Denuncian familiares de desaparecidos que AMLO busca reducir los casos por las elecciones

Se oponen al nuevo censo que hace unas semanas el presidente anunció con el argumento de tener cifras más confiables

Karina Contreras

Diversos colectivos de familiares de desaparecidos señalaron que el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para un nuevo censo de personas desaparecidas tiene el objetivo de bajar las cifras debido a las próximas elecciones presidenciales.
Dijeron que no saben cuál es la metodología que se está utilizando y “ellos pueden decir lo que se les dé la gana para minimizar, más en este momento que hay próximas elecciones, para poder decir que han trabajado más contra la desaparición de personas forzadas”.
Hace unas semanas el presidente López Obrador anunció que se hará un nuevo censo “confiable” de las denuncias de las personas desaparecidas, porque considera que hace falta una actualización.
Para ello se apoyará en los Servidores de la Nación, los gobiernos del estado y las Fiscalías para tener certeza de cuántos desaparecidos hay realmente.
La madre de José Israel Martínez Retana, secuestrado y desaparecido el 13 agosto de 2017, Patricia Retana, señaló que con esa iniciativa el “presidente quiere volver a desaparecer a nuestros desaparecidos y eso no lo vamos a permitir. Para él nada más somos números, nuestros familiares nada más son número y eso no es, son personas”.
Insistió en que el presidente los quiere volver a desaparecer, “ya nos desaparecieron una vez y lo quieren volver a hacer”.
Por su parte, el integrante del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Julio Mata, dijo que el censo que anunció el presidente ya lo están haciendo desde hace un mes, pero no saben cuál es la metodología y “pueden desaparecer a los desaparecidos, una desaparición administrativa”.
“Lo que buscarían tal vez es bajar el número de desapariciones. Tenemos más de 110 mil desapariciones en el país, a lo mejor digan son 90 o 70 mil. No sabemos lo que vaya a pasar, pero estamos atentos”.
Señaló que hay más de 50 mil cuerpos en el país sin identificar en los Semefos y un déficit enorme de médicos forenses que pueden hacer estudios de ADN.
Consideró que puede ser el doble o triple de las cifras oficiales de 110 mil desaparecidos porque hay gente que no denuncia porque el Ministerio Público está coludido con el crimen organizado. “Los policías estatales y municipales en un momento son los que andan uniformados y en otro momento son los que andan en la calle levantando a la gente. Hay un sinnúmero de desapariciones enorme”.
Agregó que las autoridades saben perfectamente dónde están los grupos delincuenciales, pero son “tolerados, por esos decimos que es responsabilidad del Estado por acción, omisión o complicidad”.
Este martes los colectivos llevaron a cabo una actividad de volar papalotes donde se encuentra el mirador de la Vía Rápida con el objetivo de visibilizar a sus familiares desaparecidos y se da a un día de que se conmemore el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos y el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
La esposa de Vicente Suástegui Muñoz e integrante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Samantha Valeria Colón Morales, dijo que la actividad era para seguir pidiendo justicia y “visibilizando los rostros de nuestros familiares que tenemos desaparecidos”.
Añadió que es para “seguirse diciendo al gobierno que nos hacen falta en casa, que las familias siguen incompletas y seguimos buscando. Que no hagan caso omiso las dependencias que nos tienen que dar seguridad, las que son encargadas de buscarlas y que tienen que estar al frente para ver los casos de los desaparecidos”.
Colón Morales señaló que sus familiares sufrieron desaparición forzada por eso están pidiendo al Estado a sus familiares.
En la actividad participaron 15 personas quienes volaban los papalotes con el rostro de su familiar.

 

Tipificar como delito grave la desaparición de personas, plantean colectivos en iniciativa de ley

En la propuesta que está congelada en el Congreso local, proponen los familiares de las víctimas que se establezca un fondo estatal para localizarlas, además de que la CEBP sea una Comisión autónoma y sugieren que sean sancionados penal y administrativamente los servidores públicos “que realicen prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia”

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Un fondo estatal para las búsquedas, localización e identificación de personas desaparecidas; independencia y autonomía de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEBP); creación de un Consejo Estatal Ciudadano, y que se consideren como delitos graves la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares, son parte del contenido de la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas que propusieron los colectivos de víctimas que está congelada en el Congreso local.
Asimismo, incluye la aplicación de sanciones penales y administrativas a los servidores públicos “que realicen prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia”, y la reparación integral del daño a las víctimas.
La Iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, ingresó al Congreso local el 10 de noviembre del 2022 desde cuando los representantes de colectivos vienen exigiendo que se le dé trámite y han participado en reuniones con diputados locales para “actualizarla y enriquecerla” sin que se haya turnado a comisiones.
En la propuesta de iniciativa de ley se propone la creación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para “coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento entre las distintas autoridades estatales y municipales relacionadas con la búsqueda de personas”.
El Sistema lo presidiría el secretario de Gobierno en turno y lo integrarían los titulares de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, de la Fiscalía General del Estado (FGE), el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Consejo Estatal Ciudadano, la titular de la Secretaría de Salud, del Servicio Médico Forense y del titular de la Dirección General de Servicios Periciales.
También se propone que la CEBP sea un órgano administrativo, desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica y de gestión en el desempeño de sus funciones, y que forme parte del Sistema Estatal y Nacional de Búsqueda.
En la iniciativa se propone, asimismo, la creación del Consejo Estatal Ciudadano que sería integrado por dos familiares de personas desaparecidas en cada una de las ocho regiones del estado; dos especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, y un representante de organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos.
Sus integrantes serían nombrados por la Secretaría General de Gobierno, previa consulta pública “y con la participación efectiva y directa de las organizaciones de familiares, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los grupos organizados de víctimas y expertos en las materias de esta Ley y la Ley General”.
Se destaca en la propuesta que el gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, proveerá al Consejo Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones.
Además, se plantea que la CEBP deberá gestionar ante el gobierno federal la creación y operación de un Centro Regional de Identificación Humana.
También se establecen sanciones “en términos de lo dispuesto en las leyes aplicables” a los servidores públicos que incumplan con las solicitudes para la búsqueda de personas que sean requeridas por la citada Comisión.
En la propuesta se habla de la creación de un fondo estatal para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y que la o el titular del poder ejecutivo del estado deberá incluir los recursos para su financiamiento en el proyecto de presupuesto de egresos de cada año.
Refiere que dicho fondo no podrá ser menor al 0.030 por ciento del presupuesto anual estatal y que será administrado por la instancia que disponga la Comisión Estatal de Búsqueda en su propio reglamento interno.
En cuanto a las responsabilidades administrativas y los delitos, en el titulo tercero de las disposiciones generales señala que serán considerados delitos graves que atentan contra los derechos de la vida, la integridad, la salud, las garantías judiciales, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la personalidad jurídica de las víctimas directas, la desaparición forzada de personas, la desaparición cometida por particulares y serán aplicables las disposiciones señaladas en la Ley General, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y demás leyes aplicables.
Refiere que estos delitos serán perseguidos de oficio “y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la persona desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados”.
En el capítulo segundo relacionado con las responsabilidades administrativas se establece que las y los servidores públicos contemplados dentro de esta Ley que, con motivo de sus funciones y atribuciones, realicen prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia, “deberán ser investigados y sancionados conforme a la legislación penal y/o administrativa aplicable”.
En el capítulo tercero se incluye la obligación del Sistema Nacional y Estatal de Búsqueda, de la Fiscalía Especializada y el Servicio Médico Forense, para crear el registro estatal de personas desaparecidas; el registro estatal de fosas; el registro estatal de personas fallecidas no identificadas; el banco estatal de datos y herramientas necesarias para cumplir con su objetivo.
En cuanto a los derechos de las víctimas, el artículo 113 establece que la CEBP debe proporcionar a las víctimas de los delitos previstos en la Ley General, las medidas de ayuda inmediata; ayuda, atención, asistencia, protección y, en su caso, la reparación integral y las medidas de no repetición.
“Los familiares, a partir del momento en que tengan conocimiento de la desaparición, y lo hagan del conocimiento de la autoridad competente, pueden solicitar y tienen derecho a recibir de inmediato y sin restricción alguna, las medidas de ayuda, asistencia y atención previstas en La Ley General de Víctimas y la Ley número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, según corresponda”, se establece.
Asimismo, la propuesta de iniciativa contempla que la Fiscalía Especializada, en el ámbito de sus competencias, “debe establecer programas para la protección de las víctimas, los familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, investigación o proceso penal de los delitos previstos en esta Ley, cuando su vida o integridad corporal pueda estar en peligro, o puedan ser sometidas a actos de maltrato o intimidación por su intervención en dichos procesos”.
También se incluye la Declaración Especial de Ausencia, mediante la cual los familiares y “otras personas legitimadas por la ley y el Ministerio Público” podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional en materia civil que corresponda según la competencia, que emita la Declaración Especial de Ausencia en términos de lo dispuesto en esta Ley General y las leyes aplicables.
“La Declaración Especial de Ausencia tiene como finalidad reconocer y proteger la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida, así como otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares de la persona desaparecida”, se explica.
En cuanto a las medidas de reparación integral a las víctimas, en el artículo 136 señala que las víctimas de los delitos establecidos en la Ley General tienen derecho a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley Número 450 de Víctimas del Estado del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Las medidas de reparación integral incluyen la construcción de lugares o monumentos de memoria; una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas; recuperación de escenarios de encuentro comunitario, y la recuperación de la honra y memoria de la persona o personas desaparecidas.

Acude la Comisión Nacional de Búsqueda a Puente Campuzano llamada por una familia

Funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda, resguardados por elementos del Ejército Mexicano, realizaron una búsqueda individual en la comunidad de Puente Campuzano del municipio de Taxco.
Los enviados de la Comisión se detuvieron en la gasolinera ubicada frente al Instituto Tecnológico, en el Periférico Norte de Iguala, después de concluir su jornada de labores.
Los trabajos de ubicación y localización de personas no localizadas por parte del personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, fue requerida por una familia ajena a los colectivos de personas desaparecidas, y que reportó a su familiar extraviado y que les dieron indicios de que pudieron haberlo visto en la comunidad de Puente Campuzano, en Taxco.
En la comunidad Puente Campuzano, se ubica el Pozo Meléndez, conocido también como la Boca del Diablo, que tiene una profundidad de 160 metros y era utilizado por grupos de la delincuencia organizada como tiradero de cuerpos y fue clausurado en los años noventas, sin embargo el Colectivo de los Otros Desaparecidos de Iguala, realizaron tres diligencias fallidas en diferentes fechas desde 2017.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, del primero de enero de 1962 al 20 de agosto del 2023, incluye a 4 mil 137 personas desaparecidas en el Estado de Guerrero, y a nivel nacional se han reportado 292 mil 150 víctimas de dicho delito. (Redacción / Chilpancingo).

 

No les quiere paga el gobierno el salario del Servidor desaparecido, denuncian familiares

Familiares de Miguel Huerta Torres piden a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que deje de dar respuestas “tan inhumanas y sin sustento” para no reconocerlo como víctima. Reprochan a la Fiscalía del estado que no les informe los avances de las investigaciones

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Familiares del Servidor de la Nación Miguel Huerta Torres, privado de la libertad el pasado 28 de febrero en Temaxcalapa, Taxco, reprocharon que no cuentan con el apoyo del gobierno del estado ni de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, ni les dan avances de las investigaciones que realizan para localizarlo.
Además la Secretaría del Bienestar donde trabaja Miguel Huerta, no les quiere pagar los salarios del empleado a pesar de que ya hay una orden de un juez.
Un familiar informó, a condición de que no se revelara su nombre, que este lunes se cumplieron 6 meses de que un comando se llevó al Servidor de una reunión en la comisaría de Temaxcalapa, y la Fiscalía General del Estado no tiene avances.
Expuso que las autoridades no han comunicado nada relevante y por eso han estado buscando una reunión con la gobernadora, de quien dijo que está enterada desde los primeros días del secuestro.
Además de que les niega la audiencia, el gobierno del estado tampoco da acompañamiento o algún otro tipo de apoyo a la familia, denunció.
El olvido institucional lo sufren también de la Secretaría del Bienestar, ya que no han pagado los salarios de Miguel Huerta a pesar de que ya hay una orden judicial, dijo la fuente.
A su vez, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas no los quiere reconocer como víctimas así que no les da el apoyo económico que les corresponde por ley, a sabiendas de que el trabajador del gobierno federal dejó a dos hijos menores de edad que dependían de él, informó.
“Todos nos dejaron solos, parece que ya nadie quiere que se toque el tema, por eso le pedimos a la gobernadora Evelyn que no ponga excusas, que nos atienda, ya son 6 meses y es la fecha que no nos ha recibido”, clamó.
Demandó a la Comisión de Víctimas que deje de dar respuestas “tan inhumanas y sin sustento” para no reconocerlos.
Y a la Secretaría del Bienestar que acate la orden que dio un juez del pago de los salarios.
Consideró que “sólo porque es hombre quieren hacer menos su caso buscando una justificación de su desaparición, como si no fuera importante. Él nunca hizo nada malo, ni se metía con nadie, y todos los que lo conocen, sobre todo los de la localidad donde vivía y fue privado de su libertad también lo saben”.
El día de la desaparición de Miguel Huerta los hombres armados también se llevaron a Lucía Lagunas Álvarez y a su hijo Edgar Moreno Lagunas, quienes fueron liberados la noche de ese 28 de febrero.

Denuncian familiares la desaparición de un adulto de 85 años cerca del Ocotito

Familiares del señor Reynol Magaña Dionicio, de 85 años de edad, denunciaron ayer en conferencia de prensa su desaparición el pasado 16 de agosto entre las comunidades de Ocotito y Zoyatepec, municipio de Chilpancingo y pidieron la solidaridad de la sociedad para su localización.
Reyna Magaña Martínez, hija del desaparecido informó que el 16 de agosto su papá salió de las albercas Panorámica, ubicadas entre dichas comunidades, en donde estaba al cuidado de otro de sus hijos y desde entonces perdieron contacto con él.
Reconoció que su padre padece del alzheimer, pero que nunca se les había perdido
Informó que sus familiares han realizado búsquedas en caminos y poblados vecinos, pero hasta ayer no habían tenido éxito.
Reyna Magaña informó que la semana pasada vecinos de los poblados de Buenavista y de Rincón de la Vía, que se encuentran en el Valle del Ocotito les aseguraron que lo vieron, en el caso de Rincón de la Vía apenas el sábado pasado.
Derivado de ello pidieron a la solidaridad de la sociedad para que si lo llegan a localizar llamen a los teléfonos 7551363207 y 7551421211. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo)