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Designar a un coronel en la FGE evidencia entrega de la seguridad a militares: activistas

Zacarias Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que el nombramiento del coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), evidencia que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda está sometida por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), y por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Agregó que ello es “un mal augurio” porque nuevamente habrá una descoordinación entre el gobierno del estado y la Fiscalía como la hubo con la ex fiscal, la teniente Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y lamentó que no se haya escuchado la opinión de los activistas sociales.
Por su parte, el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), exhortó al nuevo fiscal a que se conduzca con sensibilidad y perspectiva de derechos humanos “de acuerdo al contexto de cada caso, bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, objetividad, profesionalismo”.

Los militares no han dado resultados: Tlachinollan

Abel Barrera Hernández declaró por teléfono que a pesar de que ya se vio que los militares no dan resultados, como fue el caso de la ex fiscal Valdovinos Salmerón, “lamentablemente vemos que se sigue dejando que sean ellos, los militares, los que se encarguen de investigar los delitos”.
Indicó que estas decisiones están pensadas en un control de daños “y que la gobernadora se supedita a los dictados tanto del Ejército, que quiere tomar el control de las instituciones de seguridad y de investigación de los delitos, como del Ejecutivo Federal.
El defensor de derechos humanos expresó que ya se normalizó que el secretario de la Defensa, el general Cresencio Sandoval, tenga injerencia en los asuntos de índole civil y que sean ellos los que estén tomando el control de estas instancias “para mal, porque hubo por lo menos un tiempo de prueba y se debieron notar algunos cambios favorables, pero no los hubo”.
Barrera Hernández denunció que los mandos militares en las áreas de seguridad y justicia han dejado un gran rezago en las carpetas de investigación y un reclamo de las familias de las víctimas, “hay un déficit de procuración de justicia alarmante, hay un foco rojo en Guerrero”.
También criticó que no se esté atendiendo la opinión de quienes están cerca de la protección de los derechos humanos, de las víctimas y de las familias que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos, como son los organismos civiles, “aquí en Guerrero somos cero a la izquierda, no existimos como actores que tenemos un compromiso, una opinión, un diagnóstico de lo que es el problema grave de procuración de justicia y de la investigación de los delitos graves”.
Denunció que en la entidad no se atiende a la sociedad civil y a las organizaciones sociales, a las barras de abogados “y a todos los que estamos trabajando del lado de las víctimas, gana más la vía militar, la visión del Ejército, la perspectiva de la seguridad pensada en el control de las instituciones y se derrota a la vía civil y ciudadana, así como a la perspectiva de derechos humanos”.
Insistió que los mandos militares han dejado a la Fiscalía con un gran descrédito porque los trabajos de investigación no han podido revertir la impunidad que prevalece en la entidad.
“Han dejado a una institución cerrada, que no escucha a las víctimas, se actúa de manera déspota, poco sensible, sin ese sentido de respeto a la dignidad de quienes sufren las agresiones de parte de los perpetradores de los delitos.
Denunció que hay señalamientos contra personas tanto de la delincuencia como de grupos que tienen influencias, que son intocables “y que forman parte de estructuras que están intactas”.
Barrera Hernández, dijo que con los mandos militares se ha convertido a la Fiscalía en una institución que ha enfocado sus baterías contra los luchadores sociales, defensores, estudiantes y contra la población que protesta, “con ellos sí pone mucho empeño”.
Denunció que todos estos actores son monitoreados y son mal vistos y contra ellos focaliza sus investigaciones.
En cambio, hay un enorme rezago de carpetas de investigación y no se han judicializado a quienes han atentado contra la vida, como pasó con el estudiante de la normal de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, “que hasta se les escapó el principal perpetrador”.
También dijo que es increíble que no se haya llevado a la justicia a los feminicidas, a pesar de que hay señalamientos directos y datos precisos de dónde se ubican y cómo actúan, “no hay una estrategia clara de cómo dar con el paradero de los responsables para ejercer las órdenes de aprehensión, todo que a medias”.
El director de Tlachinollan declaró que los mandos militares en las áreas civiles han dejado una gran deuda con el pueblo de Guerrero en cuanto a procuración de justicia.
“Por ello insistió que es un mal augurio que nuevamente se nombre a un militar, porque sabemos que no conoce el trabajo con víctimas, porque no solo se requiere tener algún título sobre derechos humanos, se necesita haber trabajado como defensor de derechos humanos, porque eso te da una perspectiva diferente de cómo atender los delitos graves y de alto impacto y como escuchar a las víctimas”.
Pero reprochó que lo que se ha visto hasta ahora con los militares en las áreas de seguridad y justicia es un desprecio a las víctimas, a las que se les vuelve a victimizar diciendo que por culpa de ellos tuvieron ese destino fatal, “se mancilla la memoria de las víctimas, por los mismos que investigan y las mismas autoridades hacen eso, en lugar de irse contra los perpetradores.

Espera el Centro Minerva Bello que el nuevo fiscal respete los derechos humanos

Por su parte, en un comunicado, el Centro Minerva Bello manifestó que “le preocupa la militarización de las instituciones encargadas de la procuración de seguridad y justicia.
Pero que aun así y ante los cambios y nombramientos en los órganos de procuración de justicia “somos respetuosos de ello, esperando que los cambios se acompañen con la sensibilidad, progresividad y respeto de los derechos humanos”.
Agregó que ante el nombramiento del coronel Torres Ojeda, como titular de la FGE, “le exhortamos para que se conduzca con sensibilidad y perspectiva de derechos humanos de acuerdo al contexto de cada caso, bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, objetividad, profesionalismo”.
Pidieron que su gestión frente a la institución investigadora, “procure la transparencia para con las víctimas en su proceso de investigación”.
Pidió que las funciones de investigar y perseguir el delito se acompañen con estrategias integrales, con personal especializado en materia, técnica, legal y científica, con la finalidad de que las victimas accedan a la verdad y a la justicia, garantizando el respeto a los derechos humanos y a la debida reparación integral del daño de víctimas y ofendidos.
“Como centro de derechos humanos nos mantendremos firmes en nuestra demanda de procuración de justicia efectiva”, anunció.
El organismo añadió que Torres Ojeda tiene una gran responsabilidad al asumir el compromiso “de esta alta encomienda y de rendir cuentas claras en los procesos de investigación que dejó su antecesora”.
El Centro Minerva Bello reiteró su compromiso con la agenda de derechos humanos, y advirtió que continuará alzando la voz y “monitoreando de cerca los procesos de investigación de las víctimas y familiares, exigiendo el cumplimiento de los estándares más altos en materia de derechos humanos”.

 

Pese a señalamientos, defiende AMLO derechos políticos de Norma Otilia y Félix

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “el que nada debe nada teme” en el caso de las personas que buscan una candidatura y se les relaciona con grupos del crimen organizado, como la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y de Félix Salgado Macedonio, ambos de Morena
Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, al presidente se le preguntó sobre la restricción de derechos políticos de la alcaldesa Norma Otilia Hernández, por el video donde se le ve con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega, y el reportaje de Latinus donde Ortega asegura que se reunió con un supuesto emisario del senador Félix Salgado Macedonio, quien busca ser reelegido en el Senado.
“El que nada debe nada teme, ¿y si no están involucrados, por qué los van a hacer a un lado? Claro que quisieran los del bloque conservador, (Joaquín) López-Dóriga y Ciro (Gómez Leyva) y (Carlos) Loret que no fuesen candidatos quienes no son de la simpatía de sus jefes, pero todos tenemos derecho a la Constitución a votar y ser votados”.
De igual forma aseguró que si existe una persona que esté involucrada con el crimen organizado y busque un cargo de elección popular, “van a aparecer pruebas” y que más allá de lo moral, si un candidato tiene antecedentes penales, no puede ser elegible.
“Cuando yo dirigí Morena le pedimos a la Fiscalía General, entonces Procuraduría y a todas las instancias, les mandamos la lista de los candidatos. Que eso es lo que yo creo que deben hacer los partidos, es una recomendación ‘a ver, aquí están todos los candidatos’ porque no basta con la carta de no antecedentes penales, y así ya no hay ningún problema”, afirmó.
El presidente acusó que el reportaje de Latinus donde se entrevista a Celso Ortega, líder de Los Ardillos, no cuenta con pruebas suficientes y señaló que pudo tratarse de un montaje y que lo único es el nexo familiar entre Celso Ortega y Bernardo Ortega diputado local por el PRD.
“Loret de Mola se va a Guerrero, supuestamente porque ese es especialista en montajes, a lo mejor lo hizo ahí en el Parque Hundido o en su rancho, allá en su haciendo en Valle de Bravo, puso su set ahí; entonces entrevista a un encapuchado que pertenece a una banda de Guerrero y dice que a él le consta de que los Zetas nos dieron dinero para la campaña. No hay prueba de nada, si acaso de que el que declara es hermano de un diputado del PRD en Guerrero, pero eso tampoco implica al diputado porque en las familias ahí no se puede culpar. Pero de la casualidad”, dijo.
 

No solicitarán medidas cautelares para su campaña al Senado, dicen Félix y Mojica

Los candidatos al Senado por Morena, Beatriz Mojica Morga y Félix Salgado Macedonio, la mañana de este viernes, con simpatizantes, en la avenida Insurgentes de la capital, donde iniciaron su campaña Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los candidatos al Senado por Morena, Beatriz Mojica Morga y Félix Salgado Macedonio, informaron que no solicitarán medidas de seguridad para recorrer el estado, al iniciar su campaña ayer a las 6 de la mañana, con un acto en la calle lateral de la  avenida  Insurgentes en Chilpancingo, junto a la sede de su partido, frente al mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla.
Acompañados con unas 400 personas que llegaron en autobuses y camionetas del servicio público de las diferentes regiones, expresaron que van a defender las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que siga la transformación.
En entrevista, coincidieron en que no pedirán seguridad para recorrer la entidad, pero ya tienen un mapa de riesgos que les dieron las autoridades electorales.
Félix Salgado añadió que su campaña será austera y pacífica, porque el mapa no contiene recomendaciones especiales para evitar regiones o municipios.
Asimismo, Mojica Morga dijo que “todo el estado es transitable” para poder realizar la campaña política, que arrancan en conjunto, pero se dividirán el territorio con Salgado Macedonio para poder visitar la mayor cantidad de municipios posibles.
A Salgado Macedonio se le preguntó porqué cambió de opinión y buscó la reelección al Senado, si antes se pronunció en contra de los actores políticos que repiten el cargo. Explicó que resultó favorecido en los sondeos aplicados por Morena. Beatriz Mojica agregó que “el pueblo decidió”.
El senador argumentó que quienes van por la reelección tuvieron la mejor puntuación, y que es necesario su participación, para que Morena tenga mayoría en el Senado de la República para poder eliminar las plurinominales, entre otras disposiciones políticas vigentes.
Ambos se negaron a opinar sobre la renuncia al PRI del ex candidato a la gubernatura, Mario Moreno Arcos, para competir por el Senado de la República abanderado por Movimiento Ciudadano.
Antes de cerrar el acto llegó al lugar el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, para felicitar a los candidatos y levantarles la mano en señal de triunfo, afirmando que “esta es la fórmula ganadora”.
En el acto político, Félix Salgado informó que ayer se reunirían con la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, a las 11 de la mañana en la Ciudad de México, antes del inicio de su campaña presidencial, programado a las 4 de la tarde en el Zócalo.
Insistió en que tendrán una campaña austera para evitar sanciones del INE, “nos diga que rebasamos el tope”. Indicó que no habrá espectaculares, playeras, gorras ni otro tipo de artículos con propagandas a favor de la fórmula de Morena al Senado de la República.
Ambos indicaron que van a recorrer el estado en sus propios vehículos, “nada ostentoso, para ahorrar recursos y únicamente repartirán panfletos que les fueron donados”.
Mojica Morga detalló que este sábado ella visitará Huehuetán, Azoyú, Juchitán, Igualapa y Ometepec, en la Costa Chica, mientras Salgado Macedonio recorrerá La Unión (Coahuayutla), Zihuatanejo, Petatlán, Tecpan, Atoyac, San Jerónimo, Coyuca de Benítez, y se reunirán al final del día en Acapulco.
Luego, Mojica Morga irá a municipios de la Tierra Caliente y Salgado Macedonio de la Montaña.
Tras el acto, partieron en caravana con autobuses y camionetas a la Ciudad de México.
En el arranque de campaña estuvieron la directora de Becas de la Secretaría de Bienestar Estatal, Eloísa Rodríguez Téllez, la subsecretaria de Migrantes Internacionales, Alondra García Lucatero, y el ex secretario particular del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Armenta Adame.
Así como las diputadas locales Estrella de la Paz Bernal y Gloria Citlali Calixto Jiménez, así como los tres aspirantes a la alcaldía de Chilpancingo por Morena, Alejandro Mendoza Pastrana, Jorge Salgado Parra y Oscar David Galena Cuevas.

 

Por desesperación, dichos del presidente, sostiene el senador Emilio Álvarez Icaza

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El senador Emilio Álvarez Icaza respondió a los señalamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre su participación en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Mediante una publicación en X (antes Twitter), el senador afirmó que el caso Ayotzinapa es un estigma que llevará el presidente el resto de su vida, y agregó que mencionarlo es muestra de su desesperación.
“ #NarcoPresidente y #AyotzinapaFueElEstado son dos estigmas con lo que López Obrador cargará el resto de su vida y, en lo que proceda, ante la justicia internacional. Que me mencione y mencione a organizaciones y defensores de #DDHH ya no es novedad. Es la manifestación de su desesperación”, escribió Álvarez.
El ex secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), agregó que el presidente López Obrador “es el gran encubridor” de militares y personas involucradas en la desaparición de los normalistas y pidió una explicación de esa cobertura a los responsables.
“Ilegal y personalmente, López Obrador conduce la investigación de #Ayotzinapa, entonces explique ¿por qué encubre a militares y criminales involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes?”.
Aseguró que en caso de que Claudia Sheinbaum no obtenga el triunfo en las elecciones presidenciales del presente año, López Obrador deberá responder a la justicia por acciones de su administración.
“El #NarcoPresidenteAMLO sabe (lo sabe muy bien) que si su corcholata no gana, tendrá enfrente a la justicia para que responda por los daños de su gobierno fallido”, puntualizó.
En la conferencia de este viernes, López Obrador se refirió a Álvarez Icaza como un “pseudo defensor de derechos humanos, un farsante” y le acusó de querer utilizar el caso Ayotzinapa con fines políticos.

 

Los militares liberados no han sido exonerados, responde la asociación nacional de jueces

 

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), rechazó que los ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa recibieran una ventaja indebida al obtener su libertad provisional, como lo afirmó la Fiscalía General de la República.
En respuesta al comunicado difundido anteayer por la FGR, la asociación que representa a más de mil 500 impartidores de justicia del país respaldó a la juez y los magistrados federales que dictaron el cambio de medida cautelar.
“Las 8 personas pertenecientes a las fuerzas armadas no han sido exoneradas; la formal prisión que se dictó en su contra por el delito Desaparición Forzada de Personas, sobre los hechos del ‘caso Ayotzinapa’, está vigente y deberán continuar con el proceso, hasta que se decida si son culpables o inocentes”, dijo la JUFED.
La resolución, subrayan, “es que deben continuar con el proceso, pero en libertad provisional, y por eso consideran que “las autoridades jurisdiccionales involucradas no otorgaron una ventaja indebida a esas 8 personas, antes bien, se realizaron con apego a la Constitución, Tratados Internacionales y Resolu-ciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin comprometer los derechos de las víctimas ni las facultades de la Fiscalía”.
La asociación civil dio a conocer la versión pública del fallo del Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, que ordenó llevar a cabo una nueva audiencia para dictarle a los militares una medida cautelar distinta a la prisión preventiva de oficio.
La JUFED explicó que, a través de una demanda de amparo, los militares consiguieron una suspensión definitiva para que se realizara la audiencia de modificación de la prisión preventiva. El fundamento de la resolución es una jurisprudencia obligatoria que señala que dicha medida cautelar es contraria a los tratados internacionales.
“”Contra esa resolución, el fiscal no se inconformó; en cambio, las 8 personas sí”, dijo el organismo.
El tribunal colegiado confirmó el fallo de primera instancia en una sesión del pleno a la que las víctimas no asistieron, a pesar de estar debidamente notificadas, y en cumplimiento a esa determinación la juez concedió la libertad provisional, expuso la asociación civil.
Puntualizó que la liberación de los soldados no es definitiva porque la FGR y las víctimas pueden apelarla y en caso de que esta impugnación les fuera adversa, las víctimas tendrían el derecho de acudir al juicio de amparo.
“Si la Fiscalía o las víctimas consideran que, con el comportamiento que observen esas 8 personas en libertad provisional a partir del sábado 20 de enero de 2024, se genera peligro de que se fuguen, de que hay riesgo para las víctimas o los testigos o de que se ponga en riesgo la buena marcha del proceso, podrán solicitar nueva audiencia para que, si lo justifica, sean sometidas de nuevo a prisión preventiva”, precisó la JUFED.

 

Evalúan AMLO, Evelyn y ediles de Acapulco y Coyuca en Palacio Nacional la reconstrucción

Redacción

Chilpancingo

El presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete se reunió ayer en la tarde con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y los alcaldes de Acapulco y Coyuca de Benítez, Abelina López Rodríguez y Ossiel Pacheco Salas, en Palacio Nacional, para evaluar los trabajos de reconstrucción por las afectaciones del huracán Otis.
La reunión semanal que se ha venido realizando en Guerrero, se realizó este año en la Ciudad de México, informó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través de sus redes sociales.
En mensajes de texto y en video publicados casi a las 9 de la noche, indicó que acaba de salir de “una reunión muy productiva” en el Palacio Nacional con el presidente e integrantes del gabinete federal, para evaluar los avances de la reconstrucción de Acapulco.
Enfatizó que ayer fue la primera reunión de seguimiento y evaluación de 2024 sobre las acciones de recuperación tras el paso del huracán Otis, “(y) que no se ha descuidado un solo momento las labores de rehabilitación, tras el impacto de este fenómeno meteorológico”, y como avances destacó la reactivación de Acapulco”.
Por el periodo vacacional, agradeció a los visitantes “que de manera solidaria estuvieron con nosotros (en Acapulco) durante estas fechas y quienes al igual que los guerrerenses pudieron disfrutar de un espectáculo de pirotecnia y drones que engalanaron el cierre del año 2023 aquí en Guerrero.
Reconoció que todos “pusieron su granito de arena para que nuestro bello puerto volviera a brillar, fue una noche de pirotécnica muy especial. Fue la luz de la esperanza para nuestro puerto, y estoy segura de que Acapulco seguirá brillando gracias al apoyo de todas y de todos ustedes”.
Sobre esta reunión, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, informó que se dialogó con el mandatario federal y demás autoridades, con el fin de definir estrategias para atender las necesidades del municipio.
En el encuentro, destacó el gran apoyo que el gobierno federal ha brindado a Acapulco, el cual se ha visto reflejado en la recuperación económica del puerto, ya que en esta temporada vacacional se han reportado buenos números para el destino turístico.
Informó que en la mesa de trabajo, el presidente reiteró su apoyo para trabajar de manera conjunta entre la federación, el estado y el municipio, con la convicción de sacar adelante a Acapulco, luego del paso del huracán Otis.
Asimismo, los integrantes del gobierno reafirmaron su compromiso de seguir en estrecha coordinación para continuar con la reactivación de Acapulco.

 

Reitera AMLO críticas al Poder Judicial por la liberación de implicados en caso Ayotzinapa

Juan Luis Altamirano Uruñuela

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los integrantes del Poder Judicial por las resoluciones tomadas en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente mencionó la decisión en la que al Ministerio Público se le dio un plazo de diez días para aplicar el Protocolo de Estambul buscando demostrar que los supuestos participantes fueron torturados, asegurando que el protocolo puede tardar hasta un mes.
“El Ministerio Público los acusaba y este Tribunal, estos magistrados le dijeron al Ministerio Público, ‘nos vas a resolver en diez días aplicando el Protocolo de Estambul si fueron o no torturados y si en diez días no me demuestras que fueron o no torturados, quedan en libertad’, y los dejó en libertad, y algunos eran inocentes pero otros no, tengo pruebas de que sí habían participado en la desaparición de los jóvenes”, comentó.
El presidente cuestionó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desconocieran la resolución que dejó en libertad a los supuestos participantes en la desaparición de los normalistas.
“Y yo me pregunto: ¿Esta decisión la tomaron los magistrados sin consultar a los ministros de la Corte o al presidente de la Corte en ese entonces? Porque no es cualquier resolución”.
López Obrador precisó que ha constatado la participación de las personas que fueron liberadas debido a que se volvieron testigos protegidos y aceptaron estar involucrados en la desaparición de los 43.
“¿Y por qué digo que sí habían participado? Porque posteriormente se convierten en testigos protegidos y ellos mismos confiesan que habían participado, entonces ¿cómo resolvemos eso? Que los jueces no actúen por consigna o por dinero” indicó.
El 10 de noviembre el presidente aseguró que el Poder Judicial realizó un “sabadazo” para llevar a cabo la audiencia en la que se aprobó el cambio de medidas cautelares del exprocurador Jesús Murillo Karam, señalado por su participación en la llamada Verdad Histórica.
“De repente llega una orden de un juez, cero que la última que llegó fue que, en dos horas ¿no?, en dos horas dejar libre a un delincuente, dos horas. De suerte que estaban ahí pendientes y había otras denuncias y se evitó que saliera. Porque por lo general son 48 horas antes, pero acá un sabadazo” acotó.
En la conferencia de prensa del 14 de diciembre, López Obrador remarcó que él se mantiene a cargo de las investigaciones del caso Ayotzinapa y que se había encontrado cosas raras en la misma.
“Con lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, me metí a ver todo, me estoy metiendo a ver todo. Declaraciones de detenidos, los torturados y todo. Y me estoy encontrando cosas raras, muy raras, o sea, porque está enmarañado todo el asunto”, argumentó.

 

Es un llamado tramposo, sorpresivo, no da tiempo de organizarnos: Vidulfo Rosales

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que si no hay una reunión previa con el gobierno federal para diseñar el proceso de revisión de documentos que propone la Presidencia de la República sobre el caso, los familiares de los normalistas van a desconocer ese proceso y la convocatoria.
Ayer se publicó un comunicado del gobierno federal en el que dice que dará acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa a madres y padres de los estudiantes desaparecidos, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024.
Consultado al respecto, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que es una decisión unilateral, que no se convoca a los representantes jurídicos de los padres y que probablemente ya incluso hay un proceso diseñado.
Expuso que para aceptar la convocatoria sería necesario que antes del 4 de enero se celebre una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), y diseñar el proceso de revisión, cuál será el mecanismo y quiénes van a participar, pero tendrían que estar quienes conocen el caso; es decir, representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Explicó que querer hacer a un lado a las organizaciones que han acompañado y dado asesoría jurídica a los padres, es dejarlos en indefensión porque son documentos técnicos los que se tienen que revisar y requieren de asesoría técnica y jurídica, “los padres tienen derecho a estar asesorados”.
Afirmó que el llamado del gobierno además es tramposo porque los padres ya han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado.
“Dice que se van a abrir los archivos, pero no dice quiénes van a participar. Es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una decisión importante, pero es una decisión ambigua y sorpresiva, no nos da tiempo de organizarnos”, expuso.
El documento menciona que los padres y madres de los 43 faltaron a dos reuniones, el abogado precisó que a la primera no pudieron asistir porque el subsecretario Arturo Medina venía llegando tras la salida de Alejandro Encinas, y no hubo ni siquiera la intención de presentarlo para informar que sería con él con quien se iba a trabajar.
“Esperábamos una reunión con el presidente para que nos dijera quién era el nuevo subsecretario, pero no, renuncia Encinas y se nos convoca a una reunión, nos pareció grosero, además los padres venían de una reunión con la CIDH en la que se les maltrató, la respuesta del Estado parecía una respuesta de los militares, no de autoridades civiles, por eso no se fue a esa reunión”.
De la segunda reunión de la Covaj a la que no asistieron, informó que fue por un problema de logística, no pudieron conseguir autobuses.
Consideró que la apertura de los documentos debe de ser un proceso en el que se convoque a los padres de familia, pero “es una clara acción de ventaja que está tomando el gobierno federal para abrir archivos, pero qué archivos”.
“Vemos que es con el propósito de que se revise lo que ellos quieran y que ya no aparezca nada en los documentos, que digan que no hay nada o que ya hayan sido manipulados, rasurados”, advirtió.
Cuestionó por qué el gobierno federal no convocó a una reunión, “por qué no se acordaron los términos y ya hay un plazo sin una reunión previa para prepararse, cuando son cientos de documentos”.
Dijo que el presidente López Obrador trata de adelantarse para dejar fuera a la representación y asesores jurídicos y no está claro el procedimiento, “debería de participar la parte técnica, además se da en un contexto en el que el presidente viene golpeando a las organizaciones sociales, desprestigiando, medrando nuestra presencia en el proceso”.
Insistió en que el proceso debe de ser “un proceso bilateral, construido con los padres de familia, y si no se hace de esa manera será desconocido el llamado”.

 

AMLO: se entregaron ya apoyos federales a 270 mil familias de Acapulco y Coyuca

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador afirmó que se han entregado apoyos del gobierno federal a 270 mil familias de Acapulco y Coyuca de Benítez, tras el impacto del huracán Otis.
“Se han apoyado hasta ahora a alrededor de 270 mil hogares, 270 mil familias han recibido ya sus apoyos, ya estamos por entregar todos los recursos que corresponden a quienes fueron afectados por el huracán con daños a sus viviendas y también a quienes perdieron o se les afectaron sus locales, sus pequeños negocios”, explicó.
Al inicio de la conferencia de prensa matutina de este jueves, López Obrador remarcó que se mantiene el operativo de pagos de reconstrucción de viviendas y locales comerciales a las familias que fueron censadas.
El presidente indicó que este jueves estaría visitando Acapulco para realizar una evaluación general de los avances de la reconstrucción en la zona que resultó afectada por el huracán.
“Vamos a estar en Acapulco por la tarde, se va avanzando en la reconstrucción. Ya se están terminando de entregar los apoyos para la reparación de las viviendas, de los pequeños locales comerciales”, dijo.
Añadió que hasta el miércoles, tenían un reporte de dispersión de 12 mil millones de pesos entregados por concepto de reconstrucción, agregando que se mantiene la entrega de despensas.
“Llevamos entregados hasta ayer (miércoles), cerca de 12 mil millones de pesos de manera directa, un promedio de 40, 45 mil pesos. La gente está comprando sus materiales de construcción, pagando a maestros albañiles y todos trabajando para tener en buen estado sus casas, sus hogares”.
El presidente pidió felicitar a los afectados de Acapulco y Coyuca de Benítez debido a que a pesar de estar enfrentando una “desgracia”, se mantienen trabajando para la rehabilitación de viviendas.
Se proyectaron fotografías de personas recibiendo su segundo pago por el concepto de reconstrucción, indicando se les solicitó que mostraran imágenes de sus avances en los domicilios, aclarando que el dinero entregado es del presupuesto, “es dinero de todo el pueblo”.
Aseguró que se “malinterpretó” el concepto de autoconstrucción, señalando que no se trata que las personas realicen sus propias construcciones, sino que se brinda conocimiento técnico al respecto.
“La autoconstrucción consiste en que se recibe el apoyo económico, la asesoría técnica, pero la gente, que tiene mucha experiencia y que conoce quiénes son maestros albañiles, los contrata y con ellos va haciendo sus casas. Así se han construido la mayoría de las casas de México, la gente ha hechos sus casas, y esto me da mucho gusto”.
Según el calendario de pagos presentado por la Secretaría de Bienestar, el viernes 29 corresponde el pago a los apellidos cuya primera letra es S, el sábado 30 es para letras T,U,V,W,X,Y,Z. El operativo concluye el próximo domingo 31 para las personas rezagadas en pago.

 

Tergiversa y falsea el presidente su actuar en el caso Ayotzinapa, responde el Centro Prodh

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respondió mediante un comunicado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus señalamientos a la organización en su actuar en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Aseguraron que en la conferencia de prensa matutina de este lunes se generó “desinformación y se tergiversó la realidad” sobre el papel del Centro, razón por la que presentaron diez aclaraciones al respecto.
En un primer punto, indicaron que respecto a la sentencia aludida por López Obrador en la que se liberó a presuntos responsables al demostrar tortura, señalaron que el Consejo de la Judicatura Federal “ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dadas las irregularidades detectadas”.
Como segunda acotación indican que la investigación que derivó en la llamada Verdad Histórica, “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal”, además de que no hay investigación en los actos de tortura.
“En estos juicios de amparo en revisión, los padres y las madres de familias de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes, incluyendo al Centro Prodh, no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Los juicios fueron directamente iniciados por los acusados”, aclararon.
Como cuarto apéndice señalaron que en 2018, el Centro Prodh señaló que la sentencia confirmó que la verdad en el caso Ayotzinapa “no está dicha” y que se incurrieron en “múltiples irregularidades durante la investigación”.
“Académicos, organismos de derechos humanos y otros actores políticos, incluso personas que después se integraron al actual gobierno federal, saludaron la resolución dado que confirmaba que la versión oficial sobre el destino de los normalistas fue construida con prueba ilegal” señalan en el quinto numeral.
En el sexto punto indicaron que tras la resolución de las instancias correspondientes, pruebas reunidas por la Subprocuraduría Especiali-zada en Delincuencia Organizada (SEIDO), fueron invalidadas al estar relacionadas con “detenciones arbitrarias y actos de tortura”.
La séptima aclaración indica que el Centro ha buscado para que ninguna persona torturada sea juzgada en el país basándose en pruebas ilícitas, acorde a lo establecido en los derechos humanos.
“Ni el Centro Prodh, ni ninguna de las organizaciones que representan a los padres y a las madres, promovimos ninguna solicitud para que fueran dejados libres, ni representamos legalmente a los acusados, ni estuvimos detrás de la sentencia, como se ha dicho en las conferencias presidenciales. Sugerir que incurrimos en prevaricato o conflicto de interés es falso”, destacaron.
Sobre la participación de Mario Patrón en el Centro Prodh, la octava aclaración afirma que se caracterizó por trabajar con la “más absoluta honestidad” y que las decisiones del Centro no son unipersonales.
“Afirmar que el Centro Prodh y otras organizaciones no permiten que las víctimas en este caso, o en otros, hablen con otros actores políticos y/o con medios de comunicación no sólo es falso, sino que también supone negar la propia agencia de las víctimas sobre sus procesos y luchas. Los padres de Ayotzinapa deciden sus propias estrategias y caminos; las organizaciones solamente les aconsejamos y acompañamos”, indicaron en la novena aclaración.
Como último punto indicaron que el Centro se mantendrá con su labor de defensa de los derechos humanos y señalaron que el Ejército no ha entregado información relevante para el caso.