En Arcelia sigue desaparecido el ingeniero de la mina de Temixco, Arcelia, quien fue secuestrado junto a un menor de edad hijo de una pareja de trabajadores de la mina. Al cumplirse una semana del hecho aún no hay resultados de la operación de búsqueda que se implementó con un grupo antisecuestros.
Desde muy temprano en Arcelia en las casas de los secuestrados se reúnen grupos de familiares y mineros para organizarse y pedirle a Dios el regreso de las dos víctimas que fueron secuestradas el sábado pasado.
Los mineros también organizan actividades todos los días en los parques y también afuera de las casas de cada uno de ellos y venden alimentos, ponen juegos infantiles y hacen kermés y el dinero se junta para pagar el rescate de los secuestrados.
Los mineros tienen miedo de hablar y de dar alguna declaración, los familiares sólo piden el apoyo de la sociedad y platican con los comerciantes para pedir que los ayuden con dinero.
No se conoce de que haya llegado algún representante de la mina de Temixco y se desconoce que estén haciendo algún tipo de negociación para el pago del rescate.
Ya no se observan los recorridos del grupo antisecuestros en la cabecera municipal a donde constantemente se le veía por la mañana, tampoco se ha reportado su presencia en los caminos hacia la mina. (Israel Flores/ Coyuca de Catalán).
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Instala la Comunitaria Tecampanera más retenes en los caminos a Teloloapan, informa
Integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera y del Movimiento Apaxtlense Adrián Castejón (MAAC), instalaron más retenes de vigilancia en los caminos a la cabecera municipal de Teloloapan que eran usados por delincuentes.
En recorridos este miércoles y ayer se supo que hallaron una antena de comunicación que dijeron que posiblemente era usada por la delincuencia organizada para usar frecuencias de radio y escuchar a las corporaciones de seguridad.
Vía telefónica el coordinador Blanca de la Policía Comunitaria Tecampanera dijo que desde ayer ampliaron los puntos de vigilancia y revisión en la salida a Tierra Blanca, hacia el municipio de Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco), a la parte sur del Estado de México y hacia Arcelia en la región Tierra Caliente, ante la reciente violencia en la zona, como asesinatos y secuestros masivos de personas.
Este martes el coordinador Blanca dio a conocer que eran 200 integrantes y que cada día se estaban sumando más de forma voluntaria, ya que cerca del 80 por ciento de la población de Teloloapan, de unos 60 mil habitantes, han sido víctimas de secuestros, asesinatos, extorsiones o levantones.
Consultado por separado, uno de los coordinadores del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) que apoya a la comunitaria de Teloloapan, informó que hallaron en unas cuevas a la salida de Tierra Blanca restos de comida, lonas y ropa, y que la zona era ocupada por criminales de La Familia Michoacana, a donde llevaban a secuestrados.
Dijo que el lugar fue ubicado por una de las víctimas de secuestro.
La semana pasada los comunitarios capturaron a cuatro delincuentes que participaron en el plagio, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades federales.
Del hallazgo de la antena, presuntamente usada por la delincuencia, dijo que se le notificó a la Policía Federal.
Celebra Rogelio Ortega que haya un registro de secuestrados, pero hace falta cultura de la denuncia, dice
El gobernador Rogelio Ortega Martínez celebró que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) lleve un registro de los trabajadores secuestrados.
“Qué bueno que ahora se lleve un registro de las personas desaparecidas y de las personas que sufren de secuestro”, dijo.
El viernes, después de registrarse para ser secretaria general de la sección 36 del Sntsa por tercera vez, Beatriz Vélez Núñez dijo que en dos años 148 trabajadores de la Secretaría de Salud han sido secuestrados, 17 están desaparecidos y señaló que los municipios con mas incidentes son La Unión, Coahuayutla, Zitlala, Chilapa, Acapulco, Chilpancingo y la región de Tierra Caliente.
Durante la tarde de este sábado el gobernador firmó el acuerdo para el protocolo de la Alerta Amber en Guerrero, en la sala Ignacio Manuel Altamirano del Palacio de Gobierno, donde enfatizó que el crimen organizado no sólo se ve relacionado con el narcotráfico sino con el secuestro, la extorsión y la trata de personas.
Al término del acto protocolario donde participó la fiscal para delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, Ángela Quiroga Quiroga, se le preguntó al gobernador sobre el dato dado a conocer por la dirigente del Sntsa.
El gobernador señaló que es “bueno” que se realice un registro sobre las personas que sufren de secuestro, rapto o agresiones, pero insistió que hace falta cultura de la denuncia.
Durante la consulta se le preguntó sobre la información con que cuenta respecto a los casos de los trabajadores del sector salud secuestrados, y si se había reunido con ellos para atender estos casos, y sólo dijo “ustedes son los que nos informan”.
Ante la insistencia de la pregunta, contestó que “nosotros todos los días tenemos el reporte de lo que sucede en el estado de Guerrero, a partir de las denuncias”.
El gobernador recordó el caso de los dos médicos y un trabajador de la Secretaría de Salud que desaparecieron al pasar por el poblado de Xolapa rumbo a Acapulco, lo que calificó como un caso “dramático”, ya que los familiares no reconocen los resultados de los peritajes.
Señaló que este tema le corresponde directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE), que deberá dar solución y atención a las víctimas y familiares.
La firma del acuerdo por el que se expide el protocolo para la activación de la Alerta Amber en el estado consiste en que la estructura del gobierno deberá establecer estrategias permanentes y necesarias para localizar a menores extraviados.
Durante la intervención de la fiscal para delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, Ángela Quiroga Quiroga, enfatizó la importancia de que el gobierno cumpla con las normas establecidas para lograr resultados palpables en la búsqueda de los menores.
Por su parte el gobernador señaló que con este programa federal se está ayudando a evitar que los niños y adolecentes sufran de los actos cometidos por la delincuencia que atenta contra su integridad.
En el acto también estuvo el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien señaló que la búsqueda de los infantes será una prioridad, en la que buscará involucrar a todos los sectores sociales para proteger la vida y libertad de los menores.
En dos años hay 148 trabajadores de Salud secuestrados y 17 desaparecidos, informa la secretaria del Sntsa
Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo
La secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Beatriz Vélez Núñez dio a conocer que en los dos años que ha estado al frente del sindicato ha habido 148 trabajadores secuestrado y 17 desaparecidos.
Al término del mitin realizado minutos antes de registrar su planilla para participar por tercera vez para ser líder sindical, la funcionaria y también diputada federal por el PRI, informó que el sector salud a sido “lastimado”.
“Tenemos muchos compañeros desaparecidos y en todos los casos he estado al pendiente, me reúno con sus familiares”, agregó.
Insistió que este problema lo debe atender el gobierno del estado, así como la federación.
Señaló que le toca al gobierno del estado “poner orden”, e hizo referencia a su comité sindical, al que le corresponde atender los casos de trabajadores del sector salud que resulten afectados, aunque no mencionó a los 60 trabajadores del hospital de Filo de Caballos que huyeron por la violencia.
Comentó que en los dos años se han registrado 148 trabajadores secuestrados, mientras que otros 17 están desaparecidos, pero no dio detalle de las investigaciones de esos casos.
Comentó que algunos trabajadores han pedido su cambio de adscripción y han otorgado alrededor de 122.
Dijo que los lugares con mayor incidentes de violencia, son La Unión, Coauyutla, Zitlala, Chilapa, Acapulco, Chilpancingo y la región de Tierra Caliente.
Trasciende que dos michoacanos fueron secuestrados en Ixtapa el martes
Brenda Escobar / Zihuatanejo
Dos turistas michoacanos desaparecieron la tarde del martes y sus familiares interpusieron una denuncia en la agencia del Ministerio Público en Atención al Turista.
Según fuentes policiacas, los dos individuos Jorge Luis Lara Duarte y Rubén Robledo, fueron secuestrados el martes cerca de las 2 de la tarde, en el entronque hacia la zona hotelera de Ixtapa, en la carretera nacional Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas.
Los familiares de Lara Zárate, Jorge Lara Barajas y Adriana Nava Estrada, presentaron la denuncia por desaparición de persona, pero trascendió que los dos michoacanos, originarios de la ciudad de Apatzingán, en aquella ciudad fueron secuestrados y que sus captores ya contactaron con la familia, y exigen una fuerte cantidad por su liberación.
Sin embargo, en las agencias del Ministerio Público de Atención al Turista y del fuero común existe mucho hermetismo sobre este caso.
Decenas de ellos han sido detenidos y secuestrados, dice en su informe anual la organización
En 2003, ocho periodistas muertos en AL: Reporteros Sin Fronteras
Con al menos ocho periodistas muertos en el ejercicio de su profesión en 2003 y decenas de detenidos y secuestrados, América Latina sigue siendo una tierra de contrastes para la libertad de prensa, seriamente amenazada en países como Cuba y Colombia, y víctima de la inestabilidad política en Bolivia, Ecuador, Venezuela o Perú.
En su informe de 2003 publicado con motivo de la decimocuarta Jornada Internacional de la Libertad de Prensa que se celebra este lunes, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) considera que Colombia sigue siendo el país más peligroso de la región para los informadores.
La muerte de cinco periodistas en 2003 es sólo una parte de la larga lista de ataques que sufren los informadores en el país, atrapados entre la guerrilla y los grupos paramilitares, cuyos ataques aumentaron el año anterior, según RSF.
“Más de 60 periodistas fueron secuestrados, amenazados o agredidos, otros 20 se vieron obligados a abandonar su región o incluso su país (…). El gobierno de Alvaro Uribe aparece cada vez más como una amenaza para la prensa”, asegura el informe.
RSF denuncia igualmente la ola de detenciones llevada a cabo por el gobierno cubano en marzo de 2003, cuando 75 disidentes internos, entre ellos 27 periodistas independientes, fueron encarcelados y condenados a penas de cárcel de hasta 27 años.
“¿Su crimen? Publicar artículos en el extranjero y entrevistarse con diplomáticos estadounidenses. ¿Sus armas? Máquinas de escribir y bolígrafos embargados en sus domicilios”, afirma el informe, acusando al régimen de Fidel Castro de consolidar con esta campaña “el monopolio estatal de la información”.
Según RSF, en muchos países latinoamericanos, la prensa paga el precio de la inestabilidad política. En Bolivia, numerosos periodistas fueron atacados y amenazados por las fuerzas del orden durante la represión de las revueltas que llevaron a la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003.
En Venezuela, más de 80 periodistas fueron amenazados o agredidos al final de la gran huelga contra el presidente Hugo Chávez, en enero y febrero. “El gobierno ha multiplicado las agresiones y presiones contra la prensa”, denuncia RSF.
En Guatemala, la campaña de las elecciones presidenciales estuvo acompañada de una multiplicación de agresiones contra periodistas, uno de ellos (Héctor Ramírez), fallecido.
“Prácticas que creíamos acabadas resurgieron. Los derechos humanos y la corrupción siguen siendo cuestiones peligrosas para los profesionales de la información”, asegura RSF.
En Perú, la libertad de prensa paga las consecuencias de la inestabilidad política “y de un gobierno desacreditado que intenta controlar su imagen”, según este informe, en el que se denuncian los “escándalos de espionaje a periodistas que marcaron 2003”, métodos que “recuerdan la era de Alberto Fujimori (1990-2000)”.
RSF subraya que la impunidad sigue reinando a la hora de establecer responsabilidades en los crímenes de periodistas y cita como ejemplo a Brasil, donde dos informadores perdieron la vida este año, o Argentina, donde a los asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas, muerto en 1997, se les ha aplicado una importante reducción de condena.
La organización también subraya la diferencia entre la prensa nacional latinoamericana, “que tiene gran poder y no padece presiones importantes”, y los medios regionales, “que continúan en conflicto con las autoridades locales, funcionarios o policías, quienes no aceptan la crítica”.
En países como México, Argentina o Perú, por ejemplo, la mayoría de los ataques estuvieron dirigidos contra los medios de comunicación locales, según RSF.
“Desgraciadamente, la prensa nacional no siempre se muestra solidaria con sus colegas de medios regionales y muchos de estos atentados contra la libertad de prensa pasan desapercibidos”, denuncia la organización.
Además de los ocho periodistas oficialmente fallecidos en el ejercicio de su trabajo (cinco en Colombia, dos en Brasil y uno en Guatemala), un periodista (Germán Antonio Rivas) fue asesinado en noviembre de 2003 en Honduras y otro (Daniel Martich) falleció en República Dominicana en circunstancias dudosas, aunque es imposible de comprobar que sus muertes tuvieron relación con el ejercicio de su profesión.