El comisario municipal afín al PRI, de la comunidad de Tototepec, municipio de Tlapa, Laurencio Gálvez Alarcón y su comitiva informaron que el acuerdo de suspender las funciones de la Policía Comunitaria en el poblado es definitivo por la violación a los derechos humanos y porque la han usado como instrumento para “ajustar cuentas políticas”.
En una entrevista en Tlapa, lamentó los señalamientos contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de que hubo dinero de por medio para la liberación de Fidel Villegas, “con eso sólo afectan a la policía, de la que forman parte y promueven”.
Como vecinos aceptamos el trabajo de la CRAC-PC y sus lineamientos internos apegados a los derechos humanos, expuso y agregó, “los coordinadores actuaron bien y eso lo reconoce la familia Villegas, a quien le dejaron ver a su familiar y recibieron todas las pruebas que permitieron su liberación”.
Desmintió que en los Bienes Comunales de Tototepec hubiera una asamblea para designar al presidente del comisariado y al Consejo de Vigilancia, “por ese motivo se desconoce a Honorio Bonilla Morales como presidente, porque no han emitido la convocatoria ni se realizó una asamblea para que se reunieran los mil 606 comuneros o el 50 (por ciento) más uno para hacerla”.
Aunque dijeron tener información de que las actas habían sido enviadas al Registro Agrario Nacional (RAN).
Los vecinos dijeron que desde la elección del comisario en enero de 2015 se agudizaron los conflictos en el poblado y desde entonces hay dos comisarios municipales.
El 10 de abril se acordó no hacer uso del inmueble hasta el 2016, después de elegir a un comisario y se estableció que la Policía Comunitaria estaría al margen.
Los detenidos serían entregados a cada comisario, según su grupo, para que determinaran qué hacer con ellos, “pero no sucedió así y detuvieron a Fidel Villegas”.
Dijeron que Fidel Villegas fue detenido el 4 de agosto por policías comunitarios de Tototepec, por lo que iniciaron algunas pláticas con los coordinadores de la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, para pedir su liberación ya que las acusaciones no tenían sustento.
Los vecinos abundaron que Fidel Villegas fue señalado de cometer despojo, tentativa de homicidio y usurpación de funciones, pero estos delitos no se encuentran dentro del reglamento de la CRAC y no eran de su competencia.
De la tentativa de homicidio, los vecinos dijeron que fue un “incidente con sus sobrinos, nietos y pobladores que resultaron atropellados y lo acusaron de autor intelectual, cuando él no había participado y el coche no era suyo”.
Agregaron que por eso se acercaron a la Casa de Justicia de Espino Blanco para hablar con los coordinadores, César Ramírez Bello, Jesús Reyes Basurto, Jesús Cesáreo Sánchez y Valerio Basurto Sánchez, después de tres meses de diálogo y varias sesiones, el 14 de noviembre, después de deliberar más de 12 horas en una asamblea pública, se liberó a Fidel Villegas, pese a la oposición del grupo de la Policía Comunitaria de Tototepec.
Dijeron que los vecinos que denunciaron y parte de la CRAC encabezados por Fernando Montalvo no acudían a las reuniones en Espino Blanco, y concluyeron que “la usaban para desquitarse de manera política y ahora como se actuó con responsabilidad, insultan a los coordinadores diciendo que agarraron dinero”.
Dijeron que en las reuniones de la CRAC-PC en Espino Blanco se habló de liberar a Fidel Villegas y del cese de sus labores en Tototepec, lo que se acordó el 13 de diciembre con una votación de 27 a favor y tres en contra.
Agregó que será el comisario del poblado el que desarme a los comunitarios y dé de baja las armas registradas en Espino Blanco.
En Tototepec hay dos comisarios y se espera que la primera quincena de enero se designe a uno y se ocupe de nuevo el inmueble de la Comisaría.
Dijo que la familia Villegas no pretendía desacreditar al Sistema de Justicia Comunitario cuando denunciaron ante los medios de comunicación que les pedían dinero para su liberación, “el señalamiento era para la PC de Tototepec, porque en la Casa de Justicia los coordinadores actuaron imparciales, recibieron todas las pruebas y argumentos, y concluyeron que no había motivo para la reeducación”.
Remarcaron que no sobornaron a nadie y la decisión fue porque algunos delitos no estaban dentro del reglamento, faltaron pruebas, las imputaciones eran indirectas y se podían resolver dentro de la comunidad sin la intervención de la CRAC.
Además dijeron que la Policía Comunitaria estaba en manos de un grupo que viola los derechos humanos, con quienes no estaban de acuerdo y no participaron en acciones como la balacera el 5 de abril contra pobladores, que derivó en el cierre de la Comisaría.