En el año 2016 se publicó el libro Gestión social de desastres, cambio climático y políticas públicas en el siglo XXI: contradicciones y perspectivas desde México, Indonesia, Estados Unidos y Cuba. El libro fue coordinado por el doctor Daniel Rodríguez Velázquez y publicado por la UNAM. Invitado por el doctor Rodríguez, participé con un artículo que titulé El caso del ordenamiento territorial y la vulnerabilidad ante el cambio climático en la Zona Diamante de Acapulco, Guerrero. Un diamante mal cortado.
En el libro abordé la problemática del desastre propiciado por el huracán Manuel, en especial en la zona Diamante, que afectó a Acapulco en septiembre de 2013. Realizo a continuación una apretada síntesis de algunos elementos de dicho artículo, que, consideró, es un antecedente para la necesaria evaluación de que ha sucedido 10 años después con el desastre en Acapulco propiciado por el huracán Otis, y la urgente necesidad de no repetir los mismos errores, que en lugar de reducir los riesgos de un desastre, los han potenciado con Otis.
Aunque en años anteriores en distintos momentos se habían presentado inundaciones en la zona Diamante –en 2007 con el huracán Henriette–, sería en los días del 14 al 16 de septiembre de 2013 con Manuel, cuando el desastre urbanístico se evidenció de manera contundente. El río La Sabana buscó desalojar las aguas extraordinarias aportadas por Manuel, sin embargo, ante la imposibilidad de encontrar salida a dichas aguas, se provocó la inundación de miles de viviendas de desarrollos de interés social y medio como Campestre La Laguna, Costa Dorada, colonia Frente Nacional, Diamantes Lake, Joyas Diamante, Joyas del Marqués, La Ceiba, La Marquesa, La Palma Residencial, Las Garzas, Las Gaviotas, Luis Donaldo Colosio, Miramar I y II, Misión de Mar, Real del Palmar, Rinconada del Mar, Tulipanes, Vicente Guerrero 200, Villas Tulipanes, entre otras. Miles de personas fueron rescatadas de los desarrollos inundados y llevadas a refugios improvisados. Muchos de ellos fueron turistas, que debían su estancia al fin de semana largo debido a las fiestas de la Independencia de México. La evacuación de los turistas inundados en zona Diamante fue agravada, debido a que Manuel aisló al puerto de Acapulco vía terrestre. Por ello, en los días posteriores se generó un puente aéreo para trasladar a este nuevo tipo de damnificados por inundaciones entre la ciudad de Acapulco y la Ciudad de México. Un hecho inédito en la historia de los desastres en el país, y que ahora con Otis se repitió.
Ante la magnitud del desastre, que dejó inhabitables a miles de viviendas, y múltiples señalamientos de corrupción por autorizar los asentamientos humanos en la zona Diamante, desde el 27 de septiembre de 2013 los gobiernos federal y estatal de Guerrero asumieron el compromiso de elaborar un informe sobre los orígenes del desorden urbano en las zonas afectadas por Manuel en Acapulco a través de una revisión documental. Para ello, el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezado entonces por su titular, Jorge Carlos Ramírez Marín, ahora senador integrante del Grupo Parlamentario Verde, obtuvo la responsabilidad de coordinar los trabajos para revisar licencias de construcción, manifestaciones del impacto ambiental, modificaciones de obras, permisos para descargas y uso en áreas federales. Su objetivo fue el investigar las autorizaciones de construcción de más de 36 mil viviendas entre 1986 y 2010, y de más de 100 manifestaciones de impacto ambiental. Se trabajaría en la revisión de 17 ejidos de Acapulco, que se convirtieron en lotes expropiados por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y en 29 conjuntos habitacionales desarrollados con financiamiento federal (Infonavit y Fovisste). Asimismo, la Comisión Nacional del Agua revisaría las necesidades de rediseño de esa zona para el retorno a sus condiciones originales a fin de mitigar los riesgos en el marco de la seguridad hídrica. Sin embargo, los resultados y recomendaciones de dicha investigación, 10 años después, no se han hecho públicos.
En el trabajo realizo un análisis del devenir de cuatro instrumentos del ordenamiento del territorio de Acapulco y su zona Diamante, que son el Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco, el Ordenamiento Ecológico del Municipio de Acapulco, el Atlas de Riesgo del Municipio de Acapulco, y la evaluación del impacto ambiental.
De dicho análisis, presentó de manera textual algunas de las principales lecciones identificadas, que lamentablemente 10 años después siguen siendo vigentes:
1.- Deben continuar perfeccionándose los indicadores de vulnerabilidad y riesgo en sus niveles municipales para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. El caso de la zona Diamante del municipio de Acapulco, indica que no sólo variables relacionadas a pobreza por ejemplo son suficientes, también los niveles de impacto de intervenciones antrópicas en un territorio determinado son necesarias de considerar.
2.- Para prevenir desastres y reducir riesgos, la participación de la sociedad organizada en la toma de decisiones debe ser real. Se requiere implementar medidas audaces de política pública para que los principales proyectos de infraestructura tengan seguimiento y participación de la sociedad en todas sus fases. Si no se toma de manera real la opinión de la sociedad, se está condenado a repetir la misma historia de desastres de manera recurrente.
3.- El caso de la zona Diamante de Acapulco, indica que en un plan director de ordenamiento urbano aumenta el riesgo de generarse un desastre, al modificarse su zonificación de manera discrecional y simplificada por las autoridades responsables, sin entender las consecuencias acumulativas de cada una de estas modificaciones en el territorio. Para ello, deben existir mayores restricciones legales y técnicas para que esto no se realice como hasta ahora se ha venido haciendo.
4.- Se requiere realizar y expedir de manera inmediata el ordenamiento ecológico local de Acapulco. El ordenamiento ecológico local del territorio, armonizado y articulado con su Plan Director de Desarrollo Urbano, el Atlas de Riesgo, así como las evaluaciones del impacto ambiental, debe ser el instrumento fundamental para decidir sobre el tipo de uso de suelo en un área determinada. La ausencia del mismo, y de los criterios ecológicos intrínsecos en éste, propician el establecimiento de asentamientos humanos e infraestructura con efectos desastrosos.
5.- El Atlas de Peligros de Acapulco ha sido un instrumento insuficiente por sí mismo para autorizar y realizar proyectos de infraestructura y desarrollos habitacionales en la zona Diamante de Acapulco. Se requieren, necesariamente, su articulación y vinculación efectiva con instrumentos como el ordenamiento ecológico y la evaluación del impacto ambiental. Se trata, de manera integral, de ir con la naturaleza y no en contra de ella. Un defecto humano es la necedad, apuntalada por la necesidad, la gente no puede permanecer en zonas expuestas a nuevas inundaciones o deslaves. Ninguna obra hidráulica puede garantizarles que eso no vuelva a suceder, hay que lograr reubicar, conforme a las orientaciones del Atlas, a aquellas personas que se encuentren expuestas y vulnerables a peligros como las tormentas y sismos.
6.- El análisis de resoluciones de las evaluaciones del impacto ambiental de desarrollos habitacionales en la zona Diamante de Acapulco indica que es urgente revisar tanto el procedimiento legal de evaluación del impacto ambiental, como las propias metodologías que se requieren para dichas evaluaciones. Considerando siempre en la evaluación internalizar costos ambientales y sociales.
Al respecto, se debe incluir de manera efectiva la opinión de los sectores públicos del desarrollo urbano y de la protección civil. Esta debe ser considerada vinculante en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental. En el mismo sentido, en la evaluación del impacto ambiental en áreas de ecosistemas fluviales, debe tener una opinión vinculante preponderante la autoridad del agua. Una adecuada política pública ambiental es trabajar en cooperación máxima con dichos sectores. Si el sector del desarrollo urbano dice que ahí no se puede construir más que un máximo de viviendas, debe atenderse esa indicación; si el sector de protección civil dice que el área es de inundación, debe también atenderse esa indicación. Si no existe opinión alguna en los tiempos formales de la evaluación por principio preventivo y precautorio, debe negarse la autorización ambiental.
En la evaluación del impacto ambiental, se debe ser cuidadoso con autorizar soluciones tecnológicas aisladas, de rellenos, canales y dragados, como se ha hecho en la zona Diamante. Se deben buscar soluciones integrales, de ingeniería con sentido ecológico y social. Es decir, se requiere aplicar de manera efectiva otros instrumentos preventivos como es el ordenamiento ecológico y el Atlas de Riesgos.
7.- Es necesario evaluar e informar de manera conjunta por los tres órdenes de gobierno de manera detallada a la sociedad sobre las causas del desastre en la zona Diamante de Acapulco en septiembre de 2013 (ahora sería incluir hasta 2023). No con un afán meramente punitivo, de identificar responsables, sino correctivo, para que esto no se vuelva recurrente y más grave en el corto plazo. Se trata de que los proyectos en la reconstrucción de la zona Diamante no se vuelvan el tejido de Penélope, en donde se reconstruye para que se vuelva a destruir. Es un círculo perverso donde sólo ganan los mismos de siempre y pierden los mismos de siempre.

