Etiqueta: PGR

Retoma la PGR las cuatro líneas de investigación propuestas por el GIEI para el caso Ayotzinapa

La Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en la ruta de las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dijo el abogado Vidulfo Rosales Sierra, después de una reunión de los padres de Ayotzinapa con el procurador Raúl Cervantes, en la que participó la presidenta del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Rosales Sierra reclamó que en 2016, lejos de retomar las líneas que ya había propuesto el GIEI desde 2015, “nos la pasamos debatiendo el basurero de Cocula y si seguía el mandato del GIEI; hasta ahora, la PGR está dando la razón al GIEI, que son atinadas las líneas de investigación, y vamos en la línea correcta, aunque fue hace dos años”.
A casi tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la dependencia retomó las líneas de investigación propuestas por el GIEI, lo que generó un retraso de dos años, denunciaron familiares y organizaciones que exigen la presentación con vida de los estudiantes.
Padres de familia de los 43 desaparecidos, acompañados de su abogado, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, se reunieron con el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, y la relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Vidulfo Rosales explicó en conferencia de prensa, después del encuentro, que esperaban escuchar avances concretos; pero no les satisfizo. La PGR reportó que en tres meses han avanzado 30 por ciento; sin embargo, no hay investigaciones concretas sobre las cuatro líneas pendientes para dar con el paradero de los normalistas: un informe de las llamadas de todos los involucrados en el caso, la investigación sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago, la responsabilidad del Ejército y detenciones de policías.
Dijo que en el cronograma de la PGR les reportaron un avance, durante las casi dos horas que duró la reunión que inició alrededor de las 4 de la tarde, “el tema del quinto camión, del C4, la telefonía, y básicamente es lo que hoy en día están reportando; los avances sustanciales, las detenciones de los policías federales, de Cocula, de Huitzuco, cómo deslindar responsabilidad mandos del Ejército; esos resultados medulares no los tenemos”.
Hay temas pendientes desde 2015, explicó el defensor, como la detención de policías supuestamente implicados de Huitzuco y Cocula, municipios aledaños a Iguala, donde ocurrió la desaparición de 43 normalistas y los asesinatos de seis personas, tres de ellas estudiantes. En ese caso hay un conflicto competencial, dijo, porque ni un juez federal ni otro del nuevo sistema de justicia, admiten que les corresponde revisar. Están en suspenso las detenciones.
No dieron las autoridades una respuesta concreta, se quejan padres de los 43

Felipe de la Cruz, vocero de los padres, explicó que a 35 meses de los ataques “no hay mucho relevante. Nos dijeron que se sigue aplicando la tecnología Lidar (empleada para buscar fosas clandestinas), que investigaron que de las 29 cámaras del C4 (Centro de Cómputo, Control y Comando) sólo funcionaron cuatro”.
Por su parte, el también portavoz de los padres de los 43, Melitón Ortega denunció que, “para nosotros los padres de familia no nos dieron una respuesta concreta. Queda en la laguna lo que queremos. Creemos que es una reunión más, como siempre nos han llevado, diciendo que hay avances las autoridades, pero para nosotros no significa nada, más dolor, desesperación”.
Rosales adelantó que el mecanismo de seguimiento de la CIDH, que se reunió con la PGR antes que con ellos, dará este miércoles a conocer su informe. Rescató que del encuentro “la PGR se encuentra en la ruta de las cuatro líneas propuestas por el GIEI… No vemos una actuación de buena fe, hay un retraso”.
Otro punto importante, especificó el abogado, fue que la dependencia ya admitió que el quinto camión, que señaló el GIEI, siguió por el Periférico Norte de Iguala desde que salió de la central de autobuses de Estrella Blanca hasta llegar a la parte sur y al Palacio de Justicia, tal y como relataron sobrevivientes.
Para Rosales es grave que a casi tres años, el gobierno de Guerrero admita que de las 25 cámaras disponibles para saber qué ocurrió esa noche, fueran sólo cinco las que servían, de cuatro obtuvieron recientemente videos, pero dijo, no hay nada más.
En octubre tienen programada la próxima reunión con la PGR. El titular se comprometió a que sería un encuentro ya con nuevas detenciones. El movimiento continuará sus acciones de protesta previstas cerca del tercer aniversario en varias ciudades del país y municipios de Guerrero.

Llama la presidenta del mecanismo de seguimiento de la CIDH a no claudicar en la lucha de Ayotzinapa

La relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presidenta del mecanismo de seguimiento del caso Iguala, Esmeralda Arosamena Troitiño llamó a no claudicar en la lucha de Ayotzinapa, en una emotiva visita a la Normal Rural donde prometió a los padres y estudiantes que hará todos los esfuerzos y diligencias para alcanzar lo que ellos esperan, “y a lo que tienen derecho”.
Luego, en entrevista precisó que los padres esperan, en primer lugar encontrar a los muchachos y justicia por los tres jóvenes asesinados el mismo 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas fueron detenidos y desaparecidos.
Confió que en el periodo de vigencia del mecanismo, que termina en noviembre, puedan concluir el caso.
También señaló que si no hay avances en la investigación, el mecanismo no tendrá con qué trabajar. Adelantó que, de manera anticipada, la CIDH envió un cuestionario puntual a las autoridades mexicanas para esta reunión.
Por separado, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra adelantó que si en esta reunión no hay avances en las cuatro líneas de investigación planteadas por los padres (el Ejército, la Policía Federal y la Policía Municipal de Huitzco, el trasiego de droga de Iguala a Chicago y la telefonía celular), romperán el diálogo con la PGR y van a intensificar sus acciones de protesta.
La comisionada de la CIDH llegó a Tixtla a las 11 de la mañana con el equipo operativo técnico del mecanismo internacional de seguimiento. Los padres de los normalistas desaparecidos y alumnos de la Normal los recibieron en el arco de la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, donde está la desviación hacia la Normal, con consignas de lucha y collares de flores amarillas, habituales en la zona para las fiestas tradicionales.
Después de abrazos y saludos, marcharon hacia la escuela, aproximadamente un kilómetro, pero la comisionada abordó antes la camioneta de sonido, que conducía un normalista rural.
En un acto público en la explanada de la escuela, Arosamena contó que en ese trayecto un joven de 19 años compartió con ella que “hoy, Ayotzinapa es la conciencia no sólo de los estudiantes, sino de la nación”.
Expresó su reconocimiento a la lucha de los padres y de los estudiantes, y llamó a no claudicar, sino sumar a todos , “a no dejar de levantar esta bandera de la dignidad de un pueblo, la dignidad de una nación. Eso deben entender nuestros gobernantes, que el centro de nuestros países es su gente”.
En el acto, la señora Hilda Hernández, mamá del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, dio la bienvenida a los visitantes e insistió en que la CIDH no los deje solos, “queremos una solución, no más mentiras, no más engaños. A tres años es muy difícil esta situación que estamos viviendo, esperemos que con ustedes a nuestro lado, tengamos la verdad”.
Luego de la presentación de una danza azteca a cargo de los alumnos de nuevo ingreso, el secretario general del Comité Directivo Estudiantil Ricardo Flores Magón, detalló el perfil de los estudiantes de Ayotzinapa, pobres sin muchas alternativas, que en la escuela puede desarrollar destrezas, artes, cultura, adoptar los principios de solidaridad y colectividad, que para las autoridades representan un peligro.
Dijo que se cuentan 10 estudiantes muertos desde 1988 a manos de funcionarios públicos, por ello, “en Ayotzinapa nos une el dolor, pero también la necesidad de seguir estudiando”.
En su discurso, la comisionada Arosamena, de origen panameño, respondió que, “en el día de hoy, mi sentimiento de solidaridad humana, de compromiso personal pero también institucional. La desaparición de personas es un acto cruel y perverso, afecta no sólo la vida y la integridad física elemental de las víctimas, también de los familiares que cada día, que cada momento sigue viviendo el dolor no sólo de la ausencia, de no saber, de no tener una respuesta, de no poder tener acceso a la verdad”.
Recordó que el objetivo del mecanismo es el seguimiento del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero también tiene un compromiso con la vida. Ahí recordó la charla con el normalista en el breve trayecto final hacia la escuela, de que esta lucha convirtió a la Normal Rural de Ayotzinapa en la consciencia de la nación, a propósito de la frase escrita en la portón: “Ayotzinapa, cuna de la conciencia social”.
Siguió la reunión privada con los padres de los 43 estudiantes y sus representantes legales en el auditorio, que duró poco más de dos horas.

Dos palabras claves, encontrar y justicia

Antes de ir al comedor del internado, alrededor de las 3 de tarde, Arosamena Troitiño declaró sobre el encentro. Dijo que la demanda de los padres se traduce en dos palabras claves: encontrar y justicia.
“Primero, encontrar a los muchachos, saber dónde están y sabiendo dónde están, los familiares van a recibir por lo menos parte de la repuesta, que quieren o al unísono la justicia, tiene que determinarse las responsabilidades de las personas involucradas”.
Indicó que también hay tres alumnos ejecutados, y sus padres también merecen una respuesta, “si no hay justicia, no habrá consideración de que el mecanismo de seguimiento pueda evaluar avances”.
A pregunta de un periodista, descartó la tesis del basurero Cocula, de que ahí habrían sido asesinados y quemados los 43 desaparecidos. Aclaró que para la CIDH no representa una línea de investigación, pues el GIEI determinó con dictámenes técnicos-científicos que no hay forma de identificar esa posibilidad.
Adelantó que, antes de concluir el mandato del mecanismo, habrá una última sesión pública en el periodo de sesiones de la CIDH en Uruguay.
Confió que en esta reunión, la penúltima programada en México, puedan recoger las posiciones del gobierno mexicano, “nosotros hemos girado un segundo cuestionario con cosas específicas y esperamos tener esas respuestas el día de mañana (hoy)”.
Aceptó que casi tres años sin resultados, “es demasiado tiempo para una tragedia de tal magnitud, hace que los familiares estén en desesperanza absoluta, pero tengo la confianza de que antes de finalizar este año, nosotros podamos tener una respuesta más concreta de lo que este caso ha significado para Ayotzinapa”.
De la posibilidad de ampliar el mandato del mecanismo, si no hubiera respuesta hasta noviembre, aclaró que será decisión de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, pero aclaró que la Comisión no quiere que haya “una dilación indefinida, eterna”, que los actores necesitan respuestas en concreto, y concluyó, “tengo fe y conciencia de que en esta oportunidad nosotros vamos a concluir el caso”.

 

Toman padres de los 43 de Ayotzinapa la caseta de Tlalpan y marchan en la Cdmx

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa tomaron ayer la caseta de Tlalpan en la Ciudad de México durante cuatro horas y marcharon desde la Procuraduría General de la República hasta el Hemiciclo a Juárez, para exigir la presentación con vida de los jóvenes.
Las manifestaciones son parte de la Acción Global por Ayotzinapa, que se realiza los días 26 de cada mes, para exigir el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, durante los cuales fueron asesinados tres normalistas y 43 desaparecidos.
Ayer se cumplieron 35 meses de los ataques. Los padres de familia encabezaron las protestas en la Ciudad de México, y participaron integrantes de distintas organizaciones sociales del país.
En la marcha, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, avizoró que para 2018, por los tiempos electorales, el gobierno intentará “ensombrecer el tema” de Ayotzinapa, por eso aseguró que de no haber resultados el próximo 29, el movimiento radicalizará sus acciones.
A dos años 11 meses de que policías municipales de Cocula, Huitzuco e Iguala, presuntamente con miembros del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos, y la participación de efectivos del Ejército, la principal consigna de los padres en un mitin fue que las autoridades den resultados de las cuatro líneas de investigación pendientes.
Las acciones en la Ciudad de México comenzaron a las 10 de la mañana. Padres, integrantes de organizaciones sociales y normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FCSM) se reunieron en el antimonumento a los 43 ubicado en el Paseo de Reforma, luego partieron a la caseta de Tlalpan donde estuvieron hasta las 14:00 horas dando paso libre.
Los contingentes llegaron cerca de las 17:00 horas a la Procuraduría General de la República (PGR). Los esperaban otras organizaciones para comenzar la marcha que salió de esa sede hacia el Hemiciclo a Juárez. Faltaba una hora para que lloviera cuando los normalistas junto a los padres gritaron: “¡Ni la lluvia, ni el viento, detendrán el movimiento!”.
“¡Ayotzi vive, la lucha sigue!”, repitieron miembros de La Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Brigada por Ayotzinapa, Ciudad de México con Ayotzinapa; también personas portando pancartas con tres fechas: 2 de octubre, masacre de Tlatelolco; 10 de junio, Halconazo; 26 de septiembre, desaparición forzada de los 43.
La Brigada Marabunta, como en cada marcha en la ciudad, colocó una cuerda de protección para el primer contingente, el de los padres portando gallardetes con el nombre de sus hijos, luego iban formados los estudiantes de primer año de Ayotzinapa, los llamados “pelones” por su rapado obligatorio al entrar a la normal, después las demás agrupaciones.
Alrededor de las 18:00 horas la lluvia comenzó cuando los manifestantes llegaban al antimonumento que simboliza un número 43 con letras rojas; Melitón Ortega, vocero de los padres, pidió una parada allí para leer los nombres de cada uno de los 43. Luego de que Melitón repetía cada nombre, los demás contestaban: ¡presentación con vida!”.
La parada no duró más de 5 minutos porque comenzó a llover y la gente avanzó. Un activista regaló rosas a las mamás de Ayotzinapa y colocó pétalos en forma de corazón en el piso y una cartulina: ¡35 meses de impunidad y la esperanza de los 43, sigue!”.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, reiteró que son cuatro líneas pendientes, entre éstas que les den un informe de las llamadas de todos los involucrados en el caso, que se investigue el trasiego de droga de Iguala a Chicago, la investigación al Ejército y quedan pendientes consignaciones contra policías de Huitzuco.
Consideró que el tema electoral “va ser un nubarrón que va invisibilizar la justicia para Ayotzinapa. Los padres tenemos que hacer una revisión acuciosa para ver cómo remamos contra esa vorágine electoral que va a venir. Por eso la posición de los padres es poder avanzar en estos meses, arreciar las movilizaciones, para ver si hay un cambio de posición”.
Lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto haya administrado el conflicto hasta ahora, “dan avances a cuenta gotas, es una estrategia que ya tienen. No quieren ahondar en las líneas de investigación, que se devele las instituciones medradas por la corrupción, que están inmiscuidos con la delincuencia organizada, eso le resta votos al PRI en el 2018, ahondar sería evidenciar a un gobierno corrupto”.
El vocero de los padres, Melitón Ortega, advirtió que si el 29 próximo la PGR no da avances a la comisión de seguimiento de las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aumentará el tono de las movilizaciones; el próximo 2 de septiembre inician giras por Guerrero, para que del 15 al 26 las movilizaciones a nivel nacional sean simultáneas.
Hubo varias participaciones durante el mitin que continuó aún con la lluvia, y concluyó con el himno socialista Venceremos.

 

Regresa la PGR a La Gavia, Totolapan; le reportan que El Tequilero secuestró a un maestro

Agentes del Ministerio Público federal ingresaron en un convoy a La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, a inspeccionar la zona donde fueron atacados los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) y asesinados cuatro de ellos el 20 de junio.
Unas 10 patrullas de la PGR llegaron a San Miguel Totolapan alrededor de las 9 de la mañana y junto a policías estatales ingresaron a La Gavia, que fue el bastión del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, quien secuestró a un maestro a inicios de este mes, según denunciaron ayer sus familiares.
Los agentes hicieron peritajes es inspecciones forenses en la zona donde sufrieron la emboscada la madrugada del 20 de junio, cuando intentaban detener a El Tequilero pero fueron recibidos a balazos.
Los agentes estuvieron en La Gavia durante 4 horas y se retiraron.
No habían podido ingresar a esa comunidad porque estaba bajo el control de la banda Los Tequileros, incluso un día después de la emboscada hubo gente que impidió el trabajo a los agentes de la Fiscalía General del Estado.
La investigación incluye la inspección de la zona donde fue sepultado Agustín de Almonte primo de El Tequilero e integrante de su grupo criminal, quien murió en la refriega el día de la emboscada.
En La Gavia también recibieron el reporte de un maestro de la comunidad de Las Mesas, quien fue secuestrado el 2 de agosto por el grupo de El Tequilero.
Se trata de un nuevo caso de un maestro jubilado que vive en su pueblo natal y que de acuerdo al reporte se lo llevaron el 2 de agosto, y fue liberado este lunes después de pagar por su rescate.
El profesor es de la familia Bustamante quienes pidieron que se inicie la investigación oficial de este caso, ante lo que hubo un diálogo con los policías estatales y federales.
La comunidad de Las Mesas se ubica aproximadamente a 30 kilómetros de La Gavia detrás de cerros, y que según el reporte hombres armados llegaron a ese pueblo y se lo llevaron a la parte alta de la sierra.
Se trata de un nuevo maestro que se suma a la lista de profesores secuestrados por el grupo de El Tequilero, al que en los últimos 3 años le adjudicaron el secuestro de 16 profesores de los cuales cuatro fueron asesinados. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

 

Interroga la PGR a dos trabajadores de Protección Civil de Iguala por los 43 desaparecidos

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron la tarde del jueves a dos trabajadores de la Dirección de Protección Civil municipal de Iguala, para que declaren de los ataques del 26 y 27 de septiembre 2014 y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según las fuentes consultadas de seguridad pública estatal, la tarde del jueves los dos empleados fueron citados por su director Juan Manuel García Hernández en su oficina, en la planta baja del Palacio Municipal.
En la oficina del funcionario municipal los agentes de la PGR vestidos de civil ya los esperaban para trasladarlos a un hotel donde los interrogaron durante 8 horas, pese a que en Iguala hay oficinas de esa corporación.
Las fuentes informaron que después del interrogatorio los dos trabajadores fueron puestos en libertad, sin que la dependencia informara o detallara sobre qué tema en específico se les interrogó.
Tras los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurridos hace más de 33 meses en esta ciudad, más de 100 personas entre policías municipales, ex funcionarios y miembros de la organización delictiva Guerreros Unidos han sido encarcelados por su presunta participación en los ataques. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Detienen en Morelos a tres probables Tequileros que habrían emboscado a los agentes federales en La Gavia

A tres días de cumplirse un mes de la emboscada contra agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la comunidad de La Gavia, San Miguel Totolapan, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que detuvo en Morelos a tres presuntos integrantes de Los Tequileros por su probable relación en la emboscada del 19 de junio.
En un comunicado de prensa la PGR afirmó que uno de los detenidos identificado como Pedro Castillo Anaya, El Carpi, es el “principal coordinador” de una célula de grupos delictivos que opera en la región donde fueron capturados y que cuenta con una orden de aprehensión por homicidio.
La madrugada del lunes 19 de junio agentes de la AIC de la PGR ingresaron a La Gavia y fueron emboscados por integrantes del grupo de Los Tequileros, tres agentes murieron y también un sicario, además siete policías federales quedaron heridos y hubo tres civiles detenidos.
El Carpi fue ubicado en el municipio de Temixco, Morelos, y durante la diligencia ministerial por los policías de la PGR también fueron detenidos Venancio y Magdaleno identificados como colaboradores del detenido y operadores de un grupo delictivo al que se le atribuye el ataque perpetrado contra los policías de la AIC.
Los detenidos presuntamente se dedicaban a matar, secuestrar y extorsionar a servidores públicos y comerciantes del vecino estado de Morelos y someter a la población con hechos de violencia en el municipio donde fueron detenidos.
Se informó que con la detención de estos tres presuntos delincuentes suman seis detenidos de la organización criminal que coordinó el ataque en contra de los policías de la PGR. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

El gobierno mexicano habría espiado al GIEI cuando investigaba el caso Ayotzinapa: CIDH

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargados de coadyuvar con la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Ayotzinapa, también habrían sido espiados con el malware Pegasus mientras se encontraban en México; en marzo de 2016 recibieron mensajes similares a los utilizados para infectar teléfonos celulares de periodistas, activistas y políticos mexicanos, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la audiencia transmitida por Internet, la comisionada Esmeralda de Troitiño, quie presidió ayer la audiencia de la CIDH sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, informó que el organismo recibió una carta del GIEI, en la que le notificó que recibió mensajes de texto con enlaces a páginas probablemente infectadas con el malware Pegasus. “Vamos a comunicarle formalmente esta carta al Estado”, subrayó el comisionado James Cavallaro –quien fue integrante del GIEI-, e insistió en que el presunto espionaje gubernamental contra los defensores de derechos humanos es un tema de “extrema preocupación” para la CIDH, la cual esta semana celebra su 163 periodo de sesiones en Lima, Perú.
En un año los expertos del GIEI coadyuvaron en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
Su labor obligó a la Procuraduría General de la República (PGR) a ampliar las líneas de investigación y desacreditó la llamada “verdad histórica” elaborada por el gobierno federal que dice que los estudiantes fueron atacados por narcotraficantes, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan de Cocula, con lo que pretendía cerrar el caso de lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 septiembre de 2014.
Cristina Bautista Salvador, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, manifestaron que es preocupante que el gobierno de México emplee la tecnología para vigilarlos, en lugar de utilizarla para dar con el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos.
Cristina Bautista dijo que gracias a la investigación que hizo el GIEI los padres supieron que 17 celulares de los normalistas continuaron activos luego de los ataques en Iguala, “eso nos da a entender que las autoridades no han utilizado la tecnología para encontrar a nuestros hijos, el gobierno no tiene interés en buscarlos, utilizó la tecnología para espiarnos, a nosotros y a nuestros abogados”.
Mario César González Contreras, padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, recordó que en la última audiencia del mecanismo de seguimiento, el gobierno de México dijo que los padres no tienen disposición de aceptar los hechos, pero “nosotros vamos a aceptar los resultados científicos que den las investigaciones”.
Relató las manifestaciones y el plantón frente a la PGR de los padres, así como la represión con gases lacrimógenos de las que fueron víctimas en su movimiento para exigir respuesta a sus demandas.
Del cronograma que se hizo con las autoridades para dar resultados del caso dijo que “es mucho tiempo” el que solicitaron, y pidió que la CIDH intervenga para que los avances se den a conocer la segunda semana de agosto y no hasta octubre de este año.
“Los 43 padres de familia le decimos a la CIDH y al comisionado Vargas (Luis Ernesto Vargas Silva), no se deje engañar por este Estado mentiroso, que esté con la verdad, no con los padres, que exija la verdad del Estado Mexicano, porque ha sido mentiroso y nunca hace su trabajo”, expresó.

#GobiernoEspía

La empresa NSO Group de origen israelí desarrolla el malware Pegasus y lo vende de manera exclusiva a las agencias de gobierno. En los últimos dos años este programa fue utilizado, presuntamente, por instituciones gubernamentales mexicanas para tomar el control de los celulares de activistas, periodistas y políticos mexicanos, pese a violar la ley.
El creciente escándalo de espionaje gubernamental operado en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se introdujo ayer en las audiencias de la CIDH dedicadas a los casos mexicanos, -integrantes de la sociedad civil instalaron frente a ellos una cartulina con la consigna #GobiernoEspía-, pero se agudizó en la sesión sobre Ayotzinapa.
Frente a los representantes del gobierno mexicano se encontraban algunos padres de los normalistas, acompañados por sus abogados Vidulfo Rosales, Mario Patrón Sánchez y Santiago Aguirre Espinosa, director y subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quienes fueron víctimas de tentativas de espionaje en 2016.
Desde los primeros momentos de la sesión, Patrón marcó el tono de la audiencia que se llevaría a cabo a lo largo de la siguiente hora: “Venimos a denunciar que el gobierno mexicano espía en vez de investigar el paradero de los 43 normalistas”, sostuvo.
Los representantes del gobierno mexicano, encabezados por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se vieron acorralados por los cuestionamientos de los comisionados de la CIDH.
Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, planteó que la PGR abrió una investigación para determinar responsabilidades penales contra las “personas” que interceptaron las comunicaciones privadas.
“No hay imputaciones directas a personas, sino a instituciones”, respondió Patrón, al añadir que “la gran pregunta es si el Estado querrá y tendrá la capacidad de investigarse a sí mismo”.
El defensor de derechos humanos recordó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) -dependiente de la PGR-, el Centro de Inteligencia en Seguridad Nacional (Cisen) -parte de la Segob- y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deben de ser investigados, pues existen evidencias de que compraron el programa Pegasus.
El 17 marzo en los últimos minutos de la sesión, Roberto Campa Cifrián relanzó la “verdad histórica” del gobierno federal sobre la noche de Iguala y planteó que “no se ha consolidado otra hipótesis”.
En esa ocasión el funcionario intervino para “rescatar” a Alfredo Higuera Bernal, el fiscal que la PGR adscrito al caso Ayotzinapa, quien eludía de manera burda la serie de preguntas que le hizo el comisionado James Cavallaro de por qué se ejercieron presiones sobre el exvisitador interno de la PGR, César Chávez, debido a las conclusiones de su informe, de los probables actos de tortura contra siete de cada diez detenidos, y por qué no se ha investigado el trasiego de heroína de Iguala a Chicago, además de la posible participación de policías municipales de Huitzuco y de militares en los ataques a los normalistas.

Teléfonos de los 43 desaparecidos siguieron activos, acepta la PGR contrario a su versión oficial

Más de un año después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejara el país, la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a las mismas conclusiones que contradicen la versión oficial del caso Ayotzinapa.
En una audiencia del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Lima, Perú, transmitida por Internet, Alfredo Higuera Bernal, fiscal que encabeza la Oficina del Caso Iguala en la PGR, informó de avances en las investigaciones referentes a la telefonía celular y al llamado quinto autobús que según la hipótesis del GIEI era usado para transportar heroína a Estados Unidos.
Ante los padres de los normalistas reveló que después de las pruebas periciales confirmaron que los chips y nueve equipos celulares, vinculados a normalistas de Ayotzinapa, fueron usados después de los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde fueron desaparecidos los 43 normalistas.
“Esto concuerda con lo que en su momento planteó el GIEI, que aparatos y chips correspondientes al número que se ha indicado de estudiantes no fueron destruidos en la fecha de los hechos, siguieron con uso y eso está confirmado técnicamente”, dijo Higuera Bernal.
Desde abril de 2016 cuando el GIEI presentó su último informe, los expertos consideraron que la llamada “verdad histórica”, presentada por Jesús Murillo Karam y en la que se aseguró que los estudiantes fueron incinerados junto con sus pertenencias, no era sostenible, entre otras cosas porque algunos celulares siguieron activos los días siguientes.
Ayer durante la audiencia Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a los padres de los estudiantes desaparecidos, recordó que el GIEI hizo referencia a siete celulares y ahora la PGR aumentó ese número a nueve.
“Lo que echa por tierra la versión de que los estudiantes junto con sus celulares fueron calcinados en el basurero de Cocula”, expuso.
“¿Por qué no se investigaron esos teléfonos en octubre, en noviembre, diciembre de 2014? ¿Por qué en esos meses, en vez de ir a buscar esos teléfonos y preguntar por qué los tenían quienes lo portaban, el Estado más bien se dedicó a difundir una versión sin prueba científica?”, reprochó.
Del llamado quinto autobús, el fiscal Higuera Bernal informó que a través de imágenes satelitales confirmaron que el vehículo realizó cuatro paradas la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Este es un punto que también fue señalado, realizó cuatro altos de algunos minutos antes de salir de iguala, y el más prolongado fue en el momento que los jóvenes descendieron de la unidad y que, de acuerdo a lo declarado, los hicieron descender debido a una acometida policial”, declaró.
Aunque dijo que las pruebas periciales no revelaron que el autobús tuviera rastros de droga o compartimientos secretos, reconoció que el vehículo quedó sin custodia después de los hechos y que no se descarta la línea de investigación que señala el trasiego de droga como móvil de los ataques a los estudiantes, quienes no sabrían que tomaron un vehículo cargado con droga.
“Ese es un aspecto que naturalmente lo tenemos muy contemplado y obviamente está un rubro en investigación que es el trasiego de drogas, que seguiremos profundizado”, dijo.
En su réplica, Santiago Aguirre planteó la necesidad de que estas revelaciones sean presentadas ante los tribunales en México para que se pueda esclarecer la desaparición de 43 normalistas.

Se cumplen “mil días de impunidad y corrupción”, denuncian padres de los 43 en marcha en la Cdmx

En una marcha que partió de la columna del Ángel de la Independencia, padres y defensores de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, denunciaron que llevan “mil días de impunidad y corrupción” en las instituciones y el gobierno mexicano.
Con pancartas y consignas que exigían justicia, unos mil manifestantes protestaron con sus rostros cada vez más graves y cerrados, gritando los lemas de siempre: “¡Ni perdón ni olvido!”, “¡26 de septiembre no se olvida!”, “¡Ayotzinapa vive!”.
Los acompañaron miembros del Frente del Pueblo, del Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares (Fnamop) y de otras varias agrupaciones.
“Mil días representan un largo caminar de dolor y de incertidumbre para nosotros”, dijo la madre de un normalista desaparecido al arrancar la marcha.
“Mil días demuestran también la evidencia de la impunidad y la corrupción que hay en México, que las instituciones no funcionan, que el gobierno no cumple su compromiso de respetar los derechos”, comentó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las familias de las víctimas.
En mayo emplazaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a que diera a conocer resultados concretos sobre las cuatro líneas de investigación del caso que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a más tardar en la segunda semana de agosto.
Las líneas son la posible participación del Estado en los hechos, la cooperación de la policía de Huitzuco, el análisis de la telefonía celular de los normalistas y el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, en Estados Unidos.
“Es impresionante cómo a mil días la gente ayuda de manera espontánea. Los padres viven de la solidaridad y eso les da ánimo”, añadió Vidulfo Rosales.
Advirtió que “si no hay avances (en agosto), nos movilizaremos de nuevo. Es vital resolver este asunto antes de octubre. Después, la elección presidencial va a ocupar la agenda nacional y ya no se va a hablar de nosotros”, aseguró el abogado al terminar la marcha en el hemiciclo a Juárez.
En la marcha se vio a normalistas de distintas escuelas rurales del país, integrantes de sindicatos, organizaciones defensoras de derechos humanos y magisteriales, partieron a las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia, hicieron una parada en la Procuraduría General de la República (PGR) y otra en el antimonumento a los 43 sobre la avenida Reforma.
Pese a la lluvia continuaron su camino, en la calle 2 de abril adyacente al monumento, había al menos seis patrullas y policías auxiliares de la Ciudad de México esperando la movilización, del lado del Palacio de Bellas Artes un grupo de unos 200 policías antimotines vigilaba el inmueble.
Durante el mitin el vocero del movimiento, Melitón Ortega explicó que la exigencia a las autoridades es que se investigue al Ejército, den información de las búsquedas en los celulares de los implicados esa noche, que se detenga a los policías federales y de Huitzuco -municipio vecino a Iguala-, que de acuerdo a las investigaciones del GIEI detuvieron a 25 jóvenes.
Vidulfo Rosales agregó que “todo se mueve en torno a las cuatro líneas. Nos llevarán indefectiblemente al paradero de los 43, el tema de Huitzuco, además de detener a los policías hay que verificar a dónde fueron llevados los 25 estudiantes”.
Otro requerimiento dijo, son los juicios políticos contra el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a quien responsabilizó de la desaparición y asesinato de tres normalistas y otros tres civiles en Iguala hace casi tres años, y el del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles quien reprimió a normalistas en ese estado.
A casi tres años de los ataques contra los estudiantes en Iguala, a nivel internacional hay medidas cautelares de la CIDH, lo que permitió la investigación del GIEI y el Mecanismo de Seguimiento, “el tema está en el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, hay una acción, hay un procedimiento ante el Comité de Tortura, ante el Comité de Detenciones Arbitraria, el Foro Permanente de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, casi todos los mecanismos, las relatorías de todos los temas tienen un caso abierto”.
Sin embargo, Vidulfo Rosales lamentó que la exigencia no puede avanzar a nivel internacional si el Estado no entrega resultados para el 15 de agosto, y sigue retrasando las respuestas como hasta ahora.
“Lo que nosotros estamos exigiendo es que haya una jornada de lucha del 15 de septiembre al 26 de septiembre, particularmente en ocho estados: Chiapas, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí, Guerrero y la Ciudad de México, habría un conjunto de movilizaciones coordinadas”, informó.
La actividad fue encabezada por padres de los normalistas, quienes pidieron paciencia a la sociedad y comprensión porque han dejado todo por su búsqueda. Iban al frente con las fotografías de José Ángel Campos, Jorge Álvarez, Benjamín Ascencio, César Manuel González, Martín Sánchez, la mamá de Benjamín, Cristina Bautista dijo que a casi 3 años de no ver a su hijo seguirá hasta encontrarlo.
Participaron en el mitin la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM. Denunciaron la irrupción de policías para disolver una protesta de alumnas de la Normal Rural Justo Sierra Mández de Can?ada Honda, en Aguascalientes, y que “elementos de la Policía de Michoacán se metieron a la Normal de Tiripetío mientras estudiantes brigadeaban e hirieron a un compañero en la cara, que está postrado en el hospital”.
Los padres anunciaron que los próximos 6 y 7 de julio una comisión asistirá a Lima, Perú, a audiencias extraordinarias de la CIDH, y convocaron a la creación de carteles de los tres años de la desaparición de los 43, para que con la reproducción de los mismos recaben fondos.
Fueron a la protesta la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato de Telefonistas, integrantes de La Sexta, del Frente Popular Revolucionario y Brigadas de Paz Marabunta.
Un periodista independiente vestido de árbol acompañado de dos activistas exigieron la presentación con vida de los 43, y justicia para los periodistas asesinados en el país, ya que sólo en este año van siete. Cargaron una calavera de cartón y los nombres de los periodistas de La Jornada asesinados este año: Miroslava Breach y Javier Valdez.

Muestra descoordinación de gobiernos la emboscada del lunes a policías en La Gavia, dice Luis Walton

 

Ante los hechos de la comunidad de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, donde el lunes se dio un enfrentamiento entre el grupo criminal Los Tequileros y policías federales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de la República (PGR), el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto consideró que la federación debe coordinarse con el gobierno estatal y el municipio.
Asimismo, consultado al finalizar la tercera sesión ordinaria de la Coordinadora Ciudadana, Walton Aburto reiteró que está dispuesto a una alianza con Morena pero acatará la decisión del comité nacional del partido.
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano consideró que la emboscada a agentes de la PGR en la comunidad de La Gavia, en Tierra Caliente, fue una muestra de la falta de coordinación entre la federación y poderes locales, “se debe trabajar en coordinación; la situación de Guerrero es difícil, no nos debemos apartar de la realidad de todos los homicidios que hay en el estado, yo recomendaría, si es que de esa manera se puede hacer, es de que se trabajara coordinadamente, la federación con el estado y los municipios, para dar buenos resultados”.
Sostuvo que la seguridad es también responsabilidad del gobierno municipal, porque así lo estipula el Artículo 21 de la Constitución, y al presidente municipal de San Miguel Totolapan le corresponde la prevención, “no puede estar trabajando por un lado el municipio, por otro lado el estado y luego la federación, se necesita coordinación”.
Negó que la presencia de la AIC se interpretara como una violación a la soberanía municipal, “de ninguna manera; hay delitos que son federales, por ejemplo el hecho que haya un arma de calibre reservado para el Ejército, de esa manera puede atraer la federación el caso, pero no se trata de eso, se trata de trabajar coordinados”. Esperan en MC llegar competitivos a 2018; confía en la unidad de las izquierdas, dice

El dirigente estatal dijo que en MC esperan llegar al 2018 “competitivos”, y que confía en que las izquierdas deben ir unidas.
Indicó que para 2018 el partido llevará candidatos honestos, “vamos a buscar perfiles, eso no quiere decir que no podamos fallar en algunas cosas, la idea fundamental es de buscar perfiles; en primer lugar que sean honestos, y en segundo lugar que tengan arraigo y que la sociedad se incline por ellos”.
Ante los señalamientos del diputado local del PAN, Iván Pachuca, de no aliarse con el PRD porque es un partido al que la militancia está abandonando para irse a Morena, Luis Walton disintió del panista, “en una elección se gana por un voto, entonces todos somos importantes, pero juntos seremos más importantes”.
Sobre si MC descarta ir en unidad con Morena, reiteró que es una decisión que le corresponde a la Coordinadora Nacional y a su dirigente, “pero a mí me gustaría no solamente Morena, sino todas las izquierdas, como se mencionó en un principio, que fueran juntas”.
Indicó que en MC Guerrero hay afinidad con Morena para ir en una alianza; consideró que la dirigencia nacional “todavía” debería hacer un esfuerzo e ir en unidad, y reiteró su respeto a Andrés Manuel López Obrador, “ha sido una persona honesta, una persona que ha trabajado; sin embargo lleva la tercera elección, yo no puedo opinar, más que es un buen dirigente y, vuelvo a insistir, que me gustaría ir con todas las izquierdas”.
De las candidaturas comunes, descargó la decisión a la dirigencia nacional; pero no las descartó, “nosotros nos vamos a abonar porque haya una alianza a nivel nacional”.
En la tercera sesión del partido se tomó protesta a 13 nuevos comisionados municipales y a la nueva dirigencia de Jóvenes en Movimiento, encabezada por Silvia Cabañas.