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Evalúa la PGR a ocho detenidos por el caso Ayotzinapa y determina que dos fueron torturados

La Procuraduría General de la República (PGR) hizo evaluaciones médico-psicológicas a ocho detenidos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl isidro Burgos, ocurrida el 26 septiembre de 2014, y determinó que dos tienen indicios de tortura.
En un comunicado la dependencia destacó que los Servicios Periciales adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) integraron los dictámenes correspondientes a cada una de las personas a quienes se aplicó el Protocolo de Estambul o evaluaciones Médico y Psicológicas Especializadas para Casos de Posible Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Precisa que mediante análisis científico-técnico se determinó que seis no presentan lesiones que pudieran ser compatibles con posibles maniobras de tortura física, y tampoco revelan datos ni manifestaciones que pudieran corresponder a tortura psicológica.
Se trata de Alberto Aceves Serrano, Darío Morales Sánchez, Edgar Magdaleno Navarro Cruz, Leodan Fuentes Pineda o Leodan Pineda Fuentes, Oscar Augusto Pérez Carreto y Verónica Bahena Cruz.
De la evaluación científico-medica a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, arrojó que presenta algunas lesiones que pudieran tener correspondencia con ciertas maniobras o acciones de tortura física.
Según la PGR, Rodríguez Salgado se negó a que se le hiciera la evaluación psicológica obligatoria, como lo establece el Protocolo de Estambul.
En el interrogatorio antes de que se supiera que fue torturado, El Cepillo, señalado por la PGR de la incineración de los normalistas, aseguró no sentir remordimiento por la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, ya que aseguró que eran sicarios que trabajaban para el grupo antagónico Guerreros Unidos, Los Rojos.
En el caso de Edgar Vieyra Pereyda, en el análisis científico-médico también se ubicaron algunas lesiones que pudieran tener correspondencia con “ciertas maniobras o acciones de tortura física”, destacó la PGR.
El procesado aceptó la aplicación de la evaluación psicológica y se determinó que no presenta reacciones ni clasificaciones de diagnóstico establecidas en víctimas de un evento de tortura, de conformidad con lo que establece el Protocolo de Estambul.
Vieyra Pereyda, es expolicía del municipio de Iguala, fue detenido el 29 diciembre 2014 acusado de estar coludido con el grupo criminal Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas.

Debe parar la impunidad en México o impactará en las nuevas generaciones, advierte Beristain

 

El especialista en víctimas de violencia y tortura del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain denunció que por más leyes que se elaboren en México, si no se implementan políticas con empatía hacia las víctimas, si no se quiebra el círculo vicioso de violencia-impunidad-corrupción, se impactará a las nuevas generaciones.
“Si vemos que nada se transforma puede ayudar a generar insensibilidad y falta de conciencia, y ese impacto va proseguir en México en las próximas generaciones, ese es el horizonte, no del próximo año, no del próximo sexenio, de las próximas generaciones”, advirtió preocupado.
Consultado por teléfono en el marco de su visita para presentar su libro El tiempo de Ayotzinapa sobre sus vivencias en el periodo en que cinco expertos extranjeros fueron coadyuvantes de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, dijo que si desde las instituciones siguen llamando levantado a un desaparecido, se le convierte en un subhumano que no genera empatía ni conciencia, como ejemplo del inadecuado tratamiento de las víctimas.
Aseguró que la peor receta para atender la desaparición de personas es mirar a otro lado, como ocurre en el país.
Carlos Beristain es el único de los especialistas extranjeros con labor previa en México del GIEI. Indicó que en 2012 trabajó con familias de desaparecidos en la atención psicosocial con talleres, espacios de dolor y de llanto, y habló entonces de la necesidad de una política de atención a víctimas ante la prensa.
Al volver a México con el GIEI para el caso Ayotzinapa no tenía un conocimiento profundo de la desaparición forzada ni del sistema judicial, lo que sabía era a partir de los relatos de los familiares que recurrían a diferentes leyes, y que mostraba que no era un problema aislado.
Cuando aquellas familias acudieron al Ministerio Público con un caso de desaparición siempre les decían que volvieran después, “y esas son prácticas de desprecio para la gente, es la peor práctica para la atención del problema”, dijo.
Al comenzar la coadyuvancia en el caso Ayotzinapa, cinco meses después del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas, todos los especialistas tenían claro que el caso implicaba una tarea inmensa, muy compleja, que les tocaba desentrañar cosas poco claras y enfrentar el aparato del Estado, relató.
Agregó que empezaron con la convicción de que era un enorme desafío que sí se podía resolver, y también comenzaron a enfrentar obstáculos para llegar a la verdad.
No obstante en el primer informe lograron reconstruir la historia que había sido contada de forma tergiversada o parcial, y las fuentes fundamentales fueron los sobrevivientes y los familiares de la Normal de Ayotzinapa y del equipo de fútbol Los Avispones.
Sin embargo en el segundo informe dependían del avance de la investigación de la PGR, “y no sé por qué no se hicieron (los peritajes y recomendaciones) y eso nos dejó frustrados”.
Recurrieron a otras fuentes, periodistas de Guerrero que hicieron aportaciones, pero los expertos no pudieron intervenir a más.
Insistió en que “sí se puede resolver el caso”, es decir, determinar el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin embargo, “incomodamos a ciertos actores y el miedo a la verdad no es positivo para México, con tanto dolor”.
Desde su experiencia en diferentes países, aseguró que la única forma de sanar a las familias es que reciban respuestas desde la verdad, si no hay verdad no habrá paz, no sólo en Ayotzinapa, sino en todas las familias con seres queridos desaparecidos.
Dijo que en otros países los familiares, no los gobiernos, han permitido los movimientos amplios para buscar la verdad, “a pesar del enorme estrés que representa han convertido la lógica del afecto en una conciencia de derechos humanos más amplio”.
No sólo los impulsa el amor a sus hijos, sino la confianza que alcanzan con otros padres.
También es necesaria la atención nacional e internacional, el apoyo colectivo con otras víctimas y abrir la conciencia para moverse hacia una transformación.
En el libro narra su experiencia sin los tecnicismos del informe, cómo lograron avanzar ante los obstáculos y encontraron elementos insólitos que permitieron descubrir situaciones que se intentaron ocultar, como el quinto autobús y el trasiego de droga en el transporte público, que de acuerdo con la tesis de los expertos, pudo ser la razón del ataque indiscriminado y coordinado contra los estudiantes.
Reconoció que desde el primer informe se dieron cuenta que “había un punto de no retorno”, que las autoridades trataban de sostener la versión del basurero de Cocula, que dice que ahí fueron incinerados los desaparecidos, incluso cambiando un poco la historia para adecuarla a las circunstancias que se iban develando.
“Esa fue la peor solución”, pues los nuevos testimonios que se tomaron en el camino “eran como una manta que se tira de un lado y tapa una esquina y deja descubierta otra cosa”, no ajustaba con la realidad y se evidenciaban más irregularidades, como tortura a los inculpados.
Asimismo, la diligencia en el río San Juan donde funcionarios de la PGR sembraron evidencia para colocar el resto de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, “la respuesta dada después por el gobierno es un mal síntoma, la peor receta para el caso y para el país y sólo alarga más una solución”.
En cuanto a si tiene confianza en que se conozca la verdad del caso Ayotzinapa y de los desaparecidos del país, dijo que la verdad siempre se empeña en salir si quien la empuja son los familiares, pero también refirió una frase de su compañera la experta colombiana Ángela Buitrago, “tiempo que pasa, verdad que se aleja”.
Recordó que en el segundo informe de trabajo señalaron los problemas estructurales en la investigación y dejaron en 22 puntos para mejorar el sistema de procuración de justicia.
Aseguró que si se atienden las recomendaciones como lo han visto en otros países, la situación va a cambiar.
“El círculo de violencia-corrupción-impunidad-violación de derechos humanos se quiebra en la impunidad. Si se mantiene la impunidad se mantienen los círculos de complicidades políticas, de corrupción y violencia. No hacerlo contribuiría a fomentar la violencia, lo único que se va a hacer es mirar a otro lado”.

Beristain: falta voluntad política para investigar las irregularidades de la PGR en el caso Ayotzinapa

El integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain, lamentó la “falta de voluntad política” para atender las investigaciones internas de la PGR sobre las irregularidades cometidas por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otros funcionarios, en las indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que a la fecha, no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
Al señalar que las resoluciones de las investigaciones sobre la actuación de los funcionarios y sobre la averiguación previa son coincidentes con algunas de las observaciones del GIEI, Beristain consideró que “es importante es que se tomen decisiones con base en ese informe que muestra esas irregularidades, falencias y problemas en la investigación, y eso contribuiría a generar esos puentes de confianza también con los familiares”.
Entrevistado al término de la presentación de su libro El tiempo de Ayotzinapa (Ediciones Akal en su colección Foca, 2017), el experto español insistió en la urgencia en reconstruir el diálogo entre los familiares de los jóvenes desaparecidos y la PGR, roto a partir de la negativa de la dependencia a sancionar a los funcionarios que incurrieron en graves irregularidades.
Tras señalar que “sin un diálogo y confianza con las víctimas no va a haber investigación adecuada”, Beristain lamentó que al “ejercicio honesto” de la Visitaduría General de la PGR de evidenciar las fallas, “no haya pasos consecuentes, eso muestra falta de voluntad sobre la respuesta a esas cuestiones, no se puede actuar como si eso (la investigación interna) no existiera”.
Beristain, uno de los cinco expertos independientes seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar apoyo técnico a México, puntualizó que será el Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa el que determinará el avance de las líneas de investigación que plasmó el GIEI en sus dos informes.
Durante la presentación de El tiempo de Ayotzinapa, Beristain expuso que se trata de un “un mosaico de historias” sobre el camino recorrido por los cinco integrantes del GIEI en busca de contribuir al esclarecimiento del caso.
Beristain, quien para la redacción de su texto regresó a sitios donde se desarrollaron algunas de las experiencias narradas, sostuvo que su libro aborda también “cómo se cerró un camino en un momento, cómo se trató de desviar la investigación, y esas no fueron dificultades propias de una investigación, que las hay en todas las investigaciones, sino que estaban motivadas por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español reconoció que como en otros países en los que ha colaborado en la atención de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, han sido las familias de los normalistas quienes “empujan” para llegar a la verdad.
Beristain retomó la frase que los padres y madres de los estudiantes han repetido infinidad de veces para tratar de sensibilizar a funcionarios de la PGR para que atiendan el caso, “póngase en mi lugar”, lo que para él significa tener empatía con las víctimas, condición indispensable para avanzar.
“Esa empatía es la energía transformadora, sin ella no hay transformación, no hay política frente a la problemática de los desaparecidos y no hay solución para ese círculo de violencia-impunidad-corrupción que desgraciadamente atenaza la experiencia de este país, México”, sostuvo.
El experto en la atención psicosocial a las víctimas estimó que su texto podría contribuir no sólo a la lucha de los familiares de los 43, sino también los de otros desaparecidos, para “que puedan verse identificados (…) o que les pueda representar al menos un espejo de dignidad”.
Carlos Martín Beristain informó que en el segundo periodo que participó como coadyuvante del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encontraron obstáculos motivados “por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español aseguró que la verdad siempre emerge si se le empuja “y son los familiares quienes la empujan, esa verdad tendrá más impacto del que pensamos”.
La presentación se trasmitió en Internet desde el museo de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Allí el doctor en sicología, veterano investigador de violaciones a los derechos humanos, dedicó la publicación a los 43 normalistas y a las familias de los miles de desaparecidos en el país, 26 mil 274 hasta octubre de 2016, según el dato que aportó la politóloga Denise Dresser en su intervención.
También se refirió a los jóvenes del equipo de fútbol Los Avispones. Precisó que “esta historia no es la de El Chuky, La Rana, ni de Abarca”, algunos de los inculpados en quienes la Procuraduría General de la República (PGR) sustentó su principal versión de los hechos, que dice que los jóvenes fueron incinerados en un basurero en Cocula, pero fue descartada científicamente por el GIEI y otros investigadores independientes.
Afirmó que el libro es de los familiares, de Los Avispones, de los normalistas, con quienes tuvo empatía desde la primera visita a Guerrero cuando los cinco extranjeros del grupo llegaron al país.
Mencionó que en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa los padres les pidieron “no se vendan”, y con el paso del tiempo entendió que había varias formas de neutralizar su labor, y cobró sentido la petición de los familiares.
Escribir este libro de vivencias fue otra forma de procesar una historia insólita, dura, que no se podía contar a través de los informes que redactaron, particularmente en su segundo de mandato cuando se trató de desviar la investigación, reveló.
Recordó que a pesar de que no lograron desentrañar dónde están los 43 estudiantes desaparecidos, en la presentación del informe final en Ayotzinapa los padres de familia estaban sonrientes, agradecidos, y uno ellos explicó, “estamos más sonrientes porque se nos ha quitado el peso de la mentira”.
“No sé cuánto pesa la mentira, pero sé que la verdad es sanadora y sé que viene otra comisión a tratar de esclarecer el hecho”, expuso.
Martín Beristain cuestionó el traslado de funcionarios como Tomás Zerón de Lucio a otra institución de gobierno, la negación de que se trataba de un caso de desaparición forzada, peritajes de ínfima calidad, “que describe cómo el gobierno ignora una y otra vez la hipótesis del quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región”.
Dijo que esas actuaciones contadas en el libro, evidencian que en la PGR nadie quiere tomar como línea de investigación el negocio de la droga, el negocio del crimen, y la sociedad sigue esperando una versión creíble “tan ausente como los 43”.
La única respuesta que explique lo anterior, dijo, “es una estrategia de comprar tiempo, para que se olvide por el gasolinazo, por Trump o con la siguiente elección”.
Denunció que Ayotzinapa revela un patrón que ya ocurrió y sigue ocurriendo, “perverso de desapariciones forzadas que nadie investiga, autoridades que no proveen justicia ni reparación del daño”.
Citó, “curiosa la forma en que representantes institucionales le dicen a la gente cómo debe afrontar su pérdida, mientras no le dice lo que necesita: la verdad”.
Recordó que al retirarse de la investigación, los miembros del GIEI dijeron que ojalá pudieran ser una clase de vacuna para que Ayotzinapa no se repitiera en México, que la PGR no siguiera fabricando culpables, para que hubiera una ley de desaparición forzada, sin embargo, “parece que se fueron pidiendo lo imposible, que el Estado se reforme asimismo cuando le ha convenido no hacerlo”.
A la fecha, aseguró que no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
En la presentación participaron el periodista Luis Hernández Navarro, responsable de la sección editorial del diario La Jornada, la politóloga y colaboradora de Proceso, Denise Dresser, y el escritor Juan Villoro.

Hubo obstáculos del gobierno federal para dar con los 43 desaparecidos en 2016, denuncia Vidulfo Rosales

 

El año 2016 fue de disputas políticas con el gobierno federal, mínimos avances y obstáculos en la investigación para esclarecer los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, consideró el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
En un balance y perspectivas del caso, Rosales Sierra dijo que en 2017 el reto para los padres de los estudiantes desaparecidos será mantener vivo el movimiento y esperar la opinión de organismos internacionales, para que la Procuraduría General de la República (PGR) retome con interés las líneas de investigación que planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además informó que los padres solicitaron la revisión del caso en el Comité de Desapariciones Forzadas, las Relatorías de Desaparición Forzada y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Incluso en el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas, también de la ONU porque entre los 43 hay 17 jóvenes indígenas, pero reconoció que este proceso es lento.
Este año los expertos extranjeros coadyuvantes en la investigación de la PGR se retiraron del país por falta de condiciones para continuar su mandato a finales de abril, debido a la campaña mediática de desprestigio en su contra impulsada por el gobierno, que comenzó en febrero.
El abogado relató que hubo un “jaloneo político: que si había extranjeros interviniendo en el país, que si querían descarrilar el sistema, que si cayera (el presidente) Enrique Peña Nieto”, así se perdió en disputas la mitad del año, el mismo tiempo que la PGR tardó en atender las líneas de investigación que el GIEI recomendó.
Como parte de la medidas cautelares que otorgó a las víctimas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se aprobó otro mecanismo especial, cuyas características comenzaron a discutirse con las víctimas y el gobierno mexicano en marzo y comenzó a funcionar en noviembre, a seis meses de la salida del GIEI del país.
Aunque Rosales Sierra estimó que en 2015 se agotó la tesis oficial que presentó el exprocurador Jesús Murillo Karam, sobre el posible destino final de los estudiantes desaparecidos en el basurero de Cocula, el tema se mantuvo latente.
Los padres explicaron en cada manifestación en distintos puntos del estado y del país, las inconsistencias e irregularidades de la llamada “verdad histórica” que dice que los jóvenes fueron incinerados en el basurero, para intentar revertir la penetración de los medios masivos de comunicación que la presentaron como un hecho irrefutable, pese a las pruebas científicas que distintos grupos de expertos presentaron para descartarla.
En septiembre de este año la revista especializada Science publicó los resultados de un experimento del experto en fuego de la Universidad de Queensland, Australia, José Torero, que descartó en definitiva la explicación del gobierno federal de que un cartel del narcotráfico asesinó a los estudiantes y quemó los cuerpos en un basurero a cielo abierto.
Estableció que en el basurero de Cocula no existen posibilidades de incinerar 43 cuerpos, porque sería necesario apilar entre 20 y 40 toneladas de madera para destruir toda la materia orgánica, al punto en que se hallaban los restos levantados en el lugar.
La obstrucción desde la Presidencia

Según la opinión de Rosales Sierra, la procuradora Arely Gómez González (quien sustituyó a Murillo Karam), sí quiso investigar las líneas que recomendó el GIEI distintas al basurero de Cocula: búsqueda con vida y muerte de los estudiantes desaparecidos, aclarar la actuación de policías federales y de los militares, así como el trasiego de heroína de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques coordinados entre agentes de seguridad pública y sicarios del crimen organizado.
Afirmó que en su gestión -del 3 marzo de 2015 al 15 de octubre de 2016-, se retomaron algunas líneas pero nunca tuvo respaldo institucional del poder Ejecutivo, al contrario, aseguró que la obstaculizaron.
Por ejemplo señaló que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detenía a presuntos implicados en los ataques del 26 de septiembre y no avisaba a la oficina del caso Ayotzinapa. Tampoco permitía que los interrogaran para contrastar datos o preguntarles directamente de los desaparecidos.
Cuando los agentes del Ministerio Público (MP) solicitaban diligencias para un cateo a una casa refugio de criminales o la búsqueda en algún cerro (por ejemplo La Carnicería ubicado cerca del basurero de Cocula), ésta ya se había hecho sin avisar a la oficina del caso.
Dijo que después de la separación del cargo del director de la AIC, Tomás Zerón de Lucio (investigado por manipular pruebas en el río San Juan pero nombrado secretario del Consejo de Seguridad Nacional), la oficina de investigación tampoco pudo entrevistar al secretario de Seguridad Pública de Iguala la noche de los hechos, Felipe Flores Velásquez, detenido el 21 de octubre.
Aceptó que había una orden de aprehensión en su contra por otro delito pero había una oportunidad para que la oficina que lleva la investigación lo interrogara del paradero de los normalistas.
En ese tenor fue que siempre se investigó, junto a la postura institucional del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y del presidente Peña Nieto, de que lo más avanzado de la investigación fue lo que presentó Murillo Karam.
Ellos destacan que sí permitieron la intervención de los expertos internacionales para esclarecer los hechos pero no avanzaron, cuando fueron las propias autoridades las que impidieron el trabajo de los enviados de la CIDH. Ahora, siguen mostrando reticencias para abordar las líneas presentadas hace ocho meses.
Estimó que al presidente le reditúa más políticamente de aquí al 2018 que el caso se mantenga como está “en un bache”.
Confió en que el mecanismo de seguimiento de la CIDH puede generar en 2017, “esa palanca de presión que ayuda a impulsar, agilizar la investigación, para impulsar líneas de trabajo, y los padres tenemos el reto de mantener vivo el movimiento para que sea contrapeso al poco interés que ha mostrado la PGR”.

Se fortalece la organización

El abogado Vidulfo Rosales consideró que el núcleo organizativo en torno a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, representado en la Asamblea Nacional Popular (ANP), se fortaleció.
Pese a las dificultades señaló que en la ANP siguen entre 70 y 90 organizaciones constantes, que hacen posibles las caravanas a distintos puntos del país.
Relató que en los primeros meses de los ataques se registraban hasta 600 organizaciones en la asamblea que se celebra en Ayotzinapa. Vino un reflujo en 2015 y este año se consolidó con grupos permanentes.
Destacó que en las regiones también hay un apoyo sólido: en Chilpancingo y Tixtla con el magisterio, en la Montaña con maestros y organizaciones sociales y en el corredor de Costa Chica de donde son la mayoría de los estudiantes desaparecidos que se conjugó con los asesinatos de Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro el 5 octubre, “lamentablemente otra desgracia engarza la indignación con los desaparecidos”.
Se refirió a las organizaciones de Atoyac con años de trayectoria, y en Ometepec donde el magisterio mantenía la demanda de los padres de familia.
Afirmó que ahora se tiene claridad en sus principios, se tiene una agenda con una mirada nacional que se condensa en nueve puntos, los primeros son la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los más de 20 mil desaparecidos en el país, derogación de las reformas estructurales, libertad de los presos políticos, y el cambio gobierno y régimen político.

 

El relevo del jefe del 27 batallón busca proteger a quienes desaparecieron a los 43, denuncian los padres

El representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega declaró ayer en esta ciudad que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha informado de la inspección de sus agentes en el paraje Las Parotas, al poniente de Iguala, donde se buscan posibles entierros clandestinos.
En declaraciones a reporteros al término de las actividades del segundo día de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, consideró que el relevo de mandos en el Ejército es para “proteger” a los que participaron en los ataques y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en referencia al cambio de mando en el 27 Batallón de Infantería.
De las exploraciones de posibles entierros clandestinos que iniciaron el martes peritos forenses, antropólogos y agentes de los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) en la zona de Las Parotas, cerca del lugar de hallazgo de fosas clandestinas, dijo que a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos no se les está dando información de estas diligencias.
Informó que apenas se reunirán con sus abogados para saber qué es lo que está haciendo la PGR, porque “nosotros no tenemos conocimiento”.
Recordó que una de las exigencias de los padres es que la PGR tiene que avanzar en las investigaciones con la presencia de sus abogados, lo cual fue un acuerdo.
Sostuvo que “ya no hay confianza en la PGR, en el trabajo que realizan, ni en la investigación ni en la búsqueda”, aunque no descartó que en esa diligencia este alguno de los representantes legales de los padres.
Mencionó los cambios, rotaciones y ascensos en el Ejército y en particular el caso del 27 Batallón de Infantería de Iguala, señalado de operar los ataques contra los normalistas, en donde ya hubo dos cambios de jefe militar, uno fue el coronel José Rodríguez Pérez, quien a finales de julio de 2015 fue relevado en el cargo y ascendido a general brigadier, después de los ataques a los 43 normalistas.
El representante de los padres consideró que estos cambios y ascensos a mandos militares son parte de la “protección” para que nunca se investigue al general José Rodríguez ni a los soldados que tuvieron qué ver, “fue ascendido y lo están premiando, es una manera de proteger a este comandante para que nunca se le investigue y que esta investigación nunca se esclarezca”.
De la investigación de la periodista Anabel Hernández que revela que se usaron armas registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que sólo portan sus soldados, y que fueron utilizadas en los ataques a los normalistas, Melitón Ortega exigió que el gobierno dé una explicación de por qué fueron hallados esos casquillos, “¿acaso las armas del Ejército tienen que estar en manos de otras organizaciones y de otras personas?, o ¿cuántas veces se les han perdido las armas o municiones a los soldados del Ejército, o en qué momento pasó”, fueron algunos de los cuestionamientos que hizo.
Una reportera le preguntó de su próxima reunión con el procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade, y el representante de los padres indicó que en tanto no se les informe de la investigación en contra del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, de la detención de dos policías federales y una línea en la que se investigue a los policías municipales de Huitzuco, “no tenemos nada a qué regresar, porque no hay nada qué platicar, queremos avances y resultados en las líneas de investigación”.

 

Buscarán la creación de una fiscalía internacional para hallar justicia, anuncian los padres de los 43

En el comienzo de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos informaron que buscarán la creación de una fiscalía internacional, porque “los que están en el poder no se van a castigar solos”.
Volvieron a responsabilizar al Ejército de la desaparición forzada de sus hijos, e insistieron en que falta voluntad del gobierno federal para encontrar la verdad desde el principio, a dos años y casi tres meses de la agresión de agentes del Estado contra estudiantes en Iguala.
En conferencia de prensa en el casco de la Normal Rural de Ayotzinapa informaron de las actividades de fin de año que incluyen la Acción Global por Ayotzinapa, el día 26, con una marcha-peregrinación a la basílica de Guadalupe y una misa celebrada por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos y el obispo activista de Saltillo, Raúl Vera López.
La mamá del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador explicó que “van a ver a la virgen de Guadalupe, la reina de México, para que les siga dando fuerzas a nuestros hijos. Tenemos fe y esperanza de que van a regresar con vida”.
El papá del estudiante José Ángel Navarrete, Emiliano Navarrete Victoriano señaló la falta de voluntad de las autoridades para encontrar a los 43 estudiantes, a pesar de que todas las investigaciones independientes señalan a los agentes del gobierno, como las revelaciones de la periodista Anabel Hernández que hace tres días presentó en la escuela su libro La verdadera noche de Iguala.
Subrayó “estamos aquí para seguir adelante, pidiendo que sigan las recomendaciones de los expertos internacionales, por sí solo el gobierno no tiene voluntad, sí tiene facultades y capacidades pero desde un principio no ha querido dar respuestas”.
La caravana comenzó a las 11:30 de la mañana en la Normal Rural con una conferencia de prensa y una actividad cultural a las 5 de la tarde. Hoy se trasladarán a Iguala, donde fueron los ataques la noche del 26 de septiembre, a las 10 de la mañana y regresarán a la escuela para salir muy temprano el jueves a Taxco.
El padre reconoció la labor de los activistas, organizaciones sociales y medios de comunicación que dan cobertura a su demanda de presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para poder continuar esta lucha frente a la simulación de las autoridades responsables de investigar e impartir justicia.
“Este gobierno no tiene corazón, esa voluntad… señala que nuestros jóvenes estaban involucrados con el crimen organizado y no hay un elemento de prueba que incrimine a nuestros hijos”, al contrario, recordó que todas las pruebas de diferentes investigaciones señalan la relación de gobierno y la delincuencia, “es más, ellos (las autoridades) son la delincuencia”, afirmó.
El representante de los padres, tío del normalista desparecido Mauricio Ortega Carlos, Melitón Ortega se refirió a los golpes que desde el gobierno han propinado al movimiento.
“Después de la satanización aquí seguimos, en una alianza de unidad estudiantes, padres y organizaciones sociales para que la llama no se apague, y el próximo año seguir la lucha con una nueva estrategia”, adelantó.
Consideró que el gobierno federal intenta desviar la atención del caso Ayotzinapa y dividir a los actores que los apoyan porque sabe que la Policía Federal y la Ministerial intervinieron en los ataques en Iguala, así como los soldados en la desaparición forzada.

Exigen cárcel para Tomás Zerón y para Enrique Galindo

El vocero Felipe de la Cruz, papá de un alumno sobreviviente de los ataques, señaló que Guerrero está militarizado por una política de terrorismo de Estado para callar las voces de protesta con balas de policías y militares, e imponer las reformas del presidente Enrique Peña Nieto.
Aseguró que eso pasó con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala y mediante documentos oficiales la periodista Anabel Hernández señala una lista nombres con apellidos de los perpetradores, como de los funcionarios que trataron de encubrir los hechos, creando la tesis conocida como “verdad histórica”.
“Definitivamente los que están en el poder no se van a castigar solos. Vamos a buscar los medios para crear una fiscalía internacional que pueda juzgar el caso desde fuera. Los militares no controlan la delincuencia, no frenan los crímenes, al contrario, con ellos en la calle se desata la violencia”.
Como ejemplo mencionó a Acapulco, sede de la Novena Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de una base naval de la Marina de la Armada de México, donde confluyen las autoridades policiacas municipales, estatales y federales, sin embargo se mantiene como un foco rojo de violencia en el país.
Reiteró la demanda de cárcel para el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón De Lucio, ahora secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, porque confabuló para crear la “verdad histórica”, que dice que los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, y que ellos los asesinaron y quemaron hasta la cenizas en un basurero en menos de un día. Así como a Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal separado del cargo el 28 de agosto, porque engañó a los padres simulando la búsqueda de los estudiantes.
Con los padres estuvo un representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gonzalo Martínez Villagrán de la sección 9 de la Ciudad de México, que acompaña la gira.

La bitácora de la caravana

La Caravana por la Memoria y la Esperanza estará el 23 de diciembre en Xoxocotla, Morelos, los integrantes ofrecerán una conferencia a los medios locales y sostendrán una reunión informativa con representantes de organizaciones sociales, y a las 4 de la tarde en Cuernavaca tendrán una marcha procesión de la glorieta Niño Artillero para concluir con un mitin en el Zócalo.
El 24 en Amilcingo, Morelos, habrá una conferencia de prensa y en Tepoztlán una reunión con organizaciones,
A las 10 de la mañana el 25 se prevé un acto de recepción para recibir a la caravana en la Ciudad de México. El día de la acción global de cada mes, el 26 de diciembre, a las 10 de la mañana la peregrinación será de Peralvillo a la basílica de Guadalupe. Cierran la jornada el 27 de este mes con una ofrenda floral en el lugar de los ataques, en Iguala.

Conclusión inmediata de la investigación interna de la PGR en el caso Ayotzinapa, exigen ONG

 

Decenas de organizaciones sociales exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) la conclusión inmediata de la investigación interna sobre el caso Ayotzinapa, así como las sanciones correspondientes a funcionarios que incurrieron en ilegalidades.
En un comunicado las organizaciones civiles retomaron parte de la información revelada por Proceso en los números 2090 y 2091 sobre las investigaciones de la Visitaduría General de la PGR respecto de las irregularidades cometidas por los responsables de la indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Uno de los investigados es el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Pese a que el Acuerdo de Conclusión del expediente DFAI/510/CDMX/2016 de la Dirección General de Asuntos Internos (DGAI) fechado el 18 de agosto pasado, da cuenta de las acciones ilegales cometidas por Zerón, éste fue investido como secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por Enrique Peña Nieto el pasado 14 de septiembre.
Para las organizaciones la información difundida también por los rotativos Reforma, The New York Times y el portal de Aristegui Noticias, pone en evidencia que “el proyecto de Resolución ha sido retenido y obstaculizado”.
Agregaron que “la omisión de la PGR en concluir la investigación, notificarla a los familiares y sancionar a los funcionarios responsables, pone en evidencia un afán de encubrir tanto las irregularidades como sus consecuencias legales”, y peor aún “esta omisión representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que prevalezca una teoría basada en pruebas ilícitas”.
Los firmantes apuntan que entre las irregularidades detectadas por los agentes del Ministerio Público adscritos a la DGAI destacan los agravios contra los seis detenidos en los que se sostiene la “verdad histórica” de que los 43 jóvenes fueron ejecutados y quemados en el basurero de Cocula.
Recordaron que la investigación interna de la PGR documentó “la violación al derecho a la verdad por el ocultamiento de actuaciones realizadas en el río San Juan que no fueron formalizadas en el expediente y que habrían repercutido en la posible manipulación y/o contaminación de la evidencia”, así como que estas irregularidades “deberían traducirse en responsabilidades administrativas y penales de diversos funcionarios”.
Al recordar que la PGR no ha negado la autenticidad del documento revelado por Proceso y otros medios de comunicación, en tanto que ha señalado que continúa siendo analizado, las organizaciones sociales recordaron que la dependencia “incumplió su compromiso de entregar los resultados de esta investigación interna el 18 de agosto de este año a las familias (de los jóvenes desaparecidos), mismas que se vieron obligadas a levantarse de la mesa de diálogo por ello”.
Insistieron en que el documento revelado representa “un parámetro insoslayable” de lo que la Visitaduría General tendrá que comunicar a las familias de las víctimas, además de que es “un referente adecuado para evaluar la autonomía de la Visitaduría e incluso el compromiso actual de la PGR para actuar con independencia, lo que resulta crucial en el tránsito hacia la Fiscalía General de la República”.
Destacaron que “una resolución que no esté a la altura del caso y que diluya los señalamientos del proyecto que se ha hecho público será un pésimo precedente en la agenda de fortalecimiento a la rendición de cuentas y combate a la impunidad”.
Tras considerar que está a prueba “la probidad de la Visitaduría General y de la propia PGR frente a la investigación interna”, las organizaciones insistieron en exigir “total transparencia y respeto a los derechos de las víctimas del caso Ayotzinapa en la emisión de la resolución con que deberá concluir, en breve, la citada investigación interna”.
Signan el posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Oficina de Washington para América Latina, Artículo 19, México Unido contra la Delincuencia Movimiento por la Paz, Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Fundar Centro de Análisis e Investigación, México Evalúa, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Servicio y Asesoría para la Paz, Fundación para el Debido Proceso Legal, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Centro Nacional de Comunicación Social, la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, Instituto de Justicia Procesal Penal, así como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas, integrada por 80 organizaciones en 21 estados del país.

Anuncia Los Otros Desaparecidos una reunión con la PGR para reanudar la búsqueda de fosas

 

En la asamblea de este martes los familiares de víctimas de desaparición del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron que el jueves y viernes se reunirán con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para iniciar la elaboración del plan de búsqueda de fosas clandestinas que comenzará en enero.
En esta reunión los familiares también solicitarán a la PGR resultados sobre la identificación de los 150 cuerpos que fueron recuperados de entierros clandestinos y de los que aún 132 no han sido entregados a sus familiares a más de dos años.
Desde noviembre de 2014, cuando surgió el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala tras el caso Ayotzinapa, familiares de más de 350 víctimas de desaparición formaron brigadas de búsqueda en fosas clandestinas.
En más de 100 entierros fueron recuperados 150 cuerpos humanos y otros restos de cadáveres incompletos, de los que peritos y antropólogos de la PGR sólo han identificado y entregado 18 cuerpos a sus familias.
Ayer se dio a conocer que los representantes del colectivo se reunirán con la fiscal especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, Eréndira Cruz Villegas Fuentes, y posiblemente con el procurador, Raúl Cervantes Andrade.
En la reunión se prevé que inicien los trabajos para la elaboración del plan de búsqueda de fosas clandestinas que se había suspendido por la temporada de lluvias.
También se dio a conocer que la reunión que se tenía prevista para el 19 de este mes con funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se cambió para el 5 de enero, y en ésta se iniciará el proyecto para la construcción de la primera etapa de Ciudad Víctima.
Por acuerdo de la asamblea, los familiares definieron que la reunión del próximo martes sería la última de este año, ya que la del 27 de diciembre la suspenderían por las fiestas navideñas y reanudarían hasta el martes 3 de enero.

Desconoce el comité Los Otros Desaparecidos de Iguala al Comité de buscadores de fosas

El colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala se deslindó y desconoció al Comité de Búsqueda de Fosas Clandestinas, y acusó a los integrantes de ocupar su nombre para sacar beneficios personales y económicos.
Los Otros Desaparecidos de Iguala es una agrupación de familiares de víctimas de desaparición forzada que surgió en noviembre de 2014 tras los ataques y la desaparición contra los normalistas de Ayotzinapa, se define como una asociación sin fines de lucro.
En un comunicado de prensa dicen que el objetivo principal de la agrupación es la búsqueda permanente y continua de más de 350 familiares que han sido víctimas de desaparición forzada en Iguala y otros municipios del estado, así como las gestiones correspondientes para que los (150) cuerpos que han sido recuperados de fosas clandestinas, sean identificados por la Procuraduría General de la República (PGR) y sean regresados a sus familias.
Señala que existen otras agrupaciones ajenas a Los Otros Desaparecidos como el Comité de Búsqueda de Fosas Clandestinas, conformado por ex integrantes del colectivo como Mario Vergara, Mayra Vergara y Xitlaly Miranda quienes han sido desconocidos por la asamblea y a quienes señalan de “lucrar” y “sacar provecho” del dolor ajeno usando el nombre del colectivo, para “obtener recursos, regalías y realizar gestiones en nombre de la asociación, además de recibir aportaciones de limosnas de iglesias católicas”, según el oficio.

Recriminan padres de los 43 a diputados que no exijan su búsqueda y castigo a los culpables

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos recriminaron a diputados federales de distintos partidos políticos que no hacen uso de sus facultades, para exigir al gobierno federal que localice a los jóvenes y castigue a los responsables.
Al hacer uso de la tribuna del Salón Legisladores de San Lázaro, demandaron a la Cámara de Diputados que reconozca la legitimidad de su lucha, y que exhorte a la Procuraduría General de la República (PGR) a que cumpla todas las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa.
“Ustedes están puestos por el pueblo y deben de ayudar al pueblo, pero desgraciadamente son personas que al llegar al poder pensamos que todo lo tenemos, y lo peor de todo es que se amparan en el fuero federal, que se creen intocables por tener ese fuero”, reprochó Mario César González Contreras.
“Ojalá y como me gustaría que la mayoría de ustedes tuviera conciencia que ese fuero les hace daño, porque tienen mucha hambre de poder, mucha hambre de dinero, pero para nosotros los 43 padres de familia, el hambre es encontrar a nuestro hijos”, expuso.
Cristina Bautista Salvador indicó que las familias de los normalistas desaparecidos no han recibido ningún gesto de apoyo de los legisladores y que por el contrario, algunos diputados han puesto en duda la legitimidad de su movimiento.
“Jamás recibimos de ustedes ninguna palabra de apoyo durante todo el tiempo que han sido diputados no han movido ni un dedo para ayudarnos a exigir justicia, mientras nosotros hemos marchado por todo el país para denunciar la impunidad de los desaparecidos, miles y miles que están desaparecidos en nuestro país”, señaló.
El sobreviviente de los ataques en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando la Policía Municipal disparó contra los jóvenes y se llevó a 43 de ellos, Ernesto Guerrero Cano exigió que los diputados actúen para que el caso sea resuelto.
“Cada uno desde sus respectivas atribuciones aporte algo, lo que pueda, lo que esté en sus manos para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala. No queremos más mentiras, no queremos que a los padres de familia se les intente comprar, se les intente callar de una u otra forma”, dijo.
Los padres entregaron a los diputados los dos tomos con las recomendaciones del GIEI.
En la reunión en la que los padres colocaron mantas con las fotografías de sus hijos desaparecidos estuvieron integrantes de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y la Especial para el caso Ayotzinapa.
La sesión fue difundida en el canal del Congreso por televisión de paga e Internet. Por los 43 desparecidos subieron a estrado madres y padres, un sobreviviente de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales Sierra en una primera intervención.
Continuó la participación de los representantes de ocho parlamentarias y un diputado independiente y concluyó la sesión con dos padres del movimiento y los familiares del normalista herido de bala en la cabeza el 26 de septiembre, Aldo Gutiérrez Solano, que se mantiene en estado vegetativo. Todas las participaciones fueron escuchadas en silencio, y al final los activistas gritaron la consigna de lucha: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

“Venimos a emplazar a que hagan algo”

La señora Cristina Bautista Salvador, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Salvador saludó en náhua, su lengua materna, y recriminó que no haya habido una palabra de apoyo de la Cámara de Diputados para exigir justicia por los 43, salvo en los tiempos de campañas electorales.
Aclaró que los padres que continuarán exigieron presentación con vida de los estudiantes como la de todos los desaparecidos en todo el país, y a modo de pregunta demandó:
El señor Emiliano Navarrete, papá de José Ángel Navarrete González ratificó que los estudiantes “fueron privados de su libertad por el gobierno de México”, que envió policías con “armitas de grueso calibre para demostrar cobardía… Me duele lo que le hicieron a mi hijo y a sus compañeros, no tiene perdón ni olvido”.
Ayer solicitó el apoyo de los diputados para que la PGR siga las recomendaciones que dejó el GIEI: “no queremos que salgan a hacer investigaciones, sino que vigilen que todo eso se cumpla, que exhorten a la PGR a seguir todas las líneas de investigación, que identifiquen quién es El Caminante y quién es El Patrón, a la fecha la PGR no da respuesta ni tiene a todos los policías federales que dijeron que se llevaban a los estudiantes al Patrón”.
Aseguró que sólo con presión se podrá conocer la identidad de estos personajes, de quienes hay testimonios y evidencia de su intervinieron en la desaparición de los 43 estudiantes
Abiertamente el señor Mario César González, papá de César Manuel González, señaló la desatención que algunos diputados frente a las primeras participaciones, “desgraciadamente veo que no les interesa, que en las intervenciones están volteando a otro lado”.
Lamentó que algunos diputados participaron en la campaña de desprestigio contra el GIEI que terminó en su salida del país. Un caso es el del priista Víctor Manuel Silva que desestimó la intervención de los expertos internacionales para resolver el caso, así como el rechazo a puntos de acuerdo para pedir que los expertos independientes entrevistaran a los militares sobre los hechos de Iguala y la permanencia del GIEI en México.
No obstante subrayó que el único interés de los padres es que por ética y profesionalismo los diputados den todo el apoyo al nuevo mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin desprestigiar su labor, ni al movimiento de los padres.
Muy enojado espetó que los diputados no representan a la izquierda, a la derecha ni al centro “son puros chapulines que brincan a los partidos que les convienen, y tampoco van a llegar a la verdad a través de comisiones especiales, queremos que dejen de jugar al investigador, si sabemos perfectamente bien que no los van investigar (a los culpables), queremos que le digan a la PGR que siga las recomendaciones del GIEI”.
Luego recriminó que toleren nombramientos como el de Omar Hamid García Harfuch en la Dirección de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, a quien se señala de posibles vínculos con los narcotraficantes de Guerreros Unidos, que sólo se explica por la complicidad entre políticos, y que hayan premiado a Tomás Zeron de Lucio con otro cargo federal, después de diseñar la verdad histórica.
Al bajar de la tribuna en el salón Verde, dejó en la mesa los dos informes del GIEI, “lo único que nunca pudieron desprestigiar fueron estos dos libros, espero que los lean porque es importantísimo para el caso Ayotzinapa”.
El abogado de los padres, Rosales Sierra señaló que a dos años de los ataques no hay indicios del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, a pesar de los 200 tomos de la investigación y más de 130 personas en prisión. Lo que hay son irregularidades y versiones falsas que han dado dolor adicional a los padres.
Aclaró que la investigación de PGR era un caos antes de la intervención del GIEI, que estableció todos escenarios de los ataques, la intervención coordinada de todas las corporaciones y distintas rutas sobre la desaparición forzada que llevan a Huitzuco, a la comunidad de Tijerillas y a una casa blanca en la cabecera municipal que señalaron los propios detenidos y choferes de los autobuses del servicio público donde iban los estudiantes.
Pero la PGR mantuvo vigente la versión de que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula, “una mentira total que lo único que provoca es la revictimización. Aún así muchas voces que piden a los padres que regresen a sus casas, que dejen de movilizarse, que no hagan marchas, pero ¿cómo van a regresar si la premisa fundamental que es la verdad no está establecida?, lo único que tenemos son nubarrones en las investigaciones”.
Subrayó que la versión del basurero de Cocula, aunque ofrece un buen debate político, fue desechada con pruebas científicas, por eso exigen el cambio de la narrativa de los hechos en la investigación.

“Nadie quiere decir la verdad, porque estos hechos van a evidenciar una realidad que se ha preferido negar”, dice el diputado Manuel Clouthier

El diputado independiente Manuel Jesús Clouthier Carrillo destacó dos temas que dan cuenta del caso Ayotzinapa: que la verdad oficial no coincide con la realidad porque algo se trata de ocultar, y da cuenta de la violación sistemática a los derechos humanos que se viven en el país.
Coincidió con la diputada de Morena en que tales hechos evidencian la transgresión a los derechos humanos de las policías municipales, estatales, federales y de las fuerzas armadas, “por eso nadie quiere decir la verdad, porque estos hechos van a evidenciar una realidad que se ha preferido negar. El Estado mexicano tiene que dar respuesta veraz a estos padres de familia y tienen que hacerlo las autoridades con un criterio fundamental de justicia”.
De Encuentro Social, José Alfredo Ferreriro Velazco, se dijo indignado por los hechos de Iguala y señaló sólo la posible responsabilidad del gobierno estatal, que fue descartada al comienzo de la investigación. Aclaró que este conflicto no es un tema de partidos, sino de justicia, y nadie estará conforme hasta conocer la verdad y aparezcan los desaparecidos.
Siguieron en turno dos diputados de Morena, y la presentante del Partido Verde Ecologista, Sofía González Torres que dijo que admira la lucha de los padres y señaló la responsabilidad de los hechos de Iguala en las policías de Iguala y Cocula.
Del PAN, la diputada Karina Padilla Ávila reconoció que la PGR no ha ofrecido una respuesta creíble, “solo infiere que el narcotráfico destapó la violencia esa madrugada” y es necesario que se agoten todas las líneas de investigación, en forma particular los vínculos del crimen organizado y actores estatales.
Concluyó la ronda de los partidos el representante del PRI, que destacó las acciones del Estado señaladas en 288 tomos.