Etiqueta: Ministerio Público federal

BREVES

Dejan a un hombre ejecutado, atado de pies y manos y con un narcomensaje en Jocotitlán, Tetipac

La tarde del sábado, un hombre fue asesinado a balazos y los homicidas dejaron un narcomensaje al lado del cuerpo en la comunidad de Jocotitlán, del municipio de Tetipac.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a las 4:19 de la tarde de este sábado se recibió una llamada anónima dando aviso de que había un hombre asesinado a la orilla de un camino de terracería.
Al lado del cuerpo, hallaron una cartulina blanca con letras negras y se leía: “Ya les advertí no quiero lacras, los que roban al campesino van a terminar así, atte. Es mi terreno putos lacras…”, “Ya los tengo en la mira”.
La víctima tenía cerca de 40 años y vestía pantalón azul de mezclilla, chamarra café y zapatos, estaba atado de pies y manos, su cuerpo fue hallado boca abajo en un camino de terracería.
Al lugar de los hechos acudieron policías estatales y militares para resguardar la zona, y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias de ley.
El cuerpo no ha sido identificado y fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala para practicarle la necropsia de ley.

Balean a un taxista en un sitio de Urvan de Chilapa, luego muere en el hospital

Un taxista murió cuando recibía atención médica en el hospital general de Chilapa, luego de que fue atacado a balazos en el sitio de Urvan que van hacia el municipio de Zitlala.
Se supo que la víctima se llamaba Cirilo Procopio Cuachirria, de 38 años, quien era vecino de Chilapa.
De acuerdo con fuentes policiacas, a las 12 del día recibieron una llamada anónima que avisó que en un sitio de transporte público de Chilapa había un hombre herido de bala.
Según testigos, la víctima se encontraba a bordo de su vehículo cuando fue atacada a balazos por hombres armados. El taxista fue trasladado al hospital general para recibir atención médica pero más tarde perdió la vida. El cuerpo fue entregado a sus familiares para su sepultura.

Destruye la Gendarmería un sembradío de 11 mil metros de amapola en La Ciénega, Chilpancingo

Agentes de la Gendarmería Nacional destruyeron un sembradío de amapola en la comunidad La Ciénega, del municipio de Chilpancingo y detuvieron a un hombre.
De acuerdo con un boletín de la dependencia, después de un recorrido en el camino que conduce a la comunidad La Ciénega, los gendarmes hallaron un predio de 11 mil metros cuadrados con 110 mil plantas de amapola.
Cerca del sembradío estaba un menor de edad y un hombre de unos 35 años, quienes dijeron que sembraron la planta de amapola y cuidaban el lugar.
La dependencia informó que las 110 mil plantas de amapola fueron destruidas por los agentes de la Gendarmería.
Uno de los detenidos fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, y el menor de edad fue trasladado al Ministerio Público especializado en adolescentes para realizar las investigaciones correspondientes.

Detiene la PF a un tendero de Las Querendas, Pungarabato; lo libera ante protestas de vecinos

Policías federales catearon una casa en la comunidad de Las Querendas, municipio de Pungarabato, y detuvieron al dueño, a quien posteriormente liberaron tras las protestas de vecinos.
Alrededor de las 9 de la noche de este viernes, policías federales ingresaron con violencia, según relataron vecinos, a una casa ubicada a la orilla de la carretera estatal a Tlalchapa, en la que también hay una tienda.
Los federales amagaron con armas a una menor de 10 años de edad que se estaba bañando, e ingresaron exigiendo que les entregaran las armas y la droga.
El dueño de la casa y de la tienda, Ponciano Pérez relató que le apuntaron con armas y que se llevaron de su casa un rifle calibre 22, que tiene registrado, y un rifle de postas. También dijo que tras el ingreso de los federales aparecieron en su casa “una pistola .380 y una pistola .9 milímetros, pero que no son mías, no se cómo aparecieron ahi”; los familiares acusaron a los policías federales de sembrar las armas en la casa.
Los vecinos comenzaron a juntarse y vieron el momento en el que se llevaban a Ponciano Pérez, a quien, dijeron, pondrían en manos del Ministerio Público federal.
La gente siguió en varios vehículos a las patrullas, pero los policías no fueron a su base ni al Ministerio Público, sino que se detuvieron en la calle 5 de febrero, junto a la glorieta de las Américas, a donde la gente comenzó a cerrarles el paso.
Cerca había un festejo del Club Rotario donde estaba el alcalde de Pungarabato, Ambrocio Soto Duarte, a quien pidieron su intervención. De ahí, los vecinos, los policías federales y el tendero se fueron al Ayuntamiento, donde hicieron firmar a Ponciano Pérez un documento en el que exonera a los federales de las agresiones.
“No se lo que firmé”, dijo Ponciano Pérez, quien aseguró que no sabe leer y que desconoce lo que decía el documento que le dieron a firmar. Luego fue dejado en libertad, cuando ya había más de 100 vecinos afuera del Ayuntamiento.
Minutos después, soldados del Ejército arribaron a Las Querendas, a donde ya había regresado Ponciano Perez. Los soldados revisaron la casa y el saqueo del lugar. El presunto agraviado expresó que le robaron de su tienda “las tarjetas de celulares (y) 30 mil pesos que llevaba de la cuenta del día”.
También le quitaron una camioneta Expedition roja que tenía estacionada afuera de su casa, pero los federales la devolvieron ante el reclamo de los vecinos.
Los más de 100 vecinos reunidos alrededor de la casa pidieron a los soldados que inspeccionaran el lugar, donde los militares tomaron fotografías y recabaron testimonios de lo sucedido; luego, los vecinos reunieron firmas para denunciar el cateo de la casa, el allanamiento, las amenazas y el robo, en respaldo del agraviado.

En siete meses ninguna autoridad halló pistas de los 57 desaparecidos en Chilapa

Durante los últimos siete meses del año que culmina, ni las autoridades federales ni las de dos administraciones locales y estatales dieron noticias del paradero de al menos 57 desaparecidos en Chilapa a sus familiares, ni del asesinato de un padre que exigía la presentación con vida de sus tres hijos.
El 9 de mayo de 2015, a la ciudad ingresaron unos 300 civiles armados provenientes del sur del municipio, quienes dijeron que venían en busca de criminales que habían causado daño en sus localidades.
Dos días después, vecinos de Chilapa marcharon en la cabecera municipal y encararon a los hombres armados, a los que acusaron de haberse llevado a unos 30 pobladores frente a policías y militares, quienes siguen desaparecidos.
El 14 de mayo, los civiles armados salieron de la ciudad después de una reunión con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y con la condición de que el Ejército detuviera a un líder criminal vinculado al grupo criminal de Los Rojos.
El número de vecinos organizados para reclamar a sus desaparecidos comenzó a disminuir, sólo quedaron familiares de 14 de ellos, aunque después se sumaron otros dos que continúan exigiendo la presentación con vida de sus desaparecidos.
Las familias vincularon a los responsables de las desapariciones con el grupo delictivo Los Ardillos, que mantienen una disputa con Los Rojos, aunque negaron vínculos de sus desaparecidos con cualquiera de los dos grupos.
El comisario ejidal de Xiloxuchicán, José Apolonio manifestó que sí retuvieron a los familiares y aseguró que los habían entregado a la Gendarmería, pero los familiares no aceptaron la declaración, y en cambio han hecho llamados a las autoridades federales, estatales y municipales para que coadyuven en la búsqueda de sus desaparecidos.
En mayo la administración municipal estaba en manos del priista Francisco Javier García Gonzáles, quien pocos días después de la salida de los civiles armados y en presencia de representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) afirmó que apoyaría a las familias que quedaron desamparadas durante el proceso de búsqueda, pues supo que en la mayoría de los desaparecidos eran jefes de familia. Esto no ocurrió.
Ahora preside el Ayuntamiento de Chilapa el también priista Jesús Parra García, cuya administración tampoco ha cubierto las necesidades básicas de las familias.

No hay avance pese a los compromisos de los gobiernos federal y estatal

El 20 de mayo, a la ciudad arribó el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien informó a los familiares de desaparecidos que la dependencia coadyuvaría en la búsqueda de sus parientes y que tomaría el control de seguridad del municipio para trabajar en la contención de la delincuencia organizada. Ese día, los familiares retomaron la esperanza de recuperar a sus familiares.
También, los familiares solicitaron la presencia del entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez, a quien le reprocharon haberse reunido con los pobladores del sur de Chilapa, pero no con los de la cabecera municipal que reclamaban a sus familiares desaparecidos.
Fue hasta el 24 de mayo cuando Ortega Martínez se reunió con los familiares en Chilapa. Durante el encuentro, familiares de un desaparecido el 30 de marzo, Gilberto Abundis, reprocharon al alcalde y al gobernador la desaparición de su familiar, a quien el 23 de mayo identificaron en una foto de un periódico de nota roja que consignaba el hallazgo de cuerpos en la comunidad de Nejapa, municipio de Chilapa. La seña con la que lo distinguieron sus familiares fue un tatuaje en la espalda.
Conforme pasaron los días, a esta lista de desaparecidos se sumaron más, de antes del 9 y de después del 14 de mayo.
En tres ocasiones ha acudido a la ciudad el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR), que incluye peritos en genética, criminalística y derechos humanos, y a agentes del Ministerio Público federal, para que las familias interpusieran su denuncia.
La mayoría tenía desconfianza del Misterio Público del fuero común para interponerla ahí, pero tampoco confiaban en que las autoridades investigaran.

Familias desamparadas

Además de la búsqueda de los desaparecidos, las familias han sumado demandas como la recuperación de sus pérdidas materiales, y el financiamiento para pagar deudas que suman unas 900 mil 400 pesos, contraídas para sobrevivir. Además de apoyos para cubrir las necesidades básicas diarias de cada familia.
A pesar de la presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el DIF estatal, durante estos siete meses no se han resuelto las demandas de las familias.
El vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro en julio previó: “Esto ya se olvidó, un caso más de impunidad lo definiría ya, como los cientos de casos que hay de homicidios y desapariciones, y de secuestros que no se investiga nada, esto pinta para ser un caso más”.
Terminó el año, sin la localización de 57 desaparecidos que se acercaron al comité de familiares Siempre Vivos AC, de los que sólo 38 han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público federal; los demás esperan a que regrese para denunciar.
Pero Díaz Navarro denunció que no son sólo 57 desaparecidos en la región, sino 200, y 200 asesinatos que, en su mayoría, las familias no se atreven a denunciar.
También terminó el año con el padre de tres desaparecidos en mayo que exigía su presentación con vida, Bernardo Carreto, quien también era hermano del ex director de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, destituido del cargo “por no resultar confiable”.

Da ultimátum el MP federal para recoger los cuerpos de dos víctimas de secuestro en Chilapa

 

El Ministerio Público federal dio un ultimátum a familiares para que recojan los cuerpos de los hermanos Hugo y Alejandrino Díaz Navarro, asesinados y calcinados en noviembre de 2014.
Los familiares dijeron que no acudirán hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) les entregue un informe de la investigación, los cuerpos completos y detenga a los responsables del homicidio.
Los familiares de las víctimas denunciaron en su momento que el 26 de noviembre de 2014 los empresarios y hermanos Hugo y Alejandrino Díaz Navarro fueron secuestrados por un comando armado en la zona rural de Chilapa, junto a su primo el empresario constructor Vicente Apreza García y los arquitectos Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer.
El 29 de noviembre corporaciones policiacas después de recibir un reporte hallaron cinco cuerpos decapitados, desmembrados y calcinados a las afueras de la ciudad, en el crucero que conduce a la Universidad Tecnológica, los cuerpos estaban en una camioneta Pick Up.
El caso lo atrajo la PGR y los restos de los cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Forense (Semefo) de la Ciudad de México.
El 29 de noviembre en una marcha para conmemorar un año del trágico hecho, los familiares revelaron que la PGR ya había entregado los cuerpos de Vicente Apreza, Jesús Romero y Mario Montiel a sus parientes, y en el caso de los hermanos Díaz Navarro no habían aceptado recibirlos porque estaban incompletos y no les habían dado los resultados de la investigación.
Los familiares dijeron que la PGR les entregó un paquete de hojas, pero no correspondían con las indagaciones que hizo la familia por cuenta propia incluido el rastreo satelital de la camioneta en que viajaban las víctimas el día del secuestro.
Los familiares informaron que el monitoreo del vehículo donde viajaban las víctimas se ubicó en la cabecera de Quechultenango, pero fuerzas federales no quisieron entrar porque temían una emboscada.
Ayer el profesor José Díaz Navarro informó que hace una semana la titular de la Cuarta Agencia Investigadora en Guerrero de la PGR, María del Refugio Almazán Ávila, les dijo que hasta el 31 de diciembre podían recoger los cuerpos de sus familiares en la Ciudad de México o serían arrojados a una fosa común.
Los familiares dijeron que no lo harán porque siguen esperando los resultados de la investigación y los cuerpos completos de sus parientes para incinerarlos, pero no por partes.
El profesor José Díaz, integrante de la asociación civil Siempre Vivos, exigió la presentación de 57 personas desaparecidas desde 2014 a la fecha, e insistó a la PGR que les entregue los cuerpos de sus hermanos completos, un informe de la investigación y se detengan a los responsables.
Además, que la PGR decomise las casas de donde estuvo la camioneta las horas posteriores al secuestro, de las cuales los familiares entregaron los resultados del rastreo satelital a la PGR.

Liberan a detenidos por soldados en Zihuatanejo; se identifican como policías federales

Los hombres armados que fueron detenidos por militares en la zona roja de Zihuatanejo la noche del jueves 10 quedaron en libertad porque se identificaron como policías federales.
De acuerdo a la información publicada, los dos hombres viajaban a bordo de un carro Dodge Dart blanco con vidrios polarizados, y llevaban consigo armas cortas y un rifle de asalto que no pertenecían a sus armas de cargo.
El informante agregó que fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, ante el que se identificaron como policías federales, por lo que salieron en libertad pocas horas después; no se conoció la identidad de ninguno de los detenidos.

 

Acuden enviados de la Segob a Chilapa a recabar más datos de los desaparecidos; no hay resultados, señalan familiares

 

Como cada miércoles familiares de los desaparecidos de Chilapa se reunieron, y personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) acudió a la ciudad sólo a recabar más datos de los desaparecidos; sin embargo, los familiares siguen sin conocer el paradero de sus parientes.
Han transcurrido poco más de seis meses, desde que ingresaron civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa, tras las acciones que dejaron 16 desaparecidos en ese lapso y familiares de los desaparecidos han hecho denuncias ante autoridades federales y estatales.
Este miércoles, funcionarios de la Segob acudieron a la cabecera municipal para recabar información y continuar con la investigación de 24 desaparecidos de los que está a cargo esta dependencia.
Sin embargo, los familiares señalaron que están como al principio, “sin nada” que les indique el paradero de sus parientes, si viven o no.
Por otra parte, el vocero de los familiares, José Díaz Navarro, informó que después de que denunciaron la negativa que presentó la Subprocuraduría Especializada para la Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), ante la solicitud que le hicieron para acudir a la ciudad a informarles sobre las investigaciones de 14 desaparecidos, del 9 al 14 de mayo, nuevamente esta dependencia está solicitando la presencia de los familiares en la Ciudad de México.
El vocero dijo que se niegan a acudir, pese a que el personal de la SEIDO les está ofreciendo pagar sus viáticos, pero los familiares acordaron no acudir por la ola de violencia en el municipio, y por su seguridad prefieren que el personal de la dependencia acuda a Chilapa.
El grupo de familiares tiene una lista de 55 desaparecidos con relatorías de cada uno, de los cuales sólo 38 casos se han denunciado en el Ministerio Público (MP) federal.
De estos 14 desaparecieron en mayo, 24 antes y después de este mes, y 17 casos no han presentado la denuncia en el Ministerio Público federal.
Díaz Navarro dijo que también están solicitando que nuevamente acuda a Chilapa el grupo interdisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR), que agrupa personal de Genética, Criminalística, Derechos Humanos y el Ministerio Público federal, para que familiares de los desaparecidos que no han interpuesto la denuncia, puedan hacerlo.
Acudió a Chilapa la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para brindar atención psicológica y apoyan a los familiares con 160 pesos para pagar el transporte público de sus comunidades, y 100 pesos a familiares que viven en la cabecera municipal.
Acudieron también funcionarios del DIF estatal y repartieron una “pequeña despensa”, y les aseguraron a los familiares que el próximo miércoles estará con ellos la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo.