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A la expectativa, alcaldes de Tierra Caliente por la investigación de la FGE

Israel Flores

Ciudad Altamirano

Los alcaldes de Tierra Caliente se mantienen atentos y a la expectativa de lo que ocurra con la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en su contra y luego de los bloqueos que encabezaron a finales de abril y principios de mayo.
Ninguno de los presidentes municipales de Tierra Caliente quiso dar declaraciones acerca de la solicitud de información enviada al Congreso por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, con fecha 7 de julio.
Sin embargo, algunos de ellos se reunieron en privado durante la mañana y la tarde de este lunes, para dialogar al respecto.
De los nueve alcaldes de la Tierra Caliente, ocho estuvieron involucrados en el bloqueo de carreteras contra acciones de la FGE luego de que agentes ministeriales entraron a una bodega y decomisaron automóviles de marcas premium cuya propiedad se atribuyó a los presuntos líderes de La Familia Michoacana.
En El Sur se informó que la FGE solicito copia certificada de las actas de protesta o, en su caso, de las constancias documentales que los acrediten como servidores públicos y su cargo.
Entre los funcionarios que se mencionan está el presidente municipal César Ortiz Torres, de militancia perredista, de Acapetlahuaya; la presidenta municipal priista Mayté Lucero Arce Jaimes, de Cutzamala; también los priístas Bulmaro Torres Berrum, de Arcelia; Cuauhtémoc Mastachi Aguario, de Pungarabato; José Luis Antúnez Goicochea, de Tlapehuala; Víctor Hugo Vega Hernández, de Ajuchitlán, y el perredista Eusebio Echeverría Tavares, de Coyuca de Catalán; además de la morenista Tania Mora Eguiluz, de Tlalchapa, y la diputada local del distrito 17, Elzy Camacho Pineda, de militancia perredista.
El documento señala que la solicitud de las constancias es “en virtud de que puede ser información necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se indagan, dentro de la respectiva carpeta de investigación, misma que se mantiene en reserva en atención a los artículos 15, 105, 106, y 218 del código nacional de procedimientos penales”.
Los alcaldes de Tierra caliente se manifestaron el 28 de abril, luego de los cateos de agentes de la Fiscalía estatal en Ciudad Altamirano, señalando que se trataba de acciones arbitrarias en represalia por los señalamientos que los mismos alcaldes hicieron en contra de agentes de la Policía Ministerial por su relación con la delincuencia organizada que opera en la sierra.
Luego, hubo una reunión donde estuvieron presentes la gobernadora Evelyn Salgado Pineday la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón, de la cual luego se pudo conocer que ahí también ésta habría señalado a los alcaldes como personas con posibles relaciones con la delincuencia, lo que provocó tensión entre los asistentes, que días después terminó con los bloqueos, por cuatro días, de las carreteras en Tierra Caliente como una protesta en contra de las acciones de la Fiscalía.
Estas protestas concluyeron luego de que la gobernadora se presentó en la región, el 1 de mayo, para dialogar con los alcaldes. Al finalizar el encuentro, los alcaldes señalaron que habían llegado a un buen acuerdo y que no sufrirían represalias, es decir, que no se iniciaría ningún procedimiento en contra de ellos ni de las personas que estuvieron manifestándose en el cierre de carreteras.
Mientras que el presidente municipal de Pungarabato, luego del diálogo con la gobernadora, se desistió de presentar una denuncia en contra de la Policía Ministerial, por un acto que él consideraba una amenaza, cuando elementos de la corporación llegaron afuera de su casa, cerraron la calle con patrullas y agentes algunos incluso vestidos de civil se pararon con armas en la puerta de su casa por varios minutos y luego se retiraron.
En la solicitud de la FGE al Congreso local no aparece el nombre del presidente municipal de San Miguel Totolapan, Freddy Vázquez Palacios, de militancia perredista, al cual le anunciaron que iniciarían por separado una investigación, por las protestas que encabezó después, a finales de mayo, luego de la detención de dos campesinos.
A los campesinos les aseguraron un vehículo con reporte de robo, pero de acuerdo con la opinión del alcalde, se debió considerar la pobreza de las personas y el uso que le daban a esta unidad, para transportar su fertilizante, y los diversos apoyos para el campo que se estaban entregando. Señaló que había quejas de que los agentes estaban abusando de la población, vigilando su llegada a la entrega de apoyos para el campo, pero debido a que en esa manifestación los encerraron en su oficina y pintaron el edificio y patrullas, la FGE informó en su momento que abriría una carpeta de investigación en contra del alcalde.

Desconoce el gobierno estatal de causas penales contra líderes de protestas: Ludwig

El secretario de Gobierno Ludwig Marcial y el secretario de Seguridad Pública estatal Evelio Méndez, consultados ayer por reporteros en el Recinto del Poder Ejecutivo en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Después de la reunión con comisarios municipales de Chilapa, Quechultenango, José Joaquín de Herrera y Acatepec, el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, declaró que “cada quien asumirá sus responsabilidades” con respecto a los hechos de violencia del lunes.
Al finalizar el diálogo con las autoridades municipales en la explanada del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, se le preguntó si habrá demandas y detenciones contra los causantes de la violencia: “no lo sabemos”, pero admitió que “es claro que los manifestantes infringieron la ley”.
Con respecto a los señalamientos que se hicieron en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de ayer, respecto a que los dirigentes del movimiento son líderes del grupo Los Ardillos y que cuentan con causas penales, el funcionario contestó que “el Gobierno federal tiene su propia información y nosotros sabemos lo que ustedes saben por los medios de comunicación, no tenemos otra información y vamos a esperar”.
Reynoso Núñez declaró que al Gobierno del estado le preocupan mucho los hechos de violencia que se han dado en los últimos días en la capital, y que la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, han estado dialogando para fortalecer la seguridad en el municipio.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez informó que instalaron filtros carreteros en los accesos a Chilpancingo, como el de Tixtla, Zumpango, Chichíhualco y Petaquillas.
También que realizan recorridos permanentes en los 11 sectores en que está dividida la ciudad.
Aclaró que hasta ayer no se habían cometido agresiones a comercios y sólo se han dado a los transportistas, y “las que hicieron los manifestantes ayer”, informó en referencia a los pobladores de los municipios de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec.
El secretario de Gobierno llamó al comercio local, que desde el sábado por la tarde cerró por temor a la violencia, a mantener la calma: “estamos trabajando para que se reactive la actividad económica, entendemos que hay temor pero estamos actuando”.
Informó que hasta el mediodía de ayer no se habían evaluado los daños que ocasionaron los manifestantes.
Una reportera le preguntó si hay comunicación con la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y dijo que sí: “ha habido comunicación con ella, ha estado trabajando en su ámbito de competencia y lo demás es un asunto particular de ella”, dijo en referencia a los señalamientos en contra de la alcaldesa por su reunión con el líder del grupo delictivo de Los Ardillos.

Hubo manifestaciones extremadamente violentas, advierte

El director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, quien fue el primero que quiso entablar contacto con los dirigentes de los pobladores de los municipios de Chilapa, Quechultenango, José Joaquín de Herrera y Acatepec, declaró que no fue posible el diálogo directo con los campesinos por sus “manifestaciones extremadamente violentas”.
En declaraciones después de que fue liberada la Autopista del Sol, advirtió que si hay consecuencias legales “cada quien tendrá que asumir la parte que le corresponde”
Explicó que como parte del Ejecutivo entablaron el diálogo y siguen abiertos, pero que las Fiscalías General del Estado (FGE) y de la República (FGR), tendrán que hacer las diligencias que considere prudentes.
Reconoció que hay voces que están cuestionando al Gobierno de que no actuó de manera oportuna para evitar los hechos de violencia, pero que lo que se trató de evitar es la confrontación y la represión.
El funcionario declaró que hasta antes de la liberación de la carretera, así como de los policías y agentes de la Guardia Nacional que estaban privados de su libertad y la entrega del vehículo blindado de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno estatal no había presentado ninguna denuncia y desconocía si había carpetas de investigación en contra de los manifestantes.

Detrás de la violencia están afectados por el combate a la corrupción, dice Norma Otilia

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, dejó en claro ayer que no solicitará licencia a su cargo por la violencia que ha escalado en los últimos días en la capital, misma que atribuyó a “fuerzas oscuras y perversas” afectadas por el combate a la corrupción que llevan a cabo los gobiernos de Morena, pero nuevamente evadió identificarlas.
En la conferencia de prensa que ofrece todos los lunes, su secretaria de Seguridad Pública, Martha Icela Velázquez Adame, declaró que la violencia del sábado pasado fue una reacción a las detenciones que ha realizado en los últimos días la Policía Estatal.
La alcaldesa informó que el mismo sábado fue a la Fiscalía General de la República (FGR), en donde nuevamente se puso a disposición de la dependencia federal para que se le investigue, e informó que solicitó una audiencia con el fiscal Alejandro Gertz Manero.
Hernández Martínez ya no quiso abundar más con respecto a su reunión con un presunto líder de un grupo delictivo, mismoa que se dio a conocer profusamente la semana pasada mediante un video que se filtró en las redes sociales. Argumentó que el caso ya está en manos de las fiscalías estatal y federal y no quiere entorpecer las investigaciones.
Sin embargo, volvió a reconocer que hubo reunión pero no pacto con el crimen organizado.
“Me hubiera encantado darles detalles, pero en este momento ya estoy en un proceso de investigación y cualquier cosa que yo diga, haga, se puede voltear en mi contra o a mi favor, pero yo les pido que vayan siguiendo el proceso”.
Insistió en que fue “un desayuno fortuito, en un restaurant conocido, no fui con amagos a 15 minutos de Chilpancingo, estaba consciente que había cámaras, no hubo algo malo y yo lo único que quiero es que se extraiga ese video y que no se tergiverse, hay muchas mentiras y pocas verdades”.
Sostuvo que “un diálogo no es un pacto” y volvió a decir en que la reunión se dio en el contexto de la proliferación de las policías comunitarias en varios pueblos del municipio y que todo eso lo va a declarar ante la FGR.
Insistió que no por eso tiene que pedir licencia puesto que ni siquiera se ha iniciado el debido proceso y que primero se tiene que investigar “y si a mí me dicen ‘Norma Otilia eres culpable’, yo me voy, pero en este momento soy la presidenta municipal abierta a una investigación”.
Y agregó: “Podré ser ingenua, podré ser a lo mejor hasta pecar de inocente pero nunca maliciosa, eso sí se los aseguro”.
Respecto a la violencia que se desató el sábado en la capital dijo que le “consterna” y le “duele”, pero argumentó que lo que está sucediendo en esta capital tiene su origen en muchos años atrás y que todos los días está enfrentando esta circunstancia.
La alcaldesa se dijo de acuerdo con lo que declaró la semana pasada el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de que se le investigue.
Pero a pregunta expresa, atajó que no piensa solicitar licencia hasta en tanto las fiscalías estatal y federal no esclarezcan el caso de las cartulinas que fueron dejadas con su nombre junto con los siete cuerpos desmembrados el 24 de junio frente al parque del barrio de San Mateo, como el origen de la violencia del sábado pasado. “Son muchos temas que se tienen que investigar”, respondió.
Se quejó que se está tergiversando la información, “es lo que pienso”, y dijo que le queda claro que son “la perversidad y las fuerzas oscuras” las que están moviendo esta situación porque se están trastocando intereses por el combate a la corrupción, “hay un combate frontal contra la corrupción, hablamos de millones y sabemos quién se los llevaba y no vamos a dar un paso atrás, por eso queremos que investigue la Fiscalía, queremos darles la certeza”.
Enseguida aseguró que lo que está sucediendo (la violencia) no es por Norma Otilia, “pero ahora lo único que les digo que de esto vamos a salir bien fortalecidos”.
Se quejó de que recibe ataques sistemáticos, como lo que se dijo en las redes sociales la semana pasada respecto a que huyó en camionetas blindadas y que había salido del país.
Y a pregunta de un reportero, reprochó que no sucede lo mismo con los alcaldes de la Tierra Caliente, en referencia a los ediles que bloquearon la carretera y fueron señalados por sus vínculos con un grupo de la delincuencia organizada, o en el caso de la alcaldesa de Copala (del PRD), Guadalupe García Villalva, quien fue señalada de mandar asesinar al coordinador del PVEM, Jesús Gonzales Ríos.
Se quejó que de ellos no se dice nada, “todos contra Norma Otilia, vean la situación sistemática que hoy hay contra mí”.
La alcaldes aseguró que este “golpeteo sistemático” del que habló no es solamente contra ella, “es contra el proyecto de nación que se está instaurando en Guerrero, que es Morena y vamos a seguir avanzando” y aseguró que son los mismos que critican al presidente López Obrador.
Antes, su secretaria de Seguridad Pública, Martha Icela Velázquez Adame, narró cómo se desarrollaron los hechos de violencia del sábado, que coincidieron con lo que publicó El Sur y aseguró que fue una reacción del crimen organizado por las detenciones que hizo la Policía Estatal, en alusión al arresto de un líder de transportistas de Colotlipa a quien autoridades federales vinculan con el grupo delictivo Los Ardillos.

“La violencia se va a complicar”, dice el PAN y llama a Norma Otilia a que pida licencia

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Eloy Salmeron Díaz durante su intervención en la conferencia de prensa en las oficinal del PAN municipal en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Karina Contreras

El presidente estatal del PAN, Eloy Salmerón Díaz, consideró que la alcaldesa de Chilapancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, debe separarse del cargo para que haya una investigación con transparencia sobre su reunión con el presunto líder del grupo delincuencial Los Ardillos.
“Como dirigente del PAN solicito y exijo que las autoridades investiguen y que además la presidenta municipal se separe del cargo para que se haya una investigación transparente, limpia, para que den con los hechos y aclaren por qué la violencia en el municipio de Chilpancingo”.
Agregó que la seguridad ya se le fue el control no solo a la alcaldesa de Chilpancingo sino al gobierno del estado. “Los pactos inconfesables les impiden actuar y aplicar la ley”.
Subrayó que “todavía viene lo más grave porque se va complicar más. Cuando la autoridad está rebasada, cuando los grupos fuera de la ley controlan a las instituciones, a las autoridades y ordenan qué es lo que se hace y lo que no, pues ya no tenemos la libertad los ciudadanos de hacer nuestra vida de manera normal. Corremos el gran riesgo de que en las próximas elecciones, si antes ordenaban quién iba a ser presidente municipal o gobernador, ahora nos van a mandar hasta en las casas”.
“Yo acuso directamente al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), porque todo lo que sucede en el estado con la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda), con el gobernador de facto (en referencia al senador Félix Salgado Macedonio) y con la presidenta de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y de la presidenta municipal Abelina López en Acapulco, con todos los muertos que ha habido y que no haya una sola respuesta, no hay investigación, no hay gente encarcelada por esos delitos, es línea del presidente de seguir jugando a este juego de poner en riesgo la elección, ellos saben que generando miedo la gente no sale a votar”.
Añadió que “saben que su pacto con la delincuencia inicia con el presidente López Obrador desde aquel apapacho con la mamá de Joaquín Guzmán, El Chapo, donde por cierto desayunó con gente de ese grupo”, por lo que toda esa escalada de violencia es con la anuencia del presidente. Indicó que muchos agentes han venido a reforzar la seguridad y los muertos siguen.
En conferencia de prensa en las oficinas del PAN en Acapulco, dijo que la violencia del sábado fue “una guerra abierta” y ese control de la delincuencia del municipio de Chilpancingo jamás se había visto como el día sábado, era una “zona de guerra”, y destacó que frente a las instalaciones de la Guardia Nacional mataron a la gente y quemaron los autos.
“Ya muy tarde salió un helicóptero a dar vigilancia y ya muy tarde a vigilar la zona, pero ya los hechos estaban consumados, ya había muertos, había muchos carros quemados”.
Crítico las declaraciones de la alcaldesa Norma Otilia Hernández, porque “cínicamente dice que no pasa nada, que es un golpeteo político. ¿De qué adversarios políticos está hablando? Es anuencia del presidente de la República porque cuando lo cuestionan si la presidenta se va separar del cargo para ser investigada dice que no es necesario”.
Se preguntó qué hubiera pasado si sucedieran en los gobiernos del PRI o del PAN y se respondió: “En automático hubieran tomado las calles, hubieran tomado los edificios públicos los de Morena, hubieran puesto el grito en el cielo pidiendo la destitución de los funcionarios. ¿Porqué no renuncian a sus cargos? ¿Porqué no se separan ahora?. Que sean congruentes, que no sean cínicos, que no sean sinvergüenzas. Estan coludidos con la delincuencia y eso es con la anuencia del presidente, porque es la única manera en la que piensan que pueden retener la presidencia de la República”.
“Esta en peligro el proceso electoral y es por culpa del presidente de la República por la línea política que trae de querer retener la presidencia a base de miedo, de espantar a la sociedad y de usar a la delincuencia para ello”.
El panista dijo que apoyarán al candidato a la presidencia que surga del Frente Amplio por México, el cual ya fue registrado formalmente ante el INE, y está apegado a la ley electoral, no así “lo que sucede con las corcholatas que inventaron una figura para poder hacer campaña, porque andan en campaña, ni siquiera en precampaña, es campaña abierta con recursos públicos”.

Hay ausencia de todas las autoridades ante la violencia en la capital, señalan PRI y PRD

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El PRI y PRD en Guerrero denunciaron la ausencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, que no han dado cuentas sobre los hechos de violencia de este sábado en la capital del estado, que dejaron cinco choferes de taxis asesinados y quema de vehículos y que provocaron psicosis entre la población.
El presidente estatal del PRI, l PRI, Alejandro Bravo Abarca señaló que “el pan y circo no puede seguir siendo el eje del gobierno” municipal, y el del PRD, Alberto Catalán Bastida indicó que los hechos ocurrieron en el contexto de la filtración de una reunión que tuvo la alcaldesa de Morena, Norma Otilia Hernández, con el jefe de un grupo delictivo, del que tampoco existe información oficial.
En consultas telefónicas, coincidieron en que la presidente debe separarse del cargo mientras la Fiscalía General de la República investiga qué pasó en esa reunión.
Por otro lado, el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, opinó que la psicosis que se generó en Chilpancingo fue propiciada por los medios tradicionales, que informaron de manera parcial.
Aseguró que la violencia fue una reacción a la detención de dos líderes transportistas relacionados con la delincuencia, un problema heredado de las administraciones pasadas. Llamó a los partidos de oposición “a no hacer politiquería de un tema que atañe más a las autoridades (de investigación)”.
Con un boletín de prensa, el presidente y la secretaria general del PRI, Alejandro Bravo y Pilar Vadillo Ruiz, denunciaron la incapacidad del gobierno municipal de garantizar la seguridad; expresaron su solidaridad con los familiares de las víctimas y su apoyo a la población que tiene que salir a trabajar y regresar a sus hogares, por “las horas de angustia”.
Señalaron que “el pan y circo no puede seguir siendo el eje del gobierno”, en momentos en que la población requiere de apoyo y seguridad. Recordaron que en su campaña, la alcaldesa de Morena ofreció cambios positivos, pero lo que se atestigua es “la frivolidad y el desinterés” de su gobierno.
Enfatizaron que esta posición no es política, “la violencia es un problema que requiere ser atendido con estrategias, atención y coordinación. La ausencia de gobierno en momentos en los que se requiere dar apoyo y seguridad a la gente, es muestra de la poca importancia que le dan al problema que más afecta al país”.
En tanto, Bravo ratificó que la inseguridad no es una bandera política, sino una demanda a los gobiernos obligados a dar resultados. “Lo que se ha vivido en Chilpancingo, en los últimos días, es muy lamentable porque nos damos cuenta que hay psicosis, temor, la percepción es de gran inseguridad y esto obliga al gobierno municipal a responder en coordinación con quien se tenga que coordinar, pero que garantice la seguridad”.
Subrayó la ausencia de las autoridades, en el momento en que la población conocía los hechos mediante las redes sociales.
Dijo que las autoridades no dan respuesta ni certeza. Confirmó su propuesta de que se separe del cargo la alcaldesa de Chilpancingo.

Que no use Norma Otilia al Ayuntamiento para limpiar su imagen, pide el PRD

Catalán Bastida dijo que la capital fue presa del pánico por los enfrentamientos “derivados de la difusión de un video, donde se aprecia a la alcaldesa desayunando con un personaje implicado” en la delincuencia organizada.
Consideró lamentable el silencio de los tres órdenes de gobierno, salvo por un escueto boletín de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que “no aporta nada”.
Además, cuestionó que la alcaldesa, en un audio que trascendió este domingo en redes sociales, esté diciendo que se trató de noticias falsas para someterla al escarnio político.
Aclaró que el temor de la población es real, “(porque) no siente que haya respuesta de las autoridades y de las instituciones, para salvaguardar la seguridad. Hoy respiramos un domingo desolado, con poca movilidad, negocios cerrados, que no es bueno para nadie”.
Lamentó que, desde que se conoció esta situación, no haya una versión del secretario de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez; del de Seguridad Pública, Evelio Méndez, y de la misma gobernadora Evelyn Salgado “como si todo fuera voltear la página y nada pasa”.
Sobre la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, de investigar a la alcaldesa por su desayuno con un jefe de un grupo delictivo, aclaró que la defendió cuando dijo que no tenía que separarse del cargo.
“Yo creo que es necesario que la presidente municipal se separe de su cargo, no solamente para no intervenir en las investigaciones, sino porque está utilizando el aparato gubernamental del municipio, precisamente para tratar de limpiar su imagen. Lo vimos en este audio que se filtró, pidiendo a su gente, entiendo a todos los funcionarios del Ayuntamiento, que la defiendan en redes”.
Señaló que también hay un video de la alcaldesa en Petaquillas, dando dinero para una fiesta, resaltando que es el pueblo quien quiere fiesta, “realmente no ve la magnitud de la situación tan complicada que vive Chilpancingo. Ella, con esa desfachatez va y ofrece dinero, para que la gente tenga una opinión favorable de su persona. No asume lo que hizo. Por eso creo que es necesario que la señora presidente se retire del cargo”.

Morena apoya a la alcaldesa

El dirigente estatal de Morena informó que el jueves por la noche se reunió con la alcaldesa y conversaron ampliamente sobre el desayuno con el jefe de un grupo delictivo, pero se reservó la información, porque dijo hay más involucrados que investiga la Fiscalía.
González Varona aseguró que Hernández Martínez está dispuesta a asumir la responsabilidad que le toca. Como dirigente, dijo que él se comprometió a respaldarla, para que no haya excesos mediáticos de sus contrincantes, a fin de que la investigación se haga en los tiempos legales y no por presiones políticas.
Aclaró que Norma Otilia no va a dejar el cargo en tanto no haya una resolución de la Fiscalía, porque habría mayor ingobernabilidad. “La Fiscalía tiene que definir en qué responsabilidad incurre legamente”, indicó. Pedir que la alcaldesa solicite licencia es “politiquería. No le vamos a hacer caso”.
De los hechos de violencia este sábado en la capital, opinó que fueron auspiciados por los medios “tradicionales”, para generar psicosis desde las redes sociales. Los “magnificaron”, dijo. Afirmó que no informaron que la causa de esta violencia fue otro golpe a la delincuencia organizada: “La detención de dos líderes transportistas al servicio del crimen organizado. Eso no lo dicen los medios, nomás señalan que hay una ingobernabilidad”.
Lamentó los homicidios, pero cuestionó el bombardeo en redes sociales a la población, que en lugar de ayudar a informar de manera objetiva, crean psicosis en el pueblo”.

Pide la alcaldesa de la capital a la FGR atraer investigación sobre los siete crímenes

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya le pidió a la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, “que esté pendiente”, por si en algún momento se requiere que vaya a declarar respecto a los siete cuerpos mutilados que fueron hallados la madrugada del 24 de junio frente a la parroquia del barrio de San Mateo con los que le dejaron un mensaje a ella y al síndico Andrey Marmolejo.
A su vez, la alcaldesa solicitó mediante oficio de fecha 27 de junio a la Fiscalía General de la República (FGR), que intervenga en las investigaciones “de tan lamentables hechos”.
En la conferencia de prensa del lunes de la semana pasada, Hernández Martínez expresó sus sospechas de que personal de la FGE haya manipulado y alterado las cartulinas en la que el grupo delictivo dejó mensajes para las autoridades.
Uno de los, mensajes decía: “Saludos presidenta Normal Otilia sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después que viniste a buscarme con cariño”.
En el otro se leía: “Síndico Andrey Marmolejo sigue amenazando a la gente con las licencias comerciales para llevarle las cuotas a los Tlacos”.
Derivado de ello en la conferencia de prensa del lunes pasado la alcaldesa declaró que estaba dispuesta a una investigación de parte de la FGE y anunció que pediría que la FGR atrajera las investigaciones pues externó sus sospechas de la FGE por irregularidades durante el hallazgo de los cuerpos y las cartulinas con los mensajes.
En declaraciones después de la conferencia de prensa de ayer, en la que se informó del problema de la escasez de agua potable, Hernández Martínez informó que el mismo lunes de la semana pasada fue personal de la FGE a platicar con ella y le dijo que si en algún momento se requiere que vaya “a atender alguna declaración que estuviera pendiente”.
Según la presidenta su respuesta fue que sí, “vamos a esperar que hagan sus investigaciones, que nos manden llamar, si es que se requiere, nosotros lo hemos dicho, estamos con toda la disposición de poder estar en manos de las instituciones, y estamos de acuerdo en que nos hagan los llamados que se requieran”.
Informó que en el transcurso de la misma semana envió un oficio a la FGR, mediante el cual también se pone a su disposición de la dependencia federal y le solicita que intervenga para que se realice la investigación por esa dependencia federal.
El oficio PM/342/2023 de fecha 27 de junio, está dirigido al Fiscal General de la FGR Alejandro Gertz Manero, a quien le informa las circunstancias en que se dio el hallazgo de los cuerpos, la madrugada del 24 de junio.
“En tal virtud, me permito solicitar su valiosa y puntual intervención, para realizar las labores de investigación de estos lamentables hechos”, dice el escrito.
La alcaldesa explica que con respecto al contenido de una de las cartulinas, “donde se hace alusión al nombre de la suscrita, y que presuntamente un grupo de la delincuencia organizada dejó en el lugar de los hechos, desde este momento niego rotundamente el contenido de las mismas y ratifico mi absoluta disposición para declarar en caso de ser necesario sobre los hechos que se mencionan”.
Hernández Martínez agrega: “En mi calidad de titular del Poder Ejecutivo Municipal me sumo al clamor de la ciudadanía, de mis homólogos de otros municipios, e incluso de diputados y diputadas locales, para que se haga justicia y se realicen las inmediatas investigaciones de manera transparente y objetiva y se aplique todo el peso de la ley en este y en todos los acontecimientos delictivos que se han suscitado no sólo en esta ciudad, sino en todo el estado de Guerrero”.
Sostiene en el documento que como primera autoridad municipal siempre ha tenido la voluntad y disposición para colaborar y coadyuvar con las demás instancias de gobierno, en las estrategias de seguridad. “De nuestra parte hacemos lo que nos corresponde en cuanto a la prevención social del delito”.
La alcaldesa informó que se reunió con los familiares de las personas que fueron asesinadas a quienes les proporcionó apoyos para los funerales.
Aseguró que los apoyó para agilizar los trámites del terreno donde fueron sepultados y les entregó despensas a través del DIF municipal.
De los siete cuerpos hallados a las 4:30 de la madrugada del 24 de junio, cuatro correspondían a una familia que estaba desaparecida desde el 10 de junio; eran los de Eloy Peralta García, su esposa Elizabeth Catalán Olalde, el hijo de ambos, uno adolescente de 17 años de edad y la novia de éste de 16.

Piden padres la salida de una directora en Tixtla por las agresiones de un maestro a un alumno

Padres de familia de la primaria Leonardo Mier Peralta, de Tixtla, se manifestaron en la Dirección de Educación Primaria, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para exigir la destitución de la directora Natividad Torres de Jesús, por no reaccionar a las agresiones que sufrió un alumno con discapacidad por parte de un maestro.
Los manifestantes llegaron a las oficinas minutos después de las 12 del día, donde colocaron pancartas en las que se leían sus peticiones, luego de que el jueves otro grupo de padres y docentes cerraron la escuela, ubicada en el municipio de Tixtla.
La madre del menor, Elba Rivera Santillán, informó que acudieron a la Dirección de Primaria, para pedir la intervención del titular Nicanor Adame Serrano, y que se investiguen las agresiones que sufrió su hijo por parte del docente Rubelo López Cruz.
Detalló que la primera agresión que pasó el menor fue “romperle su trabajo, y la segunda ocasión le pegó con una regla de metro; después, lo rechazaba al no entregarle actividades y finalmente prohibirle la entrada al aula”.
Rivera Santillán externó que a pesar de acudir a varias dependencias estatales, incluso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el maestro sigue dando clases en la primaria.
Indicó que solicita la salida, tanto del docente como de la directora, por su falta de acción ante los hechos, por lo que exigió la intervención del Jurídico de la SEG, porque además, el pasado 21 de abril la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación para que el niño no siga teniendo contacto con López Cruz.
La madre del menor manifestó que Natividad Torres de Jesús no atiende la recomendación, motivo por el cual pide su destitución.
Una comisión fue atenida por parte de los encargados de la de la Dirección de Educación Primaria. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Reporteros capitalinos, víctimas de robo, denuncian inacción de la FGE

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE), no ha informado de los avances con respecto a los robos del material de trabajo que sufrieron en sus respectivos domicilios este año dos reporteros de Chilpancingo. Y por el contrario, cuando menos en uno de los dos casos, le advirtieron que deje de insistir en la investigación, denunciaron las víctimas.
Yener de los Santos, reportero de Quadratín Guerrero, denunció que ya pasó más del mes de plazo que se dio la Fiscalía estatal para que le informara los resultados de la investigación y no ha sido notificado.
Informó que su abogado le informó la semana pasada que ha acudido a la Fiscalía pero que no le han informado nada.
Dijo que solamente han hecho un peritaje del departamento donde vive y también le pidieron las características de los artículos que le robaron.
Informó que fue la misma Fiscalía la que se dio un plazo de un mes para investigar y realizar rondines cerca de su departamento.
Contó que igual el Mecanismo de Protección para Periodistas se comprometió a proporcionarle terapias sicológicas y estar en contacto permanente con él “por si había alguna incidencia”, pero aseguró que han pasado más de 30 días a partir de que presentó la denuncia y los de la Fiscalía sólo se comunicaron dos veces, tres días después de que presentó la denuncia sólo para preguntarle “si algo estaba pasando en mi casa”.
Yener de los santos sofrió el robo la noche del 18 de abril y el 19 ofreció una conferencia de prensa para denunciar públicamente el caso, en tanto que el 20 se presentó para hacer la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público.
Con respecto a la actuación del Mecanismo de Protección a Periodistas, dijo que “se están echando la bolita el del ámbito estatal con el del federal”.
A más de un mes ve “un poquito complicado su caso porque es claro que las autoridades no le dan importancia, la verdad no veo resultados, no se ve que realmente estén investigando, yo cuando menos quiero que la Fiscalía determine y me diga si el caso que me pasó tiene que ver con mi trabajo o no, para saber a qué atenerme”.
Por su parte Juan Aponte sufrió el robo el 15 de enero y el mismo día presentó la denuncia por allanamiento de morada y robo a casa habitación.
Ambos reporteros lamentaron que por un lado las autoridades hablen de respeto y de que se protege la libertad de expresión, pero en los hechos ni si quiera hacen investigaciones para esclarecer casos como los suyos en los que queda la duda si son parte de los riesgos por su trabajo o robos comunes.

Hay más maestros bajo investigación por presunto acoso sexual, informa el rector de la UAG

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Alfredo Romero Olea, reconoció que hay más maestros de preparatorias bajo investigación por presuntos actos de acoso sexual contra alumnas.
La mañana de este lunes, el rector acudió a la inauguración de la Semana de la Ingeniería, que se llevará a cabo del 24 al 3 de mayo, en la Facultad de Ingeniería de la UAG, con el objetivo de brindar un espacio para los universitarios, donde ellos expongan sus trabajos.
Al finalizar, el rector fue consultado sobre si hay más casos de maestros denunciados por acosar sexualmente a las alumnas, esto, luego de que el Consejo Universitario expulsó a uno y otro fue amonestado el pasado marzo.
Respondió que en la última sesión del Consejo Universitario se sancionaron a varios catedráticos por acoso sexual contra las alumnas, “estamos investigando otros casos. Ahí va a depender del Tribunal Universitario”.
Romero Olea detalló que hay más casos, presuntamente por acoso sexual contra las alumnas, principalmente en preparatorias.
Explicó que entre los casos están la preparatoria 32 de Iguala y de la 29 en Tixtla, que en esta última localizaron cámaras en los baños de las mujeres.
Reconoció que a los docentes les han hecho varios llamados, para que respeten a las alumnas, que incluso han acudido a las escuelas junto con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, a exponerles cuáles podrían ser las consecuencias de estas conductas.
–En total ¿cuántos casos hay en el estado, de docentes que acosan sexualmente a las alumnas?–se le preguntó.
–No sé cuántos, no tengo el dato exacto.
En cuanto a la preparatoria 29 de Tixtla, informó que ese caso se está investigando y que incluso le dieron parte a la FGE, para que intervenga en las investigaciones, “ya se está atendiendo”.
Por otra parte, el rector fue cuestionado sobre si en la UAG han descubierto la venta de drogas afuera de los planteles.
Recordó que el pasado lunes se reunió con autoridades federales y fue para iniciar en las universidades un proyecto de combate a las drogas, principalmente el fentanilo.
José Alfredo Romero dijo que pidieron a las universidades que se unan al proyecto, principalmente aquellas que tienen preparatorias. La universidad se va a incorporar a esa campaña, para tener toda la prevención, “ya se diseña la vía, la fórmula y nos dieron material”.
Aseguró que afuera de las preparatorias no han encontrado venta de drogas, tampoco han detenido a algún alumno por portar alguna sustancia ilícita.
En la inauguración, el rector dijo que la Facultad de Ingeniería es una de las mejores del país, por ello, reconoció el trabajo que han realizado los trabajadores en beneficio de los estudiantes.
Externó que la facultad cuenta con varios programas de licenciatura y posgrado, que están evaluados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y próximamente se valorará el doctorado.
Destacó: “La Facultad de Ingeniería ha formado profesionistas que engrandecen a su estado de Guerrero, y a su pueblo, siendo esa la misión y visión que tiene nuestra universidad”.
Por su parte, el director de la escuela, Edgardo Solís Carmona, agradeció al rector todo el apoyo que ha brindado a la facultad, a los maestros, administrativos y de intendencia que laboran en la escuela.
Entre los que acudieron estuvieron la directora de Investigación y Posgrado, Berenice Illades; el director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación Guerrero, Miguel Ángel Rendón Liborio, y el secretario de Protección Civil, Roberto Arroyo Matus.

Ya hay una investigación por las denuncias de acoso en la Prepa de Iguala, informa el director

Alejandro Guerrero

Iguala

Miembros del Consejo Académico de la Preparatoria 32, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), informaron que la Comisión de los Derechos Humanos de la universidad inició por oficio una investigación sobre las denuncias de acoso, que alumnas de esta escuela realizaron ante medios de comunicación contra seis profesores, y en 50 días dará su fallo.
Este viernes, después de las 11 de la mañana, en la escuela, en la que no hubo clases por segundo día, el director y presidente del Consejo Universitario de la escuela, Juan Araujo Juárez; acompañado de la subdirectora administrativa, Antonia Bernabé Vargas, y el consejero Moisés Ocampo Delgado, ofreció una conferencia de prensa derivado de este conflicto, que se ventiló el viernes de la semana pasada.
Araujo Juárez afirmó: “Nosotros no solapamos a nadie”, y justificó que antes, las alumnas no habían presentado ninguna denuncia por escrito ni verbal del acoso escolar que sufren.
Informó que solicitaron la intervención de la Coordinación Zona Norte y mencionó que atendieron a las alumnas que hicieron la denuncia, sin embargo, no quisieron dialogar y rompieron la mesa de negociaciones. Sin dar detalles ni mencionar a nadie, advirtió que “hay personas externas que están participando”.
Narró que este jueves, a petición suya, estuvo la Comisión de los Derechos Humanos de la Universidad para atender a los alumnos “que decían ser acosados, sin embargo, no se prestaron al diálogo”.
Agregó que debido a las denuncias que las jóvenes realizaron en plataformas de Facebook y medios de comunicación, se citó a los maestros que tienen señalamientos, y ya en la escuela les notificaron de una demanda de oficio, que está siguiendo la Comisión de Derechos Humanos de la UAG, así como el inicio del proceso de investigación.
El director argumentó que los paristas no querían que se siguieran los protocolos y procedimientos legales, sino que en ese momento se corriera a los maestros, pero la Comisión de Derechos Humanos les dijo que se les tiene que dar la garantía de audiencia, “porque tienen una presunción de inocencia”.
Explicó que a partir de que se integró de oficio la carpeta de investigación, se corre un término de 50 días para que la Comisión de Derechos Humanos determine el fallo, con el ofrecimiento y desahogo de las pruebas.
Reclamó que “en lugar de conciliar, a la misma comisión le dijeron que hoy (viernes) iban a tomar las instalaciones, incluso, amenazaban a través de audios de que había grupos externos que los iban a apoyar”.
Desde la mañana, las instalaciones estuvieron solas y ya no se presentó el grupo de alumnas que el jueves tomó la escuela, a pesar de esto, no hubo clases, porque la dirección notificó que no habría clases y alertaba de posibles protestas radicales.
Por su parte, el consejero Moisés Salgado opinó que las denuncias de acoso realizadas por alumnas “se están politizando, en el marco de la coyuntura electoral (dentro de la UAG)”.
El director dijo que el lunes ya habrá clases, día para el que solicitará seguridad pública afuera de la escuela, para evitar una posible confrontación entre estudiantes.