Marchan indígenas de Ayahualtempa; exigen la salida de la Policía Municipal y piden a la GN y Ejército

Acusan a los uniformados de Hueycantenango que se encuentran en tres sitios dentro del territorio de la CRAC-PF de servir de halcones al grupo Los Ardillos al que culpan de siete asesinatos y tres desapariciones, la más reciente el 11 de diciembre. La asamblea acordó emplazar al gobierno a dar respuesta en ocho días, o se harán cargo de la seguridad policías comunitarios incluso niños que han sido capacitados. Ayer, para desactivar la participación de menores armados en la manifestación, en el módulo en la entrada a la cabecera los municipales fueron sustituidos por estatales

Zacarías Cervantes

Ayahualtempa/Hueycantenango

Más de 500 indígenas nahuas de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Heycantenango), la mayoría niños y mujeres, marcharon ayer hacia la entrada de la cabecera municipal donde exigieron la salida de la Policía Municipal del territorio comunitario.
En la marcha, participaron policías comunitarios armados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), cuyos representantes acusaron a la Policía Municipal de trabajar para el grupo delictivo de Los Ardillos y los responsabilizaron del asesinato de siete indígenas y la desaparición de tres más en los últimos dos años.
El miércoles la Policía Comunitaria de la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Ayahualtempa en un comunicado anunció que expulsaría a la Policía Municipal de su territorio y que ocuparía los módulos que instaló para “halconear” al servicio del grupo delictivo que ha venido atacando al pueblo.
Ayer, en el tradicional Día de los Reyes Magos, cuando se acostumbra obsequiar juguetes a los niños, unos 100 de ellos de esta localidad celebraron la fecha participando en la marcha en la que exigieron “justicia” para los asesinados y desaparecidos de su comunidad.
Los marchistas adultos gritaron insistentemente durante el recorrido vivas a “los niños huérfanos y a las mujeres viudas de México”.
En la protesta participaron, además, pobladores de Amatitlán, El Caracol y colonia Los Pinos, que son anexos del núcleo agrario de Ayahualtempa.
La demanda principal fue el retiro de la Policía Municipal del Crucero de Tlachimaltepec, ubicado cerca de la entrada a Ayahualtempa; del Módulo Municipal que está en la entrada a Hueycantenango y del punto conocido como Tres Postes Negros, que está a la salida norte de la cabecera municipal.
El coordinador de la CRAC-PF, Margarito Silva Hernández y el presidente del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, demandaron a los tres órdenes de gobierno que se retire a la Policía Municipal de esos tres puntos y se instalen militares o agentes de la Guardia Nacional (GN) para que se encarguen de la seguridad.
Denunciaron que en esos sitios se instalan los elementos de la Policía Municipal, quienes en vez de brindar seguridad, sirven de halcones al grupo delictivo de Los Ardillos y vigilan los movimientos de los pobladores de Ayahualtempa y de sus tres anexos.
Silva Hernández dijo que en esos sitios, los policías municipales instalan filtros y ubican a los miembros de la CRAC-PF de Ayahualtempa cuando entran a la cabecera municipal donde son levantados o asesinados por el grupo delictivo, o incluso, por elementos de la misma Policía Municipal.
De acuerdo con los registros de la CRAC-PF y del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, integrado por las autoridades agrarias, comisarios municipales y por los coordinadores de la CRAC-PF, de junio del 2019 al 11 de diciembre del 2021 fueron asesinados siete indígenas y tres más fueron levantados y aún se encuentran desaparecidos.
El recuento indica que el 2 de junio de 2019 fue asesinado en Hueycantenango a las 5 de la tarde el comandante regional y fundador de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, Eugenio Máximo Hilario, por un grupo armado integrado por policías municipales y civiles del grupo delictivo Los Ardillos.
El 8 de julio del 2019 a las 10 de la noche, fueron levantados en el Crucero del Jaguey, Marcelino Pedro Rojas Reyes y David Domingo Alonso, quienes fueron encontrados muertos en la comunidad de Chautla, municipio de Chilapa, el 11 de julio a las 11 de la mañana.
El 7 de septiembre del 2019 a las 12 del día, fue levantado en Hueycantenango, el ex policía comunitario Leocadio Bolaños Hernández por el grupo delictivo Los Ardillos y fue encontrado muerto al día siguiente en el punto conocido como El Ocotito a las 5 de la tarde.
El 18 de octubre del 2019 fue levantado a las 9 de la mañana Fidel Bolaños Rojas, cerca del río La Hamaca, entre las comunidades de Acojtapachtlán y El Epazote. El indígena aún está desaparecido.
Al día siguiente, a las 9 y media de la mañana, también fue levantado el hijo de Fidel, Félix Isidro Bolaños Hernández, en Colotlipa, municipio de Quechultenango, e, igualmente, sigue sin aparecer.
El 1 de noviembre del 2019, a las 5 de la tarde, fue asesinado Samuel Rojas Dorantes, a 200 metros del punto conocido como Cochixjtlán Tlatempa, cerca de Hueycantenango.
El 18 de noviembre del 2019, a las 9 y media de la mañana, fue asesinado Isaac Martínez Rosendo, en la colonia Piedra Colorada de la cabecera municipal.
El 15 de agosto del 2020, fue asesinado Rutilio Bolaños Gatica en el punto conocido como Camojtepec.
El 11 de diciembre pasado, fue levantado en Hueycantenango el policía comunitario José Juan Reyes Román, quien no ha sido localizado.
Al grito de: “justicia, justicia, justicia…” los marchistas, entre los que caminaron los familiares de las víctimas, llegaron al medio día al módulo de la Policía Municipal que se encuentra en la entrada de la cabecera municipal.
Sin embargo, ayer ya no había policías municipales, en su lugar había elementos de la Policía Estatal en dos patrullas, quienes permanecieron impávidos ante la exigencia de los más de 500 indígenas que caminaron casi 2 kilómetros por la carretera desde Ayahualtempa hasta ese lugar.
Entrevistado ahí, el coordinador Margarito Silva Hernández, declaró que son ya dos años que los pobladores de Ayahualtempa y sus tres anexos están “acorralados” por el grupo delictivo, porque no pueden entrar a la cabecera municipal sin el riesgo de que sean asesinados o levantados por el grupo delictivo o directamente por los policías municipales.
Agregó que tampoco pueden viajar hacia Chilapa porque miembros del mismo grupo delictivo se encuentran en el Crucero del Jaguey, donde también han sido levantados algunos de los indígenas del núcleo agrario.
Informó que hasta diciembre sólo las mujeres o los niños iban sigilosa y rápidamente a comprar los productos básicos a la cabecera municipal o a Chilapa, pero que a partir de esta semana aumentó el riesgo y ya ni ellas o sus hijos quieren salir de Ayahualtempa.
Explicó que eso los movió a hacer visible el problema y advirtieron a los tres órdenes de gobierno que este 6 de enero, aprovechando la celebración del Día de Los Reyes Magos, marcharían armados y presentarían a 70 niños y adolescentes que ya fueron capacitados en el uso de las armas para encargarse de la vigilancia de sus pueblos.
Explicó que 35 de los menores son los que ya fueron presentados el 10 de abril del 2020.
Informó que ante la advertencia, funcionarios del gobierno (no precisó quienes), les llamaron el miércoles y les pidieron que suspendieran la actividad porque los gobiernos federal y estatal ya estaban atendiendo su solicitud y que, de hecho, ya se habían retirado los policías municipales del módulo municipal, en la entrada de Hueycantenango, y se habían hecho cargo de la seguridad policías estatales.
El coordinador de la CRAC-PF, Margarito Silva Hernández y el presidente del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, informaron que acordaron en asamblea dar un plazo de ocho días a las autoridades para que atiendan su petición, de lo contrario se harán cargo de la seguridad en esos módulos los propios policías comunitarios, incluidos los niños y adolescentes que han sido capacitados y responsabilizaron de las consecuencias a los gobiernos federal y estatal.
Morales Rojas reprochó que han enviado muchos oficios a los gobiernos federal y estatal para que se repliegue a los policías municipales del Crucero de Tlachimaltepec, del Módulo Municipal y de Tres Postes Negros y se instalen en su lugar efectivos del Ejército o de la Guardia Nacional pero que ni si quiera han dado respuesta a los documentos.
Dijo que tampoco se han investigado los asesinatos y las desapariciones de los indígenas, a pesar de que hay testigos y señalamientos directos de que, en algunos casos, ha participado la misma Policía Municipal.
Las autoridades de la CRAC-PC denunciaron que la presidenta municipal, Orquídea Hernández Mendoza, del PRI, y el síndico Salvador Flores Castillo son cómplices de la Policía Municipal porque han presentado denuncias directas en contra de algunos elementos y, sin embargo, los mantienen en sus puestos.
Dijo que a raíz de la más reciente desaparición de José Juan Reyes Román, el 11 de diciembre pasado, los niños de secundaria y los adolescentes de preparatoria y del Colegio de Bachilleres que estudian en la cabecera municipal se niegan a ir a sus clases.
Las autoridades agrarias y municipales de Ayahualtempa y sus anexos, aprovecharon la movilización para exigir, también, la construcción de una escuela de nivel medio y un centro de salud en Ayahualtempa, así como becas para sus hijos y la apertura de brechas sacacosechas.
En el trayecto de Chilapa a Ayahualtempa, cuando menos ayer, no se observó la vigilancia militar o de la Guardia Nacional y sólo en el Crucero de Tula, donde se han dado algunos enfrentamientos entre miembros del grupo delictivo y policías comunitarios de la CRAC-PF, se observó a unos cinco elementos de la segunda corporación en un módulo de vigilancia.
En cambio, de regreso, el grupo de reporteros que fue a cubrir la movilización indígena, fue escoltado por tres patrullas de la Policía Estatal desde este Crucero de Tula hasta Chilapa.
Uno de los elementos de la Policía Estatal argumentó que el resguardo fue a petición de los dirigentes de la CRAC-PF.

 

José Juan fue a Hueycantenango a comprar un pollo y policías lo desaparecieron en el camino

El caso del joven de 24 años, ocurrido el 11 de diciembre, es el más reciente de los 10 de Ayahualtempa. El 2 de junio de 2019 fue asesinado por municipales el promotor de la Policía Comunitaria Eugenio Máximo Hilario frente a su esposa. Los crímenes no se han investigado

Zacarías Cervantes

Ayahualtempa, Hueycantenango

El promotor de la Policía Comunitaria de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Eugenio Máximo Hilario, cayó abatido a tiros frente a su esposa Antonia. Eran las 5 de la tarde del 2 de junio de 2019 y ese día habían ido a Hueycantenango a comprar gasolina para su motosierra, pero la mujer ya no regresó con su esposo con vida.
La indígena nahua, quien durante la marcha de ayer portó una pancarta con la petición: “Ayahualtempa; exigimos justicia a los 3 niveles de gobierno”, contó que vio que los agresores de su esposo fueron policías municipales uniformados pero que a pesar de que presentó la denuncia, a dos años y medio, el asesinato sigue en la impunidad.
Por su parte, Alejandro Reyes Mendoza, padre de José Juan Reyes Román, de 24 años, declaró que su hijo salió el mediodía del 11 de diciembre pasado a Hueycantenango a comprar un pollo rostizado para que comieran en familia.
Sin embargo, Alejandro, ya no regresó. Hombres armados interceptaron en una camioneta la moto en que se desplazaba y se lo llevaron, y a casi un mes sigue desaparecido.
Los casos de Eugenio y José Juan, sintetizan la violencia que viven desde hace más de dos años los indígenas nahuas del núcleo agrario de Ayahualtempa y sus anexos: Amatitlán, El Caracol y colonia Los Pinos.
Aquí, del 2 de junio del 2019, cuando mataron a Eugenio, al 11 de diciembre pasado, cuando levantaron a José Juan, han sido asesinados siete indígenas y tres están desaparecidos y ninguno de los casos ha sido investigado, esclarecido ni los responsables castigados.
Alejandro reprochó que la justicia en Guerrero se aplica “nomás para los políticos o para el que tiene dinero, pero no para el pobre y menos para los indígenas”.
Antonia, la esposa de Eugenio, declaró que la tarde del 2 de junio del 2019 ambos fueron a Hueycantenango a comprar gasolina para la motosierra con la que el ahora finado iría a cortar leña, “pero resulta que ya no regresó; me lo asesinaron”.
Contó que ese día estaba con él en la camioneta cuando hombres armados, algunos de ellos vestidos de policías municipales, lo acribillaron. Después le querían quitar la camioneta “pero yo me dije: si me matan, que me maten, pero la camioneta no la voy a entregar, y no les di las llaves porque quería un recuerdo de mi esposo”, dijo.
Antes, según la mujer, les había suplicado a los pistoleros que dejaran a su esposo, que no lo mataran y que conoció que algunos eran policías de los que, a veces, se ponen en el módulo de la entrada de Hueycantenango, “pero no me hicieron caso, me lo mataron y ahora quiero que me haga justicia el gobierno”.
Informó que Eugenio fue el fundador de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Ayahualtempa y que supo que después, quienes lo mataron, dijeron: “ya matamos al delantero de los comunitarios, a los demás nomás los vamos a barrer”.
Denunció que la presidenta municipal, Orquídea Hernández, protege a los que mataron a su marido porque el que manejaba la camioneta en la que iban está trabajando en el Ayuntamiento; “la presidenta sabe y todavía ahí lo tiene”.
Antonia dijo que con la muerte de su esposo quedaron en la orfandad cuatro de sus hijos, aunque dos de ellos, los mayores, ya se “juntaron” con sus parejas y ahora solamente tiene bajo su cuidado dos; uno de 8 y otro de 13 años.
Reprochó que después del asesinato de su esposo, el gobierno (no precisó si el estatal o federal) le prometió construirle una casa y le ofreció una tarjeta a través de la cual le depositarían “un dinerito” mensual, a manera de pensión.
Para construirle la casa le pidieron que limpiara y arreglara el terreno, pero al final no se la construyeron y la tarjeta se la entregaron sin fondos; “todavía la tengo, pero no tiene dinero”, lamentó.
Por su parte, Alejandro, el papá de José Juan Reyes Román, explicó que éste salió de Ayahualtempa el 11 de diciembre rumbo a Hueycantenango; “lo mandamos a traer un pollo a la una de la tarde y a la una y media perdimos contacto con él, le estuvimos marcando a su celular y ya no contestó”, narró.
Enseguida, la madre de José Juan fue a buscarlo a Hueycantenango; “anduvo preguntando desesperada y me llamó como a las 5”, contó Alejandro, quien agregó que su mujer le informó que le dijeron que fueron policías municipales los que se lo llevaron.
Agregó que le dijeron: “No se preocupe señora, su hijo está en la comandancia encerrado”, pero que lo fue a buscar y no estaba.
Las personas que le dieron informes le detallaron que los policías se lo llevaron en una camioneta blanca de modelo reciente y que la seguía de cerca una motocicleta, “pero hasta la vez no sabemos más, la presidenta no ha hecho caso y del gobierno estatal vinieron nomas dos veces a buscarlo, pero ya no han venido ahorita”.
Exigió: “Yo le pido a los tres niveles de gobierno que nos ayuden a buscarlo”, y, reprochó: “¿por qué a un pobre no le hacen caso y cuando se pierde un político o un empresario todos se le apilan?. Eso es lo que no nos gusta, no está bien, porque yo creo que pobres y ricos valemos igual, así que queremos que nos ayuden a buscar a nuestros desaparecidos”.
Explicó que el día que desapareció su hijo manejaba una motocicleta y que ni siquiera la moto han encontrado.