La Procuraduría General de la República (PGR) ofertó 115 plazas para peritos técnicos y 32 para peritos profesionales a egresados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en una reunión informativa que se llevó a cabo en Chilpancingo, a la que también asistieron egresados de la Universidad Americana de Acapulco y de la Universidad Hipócrates.
Según el jefe del área de Seguimiento de Egresados de la UAG, Uribel Cruz Hernández se citó a 600 egresados de las facultades de Derecho, Economía, Ingeniería y Ciencias de la Comunicación, que se reunirían con los representantes de la PGR para que conocieran la oferta laboral, pero sólo acudieron 70, entre ellos de otras universidades en el estado.
La reunión se llevó a cabo en el auditorio de la facultad de Ingeniería, en la Ciudad Universitaria Sur.
Dos trabajadores de la Dirección General de Servicio de Carrera de la PGR le explicaron a los egresados que de las 115 plazas de peritos técnicos, 27 son en la especialidad de audio y video, 11 en balística forense, 20 en documentos cuestionados, 16 en fotografía forense, 12 en traducción (intérprete inglés a español), 14 en tránsito terrestre y 15 en valuación.
Para obtener una plaza, los egresados deberán presentar los documentos que acrediten sus estudios y nacionalidad mexicana, un examen de conocimientos técnicos, una evaluación de control de confianza, acreditar el curso de capacitación que dura seis meses y luego otro examen de conocimientos.
Durante el curso de capacitación que se imparte en el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la PGR, conocido como La Muralla, que está en San Juan del Río, Querétaro, los aspirantes reciben una beca de 7 mil pesos mensuales, hospedaje y alimentación en las instalaciones.
Al concluir la reunión, Cruz Hernández dijo que desde hace seis meses la UAG trabaja de manera conjunta con la PGR para darle difusión a las convocatorias laborales, y que cerca de 70 egresados obtuvieron plazas en convocatorias pasadas.
Añadió que notificó por correo electrónico a los egresados, y mediante Facebook por lo que egresados de otras universidades pidieron informes a la UAG para poder asistir, incluso recibieron preguntas de egresados del Estado de México. En las anteriores reuniones llegaron más de 100 egresados.
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Exhumará hoy restos humanos que un campesino sepultó en Huitzuco, informa la PGR
Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) exhumarán hoy los restos de una o más personas del panteón municipal de Huitzuco, los cuales fueron hallados entre 2013 y 2014 por un campesino en un terreno de cultivo donde se construyeron casas, y que al no ser levantados por la Fiscalía los sepultó en el cementerio.
En declaraciones la tarde de ayer vía telefónica, el buscador de fosas clandestinas expulsado del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara Hernández informó que como parte del proceso de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por el caso del secuestro y desaparición de su hermano Tomás Hernández, se le informó de esta diligencia que se hará en el panteón municipal.
Su hermano fue secuestrado y desaparecido el 5 de julio de 2012 en Huitzuco, él contactó a un testigo anónimo que le informó del hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas en un terreno de cultivo de la cabecera municipal, mismo en el que se inició la construcción de una unidad habitacional pero la obra quedó abandonada.
Informó que en el patio de una de las casas abandonadas, que al parecer fue usada como casa sicarios de la delincuencia organizada localizó el cuerpo de una mujer.
Su fuente denunció el hallazgo a las autoridades pero éstas le indicaron que se “deshiciera” del cuerpo para que no tuviera problemas, lo cual hizo y la abandonó en el respiradero de una mina abandonada de una zona cercana. Ese cuerpo no ha sido recuperado.
Agregó que tiempo después, entre 2013 y 2014 el mismo hombre localizó en esa zona bolsas de plástico con restos de cuerpos humanos desmembrados, sin saber cuántos ya que no tenían las cabezas.
Dijo que al igual como pasó con el cuerpo de la mujer reportó a las autoridades ministeriales pero nunca fueron a recoger los restos, por lo que les arrojó agua bendita y los sepultó de manera clandestina en un predio junto al panteón municipal de Huitzuco, en el que con los años se hizo una extensión del camposanto.
El familiar de uno de los más de 350 desaparecidos que llegaron al colectivo de Iguala, informó que hoy participará en la diligencia que harán peritos y agentes del Ministerio Público de la PGR, para conocer las condiciones de los restos humanos y que éstos se incluyan en las investigaciones para que puedan ser identificados y entregados a sus parientes.
No se menciona la investigación que hizo Tomás Zerón sin el MP en la nueva resolución de la PGR
En las 18 irregularidades que hubo en las diligencias del río San Juan, en Cocula, se señala que el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “realizó actos de investigación” en el lugar “sin encontrarse bajo la conducción del Ministerio Público”, pero en la Nueva Resolución que elaboró la titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), Adriana Campos López, y que se entregó el jueves a los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, no hay ni una mención al respecto.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y representante legal de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra difundió en su cuenta personal de Facebook un cuadro comparativo de las irregularidades encontradas en las diligencias del río San Juan, en donde según la PGR fueron arrojados los restos de los jóvenes luego de ser asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Según Rosales Sierra, la resolución de la investigación interna del caso Ayotzinapa en la que se da cuenta de las irregularidades, fue filtrada a medios de comunicación “y hace trizas toda base de las investigaciones del basurero de Cocula y el río San Juan, mientras la nueva resolución dada a conocer a los padres de los 43 minimiza la gravedad de las irregularidades”.
La primera irregularidad es que la retención de siete personas dentro de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014, incluyendo la de Agustín García Reyes, El Chereje, miembro del grupo criminal Guerrero Unidos, “se realizaron de manera ilegal y arbitraria” y en la Nueva Resolución se afirma “con énfasis” que las detenciones y retenciones fueron legales.
La segunda es que el certificado médico de García Reyes fue irregular y ahora se le atribuye al Ministerio Público la falla.
La tercera indica que no se glosó a la averiguación el oficio con que cesó la custodia de García Reyes “con lo cual se permitió su ilegal sustracción e ilegal entrega” a Zerón de Lucio “sin causa legal que lo justificara”, esta irregularidad también se le atribuye al Ministerio Público.
La cuarta es que García Reyes fue entregado a Zerón de Lucio sin causa legal que lo justificara, en la Nueva Resolución se le atribuye esta irregularidad al fiscal José García Valentín.
En la quinta se da cuenta de la visita de Zerón de Lucio al río San Juan el 28 de octubre de 2014, pero en la Nueva Resolución no hay una mención al respecto, aunque se señala que era responsabilidad del entonces titular de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la SEIDO, Abraham Eslava, estar en la investigación del ex director de la Agencia de Investigación Criminal.
La sexta indica que se vulneró el derecho a la defensa en perjuicio de García Reyes, ya que fue trasladado al río San Juan sin la presencia y asistencia de su defensor en actos de investigación, pero en la Nueva Resolución no se dice nada al respecto y por lo tanto no se considera una irregularidad.
También se señala que hay indicios de que García Reyes fue torturado y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se asentaron horas contradictorias en la reconstrucción de los hechos del 29 de octubre de 2014 y que falta el informe de la intervención policial en el río San Juan.
Otras irregularidades son la ausencia de constancias que acrediten el hallazgo de las cuatro bolsas de plástico que se mencionan en el video que dio a conocer la Agencia de Investigación Criminal, y que hubo manipulación dolosa para hacer sugerir de manera falsa que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos atestiguó las diligencias.
En 6 de las 18 irregularidades, la Nueva Resolución no hizo ningún pronunciamiento, tres se le atribuyeron al Ministerio Público, dos a los peritos la que indica que no se formalizaron las actuaciones del 28 de octubre de 2014, se le atribuye a Abraham Eslava (sin mención de derecho a la verdad).
Mientras que en el caso de la irregularidad que señala que no hay constancia legal de que se haya ordenado específicamente dejar bajo resguardo la zona del río San Juan, cuando terminaron los trabajos del 28 de octubre, se sostiene lo contrario con base en entrevistas donde testigos afirman que Zerón de Lucio ordenó el resguardo, aunque no hay evidencia documental y pese a que al inicio de la diligencia el 29 de octubre no se rompieron los sellos ni se recibió el lugar de sus custodios.
La responsabilidad administrativa de las irregularidades recae en Zerón de Lucio, en la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) Blanca Alicia Bernal, el fiscal de la UEIDMS Jorge García Valentín, el titular de la Unidad Especializada de Investigación de Asalto y Robo a Vehículos Abraham Eslava Arvizu, el integrante de la Policía Federal Ministerial Jaime David Díaz Serralde, la perita en fotografía Eva Hernández Moreno y los peritos en Medicina y Antropología Mauricio Cerón y Patricia Gómez Ramírez.
La PGR informó el jueves que ya inició los procesos correspondientes en contra de los responsables de las irregularidades, pese a que los padres de los 43 normalistas desaparecidos pidieron que a Zerón de Lucio se le iniciara un proceso penal.
“No nos podemos espantar”, dice la alcaldesa de la irrupción de 40 sicarios en Tetipac
La alcaldesa de Tetipac, Viola Figueroa Arriaga declaró ante la irrupción de un grupo de 30 o 40 hombres armados la noche del martes en la cabecera municipal; “Yo creo que es algo que no nos podemos espantar porque el estado en general así es”.
La alcaldesa participó en la entrega de reconocimientos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) que se hizo en Palacio de Gobierno.
Al finalizar la actividad se le preguntó de los hechos ocurridos la noche del martes pasado, cuando se reportó la irrupción de 30 o 40 hombres armados que llegaron a bordo de seis camionetas de lujo y se llevaron a tres policías municipales.
A lo que la alcaldesa respondió, “bueno yo creo que es algo que no nos podemos espantar porque el estado en general así es”, y se negó a seguir con la entrevista porque se tenía que tomar la foto con los demás alcaldes que asistieron al mismo evento.
En una segunda consulta, Figueroa Arriaga se contradijo asegurando que el hecho “es una mentira”, y añadió “mira hay ocasiones en las que me gusta más que se enfoquen en lo positivo del municipio que en lo negativo”. Dijo que la inseguridad está en todo el estado.
“Si volteamos a ver a Chilpancingo, Acapulco, Taxco e Iguala, u otro estado, no es específicamente en una región”, señaló.
Insistió que la violencia e inseguridad es un problema social y no de género o de algún partido político o un “sistema”, sino un “problema social que tenemos con los ciudadanos”.
—¿Hubo irrupción del grupo armado de 40 personas?
—Es que eso es mentira, no sé de dónde lo sacaron, sí hay policías, no sé de dónde salió la nota de que habían renunciado, lo desconozco pero ustedes saben que mucha veces cuando nosotros como Ayuntamiento o municipio de cierta manera no trabajamos con tantos medios hay veces que se nos ataca políticamente.
—¿Por qué cuestión política?
—La verdad no me gusta estar como viendo por donde, más bien me gusta trabajar y seguir en lo mío y nuestro tiempo es corto y por lo mismo me gusta ser constante en el trabajo para la gente.
Durante la consulta se le preguntó también sobre la privación de la libertad de dos familiares del ex alcalde priista, Néstor Serrano Rodríguez, y contestó que desconocía esa información.
Señaló que desde su llegada a la administración actual le solicitó al gobierno del estado el reforzamiento de la seguridad en su municipio, por lo que aseguró que actualmente hay policías estatales y municipales trabajando para dar seguridad en la población y negó que hayan renunciado.
En la edición de ayer de El Sur se informó que hombres armados irrumpieron la madrugada del martes en la comunidad de San Gregorio, Tetipac, y amenazaron al comisario del pueblo con levantar y asesinar a toda persona que sea vista después de las 10 de la noche en las calles.
Reanudan hoy el diálogo con la PGR, informan los padres de los 43 normalistas
A seis meses de que se rompió el diálogo, hoy los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos reanudarán la comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno federal, para conocer los avances de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, así como las irregularidades en el proceso señaladas por expertos independientes.
En consulta telefónica el vocero Felipe de la Cruz informó que en esta reunión esperan a integrantes del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México.
Antes el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que para esta mesa exigieron los resultados de la investigación interna sobre el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, no obstante la investigación que lleva a cuestas por obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Dijo que solicitaron información de la consignación pendiente de los policías de Huitzuco que detuvieron a un grupo de los 43 normalistas desaparecidos frente al Tribunal Superior de Justicia, así como de dos policías federales identificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que estuvieron en el lugar y permitieron las atrocidades cometidas contra los estudiantes.
Además las acciones de búsqueda de los normalistas, como las líneas de investigación relacionadas al trasiego de droga en Iguala y del quinto camión, probablemente cargado de droga o dinero, según la tesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que permitiría entender el nivel de violencia y coordinación de distintas corporaciones policiacas con la delincuencia organizada en la agresión a los normalistas y otros ciudadanos.
El 18 de agosto de 2016 los padres de los estudiantes desaparecidos abandonaron la mesa con la PGR, porque los funcionarios estaban dando largas a la presentación de resultados de la investigación interna contra Zerón de Lucio por la manipulación de evidencia que reveló el GIEI desde finales de abril, del mismo año.
En su informe final como coadyuvante de la investigación, el GIEI mostró una videograbación extraoficial tomada en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde se observa a Zerón con peritos de la PGR recogiendo materiales muy parecidos a la evidencia que presentaron al siguiente día con fragmentos de huesos humanos, que permitieron la identificación positiva de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.
Sin embargo Zerón sólo documentó la operación del 29 de octubre que también realizó a espaldas de los expertos y peritos independientes, representantes de los familiares. A la fecha no hay certeza del lugar del que se sacaron esos restos humanos.
Felipe de la Cruz informó que después de la reunión en la PGR, el sábado 11 de febrero los padres de familia comenzarán otra caravana en dos rutas, al norte y al sur del país para convocar a la Asamblea Nacional de los Indignados, que será el 25 y 26 de febrero en la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.
Al norte tendrán actividades en Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara y Michoacán, y en el sur en Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Oaxaca, Huamantla (población) y Tlaxcala (capital) así como en Cuernavaca y Amilcingo, Morelos, del 13 al 17 de febrero.
Identifica una mujer de Los Otros Desaparecidos los restos de su esposo
La secretaria del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz informó la tarde de ayer después de su asamblea de cada martes que una integrante del comité logró identificar en días pasados el cuerpo de su esposo que fue exhumado de una de las fosas clandestinas halladas en el cerro de Las Antenas de la comunidad de Mezcaltepec, municipio de Taxco, con éste estarían llegando a unos 25 cadáveres identificados en más de dos años entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
La representante del colectivo informó que por medio de los peritos de la FGE notificaron a una de las integrantes del colectivo de la identificación del cuerpo de su esposo que fue recuperado de una fosa –entre los 25 cuerpos hallados– en los entierros clandestinos del cerro de Las Antenas en febrero de 2014.
Detalló que le informaron que las pruebas de ADN resultaron positivas y tras ver los restos de su esposo en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) lo identificó por su dentadura. Mencionó que hasta ayer no habían entregado el cuerpo ya que se está en espera a que lleguen los agentes de la PGR para hacer los trámites correspondientes, ya que ellos son quienes llevan la carpeta de investigación.
Informó que por parte de la PGR no les han dado a conocer nuevos casos de cuerpos que han sido identificados y entregados a sus familiares de los 150 que fueron recuperados en dos años en más de 100 puntos de Iguala, Taxco y Cocula.
Dijo que la última información que tienen de los cuerpos identificados por la PGR es que son 23 y de éstos sólo han entregado 18 a sus familiares, debido a que al resto de las familias no las pudieron localizar. Además de dos que han sido identificados por la FGE pero de éstos ninguno se ha entregado a sus familias ni les han notificado oficialmente.
En la información dada a conocer por la secretaria del colectivo fue informado que se están volviendo a hacer las tomas de genética a unos 55 cuerpos que fueron recuperados en junio de 2010 de las minas de San Francisco Cuadra, municipio de Taxco, de los 25 de las fosas de Mezcaltepec, Taxco, recuperados en febrero de 2014 y otros exhumados de fosas clandestinas del ejido Tijeritas de Iguala, todos ellos exhumados por peritos de la FGE.
Dio a conocer que no les habían dado a conocer la fecha para la próxima diligencia que tendrán con la FGE para que les den información de los cuerpos recuperados de fosas clandestinas de Taxco, Iguala y Teloloapan.
Sobre el plan de búsqueda declaró que hasta ayer tampoco había sido definido por la PGR pero prevé que en la última semana de este mes se haga la segunda diligencia en el pozo Meléndez, en la comunidad de Puente Campuzano, municipio de Taxco, y espera que participen agentes de la Policía Federal (PF) de la División Científica con equipo especializado para el descenso.
En la asamblea de ayer, representantes de la PF de la División Científica se reunieron con familiares de desaparecidos y se pusieron a disposición para darles seguridad en las búsquedas de fosas clandestinas.
Exigen colectivos de familiares de desaparecidos a Campa Cifrián que los localice vivos o muertos
El titular de la Subscretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián dijo que la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en el estado se hará hasta que se encuentren vivos o muertos, pues así se lo demandaron los familiares.
En una reunión con los colectivos y organizaciones de familiares de desaparecidos en la que estuvo la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Policía Federal (PF), la Policía Científica y la Fiscalía General del Estado (FGE), las autoridades se comprometieron a llevar a cabo las investigaciones de manera coordinada para localizar a las víctimas.
La reunión fue privada en la sala Ignacio Manuel Altamirano del Palacio de Gobierno con Los Otros Desaparecidos de Iguala, el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, familiares de desaparecidos en Chilpancingo y Acapulco y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco).
De las autoridades estuvo Campa Cifrián, el fiscal Javier Olea Peláez, el encargado de la CEAV Rubén Vasconcelos Méndez, la fiscal de la Procuraduría Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR Eréndira Cruz Villegas Fuentes, la titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad Sara Irene Herrerías Guerrera, la titular de la División Científica de la PF, Patricia Trujillo Mariel, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Armenta Tello y el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia.
En breves declaraciones luego de la reunión, Campa Cifrián dijo que los familiares de los desaparecidos exigieron que se busque a las víctimas “con vida y sin vida”, recordó que hay casos que son de larga data, es decir, que ocurrieron hace 8 o 10 años, y que las autoridades se comprometieron a implementar acciones para resolverlos.
Explicó que las acciones serán intercambiar datos con cárceles, panteones, fosas clandestinas y comunes, para localizar a las víctimas de desaparición en el estado.
Añadió que el próximo jueves a las 11 de la mañana habrá una segunda reunión con las familias de los desaparecidos y que en cuatro meses habrá otro encuentro para evaluar los avances.
Por su parte, la secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena dijo que en la reunión las autoridades informaron que según con la reforma a la Ley General de Víctimas, los familiares de desaparecidos investigados en la FGE (del fuero común) recibirán atención en el CEAV, antes de la reforma sólo se admitían a los que investigaba la PGR (fuero federal).
Otro avance importante es que la Policía Científica se incorporó a las acciones para buscar a los desaparecidos, Adriana Bahena dijo que dicha división cuenta con una base de datos de las cárceles del país a la que tendrán acceso los familiares, “de todos o de los estados que a nosotros nos interesen”.
Dijo que en la reunión también se discutió el proyecto de un Centro Comunitario en Iguala, para el cual Campa Cifrián dijo que la Sedatu aportará el 60 por ciento de los 40 millones de pesos que se requieren para la construcción, y el gobernador Héctor Astudillo Flores pondrá el resto.
Explicó que los cinco colectivos y organizaciones de familiares de desaparecidos pidieron a las autoridades que se forme una base de datos en la que se incluya el registro de los detalles de los cuerpos que se vayan encontrando, como ropa, señas y las condiciones en las que estaban, y que esté disponible en internet pero con acceso restringido sólo para los representantes.
Antes, ya habían solicitado la información de los cuerpos que han sido recuperados en la mina de San Francisco Cuadra, Mexcaltepec, cerro del Huixteco, Puente Campuzano, pozo Meléndez y Temazcalapa del municipio de Taxco, así como de Las Parotas en el cerro Gordo, la fosa común de la colonia Fermín Rabadán, San Miguelito, Tijeritas, Monte Hored de Iguala y los recuperados en el municipio de Teloloapan entre 2010 y 2015.
Adriana Bahena dijo que otro punto importante que se discutió es que se revise el cambio de las carpetas de investigación de fuero común al fuero federal, también pidieron que las búsquedas de los desaparecidos se lleven a cabo en periodos de una semana por municipio y que se fortalezca la CEAV en los estados, ya que las fiscalías no cuentan con protocolos para hacer la entrega del cuerpo de una víctima que no sea originaria del lugar.
Durante la reunión, los representantes del Tadeco recordaron que en julio de 2007 conformaron el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, pero a más de nueve años de mantener su demanda de presentación con vida de 33 activistas y justicia para 11 asesinados, “esta práctica no cesa, es cotidiana y el número de víctimas de la violencia crece diariamente”.
Por separado, las autoridades se reunieron con otro grupo de familiares de desaparecidos en Chilpancingo, quienes debieron de estar presentes en el primer encuentro pero por decisión de los colectivos se optó por manejar los casos de manera paralela.
En declaraciones, un representante del grupo informó que en la segunda reunión las autoridades se comprometieron a solicitarle al Instituto Nacional Electoral (INE) los registros de las huellas digitales de sus familiares desaparecidos para compararlos con las huellas de los cuerpos que se han encontrado; también se les dijo que recibirán apoyo de la CEAV.
Pide Los Otros Desaparecidos información de fosas de 2010 a 2015 y datos genéticos de la PGR
Familiares de víctimas de desaparición forzada del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, dieron a conocer que pidieron a la Fiscalía del estado información detallada de los cuerpos que han recuperado de minas y fosas clandestinas entre 2010 y 2015 en Taxco, Iguala y Teloloapan.
En declaraciones la tarde de ayer al término de la asamblea de cada martes, y tras el rompimiento de la mesa de trabajo de la semana pasada en las instalaciones de la Fiscalía en Chilpancingo en la que no les dieron a conocer la información requerida, la secretaria general del colectivo, Adriana Bahena dio a conocer que no les han dado nueva fecha para tratar el tema.
Informó que le dieron a conocer que la Fiscalía del estado trabaja la información de tres puntos en los que fueron exhumados cuerpos y restos humanos: las minas abandonadas de la comunidad de San Francisco Cuadra en Taxco en las que en junio de 2010 se recuperaron 77 cuerpos, las fosas clandestinas en el cerro de las antenas de Mezcaltepec también en Taxco que en febrero de 2014 fueron exhumados 25 cuerpos y unos cinco más exhumados de fosas clandestinas del ejido Tijeritas, en Iguala.
Mencionó que el planteamiento a la Procuraduría General de la República (PGR) es que crucen información con la que tiene la Fiscalía del estado de los registros de genética de los cuerpos que ha exhumado cada dependencia, para verificar si no tienen en su base de datos a familiares del colectivo.
Agregó que ahora piden a la Fiscalía la información general de los cuerpos que han sido recuperados en la mina de San Francisco Cuadra, Mezcaltepec, cerro del Huixteco, Puente Campuzano, pozo Meléndez y Temazcalapa del municipio de Taxco, así como de Las Parotas en el cerro Gordo, la fosa común de la colonia Fermín Rabadán, San Miguelito, Tijeritas, Monte Hored de Iguala y los recuperados en el municipio de Teloloapan entre 2010 y 2015.
Adriana Bahena confió en que la reunión se dé en máximo dos semanas para que a los familiares se les dé a conocer el catálogo de información de estos cuerpos, en los que cree podría haber de familiares del colectivo.
Dio a conocer que este jueves participarán en la reunión programada en Chilpancingo entre los diferentes colectivos de familiares de desaparecidos en el estado con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián en la que se espera la presencia del gobernador.
Hay más indicios de que la PGR encubre a los responsables del caso Ayotzinapa: Centro Morelos
A 28 meses de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), denunció que cada vez hay más indicios de que la Procuraduría General de la República (PGR) oculta información para encubrir la corrupción del sistema y a los responsables de los homicidios de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes, ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Menciona la información que se publicó recientemente sobre una investigación del trasiego de droga en México, anterior a los ataques, que revela los niveles de corrupción de corporaciones policiacas y militares.
Insiste en que el Estado es responsable de la desaparición de los normalistas y que el caso de Iguala es de los más paradigmáticos, porque “el Estado no va a castigarse así mismo”.
Destaca la importancia de que el trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no sea obstaculizado como lo fue el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó en dos periodos de seis meses en las investigaciones con la PGR.
De los padres de los estudiantes advierte que, “la impunidad no ha dejado de cobijar a los responsables intelectuales y materiales, mientras que el paso de 28 meses y la incertidumbre de no conocer su paradero les ha ido dejando estragos en su salud”.
Aunado a los intentos criminalización de los estudiantes desaparecidos tratando de vincularlos con un grupo de la delincuencia organizada, la criminalización al movimiento de los padres con engaños, intentos de corromperlos y dividirlos, y amenazas telefónicas de muerte.
El organismo demanda el cumplimiento cabal a las recomendaciones del GIEI, que se investigue a los militares y se detenga el hostigamiento a los padres de familia.
Acuerdan pescadores de Petacalco dar a Segob la información del derrame de combustóleo al Balsas
El dirigente de los pescadores de la comunidad Petacalco en el municipio de La Unión, Gilberto Barrera Reyes, manifestó que “hubo avances muy buenos” en la reunión, que el pasado viernes 20 de enero, tuvieron con funcionarios de la Subsecretaría de Gobernación en la Ciudad de México.
Informó que dialogaron de la indemnización que exigen por la contaminación provocada al río Balsas por el derramamiento de 32 mil litros de combustóleo que derramó una pipa propiedad de la empresa Flensa SA de CV, ocurrido en febrero de 2016.
Una comisión de los pescadores, encabezados por Barrera Reyes, acudió a la Ciudad de México a la reunión organizada por el subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, en la que estuvieron autoridades federales y estatales, para solucionar las exigencias de los pescadores.
Ayer, los pescadores que participaron en dicha reunión convocaron a sus compañeros en la plaza principal de Petacalco, para darles a conocer los seis acuerdos pactados con las autoridades en una minuta, de la cual los pescadores dieron una copia a El Sur.
En el documento destaca que los pescadores se comprometen a entregar a la Secretaría General de Gobierno estatal, el estudio de impacto ambiental que realizó el biólogo Arturo Pérez Quiroz en la zona del río Balsas contaminada por el combustóleo, así como la documentación de cada cooperativa pesquera para integrar el expediente del caso.
También señala que la dependencia estatal se encargará de solicitar la información necesaria sobre el caso, a las dependencias gubernamentales involucradas como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), entre otras.
Otro de los acuerdos fue que el próximo 27 de enero, se llevará a cabo una reunión técnica interinstitucional para buscar alternativas de solución a la demanda de los pescadores; a esta reunión se convocará a representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a la Secretaría de Agricultura , Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), y a la Procuraduría General de la República (PGR); y ese mismo día, las autoridades se reunirán con los representantes de los pescadores para informarles las propuestas de solución.
Además se acordó que el gobierno estatal ofrecerá orientación legal a los pescadores para que presenten las denuncias legales en contra de quien resulte responsable.
La minuta detalla que el próximo 3 de febrero, se citará a la empresa Flensa SA de CV, en la que los pescadores solicitaron que esté presente el subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros y el secretario General de Gobernación, Florencio Salazar Adame.
Vía telefónica ayer, el dirigente de los pescadores dijo que están “contentos con (el subsecretario de Gobernación) René Juárez (Cisneros), porque es un funcionario derecho, lo conocemos desde que era gobernador y venía hasta acá a atendernos personalmente… estamos también agradecidos con el secretario (General de Gobierno) Florencio Salazar (Adame) por el cambio de actitud del subsecretario (de Asunto Políticos de la Secretaría General de Gobierno) José Martín Maldonado (del Moral), estuvo en la reunión en la Ciudad de México y se portó muy bien con nosotros”.
Afirmó que confía en que se cumplan los acuerdos pactados en la minuta y espera que el próximo 3 de febrero, estén presentes en la reunión con la empresa Flensa, Juárez Cisneros y Salazar Adame.