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En diligencias por el caso Ayotzinapa en el cerro Gordo de Iguala, halla fosas la PGR, trasciende

 

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) con el resguardo de más de 50 policías federales de la Gendarmería hicieron una diligencia en el cerro Gordo, al poniente de la ciudad, relacionada con las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y presuntamente habrían encontrado nuevas fosas clandestinas.
Después de las 10 de la mañana de ayer se supo de la diligencia de agentes federales en la falda del cerro Gordo, en la zona en que familiares de desaparecidos hallaron más de 100 cuerpos en fosas clandestinas en distintos parajes, pues vecinos informaron de la presencia de varias patrullas de la Gendarmería y de dos helicópteros que sobrevolaban la zona a baja altura.
Al llegar al lugar a unos 5 kilómetros del periférico Poniente y tras cruzar las colonias Villa de Guadalupe, Chapultepec, Loma del Zapatero y otras, se toma un camino de terracería usado como saca cosechas. Se pasa por los parajes Monte Hored y La Laguna, donde entre 2013 y 2016 fueron halladas más de 40 fosas clandestinas.
En la loma de un cerro se vio uno de los helicópteros, y la zona estaba resguardada por decenas de agentes de la Gendarmería fuertemente armados. A unos 50 metros de donde estaba la aeronave y el resto de las patrullas se colocó un retén de policías para impedir el paso.
La diligencia concluyó a la 1:30 de la tarde, al parecer por la llegada de reporteros, y no se dio a conocer ninguna información. A esa hora se vio la retirada del helicóptero y la salida de tres camionetas de la PGR, algunas llevaban en su caja herramientas como palas y picos, y tras ellos salieron nueve patrullas, en una de las camionetas llevaban perros.
De manera extra oficial se informó del hallazgo de fosas clandestinas, incluso se llegó a hablar de la localización de al menos cuatro osamentas humanas, pero hasta la tarde de ayer ninguna fuente oficial lo confirmó.
Algunos hombres que trabajaban cerca de esa zona en la limpieza de un terreno informaron que entre las 6 y las 8 de la noche del martes, vieron la presencia de los policías y subió una camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo).
La zona en la que se vio ayer a los agentes de la PGR queda en una parcela de cultivo de maíz, en medio de los parajes Monte Hored, La Laguna, La Joya, El Maizal, El Copal y la Barranca del Tigre, en los que entre 2013 y después de 2014 tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, familiares de desaparecidos hallaron más de 100 fosas clandestinas.
En una consulta a familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos, se dio a conocer que la diligencia de ayer no está relacionada con sus casos, sino con las investigaciones del caso Ayotzinapa que coordina un agente del Ministerio Público federal de la PGR.
Se informó que en esta zona la PGR aplicó la tecnología Lidar, que señala posibles puntos en los que la tierra fue removida o la existencia de alguna fisura que pudiera ser considerada una fosa, por lo que ya van en busca de puntos específicos.
Ayer después de que los agentes se retiraron del lugar sin dejar resguardo, un grupo de reporteros buscó algún indicio de excavaciones pero no se encontró nada.

 

 

Matan a una embarazada, a su hija, hieren a una menor y levantan al esposo en un pueblo de la capital

Una joven de 25 años que tenía cinco meses de embarazo y su hija de 6 fueron asesinadas, una niña de 4 fue herida de bala y su esposo miembro de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fue levantado luego de que fueron detenidos cuando iban en una camioneta a unos 15 minutos de la comunidad de Tejocote, municipio de Chilpancingo.
Un hombre decapitado y desmembrado fue encontrado en Iguala, mientras que en Tecpan fue hallada una osamenta humana.
Además tres peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) fueron atacados a balazos y uno resultó herido en los límites de los municipios de Petatlán y Zihuatanejo, mientras que dos policías federales de la Gendarmería resultaron heridos en una agresión en Coyuca de Catalán.
Después de la emboscada en El Tejocote, municipio de Chilpancingo, vecinos de esa comunidad reportaron que había una balacera en ese poblado lo que causó temor, los pobladores se refugiaron en sus casas y cerraron las tiendas.
En lo que va del año en la capital suman 55 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, según un recuento de lo publicado en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública informaron que minutos después de las 4 de la tarde recibieron un reporte de que había una balacera en esa comunidad, ubicada a una hora en automóvil desde la ciudad de Chilpancingo.
Según la Secretaría de Seguridad Pública los cuatro integrantes de una familia iban en una camioneta Toyota Tacoma morada, salieron de la comunidad de Tejocote luego de visitar a sus familiares y se dirigían hacia Chilpancingo a una cita médica.
Al pasar por el lugar conocido como Los Postes a unos 15 minutos de la comunidad fueron atacados por civiles armados que estaban apostados en una loma en la orilla de la carretera.
La joven de 25 años que tenía cinco meses de embarazo y su hija de 6 años fueron asesinadas, una niña de 4 años resultó herida en el glúteo y el chofer quien era esposo de la mujer fue levantado.
Según testigos los agresores bajaron al chofer, a su esposa y a las dos niñas de la camioneta y les dispararon a la joven y a las dos menores, a quienes aventaron en la cajuela de la camioneta y se llevaron al chofer identificado como Fidel.
Los cuerpos de la joven y las dos niñas estaban tendidas boca arriba en la cajuela del vehículo, mientras que una de las menores al recibir un impacto de bala en el glúteo se desmayó, los habitantes del pueblo al enterarse del hecho y que la niña estaba viva la trasladaron al hospital general Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo.
La joven fue identificada como Gabriela, vecina de Buenavista de la Salud y del chofer se informó que es comerciante.
El vehículo quedó en medio de la carretera de terracería que conduce del Tejocote a Chilpancingo, tenía 30 impactos de bala de AK-47 o Cuerno de Chivo y de AR-15.

Huyen familias debido a la violencia
Vecinos de la comunidad informaron que después de las 6 de la tarde ocurrió una balacera cerca del poblado y los habitantes se refugiaron en sus casas y cerraron las tiendas.
Se observó a unas 15 personas jóvenes, mujeres y niños que bajaban de la comunidad para trasladarse a Chilpancingo para refugiarse.
“Llegamos a la comunidad y escuchamos balazos, a pesar de que había militares nos dio miedo y fuimos a traer a nuestros hijos para irnos a Chilpancingo a refugiarnos hasta que se calme el problema”, comentó una vecina que llevaba a tres hijos. Dijo que los vecinos le informaron que los agresores se encontraban escondidos en los cerros, “me dijeron que había hombres armados escondidos en los cerros, que tuviera cuidado de viajar por la carretera”.
Las camionetas particulares y del transporte público se quedaron varados porque la carretera estaba acordonada donde ocurrió el ataque, y los vecinos tenían que caminar media hora por un camino en un cerro para llegar al poblado.
Cuatro patrullas de la Policía Estatal y tres del Ejército recorrieron la carretera y la comunidad pero no detuvieron a nadie.

Atacan a peritos de la PGR

Un perito de la PGR resultó herido en un ataque a balazos en el que fueron retenidos agentes de la dependencia, en los límites de Petatlán y Zihuatanejo, cuando hacían una investigación en la zona.
Fuentes de la PGR informaron que minutos después de las 12 del día recibieron un reporte de que tres peritos de las especialidades de foto, química e ingeniería a bordo de una camioneta Tacoma blanca, fueron perseguidos por hombres armados cuando pasaban por San Jeronimito, municipio de Petatlán.
Agregaron que fueron alcanzados y atacados a balazos, uno resultó herido y dos fueron detenidos poco más de una hora.
La camioneta quedó abandonada y tenía impactos de bala, las policías estatal, federal y soldados del Ejército con apoyo de un helicóptero buscaron a los agentes.
Después de una hora y media de ocurrir este hecho en Twitter la dependencia informó: “El personal de la @PGR_AIC que fue agredido se encuentra fuera de peligro y se salvaguarda su integridad”.
La fuente comentó que uno de los peritos resultó herido de bala y los otros dos fueron golpeados y los trasladaron a un hospital para recibir atención médica y después rindieron su declaración.

Dos gendarmes heridos en Las Tinajas, Coyuca de Catalán

Policías federales de la Gendarmería sufrieron una agresión la mañana de este lunes cerca del poblado de Las Tinajas en el municipio de Coyuca de Catalán, cuando iban al poblado de Santo Domingo. Dos agentes resultaron heridos.
Informes policiacos dicen que los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana cuando se toparon con hombres armados con quienes intercambiaron disparos. Uno de los agentes recibió un disparo en la pierna izquierda y otro en la mano derecha.
Pidieron apoyo y en la zona quedó la patrulla atacada con varios agentes vigilando la carretera estatal y a bares de Coyuca de Catalán a Santo Domingo llegaron policías estatales.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó que la Gendarmería fue agredida por civiles armados cuando patrullaba Las Tinajas alrededor de las 10:50 de la mañana de este lunes, resultando heridos dos uniformados, por lo que elementos de la Policía del Estado en coordinación con el Ejército desplegaron una operación para buscar y capturar a los agresores.
Señaló que los elementos de la Gendarmería transitaban por el camino Santo Domingo-El Jabalí, cuando fueron atacados a balazos por hombres armados, quienes huyeron.
Los heridos fueron trasladados a un hospital para su atención médica y su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.
Los herido se llaman Raymundo y Miguel Ángel quienes fueron trasladados al Hospital General de Coyuca de Catalán. Se reportó que después los trasladaron en un helicóptero a la Ciudad de México.
La Gendarmería lleva cuatro meses en la región Tierra Caliente, tiempo en el cual han tenido al menos dos enfrentamientos.
La Policía del Estado y la gendarmería permanecieron en el lugar en la carretera de un lado a otro para intentar dar con los responsables sin que se reportara ninguna detención o decomiso
Las Tinajas está aproximadamente a 10 minutos de la cabecera municipal sobre un corredor a bordo de una carretera estatal que va desde Coyuca de Catalán hasta el poblado de Santo Domingo que se extiende a dos comunidades por un camino de terracería.

Decapitado y desmembrado

El cuerpo de un hombre decapitado y desmembrado fue localizado la tarde de ayer en la entrada principal de la comunidad de Zacacoyuca, municipio de Iguala, a unos 50 metros de la carretera federal y algunas partes del mismo cuerpo fueron abandonadas a mitad de la vía.
En lo que va del año suman 38 personas ejecutadas en el municipio de Iguala, hechos relacionados con la delincuencia organizada, según un recuento de El Sur.
Reportes de fuentes policiacas dicen que a las 4:30 de la tarde vecinos reportaron el hallazgo de los restos humanos, los cuales fueron dejados en una costalilla y una caja de plástico con dos cartulinas con narcomensajes, a unos 50 metros de la carretera, pasando el arco de bienvenida de Zacacoyuca, y otras partes de una pierna cortada en cuatro pedazos sobre la carretera federal.
Al cuerpo del hombre de aproximadamente 45 años se le apreciaban huellas de haber sido torturado a golpes y mutilado de las orejas, dedos y extremidades, además de haber sido decapitado.
En la carretera fue hallada la pierna izquierda cortada en cuatro pedazos atados con un mecate, y a unos 50 metros de la carretera, pasando el arco junto a un negocio de venta de cervezas estaba el resto del cuerpo.
El torso estaba adentro de una costalilla blanca que en el pecho tenía clavadas las dos cartulinas con un desarmador, también estaban partes de la otra pierna y los brazos.
Adentro de la caja de plástico estaba la cabeza, la cual no tenía las orejas y tenía atravesada una varilla en la boca que le salía hacia el cuello.
En las cartulinas se leía: “Entiendan como una verga esto me paso por andar cobrando cuota y andar secuestrando y por andar amenazando a gente que yo era gente de plaza de Santa Teresa, por favor no se dejen engañar porque aquellos que se dicen llamar la mera verga y te prometen puesto y dicen que todo”, y la otra, “está controlado, no es cierto no les crean porque van a acabar como yo les pido una disculpa a todos aquellos que les cobre cuota y secuestro. Att: ¿? Jajaja jiji”.
Versiones de testigos indican que los restos fueron abandonados en ese lugar por hombres que se desplazaban en un vehículo Nissan Tsuru blanco.

Encuentran una osamenta humana

En los terreno de la colonia Manuel Abarca en Tecpan fueron hallados restos óseos. El reporte policiaco dice que a las 3 de la tarde del lunes en una llamada se avisó que había unos cuerpos sin vida en el lugar. El terreno que es propiedad Francisco Abarca.
En el lugar se encontraron osamentas y restos de tela.
Se desconoce los restos corresponde a hombre o mujer. La osamenta fue trasladado a la funeraria Abarca de San Luis la Loma.
Por otro lado agentes de la Policía Estatal detuvieron el domingo a dos campesinos por portar droga en la comunidad de Los Terrones, Coyuca de Catalán.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal difundió un comunicado en el que dice que los uniformados encontraron a dos hombres parados en un canal de riego, “intentaron huir al ver a los policías pero fueron detenidos”.
Fueron identificados como Guillermo de 26 años, en la bolsa derecha del pantalón portaba 15 dosis de cocaína, y José Luis de 23 tenía una bolsa negra con tres bolsas con mariguana con un peso de 350 gramos. Se les decomisaron 600 pesos, tres billetes de un dólar y dos motocicletas marca Italika.

 

 

Acuerdan pueblos nahuas del alto Balsas presentar demanda en la PGR por la contaminación del río

Autoridades agrarias y municipales, así como representantes y líderes naturales de los pueblos nahuas del Alto Balsas acordaron este domingo integrar una comisión para presentar una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), por la contaminación del río Balsas para exigir sanción a los responsables y la reparación del daño.
Los indígenas aprobaron, asimismo, presentar una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en contra de la inacción de las autoridades que pone en riesgo la salud de los habitantes de la zona.
La comisión se integró con las autoridades municipales y agrarias de los pueblos afectados, encabezadas por los presidentes de los comisariados de bienes comunales de San Juan Totolcintla, Melquiades García Ríos; de San Agustín Oxtotipan, Ignacio Morales Mundo y de Tula del Río Rogelio Vicario, quienes inicialmente encabezaron la denuncia por la contaminación del río.
Las autoridades de esta región han venido denunciando que desde el 15 de marzo pasado observaron que el agua del río Balsas cambió de azul a verde intenso. También denunciaron que en algunas comunidades como en San Juan Totolzintla se murieron algunas tortugas y peces, mientras que en Tula del Río denunciaron que hubo personas que sufrieron dolor estomacal después de comer mojarras que pescaron en el río.
El 21 de marzo, las tres autoridades agrarias entregaron en la Secretaría de Salud muestras del día del agua del río y un escrito dirigido al secretario Carlos de la Peña Pintos a quien le piden que se realice una investigación del caso.
El 27 de marzo, en conferencia de prensa el secretario de Salud De la Peña Pintos, el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Humberto Gastélum Espinoza, el director general de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Arturo Palma Carro, confirmaron que el agua de ese río que abastece a 15 comunidades nahuas de Guerrero está contaminada con coliformes totales y coliformes fecales, debido a aguas residuales sin tratar que se vierten al cauce, y descartaron que se trate de un agente contaminante relacionado con las minas, además de responsabilizar a los gobiernos municipales, que deben dar un tratamiento adecuado antes de verter el agua residual al río.
Sin embargo, hasta este domingo las autoridades estatales y federales no habían entregado los resultados de los estudios hechos al agua, y tampoco habían dado información o explicación a las autoridades del por qué el cambio de color.
Ante esta omisión y falta de respuesta, los representantes de las comunidades de Ahuetlixpa, San Juan Totolcintla, San Agustín Oxtotitpan, Tula del Río y Analco, municipio de Mártir de Cuilapan, así como de Xalitla y San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco, y San Francisco Ozomatlán, de Huitzico, se reunieron este domingo en la comisaría municipal de San Juan Totolcintla, para analizar el problema.
También asistieron dirigentes de organizaciones con presencia en la región y líderes naturales quienes se quejaron de que los gobiernos estatal y federal no han hecho caso al grave problema de contaminación y acordaron la integración de la comisión también para presionar a la Secretaría de Salud a fin de que dé a conocer los resultados de las muestras que le entregaron y que con un helicóptero se realice un recorrido para esclarecer qué afluente de las que desembocan en el Balsas lo está contaminando.
Asimismo, acordaron promover un programa de restauración ecológica del río en el que participen los mismos pobladores.
El dirigente del Consejo para el Desarrollo Autosustentable del Alto Balsas, Victórico Ríos Mundo, dijo que han pasado 15 días desde que el agua del río cambió de color y que la Secretaría de Salud no les ha explicado porqué y criticó la respuesta que dio el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos, en el sentido de que el agua está contaminada pero de heces fecales a consecuencia de que los habitantes de los pueblos que se encuentran en la ribera del río desembocan allí sus aguas negras. Dijo que eso viene ocurriendo desde 2005 y que por eso los habitantes de la región han pedido la construcción de letrinas secas para no contaminar el agua de ese río. Pero aclaró que no por el agua negra que se descarga al río éste había cambiado de color.
Por su parte, el ex delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), originario de San Miguel Tecuiciapan y líder natural de esta región, Guillermo Álvarez Nicanor, denunció que los gobiernos estatal y federal están incumpliendo con la ley que establece que el gobierno debe dar agua limpia, saludable y suficiente a los ciudadanos.
Añadió que también incumplen con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantiza que los territorios de los pueblos indígenas sean gobernados por la gente de los mismos pueblos y que tengan acceso a todos los recursos naturales de su entorno.
Denunció que los gobiernos estatal y federal no están cumpliendo, por ejemplo dijo que en este caso debe intervenir la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que debe demandar a la gente que está contaminando este río, “y no lo está haciendo”.
Añadió que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tampoco está interviniendo.
“Por el contrario, vi unas declaraciones del secretario de Salud que dijo que no hay problema, que el río no está mal, que sí está contaminado por caca de la gente pero que no es malo y que el pascado que hay en el río se puede comer, entonces lo invitamos a que se venga a comer una mojarra y que se venga a bañar al río, no puede ser que nos digan que sí hay mierda en el río pero que eso no es malo”, se quejó.
Exigió a las autoridades que no digan que todo está bien y que no hay problema, “pareciera ser que no nos están haciendo caso porque a lo mejor el ruido que hacemos no es tan fuerte”, advirtió.
Y luego añadió que, entonces, lo que quieren las autoridades de Guerrero es que los pobladores hagan lo que hicieron los de Sonora y Jalisco en donde se organizaron y presentaron demandas en contra del gobierno para que realizara acciones de autoridad.
“Estoy seguro que el gobierno sabe qué está pasando aquí y si no lo dice es porque no le conviene”, dijo.
Agregó que el gobierno “no nos quiere decir porque no le conviene y no le conviene porque sabe que a nosotros no nos va a gustar lo que está pasando con nuestro río. No puede ser algo muy insignificante, es algo muy grande lo que hicieron, no sé qué echaron, pero fue algo malo”, dijo.
También asistió el ex diputado federal perredista y líder indígena de la región, originario de Xalitla, actual secretario del Ayuntamiento de Copalillo, Marcelino Díaz de Jesús, quien informó que la gente de los pueblos de ese municipio que se encuentran cerca del río también ya se alarmó y que a través de Comunicación Social del Ayuntamiento recomendó a la población que tome sus precauciones.
El dirigente indígena propuso que la comisión aprobada insista ante la Secretaría de Salud que se investigue el problema y que con un helicóptero se realice un recorrido por los ríos que desembocan al Balsas para esclarecer de dónde proviene el agua color verde.
Añadió que la Secretaría de Salud ya debe tener los resultados “pero no lo han de querer dar a conocer, tal vez porque se afectan algunos intereses”.
Al final, los asistentes aprobaron la integración de la comisión que quedó conformada con los representantes de los pueblos afectados, entre éstos los de San Juan Totolcintla, San Miguel Oxtotipan y Tula del Río, a fin de que elabore los oficios y solicitudes y encabece la demanda que presentarán ante la PGR para que se investigue y se castigue al responsable de la contaminación, además de la reparación del daño.
“Hay una ley de responsabilidad ambiental que dice que el que contamina paga, pues tomémosle la palabra a la ley, ahí está. Si hay alguien que contaminó nuestro río pues que pague”, dijo Álvarez Nicanor, quien explicó que el procedimiento sería a través de una “demanda de acción colectiva”.
También acordaron que la misma comisión acudirá ante la Codehum a presentar una queja por la omisión de las autoridades estatales y federales y por poner en riesgo la salud de los pobladores.

 

Fue encarcelado en Durango el presunto integrante de Guerreros Unidos, La Rana

La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) internó en la cárcel federal de Gómez Palacio, Durango, a Erick Sandoval Rodríguez, La Rana, acusado de estar implicado en el plagio y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Según fuentes federales, la noche del lunes, el mismo día en que fue detenido en Cocula, la PGR lo trasladó de la Ciudad de México a Durango, en cumplimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro.
Según fuentes allegadas al caso, el presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos rendirá su declaración preparatoria vía exhorto ante un juez federal en Gómez Palacio.
El mandato de captura librado contra La Rana corresponde a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el pliego de consignación original, el juez Primero de Distrito en Procesos Penales de Tamaulipas giró las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro, pero las negó por desaparición forzada.
Un testimonio recabado por la PGR, el de Jonathan Osorio, El Jona, ubica a Sandoval Rodríguez en el basurero de Cocula en el momento de la supuesta incineración de los cuerpos de los estudiantes.
Por su captura la PGR ofrecía una recompensa de 1 millón 500 mil pesos.
Para los padres de los normalistas esta detención sólo demuestra que la Procuraduría está interesada en consolidar su versión que señala que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

 

Retiene UPOEG a tres agentes federales y cierra la carretera 19 horas en Xaltianguis, Acapulco

 

Luego de la irrupción de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal (PF) y de la Marina armada para detener al comandante regional de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Ernesto Gallardo Grande, unos 300 vecinos bloquearon la carretera federal de 2:30 de la madrugada a 11 de la noche de ayer en los dos accesos a Xaltianguis, municipio de Acapulco, donde retuvieron a tres agentes federales.
Gallardo Grande dijo que la irrupción para detenerlo fue alrededor de las 2:30 de la madrugada, y los vecinos retuvieron al agente de la PGR Gilberto Jiménez Morales, y las autoridades a un joven que fue liberado.
Más tarde al presentarse el coordinador de la PF en el estado, David Portillo Menchaca y otro agente, quedaron también retenidos, en “garantía” para que el gobierno federal dialogara con el Consejo de Autoridades Comunitarias de la UPOEG.
La carretera federal fue bloqueada en sus dos accesos, sur y norte. Ahí los pobladores atravesaron los camiones que a las 2:30 de la madrugada pasaban por el lugar, entre éstos al menos seis con troncos de pino talado en la sierra de Atoyac, comentó uno de los choferes.
Por la irrupción en la comunidad de Xaltianguis, a 40 minutos de Acapulco, las clases desde preescolar hasta la preparatoria fueron suspendidas, y los integrantes de la UPOEG indicaron que tampoco había clases en otras 16 comunidades de la zona donde operan.
Gallardo Grande expresó que el objetivo “principal -del gobierno- era yo, era detenerme. Gracias a que teníamos un familiar enfermo yo estaba fuera de la casa y solamente dejamos a un muchacho”, su ahijado que no tiene que ver con la UPOEG.
“En ningún momento fui detenido, ellos entraron, se tocaron las campanas, el pueblo reaccionó, pero sí es evidente la colusión que tiene el gobierno con el grupo criminal de Los Ardillos. Qué casualidad que después de hacernos el ataque de Los Ardillos, y después de la información que se recibe de que el grupo criminal Los Ardillos ha negociado con el gobierno, se mete el gobierno para desarmar a nosotros y así ellos quedarse con el corredor” del valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo.
Insistió en que la operación en su contra y de la UPOEG demostró que el gobierno tiene tratos con el grupo criminal Los Ardillos. Denunció que los agentes de la PGR llegaron a la casa de su suegra donde entraron a la fuerza y robaron algunas pertenencias de valor. Dijo que fueron entre 15 y 20 camionetas las que llegaron, incluidas dos de La Marina.
El comandante de la UPOEG exigió que el gobierno le informe de qué se le acusa, “yo he dicho que quien la debe que la pague, y si yo la debo pues la tengo que pagar, pero si no que los ministerios públicos que vinieron y si hay un juez federal que den la cara”, y pidió al gobierno estatal y federal presentarlos.
Indicó que los agentes de la PGR traían una orden de cateo por enriquecimiento ilícito, “no tengo ni casa, ni cuenta en el banco, por eso pedimos que se nos aclare”.

Hubo disparos de los agentes, arrojaron bombas molotov y dañaron automóviles, denuncian

Indicó que al momento de que la PGR y la Marina trataron de salir de la localidad inmediatamente bloqueadas por los pobladores, aventaron las camionetas sobre los manifestantes.
Además de que los agentes dispararon y arrojaron “bombas molotov” y dañaron varios vehículos. Demandó que la misma operación sea haga en contra de la delincuencia del país, y así Guerrero sería otro.
El comandante de la UPOEG afirmó que si él hubiese estado en la casa de su suegra y se hubiese dado un enfrentamiento, la responsabilidad era del gobierno del estado y federal, porque en el valle de El Ocotito y poblados cercanos se vive una situación de “sicosis”, porque los agentes llegaron encapuchados y entrando a la fuerza a la casa como si fueran delincuentes.
Dijo que su único delito es organizar y defender a la población de los delincuentes y puso de ejemplo a la Costa Chica del estado, y “el corredor -del valle de El Ocotito- antes de que tuvieran nexos los políticos, que antes de que metieran a Los Ardillos se vivía en paz, pero hasta ahorita tengo la cara en alto”.
Mencionó que fue el gobierno el que no le dio otra oportunidad a los pobladores víctimas de los delincuentes, más que armarse, “porque ellos fallaron”.
Entre las exigencias de los pobladores y el comandante está que el gobierno informe cuántas órdenes de aprehensión hay contra los integrantes de la UPOEG y su cancelación.
En la mañana a la comandancia de la UPOEG en Xaltianguis llegaron el delegado de Gobierno en Acapulco, Óscar Hernández, el delegado de Gobernación Osciel Morales Nava así como el subdelegado de la Secretaría de Gobernación federal, Juan Moreno, quienes pactaron una reunión en el hotel Holiday Inn de Acapulco con el delegado de la Secretaría de Gobernación, Erit Montúfar Mendoza.
A mediodía Gallardo mostró la casa de su suegra donde los agentes de la PGR irrumpieron. Un edificio de un nivel con un piso rentado.
En los dos cuartos de la casa había ropa regada. El comandante mostró que su familia se dedica a la venta de maracuyá y expresó “aquí está lo que se me acusa, esto es enriquecimiento ilícito, a esto nos dedicamos”, dijo mostrando las frutas de maracuyá. En el bloqueo y en la comandancia no se observó que las autoridades de la UPOEG y policías portarán armas largas.

Acuerdan una mesa de negociación con el gobierno federal

El encuentro comenzó alrededor de las 5:30 de la tarde y terminó a las 8 de la noche. Estuvieron el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, el abogado Manuel Vázquez, el comandante municipal de Xaltianguis Juan Carlos Mejía y el coordinador estatal de la UPOEG, Juan Teodoro Rosales.
De los acuerdos al salir de la reunión a las 10 de la noche Bruno Plácido informó que el único fue el inicio de una mesa de negociaciones con el gobierno federal.
Por separado Erit Montúfar indicó que se acordó una reunión para este viernes con el delegado de la PGR en Guerrero, y el fiscal general del estado Javier Olea Peláez.
Se informo que el agente fue liberado una vez que las autoridades de la UPOEG informaron de los acuerdos, y a las 11 de la noche fueron retirados los dos bloqueos.

 

Nuevo delegado de la PGR fue de la SEIDO y estuvo en el caso de los 43

Este viernes Fernando García Fernández fue nombrado titular de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Guerrero con sede en Chilpancingo; sustituye a José Juan Monroy García que estuvo en el cargo desde el 10 de noviembre de 2015.
Fuentes de la delegación de la PGR informaron que García Fernández viene de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Ciudad de México y estuvo a cargo de las diligencias por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La fuente comentó que el acto donde asumió el cargo García Fernández se llevó a cabo en el estacionamiento de la PGR en la capital, y no hubo invitación a los medios de comunicación.

 

Detiene la PGR a cuatro presuntos narcos en aparatosa operación en Chilpancingo

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron a cuatro “posibles integrantes de un grupo delictivo que opera en la región” Centro, luego de que catearon una casa en la colonia 20 de Noviembre, al suroriente de Chilpancingo, informó la Procuraduría.
Por la noche, en el programa de televisión En Punto, el principal noticiero de la empresa Televisa que conduce Denise Maerker, la periodista informó que uno de los cuatro detenidos es Martín Piña Gómez El Charro, uno de los principales colaboradores de Isaac Navarrete Celis El señor de la I, líder de la organización delictiva Cártel de la Sierra.
Por su parte, familiares de los cuatro detenidos denunciaron que los agentes de la PGR de manera arbitraria catearon la vivienda sin mostrar una orden de aprehensión y violentaron los derechos humanos de sus familiares, a quienes les sembraron armas adentro de la casa.
A la 5 de la madrugada de ayer, los agentes de la PGR, a bordo de unas seis camionetas oficiales llegaron a la calle Eucaria Apreza esquina con Álvaro Obregón, en este asentamiento de clase media alta de Chilpancingo, y bloquearon más de cinco horas las dos vialidades impidiendo el paso de los automovilistas; los oficiales sólo dejaban pasar a los transeúntes en la zona.
El operativo generó miedo en los vecinos que viven cerca de la casa de dos pisos, hecha de concreto, que catearon, “pensé que eran hombres armados que iban por alguien, porque las camionetas no están rotuladas; sí nos dio miedo”, contó un vecino que pasaba por el lugar.
Otros vecinos salieron de sus casas para observar la operación de los oficiales de la PGR. Se le preguntó a un oficial el motivo, y contestó que no podía dar información por seguridad.
Minutos después de las 10:40 de la mañana, los policías de la PGR, a bordo de vehículos oficiales se retiraron de la colonia 20 de Noviembre y trasladaron a los cuatro detenidos a la delegación de la Procuraduría para ser investigados y para deslindar responsabilidades.
Fuentes de la PGR informaron que los cuatro detenidos permanecían en la delegación de la Procuraduría en la capital, y se espera que hoy sean trasladados a Acapulco o a la Ciudad de México para seguir las investigaciones.
En la transmisión nocturna del programa En Punto, Denise Maerker dijo que el detenido es Martín Piña Gómez El Charro.
“Es señalado por ordenar y participar en diversos homicidios y por producir una droga sintética que se denomina China White elaborada a base de fentanilio, está identificado como uno de los principales colaboradores de Isaac Navarrete Celis El señor de la I, líder de la organización delictiva Cartel de la Sierra, previo a ello la información de las autoridades es que trabajó para el grupo de Los Rojos; junto con El Charro fueron detenidos otros tres integrantes de esta organización”, informó Maerker.

Familiares de los cuatro detenidos acuden a la PGR

Minutos antes del mediodía, familiares de los cuatro detenidos acudieron a la delegación de la PGR para informarse sobre su detención y para conocer su situación legal.
Un familiar, quien se reservó su nombre, relató que a las 5 de la mañana unos 30 agentes de la PGR, a bordo de seis camionetas llegaron a la casa e intentaron abrir la puerta a golpes y con tubo para poder entrar, pero no lo lograron.
“Cuando ocurrió el operativo estábamos todos dormidos, la señora de la casa les pidió a los oficiales que se calmaran que ella les iba a abrir, pero cuando les abrió ellos empujaron la puerta y a la señora la tiraron al suelo, ya no pudieron hacer nada y estos fulanos entraron a la fuerza”, declaró.
Señaló que en la operación los oficiales dijeron que les iban a enseñar la orden de aprehensión o cateo, pero no ocurrió y se llevaron a sus cuatro familiares, “no podemos decir su nombre por seguridad, y venimos aquí a la PGR para que nos den noticias de ellos y porque los detuvieron”.
Afirmó que en el cateo los policías de la PGR les sembraron armas adentro de la vivienda y además se llevaron celulares, alhajas, video juegos, computadoras y dinero en efectivo, “nos dio miedo porque pensábamos que eran hombres armados, que nos iban a matar, no respetaron nada a pesar de que habían cuatro menores durmiendo”.
“Es una arbitrariedad esto, yo estoy de acuerdo que si alguien hizo algo malo que lo detengan, pero, señores, toquen la puerta cuando hagan esto, así espantan a la gente, no es justo que abusen las autoridades a la gente inocente”, indicó
La colonia 20 de Noviembre es de clase alta y media de Chilpancingo; ahí han ocurrido otros hechos de violencia. Hace un año, presuntos delincuentes rafaguearon una vivienda de tres pisos, cerca donde se llevó a cabo el cateo, en el ataque no hubo heridos o muertos.

El boletín oficial

Anoche, la PGR difundió un comunicado para informar que los detenidos se llaman Martín, Adán, David y Gustavo, y que con estas detenciones, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) “cumplimentó una orden de cateo autorizada por la autoridad judicial, en un inmueble en el estado de Guerrero”.
De acuerdo con el boletín, agentes de la PGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SEIDO, detuvieron a cuatro “posibles integrantes de un grupo delictivo que opera en la región” Centro, luego de que catearon una casa en la colonia 20 de Noviembre, al suroriente de Chilpancingo.
La institución señala que durante la operación aseguraron droga cristal y mariguana, “una báscula de las denominadas grameras, un arma corta y un arma larga”.
“Cabe señalar que la detención se realizó en estricto apego al debido proceso y en todo momento les fueron respetados sus derechos”, indica el comunicado.

 

Se tomarán muestras de ADN en Acapulco, Iguala y la capital a familiares de desaparecidos

La secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz informó que la Procuraduría General de la República (PGR) en coordinación con la Fiscalía General Estado (FGE) y la Policía Federal (PF) tomarán muestras de ADN a familiares de desaparecidos para que sean comparadas con los 125 cuerpos sin identificar de los 158 exhumados de fosas clandestinas en más de tres años. La toma de muestras será del 5 al 11 de marzo en centros de salud de Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
Ayer por la tarde en una llamada telefónica Bahena Cruz dio a conocer que una comisión del colectivo se había trasladado a la Ciudad de México para que les entregaran un cuerpo que es de un familiar que está en el colectivo, con esto suman 33 cuerpos identificados y entregados por la PGR a tres años y tres meses de la conformación del colectivo, periodo en el que han exhumado cuerpos en Iguala, Cocula, Taxco y Teloloapan.
De los 33 cuerpos, 23 son de familiares que están en el colectivo y los otros son de personas que no forman parte de la organización.
Indicó que la petición de toma de muestras fue porque hay 125 cuerpos que ya tienen su perfil genético y que aún están sin identificar en la PGR ya que en la confronta de muestras de familiares de desaparecidos y los cadáveres no hay ninguna coincidencia en el ADN.
Llamó a las personas que tengan algún familiar desaparecido a que se tomen las muestras de ADN para comparar los resultados con el perfil genético de los cuerpos sin identificar.
“Probablemente alguno de esos cuerpos que se tienen en la PGR y en la Fiscalía de Guerrero corresponde a su familiar desaparecido, por lo que para nosotros es importante identificar y entregar esos cuerpos”, indicó.

El retraso en los peritajes a los cuerpos en el Semefo frena el esfuerzo de familiares de desaparecidos

La falta de estudios a los cadáveres depositados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), –que según la dirección de la institución suman 750–, frena los esfuerzos de las familias de los distintos colectivos que buscan a sus desaparecidos, y a su vez el gobierno del estado incumple una obligación legal de hacerlos, denunciaron los representantes de los colectivos de Chilpancingo y Acapulco.
La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, Guadalupe Rodríguez Narciso declaró que por el retraso en la aplicación de las pruebas del ADN a los cientos de cuerpos depositados en los semefos, en su reciente huelga afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, demandaron que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que se encargue de la práctica de los estudios.
Dijo que les respondieron que con la nueva ley la federación aporta los recursos para que se hagan en los estados, pero en Guerrero la Fiscalía siempre argumenta que no hay recursos, y que no cuentan con equipo ni material para esas pruebas.
Desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo supuestamente se instaló un “moderno equipo con tecnología de punta” para tomar las muestras del ADN con rapidez para la identificación de los cuerpos, para el que hubo una inversión de 92 millones 887 mil pesos, pero según personal del Semefo de Chilpancingo nunca constataron el uso ni la existencia de ese equipo.
El viernes el director general del Servicio Médico Forense, Ben Yehuda Martínez Villa informó que existen depositados bajo el resguardo de esa institución en Acapulco, Chilpancingo e Iguala 750 cadáveres, problema que se ha generado por el incremento de la violencia en la entidad, pero también por el retraso “más de lo debido” de los Servicios Periciales de la Fiscalía para la práctica de los exámenes de genética forense, antropología y dactiloscopia.
Según los trabajadores del Semefo de Chilpancingo la cifra de cadáveres es “récord e histórica” y rebasa la capacidad de las instalaciones de las tres ciudades que son sólo para 270 cuerpos.
El presidente del colectivo de Acapulco, Ciro Fuentes denunció que las autoridades estatales siempre se quejan de que no cuentan con recursos, con equipo ni material como los reactivos, “y este año menos habrá recursos, todo lo van a destinar a las campañas políticas”, advirtió.
Informó que también por la falta de equipo y recursos desconfían de los estudios que ya se han hecho a los cadáveres, que han sido enviados a la fosa común y al Panteón Estatal Forense, “y creemos que habrá entre ellos algunos de nuestros familiares que están desaparecidos y que andamos buscando”.
Denunció que al no hacer las pruebas del ADN a los cadáveres para la confronta con los resultados de las que se han hecho los familiares, “la autoridad va frenando y obstaculizando los esfuerzos que realizan los familiares que buscan a sus desaparecidos”.
Incluso en el caso de los estudios que ya se han hecho a algunos de los cuerpos que han ido a parar a la fosa común o al Panteón Estatal Forense, “no nos han dado una satisfacción de que hicieron bien las cosas, tenemos muchas dudas y desconfianza en la autoridad”.
Ciro Fuentes declaró que las pruebas a los cadáveres es una de las demandas que han planteado con más insistencia, que también han pedido las exhumaciones a varios cuerpos en los panteones para que se les hagan las pruebas de ADN y poder confrontarlas con los resultados de las que se hicieron las familias, pero no han tenido respuesta.
Por su parte la representante de los familiares de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez exigió a las autoridades “que se pongan a trabajar”, agregó que la existencia de tantos cadáveres en las instalaciones del Semefo es la prueba de que el Estado no ha cumplido con su obligación legal.
Añadió que en su huelga de hambre del 17 al 30 de enero afuera de la Segob, una de las demandas fue que la federación atraiga esa obligación que el estado no ha hecho, “pero nos dijeron que con la nueva Ley de Desaparición Forzada hay presupuesto para los estados y que los van a obligar a que hagan los estudios a todos los cuerpos que tienen”.
Se quejó de que sin esos estudios nunca van a lograr encontrar a sus familiares desaparecidos, “aún cuando a nosotros ya se nos hizo el estudio del ADN, si a los cadáveres no se les práctica no podrá haber la confronta y nunca los vamos a encontrar, por eso para nosotros tiene una importancia enorme que se realicen”.
Denunció que del gobierno del estado no querían hacer nada, y que las autoridades prefirieron instalar el Panteón Estatal Ministerial, “que en nada nos beneficia”.
Rodríguez Narciso denunció que el recurso que les envió la federación para la práctica de las pruebas lo destinaron para la construcción del Panteón Estatal Ministerial, que no sirve en nada para la localización de las personas desaparecidas.
Declaró que la Fiscalía siempre ha tenido presupuesto para los estudios, pero dice que no hay recursos, “entonces lo que vamos a hacer ahora es a obligarlos a que trabajen porque ya estamos cansados de tocar puertas y que nadie nos dé esperanzas”.
Informó que según información que les dieron en la PGR el costo para la práctica de los estudios es de 15 a 20 mil pesos, y que el tiempo puede ser de una semana a 6 meses, según las condiciones en que se encuentren los cuerpos.
Informó que en su visita a la PGR demandaron que si en el estado no hay presupuesto y equipo que contraten servicios particulares, para que todos los cuerpos que estén en las morgues se entreguen a sus familiares pero que no ha ocurrido porque les hace falta su ADN, de lo contrario el gobierno está atentando contra los derechos de esos seres, “porque fueron personas que también tienen derechos”.
Informó que con la nueva Ley de Desaparición Forzada el gobierno estatal tendrá que trabajar tanto con los cuerpos como en la búsqueda de los desaparecidos, de lo contrario advirtió que van a proceder con acciones legales.
Denunció que los familiares han trabajado en la búsqueda de sus familiares con sus propios recursos.
A pesar de que la Fiscalía argumenta a los familiares de personas desaparecidas que no cuenta con recursos ni equipo para los estudios, el 28 de mayo de 2010 el gobernador Zeferino Torreblanca inauguró el Laboratorio de Genética Forense de la entonces Procuraduría General de Justicia (hoy FGE), y el 14 de octubre de ese año entregó a la Dirección de Servicios Periciales el equipo de laboratorio.
Entonces se dijo que era, “un moderno equipo con tecnología de punta”, y Torreblanca detalló en su quinto informe que la edificación y equipamiento del Laboratorio de Genética Forense tuvo una inversión global de 92 millones 887 mil pesos.
El laboratorio está ubicado en el edifico de Servicios Periciales, atrás de las instalaciones de la FGE
En su inauguración se informó que serviría para la identificación de cadáveres, pues se podrían practicar allí estudios para determinar la identidad de personas o restos óseos, y con ello localizar a personas desaparecidas por medio de la extracción de ADN y la tipificación genética.
También se informó que el equipo cuenta con sistemas automatizados de extracción, secuenciación y cuantificación de material genético a través de un robot de extracción que trabaja 16 muestras de forma simultánea y que con ello “se disminuye el tiempo en los dictámenes y se reduce la probabilidad de contaminación para lograr resultados confiables”.
Se supone, por la información que se dio el día de la inauguración, que hay una cámara frigorífica que conserva los restos óseos sin que sufran mayor degradación de los tejidos, así como con área de entomología forense, “que determina en base a la fauna cadavérica el intervalo de tiempo de muerte”.
Sin embargo, trabajadores del Semefo de Chilpancingo aseguraron que nunca han visto trabajar ese equipo por Servicios Periciales en la aplicación de muestras a los cuerpos, suponen que hace falta personal capacitado para utilizarlo, o bien que el equipo nunca existió, pues el lugar en donde supuestamente fue instalado es un área restringida a la que según les han contado los de esa Dirección, el personal no tiene acceso.

 

 

Protestan padres de los 43 en edificio de la PGR; insisten en pedir cárcel para Aguirre, Iñaky y Lambertina

“¡Estamos hasta la chingada!”, gritó en el altavoz el padre del normalista desaparecido Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Clemente Rodríguez Moreno, en el mitin que la mañana de ayer tuvieron padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados por un centenar de alumnos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, frente a las oficinas del Centro de Evaluación y Confianza de la Procuraduría General de la República (PGR), en esta ciudad.
“Nos dicen que aceptemos la verdad, ¿cuál verdad? (a los funcionarios del gobierno federal) les derrumbamos su ‘verdad histórica’ y después de eso parece que hasta los premian”, reprochó.
En el mitin, parte de la jornada a 40 meses de la desaparición de los normalistas, padres, madres, el abogado Vidulfo Rosales y estudiantes mostraron su indignación por el intento del ex gobernador Ángel Aguirre de competir por una candidatura para diputado federal que retiró el 7 de enero debido que lo presionaron, así como la falta de resolución del amparo que promovieron para fincar responsabilidades al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, quien fue eximido de la responsabilidad de irregularidades en la investigación del caso y es señalado de sembrar evidencias en el río de Cocula, donde fueron hallados presuntos restos de normalistas.
Una y otra vez ante altavoces y micrófonos, los familiares exigieron prisión tanto para el ex gobernador Aguirre, al ex fiscal de Guerrero Iñaky Blanco Cabrera y a la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, Lambertina Galeana, señalada de desaparecer videograbaciones de seis cámaras de circuito cerrado del Palacio de Justicia de Iguala que pudieron registrar algunas de las desapariciones de la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Se han de estar riendo de nosotros, pero tenemos el poder y el coraje para hacer las cosas, acompañados de organizaciones y estudiantes”, advirtió Clemente Rodríguez.
Al referirse al desalojo del edificio central de la PGR desde el sismo de septiembre, advirtió: “A donde se se reinstalen los vamos a seguir, les vamos a pisar la sombra. El miedo quedó atrás”.
El contingente se desplazó a unas cuadras del lugar a las oficinas del Centro de Evaluación y Confianza de la Procuraduría, en Río Amazonas número 43. Ahí estudiantes con el rostro cubierto hicieron pintas de protesta en la fachada del edificio, justo arriba del número de la calle ahora se lee la frase “Nos faltan”.
“La demanda es la de siempre, es inclaudicable”, dijo Vidulfo Rosales en referencia a la presentación con vida de los 43 estudiantes, y agregó, “mientras no existan pruebas científicas irrefutables, los seguiremos buscando”.

Espera que el Consejo de la Judicatura los escuche, dice Vidulfo Rosales

Vidulfo Rosales declaró a El Sur que la reunión que concretaron el lunes con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, es un avance importante.
En ella se acordó otro encuentro entre los padres, Aguilar Morales y el pleno del Consejo de la Judicatura el próximo miércoles 31 de enero, aunque aún no han fijado la hora.
“Esperamos que en esta reunión nos escuchen y también que nos expliquen por qué están detenidos los expedientes y el libramiento de órdenes de aprensión”, dijo.
Desde hace un año jueces federales han dilatado tanto la resolución del amparo que interpusieron los padres en contra de la eximición de responsabilidades de Zerón, como la resolución de dos órdenes de aprehensión contra diversos policías federales y municipales de Huitzuco.
Expresó que el Consejo de la Judicatura tiene facultades para agilizar estos procesos.