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Presentarán iniciativa de Ley Malena que tipifica penalmente la violencia con ácido

La diputada local por Morena Citlali Calixto Jiménez junto a las sobrevivientes de ataques con ácido, Sandra Montiel y María Elena Ríos, en conferencia de prensa en la sala José Francisco Ruiz Massieu, en la que anunciaron que hoy ante el pleno del Congreso local sería presentada la llamada Ley Malena Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Sobrevivientes de ataques con ácido, y la diputada morenista Citlali Calixto Jiménez, anunciaron que en la sesión del pleno de este martes se presentará la iniciativa de ley para tipificar en el Código Penal la violencia ácida, para la que se plantean penas de hasta 21 años y reparación del daño.
Se trata de una iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado, y del Código Penal de Guerrero, en materia de violencia ácida, conocida como Ley Malena.
En conferencia en la sala de los próceres José Francisco Ruiz Massieu en el Congreso local, después del panel Legislando contra la violencia ácida, María Elena Ríos Ortiz, saxofonista oaxaqueña víctima de un ataque con ácido, fue de las panelistas para presentar la iniciativa Ley Malena, que lleva su nombre.
María Elena Ríos dijo que los ataques con ácido en contra de mujeres no son hechos aislados, y que a pesar de que hay estados como Guerrero en los que no hay registros oficiales de este tipo de agresiones, no es por que no ocurran sino que se han invisibilizado o las mujeres han muerto.
Recordó que las víctimas de estas agresiones terminan en el hospital luchando por sus vidas y no pueden ir a un Ministerio Público a denunciar, además de que en estas instancias no hay servidores públicos preparados con perspectiva de género y empatía.
Destacó también que el que la ley y Código Penal contempla este tipo de agresiones de forma específica, “en términos jurídicos esto facilita a la víctima su proceso, lo hace menos largo, menos revictimizante, porque ya está implícito en una reforma el reconocimiento del delito”.
María Elena Ríos detalló también que el 95 por ciento de las agresiones con ácido documentadas las cometió un hombre y casi siempre se trata de la pareja o ex pareja de la víctima.
En la conferencia, la diputada morenista Citlali Calixto detalló que la iniciativa que presentará plantean hasta 17 años de prisión, y una agravante cuando la agresión se realice por razón de género para que la pena alcance hasta los 21 años y cuando se acredite relación entre víctima y victimario.
La diputada dijo que “la esencia de esta iniciativa radica en visibilizar una de las violencias que a nuestro parecer es de las más crueles, de las más inhumanas, que se ejerce de manera especial contra las mujeres… con esta iniciativa nos sumamos a este movimiento nacional que busca erradicar otra más de las violencias que se vive en este país”.
Se trata de crear un nuevo tipo penal llamado “lesiones provocadas por ácido, sustancias químicas o corrosivas” y se fija como pena la correspondiente al delito de lesiones calificadas, que asciende hasta 13 años de cárcel, pero que podría alcanzar los 21.
En esta iniciativa, se planteará que este delito se considere como tentativa de feminicidio cuando las lesiones provoquen recesión parcial o total en las mamas, cuando haya alteración en el aparato genital, cuando se cause daño físico severo o cuando provoque incapacidad permanente para trabajar.
Además de que en todos los casos la iniciativa contempla el pago de la reparación del daño “en los términos que el propio Código Penal establece, de esta manera procuramos que nuestro aparato jurídico tenga armas para prevenir, atender, combatir y erradicar la violencia de género y particularmente la violencia ácida”.
En la conferencia también estuvo otra sobreviviente a un ataque con sustancias corrosivas hace ya 22 años, Sandra Montiel Díaz, artista trans.

Tomaría la Fiscalía acciones legales contra el edil de Totolapan por daño a instalaciones

Israel Flores

Ciudad Altamirano

La Fiscalía General del Estado acusó en un comunicado el presidente municipal de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios, junto con otras 40 personas más, de actos vandálicos que causaron daños en vehículos y en las instalaciones del Ministerio Público, durante las protestas de este martes.
Por lo anterior, la Fiscalía analiza tomar acciones legales y realizar las investigaciones correspondientes.
Un día después de los hechos en San Miguel Totolapan, mediante un boletín, la Fiscalía informó que el presidente municipal Fredy Vázquez Palacios impidió de manera arbitraria el acceso a la procuración de justicia al cerrar con cadenas y candados la agencia del Ministerio Público de esa localidad, acompañado por un grupo de 40 personas.
En el boletín informan que este grupo cerró las calles con camiones de volteo, así como las puertas del edificio, y que quedaron adentro nueve personas.
Informa que la protesta fue por dos personas detenidas en flagrancia por el delito de robo equiparado, quienes fueron presentadas ante la agencia del Ministerio Público el pasado sábado por conducir dos camionetas que cuentan con reporte de robo vigente.
También señalan que las dos personas fueron dejados en libertad con medidas cautelares dictada por el juez de control.
De las acciones se derivaron actos vandálicos en contra de vehículos propiedad de la Fiscalía, los cuales fueron pintados, golpeados y les poncharon las llantas; también las instalaciones fueron pintarrajeadas y dañaron un circuito cerrado de televisión y cortaron el suministro eléctrico.
La Fiscalía señala en el boletín que esas acciones buscan “favorecer a imputados allegados a él y pretenden entorpecer los actos en materia de procuración de justicia que realiza la Fiscalía del Estado”.
El presidente de San Miguel Totolapan expresó durante las protestas estar consciente del delito que representaba que las personas detenidas trajeran una camioneta con reporte de robo, pero dijo que “eran camionetas viejas que las trajeron para llevar el maíz y el fertilizante para sembrar, y lo que pedíamos es que se dejaran los carros pero dejaran sin cargos a los detenidos”.
Y además expresó que “esta petición la hicimos con intenciones de apelar al sentido común y a ser humanos y sensibles con la gente pobre, viendo su necesidad y la pobreza de la gente que viene, pero ellos no ven eso, ellos traen otros intereses”.

Incrementan presencia de las
policía estatal y Ministerial

Las policía estatal y la Ministerial incrementaron su presencia en San Miguel Totolapan realizando recorridos, además de vigilar las entradas, tras lo de los hechos este martes encabezados por el edil Fredy Vázquez.
En las entradas de San Miguel Totolapan se observan patrullas que llegaron y se colocaron como vigilancia en las entradas. En tanto que la Ministerial realiza visita desde Coyuca de Catalán hasta San Miguel Totolapan de manera constante. Durante este martes mantuvo un grupo cerca del puente.
La presencia de la Policía Ministerial con un grupo que venía desde Ciudad Altamirano se mantuvo en San Miguel Totolapan desde la toma de las instalaciones del Ministerio Público e incluso el presidente municipal se confrontó con ellos cuando intentaron exigir la apertura del edificio para que saliera el personal. Ante los hechos se vieron más elementos de resguardo.
Después de los hechos en San Miguel Totolapan no se reportaron problemas o disturbios, pues el grupo del presidente quedó conforme.

Acude al MP el ex alumno agredido por el director dentro de la Prepa 9 de la UAG

El ex alumno de la preparatoria 9 Ernesto Che Guevara, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Salvador Díaz Patiño, acudió al Ministerio Público e interpuso una denuncia penal contra el director Alfonso Guillermo Heredia Alarcón, por agredirlo a golpes.
La tarde de este viernes, el joven fue acompañado por familiares y su abogado, Jesús Acatitlán Miranda, al Ministerio Público en Chilpancingo, donde ofrecieron una conferencia de prensa.
El abogado informó que presentaron formalmente la denuncia en contra del director de la preparatoria 9, por el hecho que ocurrió el pasado 16 de mayo, cuando el ex alumno fue agredido físicamente dentro de la escuela.
Dijo que solicitaron a la UAG que intervenga en el asunto, “porque hace caso omiso”; además, detalló que han buscado en varias ocasiones al director para conciliar, pero se ha negado “y nos dice que está protegido”.
Acatitlán Miranda también hizo un llamado al rector de la UAG, José Romero Olea, para que intervenga y ya no continúen las agresiones contra los jóvenes. Informó que piden a las autoridades que se sancione conforme a derecho a Heredia Alarcón.
Por su parte, Salvador Díaz Patiño se limitó a decir que va a proceder conforme a derecho y como lo marca la ley.
En días pasados, el ex alumno informó que el martes 16 de mayo, cuando acompañó a un estudiante a su registro como candidato a consejero universitario de la preparatoria, Heredia Alarcón se le acercó y le reclamó porque hablaba mal de él y enseguida le dio “varios” golpes en la cara. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Presenta reportero denuncia en el MP por robo de equipo; “no fue común”, insiste

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El reportero de la agencia Quadratín, Yener de los Santos Matías, presentó una denuncia penal por el delito de robo, allanamiento de morada “y lo que resulte” en su agravio, ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Chilpancingo.
En su querella asentó: “los periodistas en distintas partes de nuestra entidad, somos intimidados, perseguidos y asesinados, por lo anteriormente expuesto en este párrafo temo por la integridad a mi persona y de mi vida”.
Derivado de la presentación de la demanda peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentaron la tarde de ayer a su departamento ubicado en la calle Matamoros, de la colonia Rufo Figueroa, “para dar fe de la existencia de su domicilio, así como de las condiciones y características físicas del lugar”, como parte de la integración de la carpeta de investigación.
El reportero sufrió el robo de su equipo de trabajo y cinco mil pesos en efectivo, aproximadamente a las 10 de la noche del martes pasado.
En su denuncia, De los Santos Matías, precisó que esa noche le robaron una computadora portátil marca Toshiba, dos cámaras fotográficas marca Canon, una videocámara marca Canon, una cámara fotográfica marca Nikon, un lente teléfono, y cinco mil pesos en efectivo.
Reiteró: “en mi departamento tengo más pertenencias de valor, las cuales no se llevaron, y tengo temor de estas personas que irrumpieron de manera ilegal a mi domicilio, ya que solo se llevaron mi herramienta de trabajo donde tengo toda mi información y datos muy importantes que solamente mis compañeros de trabajo conocen”.
Agregó: “en mi trabajo realizamos diferentes denuncias de manera pública, ya que es parte de nuestra profesión, y los periodistas en distintas partes de nuestra entidad somos intimidados, perseguidos y asesinados, por lo anterior expuesto en este párrafo temo por la integridad a mi persona y de mi vida”.
El miércoles, en conferencia de prensa, Yener de los Santos, informó que cree que no fue un robo común y que podría tratarse de una intimidación por su trabajo como periodista.

Bloquean la glorieta de La Diana por la joven desaparecida; exigen avances en su búsqueda

Familiares y amigos de la joven estudiante de la Facultad de Derecho de la UAG, Lesli Berenice Palacios Pérez bloquean la avenida Costera en la glorieta de La Diana Foto: Jesús Trigo

Karina Contreras

Familiares, amigos y compañeros de Lesli Berenice Palacios Pérez, la alumna desaparecida de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), realizaron un bloqueo en La Diana e hicieron una marcha a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que se agilice su búsqueda, porque llevan seis días sin saber de su paradero.
Alrededor de 100 manifestantes iniciaron su jornada de movilización en la glorieta de La Diana a las 8 de la mañana, donde primero dieron declaraciones a los medios de comunicación, para denunciar la incapacidad de la FGE, que dirige Sandra Luz Valdominos Salmerón, en la investigación de la desaparición de Palacios Pérez. Exigieron la intervención de la gobernadora, porque en el Ministerio Público nada más les dijeron que esperen y que tengan fe en que regresará.
Minutos antes de las 9 de la mañana, inició el bloqueo total a la avenida Costera, donde desplegaron grandes mantas con la foto de Lesli Berenice, para pedir a la ciudadanía su ayuda para localizarla.
La movilización generó molestia en algunos automovilistas, mientras otros optaban por buscar vías alternas. Otros se tuvieron que bajar del transporte público. El flujo fue cortado frente al hotel María Eugenia, hasta pasado el mercado de artesanías, para pasar caminando el bloqueo.
En declaraciones, Amayrani Palacios Pérez, hermana de Lesli, pidió agilidad en las investigaciones porque ya han pasado muchos días sin saber de ella. Indicó que el último contacto que se tuvo fue el jueves a las 11 de la mañana, cuando se despidió de su mamá y salió de su domicilio en la calle Almendros, en la unidad habitacional El Coloso, para dirigirse a una cita de trabajo, pero que no saben dónde era.
La joven desaparecida tiene 20 años, estudia el segundo año de derecho y tiene un hijo de tres años.
Informó que el viernes 9 de diciembre se hizo la denuncia en el Ministerio Público, donde les dijeron que iban a resolver, pero todavía no hay nada, “nosotros esperamos algo de respuesta, pero todavía no sabemos nada de mi hermana Lesli”, pese a que hicieron todos los requerimientos para su búsqueda.
Señaló que además han acudido a los hospitales, a los penales y “lugares donde se puede encontrar fallecida (Semefo) y no hay nada”.
Con lágrimas, Amayrani Palacios dijo que la familia y ella se encuentran desesperadas, que es su hermana pequeña y sólo quieren que vuelva, porque tiene un bebé de tres años, “tiene que volver, es una buena chica, con buenas calificaciones. Es entregada a su hijo, le dedica tiempo y yo sólo quiero que vuelva porque la extrañamos demasiado. Todos estamos preocupados por ti, sólo queremos que vuelva. No estamos completos sin ella”.
Dijo que necesitan una respuesta pronto, por parte de las autoridades de la FGE, y que hagan su trabajo, que a muchos no les parece que bloqueen, que se manifiesten, pero “les aseguro que si no lo hacemos, quién nos escucha. No estaríamos aquí si la seguridad de Acapulco fuera otra, eso es evidente. Nosotros no queremos molestar, pero ya van para ocho días que no sabemos nada de mi hermana ¿qué se supone que tenemos que hacer, quedarnos sentados esperando de brazos cruzados?”.
Indicó que ellos, como familia, fueron a la escuela y nadie la vio llegar, que cuando preguntó por la calle donde vive, le dijeron que sí la vieron pasar, pero nadie recuerda exactamente cómo iba vestida, pero de ahí en adelante, nadie sabe nada y es toda la información.
Los manifestantes portaban una gran manta que decía: “Exigimos a la Fiscalía del Estado la aparición con vida de Lesli Berencie Palacios Pérez”. Gritaron consignas como: “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “mujer escucha, esta es tu lucha”, “porque viva se la llevaron, viva la queremos”, “el gobierno decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería” y “Lesli escucha, tu familia está en la lucha”.
Los manifestantes portaban cartulinas donde se leía: “Viva se la llevaron, viva la queremos”, “tu familia y la FDA te estamos esperando”, “no estamos completas, nos faltas tú”, “exigimos a las autoridades competentes búsqueda y aparición de Leslie Berenice Palacios”, “Fiscalía del estado, no seas incompetente exigimos la busqueda inmeadta de Lesli Berenice”, “gobernadora, cada día somos más. No sé da cuenta” y “señora fiscal, si no puede garantizar seguridad a las mujeres, renuncie”.
Luego del bloqueo de dos horas a la avenida Costera, los manifestantes tomaron el carril con sentido al centro, para iniciar una marcha rumbo a la FGE, para exigir saber sobre las investigaciones. Durante el trayecto hicieron una parada en las escalinatas del Ayuntamiento, donde bloquearon por media hora y exigieron a la alcadesa Abelina López que dé seguridad en el puerto.
Los manifestantes siguieron rumbo a la Fiscalía. En el acceso de entrada de los carros de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, se pusieron seis policías con equipo antimotines, pero los manifestantes siguieron su camino.
Al llegar al lugar, se pidió formar una comisión de seis personas para entrar y hablar con los funcionarios, la cual fue integrada por la familia y amigos de Lesli Berenice. La reunión tardó alrededor de 40 minutos, donde se acordó que este mismo miércoles se haría una búsqueda con perros entrenados en el área de El Coloso, junto con familiares.
De acuerdo con la información obtenida, hubo reclamos de los familiares porque no se ha activado la Alerta Amber, a pesar de que ya han pasado más de seis días de la desaparición de la universitaria.
La maestra Georgina Carreón Gómez, quien formó parte de la comisión que ingresó, dijo que hay irregularidades y cero avances en la investigación, pues no se ha emitido la Alerta Amber y tampoco se ha investigado a la ex pareja de la joven, no han revisado los celulares y no es que se le eche la culpa, pero eso se hace en las investigaciones.
Otro comentó que la carpeta de investigación es un “cagadero” y los funcionarios de la Fiscalía nada más se pasan el expediente, pero nadie dio una respuesta concreta de los avances que se tienen desde que se interpuso la denuncia.
Los manifestantes abandonaron las oficinas casi a la 1 de la tarde, pero con la advertencia de que si no ven resultados en las próximas horas, regresarán a las calles para exigir con más fuerza la presentación con vida de la joven de 20 años.

Reportan dos detenidos y 10 vehículos robados decomisados en la operación del caso Montúfar

Este martes se cumplió una semana del homicidio del candidato del PRI a diputado local por el distrito 17, Abel Montúfar Mendoza; el caso sigue bajo investigación con una operación en la región Tierra Caliente que ha reportado a la agencia del Ministerio Público (MP) dos detenidos por casos diversos y vehículos con reporte de robo decomisados.
En una semana de operaciones de la Policía Ministerial, de la Policía del Estado, de la Gendarmería y del Ejército para la búsqueda y localización de los responsables del homicidio del candidato y del asesinato de tres militares ocurrida horas después de la ejecución del político, se detuvo a dos hombres, uno al que vinculan con el asesinato de los tres militares y otro por un caso completamente distinto, a quien le encontraron con droga.
En la región el Ejército, la Policía del Estado, la Gendarmería y la Policía Ministerial recorren pueblos y brechas.
Los cuerpos policiacos y del Ejército han instalado retenes en diferentes puntos de la región, lo que provocó la detención del hijo del candidato a presidente municipal de Coyuca de Catalán por el PRD, Eusebio Echeverría Tavárez, el sábado.
Otra de las detenciones fue en Altamirano en un filtro colocado por la Policía Ministerial quienes encontraron a un hombre con dosis de drogas.
La tercera persona fue detenida en Coyuca de Catalán, es un hombre al que las autoridades vinculan con el homicidio de los tres militares que acudieron al rancho de la familia Montúfar, donde presuntamente había personas con armas de fuego y tras un enfrentamiento murieron tres soldados y tres más resultaron heridos.
Ayer se habían reportado 10 vehículos con reporte de robo decomisados, de los cuales cinco ocurrieron en retenes, y cinco del Ejército en una persecución con civiles armados.

Homenajean trabajadores del Ayuntamiento a Abel Montúfar

En Coyuca de Catalán los trabajadores instalaron un cuadro con la fotografía de Abel Montufar Mendoza en la entrada del Palacio Municipal, con flores, para recordarlo a una semana de su muerte, además de que un grupo acudió al lugar donde encontraron su cuerpo a rezar en Altamirano.
Desde temprano colocaron un cuadro con la foto del candidato del PRI a la diputación local asesinado, quien era también alcalde con licencia. Ahí algunos pasaron y dejaron flores para recordarlo a una semana de su muerte.
Cerca de las 6 de la tarde unos 20 trabajadores acudieron al lugar donde fue localizada la camioneta con el cuerpo de Abel Montufar. Todos iban con playeras blancas de su campaña a la diputación local, y colocaron una cruz de flores grande en la banqueta.
Estuvieron por 15 minutos rezando y en medio de lágrimas le dedicaron aplausos y porras para luego retirarse.

El Ejército recupera cinco camionetas robadas tras seguir a hombres armados

El Ejército decomisó cinco camionetas de lujo en la comunidad de Cayuncha, municipio de Zirándaro de los Chávez la tarde de este lunes, luego de perseguir a un grupo de la delincuencia organizada.
Las unidades fueron abandonadas tras una persecución en la sierra de Zirándaro. En el automóvil hallaron cerca de 100 cartuchos calibre 5.56, cargadores para armas de fuego y equipo táctico.
La localidad se ubica en las colindancias entre el municipio de Coyuca de Catalán y Zirándaro en la ruta cerca a Placeres del Oro, y en las cercanías con Manchón Parotas, donde reportaron un enfrentamiento la tarde del lunes.
El Ejército continuó la persecución de los armados pero no hubo reportes de heridos ni muertos, sólo que decomisaron cinco camionetas relacionadas con el caso, de las cuales todas son de modelo reciente.
Primero trajeron las unidades ante el Ministerio Público federal en Altamirano y posteriormente las regresaron a Coyuca de Catalán, donde fueron puestas a disposición ante el Ministerio Público del fuero común.

Cambiaron al fiscal regional y a la coordinadora regional de la PIM

La mañana de este martes se informó del cambio del fiscal regional de Tierra Caliente, Carlos Vinalay de la Rosa, y de la coordinadora regional de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), Gabriela Gallegos Arellanes, a quienes les tocó iniciar las indagatorias del homicidio del candidato Abel Montúfar Mendoza.
En el caso del fiscal regional aún no se conoce su sustituto, no se ha anunciado la llegada del nuevo. Se espera que el acomodo sea una vez que se instale el nuevo fiscal general, que fue elegido ayer por el Congreso Local.
A la Policía Ministerial llegó Rogelio Martínez Acevedo, quien ya se ubicó en la región para asumir las actividades de la corporación. Actualmente hay grupos que llegaron de refuerzo para las investigaciones.
Los cambios ocurren a una semana del homicidio de Abel Montufar. Tanto la coordinadora de la ministerial como el fiscal encabezaron el inicio de las indagatorias y protocolos del levantamiento del cuerpo, para que luego dejaran el caso en manos de las oficinas de investigación estatales.

Denuncia un vecino de Agua de Correa que el líder lo golpeó porque denunció irregularidades

Este lunes, el vecino del asentamiento irregular 14 de Febrero, ubicado en la comunidad Agua de Correa, Pedro Morales Abarca denunció en la agencia del Ministerio Público del fuero común en Zihuatanejo, que fue golpeado por el líder de esa colonia, Jorge Francisco Rodríguez Reyes, porque es uno de los vecinos que ha denunciado públicamente presuntas irregularidades, como representante de la colonia, y pidió a las autoridades que le hagan justicia, ya que asegura que su vida corre peligro.
Hace dos semanas, vecinos de este asentamiento denunciaron que Rodríguez Reyes ha abusado de la confianza que le dieron como su representante, ya que les ha pedido dinero para gestoría social y que no se han visto reflejadas sus aportaciones en obras para la colonia, además de que ha fraccionado una superficie de una media hectárea que estaba destinada a área verde y la ha lotificado.
Ayer lunes, Pedro Morales Abarca, acompañado de vecinos, acudió a la agencia del MP para denunciar que, minutos después del mediodía, Rodríguez Reyes llegó al lugar donde él se encontraba trabajando en la colonia para reclamarle que esté siendo parte de quienes lo han denunciado públicamente y empezó a agredirlo a golpes; dijo que fue gracias a que su esposa llegó en ese momento, su agresor lo soltó.
Añadió que acudió a denunciarlo “porque esta situación ya se salió de control; apenas el sábado, varios vecinos a los que tiene en un grupo de whatsapp, recibieron un mensaje escrito por uno de sus incondicionales en el que dice que, todos los que le enseñamos a los trabajadores del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo cuáles son las casas que están deshabitadas en la colonia, nos van a cortar el dedo, además de que, cuando me golpeó, me dijo que ahí no terminaba el asunto y que las cosas no se iban a quedar así”.

Desalojan a comerciantes del viejo mercado central de Ayutla que se negaban a mudarse al nuevo

Policías municipales y empleados del Ayuntamiento de Ayutla encabezados por la presidenta municipal, Hortensia Aldaco Quintana, del PVEM, desalojaron violentamente a comerciantes del mercado del centro de la cabecera, y con maquinaria pesada destrozaron algunos locales para obligarlos a trasladarse al nuevo centro de abasto, ubicado en la salida a Cruz Grande.
Durante el desalojo, golpearon a unas 12 mujeres, quienes en la tarde presentaron su denuncia ante el Ministerio Público, informaron las afectadas, vía telefónica, quienes, además, informaron de la agresión mediante un video enviado al reportero vía WhatsApp.
Las comerciantes se niegan a cambiarse al nuevo mercado, debido a que con el sismo del 19 de septiembre tuvo cuarteaduras y no se ha hecho un dictamen de Protección Civil, denunciaron.
La presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, condenó que se haya ejercido violencia contra mujeres en un municipio en el que se declaró una alerta de género, y anunció que presentarán la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y que en el transcurso del día se habían comunicado vía telefónica con el delegado del organismo en Guerrero, Hipólito Lugo Cortés.
Las comerciantes denunciaron que el desalojo por policías municipales y empleados del Ayuntamiento fue encabezado por la presidenta municipal, Hortensia Aldaco Quintana; el director de Seguridad Pública, Jesús Castro Apreza; el comandante de la Policía Municipal, Martín Ramos Morales; el director de Obras Públicas, Moisés Sánchez Guzmán; y el director de Protección Civil, Reveriano Flores.
Los policías y funcionarios llegaron a las 9 de la mañana al mercado que se encuentra a un costado del Palacio municipal, en el centro de esa cabecera municipal, y arremetieron a empujones con escudos contra más de 100 comerciantes que se niegan a trasladarse al nuevo mercado.
Según Obtilia Eugenio, en la agresión resultaron 12 mujeres golpeadas. Informó que a la hora de la agresión había mujeres, quienes trataron de impedir el desalojo.
Las comerciantes fueron replegadas y con un trascabo los empleados destruyeron los locales.
La comerciante, Wendy Molina Carrillo denunció que en la tarde los comerciantes se habían retirado por completo del antiguo mercado y que la máquina seguía destruyendo los locales. Agregó que las autoridades municipales les habían cortado la energía eléctrica, y se quejó de que a ella se le echaría a perder la carne que vende y que tiene almacenada en refrigeradores.
Explicó que la alcaldesa los quiere cambiar al nuevo mercado al sur de la cabecera, en la salida hacia Cruz Grande, y que no se niegan al traslado, pero que piden que se revisen las instalaciones afectadas con el sismo del 19 de septiembre.
Declaró que el estudio no se ha hecho, o cuando menos no les han dado a conocer los resultados, y que habían convenido que en tanto no estuvieran seguros de que no corren riesgos, seguirían en las antiguas instalaciones del centro de la cabecera municipal; sin embargo, ayer, sin aviso fueron desalojados violentamente.
Denunció que son unos 350 comerciantes los que se niegan a mudarse en tanto no haya un estudio de riesgos de las nuevas instalaciones, y que sólo unos 20 ya están en el nuevo edificio.
Explicó que a muchos que se niegan al traslado, la alcaldesa ya les quitó los locales a los que tenían derecho en las nuevas instalaciones, con el argumento de que “son revoltosos”, y que ya no tienen a dónde ir a vender ahora que han sido desalojados del antiguo mercado.
A su vez, la comerciante Eneida Lozano Reyes denunció que la alcaldesa pretende construir en la zona donde estaba el mercado una plaza comercial, en la que no están considerados los comerciantes locales.
El mercado que comenzó a ser demolido ayer tenía 40 años funcionando en ese lugar, de acuerdo con los comerciantes desalojados.

Este año, el de más asesinatos en dos décadas en Guerrero; sigue primero

Este año, el de más asesinatos en dos décadas; Guerrero sigue como primero en ese delito

El Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Segob reporta un promedio de siete homicidios diarios, y en 10 meses suman 2 mil 85 casos, de los cuales 227 se cometieron en octubre

Lourdes Chávez

Chilpancingo

De enero a octubre de 2017 se registró el mayor número de homicidios dolosos de los últimos 20 años en Guerrero, con 227 asesinatos el mes pasado, con lo que suman 2 mil 85 casos, el doble de lo reportado en el mismo periodo de 1997.
El reporte es del informe de víctimas de homicidios dolosos en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del Ministerio Público de cada entidad, que actualiza cada mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Según los datos oficiales en diez meses se superó el total anual de homicidios dolosos cometidos en 2015, que cerró el año con 2 mil 16 casos. Aunque 2016 cerró en 2 mil 213 homicidios dolosos para octubre había mil 832 asesinatos.
Las bases de datos indican que de enero a octubre de 2007 en Guerrero se registraron mil 14 homicidios dolosos, que representa 48 por ciento de los registrados este año, y 87.7 por ciento de los ocurridos en 2016. Incluso 2011, uno de los años más violentos en dos décadas, se encuentra 8.7 por ciento abajo de las muertes dolosas de 2017, en un comparativo de diez años.
Con un promedio de siete homicidios diarios se confirma como el estado con más homicidios dolosos de la República mexicana, por encima del Estado de México, que del primero enero al 31 de octubre registró mil 954, Baja California mil 914 y Chihuahua mil 640.
De acuerdo con la estadística del informe de víctimas en enero se documentaron en Guerrero 165 homicidios dolosos, en febrero 175, en marzo 210, en abril 189, en mayo 216, en junio 206, en julio 250, en agosto 232 y en septiembre 215 casos y octubre 227.
De 227 asesinatos en octubre, 125 fueron cometidos por arma de fuego (55 por ciento), siete con arma blanca y en 66 (29 por ciento) no hay datos precisos, sólo se clasifican como otros.
Se reportan 46 casos de homicidios culposos, que suman 475 en diez meses, 12 denuncias de extorsión en el mes, 145 en lo que va del año y seis secuestros, que dan 50 casos en 2017.
Por otro lado, el reporte de Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017, señala 198 homicidios dolosos ocurridos en octubre, que acumulan mil 924 casos en lo que va del año. Con estos datos se estima una tasa de 53.34 homicidios en la entidad por cada 100 mil habitantes.
Guerrero mantiene el primer sitio de asesinatos encima de Baja California donde se registran mil 733 homicidios dolosos en el año.
La entidad está en el sexto lugar del país con más robo de vehículos, abajo del Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa y Puebla. Tiene reportes de 2 mil 186, de los cuales 905 fueron en asaltos violentos. La mayoría ocurren en robos sin violencia. En octubre, se reportaron 459 robos de vehículos, 395 sin violencia.
Con 54 secuestros en lo que va del año, las cifras oficiales indican una tasa de 1.5 secuestros por cada cien mil habitantes. Asimismo en extorsión, con 144 casos, se habla de una tasa de 3.99 en este delito.
Los datos se presentan con una advertencia en las dos bases de datos, que la incidencia delictiva “se refiere a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de los datos”.

Asesinan a la niña de 13 años desaparecida hace 10 días en Chilapa; hallan el cuerpo en una carretera de terracería

Luis Blancas

Chilpancingo

La niña Diana Paulina Rendón Alcaraz de 13 años quien desapareció hace 10 días fue encontrada sin vida en Chilapa en la orilla de la carretera de terracería que conduce a la comunidad de Acazacatla.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que minutos después de las 7 de la mañana recibieron un reporte del hallazgo del cuerpo de una mujer en esta carretera.
Al lugar llegaron policías estatales que confirmaron la presencia del cuerpo en la orilla de la carretera, vestía una blusa con manga larga verde con rayas blancas, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros.
Después de las 2 de la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo encontrado era de Diana Paulina.
El jueves la FGE público en su cuenta de Facebook la Alerta Ámber número AAGRO-115-2017 por la niña que desapareció el 12 de noviembre en Chilapa.
Policías estatales, municipales y ministeriales acordonaron la zona y peritos de la FGE hicieron las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para la necropsia de ley y después ser entregado a sus familiares.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó que la FGE pondrá todos los recursos humanos para investigar la muerte de niña y llevar ante la justicia a los responsables.
Álvarez Heredia difundió la noche de ayer un comunicado en el que expresó su repudio y consternación por el crimen de la niña.
El vocero de seguridad aceptó “que casos como éste generan indignación y lastiman a la sociedad guerrerense, por lo que la Fiscalía dará prioridad a la carpeta de investigación 12040190100505211117 que se integró por el delito de homicidio”.

El comerciante de Tlapehuala desapareció con cinco montadores de toros de Iguala
En la última comunicación por teléfono dijo que se iba detener en un retén de la Policía Comunitaria de Teloloapan, informa su hermano
Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Al comerciante de Tlapehuala Armando García González, que desapareció el 16 de noviembre, lo acompañaban cinco montadores de toros originarios de Iguala que también están desaparecidos, informó su hermano, Alejandro García.
Armando es también hermano del perredista y simpatizante de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, José Francisco García González, que dio a conocer el caso este lunes. Ayer, Alejandro informó que a la fecha las autoridades no han localizado a los seis.
Expuso Alejandro García que Armando salió de Chilpancingo el 16 de noviembre rumbo a Iguala y ahí se encontró con los montadores que participarían en la feria de una comunidad de Tlapehuala.
En su última llamada que fue entre las 7 y 7:30 de la noche, Armando García se comunicó con una de sus sobrinas y le informó que estaba por salir de Teloloapan, colgó porque iba a detenerse en un retén de la Policía Comunitaria de ese municipio, desde entonces no se sabe nada de él ni de sus acompañantes, sus familiares tampoco recibieron llamadas para pedir rescate.
Alejandro García estuvo ayer en la conferencia de prensa de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales y Estudiantiles en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), ahí dio a conocer la desaparición de su hermano y los montadores que viajaban en un vehículo tipo Chevy verde.
Según Alejandro García su hermano Carlos denunció ante el Ministerio Público (MP), la Fiscalía General del Estado (FGE) e incluso la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) sin que a la fecha las autoridades informen algún avance en la localización de los desaparecidos, “se echan la bolita” con la Policía Comunitaria.
Expresó que su familia se ha dedicado al comercio y a la lucha social además de que es conocida en la región Tierra Caliente, sospechó que su hermano y sus acompañantes pudieron ser confundidos por la delincuencia organizada.
Dijo que contrario a lo que presume el gobernador, Héctor Astudillo Flores, la seguridad en la región Tierra Caliente no está garantizada, la zona es intransitable y la sociedad está a manos de los delincuentes, por lo que lo llamó a intervenir para mejorar la situación.

Rompen homicidios récord en octubre
Antonio Baranda/Agencia Reforma

Ciudad de México

En octubre pasado se iniciaron 2 mil 371 carpetas de investigación por homicidio doloso, la cifra mensual más alta de que se tenga registro en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Hasta ahora, el récord histórico era de junio de este año, que sumó 2 mil 238 asesinatos intencionales.
El número de homicidios dolosos durante los primeros 10 meses de este año es 23.6 por ciento mayor al registrado en el mismo periodo de 2016, con 16 mil 881.
Además, la cifra del periodo enero-octubre ya supera en 1.6 por ciento la registrada durante todo el año anterior.
De mantenerse el promedio mensual de 2 mil 87 homicidios dolosos en el último bimestre, 2017 se convertirá en el año más violento.
Incluso podría superar la barrera de los 25 mil casos anuales, siendo hasta ahora 2011 el año más violento al sumar 22 mil 855.
La espiral de violencia comenzó a mediados de 2016 y no ha podido ser frenada pese al despliegue de miles de elementos de fuerzas federales en puntos considerados como focos rojos.
Tampoco han funcionado las estrategias emergentes, como el plan de seguridad en los 50 municipios más violentos del país.

Suben otros delitos de impacto

El homicidio doloso no es el único delito considerado de alto impacto que ha aumentado este año.
Los secuestros, en el fuero común, subieron 4.8 por ciento en los primeros 10 meses de 2017, respecto al mismo periodo de 2016.
Datos del SESNSP indican que el robo de vehículo con violencia aumentó 40.9 por ciento en el mismo lapso, e incluso ya superó la cifra de todo el año pasado.
En tanto, el robo de vehículo sin violencia creció 7 por ciento, al pasar de 96 mil 704 a 103 mil 521.
El Gobierno federal ha justificado el aumento de la violencia con la fragmentación de los grupos delictivos, enfrentamientos entre bandas, debilidad de las Policías, liberación de detenidos con armas de fuego e incluso los cambios de Gobierno.

Repudian en la sesión del Congreso el asesinato de una adolescente de 13 años en Chilapa

Guardan un minuto de silencio por Diana Paulina a propuesta del diputado Ricardo Mejía quien preguntó: “Hasta dónde hemos llegado como sociedad? Además los diputados locales exhortan al ayuntamiento de Coyuca de Benítez a que “a la brevedad posible implemente mayores y más efectivas acciones de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social”

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Pleno del Congreso de Guerrero guardó un minuto de silencio en memoria de la adolescente Diana Paulina Rendón Alcaraz, desaparecida desde el 12 de noviembre y que fue hallada asesinada este martes en Chilapa, en un camino que conduce a la comunidad de Acazacatla.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, subió a tribuna donde dijo “vengo profundamente conmovido”, por el asesinato de la adolescente, y recordó que tras su desaparición se emitió una alerta Amber.
La víctima fue encontrada sin vida en Chilapa en la orilla de la carretera de terracería que conduce a Acazacatla, “tirada, arrojada, asesinada, exhibida… una niña de 13 años”.
El diputado de MC subió a tribuna porque manifestó que el episodio no solamente es un caso de impunidad o afectación a las mujeres, “sino ¿por qué hasta dónde estamos llegando como sociedad? Yo creo que el Congreso no puede sólo generar una reprobación o llamar la atención de la autoridad cuando se trata de asesinatos o hechos brutales cometidos contra políticos o luchadores sociales”.
Ayer por la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública recibió un reporte de que había el cuerpo de una mujer tendida en la carretera que conduce a Acazacatla.
Y en el el transcurso de la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo encontrado en Chilapa correspondía a la adolescente.

Se han cometido 239 homicidios en el municipio de Costa Grande desde 2015

También se aprobó por unanimidad un exhorto al ayuntamiento de Coyuca de Benítez, para que “a la brevedad posible implemente mayores y más efectivas acciones de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social”, y que realice “programas y proyectos en el que se fortalezca los valores de la familia que permitan contener el incremento de los índices de inseguridad en el municipio”
El coordinador de los diputados de MC presentó la propuesta como asunto de urgente y obvia resolución. Argumentó que de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante 2015, 2016 y 2017, en Coyuca de Benítez se han cometido 239 homicidios dolosos.
Y que representa el 4.2 por ciento de los homicidios que se cometen anualmente en Guerrero, en contraste, la población de Coyuca de Benítez representa sólo el 2.1 del total estatal.
En el mismo municipio van a la alza otros delitos del fuero común “de alto impacto social”, como las lesiones dolosas, el robo, el secuestro y la extorsión.
“Algo no se está haciendo bien en Coyuca de Benítez. En materia de seguridad pública, es claro que ahí, no se ha podido contener la actividad de la delincuencia y al contrario parece ir en aumento”, dijo en tribuna Mejía Berdeja.
En el punto de acuerdo consideraron los diputados de MC que Coyuca de Benítez, tendrá que atender la inseguridad y realizar una plataforma de desarrollo social, de bienestar humano y de crecimiento económico y que, por tanto, requiere de atención prioritaria, eficaz y constante”. Coyuca de Benítez es gobernado por el priista Javier Escobar Parra.
Ricardo Mejía relacionó la violencia en el municipio a la cercanía con Acapulco, “la ciudad más violenta del país, y que, consecuentemente, debería de realizar mayores esfuerzos las autoridades para contener la expansión de la delincuencia que opera en el puerto, hacia los municipios circunvecinos y hacia la Costa Grande del Estado, mejorando la coordinación institucional en la materia, incrementando su estado de fuerza policial y previniendo el delito, en su territorio, dentro del marco constitucional que le corresponde”.
Originalmente en el orden del día, el exhorto estaba dirigido al secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, pero tras un acuerdo de la fracción de MC y la del PRI, únicamente se dirigió al alcalde.
Por su parte el perredista, Ociel García, señaló que no se puede transitar “como si nada” en Chilpancingo, Acapulco, Tierra Caliente y Costa Grande.
En el caso de la Costa Chica dijo que “todavía se puede andar”, aunque señaló que en el municipio de Cuajinicuilapa ya se están “complicando las cosas”.
Reconoció que muchos diputados no hablan del tema de la violencia por temor, pero recordó que como legisladores deben tener el compromiso con la sociedad, y coadyuvar con las autoridades para que se pueda resolver el problema de la inseguridad.
“Si hoy no alzamos la voz, vamos seguir rebasados en temas de seguridad, hoy los legisladores tenemos un compromiso real con la ciudadana, de velar por lo menos por el concepto mínimo que debe tener la gente, la seguridad, pero pocos diputados lo hacen por temor, ¿quien no tenga temor?”.
El perredista afirmó que “Guerrero está siendo rebasado”, por ello llamó al gobierno federal, estatal y municipal para que “redoble los esfuerzos para que se logre una paz en el estado y no se tenga mas muertes por gente que no tiene escrúpulos en este estado, y que han optado por andar asesinando y hacer desorden en Guerrero, mano se tiene que hacer, no es con miedo, ni con marcha atrás como se va avanzar”, dijo Ocie García.

Solicita la alcaldesa 2 millones para familias de policías acribillados en Cualac

Al pleno se le notificó de la llegada de un oficio de la alcaldesa de Cualac, Evelia González Ortega, quien solicita que se autorice una partida especial por 2 millones de pesos para pagar indemnizaciones por muerte y lesiones en cumplimiento del deber de los policías acribillados en el robo del pago de Prospera el 1 de junio pasado.
Fueron tres los policías asesinados y tres más quedaron heridos al igual que una empleada que llevaba los recursos para pagar, en la comunidad de Coatlaco del municipio de Cualac.
Al Congreso también llegó otro oficio por el alcalde de Apaxtla de Castrejón Salvador Martínez Villalobos, por el que solicitó autorización de una partida presupuestal extraordinaria para “dar cumplimiento al pago de laudos condenatorios”, pero no se especificó la cantidad en la sesión. En ese mismo sentido el municipio de San Marcos pidió ampliación presupuestal de pagos de laudos laborales.
También la directora, presidenta, y consejeras del jardín de niños “Estado de Chihuahua”, de Juan R. Escudero, Estela García Morales, Laura Lizet Bedolla Puente, Olivia Sandoval Castañón, Laura Grizell Rivera Garcoa y Elizabeth Bibiana Gallegos Contreras, que pidieron dos millones de pesos, para la compra de un predio que servirá como áreas de seguridad para evacuar en caso de un siniestro.
De primera lectura quedaron los dictámenes con proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de los municipio de Ometepec, Florencio Villarreal, Alcozauca, Ajuchitlán del Progreso, General Canuto Neri, Copala, San Miguel Totolapan, Olinalá, La Unión de Isidoro Montes de Oca, San Luis Acatlán, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Quechultenango, Coyuca de Benítez, Petatlán, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Zitlala, Iliatenco, San Marcos, Pilcaya, Cuajinicuilapa y Tixtla.
Todas las primeras lecturas fueron obviadas, entre ellas la del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base a los ayuntamientos La Unión de Isidoro Montes de Oca, San Luis Acatlán, Ixcateopan, Quechultenango, Coyuca de Benítez, Petatlán, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Zitlala, Iliatenco, San Marcos y Pilcaya para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018.
También se aprobó la licencia por tiempo indefinido a los regidores de Tepecoacuilco, Pascasio López Nava, Luisa Pineda Matías.

Derogan artículos para dar más autonomía a la Codehum

Y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso derogó los artículos 100, 101, y 102 de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), propuesta que enviaron Ramón Navarrete Mag-daleno, Nancy Bravo Gómez, Manuel García Guatemala, Víctor Manuel Castrejón Huicochea y Ángel Miguel Sebastián Ríos, presidente, consejeros y secretario técnico respectivamente del Consejo Consultivo de la comisión.
La comisión argumentó en su propuesta que los artículos derogados no aseguraban el ejercicio y protección de los derechos humanos de las personas, debido a que en estos se establecía la oportunidad de las autoridades en las que recaían las recomendaciones para ampararse.
Y con la derogación se fortalecen “las atribuciones, independencia, y la autonomía de este organismo de protección no jurisdiccional de los derechos humanos”.
Con la derogación aprobada ayer en el Poder Legislativo las recomendaciones que se consideran “como documentos de carácter moral y definitivo, pero no son obligatorias para las autoridades o servidores públicos a las que se dirigen, es decir, que pueden o no aceptarse, lo que hace innecesaria su impugnación, además no se está en presencia de una resolución de carácter jurisdiccional, por lo que no constituyen instancia que pudiera dar lugar a medios de impugnación”.