No investigan las autoridades las desapariciones de vecinos del sur de Chilapa, dice su abogado

Los gobiernos federal y estatal tampoco han investigado las desapariciones de personas que denunciaron los pueblos del sur del municipio de Chilapa, que irrumpieron en la cabecera municipal el 9 y la abandonaron el 14 de mayo del año pasado.
El asesor de la agrupación civil Comunitarios por la Paz y la Justicia, que irrumpió armada en mayo del año pasado en Chilapa y durante su estancia en la ciudad desapareció al menos a 30 ciudadanos, Jesús Escobedo González informó que a pesar de que presentaron las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) no hay avances en las investigaciones de los desaparecidos del sur de Chilapa.
Ahora la organización aglutina 76 pueblos de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango).
De los desaparecidos afirmó que son víctimas del crimen organizado cuando viajan de sus comunidades a Chilapa.
Los familiares de desaparecidos de Chilapa que encabeza José Díaz Navarro, y que acusan a los vecinos del sur de Chilapa de las desapariciones de mayo, denunciaron anteriormente que a siete meses de la irrupción de civiles armados no se ha esclarecido la desaparición de 57 vecinos, de los cuales 38 denunciaron ante el Ministerio Público.
Ayer, Escobedo González asesor de la agrupación Comunitarios por la Paz y Justicia que irrumpieron en Chilapa, denunció que los gobiernos federal y estatal incumplieron el compromiso de investigar el paradero de sus familiares y de garantizarles seguridad.
El abogado informó que han documentado 15 casos de desaparecidos de las comunidades de El Jagüey, San Ángel y Santa Catarina, pero reconoció que de éstos sólo cinco presentaron denuncias ante el Ministerio Público, y hay otros casos que no han sido denunciados públicamente por temor.
Escobedo González agregó que los comisarios mantenían comunicación con funcionarios del gobierno de Rogelio Ortega Martínez, pero no han recibido respuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores ni del secretario de Gobierno, a pesar de que los primeros cinco días de la administración solicitaron audiencia.
Precisó que los pueblos están documentando todos los casos para tener la información correspondiente si deciden regresar a la cabecera municipal a presionar.
El abogado recordó que los comisarios y los civiles armados dejaron la cabecera municipal el 14 de mayo, después de que la Policía Federal se comprometió a garantizar seguridad en sus pueblos y a detener a los cabecillas de la banda criminal Los Rojos que controla Chilapa, a los que responsabilizaron de la desaparición de vecinos y ejecuciones en sus comunidades y en los caminos.
Insistió que a siete meses no se han cumplido sus demandas pues los integrantes del grupo criminal siguen operando y sus desaparecidos no han sido localizados.
También se quejó de que los campesinos del sur de Chilapa, que colindan con el municipio de Quechultenango, son víctimas del crimen organizado cuando viajan a Chilapa.
Detalló que a mediados de diciembre fue ejecutada una familia (una pareja y su hija), en la comunidad de San Ángel, en la carretera de Atzacoaloya a Chilapa, después de vender artesanías en la cabecera.
Dijo que no se integró una averiguación previa ni se publicó en los medios de comunicación. “En esos pueblos se siguen dando enfrentamientos que no se publican en la prensa”, aseguró el abogado.
Dijo que los pueblos se siguen integrando a la agrupación Comunitarios por la Paz y la Justicia, y ya son 76, 36 del municipio de José Joaquín de Herrera y 40 del de Chilapa.
Informó que suman más de mil civiles armados, pues tienen de 8 a 25 integrantes.
Aseguró que por la presencia de los civiles armados se ha logrado la paz en la zona, pero los vecinos son víctimas cuando se trasladan a Chilapa, por lo que transitan la ruta de Quechultenango para llegar a Chilpancingo.
Rechazó los señalamientos de que los civiles armados pertenecen a la banda criminal Los Ardillos, se quejó que el señalamiento los pone en estado de vulnerabilidad ante el otro grupo criminal que opera en Chilapa (Los Rojos), y ante las autoridades porque deslegitima su demanda de seguridad y la búsqueda de sus desaparecidos.