Etiqueta: Marina

Se enfrentan marinos y civiles en Cuauhlotitlán, Tlalchapa; hay un muerto y tres desaparecidos

Un muerto y tres desaparecidos fue el saldo de un enfrentamiento de la Marina con civiles armados cerca de la comunidad de Cuauhlotitlán, municipio de Tlalchapa, en Tierra Caliente.
Según el reporte oficial los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 de la mañana sobre la carretera que va de Arcelia a Tlalchapa, que pasa por varias comunidades.
La Marina reportó que en el trayecto se enfrentó balazos con hombres armados que iban a bordo dos camionetas, y que en el enfrentamiento falleció un hombre de aproximadamente 25 años, además decomisaron dos fusiles de grueso calibre y las dos camionetas.
El reporte oficial dice que el resto de los civiles armados se dieron a la fuga entre los matorrales, pero vecinos de la localidad informaron que dentro de las patrullas de la Marina llevaban al menos a tres detenidos que no fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) en Tierra Caliente. Los tres se encuentran desaparecidos.
La última vez que la Marina hizo detenciones en esa carretera fue en enero, fueron presentados como sicarios detenidos en Tlatlaya, Estado de México, lo que provocó movilizaciones y bloqueos de carreteras, y una reunión de los familiares con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Desde la madrugada la carretera quedó cerrada a la circulación y cerca de las 10 de la mañana informaron al Ministerio Público para que se trasladará lugar a tomar conocimiento de los hechos.
La Marina estuvo en el lugar del enfrentamiento durante cinco horas con la escena exclusivamente para ellos antes de que llegara el agente del Ministerio Público a hacer las investigaciones.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del MP en Coyuca de Catalán, a donde acudieron familiares de la comunidad de colonia Cuauhtémoc de donde al parecer era originario.
La gente del lugar se inconformó por el cierre de la carretera y se quejaron de insultos y amenazas de soldados de la Marina, quienes trataron de indagar del paradero del grupo con el que tuvieron el enfrentamiento.
El lugar donde ocurrió se ubica apróximamente a 15 minutos de Arcelia y es una ruta de acceso rápido entre Arcelia y Tlalchapa.
Este miércoles hubo otro incidente de marinos con presuntos delincuentes en Tierra Caliente, que dejó un muerto y dos detenidos en la comunidad de Tamácuaro, municipio de Cutzamala de Pinzón, donde fueron decomisadas armas y vehículos.
Ese día se informó que durante más de una hora la Marina impidió el ingreso del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la casa y a la zona donde ocurrió el enfrentamiento. Los marinos trabajaron durante 5 horas en el lugar donde estaba la víctima, aseguraron el material, revisaron todo y después permitieron que el personal de la FGE ingresara. Algunos familiares reclamaron el retraso de las diligencias y señalaron que podría tratarse de un acomodo de la escena del crimen previo a la llegada del Ministerio Público.

Reportan a un campesino muerto atropellado por la Marina

En la comunidad de Cuauhlotitlán reportaron un segundo muerto del cual se informó que era un campesino que fue atropellado por soldados de la Marina cuando iba en su caballo, en la madrugada previo a la balacera con civiles.
De este caso las autoridades no han tomado conocimiento de manera oficial y se espera que este domingo visiten la localidad, para confirmar la versión.

Ayotzinapa, punto neurálgico de la agresión al movimiento social, afirma un coautor de La guerra que nos ocultan

Zacarías Cervantes

Tixtla

Las agresiones al movimiento social en Guerrero encontraron su punto neurálgico en la Normal de Ayotzinapa, porque el Estado la ve como un peligro para sus proyectos mineros y reformas estructurales, dijo anoche el coautor del libro La guerra que nos ocultan, Félix Santana, durante la presentación que fue parte de las actividades del nonagésimo primer aniversario de la escuela.
El investigador insistió en que hubo participación directa del Ejercito en la desaparición de los 43 estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. De lo contrario, pidió, que explique por qué robaron y mantuvieron activo el celular de Julio César Mondragón Fontes, el joven que fue desollado del rostro, hasta abril de 2015 y mediante el rastreo de las llamadas se pudo comprobar que tuvieron el aparato en el Campo Militar número Uno, de la Ciudad de México.
De ambos temas se habla en el libro La guerra que nos ocultan, editado por Planeta, de los autores, Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado, quienes documentaron los registros de actividades telefónicas posteriores al asesinato de Mondragón Fontes, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, con lo que demostraron que sí participó el Ejército.
Félix Santana destacó que la agresión a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa forma parte de las agresiones al movimiento social en Guerrero, y que encontró en Ayotzinapa el punto neurálgico porque aquí coinciden todos los movimientos sociales. Advirtió que estas agresiones no han terminado, “esto se va a poner peor en los próximos días”, porque están en proceso reformas a cuatro leyes, para lo que han generado todo un “entramado institucional”.
Detalló que han modificado la ley que reglamenta el artículo 29 constitucional que permite a la Presidencia de la República decretar un Estado de excepción en zonas específicas del territorio, y prohibir las libertades de prensa, de expresión y de reunión.
Otra modificación al marco jurídico es el Código de Justicia Militar, que legaliza los patrullajes de la Marina y el Ejército, los cateos a domicilios particulares, instituciones como ayuntamientos, palacios de gobierno, instituciones electorales, “con lo que estamos ante la posibilidad de un golpe militar”, expuso.

Añadió que otra reforma es la ley del uso de la fuerza pública que se aprobó en el Estado de México y que consiste en que, si un jefe policiaco determina que una movilización es ilegal puede utilizar municiones y armamento letal para detenerla. “Es decir nos pueden matar por manifestarnos”, destacó.
También citó la modificación en el Senado de la República a la Ley Orgánica de la Administración Pública para otorgarle a la Secretaría de Marina que controle toda la zona costera del país, “es decir, que en 263 municipios de la zona costera, las fuerzas armadas podrán controlar, particularmente la Marina a partir de la modificación que hicieron a dicha ley”.
Dijo que, “el Estado ha aprovechado su poder para militarizar el país, estamos hablando de la brutalización de la política, y en donde el Estado impone su fuerza”.
Explicó que eso ocurre porque estamos desarticulados como pueblo, e incluso como organizaciones sociales, “la razón es que obedecemos a un modelo neoliberal que nos obliga a ser individualista y a competir, a consumir en lugar de pensar, que te exige a que la educación sea un servicio y no un derecho”.
Al final, el otro autor presente, Miguel Alvarado mostró una secuencia fotográfica con la que sustentan que Mondragón Fontes fue desollado y torturado vivo por sus victimarios, la noche del 26 de septiembre de 2014, quienes además lo despojaron de su celular, la misma noche que lo mataron y lo mantuvieron activo hasta abril de 2015.
Con ello sustentan la participación del Ejército, porque el aparato fue ubicado en las instalaciones del Campo Militar número Uno.
En la presentación estuvieron la esposa de Mondragón Fontes, Marissa Mendoza, y el tío del joven estudiante, Cuitláhuac Mondragón, quien dijo que los familiares de los estudiantes asesinados y desaparecidos tienen el derecho a conocer la verdad, “tenemos derecho a que se haga justicia y esto implica castigo a los culpables, físicos e intelectuales”.
Añadió que también tienen derecho a una reparación del daño, pero no como el Estado pretende, “que es al revés”, si no como lo establecen los estándares internacionales.
El tío de Mondragón Fontes, quien es egresado de la Normal Rural de Tenería, Estado de México, convocó a los estudiantes a seguir difundiendo pláticas como estas para concientizar a la gente.
Pidió que la lucha por la justicia no sea aislada, “porque no solamente es de Ayotzinapa, ni tampoco sólo de las organizaciones sociales, es una lucha de toda la humanidad porque es un crimen de lesa humanidad”.
Añadió que la lucha debe enfocarse para la no repetición de casos como estos, “porque desgraciadamente, el Estado le está apostando a que se repita y que el caso quede en la impunidad, lo que implicaría que ya no va a pasar nada, nos hagan lo que nos hagan”.

Solicitará oficialmente la Coparmex Chilpancingo que la Marina vigile la capital

 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación Chilpancingo, solicitará de manera oficial a la Secretaría de Marina que opere en la capital del estado, para que resuelva la situación de inseguridad.
“Nosotros en ellos sí creemos, es confiable y nos prometieron que si solicitábamos su presencia, ellos estarían aquí”, señaló el presidente de Coparmex, Adrián Alarcón Ríos.
Durante la mañana de este jueves, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, se reunió en privado con el líder empresarial, y durante el encuentro se le informó al funcionario que la cámara empresarial solicitaría la presencia de la Armada de México para que opere en Chilpancingo.
La reunión fue en el despacho del secretario y tenía como primer objetivo coordinarse para la instalación de la mesa de seguridad y justicia, en la que se planea abordar el problema de los secuestros, extorsiones, asaltos, homicidios y el cobro de piso que hay en la capital.
Al concluir el encuentro, el empresario fue consultado y detalló que el acuerdo es que para esta próxima semana se celebre la primera reunión de la mesa de trabajo, entre sociedad civil y funcionarios del estado.
“La próxima semana ya tenemos la instalación de la mesa de seguridad y justicia en Chilpancingo, me pidió hacer la propuesta de las organizaciones que la integrarán”, agregó.
Detalló que la idea de la mesa es que acudan siete líderes de organizaciones empresariales y civiles, más un secretario técnico, y por la parte de la administración estatal sean 10 dependencias, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia, el secretario general de gobierno, la Procuraduría General de la Republica, la Fiscalía General del Estado, el Ayuntamiento de Chilpancingo, Policía Estatal, 35 Zona Militar, Armada de México y la Policía Federal, pero serán aprobadas por el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Por el lado de las organizaciones, se esta incluyendo la participación de Coparmex, Canaco, organizaciones de transportistas, purificadores de agua y la asociación de padres de familia del estado, entre otros.
Se le preguntó sobre si en esta mesa estaría el obispo Salvador Rangel Mendoza, pero señaló que aún no se le ha hecho la propuesta para determinar su participación.
“Vamos a tener que volver a verlo, para ver si podrá participar o no, después del acuerdo con el secretario general”, señaló.
Agregó que también se hará una invitación especial a la organización México SOS, que fundó el empresario Alejandro Martí y que dirige Orlando Camacho, para que compartan sus experiencias.

Atropellan marinos a una mujer en Tlapehuala y vecinos cierran la carretera y los retienen

 

Vecinos de la comunidad de Poliutla en el municipio de Tlapehuala se manifestaron durante la noche de este jueves en contra de la Marina luego de que sus agentes atropellaron con una patrulla a una mujer que viajaba en una moto.
Lo que comenzó como una inconformidad por un accidente se convirtió posteriormente en una protesta de vecinos para exigir la salida de la Marina de las operaciones que hace en la Tierra Caliente.
A la protesta se sumaron transportistas del pueblo que bloquearon la carretera por varias horas, también vecinos del municipio vecino de Tlalchapa se sumaron y denunciaron que recientemente cuatro personas fueron detenidas por la Marina y ya se habían manifestado en su contra para pedir su liberación argumentando que hubo falsedad de esa corporación, tanto en el lugar donde fueron detenidas como en los delitos que les imputan los marinos.
El accidente ocurrió aproximadamente a las 6 de la tarde cuando un convoy de tres patrullas de la Marina venía de Arcelia sobre la carretera federal en dirección a Pungarabato.
Al llegar al crucero donde se encuentra la calle principal de Poliutla y en el otro extremo la entrada a San Miguel Totolapan, una de las patrullas atropelló a una mujer que iba en una moto y resultó lesionada.
La mujer fue trasladada de inmediato a una clínica particular en Arcelia y su salud era delicada.
La gente se reunió y exigieron que el vehículo de la Marina no fuera movido hasta que no se garantizara el pago de los daños y de los gastos médicos a la mujer lesionada.
Los transportistas bloquearon la carretera y la gente empezó a sumarse y cuestionaron porqué los marinos manejan a alta velocidad. Exigieron la salida de la Marina que ha estado operando en la región.
Vecinos de las comunidades de San Miguel Tecomatlán y colonia Cuauhtémoc del municipio de Tlalchapa que están cerca de Poliutla, se enteraron del hecho y llegaron con pancartas para protestar por la detención de cuatro personas en hechos ocurridos hace 20 días y por el cual ya se habían manifestado pues la Marina dijo oficialmente que los detuvieron con armas en el Estado de México, mientras que los vecinos de esa localidad aseguraron que los cuatro habían sido detenidos en ese mismo municipio y sin cometer ningún delito.
Hasta las 10 de la noche de este jueves la carretera se mantenía bloqueada por los vecinos de Poliutla y solamente liberaban la carretera cada media hora para permitir el paso de vehículos y volvían a bloquear.

La violencia en la capital es porque está sitiada por comunitarios y delincuentes, dice el alcalde

Ayer otra narcomanta fue hallada en esta ciudad, ahora en un puente peatonal frente al mercado central, antes de que el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena hiciera un recorrido en el que dijo grupos de la delincuencia organizada y policías comunitarios tienen sitiado a Chilpancingo, lo que aseguró que es el motivo de la violencia en la capital.
Este jueves a las 7:30 de la mañana el alcalde convocó a un recorrido a los comerciantes fijos y ambulantes, quienes bloquearon el lunes la avenida Insurgentes para exigir la destitución del administrador de esta central de abasto, Daniel Bautista González.
El alcalde llegó a las 8 de la mañana, en ese momento policías municipales vieron la narcomanta en el puente del mercado, debajo de un anuncio del primer año de gobierno del priista Leyva Mena y ordenaron que la quitaran.
El texto era el mismo de que que apareció en miércoles en el paso a desnivel en el centro de la ciudad: “Ya no mates inocentes puto Isaac Navarrete Celis roba tráiler aquí estamos esta Plaza no te pertenece se los se los va a cargar (…) junto con Juan Guevara Rodríguez alias El jaliaco Rafael Medina Hurtado alias el gordo y también chóforo también tu perro, charro, Tita, conejo, chillón, pechan los tenemos ubicados putos mata niños topense con nosotros estamos por todos lados Att. los jefes”, se leía en la manta blanca con letras negras y rojas.
Antes de iniciar el recorrido se consultó a Leyva Mena, “yo no soy de la política de esconder lo que sucede en Chilpancingo, hay un repunte de la violencia muy fuerte, este tipo de grupos delincuenciales tiene un lineamiento de carácter federal y estatal, al municipio le corresponde trabajar en la prevención del delito”, expuso.
Se le preguntó si la manta era algún tipo de advertencia o amenaza a él y respondió que no sabe cuál sea la intención, que implicaría “desentrañar” la estrategia de la delincuencia organizada.
De la narcomanta Leyva Mena dijo que es un buen momento para preguntar a la Procuraduría General de la República (PGR), los avances en las investigaciones de la denuncia que interpuso debido a las amenazas que recibió de la delincuencia organizada.
Manifestó que el repunte de la violencia se debe a las batallas de los grupos delincuenciales, que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe de responder con operaciones con el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Ministerial y la Municipal.
“Hay que recordar que Chilpancingo está rodeado de un asunto de este tipo de organizaciones criminales, por el lado de Mochitlán hay un grupo muy conocido, por el lado de Tlacotepec (en la sierra) hay otro grupo conocido, por el lado de Leonardo Bravo (Chichihualco) otro grupo conocido, y luego por si fuera poco las policías comunitarias que también están. No es un asunto fácil de resolver”, afirmó el alcalde.
Aseguró que el municipio no ha sido rebasado porque los criminales usan el factor sorpresa. Consideró que este tipo de amenazas están latentes hacia la autoridad que deberá de responder con la debida aplicación de la ley.

Reclamos de comerciantes en el recorrido

Antes de iniciar el recorrido Marco Antonio Leyva Mena se tomó un café en la nave 4 del mercado, rodeado de sus guardaespaldas, se dirigió a los baños, ahí una comerciante le reclamó que los baños están en malas condiciones, que hace falta agua y casi siempre están sucios.
En el estacionamiento donde se encuentra el basurero había mucha basura y malos olores, y es ahí donde se hacen las cargas y descargas de alimentos.
El presidente municipal dijo que, “estoy sorprendido”, que se deben de colocar contenedores de basura para que no esté tirada en el suelo, mientras se busca un lugar más cercano para tirar los desechos.
No recorrió todo el mercado y acudió porque comerciantes del mercado que bloquearon la avenida le pidieron que acudiera al mercado para que conociera los problemas de la central de abasto. El recorrido fue programado el miércoles pero el presidente municipal los suspendió y se hizo ayer.

Toman el Palacio de Teloloapan comunitarios de la Tecampanera en su segundo día de protestas

En su segundo día de protestas y el bloqueo de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, policías comunitarios y autodefensas cerraron la tarde de ayer el Palacio municipal de Teloloapan, para presionar a las autoridades estatales a que atiendan sus exigencias de seguridad de la Marina y la Policía Federal, el rescate de los tres herreros secuestrados y permitir que las comunitarios sigan operando armados.
En el segundo día de protestas, los comunitarios de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala cumplieron más de 33 horas del cierre de los accesos a Teloloapan con los dos bloqueos a la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano, en las salidas hacia Arcelia e Iguala, en el primer bloqueo total que se mantuvo desde la 1:30 de la tarde del jueves, y el segundo intermitente, que se abría cada dos horas para dar paso a algunos automovilistas.
A las 3:30 de la tarde y ante la desatención del gobierno estatal, unos 100 comunitarios armados tomaron la sede del Ayuntamiento de Teloloapan, el cual ya había sido desalojado por trabajadores y funcionarios, y al llegar ya estaba cerrado.
Afuera del Palacio, comunitarios en su mayoría armados, se quedaron en plantón, en tanto que los otros grupos en los que participan integrantes del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) y la autodefensa de Cuetzala, se mantuvieron en los bloqueos de la carretera.
En la tarde, uno de los coordinadores de la Tecampanera informó de la integración de una comisión que había salido a las 7 de la noche de Teloloapan para reunirse en Chilpancingo con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame. Minutos antes de las 10 de la noche, informó que ya habían entrado a la mesa de negociaciones en la que también estaba el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño y otros funcionarios del gabinete estatal.
En el segundo día de protestas, las calles quedaron vacías, casi dos mil negocios cerrados, las clases suspendidas en 30 escuelas de diferentes niveles y el transporte paralizado.
El jueves, unos 3 mil comunitarios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan, marcharon en esa cabecera municipal, hicieron un mitin y bloquearon la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que también es la entrada desde la región Norte a la Tierra Caliente, lo que dejó varios vehículos varados.

El pliego de peticiones

En su pliego de peticiones, los comunitarios exigen el recate con vida de los tres herreros secuestrados hace una semana en Totoltepec, a manos de un grupo armado de la organización La Familia Michoacana. Piden también la captura de los principales líderes de la organización criminal y la investigación al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de proteger a la organización.
En las demandas también exigen que brinden seguridad la Marina y la Policía Federal, ante la falta de resultados del Ejército.
En declaraciones por teléfono ofrecidas la mañana de ayer, uno de los comunitarios advirtió que no dejarán las armas, y dijo que entre sus exigencia está que el gobierno deje trabajando a los comunitarios, ante la exigencia y la amenaza del gobernador Héctor Astudillo Flores de desarmarlos.
En ese momento, había advertido que no levantarían sus protestas hasta que se firme un acuerdo en el que el gobierno se comprometa a dejar a los comunitarios seguir trabajando.
Por la tarde, después de la toma del Palacio otro comunitario dijo, también vía telefónica, que esa determinación fue porque, “el señor gobernador no ha resuelto nada de nuestras peticiones, no ha tomado cartas en el asunto y ayer (jueves) quedó que mandaría a alguien para hablar con nosotros, su secretario no llegó y hoy nos mandó un comunicado que en una hora estaba en Teloloapan, y volvió a pasar lo mismo, no llegó nadie”, dijo molesto.
Dijo que su lucha no es contra el gobierno ni la ciudadanía, “queremos que nos entiendan, que la desesperación en Teloloapan es grande, nuestros tres compañeros herreros son personas que salieron a buscar la vida, fueron a buscar el pan de cada día para su familia y fueron secuestrados por la Familia Michoacana”.
Señaló que, “creemos justo que el gobernador tome cartas en el asunto, que ya busque a estas personas que se dedican a secuestrar y a hacerle daño a muchas personas. Como vecinos de Teloloapan hemos vivido años de terror a causa de esa gente”.
Dijo al gobernador Astudillo y a la población que, “nosotros nos hemos visto en la necesidad de levantarnos en armas porque los que somos parte de la Policía Comunitaria somos comerciantes, campesinos, maestros o transportistas, y todos tenemos familia que han sido víctimas del crimen organizado con secuestros, extorsiones, desapariciones o asesinatos”.
“Hoy lo estamos haciendo por nuestros tres hermanos herreros, y después si hay necesidad, lo haremos por cualquier ciudadano de Teloloapan, aquí ya no se le va a dejar solo a ningún ciudadano de Teloloapan”, sostuvo.
A las 12 de la noche, aún no concluía la reunión de integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera, en Palacio de Gobierno, con el secretario general, Florencio Salazar Adame, y con el fiscal general de estado, Xavier Olea Peláez.
Tampoco se daban a conocer todavía los acuerdos entre la organización que exige que se respete su derecho a usar armas.

Marchan 3 mil ciudadanos en Teloloapan, paralizan la ciudad y cierran la carretera para exigir seguridad

Más de 3 mil policías comunitarios de la Tecampanera, del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), de la autodefensa de Cuetzala, comerciantes, transportistas, amas de casa y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal, hicieron un mitin en el Zócalo y paralizaron la ciudad con dos bloqueos en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que seguían hasta las 11:50 de la noche.
Las autodefensas de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, municipios de la zona Norte que colindan con la región de Tierra Caliente, pidieron a los gobiernos del estado y la federación que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, quien envió a transportistas a bloquear la carretera este lunes cuando supo que la comunitaria tecampanera iba a protestar.
Acusaron al priista de proteger al grupo criminal La Familia Michoacana, al que responsabilizan de los secuestros, levantones, asesinatos y extorsiones ocurridos en esa región.
Fuentes del movimiento informaron que comunitarios de Teloloapan desarmaron a policías estatales alrededor de las 6 de la tarde, no se precisó a cuántos pero según esta versión los agentes quisieron pasar el bloqueo del lado de Iguala y les quitaron las armas.
La protesta de ayer fue también para exigir seguridad, paz y tranquilidad a los gobiernos estatal y federal, la presentación con vida de los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan, y la llegada de la Marina y la Policía federal.
Reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un año de gobierno no ha cumplido su promesa de campaña de llevar paz a este municipio.

La marcha

A las 11:20 de la mañana más de 3 mil comunitarios salieron en marcha del crucero el Caracol en la desviación hacia el municipio de Apaxtla y la carretera hacia Iguala, a unos 300 metros del retén militar.
Caminaron por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y entraron al Zócalo por la avenida Club de Leones a la plaza Eutimio Pinzón del Zócalo, frente al Palacio Municipal donde hicieron un mitin.
El contingente era encabezado por mujeres que cargaban una lona con el texto: “Los ciudadanos de Teloloapan apoyamos a los comunitarios en la lucha por la paz y la tranquilidad de Teloloapan”. También se leyeron cartulinas en las que se pide paz y tranquilidad al gobierno y otras: “Ya no queremos más secuestros, extorsiones ni levantones”.
La mayoría iba armada con rifles, pistolas, retrocargas y escopetas de bajo calibre, algunos con chalecos tácticos y antibalas, con carrilleras de cartucho de las armas usadas, radios de comunicación y pocos llevaban el rostro cubierto.
En el recorrido algunos comunitarios armados detuvieron para su revisión a personas que vieron grabando o tomando fotografías con teléfonos celulares, a los cuales cuestionaban el motivo y ante la sospecha de que fueran halcones (informantes) de la delincuencia.
Se demandó al gobierno estatal que presente con vida a los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan contratados por el Ayuntamiento y por quienes los delincuentes piden 2 millones de pesos de rescate.
Ante la movilización de comunitarios y la amenaza de una irrupción de sicarios de La Familia Michoacana que se difundió en redes sociales, unas 30 escuelas, 2 mil comercios, el mercado municipal, los bancos, gasolineras y el transporte público de la cabecera suspendieron actividades, lo que dejó las calles desiertas durante el día.

El alcalde de Arcelia tiene vínculos con la delincuencia, denuncian

En el mitin en el Zócalo frente al Ayuntamiento uno de los oradores de la policía Tecampanera, que omitió su nombre, pidió a los gobiernos estatal y federal que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán.
“Exigimos la investigación de las autoridades del municipio cercano de Arcelia donde ha sido el presidente municipal quien ha coordinado las acciones para repeler cualquier situación que perjudique a ese cártel (La Familia Michoacana), porque es de la delincuencia organizada”, señaló.
“Ya no más secuestros, ya no más extorsiones, exigimos la investigación del presidente de Arcelia que es quien coordina las acciones para poder repeler cualquier acción que atente en contra de los intereses del grupo delictivo asentado ahí”, insistió.
Demandó una policía efectiva “un Ejército que actúe, una Policía Estatal que verdaderamente coadyuve en los esfuerzos que hacemos los ciudadanos porque a Teloloapan lo está cuidando el mismo Teloloapan”.
Pidió que se instalen bases de la policía y del Ejército en las comunidades de Totoltepec y Alahuixtlán, esta última pegada al municipio de Ixcapuzalco y que son considerados en este momento por los comunitarios las zonas de mayor riesgo.
Dijo que las policías comunitarias asentadas en los municipios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan han dado muchos más resultados que las corporaciones policiacas y militares en varios años.
Advirtió al gobierno estatal y federal que no dejarán las armas y seguirán defendiendo a sus familias y lo que es de ellos.
Otro comunitario que tomó el micrófono criticó al gobierno de Héctor Astudillo Flores “que se comprometió a traer paz para Guerrero y hasta el momento no la veo, y creo que nadie de los que está aquí vivimos en paz”.
Dio a conocer que hace poco más de tres meses en una propiedad de su familia fueron hallados los restos de dos cuerpos, de los cuales creen que uno es de su cuñado. Lamentó que desde ese tiempo el gobierno estatal ni el federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR), hayan emitido los dictámenes periciales para confirmar si son o no los restos de su familiar secuestrado en Teloloapan.
Uno más dijo al gobernador que “ya no queremos sus despensas, sus migajas y su frijol podrido, queremos que nos mande seguridad, que nuestros hijos se paseen en las calles y que sean dignos de ir al mercado porque las mujeres ya no quieren salir por miedo”.
Otro de los oradores expuso que en Teloloapan todas las familias, al menos uno de sus integrantes, han sido víctimas de la delincuencia organizada con un secuestro, extorsión, asesinato o desaparición, “ya basta, de Teloloapan no van a llevarse a nadie más”.
Exhortó al gobierno estatal y federal a que “intervengan en este municipio y rescaten con vida a los compañeros que nos han quitado de nuestro municipio”.
Criticó la falta de resultados del Ejército y dijo que no necesitan “damas de compañía” en las operaciones porque “las palmadas en la espalda y las bendiciones nos las dan nuestras familias y Dios… necesitamos que actúen con nosotros y que nos apoyen en esta lucha que como pueblo hemos emprendido. Teloloapan ya no quiere más desaparecidos, no quiere secuestros ni extorsiones, queremos un pueblo en paz”.

El Bloqueo

Al anunciar los bloqueos a la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en las salidas hacia Iguala y Arcelia, uno de los oradores y coordinadores de la comunitaria Tecampanera advirtió que estos serían permanentes y por tiempo indefinido “hasta que el gobierno del estado envíe una mesa de negociación, hasta tener acuerdos firmados en papel, ya no más promesas del gobierno del estado de que nos van a venir a apoyar, el día de hoy necesitamos compromisos claros y que podamos contar ya con la presencia de la Marina y de la Policía Federal para que ayuden y coadyuven en este esfuerzo ciudadano”.
A la 1:30 de la tarde unos mil comunitarios dispersos en cuatro puntos bloquearon la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano en el tramo de Teloloapan a Arcelia, a unos 500 metros de la cabecera municipal, cerca de la entrada a la brecha de terracería que lleva a la comunidad La Magdalena, que según los pobladores es ocupada por el grupo criminal para colocar retenes, secuestrar y extorsionar.
Otro grupo cerró en la salida a Iguala a poco menos de un kilómetro antes de llegar a la cabecera municipal, cerca del retén militar.
En ambos bloqueos cerraron la circulación vehicular con camionetas particulares, algunas blindadas y con el uso de camiones de carga que pasaron por el lugar y que atravesaron en la carretera. Sólo se permitía el paso a ambulancias y vehículos con personas enfermas.
En el bloqueo los inconformes exigieron presencia de funcionarios del gobierno del estado para firmar una minuta de acuerdos, en la que se comprometan a garantizar la seguridad en el municipio, a enviar soldados de la Marina y policías federales porque no hay Policía Municipal ni Estatal, y “el Ejército no actúa”.
Ante los bloqueos decenas de vehículos particulares, del transporte público y de carga quedaron varados en la salida hacia Iguala y hacia Arcelia.
Uno de los comunitarios consultado a las 11:50 de la noche informó que el cierre de la carretera federal continuaría hasta tener una respuesta por escrito del gobierno del estado a su pliego de peticiones.
Informó que ya estaban en pláticas con un funcionario del gobierno del estado y estaban dejando pasar cada dos horas a algunos de los vehículos varados.

Acuerda la sección 14 del SUSPEG unirse al paro contra la reforma educativa de la CNTE

El secretario general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio informó que en una reunión los maestros estatales acordaron unirse al paro indefinido nacional que convoca la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para el 15 de mayo, como parte de las acciones de rechazo a la reforma educativa.
El dirigente informó que otro de los acuerdos en la asamblea general extraordinaria, que fue el viernes en la escuela Club de Leones, es que el 1 de mayo, Día del Trabajo, marcharán en Acapulco, saliendo en el Asta Bandera a las 10 de la mañana.
Moreno Benicio informó que los maestros estatales están de acuerdo con una evaluación formativa y de diagnóstico, pero la que marca la reforma educativa no lo es.
Señaló que los docentes estatales manifestaron su desacuerdo con el despido de maestros que anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Guerrero, porque eso conlleva a que se pierda la plaza base, y por eso acordaron unirse al paro indefinido a nivel nacional, desde el 15 de mayo; dijo que el 13 de mayo se van a reunir para informar a las autoridades la decisión.
Moreno Benicio informó que entre los muchos problemas que enfrentan sus agremiados, está la quiebra del Instituto de Seguridad Social de los Servicios Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), que ha afectado a los jubilados y pensionados.
Añadió que las autoridades han incumplido la ley, pues desde 2011 se autorizó un aumento del 5 por ciento al bono de la permanencia, pero no se ha aplicado, los maestros exigen a la autoridad que se cumpla y les han dado de plazo hasta el 20 de mayo, cuando tomarán acciones en todo el estado, pues son a más de 200 maestros a los que les debe, incluyendo a los que ya se jubilaron y quieren que se les vaya abonando a través del ISSSPEG.
Otro problemas que se ha resuelto es el de infraestructura para las escuelas, donde hay muchas deficiencias; asimismo, sobre la inseguridad indicó que algunas escuelas están siendo vigiladas, las de la zona urbana por el Ejército y la Marina, mientras en la zona rural son policías comunitarios.

Detienen ministeriales a El Bombón, operador del grupo criminal Los Rojos en Chilpancingo

El presunto integrante del cártel de Los Rojos Onésimo Castillo Adame El Bombón, fue detenido el jueves por la Policía Ministerial en un retén en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo cerca de San Luis La Loma, municipio de Tecpan.
La detención de Castillo Adame ocurrió a las 10 de la mañana, los policías ministeriales contaban con una orden de aprensión en su contra.
Los informes refieren que Castillo Adame viajaba en una camioneta en la que también hallaron un arma calibre 9 milímetros con dos cargadores abastecidos.
También se conoció que habría sido detenido Luis Isaac Castillo Adame, quien es funcionario municipal en el área de Planeación del Ayuntamiento de Tecpan, pero ninguna autoridad confirmó la información.
El hermano de Onésimo Castillo, Luis Castillo Adame, quien cuenta con medidas cautelares, difundió por redes sociales que su hermano había sido privado de la libertad por hombres desconocidos.
De acuerdo con la agencia Reforma, el detenido fue trasladado a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Según la Fiscalía, a Castillo Adame, quien es hijo del empresario y ex subsecretario de Finanzas del Estado durante la administración del ex gobernador perredista Zeferino Torreblanca, Luis Castillo García, junto con los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arellano, son señalados como los responsables de la ola de violencia que se ha registrado en la capital de Guerrero en los últimos cuatro meses, que ha provocado el cierre de decenas de negocios.
“Castillo era el encargado de cobrar cuotas y planear secuestros (de empresarios) en la capital, donde un grupo delincuencial, quienes colocaron mantas en puentes peatonales de Chilpancingo, ofrecían 500 mil pesos a quien diera informes para llevarlo a su captura”, indicaron las autoridades investigadoras.
De acuerdo con la agencia Proceso, las autoridades ubican a Castillo Adame como uno de los líderes del grupo delictivo Los Rojos y lo responsabilizan de la ola de violencia, secuestros y extorsiones en la sierra y la ciudad de Chilpancingo.
Las autoridades refieren que Onésimo Castillo es yerno de José Nava Romero Don Che, líder de Los Rojos que fue asesinado en junio del 2013 en Puebla, y hermano del fundador de este grupo delictivo surgido en el poblado sierreño de Corral de Piedra, Jesús Nava Romero, ex lugarteniente del extinto capo Arturo Beltrán Leyva, ambos abatidos por la Marina en diciembre de 2009 en Cuernavaca.

Los vínculos del detenido con el crimen organizado, un recuento desde 2014

Desde agosto de 2014, Proceso documentó los presuntos nexos de Onésimo Castillo con la delincuencia.
La madrugada del 14 de agosto de 2014, un comando baleó un antro ubicado al norte de esta capital, propiedad del exfuncionario estatal y dirigente del PRD Luis Castillo García, y administrado por su hijo Onésimo Castillo Adame, señalado en ese tiempo por autoridades federales como líder de una célula del grupo delictivo Guerreros Unidos que opera en la región Centro de la entidad.
El antro se ha caracterizado por ser el escenario para grupos musicales dedicados a interpretar narcocorridos.
Autoridades federales señalaban en ese entonces a Onésimo Castillo como líder de una pandilla al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos, que disputaban la plaza de Chilpancingo frente a los remanentes de Los Rojos.
A mediados de febrero del mismo año, un comando irrumpió en el domicilio del dirigente perredista Luis Castillo, ubicado en pleno centro de la capital y se llevó por la fuerza a su hijo mayor Luis Castillo Adame, funcionario municipal en la actual administración del alcalde priista de Tecpan, Leopoldo Soberanis.
Días después, agentes federales liberaron al joven en un cateo a un inmueble al oriente de esta ciudad, donde fueron encontradas al menos una decena de personas privadas de su libertad, indican reportes periodísticos de ese entonces.
Dos años después y tras los constantes señalamientos públicos contra Onésimo Castillo, las autoridades decidieron detener al presunto delincuente que estaba refugiado en la Costa Grande, zona controlada por el grupo delictivo Fuerza Guerrerense, conformado por la banda de Los Granados y células al servicio del ex alcalde priista de Petatlán, Rogaciano Alba, preso acusado de narco.

No tienen fecha para hablar con funcionarios sobre la marina, dicen restauranteros afectados

A casi un mes de que se reunieron con autoridades municipales y les prometieran que se iniciarían mesas de trabajo para atender sus peticiones, los restauranteros y comerciantes de Puerto Marqués afectados por la marina Majahua siguen a la espera de la fecha para el diálogo y de los resultados de los dictámenes que elaboró Protección Civil municipal de los locales dañados.
El restaurantero Miguel Ángel Martínez Ibarra indicó que también esperan la llamada del asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Flores Maldonado, para que les diga cuándo se reactivan las mesas de trabajo con funcionarios federales para la reconstrucción de los negocios dañados.
Los restauranteros y comerciantes de Puerto Marqués se reunieron el martes 13 de enero pasado con el subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Eutimio Rodríguez Maganda, a quien le pidieron descuentos en el pago de la licencia de funcionamiento y en servicios públicos. Y acordaron que el siguiente viernes empezarían las mesas de trabajo para ver cada uno de los casos.
Sin embargo, a casi un mes de dicha reunión, la autoridad municipal no se ha comunicado con ellos, se quejó Miguel Ángel Martínez, quien agregó que siguen esperando la respuesta a las peticiones que hicieron.
Entre las solicitudes también está la revisión de la zona federal marítimo terrestre para que se hicieran reajustes para el pago de derechos, y que principalmente se atendiera los negocios que se quedaron sin playa debido al cambio del oleaje por la construcción de la marina.
Tampoco han recibido los dictámenes que quedó de elaborar Protección Civil municipal después de la revisión que hizo a las estructuras de los restaurantes dañados.
El 14 de enero, los restauranteros se reunieron con el asesor del gobernador y acordaron que se reiniciarían las pláticas con el gobierno federal, pero no les han informado cuándo se encontrarán nuevamente con los funcionarios federales.