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Gestionará Tlachinollan fondos para reconstruir casas dañadas en la Montaña en 2013, anuncia

 

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que buscarán gestionar los recursos para atender el problema de las casas dañadas en 2013 en la región, porque no hay presupuesto asignado para atenderlas, a más de dos años de las afectaciones de la tormenta Manuel.
Barrera Hernández, en entrevista telefónica dijo que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reconoció que los datos del padrón que le entregó el Consejo de Damnificados de La Montaña es real en un 80 por ciento, ya que lo confirmaron en los recorridos que hicieron en las comunidades, de agosto a diciembre de 2015.
“Ahora ya está claro que hay un sub registro y que en su momento no se programó el presupuesto correcto porque desde el Fonden se hizo otro registro, y más de dos años y medio se ha complicado la entrega”, explicó Barrera Hernández.
Barrera Hernández precisó que se reunió con Armenta Tello en las instalaciones de Tlachinollan, este miércoles 23 de marzo, en lo que llamó una reunión ejecutiva para darle seguimiento a la vivienda que no han podido resolver porque no hay avances claros y porque se retrasó el cambio de delegados en la Sedesol y la Sedatu.
Agregó que la Sedatu ya tiene resultados del padrón de viviendas que el Consejo les presentó y que las autoridades no aceptaban, “pero ya hicieron los recorridos y ahora saben que la información que presentó el Consejo es veraz (…) aunque no sea al 100 (por ciento)”.
Dijo que 896 casas se tienen que construir en las comunidades; 287 se tienen que reubicar, es decir, conseguir el terreno y construirlas; 392 viviendas tienen daños parciales, y mil 134 daños menores, en los 12 municipios que se deben atender; “pero no hay fondos”, lamentó.
Barrera Hernández dijo que era bueno que la Sedatu reconociera el sub registro, aunque ahora viene el desafío de, “como conseguir esos recursos, y que son aproximadamente 185 millones de pesos” según valoraciones.
Agregó que se tendrán que buscar en el gobierno federal, en instituciones como el Consejo Nacional de Población (Conapo); “el consejo tendrá que gestionar y tocar puertas para resarcir esos daños”, explicó Barrera Hernández.
Dijo que buscarán reunirse con el subsecretario de Asuntos Políticos, Luis Enrique Miranda, para que los atienda como lo hizo en diciembre, cuando se habló del programa Que llueva maíz en La Montaña, que se entregaría en seis meses, pero se entregó más de un año después.
Agregó que volverán a plantear la necesidad del suministro de maíz, ante la crisis del precio del café, la plaga de roya en los cafetales, los fuertes vientos y las lluvias que siguen afectando las tierras de los indígenas.
Manifestó que era un compromiso político y social la dotación de granos básicos para las 185 comunidades afectadas, que ahora son más de 200.
Remarcó que la tarea será la búsqueda de fondos, las reuniones de alto nivel para que les resuelvan, ya que no hay un presupuesto asignado para construir viviendas rezagadas en los municipios de Acatapec, Malinaltepec, Copanatoyac, Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Metlatónoc, San Luis Acatlán y Cochoapa el Grande, entre otros.

Anuncia la Sedatu procesos legales contra constructoras que incumplieron la entrega de obras para damnificados

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello informó que la dependencia federal iniciará un proceso legal contra las empresas que incumplieron los trabajos de construcción en los predios para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel en 2013.
Expuso que en el caso del fraccionamiento Papagayo, en Tierra Colorada, se percató de que las 34 viviendas no son habitables, y por lo tanto serán reconstruidas en otra zona.
El delegado se reunió en privado el martes con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Sergio Reyes Carbajal, para conocer los avances en los pagos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y la inversión que ejercerá la dependencia federal en el ejercicio 2016.
A la reunión únicamente se permitió el acceso a fotógrafos durante unos minutos, y una hora después de la reunión el funcionario federal informó que en la reunión propuso la integración de un comité para exigir a los directores de obras el cumplimiento de leyes y reglamentos, que ejerzan de manera eficaz la ejecución de los trabajos.
Indicó que en este proyecto los encargados de obras acatarán las medidas de operación de la entidad, y “obligará” a las dependencias municipales a contratar a más empresas guerrerenses, ya que, entre otras cosas, conocen las zonas donde serán los trabajos.
Armenta Tello solicitó al director de la CMIC asesoraría jurídica para elaborar un contrato en conjunto con las dependencias municipales, para ejercer el recurso presupuestal, que tenga como base la contratación de profesionistas y empresas guerrerenses; aunque apuntó que no sabe el número de obras que serán destinadas este año a los municipios.
Consultado sobre las constructoras que asignará la Sedatu, considerando las múltiples irregularidades en los trabajos de las casas construidas desde 2013, Armenta Tello detalló que la CMIC conoce cuántas empresas incumplieron y fueron irregulares en sus trabajos.
“Ellos conocen a las empresas que fallaron, no solamente con la Sedatu, sino con otras dependencias del gobierno; nosotros conocemos qué empresas tienen especialidades en la construcción de caminos, aguas y drenaje; para este año solicitamos empresas especializadas en edificación, y será la Cámara quien determine cuántas empresas cumplen con el perfil para realizar los trabajos”, apuntó.
En cuanto al pago de los adeudos del Fonden, el funcionario abundó que la Sedatu continúa con pasivos “mínimos”, que comenzarán a ser resueltos en los próximos días, “no tengo el monto o la cantidad exacta, pero todo es por concepto de reconstrucción perteneciente a las viviendas”.
Cuestionado acerca de la sanción que podrían tener las empresas que ejecutaron obras irregulares, Armenta Tello respondió que la Sedatu iniciará procesos legales para determinar los sitios donde fueron detectados incumplimientos o irregularidades, aunque aclaró que serán las instancias correspondientes las que antepongan las sanciones a las empresas señaladas.
Recordó que el lunes durante su visita al predio Papagayo, en Tierra Colorada, comprobó que las 34 viviendas del terreno se encuentran en condiciones irregulares, y que fueron edificadas por una empresa foránea.
En este sentido, el funcionario mencionó que el área técnica del Fonden está preparando la documentación necesaria para comenzar un proceso legal, para solicitar a la empresa encargada de los trabajos que revise nuevamente la obra y considere la reubicación del predio.
Remarcó que el terreno donde están asentadas las 34 casas de Papagayo no es apto para ser habitado, ya que no tiene accesos viables y el material utilizado en la construcción de las casas no fue el adecuado.
Admitió que durante el reconocimiento de las casas, los beneficiados las rechazaron inmediatamente, al considerar que iban en contra de sus usos y costumbres, “ellos necesitaban espacio donde cocinar y colocar a sus animales, sin embargo, estas condiciones no fue considerada en ninguna de las viviendas”, indicó.

No entrega el Ayuntamiento de Chilapa la planeación para reubicar a vecinos de San Marcos Majada de Toro, señalan

 

El gestor de la comunidad de San Marcos Majada de Toro, municipio de Chilapa, Carlos de Jesús Alejandro, denunció que el Ayuntamiento no ha entregado la planeación estratégica para la ubicación de las 267 casas que serían construidas en la comunidad de Tzicaixtlahuac, para vecinos de comunidades como San Marcos Majada de Toro y Tierra Blanca, además de la colonia 3 de Mayo, en Chilapa.
Detalló que el dictamen debió contar con la aprobación de Protección Civil estatal, para ser entregado a finales de febrero y empezar a llevar la maquinaria al terreno para retomar los trabajos a partir del 1 de abril.
Consultado vía telefónica, Carlos de Jesús recordó que el 18 de febrero, en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el delegado, José Manuel Armenta Tello estableció la construcción de 217 casas, mientras que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) construiría otras 50, que serían entregadas este año.
Sin embargo, el gestor lamentó que la construcción de las casas ha avanzado “muy lentamente”, ya que el Ayuntamiento de Chilapa no agilizó la planeación, que serían divididas en plataformas donde se determinaría su distribución de acuerdo al espacio asignado.
Remarcó que, una semana después de la reunión con Armenta Tello, una comisión municipal se comprometió a hacer un plano estratégico, donde determinaría el número de casas divididas a partir de la inclusión de plataformas, “es decir: ‘en esta plataforma caben 30 casas, en esta 40 o 50, y así en todo el espacio’”, explicó.
Remarcó que, de las 317 casas programadas para el plan Nuevo Guerrero, únicamente han sido construidas 50, de las cuales 17 presentan deficiencias por cuarteaduras o filtraciones de agua.
El represente insistió en que hasta el momento el Ayuntamiento no ha entregado el plano estratégico a la dependencia federal, “dicen que ya lo tienen, pero la gente de Sedatu no ha sabido cómo quedarán ubicadas las 267 casas pendientes”, dijo.
Recordó que a principios de enero, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó las primeras 50 casas construidas por la empresa Grupo de Oro, aunque indicó que al menos 80 familias más que resultaron afectadas por las tormentas Ingrid y Manuel de 2013, permanecen en Majada del Toro, pese a que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Subsecretaría de Protección Civil dictaminaron esa zona como de alto riesgo.
Detalló que debido a la desconfianza de los pobladores, el Ayuntamiento de Chilapa solicitará nuevamente a Protección Civil y Cenapred hacer el estudio geológico en la comunidad, “ya que la gente sigue incrédula y desconfían que estén habitando una zona de alto riesgo”, dijo.
Detalló que el próximo lunes visitará junto con el comisariado de San Marcos Majada de Toro y de las colonias 3 de Mayo y Tierra Blanca, las oficinas de Sedatu para cuestionar el avance de la construcción de las 217 casas prometidas por Armenta Tello.

Exige una adulta mayor damnificada en 2013 por la tormenta Manuel a la Sedatu que la reubique en El Mirador, Chilpancingo

La mañana del martes en una visita del delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, a la casa de la señora Carlota Reyes Sandoval de 78 años, la vecina exigió su reubicación en el fraccionamiento El Mirador, luego de exponer las condiciones vulnerables en las que vive.
A las 9 de la mañana, el delegado Armenta Tello y el representante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, acudieron a la casa de la mujer, quien tiene dificultades para caminar y parálisis en un brazo, ubicado en la colonia Bugambilias, junto al encauzamiento del río Huacapa, al norte de la ciudad.
En un breve recorrido en el asentamiento ubicado frente al aeródromo capitalino, se observó que al menos 50 viviendas, construidas con madera y concreto, permanecen en escombros y con múltiples desperfectos causados por las tormentas Ingrid y Manuel en 2013, sin embargo, todas permanecen habitadas por un promedio de 4 o 5 vecinos.
En su casa, Carlota Reyes relató al delegado federal que hace tres años las fuertes tormentas arrastraron sus pertenencias y su vivienda, y que socorristas de Protección Civil, junto con voluntarios que también sufrieron pérdidas, la llevaron al albergue de la primaria Caritino Maldonado, de la colonia Galeana.
Detalló que, luego de permanecer alojada algunos meses en ese albergue, fue reubicada en la Unidad Deportiva CREA debido a sus condiciones de salud, donde permaneció al menos un año pese a los conflictos entre los damnificados, “en ese lugar todos se robaron con todos; y por esa razón la mayoría terminó demandado”, dijo.
Expuso que durante su estancia en el CREA, resultó beneficiada con una vivienda en el padrón del Ayuntamiento capitalino y la Sedatu, para ser reubicada en el predio ubicado a un costado de la Autopista del Sol.
Sin embargo, la señora reclamó al delegado Armenta Tello que no ha podido mudarse formalmente a su casa, “y esto es desesperante, ya que cada día que pasa me siento más triste en este lugar”, indicó.
Abundó que tras la intervención de Nicolás Chávez Adame y una comisión de la APPG, logró alquilar la casa donde actualmente vive, donde paga una renta de 900 pesos mensuales.
Expresó que la casa, construida de madera, clavos y láminas usadas, le resulta insuficiente, ya que debido a la restricción de sus caseros, “no puedo tener mascotas para que pasen el tiempo conmigo, y el espacio en el que duermo es demasiado pequeño”.
Por tal motivo, Carlota Reyes exigió al delegado Armenta Tello su reubicación en cuanto antes.
El funcionario federal se comprometió a que en el transcurso de la semana agilizará el proceso para reubicar a la señora dentro de una manzana cercana a la 1-A.
Armenta Tello reconoció que desconocía el caso de “Doña Carlotita”, aunque recalcó que igual que los demás damnificados que continúan habitando sus viviendas, pese al riesgo que conlleva, serán reubicados paulatinamente a las 453 casas que están habilitadas en el predio.
Remarcó que, tratándose de una adulta mayor, será necesario trasladarla de inmediato junto con sus pertenencias a la vivienda que le resulte asignada

Hubo uso excesivo de la fuerza en el desalojo del predio El Mirador en la capital, denuncian

 

Vecinos de la manzana 5-A del predio El Mirador denunciaron que la operación del gobierno estatal para desalojar a las familias que habitaban ahí de manera irregular fue violento, y hubo uso excesivo de la fuerza de los policías.
Los colonos quienes omitieron su nombre por temor a represalias remarcaron que durante el desalojo, “los policías rompieron los vidrios de las casas y agredieron a la gente sacando a la calle sus cosas”, principalmente en la inspección a la manzana 6.
Expusieron que debido al abuso de autoridad, una mujer de 82 años fue trasladada al hospital a causa de la impresión que le provocó el ingreso de los policías a su vivienda sin motivo aparente.
Consultados en el predio El Mirador, los vecinos aclararon que fueron beneficiados con una vivienda a principios del año pasado luego de los meteoros Ingrid y Manuel de 2013, relataron que atestiguaron todo lo ocurrido durante el desalojo ya que en ese momento se encontraban en sus hogares.
Detallaron que los uniformados no llegaron de forma pacífica, quebraron los vidrios y desalojaron a las familias “invasoras” de manera violenta.
“Creímos que la acción era llegar a las casas para tocar y pedir los documentos legales, o bien solicitar de manera pacífica que desalojaran, sin embargo (los policías) llegaron a romper vidrios y abrir puertas para sacar las cosas de la gente a donde fuera. No se procedió como declararon”, expusieron.
Un vecino detalló que la operación no pudo haber sido de manera pacífica, “porque para empezar todos los policías venían armados”, y señaló que las principales afectaciones ocurrieron en la manzana 6-A, donde luego mediante un recorrido se comprobó que al menos 20 ventanas de las viviendas permanecen quebradas de las 70 que componen esa zona.
“Nosotros escuchamos que la gente gritaba y lloraba, pero en ningún momento logramos salir a ver qué ocurría porque los policías nos mantuvieron adentro de nuestras casas, no permitían que subiéramos a ver qué ocurría”, agregó.
Tras un recorrido en la manzana 6-A se observó que ninguna vivienda está habitada, mientras que la zona está acordonada y hay ropa y juguetes tirados en el suelo.
Una vecina de la manzana 5-A recordó adentro de su hogar durante la operación algunos brigadistas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) junto a policías estatales acudieron a verificar quién habitaba la vivienda.
Explicó que la beneficiaria real es su madre de 82 años, quien en la visita de la brigada mostró el folio que le asignó la Sedatu y el Ayuntamiento capitalino, y comprobó ser la propietaria legal de la casa, sin embargo, al cabo de unas horas los uniformados regresaron acompañados del delegado federal, José Manuel Armenta Tello para solicitar una nueva inspección.
“Ellos tocaron la puerta y pregunte qué era lo que querían, él (Armenta Tello) de manera prepotente me indicó que abriera la puerta, en ese momento mi mamá del susto se comenzó a sentir mal y estaba acostada, ¿usted se imagina el daño que estas personas ocasionaron?, el señor se paró aquí con los policías, eran 6, entraron a revisar un colchón y después fueron a otro cuarto a inspeccionar en otro colchón, nunca supimos qué buscaban, ¿mi mamá qué daño les podía hacer?”, expuso.
Añadió que debido a la impresión que le causó la presencia policiaca en su hogar, la señora de 82 años fue trasladada al hospital del Seguro Social, “mi madre sufre del corazón y en ese momento no había transporte, ¿cómo la trasladaba al médico?, casi nadie se enteró pero hubo muchas irregularidades en el desalojo”.
Reiteró que ningún vecino pudo salir afuera de las manzanas donde se encuentran sus viviendas, “los policías acordonaron y taparon todo, no dejaron salir a nadie, nunca quisieron dejarnos salir”.

Hay poca vigilancia en el predio El Mirador de Chilpancingo tras el desalojo de los invasores, se quejan damnificados

 

Luego del desalojo implementado por el gobierno estatal en el predio para damnificados El Mirador para sacar a las familias que de manera irregular viven en las casas, se comprobó que cuenta con poca vigilancia en su interior, ya que únicamente ocho policías estatales en dos patrullas fueron observados durante el recorrido.
A las 4 de la tarde, en una visita al fraccionamiento ubicado junto a la Autopista del Sol, se observó que una caseta de vigilancia construida con madera en el acceso al predio, y en la manzana 1A se encuentra estacionada una patrulla estatal con cuatro policías a bordo.
En una de las orillas del terreno, aledaño a la Manzana 1A, se constató que otra caseta fue improvisada para albergar a los policías, donde había otra patrulla con dos policías y tres motocicletas de la Policía Estatal estacionadas.
No obstante, tras adentrarse entre las manzanas en las que se hallan las 598 casas del predio, se comprobó que solamente dos policías a píe vigilaban las zonas donde fueron reubicadas la mayoría de las familias damnificadas.
Durante el recorrido, 10 vecinos de las colonias El Amate y Renacimiento, quienes fueron reubicados en la manzana 4-A el domingo tras el desalojo de al menos 30 familias que de manera irregular habitaban el terreno, manifestaron su alegría y agradecimiento a las autoridades por su intervención.
Dijeron que la mayoría de las casas que recibieron presentaron imperfectos debido a que forzaron chapas y candados, y dañaron puertas y ventanas.
Una vecina contó que recibió su casa con el drenaje colapsado, y permanece a la espera de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) acuda a reparar el daño
Los vecinos remarcaron que el único servicio básico con el que cuentan las viviendas es el drenaje, mientras que de la luz y el suministro de agua potable, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, se comprometió a entregarlos en el transcurso de este mes.
Consultada, la vecina Angélica García Miranda consideró que las principales urgencias de los habitantes recién reubicados en El Mirador son la instalación de la energía eléctrica y la escasa vigilancia que quedó en el predio, luego del desalojo de invasores coordinado por el gobierno estatal el domingo.
En cuanto a las declaraciones hechas por Armenta Tello, quien manifestó que el fraccionamiento permanecería resguardado por la Policía Estatal para vigilar las viviendas que aún no han sido entregadas y evitar una nueva invasión o represalias en contra de los beneficiados, la señora Angélica García contó que luego de la inspección de las brigadas de Sedatu para actualizar el padrón de viviendas regulares e irregulares, la mayoría de policías federales y estatales se retiraron.
“Todavía ayer (lunes), durante la inspección que hizo la Sedatu notamos la presencia de los policías, sin embargo, luego de terminar sus trabajos se retiraron casi todos, sólo unos cuantos permanecen en la entrada; parece que los policías cuidaron solamente a los brigadistas y no a nosotros, como beneficiarios del predio”, lamentó.
Subrayó que la vigilancia fue acordada en las mesas de diálogo con funcionarios gubernamentales y el delegado Armenta Tello, “aquí la mayoría somos mujeres, niños y adultos mayores; necesitamos que cumplan lo señalado en materia de seguridad, con más policías que nos vigilen, ellos tienen los elementos y ya comprobamos que pueden hacerlo”, indicó.

Solicitan damnificados a la Sedatu seguridad en El Mirador, Chilpancingo; 130 casas siguen invadidas

Unos 50 vecinos de El Mirador, miembros de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el Río Huacapa y sus Afluentes (Cocoarha), acudieron a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para reunirse con el delegado José Manuel Armenta Tello y solicitar garantías de seguridad en sus hogares, ya que al menos 130 viviendas están “invadidas” por desconocidos.
Los vecinos acudieron a las 11 de la mañana a las oficinas de la Sedatu para reunirse con el delegado Armenta Tello y el encargado de la Dirección Jurídica de la dependencia, Moisés Ávila Roman, donde hablaron de la seguridad en las viviendas del predio ubicado a un costado de la Autopista del Sol, al sur de Chilpancingo.
Consultado al término de la reunión, que duró 30 minutos, el dirigente de la Cocoarha, Gumaro Guerrero Gómez, dijo que las familias vivieron “días de incertidumbre” por el temor a ser desalojados por las familias que habitan de manera irregular en el terreno.
Precisó que el delegado Armenta Tello les indicó que las familias beneficiadas que firmaron su comodato o préstamo de uso, y que recibieron llaves de la dependencia federal, no tienen porqué temer un desalojo.
Indicó que la invasión de sus hogares les preocupaba, y temían ser desalojados y despojados de sus viviendas por todos los rumores de los últimos días.
Dijo que también hablaron sobre la firma del comodato firmado el 23 de diciembre, con vigencia de dos meses, “aunque el delegado (Armenta Tello) nos indicó que entregaremos un paquete de datos para que el comodato sea rectificado, y legalmente sigamos siendo legítimos posesionarios”.
Remarcó que en los próximos días harán un nuevo pliego petitorio todos los habitantes de El Mirador, que será entregado al Ayuntamiento capitalino y a la Sedatu, para pedir servicios de electricidad y agua potable, además de una cancha de futbol, un centro de salud, vigilancia y escuelas.
Por su parte, José Manuel Armenta Tello remarcó que la semana pasada se reunió con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien solicitó al delegado presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra las familias irregulares que actualmente habitan el predio, quienes tenían antecedentes previos por destrozos a las viviendas y de comercializarlas de forma ilícita.
Insistió en que estas familias no cuentan con un reconocimiento legal de la Sedatu y del municipio, “es gente que, de manera arbitraria se ha instalado en las viviendas rompiendo vidrios y abriendo chapas de manera ilegal”, expuso.
Dijo que ha solicitado al gobierno estatal y municipal reestablecer el derecho igualitario, y es necesaria una intervención para que las viviendas sean desocupadas y entregadas a los verdaderos beneficiados.
Remarcó que la denuncia fue entregada en la PGR el 8 de febrero y ratificada el 11 del mismo mes, y que esperan que el gobierno los apoye, ya que es indispensable que acuda fuerza pública a desalojarlos.
Armenta Tello expuso que el suministro de electricidad para el fraccionamiento fue un compromiso del Ayuntamiento y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes planean la construcción de un nuevo circuito eléctrico que abastezca las 598 viviendas del predio; mientras que en 10 días regresará la constructora a terminar los trabajos inconclusos.

Investiga la PGR el retraso en la entrega de las casas para damnificados, dice la Sedatu

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) José Manuel Armenta Tello informó que hay denuncias e investigaciones ante el retraso en la entrega de las viviendas a damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, e insistió en que son 2 mil viviendas pendientes, más la invasión de 130 casas en El Mirador y el saqueo de 34 viviendas en Tixtla.
En declaraciones a reporteros antes de la firma del convenio entre el gobierno del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) el delegado precisó que hay dos denuncias contra los líderes que invadieron las casas de El Mirador, una ante la Procuraduría General de la República (PGR) y otra en la Fiscalía General del Estado.
Además, hay procesos legales y administrativos contra empresas que abandonaron las obras y no cumplieron con la entrega de las viviendas en el plazo previsto de un año. Agregó que tiene asesoría legal para establecer sanciones para las empresas que incumplieron.
En Tixtla, el saqueo de 34 viviendas, explicó Armenta Tello, se debió a que hubo vacíos legales y administrativos, “no había suficiencia presupuestal para hacer el pago de unas estimaciones y la empresa no podía seguir con la carga que representaba mantener su gente ahí”, además faltaban obras de mitigación.
El delegado dijo que la empresa es la responsable de esas viviendas porque no las ha entregado a la Secretaría, y de acuerdo con el contrato, la empresa debe entregar las viviendas con todos lo equipos, “la gente va a recibir su vivienda a satisfacción”.
De las 598 casas de El Mirador, 130 están invadidas por líderes que creyeron que podían ocupar las casas. Añadió que, uno de los líderes que promovió la invasión de las viviendas fue detenido, pero fue liberado a los tres días porque el juez determinó que no había sustento en las acusaciones.
En la Costa Grande están pendientes de construir más de 300 viviendas que resultaron afectadas por los sismos del 18 de abril y del 9 de mayo de 2014; el delegado de Sedatu indicó que el retraso en la entrega de esas viviendas se debe a que se dio prioridad a las obras de reconstrucción comprometidas luego de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
También están pendientes de construir 98 casas en El Paraíso, Atoyac, “porque no hay certeza en la tenencia de la tierra”. Consideró que son unas 2 mil viviendas las que están pendientes de entregar a los damnificados de las lluvias de 2013.

Desalojará el Ejército a quienes invadieron casas en el Mirador en la capital, advierte la Sedatu

Vecinos de la colonia Amate señalaron que en una reunión con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la comisión que los atendió les informó que acudirá el Ejército a desalojar a más de 100 familias que “invadieron” sus casas en el fraccionamiento El Mirador.
Asimismo, denunciaron que al llegar a las oficinas de la Sedatu, en el barrio de Tequicorral, los policías que resguardan el edificio les negaron el acceso en la entrada principal colocando una cadena, pese a que tenían programada la reunión con el delegado José Manuel Armenta Tello, a las 10 de la mañana.
El martes, unos 50 damnificados de la tormenta Manuel en Chilpancingo tomaron las oficinas de la Sedatu, para exigir al delegado José Manuel Armenta Tello esclarecer porqué las 130 casas que les fueron asignadas en el fraccionamiento El Mirador se encuentran “invadidas”.
Luego de una hora de protesta, los inconformes firmaron una minuta de acuerdo con el delegado Armenta Tello para reunirse el viernes a fin de resolver los problemas que prevalecen en El Mirador.
Consultados al término de la reunión que duró alrededor de una hora, colonos del comité vecinal de la Colonia Amate dijeron que no acudió a la reunión Armenta Tello, y en su lugar estuvo un representante de la subdelegada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez Sales, quien aseguró que interpusieron una demanda ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) contra las personas que habitaron las casas en El Mirador de manera ilícita.
Una vecina, quien omitió su nombre, expresó que el representante de Jiménez Sales mostró las demandas interpuestas, a la vez que anunció que las familias irregulares que habitan en El Mirador serán desalojadas por el Ejército, a fin de que los damnificados que cuentan con un folio sean reubicados en el fraccionamiento.
Para el proceso de escrituración, comentó que a partir de la siguiente semana intervendrá la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), mientras que el próximo lunes acudirán nuevamente a la dependencia a las 4 de la tarde para reunirse con el delegado Armenta Tello.
Anunciaron que, de no atenderlos Armenta Tello, convocarán a más familias damnificadas de otras colonias para movilizarse en las oficinas de Sedatu.
Por último, el comité vecinal denunció que los policías que resguardan el acceso de la dependencia cerraron las puertas con cadenas cuando pretendían ingresar a la reunión.
Explicaron que, durante 20 minutos permanecieron afuera del inmueble, mientras que los policías señalaron que “únicamente recibían órdenes”.

No entrega casas a damnificados en Petatlán porque no tienen servicios básicos, dice la Sedatu

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Manuel Armenta Tello supervisó 22 de 64 viviendas para damnificados por las tormentas Manuel e Ingrid en 2013 y que hasta la fecha no han sido entregadas a los beneficiario porque carecen de servicios básicos tales como agua potable, drenaje, pavimentación de vialidades y energía eléctrica, entre otros.
Armenta Tello, acompañado del alcalde perredista de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, visitó este viernes la colonia La Primavera, donde están 22 de las 64 viviendas que se construyeron para los damnificados por Manuel e Ingrid y que están terminadas desde hace un año cuatro meses, pero que no han sido entregadas a los beneficiarios porque en el lugar donde están no hay servicios.
Ayer, un grupo de obreros se afanaba en trazar las calles y en hacer las zanjas para la red de agua potable, así como en poner la energía eléctrica en las pequeñas casas.
Luego del recorrido, el delegado federal dijo a los reporteros que el atraso en la entrega de las viviendas es porque hubo incumplimiento de algunas empresas constructoras, razón por la que solicitó al presidente municipal que lo ayudara con la introducción de los servicios básicos mientras él lleva a cabo las acciones legales y administrativas para requerir a las empresas que no cumplieron.
Indicó que el dinero que el gobierno municipal invierta en esas obras le será devuelto, y que confía en que a más tardar en tres semanas, ya estarán entregando las casas a los beneficiarios.
A pregunta expresa, el delegado respondió que en todo el estado falta por entregar 2 mil casas a damnificados por Ingrid y Manuel, así como por el sismo de abril de 2014, “algunas ni siquiera han sido iniciadas”, reveló.
En este recorrido también participaron el director nacional del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia que promueve la Secretaría de Desarrollo Social federal, Carlos Alberto Acra Alba; la delegada de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, Humberta Peláez Pérez; el diputado federal perredista, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, y la diputada local plurinominal perredista, Eloisa Hernández Valle, quienes posteriormente participaron en una reunión de trabajo sobre el plan de desarrollo territorial de la Costa Grande, en la que participaron los alcaldes de Zihuatanejo y La Unión.