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González de la Vega: gasolina al fuego

Se entiende que por compromisos políticos, principalmente con Manuel Añorve Baños y René Juárez Cisneros, el gobernador Héctor Astudillo Flores haya designado en su gabinete a algunos funcionarios impresentables, con un pasado turbio y cuentas pendientes que tarde o temprano se convertirán en un lastre para él, pero el nombramiento que definitivamente resulta incomprensible y socialmente inaceptable es el de José Luis González de la Vega Otero en la Secretaría de Educación.
El motivo de lo anterior es que ese nombramiento tiene el potencial de agigantar por sí solo la crisis en ese sector, por la forma despótica en que suele conducirse González de la Vega ante los maestros, como sucedió durante su gestión al frente de esa Secretaría en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, y también porque es una figura clave en la estigmatización que desde el gobierno se ha lanzado contra la Normal de Ayotzinapa y los estudiantes de esa escuela a lo largo de los últimos diez años.
González de la Vega no sólo es un funcionario que ha sido acusado de corrupción, sino abiertamente reaccionario y autor del señalamiento público, realizado en el 2007, de que la Normal de Ayotzinapa es un centro de entrenamiento guerrillero, con la cual relanzó la escalada contra esa escuela. En esas circunstancias, y cuando las relaciones entre el gobierno federal y estatal con la Normal se hallan bajo una fuerte tensión por el ataque contra los normalistas y la desaparición de 43 estudiantes, ¿a qué obedece el nombramiento de González de la Vega y cuál es la misión que le ha sido encargada?
Esa pregunta tiene sentido si, además, se toma en cuenta que desde antes de tomar posesión, Héctor Astudillo ha expresado de forma reiterada su respeto por la Normal y comprometido su apoyo, tanto para las necesidades del plantel como en su demanda de justicia por los 43 estudiantes desaparecidos. Si eso es cierto, ¿entonces por qué nombró en la Secretaría de Educación a un golpeador y enemigo desembozado de la Normal de Ayotzinapa, que de haber podido habría cerrado la escuela hace diez años?
Al presentar el martes pasado a su equipo, el gobernador dijo que para decidir a quién encargarle la SEG realizó una “especie de investigación, en un cargo tan delicado, sin duda los cargos más delicados en este momento, todos son importantes pero algunos son delicados, y creo que uno de ellos es la Secretaria de Educación, y expreso esto en el marco de la reforma educativa”. Explicó que como González de la Vega ya fue secretario, conoce el asunto y “lo conocen todos los actores que están alrededor de la Secretaría de Educación y esto fue una determinación que orientó a invitar a José Luis González de la Vega a que fuera el secretario de Educación, y tengo confianza que va a hacer un buen papel”.
Es verdad que conoce el sector y el sector lo conoce a él, pero la prudencia sugiere que es precisamente por esa razón que era el menos indicado para ocupar ese cargo en un momento delicado en que lo que se requiere es sensibilidad y respeto, valores que González de la Vega no conoce. Si es auténtica la explicación que Astudillo Flores ofreció sobre las razones por las cuales lo escogió, entonces resulta falso lo que ha dicho una y otra vez sobre la normal y los normalistas, pues por todo aquello por lo que se pensaría que González de la Vega no debería ser responsabilizado de la SEG, es precisamente por lo que Astudillo lo nombró. ¿Para aumentar la presión contra la escuela, los normalistas y el movimiento de los padres de los 43 desaparecidos?
En el gobierno de Zeferino Torreblanca, González de la Vega emprendió una guerra contra la Normal de Ayotzinapa y contra los normalistas. La satanización que hizo de la escuela, aunque no fue inventada por él, contribuyó a crear las condiciones para la persecución que el gobierno de Torreblanca, y más tarde el de Angel Aguirre, llevarían a su más extrema manifestación con las consecuencias del 26 de septiembre del año pasado.
Zeferino Torreblanca colocó a González de la Vega en la SEG en el 2005 por un pacto con la profesora Elba Esther Gordillo, en aquellos días poderosa dirigente del SNTE y en plena capacidad de imponer funcionarios en el gobierno federal del PAN y en los gobiernos estatales. González de la Vega es hermano del que entonces era secretario particular de la señora Gordillo, lo que explica su pertenencia al grupo político que controlaba al SNTE y al Partido Nueva Alianza.
Terminó su gestión en la SEG en el 2011 en medio de señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades en el manejo de los recursos del 2010, de lo cual informó el contralor del estado en febrero de 2012, sin que a la fecha se haya informado ni sabido qué consecuencias legales se derivaron de ello, o si las irregularidades fueron debidamente solventadas. La Auditoría Superior fue muy clara en su notificación a la Contraloría estatal, pues le solicitó abrir “los procedimientos administrativos de responsabilidades” contra el ex secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, y también contra el ex secretario de Salud, Antonio Jaimes Herrera, por las irregularidades detectadas en sus cargos en el 2010. (El Sur, 23 de febrero de 2012).
En Guerrero no se supo de González de la Vega sino hasta junio de 2013, cuando reapareció en Chilpancingo y se presentó ante alcaldes del PRD como gestor de la empresa Estate Equity. En una reunión con 27 presidentes municipales perredistas, les propuso entregarles “donaciones” por un monto de 30 millones de pesos a cada uno para la construcción de obras, pero a condición de que adjudicaran los contratos a las empresas que él les indicara. Varios alcaldes firmaron ahí mismo los contratos de ese rarísimo acuerdo, quizás porque la propuesta estaba avalada por el senador Sofío Ramírez, cercanísimo del entonces gobernador Ángel Aguirre. Esa labor de coyotaje disfrazada de altruismo no parece haber llamado la atención de la Auditoría General del Estado, pero con el regreso de González de la Vega a la administración pública no puede simplemente pasarse por alto. (El Sur, 26 de junio de 2013).
Antes de eso, González de la Vega realizó trabajo político para el Panal en las elecciones de 2012, y más tarde, en marzo de 2014, fue designado secretario particular del gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, puesto del que pasó en marzo de este año a la campaña de Héctor Astudillo como encargado de los foros para integrar el programa de gobierno del candidato del PRI.
En un acto de campaña realizado en el Salón Cuicalli de Chilpancingo el 29 de marzo, para asombro de algunos asistentes Astudillo Flores aludió a González de la Vega como su “amigo”. “Yo agradezco a José Luis González de la Vega que esté con nosotros, va a jugar un papel importante en la construcción del programa de gobierno”, dijo el candidato priísta.
Ya desde esa fecha era visible la incongruencia de Astudillo Flores, al mantener un discurso anticorrupción mientras sumaba a su equipo a alguien como González de la Vega, cuyo paso por la SEG estuvo señalado de actos de corrupción. Porque por añadidura, González de la Vega es uno de los responsables del “desequilibrio” financiero de 18 mil 500 millones de pesos que existe en el gobierno del estado y que el equipo del ahora gobernador dio a conocer el lunes pasado, un día antes de la toma de posesión. Nueve mil 324 millones de pesos de ese déficit corresponden a la Secretaría de Educación en la que González de la Vega despachó por seis años.
Si de lo que se trataba era de poner en la SEG a alguien que defendiera la reforma educativa, el perfil de González de la Vega resulta excedido. Es un político sin escrúpulos y con un pensamiento violento, del que no se puede esperar ni racionalidad ni sensibilidad. Su nombramiento es como echarle gasolina al fuego.
Rogelio Ortega, modesto
“Con el diálogo y la tolerancia extrema, pudimos salvar a Guerrero de la violencia y la guerra”, escribió el ex gobernador Rogelio Ortega en otro artículo publicado en El Sur el lunes de esta semana. ¿De qué habla?

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La década perdida del PRD en Guerrero

Nada ha cambiado en Guerrero en diez años, y donde lo ha hecho ha sido para empeorar. De acuerdo con datos oficiales, en el 2005 el 70 por ciento de la población era pobre, frente al 47 por ciento del promedio nacional. El estado figuraba en el lugar número 30 del índice de desarrollo humano de la ONU para las 32 entidades federativas del país, sólo antes de Oaxaca y de Chiapas. Estaba en el número dos de la tabla de marginación social del Conapo (Chiapas era el número uno) y en el lugar número siete del índice de inseguridad pública del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (en una escala de más a menos). El municipio de Metlatónoc era el lugar con el peor nivel de bienestar de todo el país; ahí, siete de cada diez adultos eran analfabetas, ocho de cada diez viviendas carecían de drenaje y el 70 por ciento de sus habitantes no tenía energía eléctrica. Más: el 33 por ciento de los indígenas ocupados no tenía ingresos económicos, y otro 32 por ciento obtenía menos de un salario mínimo. Es decir, el 65 por ciento de los indígenas que trabajaban ganaban un salario mínimo o nada. Esas cifras arrojaban un ingreso familiar promedio de aproximadamente 10 mil pesos anuales entre los indígenas guerrerenses con empleo. Y entre la población indígena, la escolaridad era de apenas 2.2 años, cuando el promedio del estado era de 6 años y el del país de 7.8 años.
Hoy, con datos oficiales de 2014, Guerrero es todavía el estado con el mayor grado de marginación social, aunque debe matizarse que, como siempre, disputa ese lugar con Chiapas y Oaxaca. La población pobre es el 65.2 por ciento (2 millones 315 mil personas, de los 3 millones 565 mil habitantes que tiene en la actualidad el estado), cuando el promedio nacional es del 46.2 por ciento. De ese total, en pobreza extrema se encuentra el 24.5 por ciento (868 mil personas), oficialmente 243 mil personas menos que en el 2012, frente a un promedio nacional de personas en pobreza extrema que en 2014 fue de 9.5 por ciento de la población. (Se dirá entonces que en esos diez años hubo una reducción de cinco puntos porcentuales en el número de pobres, pero es mejor tomarse con cautela o suspicacia ese dato, porque apenas en el 2012 la pobreza seguía representando el 69.7 por ciento de la población, lo que sugiere que esa reducción puede ser solamente una inflexión temporal y no una tendencia firme, estructural y duradera, entre otros motivos por la derrama de recursos originada en el desastre causado por los huracanes de septiembre de 2013, o por efecto de las remesas enviadas por los trabajadores migrantes).
Hoy, el ingreso promedio de los trabajadores inscritos en el IMSS –que son apenas 153 mil de un millón 400 mil personas formalmente ocupadas– es de 8 mil 95 pesos mensuales. Pero el ingreso promedio de los trabajadores en el estado es de 4 mil 500 pesos mensuales, y el de la población indígena sigue siendo cuando más de un salario mínimo o menos, o nada.
Si la radiografía de la pobreza y los niveles de bienestar muestran una catástrofe social que no ha disminuido en Guerrero durante los últimos diez años, los indicadores de la violencia y la inseguridad pública dan cuenta de otra catástrofe que en ese periodo creció hasta alcanzar la profundidad que tiene en estos días, en Guerrero más que en cualquier otra entidad del país.
En una estadística que ahora hasta parece deseable, en el 2005 ocurrieron en el estado 785 homicidios dolosos. En el 2014, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se produjeron mil 514 asesinatos, y tan sólo de enero a septiembre de este año han ocurrido ya mil 484 homicidios. La mitad de todas las ejecuciones ocurridas en Guerrero se producen en Acapulco, lo que ha convertido a esta ciudad en la más peligrosa del país, junto a Iguala. Como informó ayer este diario, en Iguala se reportaron 105 ejecuciones en el transcurso del último año, a pesar de que esta ciudad está bajo la vigilancia de la Gendarmería Nacional después del violento episodio que arrebató la vida a seis personas y provocó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Adicionalmente, ahí en Iguala, al margen del caso Ayotzinapa, en este último año ha sido denunciada la desaparición de cerca de 300 personas y encontrados más de un centenar de cadáveres en decenas de fosas clandestinas descubiertas a partir de octubre del 2014, cuando los familiares emprendieron una búsqueda desesperada de los normalistas desaparecidos. En Chilapa siguen desaparecidas 55 personas, en un caso que afloró después de que en mayo pasado un grupo armado proveniente de comunidades de ese municipio tomó la cabecera. Y Chilpancingo, la capital del estado, vive sometida al terror de los grupos de la delincuencia organizada sin que ninguna autoridad acierte a recuperar la tranquilidad perdida.
En conclusión: ni los ojos más benévolos podrían encontrar el menor saldo positivo en los diez años que el PRD estuvo al frente del gobierno de Guerrero. Los datos reproducidos, una muestra representativa de aspectos fundamentales de la vida estatal en los que debía proyectarse la intervención de políticas novedosas aplicadas por políticos honrados y comprometidos, señalan la dimensión del fracaso de los gobiernos del PRD y la trágica negligencia de un partido que alguna vez representó la opción de cambio frente al autoritarismo y la corrupción del PRI. La tragedia partidaria del PRD radica en que vio el poder como un botín, de ahí que abunden en ese partido los ricos nuevos.
Ese es el diagnóstico que el perredismo de Guerrero no se ha atrevido a hacer, y ese el motivo de que diez años y tres gobernadores después, esta noche el PRD tenga que devolver el poder al PRI. Zeferino Torreblanca Galindo y Angel Aguirre Rivero, y en menor proporción Rogelio Ortega Martínez, comparten la responsabilidad de haber arrastrado al estado a una crisis sin precedente en la historia de Guerrero, que ahora no es sólo más pobre, sino también más violento y más inseguro, donde la única certeza es la impunidad y la ausencia de justicia. Los tres dejan para la historia el insólito hecho de haber dado continuidad a la guerra sucia contra el movimiento social –¡desde un gobierno de izquierda!–, y en el caso de Torreblanca Galindo, además, el hecho de haber recurrido al asesinato de un adversario político (Armando Chavarría Barrera) para satisfacer ambiciones de permanencia y control del poder. Por su parte, Aguirre Rivero no limpiará nunca de su conciencia los ataques contra los estudiantes normalistas, el del 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol y el de Iguala el 26 de septiembre de 2014. Y aunque el PRD ha pretendido evadir su responsabilidad en este último acontecimiento, es indiscutible que el caso Ayotzinapa es tan suyo como la matanza de Aguas Blancas lo es del PRI.
Adiós, pues, al PRD.

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CARTAS (Considera erróneas las referencias a Zeferino en un artículo de Tomás Tenorio)

Apreciable director:

Mucho le agradecería publicara la presente en su sección de cartas.

He leído la colaboración que el C. Tomás Tenorio Galindo hace respecto al precandidato a gobernador por el PRD C. Zeferino Torreblanca Galindo, por medio de la cual hace una lista de aberraciones en contra del precandidato. Yo le preguntaría al señor Tenorio si actualmente ha leído en los diarios las notas publicadas que hablen del trabajo que hoy en día desempeña en su precampaña el C. Zeferino; porque a simple vista demuestra que no lo ha hecho ya que en su nota manifiesta que el C. Zeferino no ha tendido los puentes necesarios con las diferentes corrientes que convergen en el PRD, afirmación que vemos que es totalmente falsa por que basta con ver el poder de convocatoria que tiene cuando solicita el apoyo para alguna marcha en las diferentes zonas económicas en las que está dividido nuestro querido y lastimado estado de Guerrero.

Una aberración más es querer hacer creer a la sociedad de que Chavarría ha recogido el liderazgo de Félix Salgado; nada hay más falso como esto porque yo he visto a muchos sectores de la sociedad que comulgaban con Félix Salgado, en las manifestaciones de apoyo a Zeferino, yo le preguntaría ¿cuál liderazgo de Chavarría en el seno de la Universidad? Si no fue capaz de ganar una elección para rector, lo que ha desarrollado al seno de la Universidad yo le llamaría comparsas porque hoy tristemente el pueblo de Guerrero se entera que un precandidato del PRD utiliza las instalaciones (imprenta) para su propio beneficio y a señor Tenorio se le llama utilización de los recursos públicos para beneficio particular, que es peor a que con responsabilidad se apoye el incremento al IVA en medicinas con el fin de mejorar las finanzas públicas con el objeto primordial de eficientar la administración publica y la consabida lluvia de obras sociales y de proyectos productivos a lo que nos acostumbró Zeferino durante su estancia en la Presidencia Municipal de Acapulco.

Todo el mundo está en constante evolución, usted apreciable lector y yo también en este mismo momento estamos siendo objeto de la evolución, en este preciso momento algo de nosotros está cambiando. El querer juzgar a alguien porque fue amigo hace 30 años de alguien que cometió un delito es como si en este momento a alguien se le juzgara porque en su época de niñez o bien de adolescente tuvo una amistad con alguien que en este momento esté recluido en el Cereso por haber cometido algún acto que infringía la ley. Yo le invitaría a que hiciera un análisis de conciencia y que en honor a la verdad usted dijera si en algún momento de su vida no ha tenido relación con algún infractor de la ley.

Por último le preguntaría sin el menor ánimo de disculpar a quien en este momento está siendo juzgado por las leyes mexicanas; ¿quién es culpable el militar que recibe una orden para llevar a cabo un trabajo para el que previamente fue capacitado o la mentalidad perversa y maligna de quien da esa orden?

¿Qué es lo que pasa por la mente del CP Germán Cerón Silverio cuando manifiesta que el síndico Marcial Rodríguez Saldaña se quedó en la historia por la declaración que hizo de que en el taller de la UAG lo que se debe de imprimir son libros y folletos educativos que le permita a ésta el llevar a cabo la consecución de su fin (educación)? Yo opinaría que el que se quedó en la historia es el CP Cerón ya que con tal afirmación piensa que el pueblo de Guerrero sigue siendo ignorante, yo le pediría que no le falte más el respeto al pueblo y de una vez por todas hablemos con la verdad porque hoy en día nuestra querida Universidad Autónoma de Guerrero está quedando muy mal parada cuando vemos las declaraciones de la gente que colabora en la imprenta, las declaraciones de quien es responsable de los ingresos de la UAG (Cerón Silverio) y el rector en turno, y estas difieren en mucho unas de otras; es como la comunicación a través del teléfono descompuesto. Si no hubiera problema alguno respecto a los trabajos que se le imprimieron al C. Chavarría ¿por qué demoran tanto la comprobación? Porque en este momento el tiempo esta transcurriendo en contra de su candidato. Porque si analizamos lo que hace como precandidato, qué no hará como gobernador no quisiera ni imaginarlo.

Atentamente:
Nabor Alvarado Cuevas

Tomás Tenorio Galindo

El rostro oculto de Zeferino

¿Postularía el PRD como su candidato a gobernador de Guerrero a un empresario que se enorgullece de su amistad con el general Arturo Acosta Chaparro; que apoya la imposición del IVA a medicinas, alimentos y libros; que privilegia la aplicación de impuestos y la recaudación fiscal al más puro estilo neoliberal; que mantiene posturas gerencialistas y privatizadoras justamente como las que siempre ha repudiado el PRD; y que, por añadidura, desprecia a los perredistas, de los cuales se ha deslindado una y otra vez? ¿Lo postularía?

Ese es el dilema que tendrá que ser resuelto el próximo 15 de agosto, cuando se realice la elección abierta para designar al candidato del PRD, en la que contenderán el senador y ex diputado federal Armando Chavarría; el ex diputado y ex senador Félix Salgado Macedonio; Angel Pérez Palacios, colaborador del extinto José Francisco Ruiz Massieu, y el empresario Zeferino Torreblanca, ex alcalde de Acapulco y actual diputado federal.

Esa elección será el escenario en el que medirán fuerzas los dos perfiles que se disputan la candidatura. Por un lado, el que está representado por los tres primeros precandidatos, que pertenecen al PRD y concilian sus posiciones con los principios de su partido. Por el otro, el perfil que representa Zeferino Torreblanca, que no pertenece al PRD y que mantiene posturas personales y políticas no sólo ajenas, sino opuestas a las que históricamente ha defendido el partido.

El dilema central consiste en si el PRD, su militancia y la ciudadanía permitirán que la candidatura les sea arrebatada por un proyecto político distante de las enormes necesidades sociales del estado, pero que oculta su verdadero rostro bajo la máscara de la “buena administración”. Este proyecto, planeado y dirigido por Zeferino Torreblanca, ha aprovechado hábilmente el excelente desempeño electoral perredista para filtrarse y hacerse pasar como “opción” de alternancia.

Zeferino Torreblanca pudo llegar a la alcaldía de Acapulco sólo en su tercer intento y gracias a la ola de crecimiento electoral experimentado por el PRD en todo el estado, pero la historia que cuentan sus amanuenses es distinta y dice que el PRD pudo llegar al gobierno municipal gracias a Zeferino. Hoy pretenden hacer lo mismo: propalan la engañifa de que sólo con él puede el PRD llegar al gobierno del estado, y concluyen por ello que todos los demás aspirantes deben hacerse a un lado para dejar pasar a su majestad el rey en las encuestas y recipiendario del favor popular.

Pero la realidad es otra. A su paso por la alcaldía de Acapulco, donde gobernó con sus amigos, Zeferino Torreblanca creó interesadamente el mito de su “popularidad” como una estrategia para obtener la candidatura a gobernador. El declive del liderazgo tradicional en el PRD guerrerense, el de Félix Salgado Macedonio, le facilitó las cosas. Convenció de esa “popularidad” a Rosario Robles, entonces presidenta nacional del partido, y se granjeó su apoyo incondicional. Confiado en el apoyo de Rosario Robles, Zeferino no hizo, entre tanto, ninguna tarea de acercamiento o de alianza con grupos perredistas en el plano estatal. Parecía creer que no necesitaba a ningún perredista local si contaba con respaldo de la dirigencia nacional. Llegado el momento de la selección del candidato, bastaría con hacer una encuesta en la que él saldría bien posicionado; quizá pensó que nadie tendría la fuerza para oponerse a su arrollador encanto popular.

Sin embargo, las cosas no le salieron bien: en un alarde de autoritarismo jamás visto en el PRD, Rosario Robles impuso candidaturas en las elecciones que le tocaron, y creó tanta animadversión interna que se vio obligada a renunciar a la dirigencia después de las elecciones federales de 2003. Zeferino vio perdido de esa manera su principal apoyo para obtener la candidatura, pero siguió actuando como si Rosario Robles no hubiera caído. No se acercó al perredismo, ni tendió puentes con las corrientes del PRD.

Al mismo tiempo, a partir del año 2000 un nuevo liderazgo ganó peso en el PRD de Guerrero, encabezado por el ahora senador Armando Chavarría. Con una trayectoria fincada en la política universitaria, Chavarría consolidó un proyecto y una corriente partidista que consiguió extenderse por todo el estado. Hoy, esa corriente cuenta con amplia influencia en todos los municipios. El líder del PRD estatal surgió de esa corriente y el alcalde de Acapulco ganó el municipio con el apoyo del chavarrismo. Chavarría ocupó el espacio que había perdido Félix Salgado.

Era inevitable, en esas nuevas condiciones, que el proyecto representado por Zeferino Torreblanca y el proyecto de Armando Chavarría entraran en una clara línea de choque. Por eso no podía prosperar la descabellada intención de que el candidato fuera elegido mediante una encuesta. La estrategia zeferinista podía tener viabilidad sólo en un contexto de debilidad interna del PRD, pero existiendo un liderazgo fuerte estaba destinada al fracaso. Aun así, el contador Torreblanca insistió hasta la necedad en el método de la encuesta, y continúa haciéndolo ahora después de haber sido aprobado el método del plebiscito.

Ensalzada la encuesta hasta el delirio como el recurso supremo, Zeferino revelaba así la ausencia de un compromiso con los instrumentos de la democracia y su desprecio a la militancia perredista, a la que ve como una turba de fraudulentos. Pero también algo más: la encuesta le permitía mantener enmascarado su verdadero rostro. Expuesto al escrutinio de la militancia perredista, era inevitable que su figura fuera sometida a un auténtico examen ideológico en el que de antemano se sabe reprobado.

Y volvemos al tema planteado al principio: ¿sería posible que el PRD elija como su candidato a gobernador al hombre que en los años 80 jugaba golf con el general represor Arturo Acosta Chaparro? Ese es el punto: Zeferino Torreblanca es para el perredismo un precandidato moral y políticamente inelegible, y para el estado un riesgo que el PRD no puede respaldar sin tirar por la borda la alternancia política. Sería una cruel paradoja y una aberración que la izquierda hubiera derramado sangre durante décadas tratando de derrumbar al régimen autoritario del PRI, para terminar años más tarde llevando al gobierno de Guerrero a un compadre de aquellos que en los años 70 hicieron la guerra sucia.

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El proyecto, el método y Zeferino

Tomás Tenorio Galindo

El dilema que se le presenta al perredismo de Guerrero excede la mera elección de su candidato a la gubernatura. El PRD y las fuerzas eventualmente aliadas a ese partido tendrán que escoger entre candidatos totalmente opuestos, que representan proyectos totalmente distintos.

Al contrario de lo que sucedió en el PRI, cuyo abanico de opciones estaba representado por políticos cuyas diferencias ideológicas y vitales eran relativamente superficiales, en el caso del PRD la polarización entre un político con la trayectoria de izquierda social del senador Armando Chavarría y otro con las características gerencialistas del diputado federal Zeferino Torreblanca, produce una disyuntiva profunda, que tiene que ver con el tipo de programa que el PRD habrá de ofrecer en la campaña y el tipo de gobierno que eventualmente pondría en práctica de triunfar en las elecciones de febrero de 2005. A juzgar por las constancias públicas del pensamiento de cada uno, es claramente perceptible que las cosas serían muy diferentes con uno u otro precandidato. La debilidad política de los otros dos precandidatos, Félix Salgado Macedonio y Angel Pérez Palacios, acota todavía más el problema.

Esa es la disyuntiva que tendrá que resolver de alguna manera el PRD, y que ha suscitado un áspero debate entre las fuerzas de los dos principales precandidatos. En su forma, este debate es sobre el método para elegir al candidato; pero la sustancia va más allá y se refiere a la oferta de gobierno que hará el PRD a los electores guerrerenses. En efecto, el dilema no es si el candidato se elige por encuesta o por elección interna, sino cuál es la alternancia que terminarán proponiendo el PRD y las fuerzas de oposición que se alíen con ese partido para contender por la gubernatura.

Por un lado está un proyecto congruente con la historia del PRD, que se identifica con las causas sociales y las luchas de la izquierda, que postula la construcción de un liderazgo de largo plazo para reinsertar a Guerrero en el siglo XXI; por el otro, un proyecto distanciado de las banderas perredistas, abiertamente gerencialista, que enfatiza la buena recaudación y la buena administración, y que ha dado muestras de carecer de sensibilidad y visión social. El primero habla de trabajo, comida, salud y educación; el segundo habla de crear más impuestos y de administrar mejor.

La discusión sobre el método para seleccionar candidato oculta la realidad de este conflicto ideológico. En realidad cualquier método es bueno siempre que sea producto de un acuerdo entre los precandidatos y las instancias del partido. Incluso el de la encuesta, o el del candidato de unidad. Pero el empecinamiento de Zeferino Torreblanca y sus partidarios por brincarse las reglas internas del PRD, con el falso argumento de que la encuesta es el “mejor” método, ha generado una fuerte reacción de amplios sectores perredistas y de la propia campaña de Armando Chavarría. La guerra zeferinista por desfigurar la naturalidad y superioridad del proceso electivo, previsto en los estatutos perredistas, ha terminado por desfigurar la aportación o la utilidad de una encuesta (no prevista) en la selección del candidato. Porque una encuesta es viable sólo si hay consenso para emplearla; en cambio un proceso electivo es la solución para resolver las cosas cuando hay desacuerdo. Si no hay consenso, que decida el voto. Es falso, como se ha aducido públicamente, que el antecedente de fraude en comicios perredistas internos condene al fracaso todo ejercicio de esa naturaleza. Eso depende del comportamiento de los propios precandidatos. Y es igualmente falso que no puedan establecerse reglas, negociadas entre precandidatos, para garantizar la equidad y limpieza en la elección interna.

Si Zeferino Torreblanca y sus partidarios dan por hecho que acaparan el mayor puntaje en las preferencias preelectorales, ¿no resulta incomprensible que se obstine en la encuesta cuando se supone que saldría bien librado de una elección abierta a la ciudadanía?

La obstinación zeferinista tiene una explicación. El diputado Zeferino Torreblanca ha cometido en los últimos siete años varios errores graves en su relación con el perredismo de Guerrero. El PRD lo hizo por primera vez diputado federal en 1997, pero de inmediato abandonó la fracción del partido y se declaró diputado independiente; cuando el PRD lo llevó a la alcaldía de Acapulco en 1999, se olvidó del partido y gobernó exclusivamente con sus amigos; y cuando terminó su gestión en Acapulco en 2002 y quiso ser candidato a gobernador, buscó y obtuvo el apoyo del centro y de la entonces dirigente nacional del PRD, Rosario Robles, olvidando al perredismo guerrerense. Zeferino se acordó que existía en Guerrero el PRD, sólo cuando Rosario Robles perdió la dirigencia presionada por los resultados en los comicios de julio del 2003; empezó entonces a proclamar un inverosímil amor por el PRD, pero fue demasiado tarde.

El ex alcalde de Acapulco tuvo muchos años y muchas oportunidades para fortalecer su relación con el PRD y con el perredismo, y desaprovechó todos esos años y todas las oportunidades. Prefirió construir su carrera política manteniendo distancia del PRD, al que ha recurrido solamente para utilizar sus siglas.

A eso le tiene miedo hoy Zeferino Torreblanca, a que el perredismo de base le cobre esas facturas. Teme que en un proceso electivo se refleje el rechazo de los perredistas a su figura, a su ideología gerencialista y a su estilo personal de hacer política. De ahí su estrategia de buscar por todos los medios descalificar la elección abierta para designar al candidato. Por eso el endiosamiento de la encuesta. Por eso su campaña para espantar con el petate del fraude interno.

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Tomás Tenorio Galindo

El proyecto, el método y Zeferino

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Responde Tomás Tenorio a Morales

Responde Tomás Tenorio a Morales

Señor director:

El señor Marco Antonio Morales, quien firma una carta publicada ayer aquí en relación con mi artículo del lunes, es cualquier cosa menos una “respuesta puntual y categórica” a mis opiniones. De todos modos desearía responder a sus comentarios.

El señor Morales evade la principal crítica que formulo: que la falta de comunicación y negociación política entre los cuatro precandidatos del PRD es lo que ha impedido un acuerdo sobre el método para seleccionar al candidato, por lo que convendría que se reunieran y se pusieran de acuerdo. Fue en ese contexto en el que me permití sugerir que el formato que se discute en Tlaxcala podría muy bien aplicarse en Guerrero.

En cambio se explaya en su defensa de la encuesta como mejor método (“científico”, dice) para determinar quién debe ser el candidato. Yo no descalifico a las encuestas; las conozco muy bien, y por eso digo que sirven para otras cosas; y entre esas cosas no está la función de sustituir a un proceso electivo ni suplantar la voluntad mayoritaria de una comunidad. Por eso estoy absolutamente convencido de que una elección (interna, abierta, cerrada o universal) es infinita e indiscutiblemente superior como método electoral democrático. Y que la encuesta puede servir como un razonable indicador previo, hasta el punto en que los precandidatos acepten o acuerden.

Mi opinión es que el perredismo guerrerense debiera seleccionar su candidato mediante una elección abierta, porque así estimularía la participación del electorado y daría prueba de su compromiso democrático. Esa es una oportunidad que no se empaña ni por el riesgo de manipulación por parte de grupos priístas interesados, argumento que por lo visto los partidarios de Zeferino Torreblanca usan como petate de muerto para espantar. En todo caso ese riesgo debe ser previsto y anulado.

Pero en este punto, lo que no entiendo es que el señor Morales –¿y también Zeferino Torreblanca?– tema una manipulación de “los propios perredistas”. ¿Qué perredistas? ¿Todos? Esa acusación, sin matices, supone un grave desprecio al partido bajo cuyas siglas el señor Morales quiere ver contender a Zeferino Torreblanca.

Si el señor Morales dice que democracia es “sinónimo de soberanía popular”, haría bien en dirigir su consejo al diputado Zeferino Torreblanca, que es quien rechaza someterse al escrutinio de la soberanía del pueblo guerrerense .

Por último, creo que el señor Morales se excede en sus comentarios al decir que pretendí “indebidamente” poner una expresión en boca de otro. No; escribí con toda claridad lo que quise decir, asumiendo la responsabilidad de mis opiniones.

Atentamente
Tomás Tenorio Galindo

Tomás Tenorio Galindo

PRD: ¿por qué no un modelo mixto?

La agria y bizantina discusión desatada en las filas perredistas de Guerrero acerca del método para seleccionar candidato al gobierno del estado podría ser fácilmente resuelta después de la sabia propuesta que estudia el PRD de Tlaxcala para dirimir la no menos agria disputa por la candidatura perredista en aquella entidad.

De acuerdo con esa propuesta, la candidatura del PRD tlaxcalteca sería sometida a una consulta ciudadana, abierta, pero sin eliminar la intervención de una encuesta. La encuesta sería empleada para “depurar” la lista de aspirantes, que son siete. En la consulta abierta a la ciudadanía participarían solamente los tres aspirantes mejor posicionados (La Jornada, 14 de mayo).

Se trata de una idea novedosa. Lo mismo podría hacer el PRD en Guerrero. De hecho no se ve cómo podría algún precandidato rehusar este método. No sólo porque su casi segura adopción en Tlaxcala lo valida como el más apropiado para evitar una desgastante confrontación, sino porque ubica tanto a la encuesta como a la elección abierta en su justa dimensión e importancia.

En Guerrero, los partidarios de que el candidato sea nombrado mediante la aplicación de una encuesta –que son aquellos que apoyan la precandidatura del diputado Zeferino Torreblanca– sobredimensionan el valor de esa clase de estudios. Está fuera de discusión que no puede tener más valor una encuesta que un procedimiento electivo real. Lo hacen quizá convencidos de que el ex alcalde de Acapulco obtendría de esa manera una manifestación favorable dada la popularidad de que gozó durante su gestión en el gobierno municipal, que suponen vigente y extensiva a todo el estado.

La preeminencia del recurso de la elección interna sobre el método de la encuesta es el dato más importante a tomar en cuenta en el debate. Quienes se inclinan por convertir a una encuesta o una serie de encuestas en un instrumento válido y legítimo para designar a un candidato, muestran con ello un claro desdén hacia las herramientas de la democracia.

Una encuesta no es democrática. Detrás del criterio que le atribuye la calidad de instrumento incuestionable se encuentra la ignorancia o un afán manipulador, o ambas cosas. Las encuestas sirven para recoger datos y tomar decisiones, y así las emplean los gobiernos y partidos de todo el mundo. Pero las encuestas no sustituyen la capacidad para decidir, se trate de un gobierno, de un partido o de una empresa. Políticamente, las encuestas reflejan un momento pero no garantizan la permanencia de ese momento. Si así fuera, ¿cómo se explicaría el ascenso incontenible del candidato demócrata John Kerry, quien llegó a su posición actual desde ser un desconocido para el electorado estadunidense? Por eso resulta contundente la propuesta del PRD en Tlaxcala. Así se usan las encuestas; como indicadores, no como falsos sustitutos de la voluntad mayoritaria.

El modelo de Tlaxcala es sensato. Porque si un precandidato no es capaz de desenvolverse en una elección abierta, ¿por qué merecería ser candidato? ¿Acaso el temor de que otro precandidato pueda lograr que más gente vaya a votar es argumento para descalificar un recurso claramente superior? Pues de eso se trata, de ver quién suscita más entusiasmo y más votos.

Esa parece ser la preocupación del diputado Zeferino Torreblanca: la capacidad de movilización social que pueda desplegar el senador Armando Chavarría en el caso de la elección abierta a la ciudadanía. Pero entonces, a juzgar por su escaso compromiso democrático, si Zeferino Torreblanca fuera el candidato ¿pediría que el próximo gobernador se decidiera también en una encuesta sólo porque allí es donde se siente más cómodo?

El PRD tendría en Guerrero tres beneficios si adopta el modelo planteado en Tlaxcala: impondría equidad en la contienda, abriría una válvula de escape a la polarización interna, y enviaría un mensaje de madurez y participación democrática al electorado guerrerense después de que el PRI eludió con todos los medios someterse a un escrutinio de esa naturaleza. El PRD se pondría así adelante del PRI.

Si se examina la cuestión, es indudable que en todo este enredo ha hecho falta comunicación y negociación entre los cuatro precandidatos del PRD. Si hablan entre ellos, podrían quizá llegar a conclusiones razonables. De Tlaxcala les llegó materia prima para ese diálogo. Sólo tienen que sentarse a discutir sobre el tema. El uso no decisorio de la encuesta y la elección abierta a la ciudadanía es el método más apropiado que puede utilizar el PRD en Guerrero.

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PRD: ¿por qué no un modelo mixto?

Tomás Tenorio Galindo

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