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Demandan organizaciones a gobiernos destinar más recursos al campo en 2025

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dos frentes de agrupaciones de productores, realizan acciones por separado para lograr que la federación y el estado autoricen mayor presupuesto para el campo el próximo año.
Este lunes, representantes de uno de estos dos frentes se reunieron con diputados de Morena y del PVEM, mientras que, por separado, otras agrupaciones denunciaron en conferencia de prensa la falta de apoyos y anunciaron un foro para proponer un incremento presupuestal para el próximo año que detone el desarrollo del campo.
El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Antonio Colín Ramírez, informó que se reunieron con los diputados Alejandro Carabias Icaza del PVEM, así como con Catalina Apolinar Santiago y Diana Bernabé Vega, de Morena.
Estuvieron Carlos García, de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del estado; el ex alcalde morenista de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza; el ex candidato a gobernador de Redes Sociales Progresistas, Ambrosio Guzmán Juárez, Colín Ramírez, como representante del Colegio de Ingenieros.
“Les propusimos una revisión de los presupuestos que se han ejercicio en las diferentes secretarias que apoyan al campo, no solamente en la parte agropecuaria, forestal y pesquera, sino en todas las demás dependencias que tienen que ver con el desarrollo rural”, informó por teléfono.
Además, que la gente podrá hacer sus propuestas en los foros que van a organizar a partir de octubre en función de sus necesidades a fin de que el Poder Ejecutivo estatal elabore el proyecto de presupuesto para el próximo año.
Informó que la reunión con los diputados fue parte de los acuerdos de la asamblea estatal que realizaron el 24 de agosto pasado en Chilpancingo.
Indicó que la intención es que el 23 de septiembre se realice otra en la que van a aumentar el número de diputados para coincidir en un proyecto de desarrollo que están promoviendo productores, profesionistas y diputados locales.
En tanto que por la mañana, representantes de agrupaciones como el dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), Maclovio Avilés García, la representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, (UNTA), Fabiola Nava Reyes; el representante de la agrupación Pueblos Unidos para el Desarrollo (Puedes), David Damián y de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero, que integran Fuerza Guerrerense, anunciaron la realización de un foro para el 19 de septiembre, “para escuchar propuestas para un presupuesto mejor para el campo”.
Argumentaron que Guerrero enfrenta “graves problemas de desarrollo que se expresan de manera cruda en el medio rural, debido a políticas públicas erróneas y descoordinadas, así como por la falta de apoyo y estrategias para la agroindustria, además del cambio climático que impacta negativa en la producción de temporal”.
El dirigente de la CCI leyó un documento que señala que los tres órdenes de gobierno han reconocido la problemática en el campo pero que por intereses políticos y personales han impedido la aplicación de recursos para el desarrollo rural.
Avilés, dijo que se requiere diáogo entre los actores sociales con los tres órdenes de gobierno y los diputados para que se asuma el compromiso de un mayor presupuesto para atender mejor al campo guerrerense.
Informó que asistirán a este foro que se realizara el 19 de septiembre a partir de las 10 de las mañana en el hotel Paradise Inn, comisariados ejidales y comunales, así como organizaciones de productores.

 

Guerrero no es “santuario de mujeres”, pues siguen las desapariciones, señalan colectivos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Litigio Estratégico en Derechos Humanos (I(dh)eas), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), alertaron del incremento exponencial de las desapariciones de mujeres en Guerrero, así como la omisión y complicidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con los grupos criminales generadores de la violencia.
En un documento, refieren que de acuerdo a cifras del proyecto RedLupa, en el 2022 hubo 690 mujeres desaparecidas; en el 2023 se registraron 731, y en los primeros seis meses del 2024 ya suman 729.
Los organismos piden justicia por el caso de Marisol Castro Gatica de la comunidad de Mecatepec, municipio de Tecoanapa, desaparecida el 8 de junio y hallada asesinada el 19 de julio pasado en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Exigen que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha dicho que Guerrero es un “santuario de las mujeres”, informe cuántos detenidos y sentenciados hay por el delito de desaparición de mujeres.
Reprochan que a los “dueños del poder” en la entidad lo único que les interesa es enriquecerse a costa del dolor y desconsuelo de cientos de familias.
“Todo crimen causa consternación, pero cuando se trata de una mujer este sentimiento se convierte en indignación en contra de las autoridades que se muestran tolerantes ante el jugoso negocio que significa la desaparición de mujeres, en su mayoría jóvenes, para el comercio sexual”.
Denuncian que en este negocio podrían estar involucradas las autoridades, “porque sólo así se explica que la desaparición de mujeres se haya incrementado en forma exponencial en el corredor de Tierra Colorada a Ayutla en la medida que en Guerrero aumenta el número de elementos del Ejército mexicano en tareas de seguridad, así como el aumento de agentes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal y Ministerial”.
Las agrupaciones refieren que en el contexto de violencia va en aumento contra las mujeres en la entidad, de acuerdo a datos del proyecto RedLupa, que lleva el registro de violencia en contra de las mujeres. En el 2022 hubo tres mil 802 desaparecidos, de las cuales 690 fueron mujeres; en el año 2023 hubo cuatro mil 106 desapariciones, y 731 fueron mujeres; en tanto que en los primeros seis meses del 2024 se han contabilizado cuatro mil 313 desaparecidos de los cuales 729 son mujeres.
“Hay que mencionar que de enero a los primeros días de mayo se presentaron ocho denuncias por la desaparición de niñas”, refiere el documento.
Las agrupaciones señalan que uno de los meses en los que se presentaron más denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la desaparición de mujeres fue junio pasado, pues del total de 99 desapariciones ocurridas en ese mes, 53 fueron mujeres.
“Toda la violencia en general, y contra las mujeres en particular, crece a pesar del abierto apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha declarado que el estado es un santuario para los derechos de las mujeres”.
Reprochan que, sin embargo, de nada ha servido el envío de cientos de elementos de la Guardia Nacional a la entidad, pues de enero a junio de este 2024 han habido 845 homicidios dolosos, “como consecuencia de seguir permitiendo el accionar de alrededor de 16 grupos criminales y narcoparamilitares que se disputan el control del estado”.
Indican que esta violencia que crece en el estado como consecuencia de la expansión de los grupos criminales, “con el permiso gubernamental”, ya se veía venir “y lo habíamos manifestado que después de los estragos provocados por el huracán Otis, el problema crecería por el reacomodo e implementación de otros giros delincuenciales”.
Refieren que en este ambiente de violencia que se vive en la entidad, la comunidad afromexicana de Mecatepec, municipio de Teoanapa “aún se encuentra consternada tras la localización del cadáver de Marisol Castro Gatica, de 29 años de edad, desaparecida el 8 de junio y 40 días después, el 19 de julio, hallada muerta en Ixtapan de la Sal, Estado de México.
“Por el lugar y las condiciones en que se localizó su cuerpo es necesario que la familia se mantenga alerta y preparada para una lucha larga y complicada por verdad y justicia, porque tal parece que se pretende hacer recaer la responsabilidad en una sola persona y dejarlo solo como un hecho de feminicidio, ajeno al accionar de grupos delincuenciales”.
La joven salió de su casa el sábado 8 de junio por la mañana a una cita médica al puerto de Acapulco y regresaría al otro día a su comunidad de Mecatepec, de donde era originaria, pero ya no lo hizo.
Su cuerpo fue hallado el 19 de julio pasado envuelto en plástico y en avanzado estado de descomposición en la colonia 24 de Febrero de Ixtapan de la Sal, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Coordinación General de Servicios Periciales de ese estado para que se le practicara la necropsia y determinar las causas de su muerte así como la fecha del deceso.
El cadáver de la joven guerrerense fue encontrado por integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), policías de investigación, efectivos de la Marina, Policía Estatal y Municipal.
La Fiscalía de Guerrero informó el martes pasado la detención y vinculación a proceso a Maximiliano “N” por el presunto feminicidio de Marisol.
El presunto responsable fue detenido en El Mogote, municipio de Taxco de Alarcón, sólo por el delito de secuestro, según denunciaron los organismos que reclamen justicia para la joven y su familia.
Destacan también en su documento las desapariciones de cuatro mujeres en distintos lugares de la entidad, dos de ellas menores de edad, tres que desaparecieron en los últimos cuatro meses y otra en el 2021, de las que a pesar de que sus familiares pidieron la intervención de las autoridades y se emitieron las fichas de alerta Ámber y se encuentran activas, no hay indicios de que se esté investigando su paradero.
Ellas son: Yohana Yuridia Marín Molina, de 16 años, quien desapareció el 9 de abril en el municipio de Copala; Naomi Torres Pintor, de 16 años, desaparecida el 6 de abril en el municipio de Chilpancingo; Alondra Daniela Olea Hernández, de 19 años, desaparecida el 12 de abril en Acapulco, y Sarahí Suástegui Callejas, de 24 años de edad, desaparecida en el 2021.
Sin embargo, insisten que las mujeres desaparecidas son muchas más derivado de la espiral de violencia en el estado.
Ante ello, I(dh)eas, el IMDHD y el Centro Morelos, exigen “verdad y justicia para las víctimas de desaparición y sus familias”, además, que la gobernadora Salgado Pineda informe cuántos detenidos y sentenciados hay en Guerrero por el delito de desaparición de mujeres.
Asimismo, que la tarea de la seguridad pública esté en manos de civiles y que la estrategia correspondiente surja de las propuestas de la sociedad. También que se investigue a las autoridades y funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno “para terminar con su complicidad, corrupción e impunidad que protege a los responsables de las desapariciones”.

Plantean organizaciones nueva ingeniería urbana y de servicios sustentables

Aurora Harrison

Organizaciones sociales afines a Morena en el Primer Foro de Participación Ciudadana y Popular hacia el Segundo Piso de la Cuarta Transformación plantean una nueva ingeniería urbana y de servicios sustentables en Acapulco, que en el hospital regional del ISSSTE haya gente profesional alejada de la corrupción.
El foro se dividió en cinco ejes, el primero es mecanismos y formas de participación ciudadana y popular en las acciones de gobierno; otro tema fue coadyuvar y colaboraron con los tres órdenes de gobierno de la Cuarta Transformación en la solución de problemas.
Además de armonizar la agenda legislativa con los principios de la 4T, el cuarto eje es la unidad de Morena con base en sus estatutos, por último, la extinción de las reformas neoliberales en los ámbitos educativos, laboral, telecomunicaciones, agrarias.
Fueron varias participaciones cada uno tuvo una duración de 10 minutos, en donde expusieron sus planteamientos en la ponencia de mejoramiento de la seguridad social para los servidores públicos de Guerrero y derechohabientes del ISSSTE el planteamiento que hacen es que se garantice una selección profesional alejada de todo tipo de errores y corrupción para dar paso a personas comprometidas con su profesión.
Además, solicitan que se continúe con el funcionamiento del hospital General que se ubica en la avenida Ruiz Cortines, con los servicios de consulta especializado, laboratorios, las 80 camas censales, para que no se sature el nuevo hospital regional que dará consulta a ciudadanos de Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
Otro de los planteamientos que hacen las organizaciones es construir comunidades de aprendizaje donde se practiquen los principios de no mentir, no robar, no traicionar, que se diseñe un programa de propaganda en plazas públicas, mercados y lugares de afluencia de personas en determinadas horas para difundir información sobre el proyecto alternativo de nación y la revolución de las mentalidades.
En otra de las ponencias plantean purificar el noble oficio de la política, donde se pueda construir una nueva relación sociedad-gobierno, donde el poder lo ejerza el pueblo, los encargados de la administración del gobierno obedezcan las necesidades económicas y sociales del pueblo.
Plantean también una nueva ingeniería urbana y de los servicios auto sustentable, es decir, que haya nuevos diseños de avenidas y calles, para que haya mayor fluidez de los carros y de los autobuses; un servicio de transporte municipal, frenar la contaminación de los suelos, subsuelos y la mar. Construcción de una red de drenaje para el tratamiento de las aguas residuales y pluviales, desazolvar arroyos y ríos.
Crear empresas de producción de interés social, cooperativas con los principios de la economía social y solidaria, crear una flota de altamar para capturar peces, camarón, mariscos, y consolidar astilleros, promover la cultura de la acuacultura, diversificar la atención turística.
Entre las organizaciones que estuvieron participando están el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación Juan R. Escudero, la Unión Nacional de Trabajadores, Sindicato Nacional Progresista de los Trabajadores del ISSSTE, Jubilados y Pensionados de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero, la Sección 14 del SUSPEG, el Frente Guerrerense Magisterial y Popular por la Transformación de México.

 

Influían las organizaciones sociales en la investigación de Ayotzinapa: AMLO

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las organizaciones sociales dominaban y contaban con una gran influencia en la investigación de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador habló sobre el censo de personas desaparecidas en el país, comparando la situación con la de los normalistas de Ayotzinapa.
De igual forma mencionó de manera directa al senador Emilio Álvarez Icaza como jefe de las organizaciones sociales, asegurando que tiene influencia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, es un poco lo de Ayotzinapa. Las organizaciones sociales eran los que dominaban, tenían una gran influencia. Este senador Álvarez Icaza, el jefe de organizaciones sociales, una gran influencia en el Prodh, una gran influencia en las organizaciones de derechos humanos, de la OEA, de la ONU”.
El presidente aseguró que lo que debe hacer el gobierno federal es asumir la responsabilidad que tiene a pesar de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, a lo que agregó que “nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo”.
Ante las declaraciones de López Obrador, el senador Álvarez Icaza respondió con un video en X, donde afirma que el presidente López Obrador ha traicionado a las víctimas, atacado a las organizaciones, “desaparecer a los desaparecidos” y un pacto de corrupción e impunidad.
“Para tener legitimidad para hablar del tema, dígale a las familias, incluidas las de Ayotzinapa, dónde están sus seres queridos desaparecidos. Mientras usted no avance en justicia, en verdad, en reparación y no repetición, usted será sólo un encubridor” comentó en el video.
En el texto que acompaña al video señaló que se ha vuelto incapaz de “cumplir con su palabra”, preguntando sobre el paradero de las personas desaparecidas y el de los 43 estudiantes normalistas, reiterando que el gobierno es una “simulación y traición” para madres y padres de los estudiantes.
El pasado 14 de diciembre López Obrador aseguró que tiene asuntos pendientes con el Centro Prodh, añadiendo que la organización se ha ido “echando a perder” además de que calificó a Emilio Álvarez Icaza como un “farsante” respecto a su participación en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Ese mismo día afirmó que los abogados que hicieron las gestiones para la liberación de 60 supuestos involucrados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, están relacionados con Álvarez Icaza y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Balean sicarios a cuatro reporteros que venían de cubrir un hecho de violencia en Chilpancingo

El auto en el que viajaban los cuatro reporteros atacados a balazos ayer en Chilpancingo Foto: El Sur

En la imagen de la izquierda reporteros de diversos medios de comunicación afuera del área de urgencias del hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo a donde fueron traslados tres periodistas heridos a balazos. A la derecha la sección 33 del SNRP se manifiesta en Altamirano para repudiar la agresión a los comunicadores de la capital Fotos: Jesús Eduardo Guerrero e Israel Flores

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

Cuatro reporteros capitalinos fueron atacados a balazos después de cubrir un hecho de violencia ayer al mediodía por motociclistas que les dispararon a quemarropa, dejando heridos de gravedad a Víctor Mateo del Diario de Guerrero y colaborador de la agencia Quadratín y a Jesús de la Cruz Nava, del medio digital Reporte Guerrero y con un rozón a Oscar Guerrero, del portal Primer Plano e hijo del corresponsal de Reforma Jesús Guerrero Salgado, quedando ileso Héctor Camacho del semanario Interacción.
Los reporteros fueron atacados afuera del Sexto Batallón de Ingenieros del Ejército mexicano, en la colonia Ayala, cuando hicieron una parada para mandar sus fotos y textos a sus medios luego de cubrir el asesinato de un chofer de Urvan en la colonia Las Palmas.
A ese lugar llegaron dos hombres en una motocicleta y dispararon a mansalva contra los comunicadores. El conductor Víctor Mateo recibió un disparo en el rostro y en el pecho, el copiloto Oscar Guerrero un rozón en el brazo izquierdo y el acompañante de atrás Jesús de la Cruz dos disparos cerca de los hombros.
Los reporteros corrieron a las instalaciones del Batallón donde fueron atendido por elementos de la Guardia Nacional (GN), que con su ambulancia los trasladaron al hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo.
El ataque se da luego de constantes amenazas en redes sociales contra la labor de los reporteros que cubren hechos de violencia vinculada con el crimen organizado y sus derivaciones polícicas en vísperas de la selección de candidatos para las elecciones de 2024.
Hasta las 10 de la noche Víctor Mateo y Jesús de la Cruz se reportaron como estables y el hospital donde se encuentran esta bajo vigilancia de la GN.

Es un ataque directo al gremio, señalan reporteros

Por la noche reporteros de varias organizaciones exigieron durante una conferencia de prensa en la página de Facebook del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje de criminalizar a los reporteros y medios de comunicación porque con eso da pauta a las agresiones que reciben.
En el escrito leído responsabilizan “a las autoridades de los tres niveles de gobierno, por el atentado ocurrido contra lo que consideramos es un ataque directo al gremio periodístico”.
“Al presidente Andrés Manuel López Obrador, le exigimos que termine con su discurso de odio y descrédito hacia la labor de los reporteros y los medios de información, ya que esto implica ponernos en un estado grave de vulnerabilidad y criminalización, en el que cualquier persona cree que atacar a un periodista es solidarizarse con el gobierno que él encabeza”, reclamaron en el texto respaldo por al menos 50 reporteros y organizaciones.
A la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le pidieron “asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública y otorgar las garantías necesarias y suficientes a los que se encargan de relatar diariamente la realidad que se vive en el estado; porque su indolencia y menosprecio al trabajo de los medios también constituye un agravio a la sociedad que exige estar informada, como es su derecho constitucional y una obligación gubernamental”.
Y a los grupos del crimen organizado les recalcaron que “no somos sus enemigos y pedimos que dejen fuera al gremio periodístico de sus diferencias con el Estado, porque sólo nos limitamos a ejercer nuestra actividad de informar a la sociedad”.
Finalmente anunciaron una movilización para hoy a las 10 de la mañana para exigir la investigación del ataque y pedir a los tres niveles de gobierno garantías para ejercer el derecho de informar.

Se solidarizan el gremio de Tierra Caliente y la OCSS

Integrantes de la sección 33 del SNRP con sede en Tierra Caliente, se manifestaron este martes por la noche en la glorieta de Ciudad Altamirano para expresar su apoyo a los reporteros agredidos en Chilpancingo y exigir garantías de seguridad.
En la concentración con cartulinas de repudio a la agresión, el dirigente del SNRP, Jesús Benítez, leyó un pronunciamiento en en que se exige que los gobiernos federal y estatal, así como los diferentes ayuntamientos, hagan su trabajo y den garantías de seguridad a la labor periodística.

Expresó que se vive en Guerrero un Estado fallido, pues los gobernantes no garantizan la seguridad de todos ni tampoco la libertad de expresión .
“Brindamos todos nuestro apoyo y respaldo a cada uno de los reporteros que fueron heridos a balazos, pedimos que las autoridades les brinden todo el respaldo y seguridad a ellos y a sus familias, y repudiamos los hechos de violencia y la agresión que sufrieron en cumplimiento de su trabajo”, expresó.
En tanto, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se solidarizó con el gremio y con los reporteros atacados en Chilpancingo y exigió al gobierno que resguarde su integridad así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que atienda este hecho.
En un comunicado la OCSS señaló que este ambiente de violencia y agresión directa a periodistas “que cubren y difunden día a día los actos criminales que inundan nuestros pueblos es generado por el contubernio entre grupos criminales y gobierno, quienes permiten, promueven y forman parte de la perpetuación de la guerra contra la población”.
Ya investiga, dice la Fiscalía del estado

La Fiscalía General del Estado informó que, “a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos investiga la agresión a los cuatro periodistas.
Agrega que inició de oficio la carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa, en contra de quién o quienes resulten responsables.
También afirmó que por instrucciones de la Fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el Fiscal Especializado en Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas “acudió al Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo para realizar las primeras investigaciones, brindar atención jurídica y acompañamiento a las víctimas y familiares”.
Dice que se puso en marcha un operativo donde participan autoridades federales y estatales como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Agentes Ministeriales, Policía Estatal y Municipal.

 

Reclaman organizaciones empresariales y de abogados a la gobernadora por la inseguridad

Redacción

Organizaciones empresariales y de abogados reclamaron en un comunicado la “alarmante” situación de inseguridad a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, y señalaron que la federación, el estado y el municipio han fallado en la prevención del delito, y pidieron “no más “discursos vacíos y promesas incumplidas”.
Aunque no se menciona en el comunicado el asesinato del ex presidente de la Barra de Abogados-Colegio de Abogados de Acapulco, Salomé Gutiérrez Aguirre, quien fue ejecutado a balazos dentro de su automóvil y su acompañante resultó herido en un ataque en la calle Cinco de Mayo en el Centro de la ciudad.
La misiva respaldada por 22 organizaciones señala: “es evidente la omisión de las autoridades en esta grave situación. No podemos permitir que la impunidad y la falta de acción continúen amenazando a los ciudadanos. La seguridad debe ser la prioridad absoluta de quienes ocupan cargos públicos y de quienes están encargados de hacer cumplir la ley para vivir en un Estado de Derecho”.
Agrega: “expresamos profunda preocupación ante la alarmante situación de inseguridad que prevalece en nuestra región. Es imperativo que nuestras voces se escuchen para exigir a nuestras autoridades acciones concretas en materia de seguridad por parte de los tres niveles de gobierno, principalmente al Gobierno del Estado”.
En el texto señalan que la violencia e inseguridad que afectan a la entidad “son inaceptables, percibiendo que las autoridades en materia de seguridad, han sido superadas, por los hechos delictivos que acontecen diariamente”.
Recordaron que el incremento de la violencia ha alcanzado a las propias instituciones, “por lo que no podemos permanecer indiferentes ante la creciente ola de violencia y los delitos que laceran diariamente a la economía de nuestro estado; no podemos seguir siendo testigos impotentes de esta realidad que afecta a nuestras sociedad y pone en peligro la tranquilidad y economía de nuestras familias”.
Por eso “exigimos a las autoridades, que pongan en marcha acciones inmediatas y efectivas para combatir la inseguridad”, y pidieron redoblar esfuerzos en las áreas de investigación y prevención del delito, y dar los recursos necesarios a las fuerzas de seguridad para cumplir con su deber.
Señalaron que “la Federación, las entidades federativas y los municipios están fallando en su función comprendida en la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, con el fin de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.
Solicitaron analizar las acciones que se plantean en las estrategias de seguridad pública aplicadas por el gobierno federal y adoptadas por el el gobierno estatal, “que a más de dos años han dado nulo resultado, de no hacerlo, cambiar a los servidores públicos que están a cargo de las instituciones y poner perfiles con conocimiento en el temas de seguridad y procuración de justicia”.
Además de que “no es suficiente los discursos vacíos y promesas incumplidas; los ciudadanos requerimos observar un compromiso real por parte de las autoridades para restaurar la paz y la seguridad en Guerrero”.
Finalizan diciendo que “con unidad y determinación, elevamos la voz contra la inseguridad en Guerrero para ver resultados tangibles que devuelvan la paz y la tranquilidad a nuestra ciudadanía, exigiendo a las autoridades actúen de manera decidida y efectiva para restablecer la paz en Guerrero, a efecto de que el fortalecimiento de las instituciones prevalezca”.
Firman el comunicado el Grupo ACA, Canaco-Servytur Acapulco, AHETA, Coparmex Acapulco, Canirac Acapulco, Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de Acapulco, Aso-ciación Mexicana de Mujeres Em-presarias, Asociación de Hotele-ros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Grupo Solidaridad.
También lo signan el Grupo de Abogados del Estado de Guerrero, Barras de Abogadas y Abogados Colegio de Coyuca de Benítez, Unión de Profesionistas de Guerrero, Colegio de Abogados del Estado de Guerrero Ignacio Manuel Altamirano, INCLUDER Colegio Federado de Abogadas y Abogados, Foro Guerrerense de Abogados, Unión Internacional de Mujeres Líderes del Derecho, Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Colegio de Abogados Eduardo López Be-tancourt, Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Gue-rrero, y la Barra de Acapulco-Co-legio de Abogados.

 

Proponen al etnohistoriador Baltazar Brito para la presea Sentimientos de la Nación

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dos organizaciones sociales propusieron al promotor cultural Baltazar Brito Guadarrama, originario de Zacapoxtepec, municipio de Apaxtla de Castrejón, como recipiendario de la presea Sentimientos de la Nación que cada 13 de septiembre entrega el Congreso local.
Las agrupaciones Organización Guerrerense del Municipio de Apaxtla. Radicados en la Ciudad México, interior del país, y en el extranjero, así como Tlapa-Tlappan-Tlachinollan, Arte y Cultura Comunitaria, enviaron oficios por separado a la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local Yoloczin Domínguez Serna en los que piden que considere la propuesta del “gran promotor de la cultura dentro y fuera de este estado”, expuso la primera organización.
En el oficio de fecha 22 de agosto, firmado por los representantes de la organización, José Servando Lagunas y el general brigadier, médico cirujano, Ralph José Rodríguez Villalobos se argumenta que Baltazar “es una voluntad perseverante que, en relativamente poco tiempo, ha conseguido lo que a otros les ha costado una vida”.
Refiere que es licenciado en etnohistoria, maestro y doctorado en estudios mesoamericanos por la UNAM, y actualmente director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.
Añade que ha procurado rescatar y difundir la memoria indígena de nuestro país, “consciente de que en ella reside una buena parte de la diversidad cultural que caracteriza a los mexicanos”.
Resalta en su trayectoria que es “apasionado” de los testimonios pictográficos mesoamericanos, y que ha estudiado y publicado los códices Humboldt fragmento I, Azoyú I y Azoyú II, los tres elaborados bajo la tradición escrituraria que, en tiempos prehispánicos y coloniales, era utilizada por los antiguos pobladores de Tlapa-Tlachinollan.
De acuerdo a la agrupación Brito Guadarrama ha reconstruido parte de la historia política y económica de este lugar enclavado en la lejanía de la montaña guerrerense.
“Además de difundir este legado entre nuestros connacionales mediante libros, artículos e incluso exposiciones y entrevistas a distintos medios de comunicación, ha procurado que sea reconocido en el extranjero como parte del bagaje cultural de la humanidad”.
Refiere que otros de los códices “que han captado su interés y que también ha difundido no solo en nuestro país sino alrededor del mundo”, son los pertenecientes a la región poblana de Huejotzingo, así como los nombrados Boturini, Badiano, Tonalámatl de Aubin, Lienzo de Tlaxcala, Maya de México y Dresde.
Asegura que el conocimiento de nuestros ancestros ha sido llevado por Brito Guadarrama a estados como Tlaxcala “y lugares tan lejanos” como Irán, Polonia, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Panamá o Nueva York.
Añade que, en tanto, en México ha sido el artífice de las dos exposiciones de códices originales más importantes que se hayan realizado hasta el momento; la primera en 2014 en el Museo Nacional de Antropología y la segunda en el Museo Internacional del Barroco, en Puebla.
Subraya la agrupación que ha promovido la cultura dimanada de los pueblos indígenas y ha realizado un esfuerzo por garantizar el derecho a la cultura de un buen número de estas comunidades.
“En ese sentido, Baltazar Brito ha dotado de material bibliográfico a distintas poblaciones, entre ellas, Nochtepec, los 16 pueblos de Apaxtla de Castrejón, Acamixtla e incluso al Cereso de Chilpancingo, “uno de los espacios donde, generalmente el derecho a la educación suele ser marginado”.
Asegura que también ha llevado material para fundar o engrosar una biblioteca son Zacatepec, Amatlán, Oaxaca, Quiahuiztlan y varios pueblos más de Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.
“Brito también ha centrado sus esfuerzos en recuperar y preservar el patrimonio documental y cultural de la nación. En ese sentido, contribuyó a repatriar los manuscritos de Luis de Carvajal, El Mozo, personaje virreinal que fue sentenciado a muerte por mantener un credo distinto al que predominaba en el siglo XVI, los cuales fueron robados del Archivo General de la Nación en la década de los treinta del siglo pasado y pretendían ser vendidos en 2017 por una conocida casa de subastas en Nueva York.
Por todo ello consideran que “es un digno merecedor de la presea Sentimientos de la Nación, pues con su labor contribuye sobremanera a la construcción de una sociedad igualitaria y democrática, donde el acceso y la difusión de nuestra memoria histórica contribuye a dotar de identidad y paz a todos los mexicanos”.
En el segundo oficio de Tlapa-Tlappan-Tlachinolan, Arte y Cultura Comunitaria, propone a Baltazar Brito Guadarrama, “en virtud de que se trata de un investigador y promotor cultural guerrerense, que ha destacado a nivel nacional e internacional por sus investigaciones y publicaciones sobre documentos pictográficos mesoamericanos y su labor de difusión de la cultura de los pueblos de México al rededor del mundo”.
El escrito que firma el presidente del colectivo, Alejandro Morales Ibarra, refiere que actualmente como Director de la Biblioteca Nacional del INAH Brito Guadarrama ha beneficiado a los pueblos para el rescate, protección y conservación de su patrimonio cultural tangible.

“La disposición y el trato, siempre atento a las necesidades de las solicitudes de los pueblos en la orientación, gestión, vinculación y apoyo directo, en relación a la defensa del cuidado y reconocimiento de la identidad comunitaria, hace que consideremos que el Dr. Baltazar Brito Guadarrama es justamente merecedor de recibir esta importante presea”.

 

Reprochan ONG que se procese en libertad al general implicado en el caso Ayotzinapa

Iris Velázquez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Organizaciones que acompañan a las familias de los normalistas de Ayotzinapa, reprocharon que se permitiera al general Rafael Hernández Nieto, implicado en el caso, enfrentar su proceso en libertad, por considerar que se da un tratamiento preferencial y un sesgo a favor del Ejército.
La juez federal Raquel Ivette Duarte concedió a Hernández, ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, el beneficio de llevar en libertad su proceso por el delito de delincuencia organizada, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria. No es la primera vez que este general recibe un tratamiento preferencial. La determinación adoptada por la juez segundo de distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios, explicables sólo por la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las fuerzas armadas en el presente”, señalaron en un posicionamiento las organizaciones Centro Prodh, Serapaz, Fundar y Tlachinollan.
Al hacer un recuento de los beneficios otorgados al general, recordaron que en agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió, lo que sostuvieron se logró de forma ilegal.
“Luego de casi un año de denunciar esa grave irregularidad, que en su momento motivó la salida de quien fuera fiscal del caso, las familias de los normalistas con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenciaron que esta decisión había sido ilegal y la orden se ejecutó finalmente, siendo detenido el general el 6 de julio de 2023, después, se le dictó auto de formal prisión.
“Además, de forma extremadamente inusual, la Guardia Nacional determinó, en menos de 24 horas, que el detenido no presentaba riesgo de fuga, celeridad y parcialidad que no se ha documentado en casos de civiles acusados de delitos, y que resulta sumamente sospechosa”, advirtieron.
Las organizaciones acompañantes subrayaron que el Hernández Nieto, quien era comandante del 41 Batallón de Infantería cuando ocurrieron los hechos, fue expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas.
“Con menciones que muestran que tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada. Específicamente, en los mensajes se dice que ‘voy a ir a telo a traer cosas y ver al coronel Nieto para que esté bien todo’. Además de la mención directa por apellido, en esos mensajes existen otras muchas alusiones al estrecho trato del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos con los miembros del 27 y el 41 batallones de Infantería, mientras (Hernández) Nieto era la cabeza de este último”, añadieron.
Informaron que debido a la distancia, los padres de los normalistas apenas están conociendo la determinación y en su momento fijarán su postura.
“No obstante, es necesario señalar, desde ahora, que esta inédita decisión es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos, que obstaculiza impunemente el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos en los que esta misma administración prometió verdad y justicia”, indicaron.

 

Padres de familia anuncian un amparo para que en Guerrero no se entreguen los nuevos libros

Representntes de organizaciones de padres de familia en Guerrero Benjamín Fuentes, Victoriano Sánchez, Julieta Fernández, María de la Luz Reyes, Ismael Andraca, Oscar Hérnadez y Gerardo García en conferencia de prensa Foto: Jesús Trigo

Karina Contreras

Organizaciones de padres de familia de Guerrero anunciaron que promoverán un amparo, para obligar al gobierno estatal y a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a que no se distribuyan los nuevos libros de texto, argumentado que su contenido pone en “peligro a sus hijos” y lleva a la “perversión”.
En una conferencia de prensa en un salón del hotel Malibú, la presidenta de Familias Unidas de Acapulco, María de la Luz Reyes Ríos, adelantó que mientras se resuelven los amparos, acudirán a las escuelas a pedir a los directores que no utilicen los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y usen los del año pasado.
La también abogada explicó que el amparo lo van a interponer las asociaciones sociales y padres de familia, que va en el mismo contexto del que hizo la Unión Nacional de Padres de Familia, que logró un amparo definitivo, para que no se distribuyan los libros porque no hay planes educativos, porque los contenidos no son científicos, por las anomalías e irregularidades que contienen y el adoctrinamiento que viene, en específico para los niños.
“Ya estamos trabajando en los amparos y se presentarán en estos días”, dijo y agregó que los libros de texto nuevos son improvisados, porque faltan los nprogramas educativos y “verdaderos profesionales de la educación. Se hicieron los convenios para guardarlos, reservar hasta cinco años, eso hizo el Ejecutivo. ¿Por qué no dan a conocer quiénes y en qué se basaron para destruir los contenidos que estaban actualizados en 2017?”.
Señaló que dicen los libros que los contenidos están elaborados para que los docentes escojan un proyecto, para aplicarlo con sus alumnos, cuando antes estaban diseñados para que los niños apoyen su aprendizaje a partir de sus contenidos, y ahora no.
Dijo que nunca se había visto un libro de texto sin un programa educativo y señaló que los maestros no están capacitados para trabajarlos, además de que sólo van a pervertir a sus hijos.
El presidente de la Asociación a Favor de la Familia y la Niñez, Victoriano Sánchez Carbajal, señaló que no están de acuerdo con que se trate a los niños de esa manera, con esos libros, y por eso se están organizando para interponer un juicio de amparo, porque si bien la Constitución establece que la educación es inclusiva, eso no “significa la imposición de ideologías a través de los libros de textos”.
Desconocemos el fondo y de dónde viene, pero lo “que sí vemos, es que tienen objetivos fundamentales, como lo es la perversión de la niñez. Es una preparación a la pedofilia, que ya está en otros países y en México, independientemente de que no se discuten temas de valores. Por eso, la oposición total al contenido de los libros de texto de nivel primaria, por razones y fundamentos constitucionales”.
Mientras, el presidente del Frente Nacional por la Familia Guerrero, Tomás Gerardo García Sánchez, manifestó que es alarmante el grado de dictadura que se pretende imponer desde el gobierno federal, “estamos haciendo un llamado a todos los padres de familia, a los maestros y profesionistas, porque queremos despertar la conciencia sobre todo esto”.
Señaló que el origen de la delincuencia está en la desintegración de la familia y que los libros de texto “sólo contribuyen a incrementar la violencia que ya se está viviendo en Guerrero y el país. Tenemos una sociedad pervertida, corrompida, podrida y esto no ayuda”.
Señaló que como movimiento han hecho propuestas concretas para la familia, en los foros a los que convocó el gobierno estatal para el plan de desarrollo, pero no les hicieron caso.
Agregó que gobernadores y diputados han salido a decir que están a favor de los libros sin conocerlos, “son políticas con perspectivas de género que atentan contra la vida, se deforma el término de familia, de igualdad, de equidad y aquí la víctima es la sociedad”.
Por su parte, el representante de Guerrero Unido por la Familia, Benjamín Fuentes Hoyos, dijo que hacía un llamado al despertar de la conciencia de los padres de familia y de maestros. Señaló que como padre de familia de una niña, que estará en el quinto año, se opone a esos libros de texto.
“En el contenido del libro de quinto año, página 220, existe una actividad que se llama Feria de la Diversidad, en donde van a querer obligar a mi hija a vestirse de niño o a mi hijo vestirse de niña. Yo me opongo rotundamente a eso, porque no tiene ningún valor educativo, científico. No solamente yo me opongo, sino una gran cantidad de padres de familia. El obligar a los maestros a llevar a cabo esta actividad no es algo que beneficie a la educación de los niños”.
“Una actividad de ese tipo está trasgrediendo mis valores y la consciencia de miles de padres de familia, que van a permitir que sus hijos de un determinado sexo, que no es género, sino sexo masculino o femenino, se tengan que vestir para simular qué. Ese contenido quién lo autorizó”, se quejó el padre.
La diputada local del PRI, Julieta Fernández Marqués, dijo que la modificación de los libros de texto es anticonstitucional y señaló que se “cierne un peligro muy grande para toda la niñez”.
Señaló que con esos libros se despierta la sexualidad en niños de quinto de primaria y hay influencias que son doctrinas, que son peligrosas, por lo que exigen que se pare la repartición de libros. Recordó que hay cuatro estados que se ampararon y en dos se dejaron de distribuir los libros de texto.

Tendrían diputados el 19 de mayo el dictamen de la ley en materia de desaparición forzada

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La cuarta reunión de trabajo en la que participarán colectivos, funcionarios y diputados para revisar la iniciativa de Ley en materia de desaparición forzada de personas, será el próximo 19 de mayo, en la que esperan concluir el dictamen que tendría que ser aprobado y firmado por la Comisión de Derechos Humanos para posteriormente presentarla al pleno.
Ayer se buscó a la diputada de Morena Nora Velázquez Martínez, quien es una de las promoventes de la iniciativa y que la presentó al pleno desde el 10 de noviembre pasado, hace seis meses, y que aún no dictamina la Comisión de Derechos Humanos.
A través de una síntesis del estado de la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada de personas en el estado, Nora Velázquez informó que tienen programada una reunión para el próximo viernes 19 de mayo en la que esperan concluir la revisión de esta iniciativa.
La iniciativa la realizaron diputados locales junto a colectivos de familiares de víctimas de este delito y la Fiscalía General del Estado, la Secretaría General de Gobierno, la Comisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y el Comité Internacional de la Cruz Roja delegación regional para México y América Central.
En la síntesis proporcionada por la diputada morenista, informa que la Comisión de Derechos Humanos, que preside otra de las promoventes, la petista Leticia Mosso Hernández, ha realizado “diversas reuniones de carácter técnico para analizar la viabilidad de la propuesta”.
Y que por la importancia de la iniciativa se han realizado tres reuniones para el análisis de esta iniciativa con diversos actores como la Subsecretaria de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno Anacleta López Vega, el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, diputados locales y colectivos de familiares de personas desaparecidas, principalmente de Chilpancingo, Acapulco e Iguala.
En estas tres reuniones ha participado el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Arturo Pacheco Bedolla en representación de la presidenta de este órgano, Yoloczin Domínguez Serna.
Y a pesar de que de que ha pasado medio año desde que se presentó esta iniciativa ante el pleno y se turnó a comisiones, Velázquez Martínez afirmó que en estas reuniones “todos han coincidido en la disposición de sacar la nueva ley” y que por eso se instaló esta mesa técnica para su análisis.
Informó también que los integrantes de esta mesa recibieron “todos los documentos a analizar” en una reunión virtual que tendrían ayer por la tarde para profundizar en las observaciones de cada una de las partes.
Y que finalmente, el próximo viernes 19 de mayo tienen programada una reunión en la que esperan tener concluido el dictamen para “hacerlo llegar a las y los diputados integrantes de la comisión”.
Este dictamen después de ser aprobado por los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos integrada por la presidenta Leticia Mosso Hernández, el secretario Osbaldo Ríos Manrique, y los vocales Esteban Albarrán Mendoza, Patricia Doroteo Calderón, y Ricardo Astudillo Calvo, tendría que ser enviado a la Mesa Directiva para que se enliste en el orden del día de la sesión del pleno para su discusión y votación.
En la iniciativa original se planteó la creación de una Comisión Estatal de Búsqueda como un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica, administrativa, financiera y de gestión, que será la autoridad encargada de la búsqueda de personas en el territorio estatal, incluyendo, además de la búsqueda en vida, la búsqueda forense con fines de identificación de cuerpos y restos humanos; también se planteaba que “de resultar necesario y en los casos en los que así sea procedente, se efectúen las acciones de revisión en los centros de reclusión militar”.