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Informa la Secretaría de la Mujer que en 2015 registró 41 feminicidios en el estado

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Mujer apenas se coordinan para contar con una base de datos y contar con una cifra real de los feminicidios a fin de determinar si procede la declaratoria de la alerta de género, reconocieron ayer la coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres de la FGE, Dalia Luz Carbajal Plancarte, y la subsecretaria de la de la Mujer, Adela Rivera de la O.
Ambas funcionarias estuvieron ayer junto con el secretario ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Pernal, Luis Camacho Mancilla, en la conferencia mensual que se realiza para informar de los avances de ese sistema.
Ayer, la conferencia de prensa se realizó en la sala II de la Secretaría General de Gobierno.
Camacho Mancilla informó que en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entrará en funcionamiento al 100 por ciento el 18 de junio próximo, la justicia para mujeres tendrá una especial atención y que actualmente es prioridad en las instituciones que participan en este nuevo sistema.
Mientras tanto, Carbajal Plancarte informó que el Centro de Justicia para las Mujeres comenzará a funcionar al 100 por ciento junto con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a raíz de las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por la falta de atención especializada a las víctimas en el caso de los feminicidios ocurridos en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, y la violación sexual por efectivos del Ejército Mexicano a las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega en Ayutla.
En el primer caso, a pesar de que desde el 2012 el gobierno estatal se comprometió a implementar y comenzó a construir el Centro de Justicia para Mujeres en Chilpancingo, todavía no está funcionando al 100 por ciento. Mientras que en el segundo, los gobiernos federal y estatal colocaron la primera piedra del Centro de Atención para la Mujer Indígena en Ayutla desde el 2010, pero a seis años no ha sido puesto en funcionamiento.
El retraso en la operación de los centros y la aplicación de programas de atención hacia la mujer, se dan a pesar de que la subsecretaria de la Mujer, Adela Rivera de la O, reconoció en esta conferencia de prensa que “hay un problema grave” de violencia hacia la mujer en Guerrero, por lo que con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal se van a actualizar los protocolos de atención a las mujeres, así como la instauración de mecanismos que permitan conocer los delitos que se cometen en contra de las mujeres.
En la conferencia de prensa hubo discrepancias en los datos que tienen ambas dependencias en cuanto a los delitos cometidos en contra de las mujeres.
Concretamente en el caso de feminicidios, la subsecretaria de la Mujer, Rivera de la O, informó que en el 2015 registraron en su dependencia 41 feminicidios, y argumentó que a pesar de que en su secretaría existe una Procuraduría de la Mujer, regularmente no hay denuncias.
Informó que los datos de feminicidios los han obtenido tanto de la FGE como del Tribunal Superior de Justicia.
Por su parte, la coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres, Carbajal Plancarte, dijo que en ese centro no tienen las estadísticas y que quien debe tenerlos es la Fiscalía para Homicidios Dolosos de la FGE. Pero informó que a partir de febrero pasado han integrado 22 averiguaciones previas por violencia intrafamiliar.
Las dos funcionarias informaron que actualmente trabajan en la creación de un marco de datos para homogeneizar la información y contar con cifras reales de los feminicidios
A pregunta del reportero, la representante de la Secretaría de la Mujer rechazó que se oculten o se maquillen las cifras y que haya temor a solicitar la alerta de género, como lo han demandado algunas agrupaciones feministas, y agregó que la alerta de género debe solicitarse después de un análisis que determine si hay condiciones reales para ello.
En cuanto al Centro de Atención de la Mujer Indígena en Ayutla, que se construyó a raíz de la sentencia emitida por la Corte Internacional de Derechos Humanos en el 2010, como consecuencia de la violación por elementos del Ejército a la indígena me phaa Inés Fernández Ortega, y que todavía no ha sido puesto en operación, la funcionaria respondió que “son diversas causas las que han postergado su apertura”, y no informó para cuándo está previsto que se ponga en operación.
El secretario técnico de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Pernal, Camacho Mancilla, dijo por su parte que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal tendrán prioridad las mujeres en todas las instituciones que participan en la operación.

Piden en una carta con 32 mil firmas que se retiren los cargos contra Nestora Salgado

Un colectivo integrado por la organización Avaaz y promotores de la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, entregaron en la oficina del Gobierno del estado en la Ciudad de México una carta en la que piden que se retiren los cargos contra la lideresa comunitaria.
En la carta, suscrita por 32 mil ciudadanos, se pide a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia la liberación de Nestora Salgado, además de una compensación apropiada que repare los daños causados por la detención y el proceso judicial arbitrario del que ha sido víctima.
De acuerdo con la organización, la carta esta suscrita por ciudadanos de México y Estados Unidos.
Según su página de Internet, Avaaz fue fundada en 2007, tiene 42 millones de miembros y presencia en 194 países promueve el ciberactivismo con la intención de movilizar a ciudadanos de todo el mundo frente “a temas urgentes de interés internacional, regional o local, desde combatir la corrupción, la pobreza y el conflicto armado, hasta la lucha contra el cambio climático. Nuestro modelo de movilización a través de Internet permite que miles de esfuerzos individuales, por pequeños que sean, puedan combinarse rápidamente en una poderosa fuerza colectiva”.

Entregan los abogados de Nestora los exhortos de reposición de procedimiento a los jueces de Tlapa

Los abogados de la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Nestora Salgado García, Sandino Rivero y Amanda Rivero presentaron los exhortos en los juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos con las declaraciones preparatorias de la procesada, tras ordenarse la reposición del procedimiento que solicitaron hace semanas.
Los abogados dijeron que desde la perspectiva legal y jurídica hay elementos para que se le dicte un auto de libertad, pero serán los jueces quienes lo determinen.
Se espera que lleven a la libertad de Nestora Salgado estos nuevos procedimientos, que se siguen tras la anulación de los anteriores el pasado 23 de febrero con el argumento de que no se respetó su derecho a la asistencia consular, dada su nacionalidad doble, mexicana y estadunidense.
Sandino Rivero dijo que entregaron las declaraciones de Salgado García de la noche del jueves 25 y la madrugada del viernes 26 de febrero en el Juzgado Penal  67 de la Ciudad de México, y que acudieron a entregarlas porque no se habían remitido directamente.
Su intención al dejarlos es agilizar el proceso al reponerse el procedimiento penal que se le sigue por secuestro.
Agregó que una vez entregados los documentos corre el término de  144 horas para que se defina la situación de Nestora  Salgado, y se le dicte auto de libertad o de formal prisión, por lo que acudirán para saber lo que se dictamine de las tres causas penales que se le siguen en los dos juzgados.
Dijo que es un avance que se hayan regularizado las tres causas penales y ordenado la reposición del procedimiento, porque le dio a Nestora una oportunidad  que le habían negado desde que le dictaron el auto de formal prisión.
Mencionó que hay tres causas penales y órdenes de aprehensión  que no le han notificado, y que espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo haga y al hacerlo a ella le tomarán su declaración nuevamente, habrá un desahogo de pruebas y careos.
Consideró que en la semana será notificada para que inicie el término constitucional, porque no hacerlo los mantiene en la incertidumbre. Pidió legalidad y que les notifiquen, o que la Fiscalía se desista por falta de pruebas.
Dijo que lo que retrasaba los procedimientos es que  se pedía ampliación de los supuestos ofendidos y los careos, sin embargo desde que Nestora llegó a la Ciudad de México en  ningún momento se presentaron los ofendidos a carearse con ella y ni ellos como defensores podían ampliar las declaraciones, eso retrasaba los procedimientos y no se respetaba el derecho a la igualdad y la contradicción.
Aclaró que lo que el Ministerio Público en su momento  desahogó en la etapa de averiguación previa  nunca fue de conocimiento de Nestora, “hasta ahorita seguían siendo pruebas todas las acusaciones  sin que ella tuviera la oportunidad hasta el momento de contradecir lo que decían los ofendidos, y eso retrasaba las causas penales”.
Comentó que como defensores de Salgado García y ella, saben que es un asunto creado en la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, que no pudo resolver Rogelio Ortega  y es un problema heredado a Héctor Astudillo Flores, pero “es algo que puede resolver si así lo quiere, claro cada quien apegado a su ámbito de competencia y dictar auto de libertad”.
La entrega de los documentos

Los abogados llegaron a los juzgados a las 12 del día, buscaron al primer secretario de acuerdos del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Morelos, Bartolo Guevara, y le entregaron la documentación.
Después se trasladaron a la Oficialía de Partes con el titular Javier Escamilla Ortega, quien recibió los escritos. Aquí está la causa penal 05/2014.
Luego fueron al juzgado Segundo Penal a la Oficialía de Partes, pero antes fueron a su vehículo y sacaron un gran  legajo  de documentos, alrededor de 11 tomos que entregaron a la Oficialía con Antolín Leyva Rivero, que contienen las declaraciones de Salgado García que serán analizadas por la jueza María Celia Fernández Suárez. En este juzgado se lleva la causa penal 196/2013-I y 48/2014.
La entrega de documentos concluyó cuando les firmaron y sellaron los oficios que llevaban y preguntaron en cuántos días se emitirá el auto de formal  prisión o libertad, y les dijeron que podría ser entre del sábado 5 al lunes 7 de marzo.
Los abogados mencionaron que estarán el próximo lunes en esta ciudad para conocer los resultados.

Investiga la PGR el retraso en la entrega de las casas para damnificados, dice la Sedatu

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) José Manuel Armenta Tello informó que hay denuncias e investigaciones ante el retraso en la entrega de las viviendas a damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, e insistió en que son 2 mil viviendas pendientes, más la invasión de 130 casas en El Mirador y el saqueo de 34 viviendas en Tixtla.
En declaraciones a reporteros antes de la firma del convenio entre el gobierno del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) el delegado precisó que hay dos denuncias contra los líderes que invadieron las casas de El Mirador, una ante la Procuraduría General de la República (PGR) y otra en la Fiscalía General del Estado.
Además, hay procesos legales y administrativos contra empresas que abandonaron las obras y no cumplieron con la entrega de las viviendas en el plazo previsto de un año. Agregó que tiene asesoría legal para establecer sanciones para las empresas que incumplieron.
En Tixtla, el saqueo de 34 viviendas, explicó Armenta Tello, se debió a que hubo vacíos legales y administrativos, “no había suficiencia presupuestal para hacer el pago de unas estimaciones y la empresa no podía seguir con la carga que representaba mantener su gente ahí”, además faltaban obras de mitigación.
El delegado dijo que la empresa es la responsable de esas viviendas porque no las ha entregado a la Secretaría, y de acuerdo con el contrato, la empresa debe entregar las viviendas con todos lo equipos, “la gente va a recibir su vivienda a satisfacción”.
De las 598 casas de El Mirador, 130 están invadidas por líderes que creyeron que podían ocupar las casas. Añadió que, uno de los líderes que promovió la invasión de las viviendas fue detenido, pero fue liberado a los tres días porque el juez determinó que no había sustento en las acusaciones.
En la Costa Grande están pendientes de construir más de 300 viviendas que resultaron afectadas por los sismos del 18 de abril y del 9 de mayo de 2014; el delegado de Sedatu indicó que el retraso en la entrega de esas viviendas se debe a que se dio prioridad a las obras de reconstrucción comprometidas luego de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
También están pendientes de construir 98 casas en El Paraíso, Atoyac, “porque no hay certeza en la tenencia de la tierra”. Consideró que son unas 2 mil viviendas las que están pendientes de entregar a los damnificados de las lluvias de 2013.

Ejecutan de varios balazos a tres hombres en una casa de la comunidad de Tomás Gómez, Cocula

Hombres armados con fusiles AK-47, conocidos como Cuerno de Chivo, y armas calibre .9 milímetros y 38 súper, ejecutaron la noche de ayer a tres vecinos de la comunidad de Tomás Gómez, municipio de Cocula.
De acuerdo con fuentes de Seguridad Pública del estado, cerca de las 10 de la noche de ayer fue reportada una balacera y un ataque a personas en una casa de esa comunidad.
Cerca de la medianoche se confirmó que tres hombres habían sido ejecutados de varios disparos y que, de acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos fueron hallados adentro de una casa en el centro de la comunidad de Tomás Gómez, a donde los pistoleros habrían llegado a atacarlos.
Las víctimas fueron identificadas como Pedro Franco Pacheco, Juan Carlos Florentino Aguirre y José Manuel Encino Moctezuma, de entre 35 y 40 años, que presentaban varias heridas de bala.
De acuerdo con testigos, un grupo de al menos ocho hombres fuertemente armados con rifles AK-47, y pistolas .9 milímetros y 38 súper, atacaron a los hombres y luego huyeron con rumbo desconocido.
Al lugar llegaron policías del estado y ministeriales para acordonar la zona; así como peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, con sede en la zona Norte, quienes aseguraron en el lugar diversos casquillos calibre 7.62 para Cuerno de Chivo y .9 milímetros.
Los cuerpos fueron entregados en el lugar a sus familiares, quienes se opusieron a que los trasladaran a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), de esta ciudad de Iguala.
Esta ejecución se da a dos días de que unos 70 policías federales encargados de la seguridad abandonaron el municipio de Cocula. (Alejandro Guerrero/Iguala).

Detienen ministeriales a El Bombón, operador del grupo criminal Los Rojos en Chilpancingo

El presunto integrante del cártel de Los Rojos Onésimo Castillo Adame El Bombón, fue detenido el jueves por la Policía Ministerial en un retén en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo cerca de San Luis La Loma, municipio de Tecpan.
La detención de Castillo Adame ocurrió a las 10 de la mañana, los policías ministeriales contaban con una orden de aprensión en su contra.
Los informes refieren que Castillo Adame viajaba en una camioneta en la que también hallaron un arma calibre 9 milímetros con dos cargadores abastecidos.
También se conoció que habría sido detenido Luis Isaac Castillo Adame, quien es funcionario municipal en el área de Planeación del Ayuntamiento de Tecpan, pero ninguna autoridad confirmó la información.
El hermano de Onésimo Castillo, Luis Castillo Adame, quien cuenta con medidas cautelares, difundió por redes sociales que su hermano había sido privado de la libertad por hombres desconocidos.
De acuerdo con la agencia Reforma, el detenido fue trasladado a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Según la Fiscalía, a Castillo Adame, quien es hijo del empresario y ex subsecretario de Finanzas del Estado durante la administración del ex gobernador perredista Zeferino Torreblanca, Luis Castillo García, junto con los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arellano, son señalados como los responsables de la ola de violencia que se ha registrado en la capital de Guerrero en los últimos cuatro meses, que ha provocado el cierre de decenas de negocios.
“Castillo era el encargado de cobrar cuotas y planear secuestros (de empresarios) en la capital, donde un grupo delincuencial, quienes colocaron mantas en puentes peatonales de Chilpancingo, ofrecían 500 mil pesos a quien diera informes para llevarlo a su captura”, indicaron las autoridades investigadoras.
De acuerdo con la agencia Proceso, las autoridades ubican a Castillo Adame como uno de los líderes del grupo delictivo Los Rojos y lo responsabilizan de la ola de violencia, secuestros y extorsiones en la sierra y la ciudad de Chilpancingo.
Las autoridades refieren que Onésimo Castillo es yerno de José Nava Romero Don Che, líder de Los Rojos que fue asesinado en junio del 2013 en Puebla, y hermano del fundador de este grupo delictivo surgido en el poblado sierreño de Corral de Piedra, Jesús Nava Romero, ex lugarteniente del extinto capo Arturo Beltrán Leyva, ambos abatidos por la Marina en diciembre de 2009 en Cuernavaca.

Los vínculos del detenido con el crimen organizado, un recuento desde 2014

Desde agosto de 2014, Proceso documentó los presuntos nexos de Onésimo Castillo con la delincuencia.
La madrugada del 14 de agosto de 2014, un comando baleó un antro ubicado al norte de esta capital, propiedad del exfuncionario estatal y dirigente del PRD Luis Castillo García, y administrado por su hijo Onésimo Castillo Adame, señalado en ese tiempo por autoridades federales como líder de una célula del grupo delictivo Guerreros Unidos que opera en la región Centro de la entidad.
El antro se ha caracterizado por ser el escenario para grupos musicales dedicados a interpretar narcocorridos.
Autoridades federales señalaban en ese entonces a Onésimo Castillo como líder de una pandilla al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos, que disputaban la plaza de Chilpancingo frente a los remanentes de Los Rojos.
A mediados de febrero del mismo año, un comando irrumpió en el domicilio del dirigente perredista Luis Castillo, ubicado en pleno centro de la capital y se llevó por la fuerza a su hijo mayor Luis Castillo Adame, funcionario municipal en la actual administración del alcalde priista de Tecpan, Leopoldo Soberanis.
Días después, agentes federales liberaron al joven en un cateo a un inmueble al oriente de esta ciudad, donde fueron encontradas al menos una decena de personas privadas de su libertad, indican reportes periodísticos de ese entonces.
Dos años después y tras los constantes señalamientos públicos contra Onésimo Castillo, las autoridades decidieron detener al presunto delincuente que estaba refugiado en la Costa Grande, zona controlada por el grupo delictivo Fuerza Guerrerense, conformado por la banda de Los Granados y células al servicio del ex alcalde priista de Petatlán, Rogaciano Alba, preso acusado de narco.

Solicitan en un foro niñas indígenas y afrodescendientes al gobierno empleo para sus padres

Niñas indígenas y afrodescendientes solicitaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, al secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero y al fiscal General Xavier Olea Peláez, materiales educativos, servicios públicos, seguridad y oportunidades de empleo para sus padres.
Astudillo Flores asistió a la clausura del Foro de niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes del estado, organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el salón Conquistadores del hotel Pierre Marques.
La niña Juliette Guadalupe Cuatécatl, originaria de Malinaltepec, pidió que las escuelas de la entidad tengan materiales educativos suficientes e instalaciones adecuadas, también solicitó talleres para niños, niñas y padres, para cambiar las costumbres de maltrato y discriminación, promover la lengua materna y evitar que las niñas sean maltratadas o casadas a temprana edad.
La menor Solfareli Santana Cruz, también originaria de Malinaltepec, requirió fuentes de empleo mejor pagadas para padres y madres, servicio de agua potable para las comunidades indígenas y afrodescendientes, que no haya violencia en las calles, en las comunidades y en las casas, “que nos traten igual a las niñas y a los niños, porque todos somos iguales”, dijo.
Yesli Yunuen Ramos, de Cuajinicuilapa demandó equipamiento de las escuelas, y planteles de nivel medio superior y superior en las comunidades, y ayuda para madres solteras adolescentes.
En su turno, el gobernador dijo que la educación es lo que permitirá resolver muchos de los problemas que tiene el estado, agregó que abatir los indicadores de piso de tierra y analfabetismo permitirán al estado dejar de seguir en los primeros lugares de pobreza.
Otras de las acciones que, dijo, deben mejorar en la entidad son el acceso al agua potable y la alimentación, además de reducir los índices de violencia.
La representante del Unicef, Isabel Crowley dijo que el foro es para promover los derechos de las niñas, y que las conclusiones puedan integrarse al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.
Indicó que en el foro, uno de los temas que se discutió es el derecho a la educación; otro fue el embarazo de adolescentes, la prevención de violencia y el proyecto de vida.
Astudillo Flores les dijo a las niñas que participaron en el foro que sus voces son clave para cambiar el presente y el futuro del país.
A las autoridades les dijo que el derecho de las niñas y adolescentes no sólo es a opinar, sino que deben cumplirse sus planteamientos.
En el foro de tres días participaron 80 niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes provenientes de 21 municipios del estado.
En la ceremonia de clausura también estuvieron la directora de Educación Indígena de la SEP Rosalinda Morales Garza, la secretaria de Desarrollo Social Alicia Zamora Villalva, la diputada Pilar Vadillo Ruiz y la esposa del gobernador Mercedes Calvo Elizundia.

Ofrece Badillo Escamilla a la Coparmex capacitar a 35 trabajadores capitalinos que ya pueden portar armas

El presidente de Jobamex, ex candidato a alcalde de Acapulco y consejero nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Joaquín Badillo Escamilla ofreció a empresarios de Chilpancingo capacitar en seguridad a 35 trabajadores que ya cuentan con su permiso de portación de armas, reveló el dirigente en Chilpancingo de esa organización, Adrián Alarcón Ríos.
El líder empresarial dijo que Badillo Escamilla planteó a los empresarios diseñar el proyecto de capacitación para los 35 trabajadores que pueden ya portar armas en sus áreas de trabajo, y darles las herramientas necesarias para capacitar a sus trabajadores.
Por otro lado, entrevistado en sus oficinas, Alarcón Ríos informó que en 10 días el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia vendrá a Chilpancingo para atender las peticiones presentadas por los empresarios, después de que los dejó plantados el jueves en la Ciudad de México.
El jueves, integrantes de Coparmex, acompañados por líderes de la Masa y la Tortilla, transportistas, médicos, joyeros, padres de familia y comerciantes del Mercado Central Baltazar R. Leyva Mancilla asistieron a una reunión programada con Sales Heredia, pero éste no llegó.
“No fui yo quien lo buscó, él me habló hace 10 días y me dijo: Adrián, quiero platicar contigo, y le dije que pusiera la fecha y la hora, y vamos temerosos y el señor no está”, agregó el líder de los empresarios.
A pesar del desplante, los empresarios decidieron quedarse a la reunión en la que participó el jefe de la Gendarmería, Manelich Castilla Craviotto, el titular de vinculación con organizaciones sociales a nivel nacional, Mireya Barbosa Betancourt, y el jefe de la oficina del comisionado Nacional de Seguridad, Alejandro Chanes Ortiz.
Con estos funcionarios se acordó que, a más tardar en 10 días, el comisionado Renato Sales Heredia estará en la capital del estado para sostener un encuentro con los empresarios.

Las demandas de los empresarios

En la reunión, informó Alarcón Ríos, se planteó que el sistema de cámaras de vigilancia que opera en la capital sea monitoreado y administrado por el Ejército, es decir que el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) ya no las administre.
También que se instalen en la capital del estado cuerpos de inteligencia, ya que ni la Fiscalía General del Estado cuenta con un área especifica de ese tipo, “no hay trabajo de inteligencia”, lamentó.
Resaltó que en la reunión se solicitó que se instale en Chilpancingo una unidad antisecuestro de la Policía Federal, ya que la que hay en Acapulco no es suficiente para atender la inseguridad en la capital.
El empresario comentó que en la reunión de trabajo se logró establecer una vinculación directa y permanente con la comisión, por lo que se definieron medidas de seguridad para los comerciantes, principalmente para los que asistieron a la reunión; una de las medidas fue la intervención de sus celulares.
Alarcón Ríos dijo que en la reunión cada uno de los empresarios externaron sus quejas y demandas, la mayoría coincidían en las extorsiones, secuestro y cobros de cuotas.
En la reunión, no se habló de la portación de armas en los negocios capitalinos, ni tampoco de la posibilidad de capacitar a los trabajadores que las porten.

La Conagua les respondió que no hay dinero para pagar a proveedores de la reconstrucción tras Manuel: empresarios

Sobre el pago a los proveedores de materiales para la reconstrucción tras la tormenta tropical Manuel, dijo que sólo la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha respondido la solicitud de pago a los empresarios.
La Conagua les debe 500 millones de pesos a 120 empresarios, pero respondió que no pueden pagar, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene dinero para cubrir la deuda.
El miércoles por la tarde, los empresarios aglutinados en la Coparmex comieron con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien sólo les habló de la llegada de 3 mil policías, lo cual celebraron.

Soldados catean, roban y saquean casas en la comunidad de El Terrero, Zirándaro, denuncian

Militares catearon casas de vecinos de la comunidad de El Terrero, municipio de Zirándaro, denunciaron habitantes que señalaron que los soldados saquearon las viviendas y se llevaron objetos de valor.
Vecinos de la localidad se están organizando para presentar denuncias a partir de este martes en contra del Ejército por el allanamiento de sus casas y el robo de diversas pertenencias, informó vía telefónica, un maestro de primaria de la localidad, quien dijo que los cateos ocurrieron este domingo.
El maestro, que no dio su nombre por temor a represalias, dijo que sacaron de su casa una televisión, además de dos cadenas de oro y dinero en efectivo.
“Recientemente, el Ejército fue al pueblo y se llevó detenidos y algunos vehículos de aquí, y yo vivo a un lado de uno de los que detuvieron”, dijo el maestro.
El 20 de enero, el Ejército decomisó, entre las comunidades de Cupuán y El Terrero, seis vehículos, además de que se llevó detenidos a vecinos en posesión de armas. Además, reportaron que hubo un enfrentamiento.
Dijo que él es maestro egresado de Ayotzinapa, “y cuando… me identifiqué como maestro egresado de Ayotzinapa, en tono de burla me dijeron: mira entonces serían 44 los desaparecidos si todavía estuvieras estudiando ahí”.
Agregó que los soldados, “se metieron a varias casas y se llevaron dinero, joyas, aparatos, lo que encontraron”.
Dijo que hay vecinos en el pueblo que tienen miedo, pero que van a denunciar y que se están coordinando para presentar cargos. Algunos ya partieron a la Ciudad de México, y otros se van a Chilpancingo a la Fiscalía a denunciar los robos del Ejército.
El Terrero se encuentra de la sierra, a una hora de recorrido en carro desde Guayameo, que es la comunidad más grande de la sierra y se ubica casi a dos horas de distancia de la cabecera municipal.

Fueron liberados los dos niños secuestrados en El Carrizal, Ajuchitlán, informa el fiscal Olea

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez informó que los dos niños secuestrados el sábado en la tarde en el poblado de El Carrizal, municipio de Ajuchitlán, ya fueron liberados pero no hay una denuncia ante el Ministerio Público.
En conferencia de prensa ayer en la tarde en las instalaciones de la Fiscalía Regional en Acapulco, Olea Peláez aseguró que la dependencia investiga los casos de secuestros, luego que se le preguntara sobre el chofer de una combi de la ruta Laja-Ajuchitlán del Progreso que fue levantado el sábado en la noche por personas armadas que lo interceptaron en plena cabecera municipal.
Respondió que no se pueden resolver de inmediato los casos si no hay una denuncia, y subrayó que “no tener una denuncia nos causa un grave problema, y aun así le estamos entrando al toro por los cuernos, aún sin denuncia”.
Sin dar detalles, Olea Peláez indicó “hasta donde tengo conocimiento no han presentado la denuncia y ya fueron liberados los muchachos”.
De los dos cuerpos de mujeres hallados en una fosa en un camino de Amojileca a Xocomanatlán del municipio de Chilpancingo, el domingo, y que podrían ser de las dos mujeres secuestradas en la capital, el fiscal manifestó que “los cuerpos están en total descomposición”, e indicó que “no sabemos si presentaron denuncias (los familiares) y con qué denuncia está relacionado, y nadie ha llegado a tratar de reconocer los cuerpos”.