Se entiende que por compromisos políticos, principalmente con Manuel Añorve Baños y René Juárez Cisneros, el gobernador Héctor Astudillo Flores haya designado en su gabinete a algunos funcionarios impresentables, con un pasado turbio y cuentas pendientes que tarde o temprano se convertirán en un lastre para él, pero el nombramiento que definitivamente resulta incomprensible y socialmente inaceptable es el de José Luis González de la Vega Otero en la Secretaría de Educación.
El motivo de lo anterior es que ese nombramiento tiene el potencial de agigantar por sí solo la crisis en ese sector, por la forma despótica en que suele conducirse González de la Vega ante los maestros, como sucedió durante su gestión al frente de esa Secretaría en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, y también porque es una figura clave en la estigmatización que desde el gobierno se ha lanzado contra la Normal de Ayotzinapa y los estudiantes de esa escuela a lo largo de los últimos diez años.
González de la Vega no sólo es un funcionario que ha sido acusado de corrupción, sino abiertamente reaccionario y autor del señalamiento público, realizado en el 2007, de que la Normal de Ayotzinapa es un centro de entrenamiento guerrillero, con la cual relanzó la escalada contra esa escuela. En esas circunstancias, y cuando las relaciones entre el gobierno federal y estatal con la Normal se hallan bajo una fuerte tensión por el ataque contra los normalistas y la desaparición de 43 estudiantes, ¿a qué obedece el nombramiento de González de la Vega y cuál es la misión que le ha sido encargada?
Esa pregunta tiene sentido si, además, se toma en cuenta que desde antes de tomar posesión, Héctor Astudillo ha expresado de forma reiterada su respeto por la Normal y comprometido su apoyo, tanto para las necesidades del plantel como en su demanda de justicia por los 43 estudiantes desaparecidos. Si eso es cierto, ¿entonces por qué nombró en la Secretaría de Educación a un golpeador y enemigo desembozado de la Normal de Ayotzinapa, que de haber podido habría cerrado la escuela hace diez años?
Al presentar el martes pasado a su equipo, el gobernador dijo que para decidir a quién encargarle la SEG realizó una “especie de investigación, en un cargo tan delicado, sin duda los cargos más delicados en este momento, todos son importantes pero algunos son delicados, y creo que uno de ellos es la Secretaria de Educación, y expreso esto en el marco de la reforma educativa”. Explicó que como González de la Vega ya fue secretario, conoce el asunto y “lo conocen todos los actores que están alrededor de la Secretaría de Educación y esto fue una determinación que orientó a invitar a José Luis González de la Vega a que fuera el secretario de Educación, y tengo confianza que va a hacer un buen papel”.
Es verdad que conoce el sector y el sector lo conoce a él, pero la prudencia sugiere que es precisamente por esa razón que era el menos indicado para ocupar ese cargo en un momento delicado en que lo que se requiere es sensibilidad y respeto, valores que González de la Vega no conoce. Si es auténtica la explicación que Astudillo Flores ofreció sobre las razones por las cuales lo escogió, entonces resulta falso lo que ha dicho una y otra vez sobre la normal y los normalistas, pues por todo aquello por lo que se pensaría que González de la Vega no debería ser responsabilizado de la SEG, es precisamente por lo que Astudillo lo nombró. ¿Para aumentar la presión contra la escuela, los normalistas y el movimiento de los padres de los 43 desaparecidos?
En el gobierno de Zeferino Torreblanca, González de la Vega emprendió una guerra contra la Normal de Ayotzinapa y contra los normalistas. La satanización que hizo de la escuela, aunque no fue inventada por él, contribuyó a crear las condiciones para la persecución que el gobierno de Torreblanca, y más tarde el de Angel Aguirre, llevarían a su más extrema manifestación con las consecuencias del 26 de septiembre del año pasado.
Zeferino Torreblanca colocó a González de la Vega en la SEG en el 2005 por un pacto con la profesora Elba Esther Gordillo, en aquellos días poderosa dirigente del SNTE y en plena capacidad de imponer funcionarios en el gobierno federal del PAN y en los gobiernos estatales. González de la Vega es hermano del que entonces era secretario particular de la señora Gordillo, lo que explica su pertenencia al grupo político que controlaba al SNTE y al Partido Nueva Alianza.
Terminó su gestión en la SEG en el 2011 en medio de señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades en el manejo de los recursos del 2010, de lo cual informó el contralor del estado en febrero de 2012, sin que a la fecha se haya informado ni sabido qué consecuencias legales se derivaron de ello, o si las irregularidades fueron debidamente solventadas. La Auditoría Superior fue muy clara en su notificación a la Contraloría estatal, pues le solicitó abrir “los procedimientos administrativos de responsabilidades” contra el ex secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, y también contra el ex secretario de Salud, Antonio Jaimes Herrera, por las irregularidades detectadas en sus cargos en el 2010. (El Sur, 23 de febrero de 2012).
En Guerrero no se supo de González de la Vega sino hasta junio de 2013, cuando reapareció en Chilpancingo y se presentó ante alcaldes del PRD como gestor de la empresa Estate Equity. En una reunión con 27 presidentes municipales perredistas, les propuso entregarles “donaciones” por un monto de 30 millones de pesos a cada uno para la construcción de obras, pero a condición de que adjudicaran los contratos a las empresas que él les indicara. Varios alcaldes firmaron ahí mismo los contratos de ese rarísimo acuerdo, quizás porque la propuesta estaba avalada por el senador Sofío Ramírez, cercanísimo del entonces gobernador Ángel Aguirre. Esa labor de coyotaje disfrazada de altruismo no parece haber llamado la atención de la Auditoría General del Estado, pero con el regreso de González de la Vega a la administración pública no puede simplemente pasarse por alto. (El Sur, 26 de junio de 2013).
Antes de eso, González de la Vega realizó trabajo político para el Panal en las elecciones de 2012, y más tarde, en marzo de 2014, fue designado secretario particular del gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, puesto del que pasó en marzo de este año a la campaña de Héctor Astudillo como encargado de los foros para integrar el programa de gobierno del candidato del PRI.
En un acto de campaña realizado en el Salón Cuicalli de Chilpancingo el 29 de marzo, para asombro de algunos asistentes Astudillo Flores aludió a González de la Vega como su “amigo”. “Yo agradezco a José Luis González de la Vega que esté con nosotros, va a jugar un papel importante en la construcción del programa de gobierno”, dijo el candidato priísta.
Ya desde esa fecha era visible la incongruencia de Astudillo Flores, al mantener un discurso anticorrupción mientras sumaba a su equipo a alguien como González de la Vega, cuyo paso por la SEG estuvo señalado de actos de corrupción. Porque por añadidura, González de la Vega es uno de los responsables del “desequilibrio” financiero de 18 mil 500 millones de pesos que existe en el gobierno del estado y que el equipo del ahora gobernador dio a conocer el lunes pasado, un día antes de la toma de posesión. Nueve mil 324 millones de pesos de ese déficit corresponden a la Secretaría de Educación en la que González de la Vega despachó por seis años.
Si de lo que se trataba era de poner en la SEG a alguien que defendiera la reforma educativa, el perfil de González de la Vega resulta excedido. Es un político sin escrúpulos y con un pensamiento violento, del que no se puede esperar ni racionalidad ni sensibilidad. Su nombramiento es como echarle gasolina al fuego.
Rogelio Ortega, modesto
“Con el diálogo y la tolerancia extrema, pudimos salvar a Guerrero de la violencia y la guerra”, escribió el ex gobernador Rogelio Ortega en otro artículo publicado en El Sur el lunes de esta semana. ¿De qué habla?
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