el municipio de Juan R. Escudero.
Esa noche se reportaron siete muertos del FUSDEG y dos de la UPOEG, además de dos heridos graves, uno de cada grupo. Los primeros denunciaron que fueron emboscados, lo segundos que repelieron una agresión. Un policía herido del FUSDEG murió a 10 días del ataque, y de cinco integrantes del FUSDEG extraviados en los ataques, dos fueron encontrados degollados el 1 de abril en Chacalapa, San Marcos.
Poco después, el 8 de abril, el policía comunitario del FUSDEG, Raúl Jiménez Salgado, sobreviviente de los hechos, fue asesinado en su domicilio, en el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco.
A poco más de un año, el 18 de abril de 2016, fue asesinado el ex comisario y ex presidente del comisariado de los Bienes Comunales de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, Edilberto Santiago Díaz, era hermano del primer coordinador del FUSDEG en Tierra Colorada, Romualdo Santiago Díaz. Los hijos de la víctima responsabilizaron a policías de la UPOEG.
Asimismo, denunciaron el asesinato de la coordinadora del FUSDEG, Nelva Edilia Sánchez López, el 26 de julio de 2015, cuando cruzaba la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en San Marcos, crimen perpetrado por policías ciudadanos de la organización opositora.
En este escenario enrarecido, también se enfrentaron dos grupos de policías comunitarios del propio FUSDEG en Xolapa, municipio de Acapulco. El 7 de junio de 2015, fueron muertas 16 personas a balazos: 13 de la fracción de Acapulco, encabezados por Policarpo Ramírez quien murió en la balacera y tres del FUSDEG del Valle de El Ocotito, regente en el movimiento de seguridad comunitaria del FUSDEG.
En estos hechos tiene antecedente el conflicto del cambio de comisarios municipales en Chilpancingo, donde dos grupos del mismo FUSDEG en Petaquillas se disputaron el control del sistema de seguridad comunitaria.
Confirma el fiscal que hay un detenido por el asesinato de la doctora Adela Rivas; es el único inculpado, afirma
El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez confirmó la detención del encargado administrativo de la Unidad Médica del IMSS de Petacalco como único presunto responsable de la desaparición y asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, y ratificó que el crimen fue por el robo de medicamentos controlados que investigaba la directora de micro región en la Costa Grande.
Dijo que probablemente la doctora entrevistó al inculpado y ahí comenzó el conflicto, mientras que la delegación en Guerrero del IMSS envió un breve comunicado en el que no menciona el robo de medicamentos, pero reitera su cooperación en las investigaciones.
En conferencia de prensa al mediodía de ayer en el Centro Internacional Acapulco, Olea Peláez dio una disculpa a los familiares de la víctima por haber declarado que una de las líneas de investigación era pasional, “debo decir y ofrecer una disculpa a la familia de la doctora Rivas, principalmente si existió un mal entendido a las investigaciones que hacíamos, sin embargo afortunadamente una de las líneas de investigación fue la idónea”.
Confirmó que la detención de Edgar Arturo de 30 años fue alrededor de la 1 de la madrugada del sábado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, como se informó en estas páginas.
Precisó que la detención fue en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán con base en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y no “como erróneamente” fue informado de que esa dependencia del estado vecino detuvo al señalado. Dijo que dos grupos de agentes ministeriales de Zihuatanejo y de La Unión entraron a Lázaro Cárdenas y detuvieron al inculpado.
Agregó que hay los “suficientes elementos para que después de la ampliación del término constitucional –que solicitó el abogado del inculpado– el imputado sea vinculado a proceso, tomando en consideración que las pruebas existentes hacen probable su responsabilidad”.
Indicó que de acuerdo con la carpeta de información 121-3057-0301-090-111-016 radicada en la ciudad de Zihuatanejo, el juez de Control y Enjuiciamiento Judicial otorgó una orden de aprehensión por homicidio calificado, en agravio de la doctora Rivas Obé de 52 años, quien investigaba personalmente la falta de medicamentos controlados en la clínica de Petacalco, municipio de La Unión.
El fiscal dijo que según la información que se obtuvo del número de la víctima así como los números telefónicos con los que tuvo comunicación, “se identificó un número con lada 742, con dicho número tenía comunicación constante en los días previos a su desaparición, así como en los días que fue privada de la libertad. Se acreditó con el teléfono 753 fue localizado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sin embargo el día de la desaparición (el 22 de septiembre a las 11:27), a las 14:54 horas este número se localizó en las inmediaciones de la colonia Industrial de Zihuatanejo, aproximadamente a 150 metros de la clínica del Seguro Social”.
“Al lugar al cual acudió la doctora a una reunión de trabajo, retirándose de dicha clínica alrededor de las 12:40 horas, y minutos más tarde la doctora recibió una llamada telefónica con lada 753 teniendo una duración aproximada de dos minutos, es importante destacar que la comunicación entre estos dos números y el teléfono de la doctora Rivas Obé fue constante hasta el día de su desaparición o privación de la libertad”. La doctora fue encontrada el 11 de octubre en la playa La Majahua, donde según la PGJE de Michoacán Edgar Arturo la asesinó.
Olea Peláez, abundó “es decir, existieron llamadas y mensajes entrantes y salientes en tres momentos, además que los números telefónicos que tuvieron comunicación antes y durante el hecho delictivo con la doctora, tuvieron actividad principalmente en las inmediaciones de la localidad de Petacalco, municipio de la Unión, por lo que se realizaron trabajos de campo para corroborar la identidad exacta de los usuarios de los teléfonos antes mencionados, así como los domicilios y rutinas de los mismos”.
Dijo que mediante “testigos se averiguó que uno de los números con lada 753 es propiedad de Edgar Arturo, quien se desempeña como encargado administrativo de la Unidad Médica del IMSS precisamente en Petacalco”. El fiscal informó que el domingo se realizó la audiencia inicial de la carpeta 20/2016, donde el abogado del imputado solicitó la ampliación del proceso, y fue programada para hoy a la 1 de la tarde. El inculpado se encuentra en prisión preventiva.
El robo de medicamentos
En la ronda de preguntas el fiscal dijo que “desde el primer día de la desaparición en presencia del coordinador general de la Policía Ministerial hablé telefónicamente con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social –José Luis Ávila Sánchez–, y le dije muy claramente que nuestra línea de investigación, más clara, independientemente de cualquier otro tipo era precisamente el robo de medicamentos. Él respondió textualmente que no tenía conocimiento del robo de estos medicamentos”.
“Ella era una doctora que administraba la microzona, entonces tenía que saber qué medicamentos se suministraban, qué medicamentos llegaban o se adquirían, y cuántos medicamentos quedaban, y ahí es donde ella se percata de la falta de medicamentos y muy probablemente entonces entrevista a esta persona, quien era el encargado de la custodia de los medicamentos y ahí probablemente inició el conflicto”, supuso.
Olea Peláez dijo que el inculpado robó más de 200 o 300 unidades de medicamentos controlados en los últimos días, “y él los vendía al público, son medicamentos muy caros. Había psicotrópicos, había medicinas para el dolor, etc. Medicamentos verdaderamente caros y él recibía según las pláticas que se tuvieron con él, las entrevistas que se tuvieron con él, recibía por la venta de estos medicamentos alrededor de 15 o 20 mil pesos”.
El fiscal respondió que Edgar Arturo es el único detenido por el asesinato “es muy difícil hablar de un cómplice, tomando en consideración que el único que tenía acceso a ese tipo de medicamentos controlados era precisamente él. Una línea de la investigación son los testigos que compraban el medicamento”, adelantó.
Abundó que el caso no se cierra porque inicia el proceso penal, e insistió en que la Fiscalía tiene suficientes elementos para procesar al presunto responsable, “las pruebas periciales que son muy precisas”.
El comunicado del IMSS
La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó en un escueto comunicado que reitera que seguirá cooperando con las autoridades ministeriales en las investigaciones del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé.
La misiva enviada casi cuatro horas después de la declaración del fiscal no menciona el robo de medicamentos.
“Reiteramos que continuaremos colaborando con la autoridad judicial para el desarrollo adecuado del proceso” y “el IMSS reitera su solidaridad y total apoyo a los familiares de la doctora Adela Rivas para el esclarecimiento de su caso”, se lee.
La delegación a cargo de José Luis Ávila Sánchez, emitió un primer comunicado cuatro días después de la desaparición de Adela Rivas, cuando el hijo de la doctora, Bolívar Rojas manifestó que la institución debe velar por la seguridad de sus trabajadores, y lo que sucediera en horario laboral es responsabilidad del IMSS.
Los familiares indicaron que José Luis Ávila se acercó a ellos pero le pedían una posición pública de la institución. El 26 de septiembre en declaraciones a reporteros, Ávila Sánchez pidió el apoyo al gobierno del estado para localizar a la doctora.
El lunes 17 de octubre el fiscal informó que el cuerpo hallado en playa La Majahua seis días antes en Zihuatanejo, correspondía a la doctora Rivas Obé y dentro de las líneas de investigación por el homicidio decía que la directora de la micro zona investigaba la desaparición de fármacos.
Un día después el delegado del IMSS respondió que no había investigaciones internas por robo de medicamento: “puedo decir que de manera oficial y tajante que nosotros no teníamos ninguna carpeta, ningún proceso administrativo, ninguna investigación en curso o algo relativo a ese tema”.
Ávila Sánchez aseguró que en el IMSS hay un control estricto de los medicamentos, “nosotros manejamos algo que se llama Torre de Control en donde están bajo llave y se distribuyen al estado cuando son requeridos bajo estrictas normas de control con el derechohabiente, número de expediente, número de matrícula, todo”. Dos días después, el pasado jueves consultado, reiteró que no había reportes de robo.
Sin embargo ayer la Fiscalía dijo que Edgar Arturo, encargado de la Unidad Médica del IMSS en Petacalco y presunto homicida, traficaba con medicamentos controlados como psicotrópicos y analgésicos.
En otro tema, el fiscal del estado Xavier Olea Peláez llamó a la mamá de la adolescente de 15 años Saira Hernández Chino cuyos restos fueron entregados diez meses después de haber sido encontrados y reconocidos, que diga qué funcionario la trató mal para proceder de forma administrativa.
Dijo que lamentaba el caso de la señora Bellanira Chino Campo y la exhortó a “que me diga qué funcionario la trató mal, y entonces yo procederé administrativamente”.
El viernes después de un año y siete meses desaparecida, y 10 meses después de que encontraron sus restos en una fosa clandestina, la mamá de la joven que trabajaba en una cafetería en Galerías Chilpancingo recibió el cuerpo de su hija.
Abren proceso a los detenidos por el caso de la Urvan por asalto y asesinato sin premeditación
El juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha resolvió la mañana de este jueves la vinculación a proceso, con prisión preventiva, de cuatro de los acusados por el asesinato de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, del trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal y del chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo.
La audiencia pública fue en la sala 1 de juicios orales ubicada en la Ciudad Judicial, a las 7:30, en donde el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado sostuvieron que el móvil del múltiple homicidio fue el asalto y que los dos estudiantes normalistas asesinados opusieron resistencia, pero el asesor legal de los dos normalistas, Vidulfo Rosales Sierra insistió en que hubo “premeditación” en la actuación de los imputados para asesinar a los dos normalistas
También hubo discrepancias en cuanto al número de personas que actuaron en el múltiple homicidio. Los representantes del Ministerio Público (MP) que presenta los elementos y su investigación, y de la Fiscalía que defiende su caso, sostuvieron que fueron cinco, mientras que Rosales Sierra dijo que fueron seis.
Sin embargo hubo coincidencia en cuanto a la mecánica y la ruta que siguieron los ahora imputados la tarde de ese 4 de octubre.
Asimismo compartieron la certeza de que los detenidos son los que participaron en los homicidios de las cuatro personas ese día, aunque al término de la audiencia de vinculación a proceso solicitaron un plazo de cuatro meses para la próxima –la audiencia de juicio-, plazo que utilizarán para presentar más argumentos en contra de los imputados.
A su vez los dos defensores públicos que asisten legalmente a los acusados, se reservaron “por estrategia” su derecho a presentar argumentos a favor de sus defendidos, y también omitieron su derecho a emitir argumentos en su defensa.
La ruta de los acusados
La versión de los representantes del MP y de la Fiscalía, que obtuvieron mediante el testimonio de dos testigos, es que los cinco detenidos (cuatro mayores de edad que ayer fueron vinculados a proceso y un menor de edad al que le dictaron medidas cautelares el miércoles en el Tribunal de Justicia para Adolescentes), abordaron la Urvan de la ruta Chilpancingo-Tixtla en la colonia Indeco, y que cuando llegaban al kilómetro 4 en el punto conocido como El Derrumbe o la Curva del Amate, sacaron pistolas con las que dos de ellos amagaron al chofer y lo obligaron a detenerse.
“Órale hijo de tu puta madre, párate o matamos a todos”, le habría dicho uno de los hombres armados al conductor, quien detuvo la unidad. Entonces otro disparó (no precisa el MP si éstos se hicieron dentro o ya fuera del vehículo), pero dice que después bajaron a los pasajeros y los obligaron a tirarse al suelo para despojarlos de dinero y teléfonos celulares.
Según el MP y la Fiscalía, Jonathan Morales y Filimón Tacuba (estudiantes de Ayotzinapa) opusieron resistencia y fue cuando les dispararon.
También le dispararon al trabajador del IEEJAG, Juventino Carranza, quien quedó herido pero murió cuando era atendido en el hospital Raymundo Abarca Alarcón.
Posteriormente los ahora detenidos dispararon a otros conductores, entre éstos al chofer de una Urvan que circulaba de Tixtla a Chilpancingo e hirieron a un niño de 8 años que iba de pasajero y al conductor. Asimismo resultó herido el chofer de una camioneta de una tienda de abarrotes de Chilapa y el conductor de la Urvan 41 en la que viajaban las víctimas.
Según el MP y la Fiscalía después los cinco hombres armados obligaron a detenerse al conductor de un vehículo particular (del que no mencionan las características) en el que se regresaron rumbo a Chilpancingo y cerca de casa Guerrero lo abandonaron y caminaron rumbo a la colonia Ampliación Revolución (que se encuentra a menos de un kilómetro) en donde en la calle Constitución le hicieron la parada al chofer de la combi número 63 de la ruta Reforma-Mercado, quien al ver que iban armados lo mataron a balazos. Se trata del chofer Marco Antonio Organista Lorenzo.
Enseguida los cinco armados obligaron a detenerse al conductor de un vehículo Chevrolet Sonic negro, quien bajo amenazas los trasladó al otro extremo de la ciudad, a la colonia Sección Séptima, (que se encuentra en la parte alta de la colonia López Portillo, al poniente de la ciudad), en donde se dispersaron y tomaron rumbo desconocido.
El representante del MP y el de la Fiscalía, destacaron que los dos testigos han identificado plenamente a los cuatro detenidos.
La discrepancia
En cambio el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien funge como asesor jurídico de los familiares de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Dijo en su exposición que fueron seis los hombres armados que participaron en el múltiple homicidio.
El abogado citó como testigos a los mismos que utilizaron el MP y la Fiscalía, aseguró que primero en la parada de la colonia Indeco se subieron tres y tomaron los asientos de la parte de atrás de la Urvan. Metros más adelante abordaron la unidad otros tres que ocuparon los asientos delanteros, situación que el abogado utilizó para argumentar que hubo “premeditación” de los imputados pues planearon dejar en medio e indefensas a sus víctimas.
Rosales Sierra insistió en que durante el ataque a los estudiantes no hubo resistencia de los dos estudiantes y que, incluso, les dispararon a pesar de que Jonathan y Filimón les dijeron que eran estudiantes y que no llevaban nada (de valor).
En cuanto a la ruta que siguieron los hombres armados para darse a la fuga, Rosales sólo agrega que hubo cámaras del Centro de Control, Comunicación y Comando (C-4) que registraron a los seis armados y ahora acusados cuando huían por la colonia Reforma.
Sin embargo el juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha resolvió que no existen elementos que establezcan que hubo “premeditación” en la actuación de los imputados y coincidió con el móvil que expusieron el MP y la Fiscalía en el sentido de que se trató de un asalto circunstancial.
Los representantes del Ministerio Público y de la Fiscalía expusieron que en el lugar donde fueron asesinados los dos estudiantes y el trabajador del IEEJAG se encontraron 11 casquillos de pistola calibre 22, cinco de 9 milímetros, uno de 380 y otro de calibre 25.
Aunque en la necropsia a los cuerpos de las víctimas los impactos que recibieron sólo fueron de 9 milímetros y 22., casquillos de estas dos últimas armas también fueron encontrados en el lugar donde mataron al chofer de la Urvan del servicio público de Chilpancingo, en la colonia Reforma.
De las cuatro víctimas sólo los dos estudiantes de la Normal de Ayozinapa recibieron dos impactos. Filimón Tacuba recibió uno en la cara y otro en la sien, y Jonathan uno en la frente y otro cerca de la nariz. Mientras que Juventino Carranza recibió uno cerca de la patilla derecha y Marco Antonio Organista uno del que no se precisó el lugar del impacto.
Que Dios los Bendiga
Al final el juez de control sintetizó los señalamientos, acusaciones y argumentos del MP, la Fiscalía y de los asesores de los familiares de las víctimas y resolvió la vinculación a proceso de los cuatro imputados.
Asimismo aceptó la petición de los representantes del MP y de la Fiscalía de establecer un plazo de 4 meses para la próxima audiencia que será la de juicio. El plazo fue aceptado por los asesores de los familiares de las víctimas y por los defensores públicos. El juez destacó que este plazo servirá para que las partes presenten más elementos de prueba para la imputación, o bien para la defensa.
Acomodados en sus asientos dos de los imputados se observaron tímidos e intimidados, los otros dos recorrían con su mirada escrutadora la sala y a todos los actores del juicio, uno de ellos incluso parecía retador e interactuó permanentemente con uno de los defensores públicos acreditados para su defensa.
Francisco, el padre del chofer Marco Antonio Organista propuso representarse solo en el juicio, pero el juez le aclaró que tenía que utilizar al asesor de las víctimas del delito que paga el Estado, porque hay términos que sólo éstos conocen y declinó a su propuesta.
Al final quiso participar y el juez le cedió la palabra. Agradeció de entrada a las autoridades por la detención de los acusados, “yo no tengo la certeza (de que sean ellos), ustedes (las autoridades) sí la tienen”, dijo.
Mirando al juez, acusó: “hay autoridades que se corrompen, pero hay un Dios que no”.
Después volteó hacia los acusados y con los ojos húmedos pero firme, les dijo: “sepan ustedes que dejaron a dos niños en la orfandad. Yo no sé por qué hacen ustedes estas cosas que enlutan a familias, ya no sigan matando a gente inocente. Que Dios los bendiga”, se escuchó casi suplicante, y, visiblemente abatido se desplomó en su asiento.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra declaró que tratará de demostrar que los detenidos por el asesinato de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la tarde del 4 de octubre actuaron con “premeditación” y no lo hicieron solos, sino que pertenecen a una estructura superior del crimen organizado.
El abogado insistió en que no se puede conformar sólo con los detenidos, “porque desde nuestro punto de vista no actuaron solos, ellos están ligados a otros vínculos con la delincuencia organizada y no solo con la delincuencia organizada, sino con todo un conjunto de complicidades de autoridades, de servidores públicos que hacen factibles que puedan cometer ese tipo de hechos violentos”.
Informó que personalmente ha debatido con el fiscal (Javier Olea Peláez), “le hemos solicitado que se puedan investigar estos vínculos, y verbalmente nos ha dicho que sí, esperemos que la Fiscalía se aboque a eso”.
También dijo que falta revisar todas las cámaras de video que hay cerca de Casa Guerrero por donde pasaron los detenidos, de la colonia Nueva Revolución e Indeco y de la colonia Sección Séptima, para determinar cómo actuaron los ahora detenidos.
Declaró que en este caso se debe comprobar la voluntad que tiene el gobierno para investigar más allá de los hechos del 4 de octubre. Pero dijo que lo que está viendo es una posición muy férrea de acotar los hechos a los detenidos, y que se asume la postura de que no hay nada más fuera eso, “y eso nos parece grave porque se están quedando cosas sueltas”.
Critica Tlachinollan que el fiscal pida soldados para que ocupen los puestos de policías ministeriales
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, calificó como “grave” la decisión del fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, de militarizar a la Policía Ministerial, mediante la petición al Ejército de que envíe soldados para que ocupen los puestos de agentes de esa corporación, con el argumento de que está involucrada con el crimen organizado.
“Meter al Ejército en la procuración de justicia es atentatorio a los derechos humanos y a las normas internacionales que piden que sean otro tipo de visiones las que predominen, como el respeto a los derechos humanos, la ciudadanización de las corporaciones policiacas, la investigación científica y no el uso de la fuerza”, dijo.
El sábado, el fiscal Olea Peláez declaró que debido a que agentes ministeriales están involucrados con la delincuencia organizada se hará una depuración, y que pedirá al Ejército que proporcione militares para incorporarse a las filas de la Policía Ministerial.
Vía telefónica, Barrera Hernández, opinó que la propuesta es “grave” porque la procuración de justicia no es un tema que tiene que ver con el uso de la fuerza, sino con una estrategia integral, garantizar la ciudadanización de las policías y el uso de mayores mecanismos de inteligencia.
El defensor de derechos humanos admitió que es necesario depurar a las corporaciones policiacas, pero no para que se militaricen, sino para crear nuevos cuerpos policiacos respetuosos de los derechos humanos, dijo.
Agregó que la del fiscal es una postura “regresiva” y no pensada en el respeto a los derechos humanos, “porque los ciudadanos quedaremos inermes ante cuerpos policiacos con formación militar”.
Añadió que la medida es cuestionable más ahora que los militares están señalados por los casos de la matanza de Tlatlaya, estado de México, y porque no han querido dar cuentas de su actuación en los ataques a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, cuando desaparecieron los 43 normalistas.
Dijo que la propuesta del fiscal va a contrapelo de las recomendaciones de organismos internacionales de ciudadanizar y profesionalizar a los cuerpos policiacos en el campo de la investigación científica.
“Y yo creo que aquí se le está apostando a cerrar filas con el uso de la fuerza, a la represión y a seguir copando a las instituciones con militares cuando éstos no han dado resultados en el ámbito de la seguridad, y, por el contrario, han agravado las violaciones a los derechos humanos, porque no hay controles civiles en términos de rendición de cuentas”, declaró Abel Barrera.
El defensor de derechos humanos advirtió que con la medida de Olea Peláez se deja un espacio para que sean nuevamente los militares los que vayan incursionando en el ámbito civil.
Recordó que eso ya pasó en la época de la guerra sucia, “y eso es grave, es volver a reeditar un nuevo escenario de represión, de uso de la fuerza, de contención social, y se deja de lado el tema de la investigación científica y de la ciudadanización de las corporaciones policiales, que es lo que se necesita”, insistió.
Barrera Hernández opinó que no se justifica lo que dice el fiscal que algunos agentes ministeriales están involucrados con el crimen organizado, porque también “hay un Ejército que tiene cuentas pendientes con la sociedad por los crímenes que ha cometido desde la guerra sucia, hasta lo de Tlatlaya y, obviamente, lo que ha pasado en Guerrero con las violaciones graves a los derechos humanos”.
Agregó que con esos antecedentes “decir que se va a suplantar un cuerpo policiaco por otro represivo y que violenta los derechos humanos, no ayuda a dar más confianza a la ciudadanía, sino a generar mayor temor y terror, porque no sería un cuerpo de seguridad para la investigación científica, sino para la represión”, recalcó
Explicó que tampoco es una buena medida porque “sabemos que el Ejército es una institución que no obedece a los ciudadanos, que tiene su propia lógica bélica, y que siempre va a ver a los ciudadanos como enemigos”.
Barrera Hernández añadió que si los militares se han negado a comparecer por el caso de Iguala, para aclarar su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, mucho menos van a querer rendir cuentas cuando actúen en cuestiones de ejecutar órdenes de aprehensión, “pues sabemos que siempre hay una tendencia del Ejército de ver al ciudadano como un enemigo de la sociedad, como alguien que atenta contra las instituciones, siempre con una lógica guerrerista”.
Alertó que la presencia de militares en la Policía Ministerial, “dañaría bastante” a la sociedad y esa no va a ser la solución.
Subrayó que lo que se necesita es lo que siempre han propuesto los organismos de derechos humanos, que se depuren las corporaciones policiacas, pero no para que se militarice la procuración de justicia, sino para que se sustituya por un nuevo modelo policial formado en derechos humanos, en investigaciones científicas y acorde con las nuevas reformas que obligan a la capacitación de las corporaciones y éstas actúen protegiendo los derechos humanos, usando tecnologías que ayuden a ser una policía profesional y no necesariamente usar la tortura como método de investigación, “que es a lo que recurre el Ejército todavía”.
Recalcó que pensar que es el Ejército la solución es una postura “regresiva”, que no está pensada en la perspectiva de los derechos humanos, “mucho menos en atender las recomendaciones de los organismos internacionales, con relación a la ciudadanización de las instituciones policiacas y transparentarlas mejor, capacitarlas en el tema del respeto a los derechos humanos y sobre todo profesionalizarlas”.
Barrera Hernández concluyó que decir que ahora los militares van a incorporarse como policías de investigación en un estado donde hay “graves violaciones” a los derechos humanos cometidas por el Ejército y donde la corrupción y el involucramiento con el crimen organizado sigue siendo un problema que afecta al sistema de justicia y de seguridad, “implica que los ciudadanos quedaremos inermes ante cuerpos policiacos con una formación militar”.
“Necesito detenidos” de la emboscada en Tlacotepec, dice Olea Peláez a la Ministerial
Karina Contreras
El fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez informó que inició la investigación del enfrentamiento en la sierra del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), para dar con los responsables de las muertes de tres policías estatales y de tres presuntos policías ciudadanos, ante lo que urgió a la Policía Ministerial: “necesito detenidos”.
En breves declaraciones tras la inauguración de la segunda asamblea plenaria ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos en el hotel Princess, sobre el caso de Heliodoro Castillo el fiscal dijo que se iniciaron las investigaciones correspondientes y “está la Policía Ministerial buscando las líneas de investigación para dar con los responsables, mi instrucción es que se dé con los responsables”.
De si eran policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con los que se enfrentaron los policías estatales, respondió que no podía adelantar nada “por el sigilo de la carpeta de investigación en este caso, pero lo que sí puedo adelantarles es mi instrucción a la Policía Ministerial, en el sentido de que necesito detenidos”.
Se le preguntó qué información tenía del secretario de Obras de Chilapa, José Luis Jiménez Parra, quien, junto con su chofer y su escolta, fue privado de su libertad por civiles armados el martes alrededor de las 4 de la tarde, en la carretera Chilapa-Chilpancingo, cerca de la comunidad de Ojitos de Agua, municipio de Tixtla, y respondió que tenía información, pero “no voy a declarar nada porque los familiares hasta este momento no han presentado denuncia”.
Añadió que, sin embargo, la fiscalía “inició las investigaciones correspondientes”, y a pregunta de si se trataba de un secuestro, el fiscal respondió, “ahorita vamos a llamarle una desaparición, no hay una llamada para pedir un rescate y, como consecuencia, no puede haber un secuestro”.
Sobre la participación de la delincuencia organizada en los hechos, Olea Peláez dijo que instruyó a la Policía Ministerial para que se reuniera, “con un par de testigos para obtener los datos correspondientes, visuales, de testigos presenciales, es todo los que le puedo decir”.
Los policías estatales actuaron en legítima defensa porque los atacaron: Salazar Adame
El secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, dijo que los policías estatales actuaron en legítima defensa durante el enfrentamiento ocurrido en la sierra, y que se trató de un encuentro donde “grupos” los atacaron.
“Creo que los hechos son contrastables, a nosotros lo que nos importa es que la sociedad reconozca que el esfuerzo que hacen los cuerpos de seguridad es serio, responsable y que lo menos que podemos hacer en este caso es reconocer a estas familias que perdieron a sus policías, a estos elementos que nos hacen falta en el gobierno del estado”, agregó.
Los tres civiles muertos en un enfrentamiento con policías estatales en la sierra de Tlacotepec pertenecen a de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Dos fueron velados en la comunidad La Vuelta con uniformes de la organización y uno más fue trasladado a Chilapa, de donde es originario.
Se le preguntó al funcionario si se confirma que se trató de policías de la UPOEG, y contestó que el vocero de seguridad emitiría el comunicado donde se detallaría la información.
Se le preguntó sobre la queja de policías estatales de que no cuentan con el equipo necesario para brindar seguridad, y contestó que los acuerdos con los policías se cumplirán en varios meses, porque implican presupuesto, dignificación de lugares y compra de equipo. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo ).
Ejecutan a un trabajador del Ayuntamiento de Iguala; le dejan una manta de Guerreros Unidos
En los primeros minutos de este sábado, hombres armados ejecutaron a balazos a un empleado de la Dirección de Limpia del Ayuntamiento, en la colonia Nuevo Horizonte, al norte de Iguala, al que le dejaron una narcomanta firmada por la organización Guerreros Unidos, en contra del grupo autollamado Los Espartanos, que se había adjudicado otras ejecuciones y había declarado la guerra a los primeros.
La escalada de la violencia y la disputa de la plaza entre organizaciones del crimen organizado, ha dejado 25 personas ejecutadas a balazos desde enero, una de ellas una mujer, y otras nueve personas, entre ellas una menor de 13 años y dos mujeres, han resultado heridas de bala en los diferentes ataques, de acuerdo a los registros de El Sur.
Una fuerte balacera se registró en los primeros minutos de ayer, entre las colonias Nuevo Horizonte y Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad, en la que vecinos reportaron más de 40 disparos de arma de fuego.
De acuerdo con versiones de vecinos, los pistoleros seguían a la víctima a balazos, hasta que le dieron alcance y la ejecutaron.
Minutos después, policías federales y estatales confirmaron la ejecución de un hombre, que más tarde fue identificado como Raúl Delgado Carreto, de 50 años, quien era empleado de la Dirección de Limpia del Ayuntamiento igualteco, según información dada a las autoridades por la esposa de la víctima, Yesenia Ortíz.
Su cuerpo fue hallado boca abajo en la calle Escultores, de la colonia Nuevo Horizonte, y presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes.
A sus pies, fue dejada una narcomanta completamente extendida de alrededor de 1.5 metros por 80 centímetros, firmada por la organización delictiva Guerreros Unidos.
En el texto se leía: “Hay Walter, Walter, Walter no te hagas pendejo (parte ilegible), dicen tú eres Familia Michoacana, pero no decías eso cuando te tenían maniado como rata, llorando como niña y te volviste Guerreros Unidos, hasta para mamar puto no olvides que nos lamias los huevos y pedías todos los días que no te fueran a matar, dices que no necesitas a nadie bla bla bla bla. Sal a pelar y no olvides que hay una segunda oportunidad, mierdas chinguen a su madre Los Espartanos, si quieren guerra, guerra tendrán mierdas hasta con ustedes podemos putos perros, quieren la plaza pues a pelear, espero duren en esta batalla putos Espartanos mierdas, caiga quien caiga, y Walter deja de andar como vieja y sal a pelar, quieren guerra vámonos con todos atte. Guerreros Unidos”, cita el mensaje escrito con marcadores azul y rojo.
De acuerdo con fuentes policiacas, Walter Alfonso Deloya Tomás, El W o Meduza, al que se hace referencia en la manta, es el jefe de plaza en Huitzuco, Atenango y Copalillo de la organización criminal Los Rojos, y que anteriormente operaba para Guerreros Unidos.
La zona en la que hallaron el cuerpo fue acordonada por policías federales y estatales. Peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado levantaron en el lugar varios casquillos percutidos, al parecer calibre .9 milímetros.
Al término de las diligencias, minutos después de la 1 de la madrugada, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad de Iguala.
Hallan narcomensaje de Los Espartanos en la entrada de la primaria 20 de Noviembre
Cerca de las 12:30 de la medianoche de ayer, minutos después de la ejecución de un hombre en la colonia Nievo Horizonte, al norte de la ciudad, fue reportado el hallazgo de una narcomanta en la entrada principal de la escuela primaria 20 de Noviembre, ubicada en la calle Obregón, de la colonia 20 de Noviembre del sur de la ciudad.
La manta fue retirada y decomisada por policías estatales, quienes la trasladaron a las instalaciones del cuartel regional, para después ponerla a disposición del Ministerio Público.
El narcomensaje firmado por el grupo auto llamado Los Espartanos, estaba en una manta de 3 metros de largo por 3 de ancho, y el texto era el mismo de las tres mantas que fueron halladas la mañana del jueves en la comisaría municipal, en la escuela secundaria Jesús Reyes Heroles y la escuela primaria Revolución Mexicana.
En el texto, el grupo Los Espartanos declara el “toque de queda” en Iguala y la guerra en contra del gobierno y las diferentes organizaciones del crimen organizado.
Asimismo, enlista números de patrullas y supuestos agentes de la Policía Federal y personas presuntamente vinculadas con la organización delictiva Guerreros Unidos.
Despojan de su carro a un
hombre, lo dejan ir a pie y disparan a la carrocería
También en los primeros minutos de ayer, hombres armados despojaron a un hombre de su carro en la comunidad de Puente González, al norte de Iguala, al que dejaron ir ileso, pero le dispararon a la carrocería del carro en varias ocasiones.
De acuerdo con el propietario del coche Nissan Tsuru, con placas HCJ-73-06, Salvador Ramírez Organista de 61 años, vecino de la colonia Insurgentes de esta ciudad, dos hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron en Puente González y lo obligaron a bajar del carro.
En seguida, le ordenaron que corriera, mientras los pistoleros le disparaban al carro, el cual más tarde fue decomisado y puesto a disposición del Ministerio Público.
Ejecutan a tiros en la cabeza a un hombre y mueren otros dos en un enfrentamiento en Zihuatanejo
Tres hombres fueron asesinados a balazos en dos hechos distintos la tarde de ayer en Zihuatanejo.
En el primer hecho un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta sobre la calle Cocotero en la colonia Zona Industrial, en la zona oriente de este puerto, fue asesinado de cuatro disparos en la cabeza.
Según testigos, hombres armados a bordo de un vehículo lo alcanzaron en esa avenida, le dispararon y huyeron.
Al lugar llegaron paramédicos para darle primeros auxilios pero sólo confirmaron que ya estaba muerto, por lo que dieron aviso a las autoridades y enseguida se retiraron.
La víctima vestía una bermuda gris a cuadros y una playera desteñida tipo polo roja, así como una gorra negra.
Más tarde llegaron policías municipales que acordonaron el área en espera de que llegaran los agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) a levantar el cadáver, el cual fue llevado a la funeraria habilitada como Servicio Médico Forense (Semefo) sin que fuera identificado.
El segundo hecho ocurrió menos de 30 minutos después: vecinos de la colonia La Esperanza en la comunidad Agua de Correa, que se ubica en la zona oriente de este municipio a unos 3 kilómetros del puerto de Zihuatanejo, reportaron una balacera en la entrada justo frente a la escuela secundaria federal Luis Guevara Ramírez.
En ese lugar se encontraban dos vehículos, un Nissan Tsuru blanco placas HBY5957 de Guerrero con el motor encendido y la puerta del copiloto abierta, y en el tablero se encontraba un permiso provisional a nombre de Santiago Campos Pineda.
En ese vehículo, en el que se observaron 11 orificios de bala en el parabrisas del lado derecho, en el lado del conductor estaba el cadáver de un hombre de aproximadamente unos 30 años de edad que quedó recostado hacia el asiento derecho, a simple vista se le observaron disparos en la cabeza, y debajo de ésta una pistola tipo escuadra.
Los policías descubrieron que de la cajuela salía sangre y esperaron la llegada de los agentes de la Fiscalía para constatar que en el interior se encontraba el cuerpo de un hombre de aproximadamente 28 años de edad, vestía una playera gris y un pantalón de mezclilla azul, las heridas de bala se le apreciaron en el tórax.
Ambos cadáveres fueron llevados a la funeraria habilitada como Semefo sin ser identificados.
A unos 15 metros hacia un canal de agua pluvial frente a la escuela secundaria, estaba un carro Volkswagen Jetta Sport, color arena, de modelo reciente, con placas HCT7955 de Guerrero, también tenía el motor encendido y en el lado izquierdo tenía más de 10 orificios de bala y los cristales quebrados a balazos, la puerta del copiloto estaba abierta y había rastros de sangre.
Al lugar llegaron policías estatales y marinos del Sector Naval, quienes empezaron a recibir reportes de que hombres heridos habían sido vistos en las inmediaciones de la zona oriente.
También llegó un señor que dijo ser el propietario del Nissan Tsuru y que dos hombres armados se lo habían quitado a punta de pistola, por lo que los policías le sugirieron que en ese momento acudiera a la agencia del Ministerio Público del fuero común a poner su denuncia correspondiente para deslindarse de cualquier responsabilidad.
Según curiosos que se arremolinaron detrás de las cintas precautorias que colocaron los policías municipales, un hombre armado y ensangrentado que bajó de uno de los vehículos le marcó el alto al conductor de una Urvan del servicio de transporte público de la ruta El Coacoyul, en la que huyó y posteriormente dejó abandonada, esta versión también fue conocida por los policías pero no pudo ser corroborada.
Más tarde en la parte alta de la colonia Nuevo Milenio de la misma comunidad Agua de Correa, los marinos y militares encontraron abandonado un vehículo Chevy Monza 2004, gris, con placas HBA6378, con las cuatro puertas abiertas, mientras que en la avenida Los Hujes de la colonia El Hujal, encontraron abandonado un Volkswagen Pointer gris pero no se pudo confirmar si ambos carros están relacionados con el enfrentamiento en el que murieron los dos hombres.
Ratifica Nestora que va a EU para atender su salud y anuncia que viajará a Sudamérica
La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, libre hace dos días, ratificó que sale del país para viajar a Estados Unidos y Sudamérica, sin precisar fechas de salida o retorno, para denunciar la situación de los presos políticos en México, y demandar respeto a los pueblos originarios y los sistemas normativos de justicia indígena.
Asimismo, se dijo contenta de haberse reunido con organizaciones de distintos estados –principalmente de Guerrero–, ayer en un encuentro cerrado con activistas de movimientos feministas, de presos políticos y defensores de derechos humanos. En la reunión también participó una comisión de padres de los 43 alumnos detenidos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
De la reunión, Salgado García destacó el acuerdo para lanzar, con acciones dentro y fuera del país, la campaña por los presos el 10 de abril cuando se conmemora el asesinato del general Emiliano Zapata, y promover el tercer encuentro nacional de presos políticos, que se realizará el 23 y 24 de abril en Olinalá.
El anfitrión del encuentro es la Policía Comunitaria, que este viernes la ratificó como su comandante en un acto simbólico al salir de prisión femenil de Tepepan, en la Ciudad de México.
En breve entrevista, la comandante de los grupos de la cañada de la Sierra, informó que intentará estar en el encuentro nacional, pero no lo aseguró.
En estados Unidos, va a revisar su estado de salud física y emocional, para curar las secuelas de dos años siete meses de prisión.
Reconoció el apoyo que ha recibido en México, y que las invitaciones para visitar diferentes países, “precisamente, es aprovechar las puertas que se abren para llevar el mensaje”, explicó.
¿A qué juega el gobierno?
Sobre la detención, que denunciaron luchadores sociales, del excomandante de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, Antonio Leobardo Galeana, hace dos días en Chilapa, dijo que no comprende la intención de las autoridades judiciales de encerrar a los policías de la CRAC. “No entiendo que sueltan a uno o agarran a otros, no entiendo el juego del gobierno, creo que tenemos que protestar”.
Sobre las apelaciones para revocar los tres autos de formal prisión, que interpusieron sus presuntas víctimas, y la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado también se inconforme, con tono más alto declaró que están en su derecho, “solamente digo que no se vale, ellos saben que esto (su detención) fue fabricado, saben que soy inocente, la víctima soy yo. No me salga con ese juego, de qué se trata: te dejo ir y luego te agarro, de verdad no entiendo qué les pasa”.
No existe ninguna orden de aprehensión contra Nestora Salgado en el estado, confirma la Fiscalía
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez informó que la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado García puede entrar y salir libremente de Guerrero, sin temor a ser detenida por la Fiscalía, porque no existe ninguna orden de aprehensión en su contra.
“Ya no tengo ninguna orden de aprehensión en contra de ella, teníamos esas tres por las que decretaron su libertad”, agregó.
Vía telefónica, el fiscal Olea Peláez señaló que su dependencia no está promoviendo ningún recurso legal contra la lideresa de la CRAC.
Este viernes en la mañana, tras dos años siete meses en prisión fue puesta en libertad Nestora Salgado, quien fue acusada de secuestro y otros delitos.
El fiscal sostuvo que, el único órgano que podría revocar el auto de libertad es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a través de los magistrados que “conozcan el asunto”.
A pregunta expresa sobre si la Fiscalía tiene o no alguna investigación activa en contra de Nestora Salgado, el funcionario dijo que ninguno, pero advirtió que no puede dejar de cumplimentar lo que un juez llegue a ordenar.
“Ninguno… ninguno… ninguno, quiero reiterar que todos los procesos que se iniciaron contra Nestora Salgado no los inició el fiscal Xavier Olea”, dijo.
“Yo hago una manifestación jurídica, porque el Ministerio Publico tiene el deber de interponer el recurso de apelación, eso es todo, yo nunca he dicho que estoy en contra del auto de libertad que le dictó un juez”, señaló.
Explicó que el Ministerio Público, durante el proceso se convirtió en un órgano acusador, por lo que está obligado a apelar, pero le corresponderá a las salas penales resolver.
“El órgano acusador, que es el Ministerio Público, ya no investigador porque, repito somos parte del proceso, entonces ya será el Tribunal Superior de Justicia quien resuelva al efecto, si confirma su libertad o revoca su libertad”, agregó.
A pregunta expresa sobre si tenía conocimiento de que iniciará el proceso de apelación el órgano acusador, dijo que tres días después de que se le notifique sobre la libertad se inicia el proceso.
Aclaró que el proceso siempre se aplica en cualquier persona que haya sido condenada, por lo que el Ministerio Público tiene que interponer una apelación por el auto de libertad únicamente.
“Es decir, si al Ministerio Público le dejan en libertad a un reo, el tiene la obligación de interponer la apelación, porque el Ministerio Publico, primero, es autoridad cuando investiga, y luego es parte en el proceso”, detalló.
Se le preguntó entonces qué ministerios públicos presentarían la apelación, a lo que respondió que le corresponde a los adscritos a los tres juzgados que le dictaron su libertad.
A pregunta expresa sobre si él tenía conocimiento sobre el inicio de la apelación por el auto de libertad, dijo que no, e insistió en que la instrucción siempre es que se “apele sea quien sea”.
Detalló que un proceso de apelación versa sobre el auto de libertad que le fue concedido, únicamente, ya que el Ministerio Público no inicia ninguna averiguación.
Dijo que el Ministerio Público que esté en las salas correspondientes tendrá que hacer agravios en contra de la resolución del juez, y éste a su vez al juez superior, que son tres magistrados los que tendría que resolver en definitiva.
“Si fuera al revés, que a ella se le dictara auto de formal prisión, ella puede apelar y luego irse al amparo, nosotros no, también en este caso están las víctimas del delito… si me preguntan si ya apelaron las víctimas del delito, les contesto que lo ignoro”, sostuvo.
Las presuntas víctimas apelan los fallos de los jueces
Las presuntas víctimas de secuestro, de los que absolvieron a la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, porque no se configuró el cuerpo del delito, presentaron recursos de apelación contra los autos de formal prisión de las causas penales 05/2014, 48/2014-II y 50/2014-II
Los acuerdos, publicados en internet, indican que los recursos de revisión se presentaron el 16 de marzo pasado, luego de que los jueces dictaron los autos de formal prisión, sin embargo, la defensa estimó que las pruebas de descargo son bastante sólidas para que se desechen, por improcedentes.
La abogada de Defensa Estratégica de Derechos Humanos, Amanda Rivero Espinosa explicó que los recursos de apelación fueron turnados a la Sala Colegiada del Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde pueden resolver la confirmación y el revocamiento de libertad.
Aún así, quienes se sienten agraviados pueden recurrir a un amparo indirecto para inconformarse, para confirmar o revocar el auto de libertad.