Por quinta ocasión se manifestaron damnificados por Otis y tomaron por tercera ocasión las oficinas de recaudación de la Secretaría de Finanzas ubicada en el fraccionamiento Costa Azul, para exigir los apoyos económicos para la reconstrucción y paquetes de enseres domésticos.
A las 9 de la mañana, unas 25 personas cerraron las oficinas de recaudación, asentadas a un costado de la avenida Costera como medida de presión para el gobierno federal.
Los manifestantes advirtieron que ante el nulo acercamiento por parte de las autoridades federales, posiblemente se tomen de manera permanente las oficinas de Finanzas.
“Señor presidente dónde quedó tu palabra de ayudar a todos los damnificados”, “Bienestar necesitamos que des la cara, porque muchas familias no fueron censadas”, “Sedena entrega los enseres, no entregues a tus familiares, respeta el pueblo, estás para cuidarnos no para robarnos”, fueron algunas pancartas mostradas.
En declaraciones a reporteros, la vecina del fraccionamiento Marroquín, Aracely de la O, dijo que no se censó porque se atendió un problema de salud después del huracán Otis, y no estuvo cuando pasaron los “Servidores de la Nación”.
Aseguró que su casa tuvo pérdida total tras el impacto del huracán Otis y afirmó que esta temporada de lluvias se mojan las pocas cosas que tiene en su vivienda.
“Pedimos a las autoridades que vengan a darnos una respuesta a nuestra petición, que nos digan algo, o si de plano ya no nos darán nada, no nos han dicho que el apoyo se acabó”, puntualizó.
Indicó que la mayoría de los damnificados tiene el cintillo (comprobante que fueron censados) y requieren del segundo pago y el paquete de enseres domésticos.
Añadió que otros no fueron censados, pero tienen pérdidas en su casa, “todos los que faltaron tienen una justificación válida”.
“Sólo recibimos una llamada de Gobernación de un tal Osiel, quien se comprometió a ser puente con el delegado del Bienestar y hasta el día de hoy nadie se ha comunicado”, se quejó.
Los inconformes reiteraron que no dejaran la lucha y pidieron a las autoridades de la Secretaría del Bienestar que constaten las afectaciones de sus casas, y para quienes tienen el cintillo se les otorguen los enseres domésticos y apoyos económicos para la reconstrucción de sus viviendas.
Los damnificados son de la unidad habitacional El Coloso, el poblado de La Sábana, colonias Progreso, Vista Hermosa, Zapata, Renacimiento y Providencia.
La semana pasada, los damnificados bloquearon la avenida Costera, frente al Palacio Federal y al otro día cerraron la vialidad frente a la Doceava Región Naval.
Después dos veces tomaron las oficinas de recaudación de la Secretaría de Finanzas, ubicadas en el fraccionamiento Costa Azul.
Integrantes del Sindicato Independiente en el plantón a las afueras del Palacio Federal de Acapulco en la avenida Costera Foto: Carlos Carbajal
Argenis Salmerón
Trabajadores de la sección 23 del Sindicato Independiente del Ayuntamiento ayer liberaron el 80 por ciento del Palacio Federal, y solamente mantuvieron cerradas las oficinas de las dependencias del municipio.
A las 8 de la mañana, los trabajadores del Sindicato Independiente abrieron las puertas del Palacio Federal. solamente dejaron abrir las oficinas del gobierno federal y estatal y las municipales continuaron cerradas como la Secretaría de Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Direccción de Egresos e Ingresos y la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario.
Había personas para hacer trámites en las dependencias municipales, y eran regresadas por los inconformes.
Las demandas de los inconformes son: bases, aumento de salarios, días de descanso, pagos de retroactivos, además de la salida del director de Recursos Humanos, Héctor Salgado Altamirano.
En declaraciones a reporteros, el secretario general del sindicato, Manuel Alcaraz Vázquez, informó que por disposición del diálogo, y de resolver las demandas, se liberó el 80 por ciento del Palacio Federal.
Comentó que ya hubo acercamiento por parte del autoridad del municipio, incluso el miércoles se iba liberar el edificio porque se había firmado una minuta, pero “Héctor dio de baja todas las comisiones y se rompió la mesa de trabajo”.
Advirtió que si no hay respuesta hoy nuevamente volverán a cerrar todo el Palacio Federal y “vamos a continuar hasta que haya solución”.
Sostuvo que no van a bloquear porque aseguró que no están contra la ciudadanía, sino en contra del director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, porque afirmó que es “una persona déspota y prepotente que le gana el odio y rencor”.
“No deja dialogar con los jefes mayores a él y hace su voluntad y no permite que se destrabe el problema”, concluyó.
Los trabajadores de Semarnat, Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía trabajaron de manera normal.
Vecinos de la etapa 1 de la unidad habitacional El Coloso se quejaron que dueños de un matadero de pollos se quieren conectar, de manera clandestina, de la toma de agua que los surte a ellos, por lo cual no están de acuerdo, porque eso va a bajar la presión en el andador Hilario Martínez.
La mañana de este lunes los vecinos evitaron que se conectara la toma por parte de familiares del candidato a alcalde de la coalición PRI-PRD-PAN, Carlos Granda Castro y señalaron a empleados de las oficinas de Las Cruces de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) de estar coludidos con ellos, cuando es una zona que no les toca, sino es a las oficinas de El Coloso, ubicadas en la plaza Patio.
Los vecinos exigen a la CAPAMA que no se permita esas arbitrariedades por esas personas que tienen un matadero de pollo que ya ha perjudicado el drenaje, el cual ha reventado sacando todas las plumas por lo que exigen que acudan al lugar para que revisen la situación.
En un video los vecinos mostraron a una persona que llegó en una camioneta de CAPAMA con el número 657 que exigió que dejaran hacer los trabajos, y cuando le preguntaron su nombre se negó a darlo diciendo “no tengo porque dárselos”, así como mostrar el oficio que autorizaba esa conexión. En el video los vecinos muestras a las personas que pretenden hacer la “toma clandestina” para la pollería del “cuñado de Carlos Granda” y que perjudicará a los vecinos.
Denunciaron que el familiar de Carlos Grande tiene un “matadero clandestino de pollo” al lado del mercado de El Coloso y pretenden hacer la toma para un local de matadero de pollos en una unidad habitacional y los vecinos se quejaron del olor porque “apesta horrible” y en la madrugada no dejan dormir porque se ponen a matar los pollos.
Exigieron que acudan las autoridades porque arrojan los restos de las plumas y desechos al drenaje que ha provocado que se tape y brote en algunos hogares.
Trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cumplieron nueve días en paro para exigir el cese del delegado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Salomón Beltrán Barrera, por hostigamiento, amenazas, acoso y violencia de género.
También desde el miércoles de la semana pasada mantienen tomadas las oficinas delegacionales, luego de que el conflicto entre dos grupos de la sección 14 del SNTE, detonó por el cambio de una secretaria por el término de una comisión, que se realizó un día antes.
El grupo mayoritario, que aglutina a 90 de los 126 trabajadores de los servicios educativos de la zona Norte, exige el cese de Beltrán, mientras que el grupo contrario, que apoya al funcionario estatal, exige la aplicación de una auditoría general de los últimos cinco años para la administración de esta delegación y sus tres subdirecciones, ante presuntos actos de corrupción.
Este martes, los dos grupos se reunieron por separado con autoridades de la SEGs.
Fuentes consultadas informaron que en las reuniones se ofreció a los dos grupos una respuesta en los siguientes días.
Este jueves, el grupo agremiado a la delegación sindical D-III-23 del SNTE, encabezado Leonora Hernández Núñez, mantuvo su paro de labores y la toma de oficinas, mientras que se informó que el delegado habilitó una oficinas alternas.
Se informó que el grupo opositor pretendía protestar en la sede alterna, pero la protesta fue detenida con la mediación de los delegados de Gobierno y Gobernación. (Alejandro Guerrero / Iguala).
Padres de familia de la primaria Bicentenario de la República, ubicada en casas Homex, tomaron el plantel para exigir una auditoría integral por parte de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), porque aseguraron hay malos manejos de los recursos económicos que genera la escuela.
También pidieron la salida del director encargado, Carlos Emilio Salazar, porque argumentan que no ha dado cuentas de todo lo que ingresa a la escuela, así como de los 650 mil pesos que dio la Secretaría del Bienestar para reparar las afectaciones que dejó el huracán Otis y que todavía no se han hecho.
Explicaron que hay clases escalonadas por grupos, que su única protesta es que están evitando que pase el director a la escuela.
Las madres de familia colocaron unas cartulinas, donde se pudo leer: “Fuera el encargado de la dirección, por mal manejo de recursos económicos”, “queremos rendición de cuantas del apoyo del Bienestar”, “trabajadores de la institución nos unimos a la lucha de los padres de familia” y “parte de la base trabajadora exigimos una auditoría”.
La madre de familia Nayeli Rodríguez Talavera dijo que ha habido un mal manejo del dinero por parte del director encargado, pues cada inicio del ciclo escolar ingresa medio millón de pesos, por el cobro de inscripción; además, los obligan a comprar los uniformes en la escuela, con una persona que trajo el director, pero que ocurrió Otis y la persona no los entregó. Se quejó que cada año les cambian el uniforme y que llega a costar de 350 a 400 pesos.
Añadió que los niños tienen que pagar 2 pesos para ocupar los baños y lo que se está viendo es que “para él es un negocio, al igual que la cooperativa”.
Señaló que no reconocen el comité de padres de familia que eligieron, para recibir el dinero del apoyo para reparar la escuela, porque el que encabeza este comité ya no tienen hijos en la escuela.
“No tuvimos conocimiento de esa reunión y si nos hubieran convocado, hubiéramos estado en contra porque es el bienestar de nuestros hijos, pero el director puso a quien pudiera manipular y manejar el dinero”, dijo.
Según la madre hay violencia hacia ellos, porque “no tienen el tacto para tratar a los padres de familia y tuvimos que llegar a esta situación, por el hartazgo, porque ya no podemos estar así ni tolerar esto”.
Añadió que “están pidiendo la rendición de cuentas del dinero que entra, que venga la auditoría para que revise lo que ingresa, que es la cantidad de 150 pesos por alumno y los gastos administrativos. El pago de la limpieza por 70 pesos por alumno”.
La madre de familia dijo que ya están hartos de ser “cajero automático” de la dirección de la escuela, por lo que exigen una auditoría al plantel, porque de lo contrario no van a levantar su plantón.
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron las oficinas de la Dirección de Administración de Personal y de la Subsecretaría de Finanzas, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en Chilpancingo, para exigir personal administrativo y de intendencia en once escuelas.
Los manifestantes, divididos en dos grupos, llegaron casi de manera simultánea a las oficinas, a las 10 de la mañana. Una está ubicada en la colonia Universal y la otra en el fraccionamiento Jardines del Sur, en donde desalojaron a los trabajadores.
El gestor de la Montaña, Doni Serna Navarrete, informó que piden conserjes y administrativos en escuelas de nivel básico, en donde algunos trabajadores se jubilaron y no se ha repuesto el espacio.
Recordó que desde marzo de 2023 se firmó con autoridades de la SEG un acuerdo, para cubrir los espacios vacantes por trabajadores que integran el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), pero no cumplieron.
El cetegista indicó que el pasado 14 de febrero tuvieron una mesa de trabajo con el subsecretario de Administración y Finanzas de la SEG, Alejandro Moreno Lira, y con el director de Personal, Julio Alejandro Lucas Secundino, con quienes acordaron que atenderían las peticiones, “pero nuevamente nos dieron largar”, por lo que se manifestaron.
Los cetegistas, que encabeza Héctor Torres Solano, solicitaron al titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, que otorgue los espacios y el techo presupuestal para los 11 trabajadores.
Los conserjes y administrativos serían para 11 escuelas, ubicadas en el municipio de Acapulco, así como en las regiones Montaña, Tierra Caliente, Norte y Costa Grande.
Indicaron que los padres de familia tienen que aportar dinero para realizar las actividades de limpieza dentro de los planteles, porque los niños son pequeños y los baños tienen que estar limpios.
Una hora y media después, los manifestantes fueron atendidos por autoridades de la Subsecretaría de Finanzas y de la Dirección de Personal de la SEG, por lo que de nuevo abrieron las oficinas. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Trabajadores sindicalizados de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), tomaron las instalaciones centrales para denunciar al acoso laboral y sexual por parte de un funcionario de la paramunicipal.
Después de las 9 de la mañana, los inconformes de la sección 27 del SUSPEG tomaron las instalaciones de CAPAMA en la colonia Centro.
Los trabajadores señalaron a un funcionario de CAPAMA de violentar sus derechos laborales, y aplicar una política de hostigamiento y de abuso contra la clase trabajadora.
La protesta en la que los trabajadores colocaron pancartas en el acceso principal de la CAPAMA, concluyó luego de una hora.
El acuerdo fue que al subdirector jurídico de CAPAMA, Salvador González, se le iniciará un procedimiento administrativo.
En declaraciones a reporteros, el scretario de la sección 27 del SUSPEG en CAPAMA Daniel Blancas, dijo que no dejará que funcionarios como Salvador González cometan injusticias contra trabajadores.
Sostuvo que procederá como marca la ley contra del subdirector jurídico de la CAPAMA, por violentar los derechos de los trabajadores.
“Hay un acuerdo con el director de la CAPAMA y se va a iniciar el procedimiento contra el funcionario, nosotros no vamos a aceptar malos tratos y abusos con los trabajadores”, puntualizó.
Indicó que en CAPAMA no se aceptan a funcionarios que abusan de los derechos que tienen los trabajadores. (Argenis Salmerón).
Algunos de los trabajadores eventuales que participaron en la toma de las oficinas de la CAPAMA ubicadas en el fraccionamiento Hornos Foto: Aurora Harrison
Aurora Harrison
Trabajadores eventuales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco tomaron durante toda la mañana de ayer las oficinas operativas, ubicadas en Capitán Malaspina, del fraccionamiento Hornos, en demanda del pago de tres quincenas que les adeudan.
Los 24 trabajadores empezaron a llegar a las 8 de la mañana y se colocaron en la entrada principal del inmueble en protesta porque la CAPAMA no les ha pagado tres quincenas.
Dijeron que ya hicieron el trabajo de reparar fugas en diferentes partes de la ciudad como la colonia Garita, en la avenida Farallón, en la colonia Centro, entre otras.
Los empleados cerraron el acceso y algunos trabajadores no pudieron ingresar hasta después de las 9 que se abrió el otro acceso por donde salen las camionetas y los empleados que hacen la labor de reparar fugas y atender el desazolve de alcantarillas.
Consideraron de injusto que sin ningún tipo de justificación les han retenido los salarios, además señalaron al asesor de la CAPAMA, Alfredo Rivera, de no atenderlos.
“Nos dijeron que nos van a pagar, pero no sabemos en qué quincena, tenemos tres quincenas que no nos pagan y la familia quiere comer, tenemos hijos, pagamos renta, cómo nos vamos a mantener”, dijo uno de los trabajadores que explicó que les deben enero y la quincena de este mes.
Otro dijo que estaban trabajando en el Ayuntamiento, pero que de allá los mandaron de apoyo a CAPAMA y “como allá hubo recorte, no nos dieron finiquito ni nada, nada más así nos dieron de baja por eso es que estamos aquí para que nos paguen”.
Manifestaron que han buscado en varias ocasiones al asesor de la CAPAMA, así como al director, Hugo Lozano Hernández, sin tener una respuesta favorable por parte de los dos funcionarios que se han negado a recibirlos y no les dan solución.
Los trabajadores eventuales están en labores de reparación de las fugas en las líneas de distribución de agua en toda la ciudad y se retiraron al mediodía en espera de una mesa de trabajo en los siguientes días para darles solución a su demanda.
Vecinos de siete comunidades de la zona rural de Acapulco, extendieron su protesta hacia el sistema de captación Papagayo II y lo tomaron como el que mantienen el sistema Papagayo I desde hace 10 días por falta de censo del gobierno federal, luego de más tres meses del huracán Otis.
Los inconformes aseguraron que por falta de atención de los tres órdenes de gobierno, hoy en la mañana se tomó el sistema de captación Papagayo II, ubicado en el poblado de Salsipuedes.
Añadieron que ahora tienen tomados los dos sistemas de captación que abastecen de agua al municipio de Acapulco.
Afirmaron que fueron afectados por el huracán Otis y que el delegado federal de los programas sociales en Guerrero, Iván Hernández Díaz, constató en un recorrido los daños en las viviendas.
Las comunidades que no fueron censadas son Cruces de Cacahuatepec, El Rincón, Ranchito, Carrizo, Garrapatas, Aguacaliente y Amatillo.
En declaraciones por teléfono, una vecina que no dio su nombre dijo que ayer por falta de atención de las autoridades tomaron el sistema de captación Papagayo II, en la comunidad de Salsipuedes.
Añadió que desde hace 10 días mantienen tomado el sistema de captación Papagayo I, en la comunidad de El Rincón para exigir ser censados.
Reclamó que ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno se ha acercado a atender a los vecinos de las siete comunidades damnificadas por el huracán Otis.
“La gente está molesta y cansada y más porque miraron que Iván Hernández declaró que no habrá apoyos para nosotros porque no hubo daños, pero es mentira hay casas dañadas”.
Contó que el delegado federal de los programas sociales en Guerrero, Iván Hernández Díaz, acudió a las comunidades para constatar los daños en las viviendas.
Indicó que después hicieron algunos registros de apoyo para dar el dinero de limpieza y primera para para la reconstrucción, pero “lo cortaron de tajo”.
Criticó que en la entrega de la primera parte de la reconstrucción firmaron el sobre amarillo por 17 mil 500 pesos, pero tenía 10 mil pesos, “son una de las inconsistencias que había, no se vale”.
“Después mandaron a traer a los puros comisarios bajita la mano y después que nos iban a dar 8 mil pesos, los enseres y la media cuponera por eso la molestia”, puntualizó.
Sostuvo que los manifestantes que tomaron los dos sistemas de captación los están dejando fuera del beneficio que ofreció el gobierno federal.
Declaró que los vecinos de las comunidades de Apalani y El Campanario, que están cerca del municipio de San Marcos, fueron beneficiados con el censo.
El campesino de El Rinco?n, Jose? A?ngel Angelino, expone las demandas junto con sus compan?eros de siete comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec Foto: Ramón Gracida
Ramón Gracida Gómez
El Rincón
Este martes cumplió ocho días la toma del sistema de captación de agua Papagayo I en la localidad de El Rincón por parte de pobladores de siete comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, quienes piden al gobierno federal que sean incluidos en el censo federal para que les den un apoyo de 43 mil pesos, las despensas y los enseres domésticos.
En el campamento improvisado a la orilla del río Papagayo, decenas de campesinos señalaron que el delegado federal, Iván Hernández, los engañó porque se comprometió en diciembre a que serían censados, pero los “Servidores de la Nación” sólo levantaron una encuesta y pocos vecinos recibieron 15 mil pesos.
El Sur visitó el campamento de los campesinos de la zona rural de Acapulco que tienen tomado el pozo radial del sistema de captación de agua Papagayo I de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA); desde la carretera federal que conduce rumbo a la Costa Chica, son unos 30 minutos de trayecto en automóvil, la primera comunidad es San Pedro Cacahuatepec.
Luego están Amatillo, Oaxaquillas, El Ranchito y Aguacaliente. Unos minutos después de las últimas casas de esta última localidad se encuentra una gravillera, por donde se puede descender y cruzar el río para llegar a la comunidad de El Rincón, donde se encuentra el sistema de captación de agua paralizado por la protesta.
Son 200 metros del punto donde arriba la panga a la torre de CAPAMA tomada, en este espacio fueron construidas unas siete cabañas improvisadas de palma y madera para que duerman hombres, mujeres, niños y hasta bebés. Hace frío en la noche, les pican los mosquitos y algunos niños ya tienen gripe y diarrea, comentaron algunas campesinas.
Todos comen de una cocina comunitaria, que se sostiene de la cooperación individual de un peso, ayer cinco mujeres preparaban el arroz, el frijol y el huevo en chile rojo en grandes ollas calentadas con leña; comen de manera limitada para aguantar y dicen estar acostumbrados porque son campesinos.
Los manifestantes se reunieron a mediodía para exponer las demandas y enseñar las fotos impresas de sus viviendas afectadas, eran alrededor de 200 personas paradas en círculo, pero aseguraron que en la noche suman mil.
José Ángel Angelino García, de la comunidad El Rincón, indicó que son tres demandas al presidente Andrés Manuel López Obrador: 43 mil pesos en efectivo, las 12 cajas de despensas con las tarjetas de prepago incluidas y los enseres domésticos; y pidió que la entrega debe ser en su campamento.
Los 43 mil pesos son la suma del apoyo de limpieza y de reconstrucción de vivienda, “¿por qué pedimos eso? Porque ya fuimos engañados, porque no podemos recibir una parte primero porque ya estamos engañados”.
“¿Por quién? Por el gobierno; claro, ya se cuenta con un servidor público, por qué, porque hay un servidor público que nos engañó y se llama Iván Hernández Díaz, entonces la gente ya no cree”, agregó y arengó a sus compañeros a sostener unidos las demandas.
Los pobladores consideran que los 43 mil pesos no son suficientes para reparar sus casas, afectadas porque los techos de lámina volaron y el agua les echó a perder sus pertenencias; por ejemplo, una lámina cuesta alrededor de 800 pesos y el flete de Aguacaliente a Cruces de Cacahuatepec es de 3 mil pesos por el cruce del río. Además, perdieron sus milpas, 2 hectáreas en promedio por campesino, de maíz, jamaica y frijol, principalmente.
El 13 de diciembre tomaron por primera vez el Pozo Radial del sistema Papagayo I porque no fueron censados en noviembre, los “Servidores de la Nación” sí acudieron a San Pedro Cacahuatepec, Amatillo, Oaxaquillas, pero no a la colindante comunidad El Ranchito; un vecino de Aguacaliente expuso que los “Servidores de la Nación” sí llegaron a su pueblo, pero no censaron a todas las familias.
Tampoco visitaron Garrapatas ni Pochotlaxco, que están más adelante en el camino desde San Pedro Cacahuatepec. Y no cruzaron el río para censar a las familias de El Rincón, Cruces de Cacahuatepec y El Carrizo, pero sí visitaron Las Minas, El Campanario y Apalani, que están en el mismo trayecto.
En la noche del primer día de protesta acudió el delegado federal, Iván Hernández, y acordaron comenzar el censo a las familias, pero los “Servidores de la Nación” que los visitaron en sus viviendas al día siguiente les dijeron que no era un censo, era una encuesta para presentar una “solicitud de censo”, y no les entregaron el cintillo.
Después, algunos pobladores recibieron una llamada para que acudieran al Centro de Convenciones para recibir un apoyo de 15 mil pesos, pero la mayoría no tuvo ese llamado y son los que siguen protestando. “Fueron graneados” por cada comunidad, señaló Angelino García, y acusó al gobierno federal de querer “tapar el ojo al macho” y concluir los apoyos a las localidades del Acapulco rural.
Los campesinos volvieron a cerrar las bombas de agua el martes 23 de enero y al siguiente día los visitaron el director de Gobernación del Ayuntamiento de Acapulco, Ramón Montiel, el delegado regional de Gobernación del estado, Osiel Morales Nava, y el representante de la delegación de Gobernación federal, Lucio García Villalba, pero no llegaron a un acuerdo; y el jueves acudió un comandante de la Guardia Nacional para pedir información.
Los pobladores que tienen tomado el sistema de captación de agua de CAPAMA desde hace una semana viven en las comunidades de El Rincón, Cruces de Cacahuatepec, Garrapatas, El Ranchito, El Carrizo, Aguacaliente y Pochotlaxco.
El Sur publicó ayer la postura del delegado federal, Iván Hernández, quien sostuvo que no habrá apoyos de reconstrucción para estas comunidades porque no sufrieron tantos daños debido a que están alejadas de la playa.
El director de CAPAMA, Hugo Lozano Hernández, informó en conferencia de prensa el miércoles pasado que la toma de pozos afecta a 50 mil viviendas de 40 colonias, entre ellas El Coloso, Emiliano Zapata, Hogar Moderno, la parte baja de la Progreso y la zona de la avenida Costera.
Una protesta similar es la de 11 comunidades de San Marcos (San José Guatemala, Lomitas de Papagayo, Barrera, El Tejoruco Las Orquetas, Cacao, Palmitas, San Juan Grande, San Juan Chico, Minas, Llano de la puerta y Medanito perro de agua), que insisten en ser incluidos en el censo federal porque también tuvieron daños, aunque éstos no han sido revisados por las autoridades.
