Hoy inician los trabajos de demolición de 32 viviendas inservibles en el fraccionamiento Nuevo Mirador, que pagará el gobierno estatal, porque la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no tiene presupuesto; las familias se reubicarán ahí mismo para evitar que delincuentes roben sus pertenencias.
Este lunes, en el fraccionamiento El Mirador, en una reunión de damnificados por las tormentas Manuel e Ingrid, con autoridades federales y estatales acordaron que hoy iniciarán la demolición de 32 casas inservibles que no estaban habitadas de la manzana 2B, que tenían que haber sido demolidas en marzo de 2017.
En la reunión estuvieron la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretarito de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, y colonos que serán reubicados en un refugio temporal.
Ahí, los funcionarios les informaron a los colonos que serían reubicados mientras se inicia la demolición, pero los damnificados pidieron carpas en el fraccionamiento para estar mientras terminan con los trabajos.
Los colonos dijeron que no pueden irse a algún albergue debido a que en el fraccionamiento no hay seguridad, y temen que los delincuentes roben sus muebles y electrodomésticos.
Los funcionarios manifestaron que no podían comprometerse a proporcionarles láminas y madera, porque no contaban con presupuesto, pero que verían la manera de que alguna dependencia les prestara toldos de plástico.
El secretario de Protección Civil estatal explicó que continuará el procedimiento para la demolición de las viviendas y las acciones preventivas para garantizar la seguridad de las personas por medio de los mecanismos de la demolición.
“Es algo preventivo que se hará en la zona, garantizar la seguridad y evitar que las personas se acerquen al lugar de la demolición para que no se provoque algún accidente”, indicó el funcionario, y detalló que cuando se terminen los trabajos se tomará alguna decisión para ver si se construye en el lugar o no, “con la demolición podemos determinar con los estudios necesarios qué acciones de mitigación se realizarán para ocupar el espacio”.
Por su parte, Mario Moreno dijo que, “la idea es que sientan el apoyo del gobierno estatal, los toldos que pueda conseguir se los haré llegar a Mayares Salvador para que los habiliten”.
La encargada de Sedatu manifestó que las familias serán trasladadas de manera momentánea a alguna zona del fraccionamiento por unas horas, en lo que se trabaja en la demolición de las 32 viviendas.
Informó que en el fraccionamiento serán demolidas las casas, y ya no se construirán más, sólo se dejará la protección para que el resto de las viviendas queden bien.
Alma Aurora Jiménez dijo que en las 32 viviendas no habitaban damnificados porque sabían que estaban mal construidas, y las personas que estarán en protección son las que están cerca de la zona, para que no ocurra algún percance.
Informó que la delegación no cuenta con dinero para hacer la demolición, por lo que el gobierno estatal los apoyará; la Sedatu realiza una gestión a nivel central para ver si les otorgan más de 2 millones 800 mil pesos que cuesta el trabajo.
En cuanto al puente que está en el fraccionamiento, dijo que está concluido por parte de la Sedatu, pero el problema por el que no ha avanzado es que el municipio no ha llegado a un acuerdo con el propietario del terreno, por lo que los damnificados aún no pueden salir.
No se entregará al 100 por ciento las casas a los damnificados de Ingrid y Manuel
La encargada informó que el reto es concluir la construcción de las casas en noviembre, consideró que, “estaremos en el 95 por ciento, porque será imposible cerrarla al 100 por ciento por las empresas que dejaron trabajos a medias”, e indicó que actualmente se tiene el 85 por ciento de la construcción.
Alma Aurora Jiménez dijo que la construcción de las casas de la comunidad El Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) es un asunto “desafortunado”, porque fue una empresa que trajeron de México y dejó los trabajos abandonados, “ha sido una problemática para que reactivaran”.
Informó que la empresa hace unos meses inició con los trabajos, se construyeron 26 de las 29 viviendas que hacían falta, pero no están concluidas ni tampoco los servicios, por lo que la Sedatu procederá legalmente.
Destacó que en oficinas centrales de la Ciudad de México están haciendo trabajos extraordinarios para tener recursos económicos y concluir las viviendas que las empresas foráneas abandonaron.
Precisó que las empresas abandonaron la construcción de las casas en municipios de la Montaña, Chilpancingo y Acapulco.
La detención de las obras se debe a que son empresas que no cumplen, “son empresarios que no son de Guerrero y no tienen idea de lo que cuesta trabajar en el estado”. Además de que, a cuatro años el costo de la vivienda no es el mismo, y muchos “salen corriendo”, pero se llevan un problema legal.
Manifestó que hay comunidades, principalmente de Chilpancingo que se quedaron fuera de un censo, como fue el caso de San Vicente, y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no resuelve. Indicó que han buscado la solución a través de otros programas, pero tiene que a ver una participación del municipio o del estado.
La encargada de Sedatu dijo que a los presidentes municipales les toca atender los servicios públicos de las casas de los damnificados, pero en algunas ocasiones no tienen el dinero para otorgárselos.
Ejemplificó con el caso de Leonardo Bravo, donde los alcaldes no tienen dinero para acercar los servicios, “se entregaran las casas pero tal vez no tendrán servicios”, concluyó.
