El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que debe haber una “mejor” coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), y calificó de “temeraria” la declaración de dos agentes que resultaron heridos en el enfrentamiento contra Los Tequileros en La Gavia, de que las autoridades locales están “inmiscuidas” con el crimen organizado y que por eso ya los estaban esperando para emboscarlos.
En breves declaraciones en el centro de convenciones Mundo Imperial, tras anunciar la reinauguración de la Casa de Cultura del Niño de Atlamajalcingo, Astudillo Flores insistió en que la PGR debe informar qué ocurrió en el enfrentamiento que dejó tres muertos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pues aunque él tiene “información” no le corresponde divulgarla.
“Esa es una información muy temeraria, respecto a que los gobiernos locales están infiltrados, hay que ubicar a qué gobiernos locales se refieren, porque los gobiernos tienen tres instancias. Yo lo que les puedo expresar a ustedes que en ese lugar hay una lucha muy antigua, no es nuevo lo que está sucediendo ahí, y no creo que sea lo correcto que en una situación en donde se ha lamentado la pérdida de vidas, de quienes intentaron detener un delincuente, frente a una circunstancia que no salió como hubiéramos querido, el reparto de culpas sea de esa manera”, dijo el gobernador.
“Sin que yo pueda meter las manos al fuego por alguien, me parece que la Procuraduría General de la República, con todo respeto, debe ofrecer alguna información de qué fue lo que sucedió y por qué fue el planteamiento de la operación como lo hicieron, yo sigo reconociendo y agradeciendo a todas las instancias federales que vengan y que nos ayuden”, indicó el gobernador.
“Yo creo que la coordinación que se tiene que hacer para enfrentar ese tipo de problemas debe de armarse mejor”, opinó Astudillo Flores, quien dijo que espera que pronto se aprehenda a El Tequilero y a quienes generan la violencia en Tierra Caliente.
“Tengo información pero no puedo yo hacer alguna exposición, porque no me corresponde, soy muy respetuoso en este caso de la Procuraduría”, justificó.
Lo anterior, luego las declaraciones de dos agentes que resultaron heridos y que fueron entrevistados por Denise Maerker en el noticiero En Punto de Televisa, el miércoles en la noche, quienes señalaron que el ataque al convoy de federales fue perpetrado por habitantes de ese poblado y que en esa situación las autoridades locales están inmiscuidas.
En la transmisión, uno de los agentes federales que lograron sobrevivir al ataque subrayó que no se avisó a ninguna de las autoridades federales ni estatales que entrarían a La Gavia, “no, a nadie se le avisa. Desgraciadamente sabemos que hay mucha resistencia de las autoridades locales, pues están un poco inmiscuidas o metidas con ese tipo de bandas”.
Se le comentó al gobernador que el mes pasado fue mostrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como el más violento en los últimos cinco años y respondió: “No es un problema que solamente esté afectando a Guerrero, es un problema nacional y en ese problema nacional lamentablemente estamos en una situación de la cual no nos sentimos nada, nada halagados”, expresó.
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Sí hay desplazados por la violencia en La Gavia, reconoce el gobernador
El gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que pobladores de la comunidad La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, han salido del lugar por los problemas que han presentado ahí por la violencia, reconoció que son regiones complicadas y se han “hecho grupos de autodefensa en torno a las cabezas (delincuenciales)”.
Astudillo Flores agregó que además hay solidaridad de la población, lo que origina mayor dificultad para la intervención y para la detención de Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero.
En declaraciones al concluir el Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, en su segunda sesión ordinaria 2017, el gobernador subrayó: “Guerrero quiere estar en paz y ojalá que pronto también se toque a las cabezas que originan toda esta violencia lamentablemente”. Se le preguntó sobre la gente desplazada del lunes por temor a la violencia, y el gobernador respondió: “Pues sí, efectivamente, tenemos conocimiento de que algunos pobladores de esta localidad se están moviendo, derivado precisamente de los problemas que se han presentado en ese lugar”.
Astudillo Flores señaló que no son problemas nuevos, pues se debe recordar lo que pasó hace algunas semanas con algunos detenidos, que se opusieron grupos de la población y que se generó un problema.
El gobernador dijo que lo último fue la operación que se había iniciado y que ya se sabe lo que pasó, en referencia a la emboscada contra elementos de la PGR en La Gavia, donde murieron tres agentes y un sicario, y reiteró su pésame a toda la corporación de la PGR y a las familiares de los fallecidos.
Agregó: “Cualquier persona que fallezca, del lado que sea, no es un asunto grato. Lo repito, del lado que sea no es un asunto grato, Guerrero quiere estar en paz y ojalá que pronto también se toque a las cabezas que originan toda esta violencia”.
– ¿Qué les ha impedido a los gobiernos federal y estatal hacer las detenciones y recobrar la paz totalmente? – Se le preguntó a Astudillo.
– Son regiones complicadas y se han hecho grupos de autodefensa en torno a las cabezas (líderes), entonces en las poblaciones identificadas, bueno, pues ustedes observan que en La Gavia todos se apellidan casi igual que el famoso delincuente que se ha estado buscando. Cómo detenerlo, entonces, hay una relación de solidaridad que presenta resistencia, en cuanto hay presencia de grupos tanto de la defensa nacional, como también de la policía en este caso federal, de la policía ministerial, de la PGR, entonces eso origina mayor dificultad para la intervención y para la detención.
Sobre los hechos de la emboscada a la PGR, dijo que la información que tiene es que fueron cuatro muertos, tres de parte de la dependencia y uno “que entiendo estaba en la población”, diez heridos que están siendo atendidos y tres personas detenidas de esa población.
Al ingresar a La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, fueron emboscados por integrantes del grupo de Los Tequileros. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la mañana del lunes.
Sobre las declaración del secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán, de que las autodefensas están contaminadas con miembros de grupos delictivos, el gobernador manifestó que las policías comunitarias generan demasiados conflictos y demasiadas confrontaciones. Añadió que las declaraciones del secretario de Seguridad son declaraciones que deben contener los elementos como para hacer esta aseveración, lo que “yo creo es que el ropaje original de defender a la población ya no es el mismo, y por supuesto que las actitudes en varias ocasiones son más en defensa de otros intereses que defender a la población”.
Astudillo Flores dijo que de ese asunto y otros mas habló con el comisionado Nacional de Seguridad Púbica, Renato Sales Heredia, “pude conversar con él de una serie de acontecimientos y, por supuesto, también del tema de la Policía Federal en Acapulco. Se hizo un recuento en el transcurso de su estadía y en este momento hay poco más de 500 policías federales aquí en Acapulco”.
El gobernador indicó que en la zona de San Miguel Totolapan se han hecho varias operaciones, pero no es solamente “hacia uno en particular”.
Que todos las búsquedas y vigilancias “no se ven desde aquí, se están haciendo en búsqueda de detener a grupos delincuenciales. Ninguno en particular, todo es en general”.
En otro tema, sobre su opinión del escándalo que desató un reportaje del The New York Times, de que periodistas y activistas son blanco del espionaje del gobierno, Astudillo Flores indicó que es un asunto delicado.
“Lo estaba viendo en la televisión, eso es algo que lo he leído, que estoy enterado a través de publicaciones de cómo puede operar y por supuesto también es un asunto que no solamente se puede practicar desde el Estado, como se señala, se puede practicar desde un particular que lo tenga y que lo ejecute de acuerdo a lo que he leído”.
Van 100 vecinos que huyeron por la violencia de La Gavia en San Miguel Totolapan
Cerca de 100 vecinos salieron de la comunidad de La Gavia entre el lunes y el martes en grupos pequeños de familias, quienes abandonaron la localidad por temor a la violencia luego del enfrentamiento entre el grupo criminal Los Tequileros y policías federales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Informes oficiales dicen que desde la noche de este lunes salieron alrededor de 30 personas en varias camionetas desde La Gavia, en las que iban mujeres.
En tanto que en la mañana de este martes salió otro grupo en la mañana y se dirigió hacia la carretera federal en Poliutla.
Del grupo que salió desde el lunes se reportó que en Poliutla hicieron contacto con la Policía Federal, que los escoltó a Chilpancingo.
Una denuncia por parte del grupo de autodefensa que vigiló la carretera y la zona de salida desde San Miguel Totolapan, reportó que entre los desplazados por la violencia viajaban también personas con órdenes de aprehensión identificados como integrantes del grupo criminal Los Tequileros.
Según los reportes ante las denuncias de la autodefensa, en Arcelia se acercó un grupo de la Policía Ministerial al convoy escoltado por los agentes federales, pero se retiraron del lugar porque ya no se les permitió verificar la identidad de quienes iban en el grupo.
Este grupo llegó a Chilpancingo a refugiarse con familiares que tienen ahí.
A los que salieron en la mañana de este martes se les perdió el rastro y se desconoce su paradero.
En San Miguel Totolapan se encontraban por lo menos otros 100 vecinos de La Gavia que salieron después de los hechos violentos de mayo.
La Gavia era una localidad de aproximadamente 600 habitantes antes de la violencia, y se estima que en estos dos meses cerca de 200 personas han abandonado sus hogares.
El 16 de mayo un grupo de ganaderos de la comunidad de La Gavia sacó alrededor de mil cabezas de ganado de esa localidad.
El Ejército abandona La Gavia
La base militar que se colocó en la comunidad de La Gavia fue retirada por órdenes superiores, luego del enfrentamiento que sostuvieron los agentes federales con Los Tequileros.
Como parte de las acciones del Ejército con el Operativo Relámpago desde el 11 de mayo, se estableció una base en esa comunidad en el campo de fútbol pero sin hacer labores de búsqueda del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, o de su banda solamente hacían presencia para disuadir cualquier enfrentamiento.
La postura de los militaras de las órdenes que tenían para permanecer en La Gavia fueron cuestionadas varias veces por la autodefensa de San Miguel Totolapan, que denunció que el Ejército apoya a Los Tequileros con su presencia pero que no busca a este grupo ni su detenciónn a pesar de estar justamente en la comunidad donde se consideraba que es su guarida.
Durante un mes del Operativo Relámpago no se reportó ninguna acción de búsqueda o detención de los integrantes del grupo, solamente la presencia disuasoria que permitió que durante este tiempo no hubiera ningún enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado.
Este lunes en la noche se informó que salió de esa localidad el grupo que quedaba para la protección a la comunidad de La Gavia, y este martes no volvió.
En San Miguel Totolapan tampoco se reforzó la seguridad militar y permanecen los mismos 100 soldados mezclados con policías estatales, que mantienen en el control de siete puntos en las entradas de la cabecera municipal.
La Policía del Estado permanece en sus puestos de control, según un boletín de la Agencia de Iinvestigación Criminal ingresó a La Gavia sin coordinarse con el grupo del Operativo Relámpago e incluso los tomó por sorpresa, y fue hasta después del enfrentamiento cuando se dieron cuenta de la acción y de qué corporación había llegadom pues los federales regresaban con sus heridos y pidieron apoyo en el puesto de control que se ubica en el crucero de La Gavia.
Acuerda el Grupo de Coordinación reforzar la seguridad en las zonas Norte y Tierra Caliente
Un día después de la emboscada contra policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de la banda criminal Los Tequileros, el Grupo de Coordinación Guerrero acordó reforzar la seguridad en las regiones Norte y Tierra Caliente.
La tarde de este martes en la Octava Región Naval de Acapulco se reunieron el comandante de la misma, Francisco Fierro Rocha y el de la Novena Región Militar Germán Javier Jiménez Mendoza con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Vía telefónica el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia dijo que el gobierno estatal tenía conocimiento de los trabajos de investigación e inteligencia que hacía la PGR en San Miguel Totolapan.
Detalló que el gobierno estatal no estaba enterado de la operación de este lunes en la comunidad de La Gavia, donde fueron asesinados tres agentes de esa institución y siete más resultaron heridos.
En la reunión de hoy dijo que se abordó el reforzamiento de la seguridad en las regiones críticas del estado principalmente la Tierra Caliente en el municipio de San Miguel Totolapan, para proteger a la población e intensificar la coordinación.
“Hay un asunto que es el trabajar con los mismos elementos que tienen ya las instituciones en las regiones, por eso no podemos hablar de mayor número, porque para esto se debe hacer primero una gestión ante la federación”, agregó.
Comentó que uno de los acuerdos del Grupo de Coordinación es adquirir un terreno que sirva para construir el cuartel militar en el municipio de Teloloapan, ya que es un compromiso del gobierno federal.
“No habíamos podido superar el tema del terreno, ya se tiene dinero para la adquisición sobre el cual se construirá el cuartel militar del municipio de Telolopana”, agregó.
Dijo que se reforzará el corredor de Chilapa a Tixtla, así como otras zonas críticas donde actúa la policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Detalló que se planteó reforzar la seguridad principalmente en municipios de la región Centro, Norte, Tierra Caliente y Acapulco así como modernizar la infraestructura en distintos lugares del estado.
En un boletín de prensa el vocero lamenta la muerte de personal militar el 10 de junio por las lluvias, además de la de los policías de la PGR que fueron atacados en La Gavia.
En la reunión participaron el coordinador de la Policía Federal David Portillo Menchaca, el Delegado de la PGR José Juan Monroy García y el delegado de Gobernación Ramiro Ávila Morales, el secretario general de Gobierno Florencio Salazar Adame, el fiscal general Javier Olea Peláez, y el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, entre otros funcionarios federales. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
Emboscan Los Tequileros a policías federales en La Gavia; mueren tres agentes y un sicario
A La Gavia municipio de San Miguel Totolapan, ingresaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de la República (PGR), y fueron emboscados por integrantes del grupo de Los Tequileros, lo que dejó tres agentes muertos y un sicario, y siete elementos federales heridos, además de tres civiles detenidos.
En un boletín en la mañana, la PGR informó que en La Gavia perdieron la vida cuatro agentes de la institución y siete más resultaron heridos.
Informes oficiales señalan que los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la mañana de ayer. Un registro de la Policía del Estado indica que sus elementos vieron a los federales cuando entraban a San Miguel Totolapan y que les marcaron el alto en los puestos de control, pero que no se quisieron detener.
En un boletín, la Policía del Estado informa que desconocía de la misión y no sabía del grupo que estaba entrando a San Miguel, es decir, esta corporación no se coordinó con el Operativo Relámpago que funciona desde hace un mes, pero que no ha reportado resultados.
Los federales tuvieron que pasar por dos filtros del Ejército y de la Policía del Estado, en el puente principal y otro en la entrada a La Gavia.
Cerca de las 3 de la mañana, reportaron disparos adelante de La Gavia, unos 500 metros fuera del pueblo, en el camino a la sierra. Los federales alcanzaron a cruzar el pueblo y después los atacaron a balazos. Iban ocho camionetas de federales, con unos 40 elementos.
La balacera encerró a los federales en una zona complicada de avanzar y duró casi media hora.
La Fiscalía Regional del Estado confirmó la muerte de tres policías y un civil. Dos de los federales murieron en una clínica de Arcelia, y otro en el lugar de los hechos.
El civil que murió era de La Gavia. Se informó que lo bajaron al campo de futbol, y que un grupo de mujeres se amotinó y se los quitó a los policías, y no permitieron su revisión.
Nueve elementos fueron bajados del lugar de los hechos a Arcelia. Según el parte informativo de la Policía del Estado a las 4 de la mañana vieron al grupo de regreso, y se paró en el primer filtro en la entrada de la carretera a La Gavia; ahí los estatales conocieron los hechos y el operativo de la AIC.
De los nueve agentes tasladados a Arcelia dos murieron; los otros siete fueron llevados por aire a un hospital fuera de la región.
Según el informe oficial, este grupo llevaba la intención de buscar y detener a Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero, mote que le ha dado nombre a su grupo criminal con el que opera en la localidad de La Gavia.
Se confirmó que en el lugar falleció Marcelo Dealmonte Olvera, sobrino de El Tequilero. Los detenidos son su hermano de 43 años Julián Dealmonte Olvera, un primo de El Tequilero Cresencio Dealmonte Palacios de 23 años. También detuvieron a Silvestre de 16 años de la misma localidad de La Gavia.
Por la mañana, casi tres horas después del enfrentamiento, ingresaron a La Gavia la Policía del Estado y el Ejército como refuerzos de los federales y para tomar conocimiento de los hechos. En el lugar encontraron por lo menos cuatro camionetas de la PGR cerradas, baleadas.
Casi a las 9 de la mañana ingresó personal de la Policía Ministerial y peritos para avanzar en la carpeta de investigación de los acontecimientos.
En la noche, el vocero del Grupo de Coordinción Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, dijo en un boletín que “al conocer los hechos, el gobernador Héctor Astudillo Flores instruyó el envío de un helicóptero para el traslado inmediato de los heridos y su atención médica”.
Agregó que 90 elementos del Ejército Mexicano y 30 de la Policía Estatal ingresaron a la comunidad de La Gavia para resguardar la zona y realizan recorridos para localizar y detener a los miembros de ese grupo delictivo.
Por su parte, en un boletín la PGR informó que “la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se encuentra en la región donde sucedió este acontecimiento a través de un despliegue operativo y la coordinación de peritos para realizar las diligencias correspondientes”.
La comunidad de La Gavia, se ubica a 6 kilómetros de la cabecera municipal de San Miguel Totolapan. Grupos de inteligencia federal, y militar han coincidido en señalar que es la guarida del grupo de Los Tequileros, banda a la que le atribuyen más de 100 secuestros en cuatro años, y el principal motivo por el cual se levantó en armas el pueblo de San Miguel Totolapan, organizado en el Movimiento por la Paz.
Cuerpos policiacos y militares conocen de la guarida de El Tequilero desde hace varios años. En esa comunidad, fueron liberados los 20 secuestrados de Arcelia en 2016, ahí estaban también los cinco maestros de Santana del Águila, y los cinco trabajadores de la Mina de Temixco, que fueron los secuestros múltiples más conocidos.
En febrero del 2016, un militar murió en un enfrentamiento en La Gavia. También salieron heridos un soldado y un ministerial en un enfrentamiento en esa misma localidad en diciembre del 2016, cuando intentaban detener a El Tequilero.
En hechos recientes, el pasado 5 de mayo se reportó el ingreso de agentes federales a esa localidad, según el reporte de las autodefensas, ahí fueron retenidos casi dos días, porque uno de ellos fue secuestrado y pagaron 70 mil pesos por su liberación, y entre todos los elementos juntaron el dinero.
El 10 de mayo entró por la noche un grupo de sicarios de la Familia Michoacana al pueblo de La Gavia y se enfrentaron con El Tequilero. La balacera dejó ocho personas muertas.
Este caso motivó que dos días después el gobernador Héctor Astudillo Flores ordenara la incursión de las fuerzas estatales en coordinación con el Ejército a tomar el control de la seguridad de San Miguel Totolapan, en una operación en tres niveles, que constaba primero de quitarle el control a las autodefensas, después liberar las carreteras que habían sido bloqueadas y finalmente una tercera etapa para la cual anunciaron mil elementos trabajando que era la de detener a los líderes de los grupos criminales que operan en esa zona: Los Tequileros y La Familia Michoacana.
No se había reportado ninguna acción de búsqueda, y por eso no había enfrentamientos ni detenidos. Solamente reportaron aseguramientos de armas y vehículos abandonados.
En recorridos del Operativo Relámpago hace 10 días fallecieron ocho militares que fueron arrastrados por el crecimiento repentino de un arroyo.
Declara Renato Sales que la federación se va a coordinar con las autoridades estatales para atrapar a los responsables
El comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, y el gobernador Héctor Astudillo Flores informaron que un enfrentamiento en La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan dejó cuatro muertos y ocho heridos.
En declaraciones a las 11:50 de la mañana, después de la inauguración del foro A favor de un estado de paz, con legalidad y derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, el gobernador declaró “la información que tenemos es que hay cuatro muertos y una importante cantidad de personas heridas”.
Luego Sales Heredia añadió que los cuatro muertos son integrantes de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República y que se van a coordinar con las autoridades estatales para atrapar a los responsables.
Al comisionado se le preguntó si los agentes asesinados estaban tras Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero, pero sólo respondió “estaban participando en operativos en esa zona precisamente”.
El secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, Pedro Almazán Cervantes, precisó que los muertos son tres de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y un civil presuntamente integrante de un grupo delictivo que opera en esa zona.
Agregó que el reporte que conocía a esa hora es que había ocho heridos.
A pregunta expresa sobre si la operación policial que derivó en un enfrentamiento con presuntos criminales era para detener al líder del grupo delictivo de Los Tequileros, Almazán Cervantes indicó que desconocía el fin porque la Policía del Estado no participó en ella.
“Es un operativo especial seguramente contra objetivos prioritarios que ellos tienen debidamente ya localizados”.
Fue “un operativo de la Procuraduría General de la República, llegan en la mañana, se enfrentan a un grupo delictivo al llegar a la zona de La Gavia y bueno el resultado que ya lo dio el gobernador, cuatro muertos y ocho heridos”.
Detalló que en el enfrentamiento murieron dos agentes de la PGR y un civil presuntamente delincuente y quedó herido un agente de la PGR quien después falleció y por eso suman cuatro las víctimas.
“Ahorita hay un despliegue con personal del estado, del Ejército, están trabajando el área, ustedes saben que esa zona ha sido conflictiva y es un punto de atención para el estado”.
Aclaró que en la operación de la PGR en La Gavia no participó la Policía Estatal, sino que ésta llegó después de que sucedió el enfrentamiento.
Iban a capturar a grupos criminales, dice Astudillo
En Zihuatanejo, el gobernador Astudillo Flores lamentó los hechos ocurridos en La Gavia y expresó “mi más sentido pésame a la Procuraduría General de la República, entiendo perfectamente bajo qué circunstancias se dan estas acciones tan reprobables, derivado de una petición que reiteradamente ha hecho el gobierno de Guerrero para capturar a cabezas de grupos delincuenciales y reitero mi más sentido pésame para todas las familias de las personas que han fallecido en este operativo”.
Al término de la inauguración de los XXVI Juegos Nacionales Deportivos, Culturales y Recreativos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sntsedesol), minutos antes de las 3 de la tarde al gobernador se le preguntó si durante el trayecto de Acapulco a Zihuatanejo tuvo más información sobre lo ocurrido en La Gavia, dijo que la información que había ya “más o menos” la había adelantado en el acto donde estuvo el comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia.
Recapituló: “un grupo de integrantes de la PGR fue a hacer una incursión en un operativo para capturar a los delincuentes mencionados ya tantas veces y ahí hubo un enfrentamiento, hay cuatro personas hasta el momento fallecidas, entiendo que más de ocho heridos y por supuesto que esta acción, nosotros en lo personal como gobernador primero, expreso mi más sentido pésame a la PGR”.
“Entiendo perfectamente bajo qué circunstancias se dan estas acciones tan reprobables, derivado de una petición que reiteradamente ha hecho el gobierno de Guerrero para capturar a cabezas de grupos delincuenciales y reitero mi más sentido pésame para todas las familias de las personas que han fallecido en este operativo”.
Continuó: “seguramente en el transcurso de la tarde se irán conociendo mayores detalles que se irán dando a conocer; yo mismo le he pedido al vocero (del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia) que resista, que aguante hasta que para más tarde podamos emitir una comunicación con mayores precisiones de los datos”.
Detiene la nueva autodefensa a un agente de PGR y un civil que extorsionaban; se los llevan militares
La autodefensa que se constituyó el domingo pasado en nueve pueblos de Eduardo Neri (Zumpango) y en uno de Tepecoacuilco, detuvo en Plan de Liebres, Eduardo Neri (Zumpango), a un agente de la Procuraduría General de la República (PGR) y a un civil que no pudo acreditarse como agente de esa corporación.
La detención ocurrió cuando el agente de la PGR y su acompañante presuntamente extorsionaban a una comerciante de esa localidad que está a orillas de la carretera federal, en la carretera a unos 5 kilómetros de Mezcala, y a 40 minutos de Chilpancingo, la capital del estado, en vehículo.
Los policías comunitarios de esa autodefensa trasladaron a los detenidos a la comisaría municipal de Mezcala, en donde se tensó la situación debido a que algunos ciudadanos pedían que fuera el pueblo, los ciudadanos, quienes hicieran justicia. Los activistas dijeron que si los entregaban a la autoridad serían liberados de inmediato y que regresarían a ejercer represalias, como ha ocurrido en situaciones anteriores.
El agente Onofre Pozos adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de Iguala y el civil José Gustavo fueron detenidos aproximadamente a la una de la tarde y entregados a mandos del Ejército a las 7 de la noche, en medio de la inconformidad de aproximadamente 300 pobladores que pedían al comisario Leonardo Avalos que no los entregara, porque serían liberados de inmediato.
Los dos detenidos se trasladaban en una camioneta Pick Up blanca doble cabina, placas HE-95-171, sin logotipo o sin insignias oficiales. Portaban un rifle de asalto AR-15 y una pistola calibre 9 milímetros. Los nuevos policías comunitarios les encontraron tres cargadores abastecidos para esa arma larga y cuatro para la pistola.
También seis celulares, 8 mil 500 pesos en efectivo y cinco dólares en billetes americanos.
En la camioneta había un paquete de documentación oficial en folders. El oficio que estaba encima decía: Informe de investigación. Unidad Administrativa. Policía Federal Ministerial.
La Policía Federal en la zona
El Informe de investigación. Unidad Administrativa. Policía Federal Ministerial va dirigido a Alejandra García Mellado, agente del Ministerio Público de la federación, en apoyo de la mesa uno del sistema tradicional, y lo firma el suboficial de la Policía Federal Ministerial, Javier Reyes Ramos.
Ese oficio es una comisión del agente para una investigación de campo en la comunidad de Santiago Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, en contra de un vecino de esa localidad.
Los pobladores dicen que los dos agentes que fueron encontrados in fraganti por policías comunitarios, recibieron el reporte de que estaban cobrando cuota a una comerciante de Plan de Liebres.
Uno de los policías comunitarios contó que al llegar a una tienda vio que se mantenía sometida a la propietaria de la tienda, apuntándole con una pistola. El segundo estaba atrás de la casa, aparentemente resguardando el área.
Sin embargo, el agente de la PGR dijo que fue a la tienda a comprar refrescos y su acompañante aseguró que fue a orinar atrás de la casa, pero el comunitario que encabezó la operación dijo que los encontraron extorsionando a la dueña de la tienda.
“No te hagas pendejo, yo te vi cuando tenías así, hincada a la señora y apuntándole con el arma”, dijo en la acusación frente al agente de la PGR a los policías comunitarios y pobladores, que los mantenían rodeados en la explanada de la comisaría de Mezcala.
Los policías comunitarios esposaron a los detenidos con las manos hacia atrás y los pobladores los obligaron a permanecer hincados hasta que llegó el oficial J.A.Aburto R. de la Policía Federal de Caminos (PFC) quien pidió que les permitieran sentarse o pararse para que no se violentaran sus derechos humanos.
Frente a ellos estaban las armas, los cargadores abastecidos, el dinero, -según los pobladores producto de las extorsiones cobradas- y todo lo que les habían encontrado al momento de su detención.
Alrededor de los acusados también había un pueblo embravecido que pedía al comisario que no los entregara y que dejara que fueran castigados en el propio pueblo, “si los entrega los van a dejar libres de inmediato a van a regresar a seguir haciendo sus chingaderas, y entonces quien sabe cómo nos vaya a nosotros”, dijo uno ciudadano que miraba retador a los detenidos.
Después de que llegó el oficial de la Policía Federal de Caminos, entró también el jefe del agente de la PGR, quien nunca se identificó. En la calle se estacionó una camioneta con varios agentes que lo acompañaban y de inmediato los policías comunitarios salieron con intención de neutralizarlos, pero éstos subieron los cristales de la camioneta y su superior explicó a los comunitarios que lo acompañaban y pidió am los agentes que se retiraran del lugar.
Otro momento de tensión se vivió cuando arribó al lugar el fiscal de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE), Esteban Maldonado, él era acompañado por agentes ministeriales en al menos cuatro patrullas.
A ninguno de ellos accedieron los pobladores a entregarles a los detenidos, a pesar de que ofrecieron que los entregarían al Ministerio Público y pidieron que acudiera la familia agraviada a presentar la denuncia para que se integrara la carpeta de investigación. Los ciudadanos insistieron que solamente se los entregarían al Ejército.
Acusan vecinos al Ejército de proteger a delincuentes
Después de las 4 de la tarde llegaron soldados del 27 Batallón de Iguala, pero los habitantes también se negaron a entregárselos. A ellos los acusaron de proteger a la delincuencia organizada que opera en Mezcala y en Carrizalillo, y les dijeron “ustedes y ellos (los acusados) son lo mismo”.
Casi a las 6 de la tarde llegaron nuevos militares, éstos encabezados por el capitán del 50 Batallón de Chilpancingo, Javier Oropeza Ríos, con quien las autoridades locales encabezadas por el comisario Abalos, accedieron a entregarles a los detenidos, pero los pobladores todavía se oponían porque insistieron que no había garantías de que serían puestos a disposición de las autoridades para que fueran investigados y sancionados.
Tras una improvisada asamblea los representantes del pueblo convencieron a los ciudadanos de que los detenidos debían ser entregados, “queremos hacer las cosas bien, apenas surgimos como policía comunitaria el domingo y ya tenemos buenos resultados, no podemos echar a perder lo ganado en pocos días”, expuso el comisario.
Un coronel prepotente y la libertad de los dos detenidos
Los dos detenidos fueron entregados casi a las 7 de la noche, en medio de gritos de rechazo de los pobladores. Incluso impidieron que la camioneta y las demás pertenencias que les encontraron a los detenidos fueran entregadas al superior del agente de la PGR que pretendía hacerse cargo de ellas, exigieron a gritos que fueran entregadas a los militares y que la camioneta se la llevaran los soldados.
También impidieron que los dos detenidos salieran del pueblo a bordo de la patrulla del oficial Aburto. A gritos exigieron al jefe policiaco que los bajara para que se subieran a una patrulla del Ejército.
En ese momento estuvo a punto de echarse a perder lo negociado debido a la imprudencia de un coronel que no fue identificado por su nombre, cuando éste de manera prepotente gritó a uno de los ciudadanos exigía a gritos que los detenidos se los llevaran los soldados, “ya cállate loco, tú estás loco”, le dijo el militar y de inmediato decenas de lugareños rodearon la patrulla de la PFC y otra de los militares, hasta que los acusados subieron a las camionetas de los soldados”.
Los pobladores y sus autoridades convinieron que después acudirá la comerciante víctima de extorsión por Onofre Pozos y José Gustavo.
No se desalojó a los policías de Zihuatanejo; se impidió que usaran armas, dice el vocero
Los policías de Zihuatanejo no fueron desalojados de sus instalaciones, la Policía Estatal les impidió tomar sus armas a los 31 que fueron detenidos la semana pasada y liberados posteriormente, porque siguen bajo investigación por la Procuraduría General de la República (PGR), dijo el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
El funcionario aclaró que la PGR investiga la legitimidad de las armas y las municiones que usan.
Los policías municipales de Zihuatanejo denunciaron el domingo que policías estatales los desalojaron de su cuartel en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública municipal, quienes asumieron la seguridad de ese municipio desde el 16 de mayo, luego de que militares y policías estatales detuvieron a 51 municipales (el gobierno estatal dijo que fueron 60 y que nueve fueron liberados de inmediato, pero éstos afirmaron que nunca estuvieron detenidos) acusados de estar infiltrados por la delincuencia organizada.
“Toda la policía (de Zihuatanejo) está desarmada porque hay una investigación federal en curso. Se trata de una revisión minuciosa, administrativa y operativa”, dijo.
Informó que la investigación es del armamento y las municiones de los elementos municipales, “porque tiene que cuadrar el arma con las municiones que se autorizaron por la propia Secretaría de la Defensa Nacional”.
Explicó que la investigación es porque pudiera ser que un arma que utiliza algún policía es legal, pero con municiones que no se sabe de donde salieron. “O sea, hasta ese punto está llegando la investigación que se realiza”, informó el vocero.
Aclaró que aunque fueron liberados los 31 que habían sido detenidos el 16 de mayo, junto con los 20 que están a disposición de la PGR, siguen siendo investigados sus documentos y el armamento y balas que utilizan, al igual que el resto de los agentes que están en funciones.
“Toda la policía sigue sujeta a una investigación, porque hay que recordar que hay 20 elementos que están en el Cereso de Acapulco y se le pidió al juez de control la ampliación del término constitucional hasta 144 horas, para hacer el acopio de pruebas que puedan comprobar que hay una vinculación con la delincuencia organizada, por esa razón se sigue la investigación”, dijo Álvarez Heredia.
Insistió en que no se trató de un desalojo como lo denunciaron los policías municipales, “los policías estatales simplemente les pidieron que no tocaran las armas y que se hicieran un lado mientras se hacían las investigaciones”.
Informó el domingo que de un total de 4 mil 582 elementos, 4 mil 50 han sido evaluados, de los cuales 2 mil 590 fueron aprobados y mil 379 no aprobaron, en tanto que de 82 está en proceso su dictamen pero ha evadido responder por qué en algunos municipios los policías que ya se encuentran certificados no han recibido su armamento.
Cuando menos el alcalde priista de Taxco Omar Jalil Flores y el perredista de Eduardo Neri, Pablo Higuera Fuentes han denunciado que a pesar de que los elementos de su corporación han pasado los exámenes de control de confianza no les han regresado sus armas que les quitaron desde 2014, tras los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Toma la SEIDO la Dirección de Seguridad de Zihuatanejo; investigan a los policías
Agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), ocuparon las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad municipal de Zihuatanejo para investigar a los 20 policías municipales detenidos, señalados de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas federales.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia vía telefónica informó que la presencia de los agentes de la SEIDO es parte de la operación de las autoridades policiacas estatales y federales.
Comentó que si este tipo de acciones se hubieran hecho en Iguala antes de septiembre de 2014, “se pudo haber evitado la tragedia que significó la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
Continuó, “el Estado mexicano en su conjunto debe implementar medidas para evitar la infiltración del crimen en las corporaciones policiacas, principalmente en aquellas que son, digamos, en estos momentos las más débiles, que son las policías preventivas municipales. En el estado de Guerrero se requiere una reconstrucción de todas, de las 81 policías preventivas municipales para que puedan sumarse a la estrategia que mantienen las instituciones del gobierno federal con las instituciones del gobierno del estado en el combate frontal al crimen organizado”.
Manifestó que “lo que pudimos observar en Iguala fue una infiltración a todas luces del crimen en la corporación municipal de Iguala, que la misma sociedad igualteca observó, vio pero no se hizo absolutamente ninguna acción preventiva o de revisión de cuál era la situación de la policía preventiva municipal de Iguala, y que finalmente a la larga provocó lo que todos lamentamos, la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes”.
De los 20 policías de Zihuatanejo dijo que el MP federal tiene como facultad solicitar una ampliación del término constitucional de 48 a 144 horas, “para proseguir en las investigaciones en dado caso de que así lo requiera la institución federal que es la PGR”.
De acuerdo a información proporcionada por fuentes policiacas de Seguridad Pública, unos veinte agentes de la SEIDO llegaron a esa dependencia a la una de la mañana de este jueves, donde con una lista en mano con los nombres de los 20 detenidos interrogaron a los policías municipales y trabajadores administrativos, con preguntas como si los conocen y desde cuándo son policías.
Las fuentes dijeron que los agentes federales mandaron a llamar a los policías que no se encontraban en el lugar porque cambiaron de turno, están de vacaciones o de incapacidad, para interrogarlos.
Se conoció que a los uniformados con algún grado o mando les solicitaron que presentaran la copia de su declaración patrimonial del 2017.
Se conoció que los agentes también revisaron “exhaustivamente” la documentación del área administrativa de esta dependencia, especialmente la del departamento del programa federal Fortalecimiento para la Seguridad en los Municipios (Fortaseg), “están revisando absolutamente todo, los papeles, el contenido de las computadoras, todo”, dijo la fuente.
A las 4 de la tarde tres agentes de la SEIDO salieron de las instalaciones y abordaron una camioneta, al ser abordados por los reporteros se negaron a hacer declaraciones con el argumento de que no estaban autorizados.
Por otra parte se informó que la noche del miércoles la PGR solicitó por escrito al gobierno municipal que presentara toda la documentación que acredite como policías e integrantes de esa corporación municipal a los 20 uniformados que están puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal, señalados de delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego para uso exclusivo de las fuerzas armadas.
La dependencia federal dio un plazo de 5 horas para la diligencia, “pero sí se entregó toda la documentación que requirieron”.
Mientras tanto, la Policía Estatal continuaba ayer con el control absoluto de la Dirección de Seguridad Pública.
Ante la presencia de los agentes de la SEIDO sólo permitían la entrada a las personas que iban a hacer algún tipo de trámite a la delegación de Tránsito.
En un recorrido en la zona hotelera de Ixtapa y por el centro de la ciudad se observaron patrullas de la Policía Estatal, militares haciendo patrullajes de vigilancia por las calles y avenidas, así como resguardando la entrada de algunos bancos.
Del control que la Secretaría de Seguridad Pública del estado tiene sobre la seguridad en el municipio, el secretario particular del alcalde perredista Gustavo García Bello, Arturo Arzeta Serna aseguró que no tenía ninguna información al respecto ya que no había sido notificado que esa dependencia estaría a cargo.
Arzeta Serna fue el único funcionario de primer nivel que ayer se encontraba en el Ayuntamiento, en las oficinas del alcalde los síndicos procuradores y el secretario general del Ayuntamiento no se vieron.
El secretario particular justificó la ausencia del presidente municipal argumentando que se encontraba “en el gobierno del estado”, y que el director municipal de Seguridad Pública, David Nogueda Salmerón estaba en el puerto de Acapulco para asistir a los policías que fueron remitidos a la Fiscalía y a la PGR, “para apoyar y hacer alguna declaración si es que se la requieren”.
Repudian 150 reporteros la agresión a colegas y exigen garantías de seguridad para su oficio
Más de 150 reporteros locales y corresponsales nacionales condenaron este domingo la agresión que sufrieron siete periodistas la tarde del sábado en la región de Tierra Caliente, por un grupo de la delincuencia organizada, y exigieron a los gobiernos federal y estatal que cumplan su obligación de garantizar la seguridad y el libre tránsito “y podamos vivir en la normalidad, circular por las carreteras sin el temor de ser víctimas de esos grupos criminales, que mantienen como rehenes a los guerrerenses”.
Exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores que activen protocolos de seguridad para los siete periodistas, ante las amenazas que recibieron por el grupo delincuencial, y criticaron el hecho de que hayan sido agredidos y robados en medio de dos retenes del Ejército mexicano, lo que refleja que esos grupos se mueven con total impunidad y la convivencia entre las fuerzas de seguridad y los grupos del crimen organizado.
Mientras tanto, el gobierno del estado confirmó mediante un boletín que la agresión a los reporteros fue cometida “por individuos que se presume son integrantes de la Familia Michoacana”, y la Procuraduría General de la República (PGR), informó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició una carpeta de investigación sobre esos hechos.
El mediodía de este domingo, unos 30 reporteros locales y corresponsales nacionales se concentraron al pie de la estatua a José María Morelos, en donde leyeron un pronunciamiento y señalaron que lo ocurrido a los siete reporteros refleja una ausencia de garantías para el desarrollo de su trabajo periodístico.
El sábado, los reporteros Sergio Ocampo, Alejandro Ortiz, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Jair Cabrera, Hans Musielik y Pablo Pérez García, acudieron a cubrir los hechos de violencia en Tierra Caliente y cuando regresaban a Chilpancingo, un kilómetro antes del retén militar y policial cerca del crucero de Acapetlahuaya, fueron detenidos por un centenar de hombres armados, que los despojaron de una camioneta propiedad de Sergio Ocampo, sus equipos de trabajo, celulares y dinero en efectivo.
Después, los obligaron a subirse a una de las dos camionetas en las que viajaban y les advirtieron que si los denunciaban en el retén militar que estaba adelante, los iban a quemar con todo y la unidad, pues les advirtieron que en el retén militar tenían un halcón que iba a vigilar sus movimientos.
Los periodistas denunciaron que estos hechos atentan contra la libertad de expresión y que pusieron en riesgo la integridad física de los siete reporteros.
“Reporteros de Guerrero y del país expresamos nuestra condena y rechazo a esos hechos lamentables. Subrayamos que esos grupos criminales se mueven con total impunidad y nos parece extraño que hayan actuado con total anarquía en medio de dos retenes del Ejército mexicano, lo que confirma la convivencia entre las fuerzas del orden y esos grupos del crimen organizado”, dice el escrito.
Consideraron que es grave, también, que ante esos acontecimientos las autoridades federales y estatales no actuaron siguiendo un protocolo de búsqueda, localización y protección de los periodistas, “por el contrario, generaron falsos rumores de que los compañeros venían en camino resguardados, lo cual no fue cierto. El traslado fue por su cuenta y llegaron solos a esta capital”.
Recordaron que México se ubica entre los países donde ejercer el periodismo es un grave riesgo y que en Guerrero en febrero del año pasado asesinaron en Taxco a Francisco Pacheco Beltrán y en marzo de este año a Cecilio Pineda Birto, en Ciudad Altamirano.
Denunciaron que en ambos casos las autoridades se comprometieron a resolverlos y castigar a los responsables, lo cual no se ha cumplido.
Hicieron un llamado a los periodistas y a la sociedad para que estén observantes de estos hechos, no permitir una agresión más a la libertad de expresión y el derecho a tener una sociedad informada.
Exigieron garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho que tiene la sociedad a estar informada.
Mientras tanto, la PGR informó que la Feadle inició una carpeta de investigación por la agresión a siete periodistas de diversos medios de comunicación.
“Desde ayer (el sábado), la Feadle contactó directamente a los comunicadores afectados, al tiempo en que coordinó acciones con las autoridades estatales para iniciar la investigación de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan”, informó la dependencia en un escrito.
También informó que junto con la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se dará seguimiento a la situación de los periodistas agredidos.
El gobierno del estado aseguró, en un boletín, que desde el momento que se conocieron los hechos se activaron mecanismos de búsqueda y localización, y que la Secretaría de Protección Civil del Estado movilizó dos vehículos, el primero partió de Iguala hacia Teloloapan y el otro de Teloloapan hacia a Iguala.
“Al saber que por sus propios medios habían llegado a Chilpancingo, autoridades federales, estatales y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se entrevistaron con ellos, para ofrecer su apoyo y activar mecanismos de protección a periodistas”, dice boletín.
Confirmó que el grupo de comunicadores fueron detenidos y asaltados por individuos, “que se presume son integrantes de la Familia Michoacana”.
Les avisaron que ya íbamos
Durante la concentración de los periodistas en el Zócalo de la capital, uno de los periodistas agredidos, Sergio Ocampo, dijo que los delincuentes que los ultrajaron estaban predispuestos y que le da la impresión de que, “les avisaron que ya íbamos”.
Contó que la situación fue traumante cuando uno de los pistoleros apunto su arma corta hacia la cabeza de Hans Musielik.
“Lo que se nos hizo extraño es que antes estaba un retén del Ejército y hasta platicamos con los soldados, que nos preguntaron que a qué fuimos y les contamos todo”, dijo. Añadió que aproximadamente a un kilómetro de allí estaban los civiles armados y más adelante, a otro kilómetro, había otro retén del Ejército.
“Eran puros chavos, algunos hasta se estaban drogando enfrente de nosotros. No nos golpearon, la verdad, pero sí nos trataron con palabras fuertes. Nos dijeron: ‘órale, bájense cabrones, qué andan haciendo’”. Detalló que un niño de aproximadamente 13 años encabezó el comando que bajó todas sus pertenencias de los vehículos y les exigió sus carteras, “fue evidente que iban sobre el equipo, sobre la información”, explicó.
Informó que en el lugar estuvieron de 15 a 20 minutos y que al final le ordenaron que dejara su camioneta, una Patriot Jeep azul, y los obligaron a subirse todos a la otra camioneta roja para que abandonaran la zona, “¿o la van a hacer de tos? Si no se van aquí las quemamos las dos y se van a pie”, advirtió uno de los pistoleros.
Añadió que quien aparentaba ser el jefe les advirtió que si decían algo en el retén del Ejército que estaba adelante, “vamos a ir y nos los vamos a comer vivos”.
Insistió que ya sabían que iban a pasar, porque en cuanto los vieron pusieron palos y piedras en la carretera, para bloquearles el paso. Además, explicó que los dos vehículos en que viajaban llevaban la leyenda de prensa.
Dijo que está seguro que la intención fue quitarles el material periodístico que traían, porque antes habían pasado otros tres retenes aparentemente de la misma gente y que en todos les tomaron fotos y los filmaban, “yo creo que sí, su objetivo era el material que traíamos, porque nos anduvieron vigilando”, dijo.
SEG: se resolverá la situación jurídica del egresado de Ayotzinapa detenido y de las órdenes contra normalistas
El secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, declaró que se resolvería la situación jurídica del normalista egresado de Ayotzinapa, Crisóforo García Vázquez, y confió en que también se resuelva la situación de los cerca de 39 egresados normalistas en contra de los que también se giraron órdenes para su detención, por delitos como robo de vehículo y ataques a las vías de comunicación entre 2008 y 2009.
El titular de la SEG fue abordado la mañana por reporteros, al término del acto inaugural de los juegos deportivos magisteriales que cada año organiza la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el contexto del Día del Maestro, y que ayer se desarrolló en el auditorio del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) 56, entre unos 2 mil maestros de la zona Norte y con la presencia del secretario general de esa organización sindical, Javier San Martín Jaramillo, y de diputados locales.
A pregunta sobre la detención del ex dirigente estudiantil de Ayotzinapa y profesor egresado de esta escuela, Crisóforo García, quien el lunes fue detenido en el Estado de México, donde labora, el funcionario estatal dijo que según la información que tenía al momento, se resolvía ese asunto que calificó ajeno al sector educativo.
Señaló que el motivo por el cual fue detenido el egresado de Ayotzinapa fue por robo de vehículo, el cual dijo que “hoy no es un delito mayor o es un delito menor, por lo que en ese sentido entiendo que hoy habrá un pronunciamiento de la PGR en ese sentido, y creo que ya finalmente se va a resolver”.
Adelantó que ese pronunciamiento de la PGR sería en términos de que el maestro Crisóforo “en pocas palabras o de manera concreta, hoy (ayer) finalmente se define su situación jurídica. Entiendo que va en la ruta de que ya no es un delito grave, por lo tanto no seguirá retenido, pero bueno, eso ya corresponde a la PGR decirlo y ellos tendrán que llevar su propia defensa”.
A pregunta de una reportera de si habría desistimiento de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) de esas demandas, González de la Vega Otero puntualizó que “no es un tema de la secretaría, es decir, no es una demanda ni denuncia de la secretaría, es por un delito que ellos cometieron fuera del sector educativo”.
Detalló que la razón por la que fue detenido el maestro Crisóforo García es por robo de vehículo, y nada tuvo que ver con las marchas y movilizaciones que hicieron en esa época.
Negó que esta situación afecte la relación que se tiene con los alumnos de la Normal Raúl Isidro Burgos, dijo que tiene reuniones permanentes con todas las normales del estado, y hoy se reunirá con los alumnos de Ayotzinapa.
En repetidas ocasiones, el titular de la SEG insistió en que el sector educativo es ajeno a ese problema de las órdenes de aprehensión, y recordó que fue en el periodo 2008-2008, cuando él también fue secretario de Educación con Zeferino Torreblanca, “pero fueron cuestiones ajenas totalmente al sector educativo, son actividades que los propios maestros tienen fuera de la escuela y ahí sí tendrán que responder”.
Indicó que son entre 39 y 40 los egresados normalistas en contra de los que se liberaron las órdenes de aprehensión por parte de la PGR, “pero se va a resolver todo, son por diversas razones, pero entiendo se va a ir resolviendo todo”.
Escuelas de Totolapan sin clases por la inseguridad
Mencionó que tras el enfrentamiento entre grupos armados en el municipio de San Miguel Totolapan, no tenían ninguna notificación de escuelas sin clases y dijo que estarán muy atentos de este tema, para dar la protección y seguridad a los maestros de esa zona, para no arriesgar a los maestros, alumnos y padres de familia.
Señaló que son unas 30 escuelas en las que están parando clases por la inseguridad, registrada principalmente en la zona rural de San Miguel Totolapan, pero que en el resto de los municipios de la región Tierra Caliente, como Arcelia, Tlalchapa, Ciudad Altamirano y Ajuchitlán ya regresaron a clases.
Unos 900 maestros serán ingresados al Fone
Dio a conocer que el miércoles tuvo una negociación “muy dura” con la Secretaría de Hacienda y la de Educación Pública, para poder ingresar a finales de este mes al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) a cerca de 900 maestros que están fuera de la nómina federal.
El titular de la SEG confió en que pronto se resuelva el conflicto del Centro Regional de Educación Normal (CREN) de esta ciudad, pues desde octubre los maestros y trabajadores administrativos tomaron las instalaciones y pararon labores para exigir el ingreso al Fone.
Sobre el llamado que realizaron el lunes maestros de la región Acapulco-Coyuca, para tener una reunión con él y el secretario general de la sección 14 del SNTE, Javier San Martín Jaramillo, para atender pendientes dentro del magisterio, como el pago de seguros de vida a maestros que fallecieron en los últimos dos años, González de la Vega Otero adelantó, sin dar detalles, que “hay muchas cosas que se van a resolver”, y mencionó el caso del Fone y la titulación masiva.