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Falso, que pidieran dinero por la amapola destruida, dicen vecinos de Juquila Yucucani

 

El segundo comisario de la comunidad de Juquila Yucucani, Francisco López Aguilar y los vecinos Benito Zeferino Sánchez y Clemente Santiago de Jesús negaron que hayan exigido un millón y medio de pesos como indemnización al alcalde del PT de Tlacoachistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio, por el plantío de amapola que el Ejército destruyó y que ese dinero sería para la construcción de la comisaría.
El señor López Aguilar con ayuda de su traductor expresó que si el presidente municipal de Tlacoachistlahuaca sabe que hay sembradíos de amapola en la comunidad, que denuncie en la Procuraduría General de la República (PGR) de lo contrario se vuelve cómplice.
La autoridad de la comunidad afirmó que “el que caiga, caiga por su propio delito que se está cometiendo”, detalló el periódico regional Diario Alternativo a donde los vecinos acudieron a demandar su derecho de réplica, luego de que el alcalde petista dijo que fue liberado el lunes pasado luego de firmar un documento donde se comprometía dar un millón y medio a los inconformes por los sembradíos de amapola que el Ejército destruyó.
Aclaró que no pidieron una indemnización por la destrucción de sembradíos de amapola que hizo el Ejército, sino que el dinero es para construir la comisaría, porque llevan dos años sin que el alcalde invierta en obra pública en su comunidad.
Según el medo citado le fueron entregadas copias de las solicitudes hechas de los habitantes al alcalde desde el 15 de diciembre de 2015, cuando tenía dos meses de haber asumido la alcaldía, para que les construya un albergue de 30 por 15 metros, que usarían como comisaría del pueblo.
Otro escrito del 14 de enero de 2016 fue entregado al alcalde quien respondió que no haría la comisaría porque no estaba en el presupuesto de 2016, “ni por el gobierno del estado de Guerrero”, sin embargo en la comunidad vecina de Santa Cruz Yucucani fue construido el albergue.
De la retención del secretario de seguridad, así como del secretario general del Ayuntamiento y dos ingenieros, dijo que fue porque llegaron a medir una casa que utilizan como comisaría y realizaron el comentario de que “si es que sale el proyecto hoy, o si no hasta próximos años”.
Afirmó que el alcalde fue retenido por el incumplimiento a las peticiones de obras. De la camioneta fue retenida para presionar al alcalde a invertir en obra pública.
“El compromiso que… estamos pidiéndole al alcalde de Tlacoachistlahuaca, el doctor Juan Javier Carmona Villavicencio, es que cumpla el compromiso de las obras que hizo en su tiempo de campaña, y es lo único que estamos pidiendo. Hemos entregado peticiones en tiempo y forma”, informó.
Agregó que en “el momento que él regrese nos entregue el recurso, el compromiso que se quedó, y ya, se termina el problema”.
Además dijo que al secretario de seguridad se le retuvo el arma porque al momento de la retención la sacó, y por eso quedó en resguardo en la comisaría.
López Aguilar dijo que “en el pueblo se dedican a sembrar frijol, maíz, algunos señores se dedican también a sembrar lo que es jitomate de cáscara, de ese verde, de los criollo, se dedican a sembrarlo. Ese es el trabajo que realizan, pero del conocimiento de lo que se está diciendo que se está diciendo sobre el enervante, no es trabajo de ser humano, eso sí desconocemos nosotros las autoridades”.
El segundo comisario dijo que después de las declaraciones del alcalde a los medios de comunicación ahora temen que las autoridades federales lleguen y los detengan.
Indicó que en un próxima asamblea la población analizará qué procederá con el acuerdo firmado por el alcalde y donde fue testigo el comisario de la localidad, Juan Perfecto Aguilar.

 

Ocupan los padres de los 43 la caseta de la autopista en Tlalpan; los hostiga la PF, informan

Padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala dejaron el paso libre a los automovilistas de la caseta de cuota de Tlalpan en la Ciudad de México durante dos horas y media, bajo el acoso de policías federales que vigilaron la protesta y tomaron fotografías a los manifestantes, informó el representante Melitón Ortega.
En consulta telefónica indicó que la protesta comenzó a las 11 de la mañana y concluyó a la 1:30 de la tarde, cuando llegaron a la capital del país donde hoy se manifestarán en la Procuraduría General de la República (PGR), antes de que se celebren las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esas audiencias el Estado mexicano dará cuenta del seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa, para el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala.
Añadió que después de la protesta en la ciudad, los padres y normalistas se unirán a las acciones de la caravana de jornaleros agrícolas de San Quintín, que en su recorrido del norte al centro del país acudirá a diferentes dependencias de gobierno para exigir mejoras laborales para los migrantes que llegan a Baja California.
De la protesta ayer en la autopista Melitón Ortega denunció que luego que padres y estudiantes tomaron las casetas de cobro de Tlalpan, policías federales los llamaron a dejar la protesta e ir a las oficinas de gobierno a plantear sus demandas, les dijeron que lo que hacían estaba mal.
El señalamiento de los uniformados causó un mayor enojo en los padres que llevan los sentimientos por la desaparición de sus hijos a flor de piel, y respondieron con reclamos a los agentes, informó.
Recordó que ya acudieron a todas las instancias y no hay voluntad del gobierno para esclarecer los hechos, decir en dónde están los estudiantes desaparecidos ni para castigar a los responsables.
Añadió que los uniformados guardaron distancia y comenzaron a tomar fotografías a los manifestantes, lo que los padres también consideraron un acto amenazante y de provocación, y generó un segundo altercado para exigirles que se retiraran.
Agregó que la protesta concluyó sin más incidentes, y ratificó que sus actividades son pacíficas pero contundentes para seguir denunciando y exigiendo que se profundicen y agoten todas las líneas de investigación que plantearon los expertos independientes, y que las autoridades den certeza de los resultados.
Melitón Ortega informó que las madres Cristina Bautista y Joaquina García con el padre Mario González se trasladaron a Estados Unidos para la audiencia pública de la CIDH.
Por separado el abogado Vidulfo Rosales Sierra informó que habrá una audiencia pública que también se transmitirá en Internet a las 12 del día (10 de la mañana hora del centro de México), y a las 6 la tarde esperan tener una audiencia privada.

Detienen al jefe de permisos vehiculares de Tlacotepec con heroína en Iguala, informa la PGR

El jefe de Licencias y Permisos Vehiculares del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Óscar Delfino fue detenido por policías federales porque portaba heroína, en la comunidad de Santa Teresa, en Iguala.
En un boletín de prensa, la Procuraduría General de la República (PGR) por medio de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) informó que al hacer un recorrido de seguridad en la carretera federal Chilpancingo-Iguala en el kilómetro 136, en el entronque hacia la población de Santa Teresa, sus agentes detuvieron a Óscar Delfino que se identificó como servidor público, como el jefe de Licencias y Permisos Vehiculares del municipio de Heliodoro Castillo.
Al funcionario municipal le decomisaron mil 200 gramos de heroína y el vehículo que manejaba.
El detenido y la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la federación, que inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

En la CIDH dirán padres de Ayotzinapa que no hay avances en las líneas de los expertos

El señor Mario González Contreras, papá de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, dijo que no hay avances en las líneas trazadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y esperan exponer la situación y la falta de cumplimiento de compromisos del gobierno mexicano en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el próximo viernes en Washington.
Ratificó que los padres de los 43 desaparecidos no tienen confianza en la PGR por su falta de resultados y recordó que la semana anterior elevaron sus acciones de protesta porque “querían envolvernos otra vez”.
Dijo que los padres decidieron esperar la audiencia de seguimiento del caso Ayotzinapa en la sesión ordinaria de la CIDH el 17 de este mes en Washington, Estados Unidos, para exigir cuentas y compromisos ante el organismo internacional.
Indicó que él acudirá a la reunión junto con Cristina Bautista, mamá del normalista desaparecido, Benjamín Ascencio Bautista, y Joaquina García, mamá de Martín Getsemaní Sánchez, además de sus representantes legales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y de Fundar.
Explicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no ha sacado las manos de caso Iguala aún cuando la averiguación previa se turnó a una oficina especial adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Insistió en que “está involucrado algo grande” en la colusión de autoridades de las diferentes instancias policiacas y militares que agredieron, protegieron y permitieron los ataques, asesinatos y la desaparición forzada de los normalistas en Iguala, y la SEIDO se encargó de propiciar condiciones para mantener los hechos impunes.
Asimismo recordó que la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) permitió descartar la tesis oficial diseñada para cerrar el caso, evidenciando las inconsistencias y la manipulación de evidencia en el basurero de Cocula y en el río Juan (en el mismo municipio).
En consulta telefónica sobre la versión de que policías municipales de Iguala están siendo llamados a declarar otra vez por la SEIDO sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, el papá aclaró que no han tenido esa información porque cancelaron la última reunión de seguimiento con la PGR de este mes.
Esto debido a que la PGR sigue sin tener datos concretos que indiquen algún indicio del paradero de sus hijos. Tampoco hay resultados concretos sobre las líneas de investigación que planteó el GIEI sobre el policía de Huitzuco y dos agentes de la Policía Federal (PF) que están directamente implicados en la desaparición y el trasiego de droga.
Añadió que a la SEIDO no le conviene esclarecer los hechos y para mantenerlo así en sustitución de Tomás Zerón de Lucio nombraron como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a un ex policía federal (Omar Hamid García Harfuch) que tuvo un puesto de mando reciente en Guerrero, además que tuvo relación con la organización criminal de Guerreros Unidos.
Subrayó que el nombre de García Harfuch se encontró en la libreta de contactos del líder de la banda Guerreros Unidos, a la que SEIDO quiso fincar responsabilidades penales con pruebas ya descartadas por la desaparición forzada de los 43 normalistas y el presunto asesinato de todos los estudiantes desaparecidos. Además fue coordinador estatal de la División de Seguridad Regional de al PF en Guerrero de diciembre de 2012 a mayo de 2014.
Aunque “supuestamente la SEIDO ya no puede intervenir en el caso Ayotzinapa, el nuevo director de la AIC conoce la complicada situación de Guerrero, “en su momento, estuvo con la Policía Federal de Iguala”.
Por lo anterior, consideró que desde la SEIDO se protege a los encubridores como el ex procurador de la PGR, Jesús Murillo Karam, el antiguo jefe de la AIC, Zerón de Lucio, y a una antropóloga, contra quienes las autoridades no han actuado pese a que fueron evidenciadas graves irregularidades en el proceso.
No descartó que desde la SEIDO se pretenda replantear la tesis oficial para retomar la versión del basurero de Cocula, o sólo ganar tiempo, “apostarle más al desgaste porque tienen líneas de investigación y no las han seguido y empiezan otra vez”, criticó.

Requiere otra vez la SEIDO a policías de Iguala por el caso Ayotzinapa; sólo han ido 10 de 76

Policías municipales de esta ciudad fueron nuevamente requeridos por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), para que declaren respecto de los ataques y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
Según información de uno de los policías que está en la corporación desde antes de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa, en esta semana se notificó a los agentes de la corporación que están activos.
La fuente consultada, que pide el anonimato para evitar represalias, indicó que a los agentes se les está mandando a traer desde la Secretaría de Seguridad Pública municipal en grupos de cinco, y se les notifica que nuevamente se deben de presentar ante la SEIDO en la Ciudad de México, para rendir su declaración de los ataques en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y otros civiles.
Dijo que sólo 10 de los 76 policías municipales que siguen activos dentro de la nómina municipal pero desarmados, se han presentado a rendir su declaración.
Dijo que de manera extraoficial les informaron que también se citará una vez más a los agentes que fueron liquidados o se dieron de baja voluntaria, pero ayer ninguna fuente oficial confirmó esa información.
De los más de 300 agentes de la Policía Municipal que había en 2014 cuando ocurrieron los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, más de 50 fueron detenidos en penales federales, unos 140 fueron liquidados porque no acreditaron los exámenes de control de confianza o solicitaron su baja de forma voluntaria, y 76 siguen en nómina, mientras que otros huyeron.

Protestan padres de los 43 en juzgado de CDMX; exigen la admisión de un amparo contra la PGR

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos protestaron en el juzgado Tercero de Distrito Administrativo, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir la admisión de un amparo contra la resolución de la Visitaduría General de Procuraduría General de la República (PGR), que diluye la responsabilidad del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio en las graves irregularidades que cometió en la investigación del caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró que Zerón de Lucio hizo diligencias de las que no notificó ni están en los expedientes del proceso de investigación de los ataques, homicidios y desaparición forzada de estudiantes y otros civiles en Iguala.
Ayer acompañados de activistas los padres hicieron un mitin de 3 horas afuera de las oficinas del Poder Judicial en la colonia Tláhuac de la delegación Álvaro Obregón, mientras conseguían una entrevista con el juez Martín Adolfo Santos Pérez, en quien recayó la revisión de la solicitud de amparo bajo el folio 195/2017.
En consulta telefónica el abogado Vidulfo Rosales Sierra explicó que el amparo se entregó hace dos semanas, y señala que la resolución de la Visitaduría de la PGR viola el derecho de los padres al conocimiento de la verdad sobre los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, entre otros perjuicios.
Pidieron que el juez admita la queja y en el estudio de fondo revise la legalidad de la resolución que emitió la PGR, que revise todas las irregularidades en que incurrió el actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional cuando estuvo al frente de la investigación, y que se restablezca la legalidad quebrantada por él.
Informó que los padres hicieron énfasis en que han recorrido todas las instancias de gobierno en busca de respuestas, y todas las instituciones se aliaron para mantener una versión oficial sobre el destino de sus hijos, descartada en siete ocasiones por expertos independientes mediante pruebas científicas.
Ayer solicitaron al juez que no le tiemblen las manos, si Zerón de Lucio violentó la ley que se le aplique una sanción acorde con el agravio y los delitos que generen sus acciones.
Abundó que hay una crisis en las instituciones y sus órganos de control interno, en los mecanismos anticorrupción y las contralorías que deben regular la función pública y velar por el respeto al Estado de derecho en las estructuras de gobierno, ya que no están dando resultados.
Demandó al juez que no acepte la política federal de solapar por consigna a los funcionarios que incurren en irregularidades y actos de corrupción.
Mencionó que esperan que en este proceso sí se tomen en cuenta todas las irregularidades cometidas la investigación, que llevaron a la tesis del procurador Jesús Murillo Karam que establece que los 43 desaparecidos fueron asesinados e incinerados por un grupo criminal, la cual llamó “verdad histórica”.
Precisó que a la par de este procedimiento la investigación sigue su curso mediante la oficina de investigación del caso Ayotzinapa en la PGR, que también avanza muy lento.
Denunció que los funcionarios de la PGR no quieren profundizar ni perfeccionar las líneas de investigación que recomendó el GIEI en abril, hace un año, sobre la participación de policías de Huitzuco en los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes, y dos policías federales que tuvieron conocimiento del momento en que se los llevaron detenidos.
A la fecha, aseguró que no hay ni siquiera una consignación para detener a los policías de esas corporaciones que están plenamente identificados, y puede dar lugar a que evadan la justicia.
Agregó que los funcionarios de la PGR argumentan que no hay suficientes elementos para consignarlos, sin embargo, más allá de que jurídicamente no haya elementos, aseguró que políticamente no se quiere dar un paso en esa dirección porque implica abandonar la tesis oficial.
“Esa es la molestia, el hartazgo de los padres de familia, nosotros vemos que no hay interés ni voluntad de agilizar, de profundizar en tales líneas, la última detención que tenemos fue en esa ruta (de la verdad histórica), y hay otras 15 o 20 personas con orden de aprehensión ligadas a esa versión”, explicó.
Sin avances importantes, confirmó que no tenía caso acudir a la reunión de ayer en la PGR, que cancelaron con anticipación.
Los temas que quedaron pendientes de respuesta en la anterior sesión, el 9 de febrero, serán discutidos en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que ahí el gobierno mexicano haga compromisos con el organismo internacional.
Concretamente los temas pendientes son: la consignación de los policías municipales de Huitzuco, de los policías federales, la utilización de todos los recursos de búsqueda en vida o muerte sin escatimar la utilización de tecnología laser, el análisis rápido y exhaustivo de la telefonía celular, “de los que hemos monitoreado hay pocos avances, así la reunión no tiene razón”.
Del mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, que tenía programada una visita a México este mes, informó que se pospuso pero hace un seguimiento a distancia, y participará en la audiencia dentro del periodo ordinario de sesiones, en Washington DC.

La investigación a Tomás Zerón sigue en la PGR, dice la ex procuradora Arely Gómez

 

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González informó que las investigaciones sobre Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal están en manos del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República (PGR).
Luego de la inauguración del Primer Encuentro Internacional Anticorrupción en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la funcionaria federal aseguró que ese órgano tiene autonomía para emitir su posicionamiento, y la Secretaría de la Función Pública (SFP) respetará la determinación que se tome.
El pasado 9 de febrero el subprocurador de Control Regional de la PGR, Alfredo Higuera Bernal dijo que en el caso de Zerón, señalado de irregularidades y sembrar pruebas en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, sería la SFP quien determinaría las responsabilidades respectivas, con base en una investigación.
Sin embargo la responsable de esa dependencia dijo que el caso se investiga dentro de la PGR.
De la investigación sobre los presuntos hechos de corrupción relativos a la empresa brasileña Odebrecht, Gómez recordó que desde diciembre de 2016 cuando se conoció que se realiza una investigación internacional sobre presuntos actos de corrupción de esa empresa, en México se revisa el tema.
La SFP inició desde entonces la búsqueda y localización de contratos que Odebrecht ha realizado, tanto de manera directa como a través de subsidiarias, con lo cual se está haciendo una auditoría transversal, dijo la exprocuradora.
De igual manera reconoció que de momento no tiene un número específico sobre los contratos que forman parte de esta revisión, porque no se limitan sólo a los que tiene celebrados la empresa brasileña, sino también sus subsidiarias.

Atiende las denuncias de tortura en el caso Ayotzinapa, responde la PGR a la ONU-DH

 

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que las denuncias sobre la posible comisión del delito de tortura en el caso Ayotzinapa, son atendidas “y se encuentran en investigación e integración en la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en la misma institución, en donde con estricto apego a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y demás leyes aplicables, serán determinadas”.
Por medio de un comunicado la PGR mencionó que la resolución del agente del Ministerio Público Visitador “se realizó con estricto apego al ámbito de competencia que le confiere la Ley Orgánica de la Institución y su Reglamento, así como en cumplimiento a las disposiciones que regulan la valoración de la prueba y la calificación de las conductas, en apego irrestricto a Derecho”.
La PGR se refiere a los señalamientos vertidos en la resolución realizada por la Visitaduría General de la PGR sobre una investigación interna que llevó a cabo a raíz de las diligencias hechas en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, sobre el caso Iguala.
En dicha resolución, el visitador determinó imputar responsabilidades administrativas al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actual secretario técnico de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, así como a nueve peritos y ministerios públicos.
Además responde al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DErechos Humanos (ONU-DH), que este miércoles señaló que al inicio de la investigación se documentaron “graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas, ligadas a la integración del caso”, como tortura, detenciones arbitrarias y transgresiones al debido proceso
“Cabe señalar que se llevan a cabo los Protocolos de Estambul, por lo que serán elementos técnicos y objetivos los que determinen la existencia de tortura”, agrega.
En su edición 2090, Proceso publicó que en la investigación que realizó la Dirección de Asuntos Internos de la PGR sobre las acciones irregulares cometidas en octubre de 2014 por Tomás Zerón de Lucio, a la cabeza de la AIC, en las indagatorias del caso Ayotzinapa, en primer lugar se evidencia el comportamiento ilícito del funcionario pero, más importante, queda claro que los testimonios de los presuntos ejecutores de los 43 normalistas, pilar de lo que el ex procurador Jesús Murillo Karam denominó “verdad histórica”, fueron obtenidos mediante tortura.

 

Funcionarios torturaron y quebrantaron el derecho a la verdad en el caso Ayotzinapa, dice la ONU-DH

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) difunda la investigación al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actual secretario técnico de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, así como de nueve peritos y ministerios públicos señalados por irregularidades en la integración del expediente del caso Ayotzinapa.
En un comunicado de la Oficina de ONU-México, el organismo manifestó su preocupación por el viraje en las conclusiones de la investigación interna de la Visitaduría General de la PGR, que estableció sólo faltas administrativas para los implicados en el proceso, “sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal”.
No obstante que en el inicio de la investigación se documentaron “graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas, ligadas a la integración del caso”, como tortura, detenciones arbitrarias y transgresiones al debido proceso, subraya.
Se refiere así a que la PGR entregó su investigación interna a la Secretaría de la Función Pública para que determine sólo responsabilidades administrativas contra Zerón de Lucio, y otros funcionarios que diseñaron la primera versión oficial de los hechos, que el exprocurador Jesús Murillo Karam denominó “verdad histórica”.
Aquella tesis oficial descartada científicamente dice que policías municipales entregaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos al cártel de Guerreros Unidos, ellos los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula.
Los responsables de la investigación presentaron restos humanos, presuntamente hallados en bolsas negras en al rivera del río San Juan que permitieron la identificación de Alexander Mora Venancio, uno de los desaparecidos. Todavía se desconoce el origen real de las muestras.
Ayer la ONU-DH señaló que Ayotzinapa es un caso emblemático, y que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad al-Hussein se manifestó recientemente por la necesidad de dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre las recomendaciones del Grupo se encuentra precisamente la investigación de las irregularidades en la integración del expediente de la PGR.
Señala que el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab pidió que “debido a la gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben transparentarse y hacerse del conocimiento de la sociedad”.
Se explicó que de acuerdo con la información con la que cuenta la ONU-DH México, “la investigación conducida por la Visitaduría General habría identificado únicamente faltas leves, todas ellas calificadas como administrativas, sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal. Las faltas administrativas habrían sido cometidas por nueve funcionarios de la PGR, en su mayoría mandos medios (peritos y ministerios públicos), así como por el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio”.
Sin embargo y desde el inicio del caso Ayotzinapa la ONU-DH ha documentado graves violaciones a los derechos humanos, y patrones en la comisión de las mismas ligadas a la integración del caso.
En este sentido, dice que en la Oficina tienen elementos de convicción para señalar que se cometieron actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidas entre otros, por funcionarios de la PGR.
Estos hallazgos fueron compartidos con las autoridades correspondientes de la PGR desde el año pasado, y con el Mecanismo de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“A pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, es lamentable el viraje que se produjo, cuyo resultado final significa una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa”, aseveró Jan Jarab.
Ayer destacó la necesidad de contar con órganos de control interno e instituciones de procuración de justicia autónomas, independientes, imparciales y profesionales, capaces de investigar con perspectiva de derechos humanos.
Expresó su disposición para seguir colaborando con las autoridades y con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH.

En Huitzuco van 10 secuestros y desapariciones en este año, denuncia un familiar de una víctima

 

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) con el resguardo de policías federales, llegaron la tarde de ayer al panteón municipal en la cabecera municipal de Huitzuco, para exhumar dos cuerpos, al parecer de hombres, que en 2014 fueron hallados por un vecino, que los sepultó en esta zona ante la desatención de las autoridades en su momento.
En lo que va del año, en Huitzuco han ocurrido al menos 10 secuestros o desapariciones de personas, de acuerdo con información de un familiar de una víctima. Según el recuento de notas publicadas en El Sur, en este municipio han ocurrido dos ejecuciones en lo que va del año.
Ayer, a las 12 de la tarde, familiares de una de las víctimas de secuestro y desaparición, ex integrantes del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, esperaron a los agentes del Ministerio Público federal, peritos y antropólogos de la PGR que harían las diligencias, quienes llegaron después de las 5 de la tarde, sólo supervisaron la zona del panteón y pospusieron la exhumación para hoy, a las 8 de la mañana.

El hallazgo de los cuerpos

Al mediodía, el buscador de fosas clandestinas expulsado del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara Hernández mostró la zona del hallazgo de los cuerpos localizados en 2014, acompañado por el testigo anónimo que localizó los cuerpos de una mujer en una fosa clandestina y los de dos hombres desmembrados en casas abandonadas en la unidad habitacional Huitzuquenses Unidos.
Un militar retirado de unos 70 años que se negó en un inicio a hablar por el temor a los integrantes de los grupos criminales, narró que en 2014 en una casa de dos plantas, sus perros desenterraron los restos de un cuerpo, después él desenterró lo demás, era una mujer.
Contó que en la misma casa inconclusa observó ropa de hombre y mujer, también había perforaciones en una de las paredes, eran de impactos de bala.
Dijo tras el hallazgo informó a un comandante de la Policía Municipal, quien le sugirió que se deshiciera del cuerpo para que no tuviera problemas, lo que hizo, pues arrojó el cuerpo a un hoyo, al parecer a un respiradero de una mina abandonada en la que actualmente se empiezan a construir casas.
Vergara Hernández informó que por el testimonio del militar retirado ya están buscando el cuerpo, por eso pidieron a la PGR que con tecnología satelital se pueda ubicar la zona de inhumación.
El testigo aseguró que también en 2014, en otra casa abandonada, sin techo y que en la fachada tenía una placa de lámina con la dirección Agustín Figueroa 4, con el nombre de la familia Sánchez Figueroa, halló dentro de dos bolsas de plástico a dos hombres desmembrados, de los que al parecer sólo uno tenía la cabeza.
“Eran dos, muy pesados y tenían unos meses de haber sido asesinados, los perros los encontraron… estaban en pedazos, como leña, y no quise ver más, me empecé a sentir mal a pesar de estar acostumbrado a ver cadáveres en el Semefo”, detalló.
Dijo que nuevamente notificó a un comandante de la Policía Municipal, que le sugirió lo mismo, que se deshiciera de los cuerpos para no tener problemas, “di parte pero alguien me dijo que era peligroso y que podría tener consecuencias, tendría que irme de aquí pero yo amo mi libertad, amo mi pueblo y aquí me quedé”.
Luego de que un comandante le dijo que se deshiciera de los cuerpos, el hombre llevó los restos humanos para sepultarlos en un predio junto al panteón municipal, a un costado de la tumba de su madre, donde ahora se ubica una extensión del cementerio a sólo unos 50 centímetros de profundidad, “me quise deshacer del problema, pero va a tener repercusiones, estoy seguro”, comentó.
El testigo aseguró que del hallazgo de los dos hombres sí se enteraron algunas personas del pueblo, quienes guardaron silencio, añadió que algunos le dijeron “pobre de ti, porque esto viene de allá”, en referencia a los grupos delincuenciales.
En Huitzuco, así como en Atenango del Río y Copalillo, opera una escisión del grupo criminal Guerreros Unidos, que actualmente pertenece al grupo de Los Rojos.
Minutos después de las 5 de la tarde llegó el grupo de peritos, agentes del Ministerio Público y antropólogos de la PGR, resguardados por policías federales, a quienes se les mostró la zona del supuesto entierro de los dos cuerpos, cerca de una barda del panteón viejo.