La viuda del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, declaró que a siete años de la ejecución de su esposo, el único procurador que dio certeza a las investigaciones fue Alberto López Rosas, pero que cuando encontró evidencias de que el presunto responsable intelectual fue el ahora ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero frenó las investigaciones para protegerlo.
Consultada por El Sur, la viuda de quien era el virtual candidato del PRD a la gubernatura del estado cuando fue ejecutado el 20 de agosto del 2009, insistió en que todos los procuradores y gobernadores han venido actuando con opacidad y que le han negado información y copias del expediente.
Informó que hace dos semanas se reunió con el actual fiscal, Xavier Olea Peláez, quien reconoció que no cuenta con avances de las investigaciones, a pesar de que en marzo pasado declaró estar muy cerca de quienes pudieron haber cometido el crimen.
“Yo estoy convencida que desde hace siete años, el único procurador que hizo investigaciones serias, de todos los que han transitado en la institución de procuración de justicia, fue Alberto López Rosas”, dijo Obeso Cázares
Recordó que fue en junio del 2011 cuando se conoció la información “que le dio seriedad a la línea que lleva a la presunta autoría intelectual del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
“Fue en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cuando se conoció esta información, pero también cuando se frenó la investigación. Después de eso evidentemente (el caso) se manoseó, se hizo un trasiego sucio, se extrajeron hojas del expediente y se manejó en la más completa opacidad para evitar cualquier vestigio y el expediente del caso pudiera convertirse en una investigación seria y profesional”, se quejó la viuda.
Subrayó que tiene la certeza que el expediente fue manipulado y mutilado para proteger al ex gobernador Zeferino Torreblanca, “por supuesto que creo que se quiere protegerlo a toda costa, que se quiere sustraer cualquier indicio, pista o información que lo involucre y lo señale como autor intelectual”.
Añadió que toda esa información es clave para el caso, pero que también “es la pista y la línea que ellos siempre quisieron desechar”, insistió.
Explicó que tiene la percepción que de parte del entonces procurador Alberto López Rosas había la voluntad de esclarecer y resolver el caso, pero que la investigación fue frenada por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero o por alguien de más arriba.
“Yo tengo esa percepción. O sea, yo digo que quien se interesó en el tema, tuvo la voluntad de esclarecerlo y se comprometió con el caso, y sí realizó investigaciones, fue el procurador López Rosas, pero fue frenado por el gobernador Ángel Aguirre”.
Pero Obeso Cázares declaró que ni siquiera en el periodo en que estuvo el procurador López Rosas pudo tener en sus manos una copia del expediente para conocer cómo se iniciaron las investigaciones, “siempre hemos solicitado copias del expediente porque es un derecho que tenemos como familia directa para poder coadyuvar con el caso, pero siempre nos lo han negado con el argumento de la secrecía”, denunció.
Explicó que en el periodo de López Rosas lo único que logró fue que le entregara algunas hojas que dan cuenta únicamente del levantamiento cadavérico, “y eso lo hizo porque la aseguradora me pedía copia del expediente de las primeras actuaciones para poder cobrar el seguro de vida”.
La viuda de Chavarría Barrera denunció que todas las investigaciones se han hecho en la opacidad, y que incluso la reconstrucción de hechos se realizó “en sigilo, de forma subrepticia y totalmente irregular”.
Contó que una madrugada despertó y lo que vio la llenó se zozobra y de miedo. Afuera de su casa había una invasión de patrullas con sirenas abiertas, y alrededor hombres armados. Ella salió a preguntar qué pasaba y le dijeron que estaban realizando la reconstrucción de los hechos.
Dijo que previamente la familia del asesinado no tuvo conocimiento de nada y mucho menos le solicitaron su participación, “hasta cuando solicité información de lo que estaba sucediendo me dijeron que estaban realizando la reconstrucción de los hechos”.
La fecha no la recordó con exactitud, pero dijo que ocurrió meses después del 20 de agosto del 2009, fecha de la ejecución de su cónyuge.
Ante la manipulación, cerrazón, opacidad, impunidad y el autoritarismo con el que se ha encontrado en la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría de Justicia del estado), dijo que ha recurrido a las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que atraiga las investigaciones y no se cierre ni le den carpetazo al caso y se conozca la verdad.
“Esa ha sido nuestra lucha, que no lleguen a cerrar el caso, como han pretendido hacerlo, particularmente en el mismo gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo”, dijo.
Se quejó que todos los gobiernos que han pasado le han apostado “a que el polvo del olvido cubra y selle la impunidad y nunca jamás sepamos lo que sucedió y no se haga justicia”.
Insistió que contra eso acudieron a la CIDH y que están en espera de la admisibilidad del caso desde diciembre del año pasado.
Además denunció que desde el asesinato de su esposo buscó en el estado abogados que quisieran hacerse cargo del caso pero que nadie aceptó, “todos se excusaron con diferentes argumentos. Algunos me dijeron que era un caso muy espinoso, otro más de plano me dijo que era muy peligroso, que no le permitirían investigar y que estaría en riesgo su vida”.
Agregó que después se fue a la ciudad de México, pero que los que contactó fueron hostigados, amenazados y obligados a dejar el caso.
Recordó que el último intento fue crear una fiscalía especial para el caso, con todo y que las fiscalías no han resuelto ninguno de los casos emblemáticos, pero que en aras de que el caso de su esposo no se empolve y se quede allí, propuso en el gobierno de Rogelio Ortega que se creara esta fiscalía, pero que la respuesta la dio en las postrimerías de su mandato y se hizo la propuesta del abogado y ex rector de la UAG, José Enrique González Ruíz, pero que nunca se aceptó ni se creó la fiscalía para el caso.
Añadió que el problema es que en todos los gobiernos no han querido resolver el caso y que todos ratifican el pacto de impunidad para sellar la protección hacia el contador Zeferino Torreblanca.
“Él (Torreblanca Galindo) ha dicho que se trata de una obsesión mía, pero no es el caso, yo nunca he dicho condénenlo sin investigarlo. Yo lo que he exigido es que se le indicie porque existen pistas claras y señalamientos directos hacia su persona como posible autor intelectual, pero jamás lo han querido investigar”, se quejó.
Declaró que la misma situación se ha encontrado con el actual gobierno del priista Héctor Astudillo Flores, con quien no se ha reunido para tocar el tema, pero informó que sí se reunió hace aproximadamente dos semanas con el fiscal Xavier Oléa Peláez, pero que le dijo que no hay absolutamente ningún avance.
—¿No sé si recuerde usted que en marzo pasado el fiscal Olea declaró que estaba muy cerca de llegar con los responsables y resolver el caso? —consultó el reportero.
—Pues sí, sí lo ha dicho, pero lo cierto es que sólo son palabras. Esa es la verdad. A mí no me dio información de ningún avance, por el contrario, la percepción que me dejó es que tampoco tienen el ánimo ni el interés de resolver el caso.
“Me dijo también que está trabajando en el caso hasta configurar una hipótesis, pero la verdad es que ya van para nueve meses de este gobierno y el fiscal no me informó de ningún avance, por el contrario, me confirmó que no tenía nada”, agregó.
El 2 de marzo el fiscal Xavier Olea Peláez dijo lo siguiente en torno al caso Chavarría Barrera: los anteriores fiscales “no investigaron nada, pero yo en tres meses estoy muy cerca de quienes pudieron haberlo hecho, hasta que no los tenga no te puedo decir son estos angelitos, pero estoy cerca”.
La viuda de Chavarría Barrera informó que las actividades que tienen programadas para este 20 de agosto, en el marco del séptimo aniversario de su asesinato, tendrán la característica de sumar las voces contra la impunidad, “para que se esclarezca y se castigue ejemplarmente a quienes resulten responsables del asesinato de Armando Chavarría y que se retome la investigación de manera profesional y se ponga fin a ésta trasiego descarado de la información, del manejo descarado del expediente”.
Armando Chavarría Barrera, líder del Congreso del estado, fue ejecutado de 10 balazos al salir de su casa, al sur de la ciudad, la mañana del jueves 20 de agosto de 2009.
Los primeros datos que dieron los cuerpos policiacos fue que su cadáver fue encontrado en el interior de su automóvil, recargado sobre la puerta derecha. En la frente tenía un orificio a manera de tiro de gracia.
Cuando fue ejecutado era considerado como el más viable candidato del PRD a gobernador del estado para las elecciones de 2011.