Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionara de nueva cuenta en su mañanera el trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de su ex director Mario Patrón Sánchez, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús respondió que no es necesario investigar su actuación en el caso Ayotzinapa “porque la conocemos y respaldamos”.
En un pronunciamiento, rechazó que hayan incurrido en conflicto de interés y malas prácticas en la defensa de las familias de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
“Refrendamos de nuevo nuestra plena confianza en el trabajo que ha realizado y que realiza el Centro Prodh, voz autorizada la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús para hablar de los derechos humanos en México”, indicó.
“En particular, expresamos nuestro pleno respaldo al maestro Patrón Sánchez, de cuyo profesionalismo e integridad tenemos plena certidumbre”.
En su conferencia, López Obrador insistió en que el Centro Prodh y Patrón incurrieron en un doble discurso al defender, por un lado, a los familiares de los normalistas y, por otro, abogar por la liberación de presuntos responsables de su desaparición que fueron presuntamente sometidos a tortura.
En respuesta, la Compañía de Jesús expresó su disposición al diálogo y su deseo de dejar zanjado el asunto “para no proseguir la comunicación por vía de conferencias y boletines de prensa”, pero negó la necesidad de una investigación.
“Los jesuitas de México no tenemos que investigar la actuación del Centro Prodh en el caso Ayotzinapa, porque la conocemos y respaldamos”.
La precandidata a la Presidencia de la República por Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con representantes de diversos medios de comunicación en el salón Mezquite en Zumpango del Río Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Zumpango
La aspirante a la presidencia de la República por los partidos de Morena, PT y PVEM, Chaudia Sheinbaum Pardo, declaró ayer en un encuentro con medios de comunicación que casos como el de Ayotzinapa “duelen” y prometió que de ganar la presidencia de la República le dará continuidad.
En declaraciones después de que encabezó un mitin en Zumpango, opinó que el problema de la violencia en la entidad debe resolverse con coordinación entre las policías, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como lo hizo ella en la Ciudad de México, cuando fue jefa de Gobierno.
Y ante la insistente pregunta de los periodistas sobre la reconstrucción en Acapulco y Coyuca de Benítez por la devastación del huracán Otis el 25 de octubre pasado, se dijo de acuerdo en que en esos lugares debe haber después de la destrucción, “no solamente lo mismo, sino mejores condiciones”.
La aspirante, declaró también, que mientras ella ofrece un proyecto de nación “de largo alcance y de largo aliento, del otro lado ofrecen fraudes electorales, mapachería y corrupción”.
Una reportera le preguntó que por qué no aprovechó su gira para visitar Acapulco y Coyuca. “Ya habrá tiempo para ir a Acapulco y a Coyuca, hoy se está dando inicio al proceso de reconstrucción hay que esperar un poquito, pero si, vamos a ir en su momento”, respondió.
Según la aspirante presidencial, el problema de Acapulco y Coyuca de Benítez se está atendiendo “de una forma distinta a como se hacía antes”.
Explicó que antes los apoyos se entregaban a través de intermediarios, “y ahora el apoyo es directo a las personas a través de un censo que se está realizando por los Servidores de la Nación”.
Ofreció que ella va a continuar con ese apoyo. “Yo sé que el presidente va a entregar todos los enseres, pero nuestro compromiso es seguirlos apoyando y sacar adelante este bello puerto que nos ha dado tanto”, declaró.
El encuentro con los medios de comunicación locales se realizó en un área del hotel Mezquite, a la salida de Zumpango, rumbo a Iguala.
Se le planteó a la aspirante presidencial que hay críticas con respecto a la reconstrucción debido a que no se ve un proyecto de un nuevo Acapulco después de Otis, con menos violencia, limpio, con viviendas dignas y servicios públicos modernos.
Argumentó que Acapulco y Coyuca de Benítez “tienen problemas de crecimiento desordenado, y entiendo que parte del plan tiene que ver con ello y hay que atenderlo”.
También explicó que con los 62 mil millones de pesos que se van a invertir, se tienen que atender el servicio de agua potable, el buen funcionamiento de las plantas de tratamiento, “y lo que tiene que ver con la colaboración de todos los sectores”.
Pero dijo que está de acuerdo en que se tenga después de Otis “no solamente lo mismo, sino mejores condiciones, y para eso también entiendo que se está trabajando en normas de construcción, que permitan atender, en caso de que hubiera otros fenómenos naturales como Otis, y se pueda resistir de una manera distinta”.
Dijo: “Estoy de acuerdo con eso, hay que seguir avanzando y vamos a llegar y a seguir trabajando en ello”, prometió.
El representante de otro medio le preguntó si no tiene preocupación por la expectativa electoral, y aseguró que después del huracán Otis la popularidad y la aceptación del presidente han disminuido en Acapulco 10 puntos en las encuestas.
La precandidata respondió que apenas se está haciendo la reconstrucción, “y el presidente va a cumplir, siempre ha cumplido, eso es lo que le da la fortaleza a Morena y nosotros vamos a seguir con la misma línea, cuando el presidente cumpla, la gente lo va a reconocer”.
A pregunta expresa respecto a la ventaja que las encuestas le dan una diferencia de 20 a 30 puntos sobre su oponente Xóchitl Gálvez, dijo que se debe a que “nosotros tenemos proyectos y del otro lado, lo que hay es regresión al pasado, el pasado de corrupción”.
Preguntó: ¿Qué ofrecen el PRIAN a la población?, nada, más que regresar al pasado, a un pasado que lo que dejo fue pobreza, desigualdad y que no pudieron cumplir nunca con las promesas establecidas, ni las van a cumplir, porque no tienen nada que ofrecer”.
El vicefiscal de Investigación, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, informó que se iniciaron “múltiples carpetas de investigación” por actos de rapiña a negocios tras el huracán Otis, que devastó Acapulco el pasado 24 de octubre.
En el mensaje semanal de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, vía redes sociales, detalló que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido algunas denuncias por parte de los propietarios, pero la institución, de manera oficiosa, está recuperando principalmente vehículos sustraídos de negocios, en espera de que los representantes legales los reclamen.
Confirmó las cifras oficiales de la contingencia, de 48 personas fallecidas y 26 con reporte de desaparecidas a consecuencia del huracán categoría.
Enfatizó que la cifra de muertos está soportada con carpetas de investigación y registros del Servicio Médico Forense (Semefo), las demás “son especulaciones falsas”.
Además, dijo que se han entregado de manera digna 40 cuerpos recuperados, plenamente identificados a través de diversas técnicas, para dar certeza de la identidad a los familiares.
Ante las denuncias de al menos un centenar de marinos desaparecidos, indicó que se realizó una acción de búsqueda en altamar, frente a la costa que va de Acapulco a Cuajinicuilapa, además de las acciones de búsqueda en vida.
Señaló que por el reporte de personas sepultadas en el cauce del río de la comunidad de El Pedregoso, también se realizaron búsquedas con las comisiones de Búsqueda Estatal y de Ciudad de México, con la Policía Investigadora Ministerial, la unidad de canina y con maquinaria pesada, pero no se tienen resultados positivos.
Asimismo, dijo que en la colonia 20 de Noviembre se hicieron búsquedas con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia de la Cdmx, la Armada de México y las comisiones estatal y nacional de búsqueda.
Sobre las acciones operativas del 6 al 12 de noviembre, informó que lograron 13 sentencias condenatorias en el sistema de justicia oral y en el tradicional, por abuso sexual a personas menores de edad, violación agravada, dos contra la salud, ocho por violencia familiar y una por secuestro agravado.
El subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Irvin Jiménez Sánchez, detalló que en las operaciones de la Fuerza Operativa Otis, tiene desplegados 556 agentes con 109 unidades.
Están distribuidos en diversas acciones de seguridad: 152 en recorridos, 103 en acompañamiento, 50 en instalaciones de gobierno, 32 en hospitales, 20 en centros de acopio, 16 en centros comerciales, 14 en gasolineras, 13 en albergues, cinco en seguridad de helicópteros y tres en abanderamiento de tránsito estatal.
Sobre las acciones estatales, informó de 16 detenciones por posesión de droga, armas de fuego y vehículos con reporte de robo, la recuperación de ocho vehículos, decomiso de un arma corta, cinco largas, nueve cargadores y 49 cartuchos.
Así como el aseguramiento de 183 gramos de cristal, 101 gramos de cocaína y 18 gramos de mariguana, con lo que se estima una pérdida de 83 mil pesos a la delincuencia.
Padres de familia de la secundaria 10 en Juan R Escudero (Tierra Colorada), cerraron el plantel para exigir al titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, que investigue la venta de drogas, acoso sexual, bullying y extorsión dentro del plantel educativo.
Los inconformes, desde las 6:30 de la mañana, colocaron pancartas en la entrada de la escuela: “Investigación sobre acoso y pornografía por parte de maestros y alumnos”, “destitución del director y maestros”, y “queremos justicia”. También impidieron que ingresaran los docentes, directivos y alumnos.
Detallaron que hay un alumno que amenaza y extorsiona a sus compañeros, que incluso la denuncia ya la tiene la SEG, pero no han realizado las investigaciones al respecto.
Señalaron a dos maestros: Amado y Cásar, a uno de hacer comentarios sexistas a las alumnas y el otro pidió, en una ocasión, que se quitaran la mochila y se abrieran de piernas.
Los padres de uno de los alumnos afectados contaron que la situación es “grave”, por el acoso sexual y también a su hijo lo amenazaron, diciéndole que iban a matar a sus tutores e incluso lo golpearon.
Al menor lo obligaban pagar 200 pesos diarios, para que no lo siguieran golpeando. Los mismos alumnos lo estaban extorsionando, “nos dimos cuenta del problema porque nuestro hijo nos pedía más dinero, por eso es que hablamos con él”.
Informaron que ya interpusieron una demanda contra la escuela y ante el jurídico de la SEG, por lo que no quisieron dar más detalles. Dijeron que pidieron hablar con el director, Alberto Morales Navarrete, pero no los quiso atender.
Autoridades de la SEG acudieron a la escuela para tratar de dialogar con los inconformes. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a pesar de la salida de Alejandro Encinas de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la investigación del caso Ayotzinapa se mantiene.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente adelantó se busca fincar responsabilidades en contra del ex Fiscal Especial del Xaso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, tras acusarlo de provocar la liberación de diversos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.
En su conferencia mañanera, el mandatario federal afirmó que, de acuerdo con hallazgos recientes, se puede confirmar que el ex funcionario dejó pasar plazos, no practicó protocolos y no solicitó información clave a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Yo por la confianza que les di a quienes estaban en la investigación pensaba que se habían practicado los protocolos de Estambul, (pero) no se hicieron, ni siquiera se cumplió con solicitar información a la CNDH y se pasaron los términos”, acusó.
“El Fiscal Especial dejó pasar los términos y esto fue lo que le sirvió a los defensores de los detenidos para solicitar que los liberaran, fíjense eso, y como comprenderán, no es casual”.
–¿Buscarán fincar responsabilidades al ex Fiscal? -se le preguntó.
–Sí, yo creo que sí, porque apenas nos estamos dando cuenta de esta situación”, respondió.
– ¿Qué más han encontrado, además del incumplimiento de los tiempos?
–Qué no se avanza, o no se avanzaba en la investigación, había todo el propósito de no avanzar y de distorsionar las cosas –, dijo.
–¿El Fiscal ya está sujeto a investigación?
–Estamos reconstruyendo todo, a mí me llamo mucho la atención, porque uno actúa en función de la confianza siempre, entonces (Alejandro Encinas) me presenta una lista de los responsables que estaban libres y entonces le digo ‘pues hay que actuar’”, aseguró.
–¿El ex Fiscal Especial pudo ser manipulado?
–También no lo descarto, que se dejó rodear ahí por gente que no tiene convicciones, pero además son muy derechos, falsarios, hay mucha simulación en todo esto, entonces resulta que se niegan a elaborar la información, la documentación para las órdenes de aprehensión y empiezan a renunciar al interior de la Fiscalía”, reprochó.
En septiembre de 2022, Omar Gómez Trejo renunció como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), luego de que le arrebataran el poder de decisión sobre las indagatorias y procesos bajo su encargo.
A López Obrador se le preguntó sobre el anuncio de la salida de Encinas y sobre la información publicada por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) en la que señalan que el Ejército tuvo conocimiento en tiempo real sobre la desaparición de los 43 normalistas. A lo que el presidente dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya entregó toda la información y los involucrados se encuentran en proceso.
“Continúa la investigación y toda esa información la entregó la Sedena. Ya lo habían entregado todo, lo que pasa es que había que hacer una revisión de los documentos, se hizo la revisión y los implicados de alguna manera que tiene que ver con el Ejército, o están presos o están sometidos a procesos, no hay ningún problema”.
El presidente recalcó que cuando se hable de la participación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas, se tiene que precisar que fueron algunos elementos y no la institución completa.
“Cuando se habla del Ejército se tiene que pensar que fueron algunos elementos y que están sometidos a proceso, pero aquí el propósito no era decir ‘algunos elementos’, ese fue el error que se cometió y por eso se puede hablar de algún crimen de Estado, en vez de decir ‘estos tuvieron responsabilidad y hay que castigarlos’, buscaron ocultar los hechos, cosa que no hemos hecho nosotros”.
Añadió que a partir de este jueves, quien ocupará el puesto de Encinas será quien fuera procurador fiscal, Félix Arturo Medina, y también tendrá a su cargo la Covaj, aunque López Obrador remarcó que decidió hacerse cargo de la investigación debido a que “habían enrarecido todo”.
“Yo me di cuenta que habían dejado todo hecho para que no llegáramos a la verdad y que además ya en el gobierno nuestro, los que le habíamos dado la confianza de hacer la investigación eran parte del esquema de protección que se había creado en el gobierno anterior”.
Destacó que le sorprendió que no se había consignado al entonces procurador y principal responsable de la creación de la Verdad Histórica, Jesús Murillo Karam y afirmó que ni los abogados de los padres ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) querían que se le detuviera.
“Resulta que se niegan a elaborar la información, o sea, la documentación para solicitar las órdenes de aprehensión y empiezan a renunciar al interior de la Fiscalía, al grado que renuncia el Fiscal Especial. Y los del GIEI y los abogados de los jóvenes, en vez de reconocer que estábamos actuando, se enojan porque no querían que se detuviera al procurador y a otros”.
López Obrador insistió en que funcionarios de la FGR y hasta funcionarios de su gobierno carecían de interés ante la necesidad de concretar la aprehensión de ex funcionarios como el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
De paso, reveló la supuesta existencia de un “acuerdo” para permitir que Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, se fugara a Israel.
López Obrador cuestionó y criticó las decisiones tomadas por los integrantes del Poder Judicial y señaló que en el caso Ayotzinapa se les dejó en libertad a personas involucradas debido a que dijeron ser torturados.
“Fíjense que arman la llamada Verdad Histórica, se hace responsable el procurador del gobierno anterior y otros funcionarios, detienen a los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes y en poco tiempo a diferencia de lo que sucede, los dejan en libertad porque argumentan que fueron torturados”.
Este miércoles se publicó que según el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), el Ejército tuvo conocimiento en tiempo real de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
El senador Manuel Añorve Baños calificó el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, como “un hecho muy lamentable”.
Y señaló que debe haber “más coordinación” entre la policía e instituciones de seguridad pública de los gobiernos municipal, estatal y federal, y que espera que pronto haya por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) resultados de la investigación.
Consultado después de asistir a una reunión del grupo Cuicalli en Chilpancingo, ahí el priista dijo que es “muy lamentable todo lo que ha venido sucediendo en Chilpancingo”.
Después señaló que no solo es el caso de Chilpancingo, sino que las policías municipales de todo el país “están muy raquíticas”, por lo que retomó la propuesta de Xóchitl Gálvez Ruiz en su presupuesto alterno que plantea que “bajen 20 mil millones de pesos a todos los municipios para fortalecer a las policías municipales que se han quedado atrás, abandonadas”.
Cuando un reportero preguntó su postura respecto a la tensión que existe entre el PRI y el PRD por el respeto a un acuerdo para que el perredista Evodio Velázquez Aguirre encabece la fórmula al Senado, Manuel Añorve respondió incluyéndose entre los posibles aspirantes: “voy a tomar determinaciones de mis valoraciones cuando salga la convocatoria, para lo que ya falta poco”.
Dijo que la definición de candidaturas les corresponde a las dirigencias nacionales de los partidos que integran el Frente Amplio por México (FAM).
Cuando se insistió sobre el supuesto acuerdo suscrito por el PRI y el PRD en 2021, Añorve Baños respondió: “no voy a entrar en dimes y diretes, ni me corresponde, ni siquiera fui testigo, ni siquiera conocí, sólo por los medios de comunicación”.
En la reunión con el grupo Cuicalli el senador aseguró que en la elección de 2024 Morena no logrará mantener la mayoría en el Congreso de la Unión, porque ya no estará en la boleta el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Añorve Baños habló en esta reunión ampliamente sobre sus iniciativas presentadas en el Senado, de la contención que dijo ha realizado el PRI, PRD y PAN a propuestas del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Añorve Baños dijo que espera que antes de que concluya el sexenio se realice en Guerrero una obra de impacto para que Guerrero no sea solo “nota roja nacional, lo digo con respeto, pero es cierto, yo he sido responsable con el gobierno del estado, con los municipales, pero no me puedo quedar callado en algo que nos está rebasando, y que se requiere mayor coordinación en materia de seguridad pública” entre los tres niveles de gobierno.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que desde su perspectiva, la única ocasión en la que el Poder Judicial actuó de manera correcta fue en la atención al caso de la matanza de Aguas Blancas.
Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, López Obrador criticó el presupuesto y ejercicio de recursos del Poder Judicial y sus decisiones, destacando el caso de Aguas Blancas en 1995 que llevó a la destitución de Rubén Figueroa Alcocer como gobernador de Guerrero.
“Para no ser tan estrictos, para no ser tan radicales, de lo que me acuerdo que hicieron bien fue cuando lo de Aguas Blancas, la matanza de campesinos en Guerrero. Dos ministros crearon una comisión, dos ministros fueron, aplicaron una facultad y eso llevó a una recomendación y a la destitución y a la renuncia del gobernador Figueroa en aquel entonces”.
López Obrador reiteró su postura de una reforma que pueda “democratizar” al Poder Judicial y que los distintos cargos que le integran sean elegidos mediante elección popular.
“Hay que democratizar el Poder Judicial, que se elijan los jueces, los magistrados, los ministros, como se eligen a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, al presidente de la República. ¿Por qué no elegirlos? ¿Por qué se resuelve arriba en la cúpula, en la llamada sociedad política?”.
En la conferencia de prensa del pasado 4 de julio, el presidente criticó el actuar del Poder Judicial en el caso de Aguas Blancas, asegurando que a pesar de que se realizó una investigación, no se llegó a la justicia para las personas afectadas.
¿Qué han hecho? Lo de Aguas Blancas nada, nada. Hicieron la investigación, pero no hubo justicia. Es el único caso donde dos ministros asumieron su responsabilidad, se formó una comisión, presentaron un informe, pero no se aplicó; al contrario, metieron a la cárcel a los familiares de las víctimas de Aguas Blancas”, mencionó.
De igual forma, aseguró que la única consecuencia que se tuvo fue el reemplazo del entonces gobernador Rubén Figueroa por Ángel Aguirre, asegurando que dicha decisión fue tomada por el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet.
“Lo único que se hizo fue quitar a Rubén Figueroa y poner a Aguirre, es lo único, y eso no fue por resultado de la investigación de la Corte, eso lo decidieron en Gobernación. Nada, nada, nada”, expuso López Obrador en dicha oportunidad.
Destaca crecimiento en Guerrero solo se daba en Acapulco y Zihuatanejo
López Obrador aseguró que en su momento dentro del estado de Guerrero solamente existía crecimiento económico en Acapulco y Zihuatanejo.
“¿Dónde había desarrollo en Guerrero? Un poco en Acapulco, Zihuatanejo, nada más. ¿Dónde se tenían que ir los guerrerenses? Pues a trabajar al norte ¿De dónde son la mayoría de los jornaleros de San Quintín? Pues de Guerrero, de Oaxaca”.
Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente aseguró que la mayoría de trabajadores pertenecientes al sector turístico del país son originarios de Guerrero, particularmente en lugares como Los Cabos y Cancún, destacando el servicio que ofrecen.
“¿De dónde son los trabajadores del sector turístico de México? De Guerrero, muchos que están en Los Cabos, que están en Cancún, por cierto muy buenos trabajadores, profesionales, responsables”, afirmó.
De igual forma mencionó que en el llamado periodo neoliberal se dio un abandono de los estados del sureste y las costas del Golfo de México, asegurando que las personas de esas entidades solamente encontraban trabajo en el norte de Quintana Roo.
“En nuestro país hubo un reacomodo durante el periodo neoliberal, entonces se crearon como islas de crecimiento. Todo el sureste desde el sursureste, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Tabasco, todo, todo, todo, sólo encontraba posibilidad de trabajo en el periodo neoliberal, allá en la punta, en la península de Yucatán, en el norte de Quintana Roo, porque ni siquiera en el sur de Quintana Roo, en el norte, allá se tenían tasas de crecimiento del 10% anual, pero en el resto del sur sureste cero crecimiento”.
El presidente argumentó que en su política se busca el crecimiento horizontal en todas las regiones del país, mediante a la inversión pública buscando generar mayor crecimiento, empleos y que las personas no se vean obligadas a migrar de sus lugares de origen.
“¿Con qué instrumentos de política económica? Con inversión pública. Estamos destinando más inversión pública al sur sureste y eso está ayudando a que haya más crecimiento económico, que se generen empleos, que haya bienestar y también que la gente se quede en sus pueblos donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, con oportunidades de ser felices, de salir adelante, de progresar”, indicó.
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación,en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del quinto informe de gobierno federal Foto: Cuartoscuro
Martha Martínez y Claudia Salazar / Agencia Reforma
Ciudad de México
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, declaró que en el caso Ayotzinapa están garantizando el derecho a la verdad, fortaleciendo las líneas de investigación y atendiendo con diligencia las demandas de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.
“La Comisión (para la Verdad en el caso Ayotzinapa) no ha torturado, no ha sembrado pruebas ni ha alterado escenas del crimen, al contrario, ha actuado con ética y humanismo, atendiendo con diligencia las demandas de las familias de los 43”, reiteró durante su comparecencia en el marco de la Glosa por el Quinto Informe de Gobierno en la Cámara de Diputados.
Ante los legisladores, agregó que se protege a periodistas y defensores de derechos humanos, por ello, el presupuesto del Mecanismo de Protección se ha incrementado en 125 por ciento con respecto al sexenio anterior, de 780 millones de pesos a mil 750 millones de pesos.
Explicó que gracias a que se cambiaron los lineamientos y protocolos, se facilitó la adhesión de mil 378 periodistas y defensores de derechos humanos a los que había en 2018.
Finalmente, en materia de violencia de género, sostuvo que los feminicidios se han reducido durante esta Administración y atribuyó este logro a la política de seguridad y de bienestar y a la red de sororidad construida por las mujeres.
“Los feminicidios se han reducido en un 30 por ciento durante esta Administración, esto por supuesto que es gracias a la política de seguridad y bienestar, pero también al profesionalismo, al compromiso de las mujeres, de Inmujeres, de Conavim y a miles de mujeres que han tejido una red de sororidad a través de refugios, unidades de atención a víctimas”, señaló.
Se garantizará y respetará el resultado de las elecciones
Ante diputados, también aseguró que el gobierno federal respetará los resultados de las elecciones de 2024.
En medio de las críticas por lo que la oposición calificó como una “campaña anticipada” de las llamadas corcholatas y la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para respetar las determinaciones del INE respecto a su conferencia mañanera, la funcionaria afirmó que esta administración dará todas las garantías para que el desarrollo de los comicios se haga de forma libre, pacífica y ordenada.
Durante su comparecencia, dijo que, para ello, brindarán seguridad y protección a quienes aspiren a un cargo de elección popular.
Además, subrayó que el presidente ha sido categórico respecto a que no se tolerará el uso de recursos públicos con fines electorales.
“De cara al proceso electoral de 2024, esta administración dará todas las seguridades y garantías para que éste se desarrolle de forma libre, pacífica y ordenada. El presidente López Obrador ha sido categórico al respecto: cero tolerancia al uso de recursos públicos con fines electorales, máximas garantías de seguridad y protección a quienes aspiren a un cargo de elección popular y, sobre todo, respeto absoluto a la voluntad del pueblo.
“Tenemos la responsabilidad de demostrar que hemos desterrado para siempre el autoritarismo, el fraude electoral y las prácticas antidemocráticas del pasado y que, con independencia de nuestros proyectos políticos, de nuestras preferencias, de intereses personales, tenemos un compromiso superior y ese compromiso es con el pueblo”, indicó.
Alcalde afirmó que en el país hay gobernabilidad, porque hay condiciones de bienestar social y laboral, y negó que haya crisis en materia migratoria, de seguridad y de violencia de género.
Ante la violencia, se atienden las causas
En materia de seguridad, aseguró que se sigue atendiendo de manera prioritaria a través de una estrategia opuesta a la del pasado y que radica en tres pilares: la atención de las causas que generan la violencia, las reuniones de seguridad que se llevan a cabo todos los días y que se replican en los estados, y la Guardia Nacional, que a cuatro años de su creación tiene 128 mil elementos desplegados en todo el país y cuenta con el respaldo del 80 por ciento de la población.
“Estos tres pilares han permitido que hoy tengamos resultados alentadores. Basta señalar que con datos no nuestros, sino del INEGI, los delitos de incidencia delictiva en nuestro país han bajado en 24 por ciento, y aquellos delitos más dolorosos para la gente, como por ejemplo, el homicidio, ha bajado en 17 por ciento, el robo en 26 por ciento y el secuestro en 80 por ciento”, detalló.
Por otro lado, sostuvo que la migración mexicana hacia Estados Unidos ha venido disminuyendo, gracias a la reducción de la pobreza y a que existen mejores oportunidades de empleo y bienestar en el país.
Sin mencionar las oleadas de migrantes que han desbordado al Instituto Nacional de Migración (INM), Alcalde afirmó que programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro han beneficiado a más de 40 mil personas en El Salvador y Honduras, además que han generado más de 230 mil empleos en ambos países.
Sostuvo que las estrategias prioritarias del presidente han permitido reducir en un 57.8 por ciento la intensión de migrar en Honduras y en un 31.8 por ciento en El Salvador.
“Por eso, ya estamos listos para implementar también Sembrando Vida en Guatemala, en Belice y en Cuba, pero, sobre todo y más importante, es que estos resultados, ya objetivos, son evidencia que nos ayuda a convencer a los Estados Unidos que no hay estrategia más eficaz que invertir en la gente para que tenga opciones donde están sus raíces”, dijo.
