Hay más 90 cuerpos en el Semefo de la capital; la mayoría son ejecutados y hallados en fosas

Una fuente de la coordinación regional del Servicio Médico Forense (Semefo) de la zona Centro con sede en Chilpancingo informó que en la dependencia hay más de 90 cuerpos depositados en calidad de desconocidos en las cámaras frigoríficas y la mayoría de los cuerpos tienen balazos y fueron hallados en fosas clandestinas.
Asimismo reveló que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene que autorizar los cuerpos que serán enviados a la fosa común en el panteón nuevo al norte de la capital. Entre los cuerpos se encuentran tres mujeres que no han sido identificadas.
La fuente informó que los cuerpos permanecen en la cámara frigorífica de 2015 a la fecha y la mayoría de los cadáveres fueron ejecutados a balazos y encontrados en fosas clandestinas.
Reveló que sólo el 10 por ciento de los cadáveres murieron en accidente y muerte natural. Las edades de las víctimas que se encuentran depositadas en Semefo, son entre  18 a 60 años de edad.
Además dijo que entre los 90 cuerpos no se encuentran los cuatro cuerpos calcinados encontrados en la cajuela de una camioneta en junio, en la comunidad Santa Bárbara, en Chilpancingo porque fueron enviados a la Procuraduría General de la Republica (PGR) para practicarles la prueba de ADN para ser identificados.
En el caso de los cuatro cuerpos podrían ser los médicos Raymundo Tepeque Cuevas y Marvin Hernández Ortega, del trabajador administrativo de la Jurisdicción Sanitaria 07, Julio César Mejía Salgado y del administrador Osvaldo Ortega Saucedo que desaparecieron en junio en Tierra Colorada.

Se compromete Osorio Chong con familiares de desaparecidos de Chilapa a iniciar su búsqueda con fuerzas federales

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a que las fuerzas federales iniciarán la búsqueda de las personas desaparecidas en el municipio de Chilapa ya a que investigará porqué la búsqueda no se hizo desde que los familiares denunciaron las desapariciones, en mayo de 2015
Ayer, la asociación civil Siempre Vivos –que ha documentado 57 casos de personas que desaparecieron en esta cabecera y que son originarios de éste y otros municipios vecinos– se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Al salir del encuentro, Siempre Vivos informó que el secretario de Gobernación se comprometió a que las fuerzas federales iniciarán de inmediato un operativo de búsqueda para dar con el paradero de las personas desaparecidas.
La prioridad, dijeron, serán los 16 casos registrados del 9 al 14 de mayo, durante la ocupación de la ciudad por civiles armados, pobladores y autoridades de las comunidades del sur del municipio que exigieron un alto a la inseguridad y que llegaron en busca de presuntos integrantes de un grupo delictivo.
Añadieron que el funcionario federal también se comprometió a investigar porqué las corporaciones policiacas federales y estatales no iniciaron la investigación y la búsqueda de esas personas antes, desde que los familiares denunciaron su desaparición.
Por la mañana, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal Xavier Olea Peláez tuvieron un breve encuentro con los familiares de desaparecidos de Chilapa, a quienes entregaron, según informaron los familiares, apoyo económico para seis familias.
También, dijeron, les anunció que el lunes el gobierno del estado y los familiares firmarán un convenio para la creación de un grupo multidisciplinario para la búsqueda de las 57 personas desaparecidas.
En la conferencia de prensa, al finalizar la sesión del gabinete de seguridad, Osorio Chong dijo que la reunión con los familiares es para mostrarles todo el respaldo del gobierno federal y que investigarán qué fue lo que sucedió con las personas desaparecidas, sobre todo con los casos registrados en mayo pasado.

Operan en el estado 50 grupos de la delincuencia organizada, dice el fiscal

El fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez informó que son, por lo menos, 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones de la entidad y que son responsables del problema de inseguridad y violencia que priva en Guerrero.
También dijo que solicitó a representantes de la embajada de Estados Unidos que ayuden al gobierno del estado a combatir el tráfico de drogas, luego de que el cónsul Hugo Rodríguez manifestó a las autoridades locales, el miércoles en Acapulco, su preocupación por el tráfico de heroína al país norteamericano.
Del secuestro de dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán, explicó que se trató de un autosecuestro, en el que los jóvenes obtuvieron, al parecer, cien mil pesos de sus familiares, por lo que se procederá a su detención.
El fiscal asistió este jueves al arranque oficial del programa Escuelas al Cien, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores en las instalaciones del el Conalep de Chilapa, municipio donde más tarde se celebró la sesión del gabinete de seguridad nacional encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Consultado antes de que iniciara el programa, el fiscal insistió en que el problema de violencia e inseguridad que priva en Tierra Caliente es producto de la disputa entre los grupos criminales que encabezan El Tequilero y El Pez.
Indicó que, así como sucede en aquella región, pasa lo mismo en Chilapa, donde la inseguridad es producto de la pugna que existe entre Los Rojos y Los Ardillos.
Informó que por lo menos son 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones del estado, pero aclaró que la mayoría son “pequeñas células” conformadas por cinco o seis delincuentes.
“Son muchos, pero evidentemente no hay un grupo grande, entonces se pelean por el control de la droga en esta zona de la Montaña baja y en Tierra Caliente, principalmente por la heroína, la goma de opio que posteriormente se convierte en heroína”.
Olea Peláez indicó que en el Grupo de Coordinación Guerrero le apostará a las labores de inteligencia para combatir a los grupos criminales y lograr la aprehensión de todos sus líderes.
Explicó que en la reunión del gobernador Héctor Astudillo con el cónsul de Estados Unidos Hugo Rodríguez el miércoles en Acapulco, el embajador les externó su preocupación por el tráfico de heroína, droga que termina en territorio estadunidense.
“Están preocupados y nosotros les dijimos ‘pues ayúdennos’. Yo soy una gente muy cristalina y les dije ‘ayúdenme, para que ustedes nos ayuden en la investigación’”.
–¿Ayuda en qué materia se pidió al gobierno de Estados Unidos? –preguntó un reportero.
–Pues en materia económica, en materia de seguridad, en materia de inteligencia, etcétera, respondió.
Indicó que la Secretaría de Gobernación entregará herramientas sofisticadas la próxima semana al área antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la Comisión Especial para investigar las desapariciones en el municipio de Chilapa, explicó que el próximo lunes se emitirá el decreto correspondiente, es decir, ya no se presentará la iniciativa ante el Congreso local como se había planteado en un principio.
Anunció también que la próxima semana desayunará con empresarios de la capital para escuchar sus planteamientos en materia de seguridad pública.
Consultado por segunda ocasión, al concluir el acto en el Conalep, Xavier Olea dio a conocer que fue un autosecuestro el de los dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán del Progreso, “quisieron bajarle un dinero a su mamá”, señaló.
Explicó que los jóvenes solicitaron un rescate de 300 mil pesos, pero sólo obtuvieron cien mil pesos, por lo que se procederá a la detención de los estudiantes, y aseguró que los tres jóvenes detenidos el miércoles en una motoneta y que llevaban consigo más de 27 mil pesos eran sus cómplices.

 

No investigará a los policías discapacitados, acuerda el fiscal con ministeriales jubilados

 

Unos 40 agentes de la Policía Judicial, ahora Policía  Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE), se reunieron con el fiscal Xavier Olea Peláez y acordaron que no procederá la averiguación previa para investigar a 203 agentes discapacitados para suspenderles el pago de su salario, seguro de invalidez y antigüedad.
A las 4:30 de la tarde ex agentes de las siete regiones del estado acudieron a las instalaciones de la FGE y se reunieron con el fiscal más 2 horas.
Uno de los afectados, Rey David Cortés Flores (vinculado al ataque a normalistas el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol) informó que uno de los acuerdos fue que no se investigará a los 203 agentes ministeriales inactivos por discapacidad y que se agilizará el trámite del seguro y el de retiro.
Comentó que hay cuatro casos de sus compañeros que les llega el pago a medias, de los 6 mil 500 pesos que les corresponden, además dijo que serán apoyados por abogados de la Fiscalía para sus trámites.
Dijo que el fiscal dio un plazo a que entre el miércoles y jueves informará de los avances de sus demandas.
“Nosotros dimos nuestra vida y juventud en la policía, tenemos el derecho de que nos apoyen con licenciados y sí nos atenderá”, declaró.
Comentó que rechazaron la propuesta de que  un médico contratado por la FGE revise a los policías ministeriales incapacitados para agilizar los trámites de seguros, porque ellos cuentan con un certificado médico expedido por el ISSSTE que avala su incapacidad.
Cortés Flores expuso que el seguro de invalidez y de antigüedad corresponden a 700 mil pesos por cada agente asegurado y como coordinador de grupo la cifra es de 800 mil pesos.
“Nosotros somos la mayoría de la entonces Policía Judicial que ahora se llama Policía Ministerial, los compañeros fueron lesionados en combate y en servicio, en accidentes en las patrullas y nos encontramos incapacitados”, indicó.
Recordó que el fiscal general, Xavier Olea Peláez integró una averiguación en contra de los incapacitados, “un comandante de la ministerial enviaba una averiguación previa a nuestras casas para ver en qué condiciones estábamos, si podíamos caminar o no, y si teníamos otro trabajo para quitarnos nuestros derechos que como trabajador nos corresponden”.
El ex policía ministerial Rey David Cortés fue implicado en el asesinato de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, ocurridos en la Autopista del Sol en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011 mientras protestaban.
El pasado viernes los ex policías ministeriales denunciaron que el fiscal giró una orden para que se investigue a más de 200 de ellos que están incapacitados.

Dejan ir a 21 levantados en El Salitre, Arcelia; los hallan ministeriales en San Miguel Totolapan

Al comenzar este viernes, los hombres que fueron levantados el sábado pasado en El Salitre, Arcelia –al final fueron 21 y no 17– fueron dejados ir por sus captores y encontrados por policías ministeriales cerca de la comunidad de La Gavia, del vecino municipio de San Miguel Totolapan, en medio de la amplia operación de búsqueda desplegada por soldados del Ejército y corporaciones federales y estatales.
De acuerdo con reportes oficiales, a la 1 de la madrugada los policías ministeriales ubicaron a los 21 hombres en el cerro de Las Antenas, cerca de la comunidad de La Gavia, y los trasladaron a la Agencia del Ministerio Público en Arcelia.
Se trata de los hombres que fueron levantados la tarde del sábado cerca de la comunidad de El Salitre, cuando se dirigían a una boda en la comunidad de La Palma, a 35 minutos de la cabecera municipal, donde hombres armados vestidos con uniformes tipo policiaco los bajaron de sus vehículos, dejaron a mujeres y niños, y se llevaron a los hombres. Ahí ejecutaron a dos taxistas.
El domingo apareció un tercer cuerpo, y el martes fue encontrado el cuarto cadáver, de José Eutimio Tinoco, conocido en Arcelia como El Rey de la Tortilla.
En su edición del domingo, este diario informó que podrían ser 20 las personas levantadas. El lunes, la Fiscalía General del Estado dijo que sólo había siete denuncias, y el martes el gobernador, Héctor Astudillo precisó que el alcalde priista Adolfo Torales Catalán le entregó una lista con los nombres de 17 desaparecidos; ayer se conoció que fueron 21 los hombres privados de su libertad en ese hecho.
Las personas localizadas son las 16 que faltaban de la lista de 17 levantadas el sábado, luego del hallazgo del cuerpo de José Eutimio Tinoco, y cinco hombres más de los que no había registro porque los familiares decidieron no denunciar por temor a represalias.
Los liberados fueron encontrados en general bien de salud, con algunos golpes y lesiones en los pies y dos de ellos con crisis nerviosas. También se confirmó muy temprano que entre los 21 no estaban los cuatro maestros y una maestra que fueron secuestrados el lunes cuando hombres armados los sacaron de la secundaria técnica de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, mientras desempeñaban sus labores.
Según el primer reporte, las investigaciones determinaron que los 21 hombres ya habían sido liberados por sus secuestradores cerca de La Gavia, y policías ministeriales iniciaron la búsqueda.
Al llegar a ese lugar, los agentes se dirigieron al cerro de las Antenas, y en las faldas del mismo hallaron a los 21 levantados. No hubo detenidos ni enfrentamiento con sus captores.
Al parecer, los hombres levantados fueron liberados cerca o en la parte alta del cerro, y estuvieron caminando durante una hora.

Las rutas de los secuestradores

La comunidad de El Salitre, donde ocurrieron los hechos, se ubica en la región de La Cañada, del municipio de Arcelia, en el camino que lleva a la mina de Campo Morado, distante unos 40 kilómetros de donde fueron ubicados, en el municipio de San Miguel Totolapan, y al otro lado del río Balsas.
Para llegar de un punto a otro hay dos rutas, evitando pasar por Arcelia, que se estima que pudieron ser las que usaron los delincuentes.
Primero, hay un camino rural que bordea cerros y que va de El Salitre al poblado El Guayabo; de ahí se toma otro camino que lleva a un brazo del río Balsas para cruzar a la comunidad de Valle Luz, y luego seguir por un camino rural que va a La Gavia, en un recorrido aproximado de 50 kilómetros, que se cubren en un lapso de tres a cuatro horas.
La primera ruta tiene el obstáculo del río Balsas, y no hay en esa zona embarcaciones con la capacidad para trasladar carros.
La segunda ruta viene de El Salitre a El Guayabo, y de ahí se tiene que tomar un camino que sale a Santana del Águila para salir la carretera estatal pavimentada y cruzar por el puente a San Miguel Totolapan, para atravesar toda la cabecera municipal y llegar a La Gavia.
Esta ruta pasa por la cabecera municipal y, forzosamente, por dos retenes militares. Esas son las únicas rutas posibles.

Despierta expectación entre vecinos y familiares la liberación de desaparecidos

Un grupo de agentes de la Policía Ministerial llegó a esta ciudad en las primeras horas de este viernes con los 21 hombres levantados, y un representante del Ministerio Público les tomó sus declaraciones y permitió que todos los liberados llamaran a sus familiares, que comenzaron a llegar poco a poco.
A las 3 de la madrugada llegó un médico enviado por el Ayuntamiento de Arcelia para atender y valorar el estado de salud de los 21. Se confirmó que llegaron deshidratados, bajos de peso y con algunas lesiones en los pies, pues varios estaban sin zapatos. Al menos dos de los hombres liberados estuvieron llorando y tuvieron crisis nerviosas, pero ninguno requirió hospitalización.

Discuten policías militares y ministeriales; niegan el paso a los soldados

A las 4 y media de la madrugada llegaron policías militares a interrogar a los liberados, o al menos a tomar datos. Pero los ministeriales les impidieron el paso. Dijeron que sería directamente la Fiscalía General del Estado la que informaría al Ejército de las diligencias.
Un teniente que encabezaba el grupo reportó vía telefónica que le impidieron el paso, en la misma línea donde estaban las familiares de los liberados. Se retiró y minutos después llegó un coronel, acompañado con 10 soldados, que se metieron sin pedir permiso, en medio de llamados de los ministeriales, quienes siguieron a los soldados hasta las instalaciones del Ministerio Público.
Recibieron a los militares prácticamente en la puerta y no les dieron oportunidad de dialogar ni ver a los liberados. Hubo discusión entre ellos, y los ministeriales les pidieron respeto.

Llegaron con lesiones, pero “nada grave”

Cerca de las 6 de la mañana llegó a la agencia del Ministerio Público el alcalde, Adolfo Torales Catalán. Le autorizaron el ingreso, y al salir dijo “qué bueno que ya están aquí”, dirigiéndose a los familiares que ya esperaban.
El alcalde dijo que “yo sí esperaba esta noticia favorable, porque desde el momento en el que llegaron los cuerpos de seguridad, yo vi el interés del gobernador (Héctor Astudillo Flores) porque realmente se liberara a estas personas. Es una satisfacción tener un gobernador que se preocupe por los guerrerenses”, declaró.
Torales dijo que no vio grave la situación de salud de los 21 liberados, “porque gracias a Dios están con vida, como lo manifestaron ellos: no importa lo que pasó, sino lo que viene, y seguir adelante”.
Confirmó que “algunos están golpeados, lastimados por el camino, con hambre, por eso mandamos un médico, para que los atendiera”.
“La alegría completa va a llegar cuando se resuelva completamente esta situación. Es decir, cuando aparezcan también los maestros”, dijo el alcalde en referencia a los cuatro profesores y el director de la secundaria técnica 114 de Santa del Águila, Ajuchitlán.
Los familiares de los liberados agradecieron a los policías ministeriales por su actuación en el problema que los aquejaba. Les llevaron café, pan, empanadas, botellas, de agua, y otros alimentos. “Estamos de verdad muy agradecidos con ellos, no sé cómo lo hicieron, ni qué hicieron, pero lo que me interesa aquí está, señor”, dijo Alejandra Durán, familiar de uno de los liberados.
Los familiares no quisieron hablar del secuestro ante los reporteros de diversos medios que vinieron a Arcelia. “Mientras esa gente esté libre no queremos problemas. Ahorita tenemos la dicha de que regresaron nuestras personas con vida. Eso no siempre ocurre, aquí hay gente que busca a otras personas levantadas, pero no aparecen y llevan años”, expresó uno de ellos.
El fiscal regional, Carlos Vinalay de la Rosa salió a las 7 de la mañana a hablar con los familiares, a quienes les pidió calma, y anunció que se organizarían para que todos pasaran a saludar a sus parientes y más tarde serían entregados, una vez que rindieran su declaración.
“Ya todos comieron, todos tomaron agua, y todos fueron al baño, quiero que estén tranquilos, y ahorita pasarán a verlos”, dijo.
Eran unas 80 personas a cada lado de la cuadra de la céntrica calle Berriozábal. Entraron desde las 7:30 en grupos de tres a ver a sus familiares. La gente salía del Ministerio Público llorando de alegría.
A las 10 de la mañana comenzó la entrega de los liberados. La Policía Ministerial permitió el ingreso de un carro de los familiares a la calle, donde les entregaba en la puerta de la agencia del Ministerio Público a su familiar, que salía tapado del rostro con su propia ropa. Casi a las 11 de la mañana salió el último liberado.
De ahí, al menos 18 de ellos fueron llevados a consulta médica a clínicas particulares, por las lesiones que presentaban, aunque ninguno requirió de hospitalización.
En la lista de los 21 levantados están los nombres de Benito Ezequiel Eutimio Consuelo, hijo de José Eutimio Tinoco, El Rey de la Tortilla, que apareció muerto el martes, y el de un enfermero del centro de salud de Arcelia.

Analizan activistas del estado la necesidad de capacitar en derechos humanos a funcionarios

 

Activistas del Colectivo Guerrero es Primero discutieron y analizaron la creación de un instituto para la paz, un centro ciudadano de atención a víctimas, la necesidad de capacitar a los funcionarios en derechos humanos y el impulso de leyes anticorrupción.
A su segundo encuentro, en la Universidad Loyola del Pacífico, asistieron 40 integrantes de organizaciones sociales como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, organizaciones de defensa de derechos humanos, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de organizaciones campesinas, de la Iglesia católica y de las universidades privadas Loyola del Pacífico y Americana de Acapulco.
En la primera mesa de trabajo, se propuso crear un instituto o consejo de paz para construir habilidades e incidir de forma positiva sobre la violencia. La propuesta enviada por el padre Jesús Mendoza brindaría asesoría técnica a los distintos poderes y órdenes de gobierno, al mismo tiempo acompañando y fomentando procesos ciudadanos de participación.

Insisten en la necesidad de transparencia

En la mesa de Pobreza y desigualdad, se discutió la necesidad de que las instituciones sean más transparentes, que en las comunidades existan proyectos de desarrollo sustentable y que sean respetados los derechos humanos de manera integral para el acceso a la tierra, agua, vivienda y a los recursos públicos. Se propone asimismo, la renovación de las políticas públicas con otras perspectivas y rompiendo el actual sistema.
Ahí la ex subprocuradora Eliana García Lagunes propuso la creación de centro ciudadano de atención a víctimas en el estado, y la transversalidad de los derechos humanos, es decir de la deliberación y opiniones de educadores, padres de familia, miembros de la comunidad, de las iglesias, empresarios, estudiantes y otros sectores, además de una campaña amplia de difusión y capacitación de los derechos humanos a funcionarios que no conciben en su totalidad en qué consiste los derechos humanos.

Proponen un sistema estatal de búsqueda de desaparecidos y
que el gobierno reconozca
a las policías comunitarias

De igual manera, propuso un sistema estatal de búsqueda de personas desaparecidas que no existe en la Fiscalía General del Estado, así como la creación de un registro estatal de fosas comunes y clandestinas, la armonización de la investigación sobre tortura, tratos o penas crueles e inhumanos, o degradantes.
También la creación de un sistema autónomo de ciencia forense que, de forma independiente investigue las causas de las muertes; además de un modelo mixto de policía de proximidad estatal, municipal y unificada, y la conformación de un consejo ciudadano de seguridad pública, reformar la ley orgánica de la administración pública para la reestructuración de los sistemas de policías y los centros penitenciarios. Durante su intervención la ex funcionaria dijo que los políticos en la actualidad no asumen sus responsabilidad y han dejado la seguridad a los policías y a los militares.
Una de las participantes del municipio de Tecoanapa, quien no quiso dar su nombre, expresó también la necesidad de que el gobierno reconozca el modelo de la Policía Comunitaria, porque en su municipio, hace más de dos años que los civiles tomaron las armas para hacer frente a los delincuentes, y hay paz y una cierta tranquilidad, a diferencia de lo que pasa en las ciudades.
Otra propuesta que surgió en la mesa de análisis fue la creación de un centro de resguardo de restos encontrados en las fosas clandestinas, donde los familiares puedan ir a buscar a los suyos, y el empate de una base de datos.
En su intervención, la integrante del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena enfatizó la necesidad de un centro de resguardo donde se pueda encontrar los cuerpos de personas desaparecidas; recordó que el grupo ha encontrado en Iguala 120 cuerpos, de los cuales 18 han sido familiares de personas de la organización y los restantes están en proceso de identificación.
Dijo que el centro ayudaría a la recuperación de los restos, “lo que sería un triunfo para las familias”. También urgió la necesidad de fortalecer a las familias de los desaparecidos porque en la mayoría quedaron al frente mujeres hasta con siete hijos.

El Mando Único no garantiza que la policía no esté infiltrada, dice ex procuradora de la PGR

En declaraciones, la ex subprocuradora de Derechos Humanos, García Lagunes dijo que el problema con propuestas como el Mando Único es que atienden a una urgencia legislativa.
Indicó que el problema del Mando Único es cómo construir una supervisión ciudadana a la calidad de la gestión policial, “porque tú te puedes crear cualquier esquema, pero el problema es que nadie está haciendo una fiscalización de la calidad de la gestión, ni construyendo esquemas anticorrupción”, y que no está a debate la centralización del mando.
“Desapareces a la Policía Municipal, centralizas el mando a la Policía Estatal, pero quién te dice que la Policía Estatal no está tan infiltrada como la Policía Municipal. El problema no es quién tenga el mando, sino cómo generas contralorías sociales de anticorrupción en la policía, en los Ministerios Públicos y en las distintas instancias en donde se generan estas perversiones de corrupción e impunidad”, expresó.
“Es muy sencillo, si son policías certificadas por qué en el estado de Guerrero sigue habiendo una expansión de la violencia. Entonces no puedes decir que tienes policías certificadas, no puedes seguir siendo retórica, tiene que ser indicadores claros de evolución”, indicó.
Expuso que puede haber otras dependencias que pueden estar infiltradas sin tener relación directa con el sistema de seguridad, “estar pensando que los único que pueden estar como parte de la criminalidad son los servidores públicos vinculados con la justicia y la seguridad es un error”.
Ejemplificó que en los casos de Michoacán, donde la federación actuó con la ayuda de un comisionado, Morelos con el Mando Único y Guerrero con un esquema tradicional, han tenido una disminución en la incidencia delictiva, “en Guerrero… el homicidio doloso subió, de acuerdo a las cifras oficiales”, a mil 884 víctimas de enero a septiembre.
“Ahorita no hay ninguna comprobación, a nivel de indicadores, de evaluación de si la disminución de la violencia y la incidencia delictiva en estos estados fue por la intervención de un comisionado o fue por gracia del Espíritu Santo, sin Mando Único, en Guerrero que si bajo el índice delictivo, sobre todo en extorsión y secuestros, o porque en modelo bajo”.
Abundó que tampoco se puede seguir evaluando el índice delictivo que el gobierno reporta porque hay “una gran cifra negra que no queda contabilizada”.

Llaman defensoras de derechos humanos a una visita masiva a Nestora Salgado en el penal de Tepepan

En respuesta a la resolución de la Primera Sala Penal del Poder Judicial estado, que desechó un incidente de libertad para la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México (RNDDHM) convocó este domingo a una visita masiva a la luchadora social en el penal de Tepepan.
A través de una convocatoria en redes sociales, llamaron a defensoras y defensores, activistas, periodistas, hombres y mujeres guerrerenses radicados en el Distrito Federal a participar en la protesta, este 10 de enero a las 11 de la mañana, en el penal donde está recluida Salgado García desde mayo pasado. Antes, desde el 22 de agosto de 2013, estuvo prisionera en un penal federal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit.
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, que forma parte de la RNDDHM, con más de cien organizaciones y activistas de derechos humanos, explicó que la manifestación se organizó a partir de la negativa de los magistrados de Guerrero que declararon improcedente una apelación que pedía tomar en cuenta la resolución de un juez que desechó un auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada en el fuero federal.
En marzo de 2014, un juez federal determinó que los hechos que motivaron la denuncia de delincuencia organizada contra Salgado García forman parte de sus funciones como autoridad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), reconocidas en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Hace tres días, la organización insistió en que la Fiscalía General del Estado se desista de las causas penales y órdenes de aprehensión contra la luchadora social, y al Poder Judicial que ajuste sus resoluciones a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, en particular, en la resolución sobre el incidente de libertad que incidiría en los tres procesos de secuestro que hay en su contra.
Ante los obstáculos judiciales, llamaron a exigir su libertad en una visita colectiva, en el penal de Tepepan en la Ciudad de México.

BREVES (Hallan una bolsa semienterrada con restos humanos cerca del Cerro de la Sirena, en Zumpango)

Ayer se descubrió una osamenta semienterrada en un predio cerca del Cerro de la Sirena en las inmediaciones de la colonia Virgen de Juquila, al poniente de Zumpango.
Según fuentes policiacas a las 11 de la mañana una llamada anónima avisó que cerca del Cerro de la Sirena habían restos humanos enterrados en un predio.
Peritos de la Fiscalía General de Estado (FGE) y del Servicio Medico Forense (Semefo) se encargaron del rescate de los restos. Un médico forense informó que el cuerpo tenía entre seis y ocho meses de haber sido sepultado.
Los restos fueron trasladados a Semefo de Chilpancingo. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Atacan hombres armados con rifles AR-15 la fachada de la casa de un artesano de Taxco

Hombres armados atacaron la madrugada de ayer con rifles AR-15 la fachada de una casa en el barrio de Pedro Martín, cerca del centro de salud en la cabecera municipal de Taxco, sin que se reportaran personas lesionadas.
El ataque ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, y en el lugar la Policía Federal (PF), división de Fuerzas Federales con destacamento en Taxco, recuperó al menos 11 casquillos percutidos calibre .223 para fusil AR-15, y de .9 milímetros.
Luego de una llamada al número de emergencias 066, la Policía Federal y policías estatales con base en Taxco, confirmaron el ataque a balazos a una casa de tres niveles ubicada en la calle cerrada de 10 de Mayo en el barrio de Pedro Martín en la cabecera municipal de Taxco, la cual tenía al menos 10 impactos de bala en su fachada, según reportes de fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Se informó que la casa es propiedad del artesano pedrero David Popoca Villada de 51 años. No se informo de lesionados durante el ataque.

Exigen defensoras de derechos humanos al gobernador que se pronuncie por la libertad de Nestora Salgado

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDHM) exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que se pronuncie por la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, al fiscal general, Javier Olea Peláez, que se desista de todos los procesos contra la luchadora social, y a la Primera Sala penal del Tribunal Superior de Justicia que su resolución se apegue a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Esta Sala revisa el proceso de apelación contra la resolución de la jueza de Tlapa que declaró improcedente un incidente de libertad, si se tome en cuenta la resolución federal que anuló la orden de aprehensión contra Salgado García por el delito de delincuencia organizada, derivada de los mismos hechos por los que fue acusada de secuestro en el fuero común.

Hubo violaciones al debido proceso, denuncia la RNDHM

Mediante una carta pública, la RNDHM recordó que la luchadora social fue aprehendida ilegalmente por militares el 21 de agosto de 2013, sin que se le mostrara orden judicial, ni se le informara de las razones de su detención.
Desde entonces, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y violaciones al derecho a la libertad personal, como el hecho de que en las primeras horas de la detención fue llevada a Chilpancingo, sin ser presentada ante un juez, tampoco contó con asistencia consular por ser también ciudadana estadounidense, ni con un abogado de su elección.
Señalaron que de Chilpancingo fue llevada a Acapulco, donde se le tomó la declaración preparatoria, sin una defensa adecuada, y cuatro horas más tarde fue llevada al penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Entre otras irregularidades, el traslado de Nestora Salgado a un penal federal de máxima seguridad fue ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno de Guerrero, sin que tuviera facultades para ello.
En ese lugar, se le calificó administrativamente como presa peligrosa, se le confinó a un régimen de máxima seguridad y confinamiento solitario, que imposibilitó la comunicación efectiva con sus familiares y su defensa.
Consideraron que, con 40 años en el litigio penal, el nuevo fiscal sabe que existen suficientes elementos para reconocer las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de la líder comunitaria.
Pero no sólo de ella, recordaron que el mismo día de su aprehensión, policías estatales y militares irrumpieron en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para liberar a detenidos que estaban en procesos de reeducación, dentro del sistema de seguridad y justicia comunitaria, y detuvieron a coordinadores, consejeros y policías comunitarios, acusados de secuestro.
Entre los detenidos están Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, y Samuel Ramírez Gálvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec.
Sin embargo, el 30 de marzo de 2014, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, revocó el auto de formal prisión de Salgado García por el delito de delincuencia organizada.
Pero la orden judicial no redundó en su liberación por los procesos estatales que siguen su curso, pese a que se está produciendo “una violación del principio non bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos)”.
Recordaron que, el año pasado, el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, llamó a Nestora Salgado presa política, y se manifestó por su liberación inmediata, pero el entonces fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz se negó a iniciar el desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria.
Por lo anterior, las defensoras exhortaron al fiscal Olea a desistirse de las acusaciones que recaen sobre Nestora Salgado, a partir de una revisión minuciosa de todos los procesos en su contra.
También señalaron que desde el 28 de enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Nestora Salgado, al considerar que se “encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en Nayarit. Asimismo, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud”.
Ante las medidas ordenadas por la CIDH y por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá fue trasladada al penal de Tepepan, en la Ciudad de México.

El caso de Nestora es un ejemplo de criminalización de los luchadores sociales, denuncian

La Red denunció que la detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es, a todas luces, un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México, en represalia a su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.
Por ello, exigen la incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero, la reparación integral del daño para Nestora Salgado y su familia, y garantías de seguridad para su familia y sus defensores, así como un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por su detención ilegal, y el cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México.

Se planta el FDP en Palacio de Gobierno; pide que comunitarios liberen a cinco retenidos en Chilapa

Integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) que encabeza Clemencia Guevara Tejedor, quienes exigen la liberación de cinco detenidos por policías comunitarios de Rincón de Chautla, en Chilapa, se plantaron de manera indefinida en las escalinatas de Palacio de Gobierno, después de que no fueron atendidos por autoridades estatales.
Además la dirigente dijo que acudieron a Palacio de Gobierno para pedir a las autoridades que resuelvan el problema de inseguridad que tienen en sus comunidades, la construcción de carreteras, de hospitales, la apertura de nuevas escuelas y proyectos productivos, entre otras demandas, para las comunidades de la Costa Grande, Chilapa, Mártir de Cuilapan y Carrizalillo.
A las 9:30 de la mañana, unos 70 inconformes acudieron a Palacio de Gobierno para protestar, sin impedir la entrada al edificio; en el lugar se consultó a la coordinadora estatal del FDP, Clemencia Guevara Tejedor, que dijo que asistieron a Palacio de Gobierno para tratar con las autoridades el problema de seguridad en sus comunidades.
Expresó que también acudieron para exigir la liberación de sus cinco compañeros que están retenidos en Rincón de Chautla, Chilapa, por la Policía Comunitaria.
El 26 de noviembre de 2015, la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, Chilapa, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), detuvo a cinco sospechosos, entre ellos al comisario, como probables responsables del ataque armado a una Urvan en el que fueron asesinados uno de sus consejeros y tres mujeres.
Los detenidas son el comisario Alfonso Orgín Castro, Apolinar Calvarillo Tlatempa, Francisco Hernández Tepetate, Eladio Díaz Calvario y Claudio Diego Cortes.
Guevara Tejedor explicó que los familiares de los detenidos se reunieron con el nuevo fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, pero el día de la reunión acudió el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano Arriaga, “amenazó a las familias y les dijo que su problema se iba a resolver, porque al otro día saldrían libre sus familiares; pero hasta hoy (lunes) no han sido liberados”, indicó Clemencia Guevara.
Por otro lado, la dirigente de la FDP informó que exigen a las autoridades que se resuelvan también las demandas que tienen los pueblos de las comunidades de la Costa Grande, Chilapa, Mártir de Cuilapan y Carrizalillo, tales como carreteras, hospitales, nuevas escuelas y proyectos productivos, entre otros.
Guevara Tejedor expresó que al FDP le preocupa la seguridad, “hay cosas que no podemos decirlas abiertamente, porque podemos ser asesinados, hemos sido hostigados por parte de la delincuencia, por eso es urgente que se resuelva el problema de inseguridad”, indicó.
Agregó que en varias ocasiones han sido víctimas de la delincuencia organizada, principalmente en comunidades de Carrizalillo, Chilapa y Mártir de Cuilapan.
Dijo que los integrantes del FDP han sido desaparecidos, como ocurrió con Manuel Alejandro Gallegos Valles, de quien desde 2010 se desconoce su paradero, y lo que pasó en Carrizalillo cuando grupos delincuenciales no les dejaron salir de sus casas.
Los integrantes del FDP pidieron que el gobernador atienda sus peticiones, que hagan mesas de trabajo para que las obras se realicen. Guevara Tejedor aseguró que desde que entró el gobernador priista, Héctor Astudillo Flores, no se han reunido.
La dirigente informó que acudió con una comisión de integrantes del frente a Casa Guerrero, donde se encontraba Héctor Astudillo Flores, para exigir solución a las demandas, sin embargo fueron atendidos por el asesor y operador político del gobernador, César Flores Maldonado, quien les dijo que lo esperaran una hora para que los atendieran.
A las 8 de la noche los integrantes del FDP continuaban esperando a que los recibiera Flores Maldonado o alguna otra autoridad, sin embargo no fueron atendidos, por lo que la dirigente aseguró que instalarían casas de campaña en las escalinatas de Palacio de Gobierno, donde se plantarán indefinidamente.