Tomás Tenorio Galindo
El dilema que se le presenta al perredismo de Guerrero excede la mera elección de su candidato a la gubernatura. El PRD y las fuerzas eventualmente aliadas a ese partido tendrán que escoger entre candidatos totalmente opuestos, que representan proyectos totalmente distintos.
Al contrario de lo que sucedió en el PRI, cuyo abanico de opciones estaba representado por políticos cuyas diferencias ideológicas y vitales eran relativamente superficiales, en el caso del PRD la polarización entre un político con la trayectoria de izquierda social del senador Armando Chavarría y otro con las características gerencialistas del diputado federal Zeferino Torreblanca, produce una disyuntiva profunda, que tiene que ver con el tipo de programa que el PRD habrá de ofrecer en la campaña y el tipo de gobierno que eventualmente pondría en práctica de triunfar en las elecciones de febrero de 2005. A juzgar por las constancias públicas del pensamiento de cada uno, es claramente perceptible que las cosas serían muy diferentes con uno u otro precandidato. La debilidad política de los otros dos precandidatos, Félix Salgado Macedonio y Angel Pérez Palacios, acota todavía más el problema.
Esa es la disyuntiva que tendrá que resolver de alguna manera el PRD, y que ha suscitado un áspero debate entre las fuerzas de los dos principales precandidatos. En su forma, este debate es sobre el método para elegir al candidato; pero la sustancia va más allá y se refiere a la oferta de gobierno que hará el PRD a los electores guerrerenses. En efecto, el dilema no es si el candidato se elige por encuesta o por elección interna, sino cuál es la alternancia que terminarán proponiendo el PRD y las fuerzas de oposición que se alíen con ese partido para contender por la gubernatura.
Por un lado está un proyecto congruente con la historia del PRD, que se identifica con las causas sociales y las luchas de la izquierda, que postula la construcción de un liderazgo de largo plazo para reinsertar a Guerrero en el siglo XXI; por el otro, un proyecto distanciado de las banderas perredistas, abiertamente gerencialista, que enfatiza la buena recaudación y la buena administración, y que ha dado muestras de carecer de sensibilidad y visión social. El primero habla de trabajo, comida, salud y educación; el segundo habla de crear más impuestos y de administrar mejor.
La discusión sobre el método para seleccionar candidato oculta la realidad de este conflicto ideológico. En realidad cualquier método es bueno siempre que sea producto de un acuerdo entre los precandidatos y las instancias del partido. Incluso el de la encuesta, o el del candidato de unidad. Pero el empecinamiento de Zeferino Torreblanca y sus partidarios por brincarse las reglas internas del PRD, con el falso argumento de que la encuesta es el “mejor” método, ha generado una fuerte reacción de amplios sectores perredistas y de la propia campaña de Armando Chavarría. La guerra zeferinista por desfigurar la naturalidad y superioridad del proceso electivo, previsto en los estatutos perredistas, ha terminado por desfigurar la aportación o la utilidad de una encuesta (no prevista) en la selección del candidato. Porque una encuesta es viable sólo si hay consenso para emplearla; en cambio un proceso electivo es la solución para resolver las cosas cuando hay desacuerdo. Si no hay consenso, que decida el voto. Es falso, como se ha aducido públicamente, que el antecedente de fraude en comicios perredistas internos condene al fracaso todo ejercicio de esa naturaleza. Eso depende del comportamiento de los propios precandidatos. Y es igualmente falso que no puedan establecerse reglas, negociadas entre precandidatos, para garantizar la equidad y limpieza en la elección interna.
Si Zeferino Torreblanca y sus partidarios dan por hecho que acaparan el mayor puntaje en las preferencias preelectorales, ¿no resulta incomprensible que se obstine en la encuesta cuando se supone que saldría bien librado de una elección abierta a la ciudadanía?
La obstinación zeferinista tiene una explicación. El diputado Zeferino Torreblanca ha cometido en los últimos siete años varios errores graves en su relación con el perredismo de Guerrero. El PRD lo hizo por primera vez diputado federal en 1997, pero de inmediato abandonó la fracción del partido y se declaró diputado independiente; cuando el PRD lo llevó a la alcaldía de Acapulco en 1999, se olvidó del partido y gobernó exclusivamente con sus amigos; y cuando terminó su gestión en Acapulco en 2002 y quiso ser candidato a gobernador, buscó y obtuvo el apoyo del centro y de la entonces dirigente nacional del PRD, Rosario Robles, olvidando al perredismo guerrerense. Zeferino se acordó que existía en Guerrero el PRD, sólo cuando Rosario Robles perdió la dirigencia presionada por los resultados en los comicios de julio del 2003; empezó entonces a proclamar un inverosímil amor por el PRD, pero fue demasiado tarde.
El ex alcalde de Acapulco tuvo muchos años y muchas oportunidades para fortalecer su relación con el PRD y con el perredismo, y desaprovechó todos esos años y todas las oportunidades. Prefirió construir su carrera política manteniendo distancia del PRD, al que ha recurrido solamente para utilizar sus siglas.
A eso le tiene miedo hoy Zeferino Torreblanca, a que el perredismo de base le cobre esas facturas. Teme que en un proceso electivo se refleje el rechazo de los perredistas a su figura, a su ideología gerencialista y a su estilo personal de hacer política. De ahí su estrategia de buscar por todos los medios descalificar la elección abierta para designar al candidato. Por eso el endiosamiento de la encuesta. Por eso su campaña para espantar con el petate del fraude interno.